No obstante, fuentes próximas al vicepresidente del Consell aseguraron ayer que la medida no afectará en nada a los ciudadanos que ya han sido evaluados, pues las variaciones introducidas no tienen nada que ver con los elementos computados para dictar el grado de dependencia. En 2007 sólo se pueden beneficiar de la ley las personas que necesitan ayuda constante para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
El nuevo modelo se hizo público ayer, junto con el decreto que regula la aplicación de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, que fue aprobado por el Consell el pasado viernes. Según fuentes de Bienestar Social, el objetivo del nuevo impreso es completar la información de las personas solicitantes. En especial, en previsión de establecer la aportación que tendrán que hacer los usuarios (lo que se conoce técnicamente como copago). Por ello, agregaron, se pide ahora datos de renta y patrimonio y si el ciudadano recibe ya alguna prestación o está ingresado en alguna residencia.
La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció ayer «la improvisación» de Bienestar Social, pues facilitó unos impresos de solicitud hace cinco meses «y ahora aprueba otro distinto, con datos diferentes» . Además, ayer aún no estaba disponible, agregó el responsable de Servicios Sociales de la organización, Antoni Femenia. Bienestar puntualizó, no obstante, que el nuevo formato estará hoy ya a través de internet.
La actuación hay que enmarcarla en el cambio de los equipos responsables de la conselleria tras la salida de Alicia de Miguel y la llegada de Cotino. Igualmente, el decreto publicado ayer llega más tarde que en otras comunidades porque el borrador inicial dejado por la ahora diputada ha sido revisado.
Como publicó Levante-EMV , la Generalitat se ha dado el tiempo máximo (6 meses) para resolver las solicitudes de Dependencia. No obstante, dado que las primeras instancias pudieron registrarse a finales de abril, Bienestar Social se encuentra con sólo unos días para finiquitar estos expedientes.
La FSP destacó ayer que otras administraciones «más aplicadas» -citó la andaluza o el propio Imserso, que actúa en Ceuta y Melilla- han previsto un plazo mucho menor (tres meses).
El sindicato acusó además al Consell de «dejar en manos de órganos designados políticamente, y no técnicos, el reconocimiento de los derechos» que incorpora la ley de Dependencia. Lo dice porque el nombramiento de la Comisión de Valoración de la Dependencia, formada por cinco técnicos, queda en manos del secretario autonómico de Bienestar Social. FSP-UGT sitúa este hecho en «el boicot del Gobierno Valenciano a la puesta en marcha de la ley».