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El 75% de los usuarios de residencias es gran dependiente

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El 75% de los usuarios de residencias es gran dependiente

LEVANTE-EMV

El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, asegura que "el 75% de los usuarios de los centros residenciales son personas con dependencia severa o grandes dependientes y la tendencia es a acrecentar esas cifras. Por este motivo y para incrementar los servicios socio sanitarios de manera que la atención y la asistencia que reciban las personas institucionalizadas sea de la mayor calidad posible, hemos desarrollado una normativa por la que, desde enero de este año, todos los centros residenciales para personas mayores concertados con la Generalitat, deben tener un servicio de enfermería 24 horas al día, como ocurre con todos los centros de titularidad pública". Martínez explica que los cambios acontecidos en las últimas décadas han hecho necesario "por un lado, adecuar los centros de manera que en estos momentos el 95% de las plazas residenciales son para personas asistidas, por otro aumentar las plazas tanto en el sector residencial como en centros de atención diurna, así como diseñar e implantar programas de asistencia domiciliaria".

En la Comunitat Valenciana hay 337 centros residenciales con 27.225 plazas y 152 centros de día con 4.547 plazas para las personas mayores dependientes.

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Cocemfe exige al Consell que desarrolle la Ley de Dependencia

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Cocemfe exige al Consell que desarrolle la Ley de Dependencia

EUROPA PRESS

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe-CV) reclamó ayer una mayor implantación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Asistencia en Situaciones de Dependencia en la C. Valenciana, según informaron en un comunicado fuentes de la entidad. En este sentido, recordaron que la legislación para favorecer a las personas "entró en vigor el 1 de enero de 2007", pero "los organismos competentes no han desarrollado en su totalidad, pese a la demanda del colectivo de la discapacidad". La entidad, que reúne a 86 asociaciones de las tres provincias, celebrará su Asamblea General Ordinaria hoy. Se trata de una Confederación declarada de utilidad pública, ya que es "la más representativa del sector de la discapacidad, tanto en el ámbito nacional como autonómico". Al respecto, exigieron pide que se aplique completamente esta Ley, ya que afecta a gran parte de sus representados, familiares y sociedad en general. Esta entidad representa a más de 13.000 personas con discapacidad física y orgánica. Asimismo Cocemfe-CV está formada por más de 80 asociaciones, de diferentes patologías, distribuidas por todas las comarcas y distintas poblaciones de la Comunitat Valenciana y agrupadas en sus tres federaciones provinciales: Castelló (con 14 asociaciones), Alicante (con 37 asociaciones) y Valencia (con 34 asociaciones).

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Marcha naranja sobre Valencia.

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Cartel de la Marcha Naranja a Valencia del día 16 de mayo

Plataforma de AlziraPlataforma de Aspe y Hondón de las NievesPlataforma de l’Alcoià-ComtatPlataforma del Camp de Morvedre Plataforma de CastellónPlataforma de Crevillente
Plataforma de DoloresPlataforma de Elche
Plataforma de La Costera/La Canal Plataforma de OrihuelaPlataforma de Santa PolaPlataforma de SaxPlataforma de AlicantePlataforma de Valencia
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¿Por qué la LEPAP no se financia por el Estado y las CC.AA. con créditos ampliables, como las pensiones?

¿No hay cuartos?

He aquí como unos pocos no precisan manifestarse para conseguir su bonificación. Esto si que es una PIA express:

Fiscalidad

Gestha acusa al Gobierno de atender las peticiones de los banqueros y otorgarles el aguinaldo fiscal

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado ante el Tribunal Supremo que el Gobierno aprobó el llamado “aguinaldo fiscal” a los banqueros atendiendo a sus propias peticiones, realizadas a través de la Asociación Española de la Banca (AEB), según la demanda presentada hoy por el sindicato.

Ep – Madrid

“La Administración acogió la propuesta de la AEB y de forma expresa limitó la modificación a los socios mayoritarios y directivos de las entidades”, según explica la demanda de impugnación al Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, que rebajó la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras por los rendimientos de capital mobiliario de sus propias entidades.

La patronal bancaria hizo esta petición de rebaja fiscal mediante el informe de análisis del Proyecto de Real Decreto de modificación de la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de fecha 19 de septiembre de 2007 e incluido en la demanda.

El documento demuestra que “la AEB proponía la modificación de régimen hasta entonces vigente”, que “beneficia claramente a los socios mayoritarios y directivos de las entidades bancarias, aunque sin limitarlo de forma expresa a estas entidades”, explica la demanda.

Además, Gestha acusa a la Administración de “vulnerar los principios de jerarquía normativa”, que establece el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y aprobar la modificación sin que sus técnicos pudieran analizar el precepto, incluido finalmente en la disposición final tercera de la Ley 36/2006.

El sindicato explica que el texto de proyecto de Ley que recibió para hacer alegaciones “contenía tres apartados, ninguno de ellos relativo” a este cambio de tributación, en la modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Beneficio “evidente” y “exclusivo” a los banqueros

El sindicato denuncia también la vulneración del principio de igualdad, al establecer un beneficio “evidente” y “exclusivo” a los socios mayoritarios y consejeros unas “concretas” entidades, sin extender tal beneficio a los demás socios de cualquier otra empresa, que siguen tributando estos rendimientos “como rentas generales” y no como rentas de ahorro.

Gestha considera también que se vulnerado el principio de progresividad, al establecer que estos redimientos “pasan ahora, incluso con efectos retroactivos al 1 de enero de 2008, a tributar al tipo fijo del 18%, seis puntos porcentuales inferior al tipo mínimo de escala general (24%)”.

Además, acusan al Gobierno de vulnerar el procedimiento de elaboración de los reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/2007, de 27 de noviembre, por no incluir la evaluación del posible impacto económico de la medida en el proyecto de Ley.

“Sí es posible estimar el impacto económico a partir de la información que se puede extraer de las bases de datos de la Agencia Estatal Tributaria, simplemente seleccionando y cruzando informáticamente la información”, explica la demanda.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre rebajar la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras cuando obtienen rendimientos de capital mobiliario de sus propias entidades, de tal forma que, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008, dichos rendimientos tributarán al 18% en el IRPF y no al 43% establecido en la Ley 35/2006 del IRPF.

El Alto Tribunal podría tardar cerca de cuatro años en resolver el recurso, durante los que no se paralizará la aplicación de la rebaja impositiva a los banqueros.

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Carta remitida al nuevo Presidente de la Junta de Andalucía en relación al caso de Sara, David y su hijita Esmeralda.

José A. Griñán, nuevo Presidente de la Junta de Andalucía



José Antonio Griñán Martínez

Presidente de la Junta Andalucía

Palacio de San Telmo

Avda. de Roma, s/n

41013 – Sevilla

Sr. Presidente:

Desde principios de enero he venido siguiendo con inquietud las noticias relacionadas con la retirada a sus padres, personas con discapacidad, de una recién nacida en un hospital de Cádiz.

El asunto tendrá la solución que tendrá, porque como persona con un elevado grado de discapacidad, que precisa importantes apoyos, incluso para respirar, le puedo garantizar que el personal sanitario implicado desaconseja casi sistemáticamente los embarazos por considerarlos de alto riesgo, ocultando su desconocimiento profesional para tratar a una mujer con discapacidad en esta situación.

Pero en este caso la cuestión es más grave. Si el conocimiento profesional del personal sanitario es escaso, el del de Servicios Sociales es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de discapacidades intelectuales o mentales. Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados fue conminada por parte de dos trabajadoras sociales a que la embarazada abortara, siendo lo grave del asunto que la situación de la embarazada y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro.

Usted es el responsable de que la legalidad impere en Andalucía y no puede mirar para otro lado. Como primer andaluz debe de ser el primer defensor de la legalidad vigente y no puede permitir que miles de ciudadanos nos preguntemos si el ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años. ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad en supuestos que no contempla la legalidad vigente?

El hecho de que no se hayan iniciado actuaciones para reunir a esta familia pone en cuestión el cumplimiento de lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, entre otras cosas, la utilidad de programas financiados y publicitados a bombo y platillo por la Junta, como es el caso del Programa de Vida Independiente para personas con Síndrome de Down. ¿En qué consiste eso de: “Este proceso es necesario culminarlo con el desarrollo de programas de formación en Vida Independiente, que van más allá de la mera satisfacción de las necesidades para entrar en el terreno de los apoyos para la autonomía personal, las oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como reflejo de una vida integrada en la comunidad.”

La actualidad me ha llevado a la conclusión de que desde los poderes públicos y la administración existe una doble vara de medir. La capacidad para cualquier cosa se cuestiona siempre cuando se trata de personas con discapacidad que precisan apoyos, y se da por sentada cuando se trata de ciudadanos “perfectos”.

Para ilustrar lo anterior quiero que considere dos casos.

1) Los medios de comunicación se han hecho eco de que a principios del año pasado una niña de 5 años fue un domingo por la tarde sola a comprar un paquete de patatas y desapareció, seguramente no era la primera vez que iba sola, y el padre se plantó en casa de un vecino, conocido pederasta en el barrio, para interesarse por su hija. Días después apareció el cadáver de la niña y poco después la policía detuvo al pederasta que resultó tener una orden judicial para averiguar su paradero, pero no se había expedido la orden de busca y captura.

Muchos ríos de tinta han corrido sobre el caso, la familia del menor clama públicamente por el mal funcionamiento del sistema judicial y han llegado a entrevistarse con Rodríguez para pedir la pena de muerte. La de Dios se ha liado con el expediente abierto al juez, una parte de este asunto ha llevado a dimitir a un ministro, pero nadie ha cuestionado públicamente la actuación de los padres. El servicio de menores de la Junta desde luego que no, ni ningún tertuliano de los muchos programas que han tratado el asunto. Cierto es que los padres arrastran un inmenso dolor, pero nadie se ha pronunciado sobre el hecho de que la menor fuera sola a la calle. De haber sido hija de los padres con discapacidad de Cádiz ¿Qué se hubiera dicho?

2) También recogía la prensa recientemente que un penado había sido trasladado a un centro penitenciario en el que cumple condena su pareja; que ha tenido recientemente el segundo hijo, concebido como el primero en un bis a bis en otro centro penitenciario. El Ministerio del Interior posibilita que los penados mantengan relaciones íntimas en sus centros, incluso entre ellos, como es el caso, y no cuestiona la idoneidad de las reclusas para ejercer de madres. Incluso de aquellas que penan por haber por asesinato, entre otros de un joven de Ermua. Tampoco es baladí el hecho de que el padre también pena por asesinato, además del joven de Ermua por el hermano del Defensor del Pueblo, cosa que me llega a concluir de la legalidad de la situación, pero me plantea la pregunta de ¿Por qué se prestan apoyos para que una reclusa tenga a sus hijos con ella durante 3 años y a la madre discapacitada de Cádiz se le separa de su hija a las 48 de haber nacido? ¿Por qué se cuestiona la capacidad de los padres discapacitados y no se les presta ningún apoyo para ejercer la paternidad y a penados por asesinato no se les cuestiona y se les presta apoyos?

Evidentemente el Ministerio del Interior ha evaluado la situación y circunstancias personales de la pareja de penados y considerado que su idoneidad para ejercer la paternidad, permitiendo la legalidad vigente que los hijos convivan con la madre hasta los tres años. Supongo que el periodo de tres años obedece, entre otras, a que el menor disfrute del derecho a la lactancia que preconiza la OMS; por ello se me hace especialmente difícil comprender los motivos por los cuales se le impide a la hija de la discapacitada disfrutar del derecho a la lactancia materna.

Cuando presida el Consejo de Gobierno andaluz, por favor, lea en voz alta el art 23.4 de la convención y pregunte:

• A la Consejera de Salud si se practican abortos en centros públicos de supuestos no contemplados en la ley.

• A la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Social si existe alguna instrucción para que se coaccione a las personas discapacitadas para que aborten, si en centros y residencias públicas de discapacitados se permite y prestan apoyos para el ejercicio del derecho a ejercer la sexualidad, qué apoyos existen para que residentes discapacitados en centros públicos convivan con hijos tenidos durante su estancia en el centro;

• Al Consejero de Empleo qué prestaciones cubren a los desempleados discapacitados y qué programas o actuaciones han realizado respecto a esta pareja de padres;

• A la Consejera de Justicia que seguimiento llevan los juzgados de la rendición de cuentas de quienes ostentan la curatela y si en el caso de Sara, la madre discapacitada, se ha verificado que el curador ha dado cuenta de sus actuaciones anualmente;

• Al consejero de Vivienda,, dado que la pareja vivía en un piso sin agua y luz que no reunía condiciones de habitabilidad para un menor, qué procede para que se beneficien de una de las 700.000 viviendas a las que el anterior Presidente aludió en su intervención en el programa “Tengo una pregunta para usted”.

Su formación jurídica y experiencia como Ministro de Trabajo y Seguridad Social me dan la plena confianza de que sabrá encontrar el procedimiento pertinente para que se haga realidad lo preconizado por la Convención. No obstante me permito hacerle dos consideraciones. La primera es que desde tiempo inmemorial personas con capacidad intelectual limite han criado a hermanos y sobrinos, pero paradójicamente no se les ha considerado capacitadas para tener y criar hijos propios. La segunda es que los informes técnicos han avalado la incapacidad de personas con Síndrome de Down para completar estudios normalizados y prescrito la educación en centros especiales, pero la familia de Pablo Pineda no sabía que era imposible que su hijo pudiera obtener una titulación universitaria y lo hizo, quizá en una Universidad Especial.

Si algo me ha decidido a escribirle es el hecho de que en su discurso de investidura usted hizo una apuesta decidida por la igualdad y transversalidad.

Estoy seguro de que hará honor al compromiso adquirido en sede Parlamentaria.

Valencia, 25 de abril de 2009

Fdo: Vicente Valero Sanchis

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14 de abril

14 de abril 2009

14 Abril 2009

La izquierda española tiene un chollo: la reivindicación republicana.

Si uno reivindica la república en Suecia o en Dinamarca, es posible que no se entienda si detrás de esa petición hay más que una simple sustitución de una magistratura antidemocrática y arcaica por una elección popular de la jefatura del Estado. Aquí, cuando uno pasea la bandera tricolor se sabe que no sólo se refiere a una sustitución de los borbones por los zapatero o los aznar, por mucho que fuera un avance en cuanto a su legitimidad. La bandera tricolor representa ya todo un universo de cambios sociales y políticos que cohesionan a la izquierda: con los símbolos republicanos sabemos que estamos hablando de una profunda transformación social.

Cuando se proclamó la primera república, la derecha española tardó doce días en intentar un golpe de Estado: el primer golpe que se dio en un 23-F fue en 1873. En la segunda república aguantaron un poco más y hasta el año siguiente no dieron el golpe del general Sanjurjo. Es falso que las repúblicas traigan inestabilidad. Lo que acarrea golpes de estado no es la república, sino la incapacidad de la derecha española para aguantar los avances democráticos. Desde el ‘vivan las caenas‘ hasta hoy han avanzado sólo en las formas: hoy algunos llevan corbatas, otros siguen llevando sotanas.

En cambio la izquierda sí ha avanzado en sus reclamaciones. Las dos primeras repúblicas fueron muy avanzadas para su época. La III República que reivindicamos hoy no puede ser una mera resurrección de las aspiraciones de hace 70 años ni de hace 130 años, por mucho que tengamos que aprender de las dos experiencias. Hoy la III República tiene que ser el instrumento con el que reclamar formas más avanzadas de democracia política, económica y social que las que nos da un régimen que nació caduco.

Feliz 14 de abril, feliz día de la República.

Salud y República

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Trinidad Jiménez, desde el CAMF de Leganés…

Para que las ayudas “lleguen realmente”

Trinidad Jiménez convocará en breve el

Consejo Territorial de Dependencia

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LEGANÉS, 11 (EUROPA PRESS)

La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció hoy que convocará con brevedad el Consejo Territorial de Dependencia con el objetivo de llegar a un compromiso con los gobiernos autonómicos para acelerar la Ley de Dependencia y favorecer que las ayudas “lleguen realmente a las personas que más lo necesitan”.

Durante una visita esta mañana por el CAMF (Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad) de Leganés, la ministra señaló que en este mismo Consejo se aprobarán los niveles acordados de inversión para cada comunidad autónoma, un trabajo que desea llevar a cabo “con la mayor brevedad”.

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“Imagínate que hay una guerra y nadie va…”

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“Imagínate que hay una guerra y nadie va…”

Bertolt Brecht

Primero se llevaron a los comunistas, pero a mi no me importó porque yo no lo era;
enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era;
después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista;
luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó;

ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde.

Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán (1898-1956)

Dedicado a Esmeralda Olvera Maldonado en la confianza de que no se sienta obligada a dedicárselo nunca a nadie.

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El Gran Parque Central de Alicante si es posible, ¿pero cómo?…

Ya está en la red el documental de la PCM “Estación Intermodal ¡ya!” .

En él se explica cómo podemos tener una Estación Intermodal definitiva -no provisional- a corto plazo y que ahora tenemos la última oportunidad de disponer de un Gran Parque Central en Alicante sin barreras.

Ayúdanos a difundir esa información para provocar que el Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento modifiquen el proyecto del soterramiento, ahorrándonos 300 millones de € (equivalentes a 50.000 millones de PTA).

Si lo que ves te parece bien, reenvía el enlace, por favor.

Documental Propuesta Estacion Intermodal Alicante
by artegalia

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Carta a José Chamizo de la Rubia – Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor

José Chamizo de la Rubia

Ilmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz


Cádiz, 10 de Enero de 2009


Estimado Sr. Defensor:


A través de estas líneas queremos trasladarle los hechos de que hemos sido testigos presenciales y que hemos vivido con enorme impotencia y consternación.


El día 31 de Enero acompañé a Sara, amiga de mi hija, junto a su compañero David, dos jóvenes de 24 y 22 años respectivamente, pareja de hecho, ambos con discapacidad en diferentes grados, al hospital de la Seguridad Social del Puerto de Sta. María para asistir a la consulta del ginecólo para una ecografía. Los encontré dos días antes en Cádiz. Al ver el avanzado estado de gestación de Sara e interesarme por ella me contaron que estaba a punto de cumplir y que vivían en casa de los padres de David, en San Fernando después de haber estado durante todo el embarazo huyendo de sus respectivas familias. Ese día, el del encuentro, me ofrecí a llevarlos sorprendida de que tuvieran la cita en el Puerto de Santa María cuando vivían en San Fernando. El ginecólogo, durante la ecografía, les explicó que la niña estaba encajada., que estaba bien y que tendrían que volver el día 12 para la prueba de los registros. No obstante, le indicó que si tenía alguna molestia propia del parto debía acudir al hospital Puerta del Mar en Cádiz para dar a luz. El doctor les explicó que podría romper aguas, que podía tener las contracciones.


Tras la consulta almorzamos juntos en el Puerto de Sta. María y estuvimos hablando de esto, fundamentalmente. Sara me hacía preguntas sobre cómo era, si dolía mucho. Yo le hablaba para tranquilizarla. Pasé con ellos parte de la tarde. Durante las casi cuatro horas que estuvimos juntos dio tiempo de hablar de muchas cosas. Progresivamente me siguieron contando cómo, con quién y dónde habían vivido –incluyendo el pinar por el que pasamos junto al hospital- , en verano. Y como ya lo habían venido haciendo durante el trayecto desde San Fernando, donde los recogí, continuamos hablando y hablando hasta llegar de nuevo a su casa donde nos despedimos quedando en que los llamaría y ellos me darían un toque si había alguna novedad. Esa misma noche me enviaron un mensaje para felicitarme el año nuevo que aún conservo en el móvil.


El día 7 recibí un toque del teléfono de David. Muy nervioso pero muy contento me dijo que Sara estaba de parto. Acudí de inmediato al hospital. Cuando llegué, a las 13;20, Sara acababa de dar a luz a una niña preciosa a la que iban a poner por nombre Esmeralda.. Pude pasar a verla y Sara me recibió muy contenta aunque adormilada y agotada. Me dijo que le había dolido muchísimo pero que era muy feliz, me decía una y otra vez que era otra, una nueva Sara. Y se deshacía en piropos a su niña con gran júbilo. Al mismo tiempo, muy bajito y muy seria y muy triste me dijo que a lo mejor se la iban a quitar porque se lo habían advertido en los servicios sociales. Yo no podía dar crédito a aquello y la tranquilicé diciéndole que no sería así puesto que allí la tenía. Ella me insistió diciéndome que le habían advertido que se la llevarían al nacer si seguía viviendo en aquellas condiciones, sin luz ni agua, en casa de los padres de David..


Fuera, en el pasillo, hablé con David, quien me dijo lo mismo que Sara, y que ellos comprendían que esas no eran condiciones para que viviera la niña pero que habían buscado por todos lados trabajo y casa y que no habían podido encontrar nada mejor.


Durante los días 7 y 8 de enero pasé con ellos la mañana y la tarde hasta la noche hablando sin parar. Me fueron contando todos los problemas familiares. Yo conocía los de Sara por haber sido amiga de mi hija desde hacía casi diez años pero no los de David y mucho menos los de su familia.


Durante los días 7 y 8 de enero Sara, desde el primer momento, y siguiendo las indicaciones de la matrona en el paritorio, dio de mamar a su hija. Antes de subir a la planta cuarta presencié su gran paciencia y disfrute, aguantando con su dedo índice la parte delantera del pezón para que, como le había indicado la matrona, la niña pudiese respirar. Vi como la niña tragaba y como Sara, la madre, insistía y cuando descansaba la tomaba David en sus brazos. También, transcurrido más o menos una hora, una enfermera le hizo entrega de los papeles para inscribir a su hija en el registro. David los cogió y los guardó en una carpeta. Al día siguiente fue al registro pero le dijeron que como eran pareja de hecho tenían que ir ambos.


También estuvimos presentes cuando una trabajadora social del hospital, Estrella es su nombre, fue a verla sobre las 14:00 horas y cuando salió me preguntó quien era yo. Le respondí que era amiga suya. Ella me dijo que la encontraba muy asustada y desconfiada, “como si se la fuera a quitar”. Le dije a Estrella que, al parecer, y según me habían dicho los propios padres, los Servicios Sociales se lo habían anunciado. Ella me dijo que no sabía nada.

Eran las 14,30 aproximadamente del día 7 de Enero cuando los iban a subir a planta. Como eran más de las tres salí a comprarle a David un bocadillo para que pudiese comer allí. Con muchísima preocupación pero confiada por verlos tan felices con su hija me fui a casa sabiendo ya que iban a subirlas a la habitación 416.


El día 8 acudí con una amiga, alertada por el miedo de los padres, a las trabajadoras sociales del hospital a trasladarle su preocupación y la mía y a ofrecerme para cualquier mediación de apoyo a los padres. Debo decir que tomaron nota de mis teléfonos y me informaron que el tema estaba en Menores pero que no podían informarme de nada. Por mi parte, trasladé toda la información de la que disponía acerca de las grandes dificultades con las que los encontré el día 31 y, según ellos mismos me contaron, durante toda la gestación, así como que, según me habían explicado Sara y David, no habían recibido ayuda y solo un ofrecimiento por parte de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, el de abortar, a lo que ellos se negaron respondiendo que habían querido engendrarla para tenerla.


Por la presente, queremos denunciar:


1) la excesivamente dolosa y violenta actuación hacia los padres el día 9 al retirarle a su hija engañándolos. La enfermera les dijo que la llevaban al pediatra y, sin mediar ninguna explicación previa, a pesar de que nos ofrecimos para ello a la trabajadora social de la Junta de Andalucía y les rogamos que respetaran que había allí presente con la madre un ATS que le había estado explicando la necesidad de sacarle sangre para ponerle una transfusión sanguínea, le entregaron una resolución por el que les citaban en la Delegación Provincial de Igualdad y en la Jefatura de Menores. La trabajadora social, ante los requerimientos de Sara para que les dieran una explicación le dijo “te lo habíamos dicho, Sara, si seguíais viviendo en esas condiciones, en esa casa sin agua ni luz, te íbamos a quitar la niña” David quería salir de la habitación a buscar a la niña y entre dos miembros de las fuerzas de seguridad lo aguantaron de los brazos y le empujaron hacia un armario. De todo lo cual fuimos testigos no sólo nosotros, sino todo el personal sanitario y auxiliar, que en ese momento estaba de Servicio en la planta cuarta del Hospital Universitario “Puerta del Mar” de Cádiz.


El día 12, lunes, mi marido acompañó a David a Menores donde el padre volvió a manifestar su deseo de recuperar a su hija lo más rápidamente posible. Mi marido les explicó claramente que, a su juicio, después de haber permanecido con los padres durante todos estos últimos días, les cree capaces de criar y educar a su hija, naturalmente con todas las ayudas y apoyos que sean necesarios. Es más cree que sería aconsejable una recuperación inmediata para evitar, en la medida de lo posible, que no se rompa el vínculo entre madre e hija.


Nos mueve a ello el deseo de que se respeten los derechos de los padres y de su hija a recibir la protección y la ayuda necesaria para que, ya que así lo decidieron y comunicaron en su día a la Jefatura de Menores, puedan encargarse de la tutela de su hija. Con toda la ayuda y la mediación de los profesionales que se estimen oportunos. Y puesto que residen en un hogar que reúne las condiciones de habitabilidad imprescindibles como es, en la actualidad, el piso tutelado de AFANAS en el Puerto de Santa María, le devuelvan a su hija, ya que por encima y al mismo nivel de la menor, que ya ha sido violentamente apartada de ellos y privada del pecho de su madre y del cariño de ambos, así como del vínculo afectivo más inmediato y prioritario que las leyes naturales establecen, están los derechos inviolables de unos padres a cuidar y criar a su hija como ya lo hicieron por propia voluntad y sin ayuda de nadie durante la gestación.


2) Que después de la violenta retirada de la hija no apareció nadie por el Hospital durante todo el fin de semana, ni de los servicios sociales ni especialista clínico para asistir a los padres de tan cruel impacto psicológico.


3) Que tras acudir mediante un permiso hospitalario de Sara, al Centro de Acogida San Carlos (de Chipiona), donde se encuentra su hija el pasado día 13 de Enero, visita en la que pudieron estar con ella una sola hora. A la semana siguiente, conforme a lo establecido, pidieron a Menores telefónicamente visitarla. En principio se les comunicó que podrían visitarla el martes día 20. Cuando los padres se hallaban preparados para el desplazamiento avisaron desde Menores para comunicar a los padres que no podrían visitar a su hija hasta el miércoles 21. Este hecho, unido a insistentes presiones mediante llamadas telefónicas de la TV Andaluza a través del programa “Mira la vida”, ofreciéndoles hotel a la pareja y la oportunidad de recibir llamadas telefónicas desde la Administración de Bienestar Social para devolverle a la niña, provocaron en Sara una crisis de ansiedad que tuvo lugar esa misma mañana del martes día 20.


4) Que a pesar de ello Sara no ha recibido asistencia médica ni psicológica hasta la fecha.


5) Que a pesar de sus requerimientos aún no se les ha facilitado la oportunidad de acudir al Registro Civil a inscribir a la niña, ya que la Asociación de Afanas, en El Puerto de Santa María, dispone de la carpeta con la documentación que ambos entregaron a la psicóloga y la trabajadora social de Afanas en nuestra presencia el día 16, fecha del alta y del acogimiento de ambos en el piso tutelado. Carpeta que contiene toda su documentación y que incluye las hojas para el registro de su hija, así como la comunicación que, por escrito, dieron a sus padres el funcionario y la trabajadora social Yolanda de la Junta de Andalucía y el expediente administrativo abierto el día 12 en presencia de mi marido. Todo entre otros muchos documentos personales.


6) Que David manifiesta no poseer el dictámen de su calificación de minusvalía y que tiene que ir al EVO de Cádiz para recogerla ya que, según él, lo que posee es una minusvalía sensorial del 85% y no una minusvalía psíquica. Trámite que, según David nos manifiesta a fecha de hoy, tiene que hacer en los Servicios de Valoración, tanto acompañado por la trabajadora social de Afanas o por él mismo. Hasta no tener dicho dictámen no podemos entrar a valorar si, caso de que David no tenga reconocida una minusvalía psíquica, el atropello por parte de Menores, sea aún mayor.


Dicho todo esto con el mayor respeto y acatamiento a las normas legales, pero sin renunciar por ello a que se ponga urgentemente remedio a los evidentes errores que se han cometido y se siguen cometiendo en este caso, respetándose los derechos de la madre y del padre a ejercer como tales, derechos recogidos en el art. 23 de la Convención de la ONU, y a recibir la atención de los servicios profesionales y jurídicos que necesiten, junto a la de los Servicios Sociales; así como la menor, quien además de haber sido privada de los beneficios de la lactancia materna, continúa aún sin recibir los cuidados y el cariño de sus progenitores, cuando más los necesita y cuando, también ellos, más la necesitan, porque la tuvieron porque la deseaban, como ellos mismos manifestaron en el programa “Mira la Vida” de Canal Sur, porque “si no la hubiesen sabido cuidar no la habrían hecho” y porque la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Bienestar e Igualdad Social y la jefatura de Menores, con solo dos días, se la arrebató violentamente.


Atentamente:


Fdo.

Eloisa Marín Fernández y Manuel José Ramos Ortega