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Igualdad de oportunidades para vivir y votar. ¡YA!.

Un domingo de elecciones…

Miles de ciudadanos discriminados no podrán ejercer en domingo su derecho a votar.

Según denuncia el Foro de Vida Independiente, ante la convocatoria de elecciones en Andalucía.

El Foro de Vida Independiente, agrupación ciudadana que lucha por los derechos de las personas discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad) , manifiesta su rechazo a la fecha del domingo, 9 de marzo, para la realización de las elecciones a la Junta de Andalucía, anunciada por el Presidente, Manuel Chaves.

La fecha de la convocatoria coincide con un festivo y dado que las personas en situación de dependencia que precisan de apoyos generalizados no disponen ese día de la atención por parte de los Servicios de Ayuda a Domicilio, porque los sábados y festivos esos servicios no se prestan en ninguno de los municipios de España, se les estaría impidiendo, de hecho, el ejercer su derecho a voto.

Todo esto pese a que dichos servicios deberían de haberse comenzado a prestar desde el pasado 1 de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de la LEPA (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia).

La realidad es que las personas que están recibiendo servicios de levantamiento y aseo personal por parte de los mencionados Servicios de Ayuda a Domicilio deben de permanecer encamados los fines de semana y los festivos, en muchos casos con el mismo pañal durante 48 horas.

Señalar además que los Servicios de Ayuda a Domicilio, al no extenderse fuera del hogar, son insuficientes en caso de que las necesidades de apoyo se mantengan hasta la llegada al colegio electoral.

El Foro de Vida Independiente expresa su rechazo ante una situación que niega el primer derecho que sustenta un estado democrático, el ejercicio del derecho al voto, que en las condiciones actuales no se garantiza de ninguna manera. Miles y miles de ciudadanos son invisibles para el Estado los fines de semana.

Por cuanto antecede, el Foro de Vida Independiente, solicita públicamente al Presidente de la Junta de Andalucía que reconsidere la fecha de celebración de las elecciones autonómicas andaluzas, convocándolas para un día en que el Estado de Derecho esté vigente para todos los andaluces.

FORO DE VIDA INDEPENDIENTE

1 de noviembre de 2007

“NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”


¡Esperamos igualdad!

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¡Ha comenzado la guerra electoral!

El nuevo secretario general del PSOE de Madrid, tras una reunión con los sindicatos acaba de anunciar que se va ha querellar contra la comunidad de Madrid por incumplimiento y no desarrollo de la ley de autonomía personal y dependencia.

A lo que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid califican como electoralista y preguntan cuánto se gasta el alcalde de Parla (a su vez secretario general del PSOE) en los dependientes, pues la Comunidad de Madrid gasta en los dependientes de Parla 7 millones € que es la tercera parte de lo que va a recibir La Comunidad del gobierno central para desarrollar la ley en toda la comunidad.

Se enzarzan en ver quién más gasta pero los ciudadanos no hemos recibido ni un duro.
Empieza la guerra electoral y salvese quien pueda. Me pregunto si en las comunidades no gobernadas por el PP, el PSOE hará lo mismo.

Alejandro

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"A Dios rogándo y con el mazo dando"


La Justicia andaluza admite a trámite la denuncia de tres padres de niños dependientes

Las familias culpan a la Junta de incumplir los plazos de valoración del grado de dependencia fijados por la Ley

J. Rodríguez (La Razón)
Madrid-

Cataluña abrió la espita y Andalucía siguió el ejemplo. Tres padres malagueños de menores dependientes denunciaron ante la Fiscalía el incumplimiento de los plazos de valoración fijados por la ley que, a priori, les ampara. Ayer, el abogado de los progenitores recibió en su despacho la notificación de que la denuncia ha sido admitida a trámite. Según Ignacio Loring, que representa los intereses legales de las familias, esto implica que la Fiscalía ha «visto indicios de la actuación ilegal de la Junta al no cumplirse los plazos fijados».

Y es que, desde hace mucho tiempo, un gran número de familias que tiene puestas sus esperanzas en la aplicación de la Ley de Dependencia aguarda con impaciencia no a que se hagan efectivas las ayudas previstas, sino simplemente a que se realicen las correspondientes valoraciones para poder optar a ellas.

La demora de estas evaluaciones no puede prolongarse más allá de tres meses desde el momento en el que se solicita. Y es aquí donde padres y familiares de personas dependientes están encontrando los mayores obstáculos. Cansados de esperar una llamada o un certificado que nunca llegaba, y ante la espada de Damocles de una desestimación por silencio administrativo, tres padres malagueños optaron por denunciar una situación que, consideran, atenta contra el bienestar y derechos de sus hijos.

Según la denuncia presentada el pasado 8 de octubre, -«contra la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por incumplimiento de la Ley y el Decreto que desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema»-, los padres solicitaron «la valoración del grado de dependencia de nuestros hijos hace cuatro meses, sin que hasta la fecha se haya realizado la valoración correspondiente» . Echando mano de la normativa, la denuncia explica que «la resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro». Pero lo que más preocupa a los padres es el apartado en el que se especifica que «transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada».

Responsables directos

Según la denuncia, y siempre recurriendo a textos legales, las «Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados. En este caso, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social es la responsable en el correcto funcionamiento y desarrollo de la Ley y, por ello, los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administració n Pública que corresponda».

Ante esta situación, los denunciantes consideran que «la Junta de Andalucía no está cumpliendo en estos casos concretos respecto a nuestros hijos menores dependientes, y muchos otros casos, con la Ley de Dependencia vigente, ni con los plazos previstos en la misma, para atender las necesidades de las personas con diversidad funcional en atención a su situación de dependencia».

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La Junta ha reconocido los retrasos

A raíz de la denuncia de los padres malagueños, la Junta de Andalucía ha reconocido las dificultades que están encontrando para poner la Ley de Dependencia en marcha en la Comunidad Autónoma. A mediados de este mes, un portavoz de la Administración autonómica puso sobre la mesa los retrasos en la evaluación de potenciales dependientes. Sin embargo, el Gobierno local ha mostrado su disposición a sortear estos escollos y a que todas las solicitudes reciban «la oportuna resolución administrativa» y a que no haya «ningún tipo de prescripción de derechos, ya que se reconocerán con carácter retroactivo desde el día en que se registró la solicitud». Aunque confesó la existencia de «dificultades» , desmintió que los retrasos se deban a la falta de personal.

Y es que el abogado de los padres malagueños, Ignacio Loring, afirmó en su momento que la Junta no tenía ni «medios económicos ni materiales. Ahora es cuando están contratando asistentes sociales» para que comenzaran sin problemas las evaluaciones de los beneficiarios de la ley. «Es ahora cuando se realizan las valoraciones, pese a que entrara en vigor a principios de año». Y es que el Gobierno, según él, «está vendiendo esto como el cuarto pilar del Estado del Bienestar y todo es mentira». Antes de que las tres familias andaluzas pegaran en la puerta de la Justicia, el portavoz del colectivo «Papás de Álex», Antonio Moreno, acudió también a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con una denuncia del mismo corte bajo el brazo.”

“Mariola es la madre de un pequeño dependiente. Ha denunciado el retraso en la valoración, pese a que ayer por la tarde, tras muchas semanas de demora, tenían fijada la cita para ello. Ha tenido que pelear mucho para conseguirla cuando se trata «de un derecho, hay una ley que nos protege, no nos están haciendo un favor». Con su pequeño tienen que estar pendientes «desde que se levanta hasta que se acuesta. Es capaz de hacer cualquier cosa, no ve el peligro». Que les ha cambiado la vida es indudable. De hecho, tuvo que pedir la reducción de jornada en el trabajo para poder estar pendiente de él: «Eres esclavo de tu hijo», afirma. Pero no sólo se trata de una cuestión de atención y dedicación, también de dinero. Los problemas de conducta que padece le obligan a emplear buena parte de la economía familiar en horas y horas de terapia. En peor situación se encuentra su amiga Paqui que, a día de hoy, no tiene ni tan siquiera constancia de que vayan a valorar a su pequeña. Necesita apoyo para todo y, como sus padres quieren que disfrute de todo como cualquier niño de su edad, requiere de cuidados y atención constante. Pese a que no tiene problemas de movilidad, «no ve el peligro, no puede utilizar un cuchillo, ni cruzar la carretera sola, ni acercarse al fuego de la cocina». Espera que todo se solucione porque, afirma, «llegará el día en que nosotros no estemos y queremos que siga siendo feliz cuando se quede sola».

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Las asociaciones de discapacitados culpan a CC OO y UGT del posible cierre de centros.

A. G., Valencia

Las más de 50 asociaciones de la discapacidad que integran el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad(Cermi-CV) expresaron ayer su «profundo malestar» con los sindicatos CC OO y UGT por la firma, el pasado día 24, de las tablas salariales del convenio del sector de centros de discapacidad sin contar con las entidades.

Para las asociaciones, este convenio «representa intereses particulares de unos pocos» . Fue pactado, subrayó, con dos patronales (la de centros de atención directa y la de centros especiales de empleo) y con la Conselleria de Bienestar Social, «no representando los intereses mayoritarios de la asociaciones que, en algunos casos, pueden verse abocadas al cierre».

El citado convenio «está asfixiando las flacas tesorerías de las asociaciones» desde hace tres años, con una subida de más del 30% de los salarios, señalaron fuentes del Cermi. De producirse el cierre de estas asociaciones, añadieron, miles de personas con discapacidad y sus familias dejarán de recibir unos servicios que sólo prestan estas entidades.

El Cermi ha impulsado una asociación empresarial (Aseldicova) para luchar contra esta situación, pero, según asegura, le ha sido negada la participación en la comisión paritaria del convenio.

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Gádor Ongil / Consejera de Familia y Asuntos Sociales

«Llevo un mes esperando para firmar el acuerdo de la Ley de Dependencia»


«La Comunidad de Madrid destina tres veces más a las personas dependientes de lo que Rodríguez Zapatero va a dar a toda España»


Marta Palacio
Madrid-

«Ten el teléfono abierto». En aquel momento, Gádor Ongil no se dio cuenta de que con esta frase Esperanza Aguirre le estaba mandando un mensaje. «Fue el 20 de junio. La presidenta acababa de tomar posesión de su cargo y todos sabíamos que esa tarde formaría Gobierno pero pensé que eso se lo decía a todo el mundo. Yo le respondí ‘como siempre, como siempre’, y un par de horas después me citó en su despacho de la Puerta del Sol y me ofreció la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. No dudé».

– Ya ha cumplido cien días como consejera. ¿Pesa el cargo?
– Llevo doce años en política, en los que he trabajado de concejala en el Ayuntamiento de Torrelodones y en la Asamblea de Madrid como diputada, pero el salto que ha supuesto para mí entrar en el Gobierno regional es muy importante. Sí, es una responsabilidad. También un orgullo. Estoy enormemente agradecida a la presidenta, Esperanza Aguirre, por haber contado conmigo para este puesto.

– La anterior consejera, Beatriz Elorriaga, dejó el listón alto ¿Qué hará usted para mantenerlo?

– La anterior consejera hizo una gran labor. Puso en marcha una consejería nueva, bajo su mandato se construyeron 12.000 plazas para mayores, hizo un gran trabajo con las personas con discapacidad y creó la Dirección General de Familia que muy pocas comunidades autónomas tienen. Fue una de las grandes decisiones de la presidenta Esperanza Aguirre y para mí va a ser el objetivo principal de mi gestión.

– Pero parece que la familia ahora no está muy de moda…
– Ha estado denostada durante mucho tiempo. En casi cuatro años de legislatura, Rodríguez Zapatero no se ha dirigido en ningún momento a ella. Yo creo en la familia, porque es el eje fundamental de la sociedad. Cuando alguien tiene un problema es la familia la que está ahí y da cobijo a sus miembros. Queremos que se sienta protegida y ayudada. Entendemos que todas las personas a las que nosotros nos dirigimos, que son el menor, el mayor, el discapacitado o la persona dependiente, como mejor están es con sus familias. Y cuando éstas no puedan llegar a atenderles por las razones que sea, ahí estará la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para ayudar en todo lo que podamos.

– Acaban de presentarse los Presupuestos regionales para el próximo año ¿Está contenta con lo que le ha tocado a su Consejería?

– Por supuesto, es una de las que más crece, un 8,4 por ciento, con 1.170 millones de euros. Esto responde a la importancia que la presidenta, Esperanza Aguirre, le da a los servicios sociales. Además, no es una cuestión de competir. Sanidad y Educación son las que más reciben también por esa apuesta del Gobierno regional por las políticas sociales.

– ¿Qué es lo primero que hará con esa partida?

– Dentro del objetivo prioritario de ayudar y apoyar a la familia, el Gobierno va a destinar a la dependencia más de 790 millones de euros para atender a personas con discapacidad y mayores. Además, prestaremos especial atención también a los mayores activos, que tienen una larga vida por delante después de su jubilación. Pretendemos ofrecerles diversas posibilidades para que puedan desarrollar actividades dirigidas al mantenimiento físico o a la cultura para que sigan activos, como la universidad para mayores, rutas culturales o el cine por un euro, que esperamos extender a lo largo de esta legislatura al teatro.

– La Ley de Dependencia fue aprobada por consenso ¿Qué problema hay ahora para que no se haya aplicado en Madrid?

– No puedo decir más que es una buena ley, que además el PP la apoyó en el Congreso de los Diputados. El problema es que su desarrollo está siendo un absoluto caos. El Ministerio pide a cada comunidad autónoma algo diferente. Este Gobierno lo único que ha hecho ha sido colgarse la medalla de la Ley y después decir: comunidades autónomas, ahora se arreglan ustedes. Por ejemplo, aún no nos han dicho qué va a pasar con el copago, es decir lo que van a tener que pagar los ciudadanos por las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia. Creo que esto hará que tengamos ciudadanos de primera y de segunda, en función de dónde vivan.

– El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha amenazado a la Comunidad de Madrid con que se puede quedar sin dotación económica «porque no está haciendo nada para aplicar la Ley de Dependencia»…

– Me parecen indignantes tanto las últimas declaraciones del ministro Jesús Caldera, como las del propio presidente José Luis Rodríguez-Zapatero. Creo que alguien con responsabilidad de Gobierno no puede mentir ni criticar a una comunidad autónoma como la nuestra, donde estamos yendo muy por delante de la Ley de Dependencia desde hace muchos años.

– Les ha acusado también de negar la aplicación de la Ley de Dependencia a los madrileños y de bloquear su entrada en vigor en la Comunidad ¿Qué hay de cierto en esto?

– Mucho antes del 1 de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la Ley, esta comunidad ya estaba atendiendo a los dependientes. Además, no sólo a los grandes dependientes, que son los que contempla la ley para 2007, sino a todos los que necesitan ayuda y a las familias que los atienden. Me parece una falta absoluta de responsabilidad acusarnos de negar ayudas a las personas dependientes. Desde la Comunidad de Madrid ni boicoteamos, ni paralizamos, ni somos desleales con el Gobierno. Lo importante son las personas y nos dedicamos a atenderles. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los madrileños, porque ellos saben que esta Consejería siempre les va a atender como se merecen.

– Sin embargo aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno ¿Cuál es la solución para que la Ley de Dependencia entre en vigor en Madrid?

– Dice que nos vamos a quedar sin presupuesto porque no hacemos nada y desde hace un mes, que me reuní con la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, el Gobierno tiene un convenio encima de la mesa que yo le presenté. Todavía estoy esperando a que me llame o me convoque. Yo no sé si es que hay una falta absoluta de comunicación entre el ministro, el propio Presidente y la secretaria de Estado, porque me parece incomprensible que aún no hayamos firmado.

– ¿A qué cree que se debe este retraso?

– Pues al final será verdad que lo que está haciendo el ministro Caldera es esperar a cerrar los Presupuestos Generales de Estado del próximo año sin haber atendido el convenio que le dejé a la Secretaria de Estado para dejar a Madrid sin nada. Esto es un ejemplo más de la asfixia a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero está sometiendo a los madrileños. Y en este caso en algo tan sensible como son los servicios sociales. Es la política electoralistas que practica, que al final lo que demuestra es lo poco que le importan las personas.

– ¿Sabe ya la partida que le correspondería a Madrid? – Nos va a dar 23 millones de euros. Una cifra ridícula. Sólo hay que compararlo con la dotación presupuestaria que la presidenta Esperanza Aguirre destina a los servicios sociales, que son 730 millones sólo para Madrid, tres veces más de lo que el Gobierno da para toda España.

– Otra de las medidas que ha anunciado el Gobierno es la dotación de 2.500 euros a las familias que tengan un bebé ¿Qué opinión le merece?

– Es otro anuncio electoral. Zapatero ha ignorado a la familia durante toda legislatura y unos meses antes de las elecciones hace este anuncio demagógico, porque en realidad no le importan las personas, sólo las elecciones. En la presidencia de Aznar ya se daban 100 euros mensuales durante tres años a las familias en las que la madre trabajaba cuando tenían un bebé. Eso es mucho más que los 2.500 euros que ahora anuncia Zapatero. El Gobierno de Esperanza Aguirre dio en la anterior legislatura 100 euros por nacimiento o adopción, en ésta lo vamos a ampliar hasta los 300 euros. Aquí está la diferencia, que lo que promete Esperanza Aguirre lo cumple, porque lo hace con dotación presupuestaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno se apoya en su ministro de Economía, Pedro Solbes, que luego le contradice.

– ¿Qué va a pasar con la Ley de Adopción Internacional?

– La Ley está parada en el Congreso de los Diputados. Creo que el Gobierno de España ha perdido una oportunidad magnífica, porque en el debate en el Senado se introdujeron muchas enmiendas, algunas del PP, que mejoraban la ley y que al llegar al Congreso no se han recogido. Estoy convencida que en las próximas elecciones generales podremos volver a gobernar España y entonces espero que se haga una Ley Internacional de Adopción mejor que la que está ahora en el Congreso, y que trate igualitariamente a todas las comunidades autónomas. Porque una de las cosas que ha caracterizado al señor Zapatero a lo largo de toda la legislatura es que ha tratado de forma diferente a todas las autonomías y ha conseguido poner en vigor diecisiete formas distintas de administrar.

De técnica informática a secretaria de Adolfo Suárez
Gádor Ongil (Madrid, 1956) es técnica informática de profesión y madre de un hijo de 22 años. Su nombre, que se refiere al de la patrona de Nerja en Málaga, fue una de las sorpresas que Esperanza Aguirre se guardó hasta el final antes de revelar, el pasado 20 de junio, que le acompañaría en su segunda legislatura nada más y nada menos que al frente de la exitosa Consejería de Familia y Asuntos Sociales, innovación personal de la presidente madrileña en su primer periplo en el cargo. Antes de aquello fue secretaria personal del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez desde 1981 hasta 1990, concejala en el Ayuntamiento de Torrelodones entre los años 1995 y 1999, diputada en la Asamblea de Madrid en las tres últimas legislaturas donde ha sido portavoz del PP en la Comisión de Educación y desde 1999, coordinadora territorial del PP de Madrid. En su despacho, situado en el número 63 de la calle Alcalá, varias fotografías junto a su mesa muestran su gran pasión, su hijo, del que asegura que, aunque la Consejería le deja poco tiempo libre, hay cosas que no perdona, como «comer o cenar todos los días con mi hijo». Además, ha conseguido conservar algunas de sus aficiones como cocinar, trabajar en el jardín, pasear, leer y hacer punto. Su último objetivo: «tengo que darme prisa para acabar unos jerseys, antes de que den a luz mi secretaria y Lucía Figar -Consejera de Educación- a quien ya le hice uno para su primera hija», afirma.

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Se inauguró hace seis meses

Aún no funciona el centro de día de Monforte de Lemos.

30.10.2007

Las instalaciones están pendientes del equipamiento, que acaba de salir a concurso ·· El PSOE dice que Vicepresidencia hizo un uso electoralista del servicio.

REDACCIÓN • MONFORTE

Angar
Anxo Quintana, izquierda, con el alcalde Severino Rodríguez, en la inauguración del centro de día
FOTO: Angar

El Ayuntamiento de Monforte acaba de sacar a concurso la adquisición del equipamiento necesario para la entrada en funcionamiento del centro de día, un servicio que fue inaugurado hace medio año por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, según denunció el grupo municipal socialista, que encabeza José Tomé Roca.

Los socialistas van a presentar una moción en el próximo pleno corporativo para que se acelere la puesta en marcha de las instalaciones, cuya gestión va a depender de la Sociedade Galega de Servizos Sociais (Sogareso) de la Xunta.

La demanda de los socialistas monfortinos insta al Ayuntamiento a que se dirija a Sogareso “exigiendo la inmediata puesta en marcha del centro de día, que ya acumula un retraso de seis meses”. El portavoz del PSOE en Lemos, José Tomé, recordó que el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, inauguró este nuevo servicio, destinado a las personas mayores, el pasado 14 de abril, “en un acto que desde el punto de vista protocolario es un ejemplo de lo que no se debe hacer”, aseguró.

Tomé Roca señaló, refiriéndose al alcalde nacionalista monfortino, Severino Rodríguez, que “seis meses después, las instalaciones siguen cerradas, quedando claro que la inauguración fue un acto electoral, que era lo que le importaba, sin tener en cuenta a los ciudadanos que precisan de este servicio”. El portavoz socialista reprocha también al regidor local su falta de diligencia en este asunto y “que no haga nada para que se abra el centro de día”.

Residencia de mayores

Los populares monfortinos también se dirigirán al pleno corporativo con una iniciativa para que el equipo de gobierno aclare la situación del proyecto de la residencia para mayores, asignada a la capital de Lemos por la Vicepresidencia de la Xunta, dentro del plan que llevará adelante Sogareso.

El portavoz de los populares monfortinos, Manuel López Eiriz, recordó que “después del anuncio del señor Quintana en su visita antes de las elecciones municipales, parece que por no haber no hay ni terrenos donde construirla”.

Los populares achacan al gobierno del nacionalista Severino Rodríguez falta de iniciativa en el arranque de su nuevo mandato, de ahí que impulsen dicha propuesta ante el pleno local.

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JUGUETES

Una empresa alicantina distribuye una muñeca con los rasgos del síndrome de Down.

Un porcentaje de los beneficios será destinado a la Fundación Down España.

Autor:Efe

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Fecha de publicación:29/10/2007document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());

La empresa alicantina Superjuguete, afincada en el municipio de Ibi, ha puesto en el mercado una muñeca con los rasgos fisonómicos característicos del síndrome de Down, de cuyos beneficios destinará un porcentaje a la Fundación Down España.

El juguete, ideado en una empresa valenciana y fabricado en Onil, se llama «Baby Down» y se distribuye en Ibi, Alcoy, Alicante y Madrid a un precio aproximado de 25 euros, tres de los cuales van a parar a la ONG.

Según ha explicado a Efe Televisión una representante de Superjuguete, Carmen María Villar, el objetivo de esta iniciativa es «hacer una aportación a la Fundación Down España» y fomentar «la integración en la sociedad» de las personas afectadas por esta discapacidad.

El muñeco, que está disponible en versión masculina y femenina, «no hace nada especial» y su única diferencia con el resto de muñecas es su aspecto, que se asemeja al de un bebé con síndrome de Down, «con los deditos un poco separados y la lengua un poquito fuera», ha indicado Villar.

El juguete está concebido para que «los niños le den mimos» y conozcan «lo que necesita un bebé con Síndrome de Down», por lo que viene acompañado por un folleto explicativo donde se explica qué actividades se pueden hacer para desarrollar sus capacidades.

La acogida de «Baby Down» ha sido muy buena, tanto que ha desbordado las expectativas de los distribuidores, ha afirmado la representante de Superjuguete, que ha precisado que desde que se supo la existencia del muñeco no han parado de recibir llamadas para realizar encargos, sobre todo de Andalucía.

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Insultantes medidas electoralistas – Mentiras flagrantes a la sociedad

27/10/2007 Edición Impresa MEDIDAS DEL GOBIERNO EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Parte de los pensionistas tendrán una ayuda de 350 € para el alquiler

  1. Las comunidades autónomas deberán resolver las peticiones en tres meses
EFE / ZIPI
La ministra Carme Chacón, en la última conferencia sectorial de vivienda. Foto: EFE / ZIPI

EL PERIÓDICO
MADRID

Los pensionistas que perciben una prestación no contributiva recibirán una ayuda anual de 350 euros para pagar el alquiler de sus viviendas. Así lo decidió ayer el Consejo de Ministros y lo plasmó en un real decreto cuyo contenido estará incluido en la ley de Presupuestos Generales del Estado del 2008. El Gobierno espera que la medida esté en vigor antes de que finalice el año.

La nueva norma establece los requisitos para el reconocimiento, tramitación y pago de esta ayuda que será abonada por el Estado. Los beneficiarios deberán acreditar que carecen de vivienda en propiedad, que son arrendadores de una casa en la fecha de solicitud de la ayuda, que no tienen relación de parentesco hasta el tercer grado con el propietario de la casa alquilada y demostrar que ésta es su residencia habitual.

Serán las comunidades autónomas las encargadas de resolver los expedientes de solicitud ya que el pensionista deberá dirigirse a ellas para la tramitación de la subvención. Las peticiones se resolverán en un plazo no superior a tres meses.

Es difícil concretar a cuántos pensionistas beneficiará la medida porque Trabajo desconoce el número de ellos que vive en alquiler. En España hay algo más de 470.000 perceptores de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez.

Pero esta medida tiene gran importancia para este colectivo, ya que los precios del alquiler se encarecieron una media del 4,4% en los últimos 12 meses, según los datos de septiembre del Instituto Nacional de Estadística.

DEMASIADO RESTRICTIVO

El sindicato USO denunció ayer el excesivo carácter restrictivo de la medida. A su juicio, sería mejor aumentar las prestaciones que perciben estos pensionistas, unos 320 euros al mes.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que esta actuación viene avalada por el Consejo Estatal de Personas Mayores y por el Consejo Nacional de Discapacidad y que servirá para mejorar “la calidad de vida de estos pensionistas”. Según los cálculos del Gobierno, el 80% de los que perciben prestaciones no contributivas son mujeres.

Esta medida viene a complementar las ayudas establecidas en el plan de vivienda vigente y en el recién aprobado para la emancipación y fomento del alquiler. En este último se establece el pago de 210 euros al mes durante cuatro años a los jóvenes de entre 22 y 30 años cuyas rentas no superen los 22.000 euros anuales, además de 600 euros para la fianza y la concesión de avales. Además, los arrendatarios tendrán desgravaciones variables en sus rentas y se se apoyará a los propietarios de casas en alquiler y a los promotores inmobiliarios.

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¡Resulta increible, pero es cierto!


La lucha por la custodia de los hijos genera casos de denuncias falsas por violencia doméstica
Richard está en huelga de hambre por la custodia de su hija. J. R. LADRA

DANIEL AYLLÓN – Madrid – 26/10/2007 18:57

Manuel sufre parálisis en el 99% de su cuerpo y sólo puede mover los párpados y algún músculo de la cara. Helena, su ex mujer, solicitó en agosto una orden de protección contra él porque, aunque ella vive en Madrid y él en Santander, “tenía miedo a sufrir agresiones”, justifica su abogado.

El juez desestimó la petición y el letrado de Manuel habla de “un caso más de denuncia falsa por violencia de género”. Con este tipo de demandas, cuenta, algunas ex mujeres “se benefician de la llamada ‘discriminación positiva’ de la Ley de Violencia de Género e intentan conseguir la custodia de los hijos o alejar a los padres durante algún tiempo, hasta que éstos recurren”. La cifra de denuncias falsas que se han presentado se desconoce porque se pierde entre los casos donde hay falta de pruebas.

Sin embargo, desde junio de 2005 -cuando entró en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- se han abierto cerca de 300.000 procedimientos en los juzgados de violencia contra la mujer. Fruto de ellos, 50.086 hombres han sido condenados por violencia machista.

Desde 2003, todas las condenas van acompañadas de una orden de alejamiento que se dicta de forma automática. Incluidas las condenas de delitos leves, por amenazas o agresiones sin resultado de lesión que antes eran consideradas faltas. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Montserrat Comas, propuso hace dos semanas en el Congreso que los jueces decidan si dictan órdenes de alejamiento, en función del caso concreto.

Detenciones injustas

Una de las magistradas que se ha mostrado más crítica con el trato que están recibiendo los hombres con esta ley es María Sanahuja, la jueza decana de Barcelona. La letrada explica que la Policía a veces pasa a la detención inmediata del sujeto para “cubrirse las espaldas” y se toman simples empujones o discusiones como “faltas graves”. Ante esta situación, Sanahuja exige que los magistrados sean más cuidadosos porque “no resulta agradable para nadie que le detengan en su puesto de trabajo o en su casa, cuando no hay razones para ello”.

Parte de los hombres que se consideran “afectados” por estas medidas se agrupan desde hace años en colectivos como Projusticia o la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados (CEMPS). Estas asociaciones explican que “las denuncias falsas y el Síndrome de Alienación Parental (SAP)” son los principales problemas con los que se encuentran tras la aprobación de la ley.

El SAP es el mecanismo mediante el cual uno de los padres empuja al hijo a odiar al otro. Para evitar llegar a esta situación, el portavoz de CEMPS, Domingo González, defiende la custodia compartida. En el 90% de los casos la custodia se otorga a la mujer, según un estudio del Observatorio contra la Violencia de Género, y no suele haber rectificaciones.

Casos extremos

El 4 de julio pasado, una jueza de Manresa dictó una sentencia de divorcio pionera en España: retiró la custodia de una menor a su madre para dársela al padre, alegando que la mujer estaba manipulando a la niña en contra del otro progenitor.

En los casos más desesperados hay padres que han llegado a prenderse fuego o a emprender huelgas de hambre. Richard Monteghepardi lleva 13 días en esta situación frente al Ministerio de Justicia, en Madrid. Ha perdido seis kilos y asegura que aguantará “pase lo que pase, porque todos los hijos tienen derecho a ver a sus padres”.
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Mi comentario

El caso de la hija de Manuel lo he visto en un algún programa de television y me parece digno de atención por parte del fiscal el que intervenga en un asunto en el que se pide una orden de alejamiento a un padre incapaz de respirar por si mismo. Ademas entiendo que los recursos presentados por su exmujer contra sentencias que reconocen el derecho del padre a ver a su hija se deben sustanciar por la via mas rapida posible. Es una burla de ley que alguien se ampare en la lentitud de la administracion de justicia para burlarla. El mal que se le está haciendo a la niña por no ver a su hija es terrible. ¿Que pasaria si la exmujer de Manuel faltara por cualquier motivo y este debiera asumir la custodia de su hija, a la que se está impidiendo el contacto habitual con su padre?. ¿Que pensara la niña si siendo madre se le desarrolla un proceso incapacitante como el que tiene su padre y su pareja le impide ver a sus hijos?


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Más sobre la LEPrA

Retrasos en la Ley de Dependencia Bernabé acusa al Consell de demorar las valoraciones
Efe, Valencia

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, y el secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco, coincidieron ayer en afirmar que la Generalitat no aborda con prioridad la gestión de la Ley de Dependencia, lo que supone retrasos en las valoraciones de los más de 100.000 dependientes de la Comunitat Valenciana.
Tras una reunión de ambos dirigentes para hablar de presupuestos, Bernabé indicó que el Gobierno central es la primera vez que pone a disposición de las Comunidades Autónomas recursos para ejecutar la Ley de Dependencia, pero que ésta « se gestiona con retraso en la Comunitat ».
Por su parte, el secretario de UGT-PV explicó que « sabe » que se encuentran en una «comunidad complicada » para abordar esta ley porque, según comentó, « este tema no entra dentro de las prioridades del gobierno de Camps». Recuenco cree que «debería tirarse de las orejas» a los dirigentes que no hagan los deberes.