TURNO DE OFICIO
El decano de los abogados advierte de que no admitirá protestas que perjudiquen al ciudadano.
TURNO DE OFICIO
Multa de 600 Euros
Frecuentemente recibimos y enviamos correos con alguna chorrada graciosa o alguna noticia interesante a muchos de nuestros contactos. Esto es una práctica normal y no se le puede poner reparo.
Esta "inocente" acción supone una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y conlleva aparejada una sanción de 600€, que por cierto, ya han recibido muchos ciudadanos españoles que ni siquiera eran conscientes de que estaban realizando algo ilegal (aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento).
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08.11.09 –
BEATRIZ LLEDÓ VALENCIA
Profesionales del centro Casaverde trabajan las habilidades de los pacientes
RAFA ARJONES
ÁFRICA PRADO
La Conselleria de Sanidad prevé concertar 40 plazas con el Centro de Daño Cerebral Sobrevenido de Alicante para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes en fase sub-aguda, una vez estos obtienen el alta hospitalaria tras ser atendidos de un episodio de daño cerebral.
Este centro, perteneciente al grupo Casaverde y ubicado en Mutxamel, funciona desde 2001 como una unidad que ahora ha sido transformada en centro monográfico dedicado al daño cerebral adquirido (DCA), cuyo día mundial se celebra hoy. El DCA es una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas de carácter físico, psíquico o sensorial. Entre las causas más comunes figuran los traumatismos craneoencefálicos y los ictus o accidentes cerebrovasculares, además de tumores cerebrales o causas de origen infeccioso.
Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral, unas 300.000 personas padecen este tipo de lesiones, de los que buena parte de ellos se producen por accidentes de tráfico.
El centro de Casaverde, con 100 camas y 40 plazas de centro de día, lleva siete años atendiendo a pacientes con estas lesiones procedentes de toda España, ya que apenas existen instalaciones de este tipo y el Ministerio de Sanidad tiene concertadas 40 plazas para la rehabilitación y reinserción de pacientes de larga estancia, cuya estancia media oscila entre 7 y 15 meses y donde el principal objetivo es trabajar en las habilidades preservadas.
El presidente de Casaverde, Alberto Giménez, señala que el centro prevé formalizar en breve plazo un concierto con la Conselleria de Sanidad para asistir en la fase previa a pacientes de la Comunidad Valenciana, una vez atendida la urgencia vital, con el fin de reducir en lo posible las secuelas producidas por un daño cerebral.
"En este caso, la estancia es de 3 ó 4 meses de media, con un tiempo máximo de 6 u 8 meses", indica Giménez, que añade que "trabajamos muy intensamente para reducir o minimizar sus déficits funcionales, motores, de memoria, del habla, e incluso trastornos de conducta que en ocasiones se producen".
El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de 90 profesionales sanitarios, que incluye neurólogo, neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. La unidad de rehabilitación, donde la mitad de los pacientes proviene de la provincia y la otra, de otros puntos del país, tiene en lista de espera a una veintena de personas.
El 50 por ciento de los pacientes atendidos han sufrido un ictus, el equivalente cerebral a un ataque al corazón, y el porcentaje restante ha sufrido un accidente, por lo que en ocasiones las edades corresponden a gente joven.
El responsable del centro destaca a su vez la importancia de logar en la medida de lo posible la vida autónoma del paciente afectado por daño cerebral y para ello, subraya, "es necesario en muchas ocasiones realizar terapia con los familiares porque estas situaciones son un drama y a veces el familiar puede frenar el tratamiento rehabilitador".
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) –
La magistrada jefa del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General de poder Judicial (CGPJ), Paloma Marín, alertó hoy de la resistencia de varios tribunales para aplicar la Ley Integral contra la violencia machista al tener en cuenta el supuesto síndrome de alienación parental (SUP), que "carece de rigor científico". A su juicio, esta consideración por parte de los tribunales "refleja el mandato subliminal de reducir las denuncias por parte de las mujeres".
Este síndrome surge en el marco de los litigios para la guardia y custodia de los hijos, y pretende justificar que los menores mienten en contra del progenitor, manipulados por sus madre, según explicó la magistrada durante su intervención en el III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Tomando como base 200 sentencias judiciales, Marín destapó que este supuesto SAP aparece como un instrumento creado para la "estigmatización de la mujer", y que "sirve para enfrentar normas que permitan un avance en el disfrute de los derechos de las mujeres". Este síndrome está presente en un 77% de la jurisdicción civil estudiada y en un 23 por ciento de la penal.
Asimismo, la magistrada señaló que en varias de estas sentencias se afirma la conveniencia del SAP en el caso enjuiciado, e incorporan la mención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como si éste se hubiera pronunciado sobre su contenido, sentido o base científica. "El TEDH sólo recoge este síndrome no en su pronunciamiento sino al citar las alegaciones de una de las partes", aclaró.
Por otra parte, Marín reveló que entre los fallos estudiados, en dos de los dictados por audiencias provinciales aparece la creación de otro síndrome, que "emparenta" con el supuesto SAP, y que tiene un origen "misógino" en la propia formulación, como es el ‘síndrome de la madre maliciosa’.
En cuanto a la forma en que el síndrome de alienación parental tiene su entrada en las resoluciones judiciales, la magistrada explicó que se produce bien a través de informes, bien por directo posicionamiento del tribunal, o bien por alegaciones de las partes -por la asistencia letrada del padre y también "se empieza a ver más" por la asistencia de la madre–.
No obstante, señaló que las mayoría de las resoluciones que mencionan el SAP "asumen su supuesta existencia". En este sentido, aseguró que algunos fallos no cuestionan su existencia como síndrome y que, por tanto, se adoptan decisiones con fundamento no en hechos ciertos o contrastados, lo que, a su juicio, "resultaría impensable en otros ámbitos del Derecho".
Aconsejable completar la información visualizando el documental de Michael Moore sobre la sanidad americana titulado SICKO (actualmente en canal plus)
ELENA G. SEVILLANO – Madrid – 21/10/2009
Estaba nervioso. Le iban a operar de cataratas para tratar de salvar el último resto de visión que podría conservar en el ojo izquierdo, el único que le queda. Jesús Pérez, de 59 años, estaba el pasado lunes en el quirófano, con la vía intravenosa puesta, el oxígeno, las gotas de anestesia local y el desinfectante en torno al ojo. Listo para la intervención, programada para las 12.30. Tardaban mucho. Preguntó. "Parece que hay algún problema", contestaban las enfermeras. No le decían cuál. Al otro lado de la puerta, su mujer, Aurora Gil, no podía creerse lo que estaba pasando. "Me dijeron que lo sacaban del quirófano. Que había un recibo devuelto de 166,44 euros".
La clínica asegura que Sanitas denegó la operación porque había un impago
Cinco días antes todo estaba correcto, según un volante de la compañía
Así fue. Jesús se tuvo que volver a casa. De nada sirvieron los esfuerzos de su mujer por arreglar la situación. Al parecer, el banco había devuelto el último recibo trimestral de su aseguradora médica, Sanitas. Pero a ellos nadie los había avisado, ni el banco ni la compañía. Cuando Jesús llevaba un rato en quirófano, Sanitas llamó a la clínica oftalmológica privada, Vissum, y denegó la autorización. Aurora llamó a su hijo para que fuera a un banco a ingresar el dinero. Lo hizo a las 13.24, pero la clínica no esperó. "¡Pero si ya está pagado!", insistía ella."Me dijeron que tenían más pacientes que operar", recuerda Aurora. "Es la primera vez que estando un paciente preparado la compañía no autoriza la operación", afirmó ayer una portavoz de Vissum, cuyo relato de los hechos coincide con el de Jesús y Aurora. La pareja llegó a la clínica con un volante de Sanitas que no estaba correcto. Autorizaba la operación de dos cataratas, pero el paciente sólo tiene un ojo. Además, faltaba añadir otra técnica quirúrgica, una trabeculectomía (drenaje).
"Es muy habitual que las autorizaciones de las compañías lleguen con errores", explicó la portavoz de Vissum. En esos casos, añadió, lo que se hace es ir preparando al paciente mientras se soluciona el papeleo, de forma que no se pierda tiempo. "Nos suelen mandar la autorización correcta por fax en minutos y entonces se empieza la operación".
Parecía que el caso de Jesús era uno más. Sanitas aseguró en un principio que enviaría el fax. "Pero al rato llamaron y dijeron que no autorizaban la operación porque había un impago de recibos", afirmó la portavoz. El equipo médico esperó una hora la tramitación. Jesús, tendido sobre la camilla y preguntando qué pasaba, también. "Sin autorización, el cirujano no puede intervenir", resumió la portavoz.
Sanitas no pudo explicar ayer lo sucedido. "El paciente tenía un recibo pendiente", recordó una portavoz de la aseguradora privada. "Hay un tiempo para hacer el recobro. Normalmente, se avisa de la morosidad", añadió. No pudo precisar si en este caso se había hecho. "Sentimos muchísimo lo que ha pasado y abriremos una investigación".
"Han tratado a mi marido como a un perro por 166 euros", se lamentaba ayer Aurora en su piso del barrio de La Concepción. Ella también está enferma y ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse de su marido, que hace ocho meses perdió el ojo derecho y la poca visión que tenía en el izquierdo a causa de una infección. Desde entonces, Jesús, vendedor de cupones de la ONCE, está de baja. Y su mujer, cuidándole día y noche. También tiene problemas de corazón. "Sin mí no puede hacer absolutamente nada. Todavía está aprendiendo a vivir sin ver nada", explica.
Suponen que, cuando llegó el recibo de Sanitas, el banco lo devolvió porque la cuenta estaba vacía. Tenían el pago domiciliado y no se preocupaban de cuándo se lo pasaban. Lo que no entienden es cómo un único recibo impagado ha podido provocar esta situación. Aurora muestra el volante expedido por Sanitas para autorizar la operación. Ella misma fue a recogerlo. Tiene fecha del 14 de octubre, sólo cinco días antes de la intervención. "Ni una llamada de aviso, ni una carta", insiste.
Aurora pudo solucionar el problema la misma tarde de la intervención. Sanitas comprobó que había hecho el pago y le entregó un papel, a modo de autorización temporal. La tarjeta ya se la habían dado de baja. "El paciente ha hecho el pago y tiene una nueva cita", afirmó ayer la portavoz de Sanitas.
Jesús se operará las cataratas el 2 de noviembre. "¿Y ya está? ¿El daño está arreglado? Mi marido no es un perro que se pueda sacar de un hospital así. Es una cuestión de humanidad. Esto no se le puede hacer a nadie. No puede volver a pasar", insistía ayer Aurora entre sollozos. "Está sin tomarse la medicación [sintrom, un anticoagulante de la sangre] hace 15 días. ¿Y si le llega a pasar algo?". Jesús, sentado a su lado en el sofá, escuchaba y asentía. Él sólo supo lo que pasaba cuando lo sacaron del quirófano: "Me quedé pasmado. Lo normal hubiera sido que me operaran y luego se arreglara el tema burocrático. No nos negamos a pagar en ningún momento, todo lo contrario".
Aconsejable completar la información visualizando el documental de Michael Moore sobre la sanidad americana titulado SICKO (actualmente en canal plus)
ELENA G. SEVILLANO – Madrid – 21/10/2009
Estaba nervioso. Le iban a operar de cataratas para tratar de salvar el último resto de visión que podría conservar en el ojo izquierdo, el único que le queda. Jesús Pérez, de 59 años, estaba el pasado lunes en el quirófano, con la vía intravenosa puesta, el oxígeno, las gotas de anestesia local y el desinfectante en torno al ojo. Listo para la intervención, programada para las 12.30. Tardaban mucho. Preguntó. "Parece que hay algún problema", contestaban las enfermeras. No le decían cuál. Al otro lado de la puerta, su mujer, Aurora Gil, no podía creerse lo que estaba pasando. "Me dijeron que lo sacaban del quirófano. Que había un recibo devuelto de 166,44 euros".
La clínica asegura que Sanitas denegó la operación porque había un impago
Cinco días antes todo estaba correcto, según un volante de la compañía
Así fue. Jesús se tuvo que volver a casa. De nada sirvieron los esfuerzos de su mujer por arreglar la situación. Al parecer, el banco había devuelto el último recibo trimestral de su aseguradora médica, Sanitas. Pero a ellos nadie los había avisado, ni el banco ni la compañía. Cuando Jesús llevaba un rato en quirófano, Sanitas llamó a la clínica oftalmológica privada, Vissum, y denegó la autorización. Aurora llamó a su hijo para que fuera a un banco a ingresar el dinero. Lo hizo a las 13.24, pero la clínica no esperó. "¡Pero si ya está pagado!", insistía ella."Me dijeron que tenían más pacientes que operar", recuerda Aurora. "Es la primera vez que estando un paciente preparado la compañía no autoriza la operación", afirmó ayer una portavoz de Vissum, cuyo relato de los hechos coincide con el de Jesús y Aurora. La pareja llegó a la clínica con un volante de Sanitas que no estaba correcto. Autorizaba la operación de dos cataratas, pero el paciente sólo tiene un ojo. Además, faltaba añadir otra técnica quirúrgica, una trabeculectomía (drenaje).
"Es muy habitual que las autorizaciones de las compañías lleguen con errores", explicó la portavoz de Vissum. En esos casos, añadió, lo que se hace es ir preparando al paciente mientras se soluciona el papeleo, de forma que no se pierda tiempo. "Nos suelen mandar la autorización correcta por fax en minutos y entonces se empieza la operación".
Parecía que el caso de Jesús era uno más. Sanitas aseguró en un principio que enviaría el fax. "Pero al rato llamaron y dijeron que no autorizaban la operación porque había un impago de recibos", afirmó la portavoz. El equipo médico esperó una hora la tramitación. Jesús, tendido sobre la camilla y preguntando qué pasaba, también. "Sin autorización, el cirujano no puede intervenir", resumió la portavoz.
Sanitas no pudo explicar ayer lo sucedido. "El paciente tenía un recibo pendiente", recordó una portavoz de la aseguradora privada. "Hay un tiempo para hacer el recobro. Normalmente, se avisa de la morosidad", añadió. No pudo precisar si en este caso se había hecho. "Sentimos muchísimo lo que ha pasado y abriremos una investigación".
"Han tratado a mi marido como a un perro por 166 euros", se lamentaba ayer Aurora en su piso del barrio de La Concepción. Ella también está enferma y ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse de su marido, que hace ocho meses perdió el ojo derecho y la poca visión que tenía en el izquierdo a causa de una infección. Desde entonces, Jesús, vendedor de cupones de la ONCE, está de baja. Y su mujer, cuidándole día y noche. También tiene problemas de corazón. "Sin mí no puede hacer absolutamente nada. Todavía está aprendiendo a vivir sin ver nada", explica.
Suponen que, cuando llegó el recibo de Sanitas, el banco lo devolvió porque la cuenta estaba vacía. Tenían el pago domiciliado y no se preocupaban de cuándo se lo pasaban. Lo que no entienden es cómo un único recibo impagado ha podido provocar esta situación. Aurora muestra el volante expedido por Sanitas para autorizar la operación. Ella misma fue a recogerlo. Tiene fecha del 14 de octubre, sólo cinco días antes de la intervención. "Ni una llamada de aviso, ni una carta", insiste.
Aurora pudo solucionar el problema la misma tarde de la intervención. Sanitas comprobó que había hecho el pago y le entregó un papel, a modo de autorización temporal. La tarjeta ya se la habían dado de baja. "El paciente ha hecho el pago y tiene una nueva cita", afirmó ayer la portavoz de Sanitas.
Jesús se operará las cataratas el 2 de noviembre. "¿Y ya está? ¿El daño está arreglado? Mi marido no es un perro que se pueda sacar de un hospital así. Es una cuestión de humanidad. Esto no se le puede hacer a nadie. No puede volver a pasar", insistía ayer Aurora entre sollozos. "Está sin tomarse la medicación [sintrom, un anticoagulante de la sangre] hace 15 días. ¿Y si le llega a pasar algo?". Jesús, sentado a su lado en el sofá, escuchaba y asentía. Él sólo supo lo que pasaba cuando lo sacaron del quirófano: "Me quedé pasmado. Lo normal hubiera sido que me operaran y luego se arreglara el tema burocrático. No nos negamos a pagar en ningún momento, todo lo contrario".
EFE / INFORMACION.ES
El grupo socialista en Les Corts ha propuesto reducir entre un 25 y un 50 por cien las tarifas en MetroValencia, TRAM Alicante y Bus guiado Castellón para las personas con grado y discapacidad igual o superior al 33 por ciento y empadronados en la Comunitat Valenciana.
En un comunicado, el portavoz de Infraestructuras del PSPV-PSOE en Les Corts, Francesc Signes, ha destacado esta propuesta de un total de 44 que han presentado los socialistas al proyecto de ley de la Generalitat, de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana, en trámite parlamentario y cuyo debate en Comisión de Infraestructuras se producirá el próximo viernes.
Según Signes, la propuesta socialista consiste en la creación de una tarjeta descuento que se implantará en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, "por la que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) establecería un sistema de tarifas reducidas".
El diputado socialista en Les Corts considera muy importante que todos los plazos incluidos en la ley empiecen a aplicarse desde la entrada en vigor de ésta, y no a partir de su desarrollo reglamentario.
La propuesta del grupo socialista supondrá que las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, acogidas a este sistema, "tendrán el derecho de ser acompañadas por otra persona que disfrutará de las mismas condiciones económicas de viaje que la persona con discapacidad".
Además, este sistema se aplicará también a "los futuros medios de transporte que puedan crearse en otras ciudades" de la Comunitat Valenciana y "podrán ser beneficiarios los extranjeros residentes" en nuestra comunidad que reúnan las condiciones ya indicadas y que estén empadronados más de seis meses.
El diputado ha señalado que "los potenciales beneficiarios de esta ley, que no del sistema de descuento, pueden suponer cerca del 40% de la población" que reside en la Comunitat, ya que afecta a "las personas con discapacidad permanente, a los colectivos de personas de edad avanzada no discapacitadas y a las personas con circunstancias transitorias que resulten discapacitantes".
El grupo socialista ha presentado un total de 44 enmiendas "para mejorar el proyecto" y, según Signes, "un número importante de ellas va dirigido a evitar que este proyecto de ley no interfiera, ni vacíe de contenido la normativa valenciana" y "tenga en cuenta la legislación estatal básica en esta materia".
Finalmente, Signes ha considerado muy importante que todos los plazos incluidos en la ley "empiecen a aplicarse desde la entrada en vigor de ésta y no a partir de su desarrollo reglamentario".
AYUDAS | En colaboración con Upapsa
elmundo.es | Alicante
Actualizado lunes 19/10/2009 13:23 horas
La Obra Social de CAM ha destinado 17.000 euros al programa denominado ‘ERE de salida’ del Servicio de Integración Laboral de UPAPSA, que toma los expedientes de regulación de empleo "como punto de salida de nuevas estrategias laborales", según informó la organización humanitaria.
Con motivo de la firma este lunes del convenio de colaboración entre ambas entidades, los responsables del servicio de Integración Laboral de UPAPSA destacaron que para el 2009-2010 este servicio pondrá en marcha de nuevas líneas de actuación estratégicas encaminadas al sostenimiento del empleo de personas con discapacidad e incapacidad permanente total.
Para ello, está previsto reforzar la difusión de las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios, para la contratación a través de nuevas tecnologías, planes presenciales a los empresarios y establecimiento de alianzas con los principales sindicatos para la vigilancia especial de los trabajadores con discapacidades cuanto a su situación actual.
Así mismo, esta iniciativa dará especial atención a sus condiciones actuales, no discriminación en los reajustes de plantillas y expedientes de regulación de empleo, así como las vías de inclusión de aquellos afectados por ERE en los servicios específicos de orientación y búsqueda de empleo activo a través de SIEM para su recolocación y nueva ubicación laboral.
La colaboración de Obra Social CAM con UPAPSA se desarrolla desde hace años, fue una de las principales fuentes de financiación en la puesta en marcha de la Vivienda de Respiro Familiar de Emergencia de UPAPSA, servicio pionero en España y que ha conseguido tras 10 años de funcionamiento el reconocimiento de todo el sector.
En la actualidad, la colaboración de la Obra Social CAM se centra en el Servicio de Integración Laboral de UPAPSA iniciado en el año 1998, fecha desde la cual ha posibilitado la integración laboral de más de 980 personas con discapacidad en empresas privadas de la provincia.
El servicio de Integración Laboral de UPAPSA cuenta también con subvenciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, según recordaron las mismas fuentes.