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Artículo de opinión. Discriminación

La esperanza y el ombligo

 

Informacion.es » Opinión

Ángeles Cáceres

ÁNGELES CÁCERES

A pie de calle

La esperanza mentada en el título no se refiere al ombligo propiamente sino a las células madre de los cordones umbilicales, esas tripejas conductoras de flujos vitales que mantienen unidos a hijo y madre y que hace años, rematado el parto, se tiraban sin más al cubo de los desperdicios quirúrgicos. Tiempo después empezaron a ser recogidas por las industrias cosméticas, ya que por lo visto con el cordón y la placenta se fabrican unas cremas carísimas, que dejan la piel de las señoras que pueden pagárselo más tersa que el culito de un bebé. Y ya de unos años a esta parte, gracias a los avances de la investigación científica, las susodichas tripejas han cobrado un valor incalculable, porque en ellas parece que reside la esperanza de curación de muchas enfermedades para el propio bebé, sus hermanos e incluso sus padres. Y eso ya sí que son palabras mayores. Sobre todo en familias con antecedentes de cáncer, que justamente parece que por ahora es la dolencia que mejor responde al tratamiento con las células madre de la sangre del cordón umbilical.

Por eso, si ustedes hacen memoria, recordarán que la princesa de Asturias ya en su primer parto las mandó criopreservar fuera de España, se armó un revuelo enorme con la noticia y la Casa Real tuvo que dar explicaciones, para que no se sintiese agraviado comparativamente el personal con menos posibles económicos que Doña Leti, o sea, la mayoría de los/as españoles/as. Lo que pasa es que ese personal continúa en la actualidad agraviado, y no por la Casa Real sino por el sistema sanitario español. Porque como cualquier madre recental (o incipiente y aún no parida) sabe, en la Seguridad Social no existe la posibilidad de conservar las células madre para cualquier eventual necesidad futura. Mejor dicho: existir existe, porque de hecho se pide permiso a las parturientas para recogerlas y conservarlas. Pero donándolas de manera altruista, porque lo que ni existe ni está contemplado es ningún derecho de propiedad sobre ellas. O sea que la sangre umbilical portadora de esperanza pasa a formar parte de un banco donde se almacena, convenientemente criopreservada, para que pueda ser útil a las personas que la precisen y sean compatibles con ella. Y las mujeres que en el parto la cedieron, si en un futuro por desgracia la precisan para ese hijo, alguno de sus hermanos o ellas mismas, tendrán que ponerse en la cola y esperar las primeras células madre compatibles que haya en el banco. Y si no hay disponibles y pierden la posibilidad de poder utilizarlas para curar una leucemia, un trastorno inmunológico, una enfermedad de origen sanguíneo o un trasplante, pues ajo y agua.

Un puñado de madres jóvenes me ha trasladado esta situación, difícilmente entendible, para que la haga pública. Y para que cuando nos las crucemos por la calle viéndolas arrastrar con tanto esfuerzo como ilusión sus barrigas llenas de futuro, sepamos todos que, si quieren conservar las células madre de su cordón umbilical, no les queda otra salida que irse a parir en la privada, contratar con alguna de las empresas que a ello se dedican la conservación de sus células madre, y apoquinar una pasta gansa (entre 1.600 y 1.900 euros) para tener la garantía de poder usarlas en caso de necesidad. Aunque no sean doña Leti. Pero cuando la investigación científica anuncia que en un futuro próximo con esas células se podrán tratar el Alzheimer, los infartos, el Parkinson, la diabetes y muchos cánceres hoy por hoy mortales, a ver qué madre no hace lo imposible por conservarlas. Pues ya ven: por las muestras, en eso no ha caído nuestro sistema sanitario. O sí ha caído, pero le da igual.

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Artículo de opinión.

Francisco Camps y si fijación con los trajes.

 

 

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discobolo

Francisco Camps y el Gran Capitán

 

EMILIO SOLER

Se lo prometo solemnemente por el Barça, una de las cosas más serias que en el mundo hay: había decidido no volver a escribir ni una sola línea más sobre el delito de cohecho (presunto) que sobrevuela sobre la testa del todavía presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Pero su pintoresca visita y declaraciones posteriores durante el pasado fin de semana en Alicante han hecho que, una vez más, deba reconsiderar mis convicciones que acaso no sean tan profundas como uno quisiera.

Francisco Camps, "el tío Paco" o el "Curita" para "el Bigotes", amigo a quien quiere "un huevo", y sus compinches del caso Gürtel, antes de tomar la palabra en el mitin del Puerto alicantino en el que recibió adhesiones inquebrantables de sus compañeros, tuvo el buen gusto de visitar la excelente exposición que sobre la belleza griega se exhibe en el Marq, haciéndose la correspondiente instantánea junto al Discóbolo. Según cuentan algunos de los que anduvieron por allí, el púdico y todavía presidente de la Generalitat de por aquí se interesó en que vistieran convenientemente la copia del atleta inmortalizado por Mirón, completamente desnuda tal y como se solía en los Juegos de la antigua Olimpia. La obsesión de Camps por los trajes debe rallar en lo esperpéntico porque la escultura, aunque suela residir habitualmente en el neblinoso y frío Londres, no se ha quejado hasta ahora de su falta de ropa, al menos que hayamos sabido.

Tras la protocolaria visita para recordar viejos tiempos en que este hombre se ocupaba de la cultura en el País Valenciano, ¡se lo juro!, y haber dejado instrucciones para que algunas de las firmas comerciales que suelen suministrarle sus trajes a precios realmente económicos se ocupara de vestir convenientemente la escultura romana, Francisco Camps, todavía presidente de nuestra Comunidad, se dirigió a la dársena alicantina, triste y paradójicamente en el mismo lugar donde miles de españoles sufrieron el acoso de los fascistas hace setenta años, para agradecer a su Gran Jefe la confianza que muestra en su inocencia (presunta). Francisco Camps, en su turno de alabanzas al gran líder nacional no dudó en denominarlo como "el Gran Capitán que llevará al Partido Popular al puerto de la Moncloa".

Al parecer, la visita realizada por Camps a ese templo de la cultura en que se ha convertido el MARQ no le sirvió de mucho ya que no resultaron muy afortunadas sus palabras comparando a Rajoy con el cordobés de Montilla, Gonzalo Fernández de Córdoba, alias "El Gran Capitán". Este distinguido y oscuro personaje de la historia renacentista española, duque de Sant Ángelo, de Terranova y de Sessa, fue un general al servicio de los Reyes Católicos que realizó gran parte de su carrera profesional en los frentes de Italia hace quinientos años, cuando aquellos territorios eran codiciados por las armas españolas. Sus éxitos militares llevaron al Gran Capitán a ostentar el virreinato de Nápoles igual que los errores políticos causaron su ruina. Una ruina moral que no económica porque Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán al que tanto admira Camps hasta el punto de equipararlo a Rajoy, se distinguió precisamente por su digamos alegría a la hora de gestionar fondos públicos. Fernando de Aragón, el viudo de Isabel la Católica, alertado por las ambiciones de Gonzalo Fernández de Córdoba por hacerse nombrar soberano de Nápoles y, especialmente, por los suntuosos derroches a que acostumbraba regalarse el conocido como Gran Capitán, le exigió que enviara relación urgente de sus dispendios italianos. El virrey, ejemplo para Camps, molesto por el control del erario público que pretendía imponerle el monarca, no dudó en responderle tardía y abruptamente con una pretendida irónica relación de sus gastos y que demostraba su desprecio al control del dinero público tanto como su obsesión en que no se conociera el verdadero origen de su fortuna personal: 

"Por picos, palas y azadones, cien millones de ducados; por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles muertos en combate, ciento cincuenta mil ducados; por vendas perfumadas para que los soldados españoles no se percatasen del hedor de los miles de enemigos muertos en combate, doscientos millones de ducados; por reponer las campanas de las iglesias seriamente averiadas a causa del continuo repicar a victoria de las armas españolas, ciento setenta mil ducados; y, finalmente, por la suma paciencia mostrada en tener que descender a estas pequeñeces ordenadas por Su Majestad Católica, a quien he regalado un reino, cien millones de ducados".

Queda claro, pues, el modelo de político que le agrada al todavía presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, ese elegante personaje que sufrimos por estos lares hace ya demasiado tiempo. Demasiado.

Emilio Soler es profesor de Historia Moderna de la UA.

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Artículo de opinión.

Parece llegado el momento de que en el Gobierno valenciano se paren a valorar si la opinión de todos se puede ignorar.

 

Levante-EMV.com » Opinión

 

Dependencia, unanimidad

 

GUSTAVO ZARAGOZA *

Una de las principales consecuencias que se han suscitado con la puesta en marcha de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la Comunitat ha sido la aparición de un importante conflicto en el seno de la sociedad valenciana, el desarrollo de la norma ha venido acompañado de denuncias, concentraciones, manifiestos y opiniones muy discrepantes acerca de cómo se viene gestionando este tema por parte del Gobierno de la Generalitat. En sociedades desarrolladas como la nuestra no es extraño que se produzcan cruces de intereses enfrentados entre partes que provocan una visión absolutamente encontrada de una misma realidad. Estas discrepancias se escenifican a través de declaraciones contradictorias, actos reivindicativos e incluso mediante cruce de denuncias en los tribunales. Ahora bien, por lo que hace referencia al cabreo suscitado por el caso que nos ocupa, las dos posiciones enfrentadas están muy delimitadas: por un lado, se encuentra la Administración valenciana, y por el otro, se produce una absoluta unanimidad en su contra. Todas las voces interesadas han lanzado una misma denuncia: la falta de eficacia es un clamor recogido por asociaciones de discapacitados, sindicatos, colegios profesionales, universidades. La única voz discrepante es el propio Gobierno valenciano, que no ofrece explicaciones y se enroca en un discurso de negación de la realidad.


Resulta bastante evidente que si el conjunto de los directamente afectados por la ley están manifestando esta disconformidad mediante concentraciones, demandas judiciales, manifiestos y denuncias públicas, algo no está funcionando de la manera adecuada, especialmente si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas y grupos con enormes limitaciones y escasos recursos; por tanto, adquiere una especial relevancia el manifestar una opinión en contra del poder establecido. La excusa del cruce de intereses no es válida en esta ocasión, especialmente porque una de las partes enfrentadas tiene como obligación el cumplimiento y la aplicación de todas las leyes, le gusten más o menos. La actitud que ha mantenido hasta ahora la Conselleria de Bienestar ha llevado a un estado permanente de reacción por parte de los afectados. El pasado día 16 tuvo lugar una manifestación por las calles de Valencia para denunciar, una vez más, lo que está ocurriendo. Parece llegado el momento de que en el Gobierno valenciano se paren a valorar si la opinión de todos se puede ignorar y sería conveniente reconocer los errores, atender las demandas, cambiar su talante prepotente que no beneficia a nadie y ofrecer respuestas a las personas dependientes, que lo están pasando muy mal y requieren prestaciones que hasta ahora no están llegando, o lo están haciendo con un enorme retraso. Lo peor de todo es que el leiv motiv de la reclamación es algo que debería ser una prioridad para el Gobierno de la Generalitat.

*Profesor de Política Social. Universitat de València.

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A Marío Benedetti - In memoriam Artículo de opinión.

Guitarras, lloren guitarras

 

 

ÁNGELES CÁCERES

El lunes muy de mañana, apenas las siete serían, el mundo se encogió de golpe hasta hacerse chiquitico y caber, entero, en la cocina de mi casa. Andaba yo con mi primer café frente a la chimenea, apagada porque es primavera, junto a la que cuelga un calendario cubano con fotos del Ché en sus páginas bimensuales, la de mayo/junio derramando la plenitud gloriosa de su sonrisa joven llena de sueños de justicia, radiante flor temprana brotada del suelo fértil de la libertad. En ese justo instante en el canal 24 horas dieron la noticia: ha muerto Benedetti. Y el planeta se contrajo hasta meterse en mi garganta y taponarme el caño de respirar con un ovillo de pena.

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Artículo de opinión. Política

¡¡¡Camps, fot el camp!!!

Información.es » Opinión

 

ANÁLISIS

Camps, imputado Cuestión de dignidad

 

Después de que dos magistraturas, la Audiencia Nacional y el TSJ, hayan visto indicios de delito en el caso de los trajes, Camps debería defender su inocencia sin el manto de presidente de la Generalitat.

  

JUAN R. GIL

Francisco Camps se convirtió ayer en el primer presidente de la Generalitat Valenciana llamado a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación a un presunto caso de corrupción. Sin duda, es la noticia más grave desde que en 1983 se celebraron los primeros comicios para constituir las Cortes de esta nueva etapa democrática y que sus diputados eligieran un jefe del Consell. Más de un cuarto de siglo después, el Gobierno autonómico vive su peor momento. Ni cuando Rafael Blasco fue sometido a escuchas y acusado de obtener beneficios de planes urbanísticos siendo el socialista Joan Lerma presidente, ni cuando Luis Fernando Cartagena fue imputado por quedarse con dinero de unas monjas y eludir al Fisco con cuentas opacas bajo el mandato de Eduardo Zaplana, la Generalitat Valenciana se había visto en una situación tan lastimosa.

El presidente Camps ha venido defendiendo su inocencia desde que se conoció que una investigación más amplia del juez Garzón sobre una trama de corrupción había puesto sobre la mesa, entre otros, su nombre. Tantas veces como Camps ha negado cualquier relación con los principales actores de esa red de tráfico de favores e influencias o con sus empresas, tantas veces como lo ha desmentido, digo, la contundencia de los datos le ha dejado en evidencia. Rasgarse las vestiduras porque diariamente el sumario, supuestamente secreto, se haya ido filtrando, puede ser humanamente comprensible, políticamente razonable y jurídicamente conveniente. Pero en todo caso no desvirtúa los hechos. Camps fue acusado de recibir regalos de una sociedad llamada Orange Market, gestionada por un personaje de mal nombre «Bigotes». El presidente negó, nada menos que bajo el artesonado del Palau la primera vez, y en sede parlamentaria las siguientes, haber aceptado los trajes que se decía que le habían dado, así como conocer ni al Bigotes ni a su empresa. Pero en el curso de la investigación de este lamentable asunto han aparecido facturas y apuntes contables que indican que los trajes fueron encargados, realizados, regalados y recibidos; conversaciones que muestran, más allá del ridículo tono en que se desenvuelven los interlocutores, que Camps no sólo conocía al Bigotes, sino que éste era su «amiguito del alma»; y contratos que prueban que desde que Camps llegó a la presidencia de la Generalitat el Consell ha estado contratando con Orange Market todo tipo de trabajos, en su mayor parte burlando las disposiciones legales que rigen este tipo de adjudicaciones y convirtiéndose, en la práctica, en la principal fuente de ingresos y motivo mismo de la existencia de la citada empresa, a la que de momento se le han contabilizado más de ocho millones de euros de ingresos procedentes del Gobierno autonómico. Ninguna, y créanme si les digo que no es plato de gusto referirse así a un presidente elegido en las urnas por una mayoría de los ciudadanos de esta Comunidad, ninguna de sus afirmaciones en este caso se ha sostenido en pie más de un día. Baste, como último ejemplo de los muchos que podrían citarse, la imagen de Camps asegurando en las Cortes que estaba «loco» por comparecer ante el tribunal y poder explicarse: menos de 24 horas después se conoció que lo que en realidad había hecho era presentar un recurso para que se declararan nulas todas las actuaciones y, por tanto, se diera carpetazo sin más al asunto.

Todo lo contrario. Si Camps dijo también un día en el Parlamento que este caso iba a ser largo, se ha encontrado con la sorpresa de que va tan rápido que le va a obligar a declarar a las puertas mismas de una campaña electoral, tal como hace ya una semana adelantó en estas mismas páginas mi compañera Mercedes Gallego. Si el PP alardeaba en su día, y no precisamente en voz baja, de que el TSJ estaba bajo su influencia e iba a archivar sin más el sumario, lo que ha ocurrido es lo que no se esperaban: que los magistrados, encabezados por el ponente, José Flors, se han tomado en serio la investigación y han decidido avanzar en ella. Cuál sea el resultado final, aún se desconoce. Pero hoy por hoy, si Camps está en sus horas más bajas, hay que reconocer que el crédito del TSJ está, por contra, en su punto más alto.

Se había escrito aquí, ya hace tiempo, que la situación del presidente era insostenible. Desde ayer, más que insostenible es imposible. El máximo representante de los ciudadanos no puede ser alguien bajo sospecha, sometido a investigación y que va a tener que soportar el interrogatorio de un juez. Pero es que, y eso es lo sustancial, la imputación se produce después de que dos magistraturas tan distintas como distantes, el juez Garzón de la Audiencia Nacional, primero, y la sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Valencia, después, hayan concluido que de las pruebas aportadas por los investigadores se deducen indicios suficientes de delito en la actuación no sólo del presidente de la Generalitat, sino también de su mano derecha, número dos del PP en esta Comunidad y portavoz del partido del gobierno en las Cortes, Ricardo Costa.

Políticos y periodistas utilizamos sin sentido alguno de la medida el calificativo de «histórico», aplicado las más de las veces a situaciones que ni por asomo merecerían definirse así. La decisión del TSJ, primero no archivando la denuncia contra Camps y ayer citándolo a declarar como imputado sí que es, en el más estricto sentido del término, histórica. Y a una decisión histórica sólo puede responderse con otra que esté a su altura. Camps mismo apeló, cuando comenzó este proceso, a la dignidad y el honor de la institución que preside. Llegados a este punto sólo le queda aplicarse el cuento y por la dignidad, el honor, el buen nombre y el respeto que la Generalitat se merece, presentar de inmediato su renuncia al cargo.

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Artículo de opinión.

Editorial de El Pais: Dependientes en espera

Niño cagando y leyendo el periódico

Hoy no hay nada más que decir que reproducir el editorial de El País:

Dependientes en espera
La aplicación de la Ley de Dependencia está creando un preocupante clima de frustración.
Si la atención a sus mayores y miembros más débiles constituye uno de los indicadores más fiables de la salud moral de una sociedad, la parsimonia y falta de diligencia con que la mayoría de las autonomías están aplicando la Ley de Dependencia no las sitúa en buen lugar. La ley de Dependencia es una norma estatal impulsada desde el Gobierno y aprobada en 2006 por amplia mayoría. Pero su aplicación y gestión corresponden a las administraciones autonómicas, con la colaboración de los ayuntamientos. Su financiación depende en lo sustancial de la Administración central, con aportaciones de las autonomías y de los propios beneficiarios.Sin embargo, la ley de más aliento social de los últimos lustros está creando un profundo clima de frustración. No es admisible que la burocracia o falta de entendimiento entre administraciones obstaculicen la prestación de ayudas previstas por la ley a personas cuya atención debería constituir una prioridad de los responsables públicos. Por razones de justicia, pero también de utilización racional de los recursos. Cuando tanto se discute sobre la selección de inversiones con futuro, capaces de generar dinámicas rentables social y económicamente, es una prioridad llenar el hueco detectado en el mercado laboral en relación al cuidado de ancianos y otras personas dependientes. Del desarrollo de la ley, el Gobierno esperaba la creación de 300.000 empleos.En los dos años largos de vigencia de la norma el Ejecutivo ha presupuestado casi 2.500 millones de euros para los grandes dependientes, los primeros en ser evaluados. Pero al margen de que sea o no suficiente la cantidad, el problema es que las autonomías no aportan la necesaria información sobre la prestación solicitada. Es lógico que el Gobierno comience a preocuparse por la opacidad y falta de transparencia de la gestión y exija garantías de que la ayuda se destina a una prestación y persona concretas.Y es lógico también que comiencen a proliferar las plataformas de afectados y las iniciativas jurídicas ante el retraso de meses y el silencio administrativo negativo que, como es el caso de la Comunidad Valenciana y de Madrid, dificulta todavía más la vía de las reclamaciones. En el caso de Madrid, el escándalo orquestado hace cuatro años a cuenta de las sedaciones de enfermos terminales ha sido compatible con la insensibilidad y pasividad administrativas ante la suerte de miles de dependientes, en su mayoría ancianos en el último tramo de su vida, que esperan ser evaluados o que, tras haberlo sido, siguen sin recibir las prestaciones acordadas mediante resolución administrativa.No basta que la administración autonómica evalúe al dependiente y le reconozca la prestación si luego tarda meses en hacerla efectiva. En muchos casos ese reconocimiento de derechos es meramente teórico: no ha lugar a aplicarlo si el beneficiario ha fallecido. Es una forma de actuar que, cuando menos, debería dar lugar a algún tipo de responsabilidades.
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Artículo de opinión. La LEPrA y la Generalitat Valenciana

La Ley de Dependencia y Educación para la Ciudadanía: ¿historias paralelas?

Viñeta cómicaSoy de la teoría, suficientemente reiterada en este blog, que la Ley de Dependencia es utilizada por ciertos sectores del PP para boicotear las acciones del Gobierno Zapatero.


Es verdad que Zapatero ha hecho muchas y variadas memeces durante estos 5 años, pero la Ley de Dependencia fue una de las pocas cosas positivas que el PSOE puso en marcha durante la primera legislatura. Algo parecido ocurrió con esta asignatura.

Los argumentos del PP en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía siempre me han parecido bastante endebles y se basan en un supuesto adoctrinamiento de nuestros hijos que no debe producirse fuera del seno familiar. Es curioso que digan eso de una asignatura que educa precisamente para la “civis” y sobre todo que lo digan los que al mismo tiempo defienden el adoctrinamiento religioso, ese sí. Pues vaya contradicción más tonta.

Y se han encargado de hacer mucho ruido, han promocionado la objeción a la asignatura y al final, vía Tribunal Supremo, han tenido que aguantarse con que la cosa quedara en el justo término de exigir un control de los textos pero con un inequívoco reconocimiento del derecho a impartir la asignatura.

Claro que un libro de esta asignatura puede decir chorradas, ¿pero alguien se ha parado a ver lo que dicen muchos de los libros de Historia en ciertas Comunidades Autónomas? Y ahí siguen. Se hace imprescindible controlar los textos académicos pero el Estado tiene el derecho (y el deber) de que sus futuros ciudadanos discutan sobre conceptos como Democracia, respeto al diferente, tolerancia, etc.

En el caso concreto de Educación para la Ciudadanía, quien se ha llevado la palma de la ridiculez ha sido el PP de Valencia, muy por delante del de Madrid, que en este caso ha sido más prudente y sólo ha promocionado en serio la objeción, con escaso éxito, por otro lado. El PP de Valencia prefirió la majadería de dar las clases de Ciudadanía en inglés con el fin de torpedear “inteligentemente” (creían…) la asignatura. Al final y como la mamarrachada estaba alcanzando niveles estratosféricos, el Gobieno Camps tuvo que recular y dejar libertad para que la asignatura se impartiera en castellano o en valenciano.

Al final eso también ocurrirá con la Ley de Dependencia. Llegará un momento en el que cesará el boicot a la Ley y empezaremos a discutir sobre asuntos verdaderamente importantes como la financiación de ese derecho. Lo lamentable es que la decisión política de cesar el boicot llegará tarde y no evitará el sufrimiento generado, simplemente porque gran parte de los afectados por el boicot se habrán muerto sin haber recibido un mísero duro de la Administración.

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Artículo de opinión. Plataforma por la Dependencia Reflexiones Vida Independiente

Promesas, olvidos y realidades sociales ante el fenómeno del paro en España.

Existen artículos de opinión que, pese al tiempo transcurrido, siguen teniendo la misma vigencia que en el momento en el que fueron redactados. Este es el caso del que hoy traemos para esta nueva entrada. Merece la pena reflexionar sobre su planteamiento ya que, a nuestra consideración, apunta en la dirección correcta.


Diversidad funcional y derechos humanos

Isabel Lodeiro Vales

Rebelión

Durante los últimos años vengo observando un tremendo silencio alrededor del tema de la diversidad funcional -discapacidad- por parte de diferentes grupos sociales, partidos políticos, asociaciones feministas, etc., los cuales, por otro lado, al hablarles yo de estos temas quedan totalmente sorprendidos cuando les digo por ejemplo que el 9% de la población presenta algún tipo de diversidad funcional, es decir tres millones y medio de personas y de los cuales el 40% tiene menos de 65 años, y entre los que están en edad de trabajar el paro alcanza cuotas del 80% y, finalmente, tan sólo un 3,6% tiene estudios universitarios.

Conviene que analicemos más detenidamente estos datos pues si en España hay un gran número de personas con diversidad funcional en edad de trabajar y tan sólo lo hacen un 20% eso quiere decir que del número total de parados en España, que ronda sobre 2.200.000 cuando menos la mitad de estas personas presentan algún tipo de diversidad funcional o bien las cifras de parados no recogen todas las realidades existentes, una realidad que parece que desconocen nuestros políticos porque, por ejemplo, es muy fácil prometer el pleno empleo pero, ¿qué medidas en concreto van a adoptar hacia este colectivo?, y no debemos olvidarnos de otro colectivo dentro de este que es el que presenta las mayores dificultades de integración laboral, esto es, las personas con alguna enfermedad mental, ¿Qué medidas van a tomar? ¿Tendrán en cuenta la opinión de los expertos cuando dicen que lo que precisa este subgrupo es “un trabajo a la carta”? La verdad lo dudo mucho en esta era de competitividad extrema y recortes de derechos.

Llegados a este punto es hora de preguntarnos si cuando nos dicen que la economía crece y crece, ¿para quién crece realmente? Para este colectivo desde luego que no, así como tampoco para los ancianos que muchas veces presentan serias dificultades a la hora de llegar a fin de mes, las mismas por cierto, que presentan las personas con diversidad funcional que trabajan que suelen tener dificultades en llegar a fin de mes pues muchas veces tan sólo trabajan a media jornada. Es por ello que cuando se habla en España de la pobreza debemos de hacer un análisis serio de lo que representa porque se tiende a dar unos datos y no decir nada más, o decir que crecen las desigualdades entre la clase media y la alta, ¿y la baja? ¿Quién habla de ellos?

Quizás es espinoso hablar de este tema en referencia a la diversidad funcional pues yo considero que los poderes públicos no están haciendo lo suficiente por suprimirla porque que yo sepa el Estado, en primer lugar, tiene que estar en las situaciones más vulnerables, en las que más lo exigen, y esta es una de ellas, lo es ahora y lo va a seguir siendo en tanto la diversidad funcional no se puede prevenir, sin embargo parece que no se está tomando nota por parte de ningún estamento de esta situación de injusticia y de violación de derechos civiles porque como sabemos nuestra Carta Magna dice, entre otras cosas, en el artículo 40 que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo, así como también el artículo 35 dice que todos tienen el derecho al trabajo. Creo que queda mucho por hacer para que este derecho sea una realidad para este colectivo, así como para otros y, mientras tanto soportarán situaciones angustiosas al verse abocados al paro con lo que esto significa como muy bien lo expresa A. Giddens, es decir, el trabajo nos da una retribución económica pero también una estructura temporal de la vida así como también favorece los contactos sociales y absorbe energías. Creo que todos hemos visto la película “Los lunes al sol” y podemos imaginar la angustia de quién se encuentra en el paro durante meses, años, etc. Finalmente se podría decir que dentro del movimiento feminista se suele hablar de los conceptos de barreras verticales y horizontales algo que también se puede aplicar a este colectivo sin importar el género sin embargo, creo que también se debe de hablar de otro tipo de barreras que se podrían denominar “barreras de acceso al empleo” y éstas son sobre las que hay que trabajar en primer lugar.

Continuando también nos dice la Constitución en su artículo 27 que todos tienen el derecho a la educación, y, sin embargo, aquí nos encontramos con que tan sólo un 3,6% tiene estudios universitarios, frente al 40% de la población en general, ¿por qué unos si alcanzan los estudios superiores y otros no? ¿se están dando todas las ayudas que precisan?, mas bien creo que no como se pone de manifiesto en una noticia de el país del mes de enero, además hay que tener en cuenta que está es una de las principales vías a la hora de encontrar trabajo.

También es necesario analizar el derecho a una vivienda, artículo 47, que dudo de su acceso por parte de este colectivo pues si mucho de ellos están en el paro o bien cobran pensiones no contributivas que rondan los 300 euros, ¿alguien me puede decir como van a hacer frente a una hipotética o a un alquiler?

Sin embargo aquí nos encontramos con que el único debate que tiene lugar hacia este colectivo es el de la denominada ley de dependencia y autonomía personal, que lo centra entorno a que lo único que precisa este colectivo son unos cuidados, cuando no es así ni de lejos -ciertas personas pueden precisarlos pero no todas- pues yo defiendo la tesis de que las personas que sí puedan trabajar se les de un trabajo digno y un sueldo digno que cubra todas sus necesidades, incluidas las de asistencia personal, y que de una vez no tengamos un único debate que, sostengo, nos hace creer que estas personas son dependientes y que el estado va a velar por ellos dándoles estas ayudas -por cierto ésta es también una representación de gran parte de la sociedad de cara a ofrecer caridad cuando también deberían contribuir al cumplimiento de nuestros derecho. Yo no quiero un estado paternalista y sí un estado que haga cumplir y velar por mis derechos más allá de mi diversidad funcional y especialmente al tenerla.

Entre tanto esto no se cumpla, quizás suene a utópico pero yo lo veo así, quizás tengamos que recordar a Thoreau y su “Desobediencia civil” cuando dijo aquello de que el mejor estado es el que menos gobierna o el que no gobierna en absoluto, creo que estaba en lo cierto pues este estado gobierna y gobierna pero, para quién, pues en este punto, y ya para terminar, conviene citar a Francisco Fernández del Buey cuando nos habla del analfabetismo político de gran parte de la población lo cual dificulta la representación de ciertas clases o grupos yo creo que este es parte del problema la escasa representación política de este colectivo, pues, ¿a cuántas personas con diversidad funcional conocemos ejerciendo la política? Creo que la respuesta se puede contar con los dedos de una mano por lo cual es urgente que el resto de la sociedad tome conciencia de este problema de cara a ir solventándolo o minimizándolo.

Isabel Lodeiro Vales, Lalín 1972
Estudios de enfermería y de biblioteconomía y documentación. Colaboradora de la revista Atenea del Ateneo de Ferrol. Colaboradora de la revista Andaina. Miembro del Foro de Vida Independiente. Imparte diferentes charlas sobre la diversidad funcional psíquica.


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Artículo de opinión. Noticias sobre la LEPrA Plataforma por la Dependencia

La Ley de Dependencia o el electoralismo de una ley.

Los diez errores de la Dependencia

Un estudio premiado por la Junta revela retrasos de hasta un año en el proceso, colapsos en las oficinas y carencia de plazas en centros residenciales entre un decálogo de fallos en la aplicación de la norma

“Es un estudio de futuro”, argumentan los autores del trabajo, Rafael Pérez y José Manuel Olmedo, funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía y con experiencia en la docencia, el derecho y la comunicación. La Ley de Dependencia sólo ha dado sus primeros pasos en estos dos años y caminará más firme si se corrigen sus vaivenes, entienden. El estudio de Pérez y Olmedo aúna un minucioso examen de la normativa con un amplio trabajo de campo. “No se puede olvidar que detrás de cada solicitud hay una persona”. Como empleados públicos, la Junta de Andalucía ha distinguido su investigación en los XII Premios Blas Infante, en la categoría de contribución a la mejora y prestación de los servicios públicos. Su aspiración es que se corrijan los defectos en la aplicación de una ley que ha generado una gran expectativa social:

Lentitud

Desde que un valorador visita a un solicitante hasta que se resuelve su “engorroso” Programa Individual de Atención (PIA) que determina cuál es la modalidad de intervención más adecuada para esta persona -un recurso asistencial o una paga económica-, están transcurriendo en algunos casos de ocho meses a un año, anotan los autores del estudio. Sevilla, Málaga o Granada serían las provincias más afectadas. La ley establece seis meses desde la presentación de la solicitud a la recepción de la ayuda. “Algunos fallecen en la espera”, lamenta Pérez.

descoordinación

Los expedientes se “paralizan” hasta la desesperación en el caso de los centros concertados. Los investigadores detallan el caso de una persona en un hospital de San Juan de Dios que desde 1993 recibía una subvención del Estado. En el proceso de adaptarse a la nueva ley, este enero ha cumplido un año de espera por la falta de acreditación del centro con la Consejería de Igualdad. Otros residentes están en igual situación, su expediente depende de Salud. Se necesita coordinación sociosanitaria.

colapso

Algunas delegaciones provinciales de Igualdad, como la de Sevilla, están “saturadas” de demandas, lo que impide el cumplimiento de los plazos. Se reclama una optimización de los recursos y se propone al Gobierno andaluz a que, en un futuro, se creen comisiones sectoriales de dependencia. “Es vital aglutinar a todos los departamentos, a los ayuntamientos, a las diputaciones, hasta a las comunidades de vecinos cuando hay que poner un ascensor”, apunta Olmedo. La Agencia Andaluza de la Dependencia no será tan ambiciosa, comparten.

Improvisación

Nadie se esperaba la avalancha de solicitudes porque no se conocía la población de dependientes. No son sólo mayores o discapacitados, también muchos jóvenes, niños y de edad intermedia. “Ha existido una falta de rigurosidad estadística tremenda en las previsiones”, critican. El Libro Blanco que se elaboró antes de la ley preveía unos 42.000 grandes dependientes. Ya son más del doble. Chaves vaticinó en su investidura, en abril, 175.000 dependientes para toda la legislatura. Esa cifra se rebasará este año, según corrigió en los presupuestos de 2009.

financiación

El Gobierno se comprometió a destinar el 50% de la cuantía, a completar por las comunidades. Sólo destina un tercio. “Existe un déficit en la parte de financiación del Estado y es la comunidad la que carga”, relata Pérez. La Junta ha presupuestado 530 millones para este año, cifra que, como en los ejercicios pasados, tendrá que duplicar para atender la demanda.

prevención

Los recursos sólo se han destinado a la parte asistencial de la ley y son prácticamente nulas las ayudas a la prevención de la dependencia y a la promoción de la autonomía personal: sólo siete ayudas concedidas en esta materia según las estadísticas oficiales. Las ayudas técnicas para la movilidad o las actuaciones en vivienda (personas en edificios de 30 años de antigüedad que no pueden salir de sus casas), obras públicas (barreras arquitectónicas), telecomunicaciones o inspecciones sanitarias en clínicas serían los ámbitos prioritarios de actuación.

falta de recursos

De las prestaciones disponibles, las plazas en resdiencias son “inferiores a la media nacional” y en los centros de noche casi nulos, a pesar de la versión de la Junta. Esto ha favorecido la ingente asignación de pagas económicas, un recursos excepcional en la ley y que ya casi se iguala a las prestaciones asistenciales en el porcentaje de beneficiarios.

asistente personal

Esta paga económica recogida en el catálogo puede ser necesaria para determinados colectivos, como los autistas. Sólo se han concedido 18 ayudas en Andalucía en dos años, el 0,02%. En España, 210, de ellas 128 en el País Vasco. Los inmigrantes acapararán este sector en el futuro.

¿Efecto retroactivo?

En la lectura de la normativa, se discuten dos desarrollos autonómicos de la ley. La Junta garantizó que, ante los retrasos en percibir la ayuda, éstas se recibirían con carácter retroactivo. Estas pagas económicas se reciben, no desde el 1 de enero de 2007 en el que entró en vigor la ley, sino desde junio de ese año, cuando se aprobó el decreto andaluz que desarrolla la ley. “Esto implica una desigualdad con otras regiones (País Vasco) que sí se remontan a la fecha de inicio”, apuntó Pérez. Otro aspecto de disconformidad consiste en que la Junta entiende como negativo el silencio administrativo; es decir, rechaza una solictud si no hay respuesta de la Administración en el plazo estimado. Una disposición reglamentaria no puede contravenir una ley aprobada en las Cortes Generales y modificar el sentido del silencio positivo a negativo, sin más, denuncian los autores.

politización

La normativa ha estado desde su entrada en vigor en el disparadero político. “La Ley de Dependencia tendrá fortaleza siempre que se coordinen las administraciones públicas y prevalezcan los criterios de la ciudadanía a los intereses de los políticos”, remarcó Pérez.

Las previsiones auguran un envejecimiento progresivo de la población. La cifra de dependientes se triplicará en los próximos años. Como los autores de este estudio defienden: es imprescindible mirar hacia el presente para encarar el futuro.

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Artículo de opinión. Derechos humanos

Derecho a una muerte digna.

El Tribunal Supremo italiano autorizó a la familia de Eluana Englaro a desconectar la sonda nasogástrica que mantiene con vida a ésta desde que, hace 18 años, sufriera un accidente que la mantiene en estado de coma vegetativo. Ante eso su gobierno trata de continuar con ese encarnizamiento que la mantiene con vida.

El derecho a una muerte digna en situaciones de sufrimiento y de carencia de los mínimos de calidad de vida debe ser reconocido e irrenunciable, sin que ninguna institución dispuesta a imponer a los demás su visión moral sobre asuntos que no le atañen, más allá de lo que pueda influirles en lo personal.

Mantener a una persona con vida de forma artificial, mediante lo que se llama “encarnizamiento terapeútico”, a pesar de que la ciencia médica es consciente de que esa persona nunca podrá sobrevivir sin ese eslabón que la mantiene con vida, aunque sin vivir, debe evitarse, obviando ciertos prejuicios morales que, lejos de favorecer al paciente, prolongan un sufrimiento inhumano.

En enero de 2007 escribí una reflexión personal en relación con la eutanasia en base, primero a su definición según el DRAE y su aplicación a casos reales que significaban un sufrimiento para la persona afectada por algún tipo de enfermedad terminal o una vida sin vida. Esa reflexión debe servir para el caso de Eluana ahora que el gobierno italiano, de forma irresponsable y llevados por un sectarismo fuera de lugar, trata de evitar que se aplique una resolución judicial, pasándose por el arco del triunfo la separación de poderes.

Utilizar vericuetos con apariencia legal para tratar de incumplir una resolución judicial es indigno de un demócrata, aunque habitual en los que se definen como liberales. Mantener con vida a una persona en estado vegetativo, con la seguridad de que nunca va a tener una mejora, una recuperación real, año tras año, es una forma de rebajar la dignidad de esa persona y de convertirla en víctima y prisionera de su propio cuerpo, como dice Carmen.


Publicado por José Carlos en Febrero 5, 2009

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