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El día 18, con un nudo en la garganta, redacté un artículo sobre la retirada de una niña de 48 horas a sus padres por el hecho de carecer de tener una discapacidad intelectual y no disponer de agua y luz en la vivienda. Desde entonces he estado recopilando información diversa y he llegado a la conclusión de que se trata de un atropello y de que el causante se dio a la fuga. Un artículo de Manuel López Doña, Profesor de Sexología de la Universidad de Cádiz, del que acabo de tener conocimiento, pone los pelos de punta y constata mis peores presagios.

El caso es que los discapacitados, cuando se dieron cuenta del embarazo, acudieron a la Junta de Andalucía porque sus desesperados intentos de encontrar trabajo y procurarse recursos que aseguraran el bien de su esperada hija no encontraban solución. Seguramente habían oído en los medios de comunicación que tenían derechos, que la Constitución, la ley de no igualdad y no discriminación, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad aprobado en diciembre de 2006 por el Gobierno central,…

Pero la única prestación que las trabajadoras sociales de la Junta les ofrecieron fue el aborto. En base a qué supuestos lo desconozco, porque no había riesgo para la salud física y mental de la madre, ni había existido violación. Con esos antecedentes la Junta esperó al nacimiento del bebe para apropiarse de la niña, el papeleo debió de retrasarse un poco porque la niña no le fue arrebatada a la madre en el paritorio, si no dos días después con la lactancia iniciada.
Mientras la Junta decía que no podía hacerse cargo de la madre porque no está incapacitada judicialmente y que la decisión de retirarle su hija había sido “pensada y fundamentada”, saltaba a los medios que la Fiscalía General del Estado, pone en marcha un mecanismo por el que las personas que sufren alguna discapacidad podrán contar con la protección del ministerio público sin ser declarados incapaces, como consecuencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizando su igualdad en el ejercicio de derechos.
Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Dado que el asunto afecta a dos ventanillas: la de atención a la infancia y la de discapacidad, que están en el mismo edificio, no resulta razonable que a fecha de hoy madre e hija estén separadas. La administración tiene medios y recursos que posibilitan que madres en especial estado de necesidad convivan con los hijos, incluso en las cárceles y en los centros de acogida de menores. La separación de esta madre nos pone ante la duda de si el motivo de la retirada de la niña responde a la condición de discapacidad de la madre o a la de pobre, lo cual conviene explicar para saber las mujeres que quieren ser madres si corren el peligro de que se les separe de sus hijos, lo cual es especialmente probable en los tiempos de dificultades económicas que atravesamos.
Resulta evidente que la legislación española y las convenciones sobre La Junta está dispuesta a pagar no menos de 650 euros al mes a la familia que se haga cargo de un acogimiento urgente y por otro está pagando una pensión o prestación a la madre, cuyo importe se lo apropia la persona que la percibe, siendo prueba de ello que ha estado durmiendo durante un tiempo incluso en la calle. Eso lo han detectado los servicios sociales y lo que han hecho es enviar una orden judicial a todos los hospitales próximos para estar alerta cuando ingresara para el parto.
Tan solo algún profesional sanitario y el sector de la diversidad funcional (discapacidad), encabezado por el CERMI, ha salido en defensa de la legalidad, denunciando el atropello y la falta de diligencia de la administración en la atención a la discapacitada que fue madre. No tengo constancia, y de menos la hecho, de que las asociaciones feministas, grupos de apoyo a la lactancia materna. La más elemental ética exige que la niña sea entregada a su madre inmediatamente y se proceda a procurarle el adiestramiento necesario para el cuidado de la niña, cuestión que puede resolverse en un centro o piso de acogida de madres en especial dificultad con hijos menores a su cargo.
La solución corresponde impulsarla al superior común bajo cuya autoridad se encuentre la ventanilla de menores y de discapacitados en la Junta de Andalucía, que mira por donde es la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Celestial, perdón, Social.

Valencia, 19 de enero de 2009

Vicente Valero Sanchis
Velador por el cumplimiento de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por Manuel López Doña, profesor de Sexología de la Universidad de Cádiz

SI “madre” viene de mater (hembra que ha parido) y “parir” de parere (expeler en tiempo oportuno la hembra de cualquier especie el feto que tenía concebido) en la lengua española de raíz latina, que aprendimos en la escuela, madre, solo hay una y es aquella que ha parido el feto que concibió, al concluir su tiempo de gestación, momento que le hace compatible con la vida.Sara es una mujer joven que por azares del destino nació en 1984 en el seno de una familia con capacidades intelectivas limitadas. A pesar de su acreditada minusvalía (leve), nunca la incapacitaron legalmente para decidir sobre los destinos de nuestro país y por tanto su voto, en las elecciones generales, autonómicas o municipales es tan válido como el voto del Rector de la Universidad. Desde el punto de vista biológico, a partir de su menarquía es una mujer fértil sin lugar a dudas y desde hace más de diez años ha tenido la posibilidad y la capacidad de concebir. Dudamos que los poderes públicos hayan ejercido el correcto seguimiento y advertido seriamente a Sara la prohibición de ser madre y de vivir la experiencia a lo largo de su vida.Hace pocos años, aún estaba en vigor el juramento hipocrático para los médicos, pero años después, los legisladores lo declararon obsoleto. Al galeno que practicaba un aborto se le metía en la cárcel y se le invalidaba el título no pudiendo ejercer la medicina. Hoy, ya sabemos que es lo contrario y hasta se hace la vista gorda cuando no se respetan los supuestos legales, siendo más del 90% los ilegales que a diario se practican en nuestro país y un gran porcentaje de ellos en edades pediátricas.Es decir, que a Sara no le pusieron ningún tratamiento anticonceptivo apropiado (implantes, DIUs) para garantizar su infertilidad ni se le practicó la esterilización, que si bien nos puede parecer una barbaridad, más barbaridad es la historia que está viviendo cuando le han arrebatado a su hija, por la que tanto luchó desde que repetidas veces le ofertaron abortar los trabajadores sociales responsables de su seguimiento. Se negó a abortar porque sus principios y creencias no podían aceptarlo y continuó su embarazo junto a su pareja, de la que jamás se separó, viviendo de caridades y durmiendo muchas veces a la intemperie en algún pinar de El Puerto de Santa María (la convivencia con la familiar que cobra su pensión no es posible, no vive con ella y no le administra el dinero, se lo queda). Los responsables de nuestra Administración, a sabiendas que se trataba de un embarazo de alto riesgo, no se inmutaron durante los tres últimos meses de su gestación ni les preocupó la vida del menor, tal vez porque en nuestra legislación el menor no es tal hasta 24 horas después de nacer (en China lo es desde el momento de su concepción y cumplen su primer año de vida a los tres meses de nacer). Al igual que se dio una orden judicial a todos los hospitales próximos para estar alerta cuando ingresara para el parto, debieran haber hecho uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado para haberla localizado y de los medios sociales para atenderla en lo básico, proporcionándole luz, agua y el apoyo psicológico necesario con las garantías suficientes para evitar el drama que se produjo en la habitación 416 de la maternidad donde estaba hospitalizada, más propio de una película pinochetista.Estos pensamientos no deben poner en duda la cuestión básica: esa niña a la que sus padres han puesto por nombre Esmeralda y cuyo certificado de nacimiento se le entregó al padre, como es costumbre en las maternidades, para inscribirla en el Registro Civil, que supongo se habrá hecho, no podrá sobrevivir solo con el cariño maternal y darle de comer de la teta cuestión que se ha vendido y publicitado como “el mejor alimento para en bebé” por todos los Servicios Materno-Infantiles del mundo. Los expertos han determinado que el grado de discapacidad psíquica y económica de la pareja no garantiza la supervivencia y el bienestar de quien a duras penas se libró de ser abortada por la propia Administración y hasta ahí estamos de acuerdo, incluso que la priven de su lactancia materna. Pero estos padres no han delinquido y deben ser tratados con el respeto y la consideración que se merecen y si se les considera incapacitados psíquicos, no se puede tolerar que policías y trabajadores sociales hagan salir a todos de la habitación donde estaba hospitalizada para que el empleado público le leyese la orden judicial y se la pasara a la firma, mientras se le administraba sangre por la anemia aguda que padecía. Esta forma debería invalidar el procedimiento (tampoco debería tener Sara capacidad para firmar, debiera haberlo hecho quien cobra su pensión y se la embolsa).Sara, lo sentimos y sin conocerte, te apoyamos. Si hubieses sido gitana o inmigrante y los tuyos te hubiesen arropado, es posible que nada de esto te hubiese ocurrido, pero no fue posible remediarlo. Esperamos que pronto, cuanto antes, algún juez justo pueda decidir quién te ayudará de la mejor manera para que, sin perder a tu hija, puedas gozar de ser madre al tiempo que garantizar su bienestar y su futura educación. Si es así, seguro que sabrá agradecerte que lucharas por su vida como lo has hecho. Y a los trabajadores sociales, junto con los profesionales de la salud, les advertiría planificar mejor su sexualidad hasta la menopausia para que no se vuelva a repetir la misma historia.

Fuente: Diario de Cadiz

Tras retirar la custodia de una recién nacida a una pareja de jóvenes con discapacidad

El CERMI condena la actuación de los servicios sociales de la Junta de Andalucía

Pide que se reestablezca de inmediato la situación, fijando los apoyos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas y dignas para la niña y sus padres

(Madrid, 14 de enero de 2009).-

El Comité Español De Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) expresa su rotunda y firme condena por la actuación de los servicios sociales de la Junta de Andalucía, ante la retirada de la custodia de una niña recién nacida a una pareja de jóvenes con discapacidad intelectual.

El CERMI califica de aberrante y discriminatoria la actuación de los servicios sociales aludiendo a su falta de recursos económicos y limitaciones para el cuidado de su bebé.

Los hechos sucedieron en el Hospital Puerta del Mar de San Fernando (Cádiz), en donde sólo con 48 horas de vida, la niña pasó de los brazos de sus padres al Centro de Protección de San Carlos de Chipiona, dando cumplimiento a una resolución de la Junta que ha suspendido cautelarmente la patria potestad de los progenitores y ha asumido temporalmente la tutela. De no mediar una actuación inmediata y urgente, en breve se iniciarían los trámites para su adopción.

Así, el CERMI reclama que las personas con discapacidad tienen derecho a ser padres y madres y a que la discapacidad no sea en modo alguno motivo que impida el ejercicio de este derecho fundamental, tal y como se reconoce en el artículo 23 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado con la mayor celeridad recientemente.

En dicho artículo, además, se urge a los Estados Partes a adoptar las medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación que siguen sufriendo las personas con discapacidad en todas estas cuestiones y a que se ofrezcan los medios necesarios para ejercer estos derechos.

Haciendo valer la ratificación por España de este instrumento, el CERMI cree que la provisión de servicios de apoyo adecuados a esta pareja es la actuación que se hubiera tenido que dar desde la Administración Pública, respetando y haciendo valer un derecho, el de ser padre o madre, que está por encima de cualquier condicionamiento impuesto por la discapacidad.

En este sentido, el CERMI solicita al restablecimiento inmediato y adecuado de la situación, devolviendo de inmediato esta niña a su madre y fijando los apoyos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas y dignas para la niña y sus padres.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

Carta de Ana Peláez dirigida a Micaela Navarro instándola a que adopte medidas urgentes en favor de esta familia. Descargar

DIFUNDID…. Gracias, gracias, gracias a todos…por favor, seguir poniendo esto en el blog, foro, en todas partes.

Ha sido una alegría inmensa para nosotros que hoy, mediante un permiso de Menores y gracias a las maravillosas personas que cuidan de la niña, Sara y David han podido ver a su hija. Nunca olvidarán este día. Sara y David hoy han vuelto a nacer al verla, los hemos acompañado hoy porque Sara tenía un permiso hospitalario y debía volver al hospital. Quieren pedir mañana otro permiso para volver a verla cuanto antes.

Enviado por Eloísa para el FVI

Pese a la buena noticia, aún no nos conformamos y seguimos exigiendo su entrega INMEDIATA por orden de la Fiscalía de Menores.

Unicamente la diputada Inmacula Bañuls Ros hasta el momento ha tenido la deferencia de contestar a nuestras múltiples e insistentes peticiones a través del compañero Alejandro R. a quien le comunicó que haría cuanto estuviese en sus manos porque los derechos que amparan a estos padres se lleven lo más pronto posible a efectos.

Nos consta que Ximo G. tiembién miembro del FVI está haciendo gestiones para que devuelvan a Esmeralda, al lugar que la corresponde, junto a sus padres, pero todos los apoyos siguen siendo pocos ya que no podemos bajar la guardia ante una Administración tan negligente.

Hola:
Al pie copio un correo que he enviado a las diputadas del congreso, otro en términos parecidos he enviado a los diputados del Parlamento de Andalucia.
La cuestion de fondo me toca las narices, ya en 2003 hice un articulo por el caso del “Niño de El Royo” y la historia se repite de manera más cruel y degradante.
Creo que es momento de dar un paso al frente y decir que si no se ponen medios no podremos hacer valer los derechos, derechos de los que disfruta el resto de la ciudadania porque se ponen apoyos. ¿Por qué las reclusas con hijos pequeños pueden tenerlos en la carcel y a esta compañera discapacitada no se le presta un apoyo semejante?.
Un saludo
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Vicente Valero
PD. El articulo que adjunto lo he enviado a los medios de comunicacion para su difusion, la que podais hacer desde el foro la agradeceré y el contenido del escrito está a disposicion de quien quiera utilizarlo para inspirarse en redactar algo o suscribirlo.

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Señoría.Apelando a su condición de activista en la lucha por los derechos de la mujer, le ruego que lea la noticia que contiene el siguiente enlace. http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090110/ciudadanos/junta-retira-recien-nacido-20090110.htmlAhora le ruego que medite unos segundos y si lo considera oportuno le pido que considere la lectura del articulo de opinión que he confeccionado y remitido a varios medios de comunicación, con escasas esperanzas de que sea publicado. Lo copio al pie y adjunto a fichero que acompaña a este correo.

A su consideracion dejo que emprenda alguna iniciativa o actuación para reparar los graves hechos que recoge la noticia y evitarlos en el futuro.

Un saludo

Vicente Valero

RAPTO Y VIOLACION Por Vicente Valero

El otro día recogían los medios de comunicación que un hospital un enfermo había muerto de 4 tiros y la cosa tuvo gran eco, pero en un hospital público una madre fue torturada de la manera más inhumana que se conoce: se le quitó a su hijo a las 48 horas de haber nacido, y nadie dijo nada. El pecado de la madre era tener una discapacidad intelectual, lo que le da derecho a que el estado le ampare para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Según se recoge en la prensa se presentaron en el hospital una trabajadora social de la Junta con dos policías y se hizo que una enfermera sacara a la recién nacida de la habitación para que supuestamente la viera un pediatra. Además, cuando el padre de la niña se dio cuenta de que estaba sucediendo intentó evitarlo y fue reducido por los dos policías. El personal sanitario está consternado y la enfermera engañada muy afectada. Estoy seguro que la Fiscalía abrirá una investigación para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Parece ser que los padres no están incapacitados judicialmente y que en la retirada de la recién nacida no se les mostró orden judicial ni explicación alguna. Sin duda se trató de un rapto de un menor y de una violación de derechos de una madre con discapacidad, causando un daño moral imposible de justificar.

La madre tiene una discapacidad intelectual, pero no ha precisado asistencia de los servicios sociales para llevar adelante el embarazo. Necesitará apoyos para ciertas actividades, pero estos deben ser proporcionales a las carencias que su discapacidad le ocasiona.

Por experiencia personal puedo asegurar que los padres con discapacidad no tenemos ningún tipo de ayuda social para llevar adelante la dura tarea de ser padres y procurar a nuestros hijos cuanto necesitan.

En medio de este panorama se celebro en mi pueblo, a finales del mes de febrero de 2003, el “I congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad” . Entre los temas que se trataron estaba lo relacionado con la sexualidad y el derecho a la maternidad de las mujeres discapacitadas, y la administració n, a la hora de las fotos, se comprometió a adaptar a la legislación en la materia a las conclusiones a las que se llegó en el Congreso.

A finales de 2003 saltó a los medios el tristemente conocido caso de “El niño de El Royo”. Los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León elaboraron un montón de informes y actuaciones referidas a la defensa de los derechos del niño, pero ninguno sobre medidas concretas de apoyo para compensar las posibles dificultades que tuviera la discapacitada para ejercer su función de madre. La Junta se limitó a aventurar que el niño quedaría en desamparo y se esforzó en no hacer nada que proporcionara apoyos a la madre, lo que llevó a que años después fuera vista mendigando con su hijo. La Junta de Andalucía aplica la misma medida y se pasa por donde cada uno quiera entender la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, a vuela pluma, machaca los artículos: 6, 12, 15, 16, 17, 19, 23 y 28.

Los Servicios Sociales son capaces de detectar que una discapacitada pide limosna acompañad a de su hijo menor y son incapaces de detectar previamente la falta de recursos de esta madre y poner los medios para solucionarlo. Se prefiere pagar 2500 euros a una familia acogedora temporal que emplearlos en la atención integral de madre e hijo.

A raíz del Congreso Mujer y Discapacidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer del 2003, el Gobierno Autónomo de mi comunidad concedió uno de los galardones a la pintora y fotógrafa Alison Lapper por su condición de madre y discapacitada, nació sin brazos ni piernas. Una escultura dedicada a ella, llamada “Alison Lapper embarazada”, realizada por el artista inglés Marc Quinn cuando esperaba a Parys, fue colocada en Trafalgar Square de Londres. En Argentina la retirada a las madres de sus hijos se hizo durante un tiempo en la Escuela Mecánica de la Armada

El hecho es que mientras se galardonaba a una discapacitada extranjera, que contaba con una asistente personal pagada por los servicios sociales de su país, para su cuidado y ayuda en la crianza de su hijo, en nuestro país las ayudas a mujeres junto con hijos menores a su cargo, que presentan una problemática, resulta que no se contempla su aplicación material a las mujeres con discapacidad. Cómo se explica que existan prestaciones y servicios para:

a) Mujeres víctimas de violencia doméstica con hijos a cargo.

b) Mujeres jóvenes que presenten problemática de desestructuración familiar, falta de habilidades sociales y/o personales y/o problemática social asociada, que impidan su correcta inserción en la sociedad de forma autónoma.

c) Jóvenes con necesidades de apoyo específico en habilidades de crianza; y se le retire una hija a una persona con discapacidad a las 48 horas de haber nacido.

Para retirar la custodia a la discapacitada qué medidas de apoyo y compensación han puesto para que esta madre pueda, en igualdad de oportunidades, ejercer su condición de madre. No es razonable que los Servicios Sociales alardeen de defender los derechos del menor y cercenen los de los discapacitados.Afortunadamente las asociaciones feministas, el Ministerio de Igualdad, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el de Interior y otros órganos administrativos están ahí para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto de la Convención de las Personas con Discapacidad. Que se note.

Valencia, 11 de enero de 2009

Vicente Valero Sanchis

Velador por el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Sr Chaves

Habiendo leído a través del diario digital La voz.es, la siguiente noticia cuyo enlace le proporciono http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090110/ciudadanos/junta-retira-recien-nacido-20090110.html en relación al caso de Sara y David, dos padres con diversidad funcional a los que recientemente y de forma cautelar se les ha retirado la patria potestad, 48 horas después del nacimiento de su hija, permítame como representante máximo del pueblo andaluz que es, hacerle unas cuantas reflexiones y solicitarle puesto que el expediente de estos padres aun está en tramitación, tenga a bien a la mayor brevedad posible llevar a efectos su revocación instando a los servicios sociales y tutelares, a quienes además debería exigir por su acción responsabilidades, a la búsqueda de soluciones que estos padres con inmediatez precisan, garantizando con ello su derecho a la familia,; tanto de ellos como de su recién nacida.

La recientemente aprobada Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 23 garantiza el derecho de las personas con diversidad funcional a formar una familia y a que las administraciones públicas y la sociedad española en su conjunto aporte los recursos necesarios y suficientes para que así sea como se deriva del texto de la convención

El Artículo 15. de la misma Convención dice textualmente

1.-Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido a sometimiento médico o científico sin su consentimiento.

2.-Los Estados partes tomarán las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas. Para evitar que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esto Sr Chaves, lo miremos por donde lo miremos, implica una tortura psicológica, un trato además de discriminatorio degradante, para estos padres, ante quienes procedió una parte de la Administración Pública que Ud representa, no para dotar de medios y dar una oportunidad sino para privarles de su derecho legítimo y natural, ya ejercido, de ser padres, con el único argumento de proteger al recién nacido, aun consistiendo esa protección en separar del seno materno y de forma no consentida por sus progenitores, a ese bebé 48 horas después de haber nacido.

Por lo que con carácter solidario, como ciudadana con diversidad funcional y responsable con el pleno desarrollo de esa convención de derechos que nos protege, insto a Ud como máximo representante Administrativo de esta particular situación, a que adopte las medidas pertinentes, conforme a la legislación de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, y el derecho internacional vigente.

Atentamente

Mª Ángeles Sierra.
DNI 2.280.740.X