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Cartas de los lectores. Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Carta abierta de Carmen Calpena para Angélica Such

 

Angélica Such

No confundamos, consellera

No nos confundamos en que los pocos avances que la Comunidad Valenciana haya podido experimentar con la aplicación de la Ley de Dependencia hayan sido por voluntad política del conseller de turno: no, señores. Hay decenas de colectivos y plataformas de dependientes que se han visto a lo largo de estos casi tres años, obligados a recordarles a los conselleres de cada momento que no estaban haciendo bien los deberes por el que se les pagaba, y eso ha hecho que miles de grandes dependientes que en su día solicitaron prestaciones y servicios se marcharan sin ver ni un solo euro de sus derechos. ¿Será esa una de las causas por la que Bienestar Social alarga los plazos? Si no es así es que no hay suficientes trabajadores sociales para llevar una mejor aplicación de la ley, lo que demuestra que la Generalitat Valenciana carece de sensibilidad política para el colectivo más vulnerable de esta sociedad. Los dependientes sólo son cifras y pilares de folios aparcados encima de las mesas de los despachos municipales, no importa el calado aterrador de muchos historiales médicos, difíciles de sobrellevar tanto por el esfuerzo físico, psíquico o económico de los familiares. Por lo tanto, señora Such, sólo la presión popular de los afectados les hace a ustedes de vez en cuando dar un empujoncito a la atascada documentación, cuya dejadez, por revanchismo político, hace que los dependientes sean utilizados en un tira y afloja de sus mangoneos partidistas.
Carmen Calpena Galiana

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¿Piratas o carroñeros?... Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

¿Y después que nos dirán cuando nos pidan el voto?…

 

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BIENESTAR SOCIAL
 

El 40% de los dependientes, en lista de espera

El 39,72 por ciento de las personas a las que se les ha reconocido como beneficiarias del Sistema de Dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentran en lista de espera para que les asignen los servicios a los que tienen derecho.

REDACCIÓN Así lo asegura un informe del sindicato CCOO, que indica que el grado de implantación del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana es, tras el de Madrid, el más bajo de España, ya que los dictámenes solo alcanzan el 0,76 por ciento sobre el total de población. CCOO lamentó que algunas comunidades, como Valencia, Canarias y Murcia, hayan externalizado la valoración de la dependencia y que en algunas regiones las personas dependientes esperan tres meses para obtener la valoración, mientras que en otras este plazo llega a un año. A nivel nacional, casi cuatro de cada diez personas reconocidas como beneficiarias de la Ley de Dependencia esperan a que les asignen una prestación concreta, según CCOO, que reclama que del Plan E se consoliden 400 millones para un Fondo de Excelencia para la Dependencia.

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La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

La verdades a medias siempre resultan una mentira

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

Bienestar Social

 

El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes

 

El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 – El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales

LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA

La aportación de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los parámetros correctos del modelo de financiación. Así lo confirma el informe Financiación y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer informó Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

                                                                                                  

Por el contrario, otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios. 

                                                              

Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.

                                                                                              

Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad autónoma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos más correcto tener sólo en cuenta el nivel mínimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan.                                                                                                                    

La peor aplicación de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, según los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones).

         

Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.

El estudio también revela que el coste de un dependiente al año en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al año. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existiría un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes.

                      

Tarjeta para discapacitados en 2010

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que en 2010 se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantación se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas. Según resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

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¿Piratas o carroñeros?... Denuncia Pública Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Con paso de tortuga

 

 

 

Manifestación en Alicante LOS DEPENDIENTES SIGUEN BATALLANDO POR LA APLICACIÓN DE UNA LEY QUE,  EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ES PAPEL MOJADO

 

A las puertas del tercer aniversario de la Ley de la Dependencia, su aportación  en la zona sigue siendo ínfima. De hecho, se calcula que sólo el 3% de las 2.500 personas que han solicitado el amparo de esta normativa en Alcoy y comarca reciben actualmente alguna ayuda. El porcentaje de dependientes que han fallecido esperándola es, por el contrario, del 7%. Sin embargo, el problema no es sólo de cantidad si no también de calidad porque la administración ha zanjado la atención a los dependientes con una aportación económica mensual que sirve para legalizar ante la Seguridad Social la ayuda que reciben pero que no contenta a todos, especialmente a aquellos que creen que la norma debería hacer honor a su nombre – oficialmente, se llama Ley de Promoción de la Autonomía – y ofrecer recursos en lugar de dinero. Esa es, de hecho, la actual batalla de la Plataforma de afectados, que prepara un acto en Alcoy por los tres años de la Ley. Algunos afectados de la zona han llegado, incluso, a los tribunales.

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¿Publicidad engañosa? La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

 

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

El Síndic de Greuges valora el interés de Angélica Such por resolver los asuntos pendientes de la Ley de Dependencia

26 de octubre de 2009.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.

En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.

Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".

Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.

Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.

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Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Such admite ´esperas indebidas´ en la tramitación de la Ley de Dependencia

 

 

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BIENESTAR SOCIAL

 

Suma y sigue

POLÕTICA// LLEGADA DE LOS CONSELLERS AL PLENO DE LA REMODELACI”N. ANG…LICA SUCH.

´Mantendré un clima de colaboración con los afectados por la Ley de Dependencia´

 

(Titular de la entrevista realizada el día 30 de agosto de 2009)

 

La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma.

 

A. PRADO

 

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga".

Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura".

La consellera, no obstante, recordó que el informe del comité de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la práctica y su inestabilidad, ya que las comunidades autónomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley. Por ello, reclamó financiación "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que ésta se realice "en función, no sólo del número de personas, sino de los recursos con los que se atienden".

Añadió que en el último año la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez irá a más" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestación o servicio. Respecto al desajuste en la contabilización de expedientes entre el Gobierno central y el autonómico, la consellera apuntó que "el sistema estadístico del Gobierno no respondía a las cifras que teníamos" y, tras la aprobación de un sistema homogéneo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".

Such afirmó que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentará un 22% con respecto al año anterior y, en términos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecerá un 13%.

Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunció ayer que los dependientes tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Gobierno valenciano. Así lo afirmó el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas.

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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse".

 

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TRIBUNALES

 

Bienestar Social logra suspender el primer juicio por la Ley de Dependencia

 

La juez levanta la vista al plantear el abogado de la Generalitat que la demanda se traslade al TSJ

 

 

 

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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse". Alicante

El padre de Ayeisa sostiene una camiseta de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

 

Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.

La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.

image Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.

Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.

Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.

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Calabuig: “Si Camps no hubiera boicoteado la Ley de Dependencia habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y 20.000 nuevos empleos”

 

 

02 de octubre de 2009

El diputado socialista por Valencia destaca que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es el que más ha apoyado a la Comunitat Valenciana “en los últimos 25 años”

El diputado socialista en el Congreso por Valencia, Joan Calabuig, ha destacado hoy que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la dotación para la dependencia “ha aumentado en el conjunto del Estado de manera muy notable”. “Si esta apuesta fundamental de los socialistas que ha sido la Ley de Dependencia no hubiera sido boicoteada conscientemente en la Comunitat Valenciana por Francisco Camps, en estos momentos habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y probablemente se habrían creado ya 20.000 empleos más”, ha criticado. Empleos que no se han creado “precisamente por esta falta de compromiso del gobierno de Camps”.


Calabuig que ha hecho estas valoraciones en una rueda de prensa, ha expresado su “satisfacción”, porque “éste es el Gobierno de España, un Gobierno socialista, que ha apostado en mayor medida por esta Comunitat en los últimos 25 años”. Este es, según ha añadido, “un hecho incontestable, absolutamente fundamentado en todos los datos objetivos que se puedan dar”. 
El diputado socialista ha declarado que hay “dos elementos fundamentales” en este presupuesto. Por un lado, es la “apuesta por la protección social” y por otro, es “intentar dar un impulso a un nuevo modelo productivo que nos permita salir fortalecidos de la crisis”. Además, ha admitido que se trata “evidentemente” de un presupuesto “austero”, porque lo que quiere es “empezar a iniciar el camino hacia el reequilibrio de las cuentas públicas una vez superemos la crisis”.

A este respecto, ha indicado que donde se hace más hincapié es “en el gasto social y, fundamentalmente, en la protección de las personas que han quedado sin empleo y en la inversión productivo para salir de la crisis”. En este sentido, ha declarado que los datos de gasto social no son ajenos a la Comunitat Valenciana, puesto que hay 250.000 personas que se han quedado sin empleo y, por lo tanto, “el hecho de que éste sea un presupuesto que apoya a estas personas quiere decir que hay miles de valencianos y valencianas que van a poder estar protegidos en una situación de dificultad”.

Además, ha recalcado que esta Comunidad tiene una tasa de paro superior al resto de España, con lo que “el hecho de que el Gobierno central apueste por estas personas es especialmente beneficioso para muchos miles de valencianos”.

También ha querido apuntar que en esta Comunidad hay 260.000 pensionistas “que saben que pueden estar tranquilos, porque tienen un gobierno que está apostando por ellos”. “Ante los cantos de sirena permanentes del PP que plantea recortes sociales y recortes del presupuesto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está claramente comprometido con la constante mejora del nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ha argumentado.

En el caso de los jóvenes, ha destacado que “evidentemente el incremento de las becas supone una clara apuesta por la igualdad de oportunidades”. Así, ha recordado que en esta Comunidad “con nombres y apellidos hay más de 71.000 jóvenes que reciben ese apoyo” y “este año habrá 2.800 que podrán también acceder” a estas becas.

De esta manera, el diputado socialista ha apuntado que “pese a la propaganda del Consell”, de quien sólo hay “anuncios vacíos, mentiras y planes que jamás se llegarán a concretar”, estamos ante “el Gobierno que claramente más se ha comprometido con esta Comunidad”. Se trata de la Administración que “está combatiendo más activamente la crisis” aquí. “Es, precisamente, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que los valencianos y valencianas pueden confiar para impulsar la salida de la crisis”, ha declarado.

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Cuando un pueblo tiene mayor conciencia que sus gobernantes…

 

Levante-EMV.com » Comarcas

 

Más de 200 vecinos de Chiva exigen un cuidador para un niño discapacitado

 

La madre pide tres años al Consell, del acompañante, pero sólo se lo da 30 minutos a la semana.

Aarón, junto a sus compañeros del instituto Marjana.

 

 

Aarón, junto a sus compañeros del instituto Marjana. 

levante-emv

AGENCIAS VALENCIA Algo más de 200 personas, entre alumnos, padres y profesores, se concentraron ayer en el Instituto de Educación Secundaria Marjana de Chiva para reclamar un cuidador para un estudiante de 12 años con distrofia muscular, según informaron fuentes de los convocantes.

La madre del alumno, Amparo Navarro, explicó a Efe que el motivo de la concentración era pedir "dignidad" para Aarón, su hijo, que va en una silla de ruedas a causa de su enfermedad y necesita una persona de apoyo para moverse por el instituto. Aarón, que cursa segundo de la ESO y es de Chiva, "no puede ir solo al baño, cambiar de clase o bajar al patio", por ello Amparo ha solicitado durante tres años a la Generalitat que se le asigne un cuidador. "Nos asignan a una persona, pero sólo 30 minutos a la semana", ha afirmado, "de manera que hasta la una del mediodía mi hijo no puede ir al baño, que es cuando acude la cuidadora que nos han asignado".

Amparo va todos los días al instituto para llevar al baño a su hijo, mientras que el resto de tareas se las reparten entre sus compañeros de clase, que le guardan los libros en la mochila, le llaman el ascensor o le ayudan a ponerse la chaqueta.

Hace dos años que Aarón va en una silla de ruedas eléctrica y, como explica su madre, "cuando se le rompe no puede ir al colegio, porque con la de mano necesitaría a alguien que le empujara por el instituto toda la mañana". Además, este año las cosas se han complicado aún más para el niño, puesto que en el instituto "en cada asignatura los alumnos cambian de aula".

Amparo agradeció "el apoyo" de los compañeros de su hijo en el instituto, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y de los profesores y el personal del centro educativo, y mostró su esperanza de que la protesta "sirva para conseguir lo que exigimos pero recalcó que "no deben ser chavales de 12 o 13 años los que se ocupen de estas cosas".

"Estos niños deben tener una persona de apoyo durante todo el horario escolar por ley", afirmó Amparo, quien añadió que "lo único" que quiere es "una educación digna para Aarón".

El próximo lunes ha sido citada para mantener una reunión con una representante de la Conselleria de Educación en la que reclamará "una solución inmediata" para la situación del niño, avanzó. "No voy a parar hasta que llegue al instituto y me digan que hay una persona que estará pendiente de mi hijo, que en este momento está desamparado", lamentó.

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¿Piratas o carroñeros?... Artículo de opinión. En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Vida Independiente

Como bien dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos".

 

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TRIBUNA

 

LEY DE DEPENDENCIA 

Mª CRUZ GALLEGO SORIA

Mariano Rajoy en su escaño

Como dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos". Qué gran frase y qué bien le queda a quien la dice. Pero debe ser que cuando Rajoy daba esta gran lección de democracia en una de sus comunidades preferidas, no estaba muy atento: lo hizo en la Comunidad Valenciana. Parece que, su hasta ahora conseller de Bienestar Social, no ha logrado entender esta parte de la democracia y se ha dedicado a impedir de manera vergonzosa que las personas dependientes de esta comunidad puedan ejercer su derecho a las prestaciones y servicios que les da desde el 1 de enero de 2007, la Ley 39/2006, conocida como la Ley de Dependencia. Y el presidente Camps, que parece que tampoco estuvo cuando se dio esta lección, lo premia por su gran labor al frente de Bienestar Social, dándole la Conselleria de Urbanismo. Pero para entender mejor estos argumentos, vamos a hacer un balance del resultado desde el uno de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley en esta nuestra comunidad: tres veces menos de solicitudes de lo que cabría esperar según población. ¿Será que se están falseando los datos para minimizar su nefasta gestión? Servicio estrella: plazas residenciales, y por si alguien aún no lo sabe, casi el 40% de las residencias de esta Comunidad pertenecen a la familia del señor Cotino. 15 plataformas en defensa de la ley de dependencia (esperemos que Ángela Such, la nueva consellera que llevará Bienestar Social, estuviera presente cuando Rajoy dio esta clase magistral).

En Aspe y Hondón de las Nieves, de 323 solicitudes, sólo 11 ya son beneficiarias de la ley.Pero de esas 11, nueve han logrado ejercer su derecho, puesto que a dos les llegó después de fallecer, el 2,7 % de los solicitantes tras 2 años y 8 meses después de su entrada en vigor.

Los procesos que te llevan a ser beneficiario de la ley como mucho son de nueve meses, con lo que todos los grandes dependientes tendrían que ser beneficiarios desde septiembre de 2007, sin embargo, en Aspe los primeros beneficiarios empiezan a serlo a partir de 2009.
81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía sin ser valoradas, han solicitado la prestación, y aún no les han llamado de Valencia para venir a valorarlos. Esto supone que al 25% de solicitantes aún no se les ha hecho ni caso después de 2 años y 8 meses. Del 75% restante que si ha sido valorado sólo 13 tienen una resolución del PIA, paso último antes de recibir el servicio.

El resto está atascado en cualquier parte del proceso. La emisión de informes sociales corresponde al ayuntamiento y, aunque hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para agilizarlos, lo cierto es que resulta insuficiente. Y mientras éstos no se realicen o se ralenticen, los dependientes seguirán esperando y desesperando porque no accederán a lo que la ley les concede. Si el ayuntamiento no tiene medios para que se siga manteniendo una segunda trabajadora en los servicios destinados a la dependencia, que se los exija al Gobierno valenciano. Pero no se puede seguir esperando, cuando en otras comunidades la implantación es del 100% y desde que los plazos lo establecen.

En junio salió publicado el tercer dictamen del observatorio sobre el desarrollo y la implantación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Este dictamen pretende poner de manifiesto la situación actual de la ley en cada comunidad. Tiene una parte en la que se habla de las buenas prácticas en esta materia de muchas comunidades y otra con los criterios y resultados obtenidos por cada una.

¡Y qué vergüenza!, un apartado especial con portada propia para la Comunidad Valenciana: Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana. Formadas por personas en situación de dependencia y sus familiares, con el apoyo de sus profesionales y ciudadanos, en defensa de sus derechos y contra las malas prácticas de su comunidad, reconociéndose y apoyándose la gran labor que están realizando en la lucha para que en esta comunidad se aplique y se implante la ley de dependencia.

Mientras, en otras comunidades reciben halagos, aquí se forman 15 plataformas porque no se cumple la ley, con multitud de quejas y demandas a la sindicatura para presionar al Gobierno valenciano, manifestaciones, concentraciones,É Incluso se ha conseguido en Alicante un servicio de asesoramiento especializado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados y se está luchando por conseguir una colaboración en Valencia para que sea posible un turno de oficio especializado.

En esta comunidad hay que ganarse el derecho en los tribunales.