Noviembre 2009
Demanda de los colectivos
Rafael J. Álvarez | Madrid
Las personas cuya discapacidad acorte su esperanza de vida podrán jubilarse siete años antes que los demás. Si su peculiaridad le hace la vida más corta, su pensión llegará antes.
El Gobierno tiene en el horno el decreto que han demandado tanto tiempo los colectivos de personas con capacidades distintas a las ‘normales’, "una cuestión de Justicia", según Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi. El anuncio lo ha hecho en el Congreso Trinidad Jiménez, en su vertiente de ministra de Políticas Sociales, abandonada mediáticamente por el huracán de la gripe A.
Casi perdida en un párrafo del final de su intervención, la medida por venir se deslizó en la Cámara Baja ante la mirada de los diputados y de un grupo de representantes de discapacitados, que algo sabían ya del asunto.
El decreto establece unos grupos de discapacidades que provocan en quién las presenta un acortamiento de su esperanza de vida. Hasta ahora, esas personas se jubilaban a los 65 años, pero a partir de la aprobación de la medida podrán acceder al descanso financiado a los 58 años, un pellizco de siete años saludado por los discapacitados como una conquista.
"Lo que no puede ser es que una persona cuya esperanza de vida ronda los 57 años se muera antes de rozar siquiera la edad habitual de jubilación", sostiene el presidente del Cermi, uno de los movimientos asociativos que ha negociado con la Seguridad Social las condiciones de acceso a este derecho.
Debate en el Congreso
Jiménez lo contó entre un puñado de medidas conocidas, pero al diputado del PNV Emilio Olabarría no se le escapó. "¿Y se les aplicará a esas personas el coeficiente reductor que se aplica a las demás? (un porcentaje de pensión que se quita por cada año de jubilación adelantado). Porque espero que no", preguntó el parlamentario vasco.
Pero Jiménez, en su proceloso turno de respuestas, no se lo aclaró. Fuentes de su Ministerio y el propio presidente del Cermi afirmaron después que esa rebaja monetaria no se aplicará a los discapacitados, que será un adelanto de la jubilación automático.
La otra novedad del día tiene que ver con las elecciones y la discapacidad. Que no haya un listado de electores con la letra al cuerpo 20 en vez de al 12 para un interventor con la vista reducida (pasó en Murcia en las últimas elecciones) o que un juez establezca quién puede votar y quién no en función de su discapacidad intelectual ("el derecho a voto es de cualquier persona mayor de 18 años", recuerda Luis Cayo Pérez) pasarán a la historia si el Gobierno promete lo que cumple.
Se trata del Reglamento que regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para participar en la vida política y en los procesos electorales, un texto que estará listo antes de final de año y que garantizará, por ejemplo, la presencia de intérpretes de lenguas de signos españolas en los colegios electorales.
En las réplicas a la ministra, su ex compañera de partido y actual líder de UPyD, Rosa Díez, planteó a Trinidad Jiménez un panorama de desigualdad en la aplicación actual de la Ley de Dependencia.
"Aceleren ustedes el proceso de evaluación, porque hay comunidades donde se tarda dos años y el 50% de las solicitudes las presentan personas de 80. Y establezcan un mecanismo horizontal para que no haya 17 más dos sistemas de dependencia. Le pongo dos ejemplos: no hay criterios comunes de copago, por lo que dos personas con la misma discapacidad pagan cantidades distintas en función de donde vivan, y unifiquen las ayudas, porque un dependiente de Madrid tiene seis veces menos posibilidades de acceder a una ayuda que uno de Cataluña o del País Vasco", manifestó Rosa Díez.