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La ley de dependencia vista con un caleidoscopio

El Centro de Estudios Andaluces convocó en Sevilla una Jornada, para hoy, con el objetivo de desmenuzar la norma desde la perspectiva de la economía, el derecho y el trabajo social.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, unánimemente reconocida como Ley de Dependencia, aprobada en abril de 2006 por el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2007, es una herramienta legal pensada para renovar e incrementar las prestaciones del Estado del Bienestar, sustentadas tradicionalmente en la salud, la educación, y las pensiones. El Gobierno la ha identificado en este sentido como el cuarto pilar del sistema de protección social, que implica en su ejecución un Plan de Acción Integral con la participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Esta revisión de las conquistas sociales, de una inminente aplicación práctica para el ciudadano, se convertirá en objeto de una Jornada convocada por el Centro de Estudios Andaluces, que someterá el texto a las miradas de los expertos de ámbitos tan diferenciados como la economía, el derecho y el trabajo social. En Andalucía la estimación apunta a la existencia de medio millón de andaluces en situación de dependencia sin atención institucional, de las cuales un 60% son mayores de 65 años.

El 6 de noviembre cinco expertos desmenuzarán la Ley de Dependencia. Tras la inauguración de Alfonso Yerga, José María Labeaga, catedrático de Análisis Económico de la UNED e investigador de la FEDEA, abordará Los efectos económicos de la Ley de Dependencia. Esa mirada económica sobre la ley persistirá con la ponencia A propósito del cuarto pilar: los equilibrios generacionales en los costes y beneficios de las prestaciones sociales de Guillem López Casanovas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra.

La perspectiva de la generación de empleo y de servicios que trae consigo la Ley de Dependencia la ofrecerá Juan Manuel Martínez Gómez, director nacional de los Servicios Sociosanitarios de EULEN. Santiago González Ortega, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pablo de Olavide, detallará los Aspectos Jurídicos de la Ley de Dependencia. Rosa María Díaz Jiménez, directora del departamento de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide, cerrará la jornada con su ponencia Aportaciones desde el trabajo social a la Promoción de la autonomía personal desde un Sistema Público Personal.

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La LEPrA en la Comunidad Valenciana

Actuación de oficio

La Síndica de Greuges abre una investigación al Consell sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia.

Iniciativa. Emilia Caballero, en un acto reciente en Alicante, junto al adjunto a la Sindicatura Carlos Morenilla.

efe/morell

La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha tomado la iniciativa para poner algo de luz sobre la ley de la Dependencia, esa norma que debía ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que hoy, casi un año después de su entrada en vigor, es objeto de una batalla de cifras política y no ha supuesto cambios importantes en la vida de los posibles beneficiarios, que en 2007 son los grandes dependientes (personas que necesitan ayuda constante de otra para realizar las actividades básicas). Alfons Garcia, Valencia

La Sindicatura ha decidido, a la vista del tiempo transcurrido, iniciar una investigación de oficio «al objeto de conocer el grado de cumplimiento» de la ley en la Comunitat Valenciana. Con este fin, envió el pasado 26 de octubre una comunicación al vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que ruega que en quince días le remita «información suficiente sobre la actividad llevada a cabo por la Administración valenciana para la implantación de la ley».

Caballero no se conforma con una petición genérica, sino que enumera una exhaustiva lista de datos a entregar, según el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV. A saber: número de solicitudes de valoración del grado de dependencia recibidas desde el 1 de enero; cantidad de expedientes resueltos por mes; cifra de programas individuales de atención (PIA) elaborados; estructura administrativa creada para la evaluación y gestión de las ayudas emanadas de la nueva norma, y número de profesionales seleccionados para realizar los informes de valoración y los programas de atención.

Además, la defensora del pueblo valenciana sugiere alguna crítica a la actuación del Consell al exigir las razones por las que la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) contrató a una empresa el desarrollo y la puesta en marcha del sistema de atención de la dependencia. La Síndica recuerda que la ley establece en su artículo 28.6 que los servicios y la gestión de las prestaciones previstas en la norma «se efectuarán directamente por las administraciones públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto».

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Once meses entre la batalla política. Comunitat Valenciana

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Madrid y Valencia, donde gobierna el PP, en la cola de la Sanidad estatal


El Plural / Política

POLÍTICA


05/11/2007

Esperanza Aguirre continúa su batalla contra el Gobierno Zapatero.

Madrid bloquea la Ley de Dependencia.

L. BLANCO

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido bloquear en la Comunidad de Madrid la Ley de Dependencia puesta en marcha por el Ejecutivo central. Madrid no ha incluido en el convenio de servicios sociales que establece, anualmente, con los ayuntamientos, la partida presupuestaria para desarrollar la Ley de Dependencia.

Aguirre continúa con su política de obstaculizar todas aquellas medidas que surjan del Gobierno de Zapatero. Esta vez se ha visto afectada la Ley de Dependencia para la que, según la Cadena Ser, los ayuntamientos madrileños no contarán con un presupuesto que les permita desarrollarla sin un desembolso extra de dinero.

Sin consulta previa
El gobierno autonómico envió el pasado día 2 de noviembre el convenio sin haber hecho una consulta previa, lo que provoca una situación sin precedentes que no recoge la opción de los municipios a rechazarlo. El presupuesto para los gastos sociales con respecto al año anterior sólo se han incrementado un 2 por ciento en gastos de personal lo que según la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez implica que los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que actualmente corren a cuenta de cada ayuntamiento no sólo no serán ampliados tal y como contempla la ley, sino que en Madrid, deberán reducirse.

Obstaculizar las propuestas de ZP
El Partido Socialista achaca el retraso en el envío del convenio al rechazo de Aguirre por la Ley de Dependencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, continúa así con su cruzada a las propuestas del Gobierno Zapatero. Según ha informado el PSOE, el gobierno autonómico no ha cumplido con el 50 por ciento de su responsabilidad de la financiación.

Apretarse el cinturón
La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, reconoce estos hechos, pero los justifica por la necesidad de apretarse el cinturón anunciada por Aguirre y por la falta de voluntad política de Zapatero para sentarse a negociar la ley de dependencia con Madrid. En este sentido, insisten en que si la ley de dependencia no se pone en marcha en Madrid es porque el Gobierno central no les emplaza a firmar el convenio necesario para su entrada en vigor y no por el posible intento de su presidenta de bloquear todo lo que apruebe ZP.

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Consellería de Benestar Social de la Comunitat Valenciana

Bienestar Social de la Comunidad Valenciana

Cotino reclama que la Ley de Dependencia se financie al 50%.


El conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de Les Corts Valencianes para informar de los presupuestos de su departamento para el año 2008, hoy en Les Corts . EFE/Biel Aliño



El conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, ha afirmado hoy que para que la Ley estatal de Dependencia sea aplicada en la Comunitat Valenciana el Gobierno central debe financiar el 50% de las actuaciones y ha denunciado que en la actualidad esa financiación “no llega ni al 20%”.
EFE Cotino ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de Les Corts Valencianes para informar de los presupuestos de su departamento para el año 2008, que ascienden a 552,799 millones de euros, un 18,80 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Los grupos de la oposición han criticado que este presupuesto sólo represente el 3,9 por ciento del total del Presupuesto de la Generalitat para 2008 y que destine partidas que no pasan del 0,1 por ciento para luchar contra la violencia de género y para políticas de igualdad de la mujer.

Durante su intervención, Cotino ha asegurado que se trata de unos presupuestos “realistas, ambiciosos, comprometidos y valientes” que se han visto “influidos” por la “negativa de revisar el modelo de financiación autonómica vigente” y en el que no se ha actualizado “la variable de la población”.

Según el conseller, el incremento en casi un millón de personas provoca un “desequilibrio vertical”, ya que los impuestos aportados por el aumento de la población repercuten en su mayor parte en el Estado, pero son las autonomías las que deben atender el gasto social que generan.

Juan Cotino ha destacado que la Ley de Dependencia del Gobierno le parece “adecuada desde el punto de vista de la letra y todos participamos en su filosofía, pero cuando se hace una ley hay que dar los instrumentos necesarios para que se cumpla”.

Según ha explicado, a día de hoy en la Comunitat Valenciana se han registrado 33.000 solicitudes de personas que han pedido ayuda de la Ley de Dependencia, y de esas se han revisado 19.298 expedientes y se han visitado y valorado en sus casas a unos 10.300 grandes dependientes.

Según el conseller, “lo que la Generalitat quiere y ha planteado en las reuniones celebradas en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es que esa Ley esté financiada al cincuenta por ciento como creemos que dice el objetivo de la misma”.

Cotino ha recordado que durante el año 2007 la Generalitat ha invertido 110 millones de euros en grandes dependientes “y para que el Gobierno nos dé 21 millones de euros nos pide que firmemos un convenio que no nos conviene”.

Por otra parte, Cotino ha recordado que en la actualidad hay 26.445 plazas residenciales para mayores, 333 residencias para mayores, 225 centros de atención a discapacitados y 69 centros para personas con enfermedad mental crónica.

También ha indicado que se ampliará un 16,5 por ciento el presupuesto del programa Menjar a Casa, en un 125 por ciento el programa Major a Casa, se potenciarán los programa de bono-residencia y Bono de Día con 39,1 millones de euros y se incrementarán en un 29,2 por ciento los puntos de Encuentro Familiar.

El diputado socialista Antonio Torres ha explicado que para la preparación de la Ley de la Dependencia la Conselleria de Bienestar Social recibió en 2006 la cantidad de 20,6 millones, en 2007 de 21,7 millones y en los Presupuestos de 2008 recibirá 85 millones de euros.

Según Torres, si la Generalitat “sigue sin hacer los deberes no se llegarán a recibir las transferencias, porque si las valoraciones siguen con la lentitud como hasta ahora no se podrá alcanzar lo que la Ley prevé para 2008”.

La diputada de Compromís Gloria Marcos ha criticado que el presupuesto de Bienestar “sólo represente” el 3,9 por ciento del presupuesto total de la Generalitat para 2008 y que sólo se destine el 0,02 por ciento a erradicar la violencia de género y el 0,1 por ciento a la promoción de la mujer.

Según Gloria Marcos, casi la mitad del presupuesto proviene de la mejora de ingresos que llegan de otras administraciones, “pero se reducen un ocho por ciento las inversiones, más de un 43 por ciento las transferencias de capital, y se baja la cantidad destinada a entidades como Amnistía Internacional o el Colectivo Lambda”.

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MÁLAGA

Renfe incorporará dos trenes adaptados para discapacitados.

Entrarán en servicio el próximo año en la línea de cercanías de Fuengirola.

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Renfe pondrá en servicio el próximo año en Málaga dos trenes adaptados para personas con movilidad reducida, según el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, tras reunirse con responsables de la compañía ferroviaria. Serán dos unidades Civia de la serie 463 que viajarán por la línea de cercanías de Fuengirola y tendrán una plataforma móvil para el acceso de discapacitados.

«Antes no había nada, y se ha firmado un convenio con CERMI y la ONCE para que haya una persona que ayude a subir al tren a personas con movilidad reducida», dijo Heredia, que informó de que tanto la persona con discapacidad como sus acompañantes tienen rebajas en el precio del billete.

Respecto a la citada inversión, se ha destinado sobre todo a la línea C-1 (Málaga-Fuengirola), pero también a la C-2 (Álora). «En Málaga, el 9,4% de la población es discapacitada y tiene que enfrentarse a diario con barreras arquitectónicas, un problema que se intensifica en el caso de personas que necesitan sillas de ruedas en sus desplazamientos», añadió Heredia.

Estaciones preparadas

Hay 17 estaciones de cercanías en Málaga que están preparadas para el acceso de las personas con movilidad reducida desde la calle hasta el andén, y además cuentan con ascensores o rampas para el paso entre andenes. En la línea de Fuengirola están adaptadas las de Málaga Centro, Málaga Renfe, San Andrés, Guadalhorce, Terminal de Cargas, San Julián, Plaza Mayor, Los Álamos, La Colina, Montemar, El Pinillo, Torremuelle, Carvajal, Torreblanca y Fuengirola. Desde 2004 se han invertido más de ocho millones para eliminar barreras en estaciones de cercanías .

Además, recientemente se ha puesto en servicio una actuación para hacer accesible la estación Málaga Centro, cuyo coste ha alcanzado los 1,4 millones, y también se han ejecutado escaleras mecánicas y ascensores en la estación Málaga Renfe por 800.000 euros. Además, los proyectos de Fomento en este capítulo, como el aumento de la capacidad de la línea entre campamento Benítez y Fuengirola, incluyen actuaciones para hacer accesibles las estaciones. Tampoco tendrá barreras la nueva terminal del aeropuerto, y se harán accesibles los apeaderos de Torremolinos, Benalmádena y Los Boliches.

Respecto a la línea C-2, están adaptadas las estaciones de Málaga, Los Prados y Campanillas, y se han sustituido los escalones de los pasos entre andenes por rampas, así como el firme de tierra por solera de hormigón tanto en la parada de Las Mellizas como en la de El Chorro (Álora).

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El joven muerto por el tren en Nules había desaparecido de su domicilio.
Levante de Castelló, Castelló

El joven de Vila-real, A. G. G., de 18 años, que falleció el martes arrollado por un tren en Nules, había desaparecido horas antes de su domicilio, tal como denunció su familia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vila-real, según fuentes conocedoras del caso. Éstas añadieron que la víctima era autista y tenía una minusvalía del 65%.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, aunque la hipótesis que cobra más fuerza apunta a un accidente por absorción de un tren. Así, los agentes sospechan que la víctima se encontraba en las inmediaciones de la vía férrea y, en circunstancias que se tratan de aclarar, fue arrollado por un tren sin que el joven tuviera tiempo de darse cuenta de la llegada de la máquina.

Con posterioridad, un mercancías que circulaba por el kilómetro 49 de la línea Valencia-Castelló llamó a la Guardia Civil para alertar de un cadáver en las proximidades de la vía. La patrulla que se desplazó a la zona comprobó que el fallecido era una persona joven, indocumentada, por lo que la investigación recayó en la Policía Judicial.

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Pero que buenos que somos todos, en tiempos de elecciones


El PSPV exige que se mejore el transporte para los discapacitados.

Sólo existen de dos vehículos adaptados.

X. Manzanet, Vila-real

El portavoz del grupo municipal socialista de Vila-real, José Benlloch, exigió ayer que se mejore en la localidad los medios de transporte para discapacitados. Benlloch aseguró que «aunque en el equipo de Gobierno se habla mucho de las personas con discapacidad lo que ocurre en la población es que se sigue sufriendo la complicación de acceder a muchos lugares por parte de estos ciudadanos» . «Existen barreras arquitectónicas ante las que no se ha hecho y es grave que Vila-real está a la cabeza de la poca sensibilidad manifestada en asuntos tan concretos como puede ser el que afecta al transporte adaptado» . El edil socialista recordó que «en la ciudad tenemos sólo un taxi adaptado que no cuenta con ninguna subvención ni por parte de de la Generalitat, ni por parte del Ayuntamiento» .

Aparte de este vehículo, Benlloch señaló que «la población sólo cuenta con el vehículo adaptado que regaló la ONCE y que también es utilizado por otras entidades. Este se encuentra sobreutilizado, mientras que el Ayuntamiento no tiene convenio alguno, por ejemplo con Cruz Roja, para conseguir más vehículos de este tipo. También hay muchos ayuntamientos que tienen un convenio con Cocemfe pero Vila-real tampoco lo tiene» . Convenio con Cocemfe
El portavoz socialista anunció que su grupo municipal presentará, en el próximo pleno, una moción que pide que se firme un convenio con Cocemfe. Comentó Benlloch que «ya basta de fotos e inauguraciones porque sólo se acuerdan de los discapacitados una vez al año» . El edil socialista calificó la situación de «lamentable» y exigió que se cuente además con la opinión de Acudim en este tema, y se haga también algún tipo de convenio con el taxi adaptado. «Exigiremos esos convenios y que no se limiten a responder que no hay disponibilidad» , aseguró.

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Otros que se suben al carro del negocio. ¿Quedará algo para los dependiente?

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

Colegio Oficial de Médicos de Valencia

Ocho médicos a tiempo parcial deben revisar 35.000 expedientes de dependencia antes de enero.

El colegio de facultativos loa a Cotino y dice que De Miguel le ignoró

Alfons Garcia, Valencia

La Conselleria de Bienestar Social anunció ayer un nuevo paso en el proceso de reconocimiento de la situación de la dependencia que añade más calidad o más complejidad al procedimiento. Según se mire.

El vicepresidente y titular del departamento, Juan Cotino, firmó ayer un convenio con el máximo responsable del Colegio de Médicos de Valencia, Vicente Alapont, por el que ocho facultativos se unirán al equipo de valoradores de personas dependientes con el objetivo de revisar -de aquí a enero- las 35.000 solicitudes recibidas en seis meses para beneficiarse de la ley de Dependencia.

Cotino, que firmó en calidad de presidente de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), la empresa pública que se ocupa de desarrollar el sistema de la dependencia, destacó que la colaboración reforzará «la calidad de las valoraciones» , al crearse un nuevo filtro que reducirá «al mínimo el riesgo de error» . Añadió que garantiza además «una mayor transparencia» en el proceso.

Alapont precisó que los ocho médicos realizarán esta supervisión de los expedientes «a tiempo parcial», ya que en la bolsa de especialistas de valoración del daño corporal no se ha encontrado quienes puedan dedicarse completamente a esta actividad. No obstante, subrayó que los términos del convenio podrán modificarse en enero a la vista de la experiencia de las próximas semanas.

El presidente de los médicos afirmó asimismo que no cree que este nuevo paso retrase la aplicación de la ley. Según el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, la Generalitat va en el furgón de cola en cuanto a desarrollo de la normativa. En este sentido, el convenio llega cuando hace seis meses que se realizan valoraciones y hay ya más de 5.000 resoluciones.

Alapont, que calificó a Cotino de «gran conseller» , explicó que «inició conversaciones» con la anterior titular, Alicia de Miguel, pero «no había claridad; no tenía claro lo de la ley y no hubo acuerdo» , dijo. En cambio, los colegios profesionales encontraron en Cotino « predisposición » para el convenio, por el que la organización de Valencia recibirá 36.000 euros.

De Miguel (médico) declaró a Levante-EMV estar « sorprendida ». Señaló que su tarea fue la de poner en marcha la ley, no la de desarrollarla, y que el Colegio de Médicos no le planteó la posibilidad del convenio, con el que ella, dijo, hubiera estado «encantada» . Cotino aprovechó para responder al ministerio que ya ha contactado con más de 18.000 personas para valorarlas y que la C. Valenciana es la única con 6.000 evaluaciones realizadas. Si no ha firmado el convenio con el Gobierno, dijo, es porque exige más fondos.

Por otra parte, Ángel Luna (PSPV) afirmó que si encontrara un camino legal para actuar contra el Consell y «no perder» los recursos de la ley de Dependencia «no dudaría en seguirlo» .

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¿Y nosotros qué?… ¡Nada sobre nosotros sin nosotros!


A. G., Valencia

La Federación de Enseñanza de CC OO afirmó ayer en un comunicado que está abierta a la negociación con las asociaciones de discapacitados que integran el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-cv) y la patronal de centros que han impulsado recientemente (Aseldicova). «Les animamos a que conjuntamente reivindiquemos mayores presupuestos y medios a la Conselleria de Bienestar Social para prestar un servicio público de calidad y mantener las plantillas en condiciones estables y con retribuciones homologadas», aseguró.
El sindicato respondió así a las críticas del Cermi por las tablas salariales pactadas por CC OO y UGT con otras patronales del sector, las cuales asfixian a las entidades de voluntarios y pueden llevar al cierre de centros, según dijo.

CC.OO. puntualizó, por otra parte, que las negociaciones del convenio colectivo y otros acuerdos «se llevan a cabo entre quienes legalmente y mediante su representatividad ostentan la facultad de poder negociar» .

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El intérprete de sordos que financiaba el Concello cesó el viernes por falta de presupuesto

La sociedad comarcal reclama que se eliminen las barreras de la lengua de signos

Autor:Joel Gómez

var d = new Date(1193785200000);

Fecha de publicación:document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());31/10/2007

La Sociedad comarcal de sordos confía que tras el reconocimiento oficial de la lengua de signos por las Cortes se avance en la eliminación de barreras para el colectivo que representa en Compostela y demás municipios en que residen sus miembros. La iniciativa consistiría en que los servicios públicos como las estaciones de transporte, y

otros, estuviesen adaptados para ser entendidos sin discriminarles.

Esta entidad ofrecía desde inicios de año los servicios de tres intérpretes, dos financiados con fondos de la Xunta y otro por el Concello de Santiago. Este último cesó el viernes, al finalizar el presupuesto que se había asignado para su contratación. «Esperamos mantener el convenio municipal en próximos años y que se incremente la cantidad para que alcance los doce meses y no haya que interrumpir el servicio», indica Jaime Fernández, presidente de la sociedad.

En la sede de esta entidad, en San Paio do Monte, ofrecen un servicio de atención a las personas sordas, que les facilita de forma gratuita profesionales de trabajo social, intérprete y agente de desarrollo.

Las prestaciones de interpretación son de especial relevancia, explica Fernández, y no tienen horario fijo, sino que están disponibles para una persona sorda cuando las necesita: en fines de semana, de madrugada, en una reunión de una comunidad de propietarios fuera del horario habitual, en el empleo, o en las situaciones más dispares.

En la enseñanza

Además, los intérpretes ayudan en la relación con servicios públicos, como juzgados, centros sanitarios o colegios. En los centros de enseñanza del ámbito de esta sociedad comarcal están integrados dos estudiantes sordos, apoyados por intérpretes.

La Sociedad comarcal está integrada en la Federación de asociacións de

xordos do país galego (FAXPG), que organiza en noviembre dos talleres de familias en la ciudad, uno orientado para quienes tienen hijos sordos con edades entre 7 y 12 años, y otro para edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Este colectivo, entre otros logros, ha conseguido la transmisión con intérpretes de sesiones del Parlamento autonómico, y en noviembre están previstas cinco.


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Otra candidata socialista cubre la asesoría que dejó Nieves en Raxoi

María Gómez Bugallo, prima del alcalde, apoyará a Bernardino Rama en sus áreas

Autor: La Voz de Galicia

var d = new Date(1193785200000);

Fecha de publicación: document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());31/10/2007

La número 12 de la lista electoral socialista de los últimos comicios, María Ángeles Gómez Bugallo, se incorporará en breve a labores municipales como asesora del grupo mayoritario del gobierno local. Prima del alcalde y trabajadora del sindicato UGT, Gómez Bugallo asistirá en sus funciones ya desde principios de noviembre al concejal de Obras y Relacións Veciñais, Bernardino Rama, y tendrá su centro de trabajo en ese departamento. La suya será la última incorporación al cuadro de asesores del grupo municipal tras la vacante dejada por Carlos Nieves, quien la antecedió en la lista electoral y que desde el pasado jueves es miembro de la corporación municipal en sustitución de Francisco Candela.

Los socialistas pueden disponer de hasta cuatro asesores (frente a dos del BNG y dos del PP) y con Gómez Bugallo completarán todas sus plazas, tras la reciente contratación también de otra mujer, Belén Mendoza. Técnico en temas europeos, Mendoza comenzó a trabajar para el grupo que lidera el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, hace medio mes. Esta técnico, que domina varios idiomas, trabajó para la empresa municipal de Turismo, Incolsa, y su labor se centrará básicamente en la gestión de apoyo en la relación con organismos y otras ciudades europeos en un momento además en que el alcalde no sólo ostenta la vicepresidencia del Eixo Atlántico sino que tiene por delante prácticamente un mandato completo (hasta el 2009) como presidente del Arco Atlántico, organización que agrupa a más de cuarenta ciudades de la fachada atlántica de Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal.

Tantos como la corporación

La lista de asesores del alcalde se completa con Xosé Antonio Perozo, en el área de Comunicación, y Elena Garrido, en la de Protocolo, quienes ya desempeñaron esa misma función en el mandato pasado. Estas asesorías están remuneradas con 3.360 euros brutos mensuales, según los emolumentos que el pleno aprobó en junio, poco después de su constitución, para los miembros del gobierno, de la corporación y del personal eventual de confianza de los grupos políticos. En total, ya sea para apoyo de los grupos políticos o del gobierno, el Concello tiene autorización para contratar veinticinco personas de confianza, tanto como el número de integrantes de la corporación. Diecinueve de esas plazas ya están cubiertas entre los jefes de gabinetes del alcalde y el teniente de alcalde, las asesorías de los grupos y el personal eventual de apoyo para el funcionamiento de las oficinas municipales de socialistas (cinco puestos), nacionalistas (dos) y populares (dos).

Otra plaza se acaba de cubrir esta misma semana, con la contratación del primer asesor del gobierno local a propuesta del BNG. Pero para el apoyo específico de las labores del gobierno todavía se pueden crear otras cinco, una a propuesta del Bloque y cuatro del PSOE. Éste sin embargo, no tiene intención de agotar esa posibilidad. Como mucho, una o dos y si estuviesen motivadas por cuestiones especiales, afirma el alcalde.