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La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, unánimemente reconocida como Ley de Dependencia, aprobada en abril de 2006 por el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2007, es una herramienta legal pensada para renovar e incrementar las prestaciones del Estado del Bienestar, sustentadas tradicionalmente en la salud, la educación, y las pensiones. El Gobierno la ha identificado en este sentido como el cuarto pilar del sistema de protección social, que implica en su ejecución un Plan de Acción Integral con la participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Esta revisión de las conquistas sociales, de una inminente aplicación práctica para el ciudadano, se convertirá en objeto de una Jornada convocada por el Centro de Estudios Andaluces, que someterá el texto a las miradas de los expertos de ámbitos tan diferenciados como la economía, el derecho y el trabajo social. En Andalucía la estimación apunta a la existencia de medio millón de andaluces en situación de dependencia sin atención institucional, de las cuales un 60% son mayores de 65 años.
El 6 de noviembre cinco expertos desmenuzarán la Ley de Dependencia. Tras la inauguración de Alfonso Yerga, José María Labeaga, catedrático de Análisis Económico de la UNED e investigador de la FEDEA, abordará Los efectos económicos de la Ley de Dependencia. Esa mirada económica sobre la ley persistirá con la ponencia A propósito del cuarto pilar: los equilibrios generacionales en los costes y beneficios de las prestaciones sociales de Guillem López Casanovas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra.