Servimedia / Madrid- 11/11/2009
El presidente del Cermi de la Comunidad de Madrid, Javier Font, ha pedido un Plan Estratégico de Empleo para personas con discapacidad que acometa actuaciones con implicación y participación de todas las consejerías necesarias para conseguir los objetivos deseados.
Font, que compareció ante la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid para informar de la situación de este colectivo y explicar sus reivindicaciones, señaló que el desempleo afecta más a este grupo que al resto de ciudadanos y dijo que hay que hacer una especial mención a las mujeres con discapacidad, que viven una mayor desventaja para alcanzar los mismos porcentajes de inserción.
Propuso fortalecer las redes de mujeres con discapacidad a través de la formación para el empleo como mejor manera de conseguir su autonomía y promocionar actuaciones específicas destinadas a fomentar el análisis de los efectos de la doble discriminación que padecen las niñas y las mujeres con discapacidad de nuestra Comunidad, dedicando una especial atención a las mujeres afectadas por una discapacidad grave, inmigrantes, las que residen en el ámbito rural, o viven situaciones de violencia.
Explicó que la crisis está afectando duramente a las personas discapacitadas y explicó que el 60% de los Centros Especiales de Empleo ha reducido su facturación durante el primer trimestre en más de un 20%, que el riesgo de destrucción de empleo afecta al 50% de los mismos centros y que el número de contratos ha descendido en cantidades muy preocupantes.
Señaló que, si Madrid se prodiga por ser uno de los motores económicos de nuestro país, incluso, la locomotora de España, las personas con discapacidad quieren tener su espacio para colaborar en ello y hacer el recorrido juntos para enriquecer, aún más, nuestra sociedad
Propuso, para conseguir este objetivo, corregir graves deficiencias derivadas de una insuficiente calidad en el empleo, una persistente discriminación en la contratación de personas con discapacidad, por falta de información real de las capacidades laborales de las personas con discapacidad hacia el empresario, y una alta tasa de temporalidad, hechos que nos llevan a tener que trabajar en ajustes razonables.
Pidió, asimismo, reforzar las relaciones y mejorar la coordinación entre los Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo, que se delimiten competencias y mejoren los procesos de inserción, en colaboración con los servicios de intermediación de las organizaciones de las personas con discapacidad, es pieza clave en una estrategia de inserción laboral.
Existen carencias acentuadas que ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha una auténtica política de formación, capaz de llegar y motivar al sector discapacidad, sobre todo en zonas rurales de nuestra comunidad, en las que las personas con discapacidad son más invisibles, dijo Font, quien puso de manifiesto la necesidad de potenciar la formación para ser más competitivos y un aumento de las medidas de discriminación positivas hacia las personas que padezcan una discapacidad severa que les impida o reduzca las posibilidades de acceso al empleo.
Entre ellas, aumentar el porcentaje de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el empleo público de la Comunidad de Madrid, dentro del 6% existente para personas con serias dificultades de inserción, así como que este porcentaje no sea global para cada convocatoria, si no para cada oposición.
Font planteó durante su intervención la necesidad de atender las necesidades de este colectivo no sólo desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sino de manera transversal.
Siempre hemos observado como todo giraba alrededor de los Servicios Sociales como el paraguas protector que, cargado de actuaciones, se basaba en la caridad y la beneficencia, dijo Font, quien defendió que las políticas de integración se acometan de manera transversal, si queremos conseguir el principal objetivo que es la plena integración social de todas las personas con discapacidad’.
También defendió mejoras en el modelo de financiación de las entidades sociales que representan a personas discapacitadas, la autonomía personal de este colectivo y medidas de atención temprana para reducir los problemas derivados de la discapacidad
LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA
Rafael J. Álvarez | Madrid
La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.
Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.
También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.
Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.
Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.
Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.
Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.
Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?
Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.
“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.
Fuente: AVADEC
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.
En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.
Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".
Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.
Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.
BIENESTAR SOCIAL
Nueva pelea presupuestaria. Se veía venir, porque a las comunidades autónomas les está costando más dinero que al Estado, pero muchas de ellas dan largas a los exámenes iniciales de la dependencia para reducir los gastos. Las ayudas a la dependencia son el nuevo campo de batalla entre Gobierno y comunidades autónomas, política social frente a recortes presupuestarios.
El Gobierno sostiene que la mitad de los costes derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser sufragados por las autonomías y pueden ser cubiertos de manera suficiente con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que entrará en vigor en 2010 y que contiene un incremento en el reparto de los ingresos que va desde el 33% hasta el 50% del IVA. Otro 50% en el caso de los ingresos por el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el 58% en el capítulo de los impuestos especiales.
Zapatero parece tener muy claro que los gastos que origine el Sistema de Dependencia deben sufragarse con ingresos impositivos y descarta otras vías complementarias de financiación, como las planteadas en el informe de cinco expertos independientes elaborado a petición del Congreso de los Diputados.
Este estudio, presentado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, proponía cinco formas de conseguir más recursos para una financiación que permita la aplicación suficiente de los servicios que hay que dar a los más de 800.000 dependientes reconocidos hasta el momento.
En este informe se proponía subir el IVA otros dos puntos o aumentar la cesión de lo recaudado de este impuesto a las comunidades; establecer una cotización para la pensiones, que los pensionistas paguen parte del coste de las recetas en las farmacias; recuperar el Impuesto sobre Sucesiones o suscribir un seguro obligatorio a partir de una determinada edad.
A pesar de todas estas recomendaciones, Zapatero está dispuesto a que las comunidades autónomas aumenten sus recursos propios para reducir sus déficits. Así, en 2008, diez de las diecisiete comunidades autónomas incumplieron el objetivo presupuestario que habían acordado con Economía.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera presentó un informe en el que se comprueba que más de la mitad de las comunidades había superado el límite pactado, que se situaba en el 0,75% del PIB. El problema es estructural, porque las comunidades más endeudadas fueron las que más se alejaron del objetivo inicial.
Es por ello, que la futura Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno aprobará en las próximas semanas, prevé modificar el Impuesto sobre Circulación de los vehículos para que grave en mayor medida a los automóviles más contaminantes y sea más asequible para los pequeños utilitarios, tal y como se hizo con el de Matriculación.
En este texto, también se prevé incluir nuevos incentivos fiscales para las inversiones en eficiencia energética, energías renovables e I+D, que se aplicarán a través de desgravaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.
Se trata de un cambio de estrategia a favor de las comunidades autónomas, después de que el Ministerio de Ciencia e Innovación perdiese en la partida destinada a programas de I+D+i de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 con un descenso del 3,1% respecto a 2009.
Mientras tanto, los ayuntamientos acumulan una deuda de 32.677 millones de euros —el 3,1% del PIB, según el Banco de España—, y los Presupuestos Generales para 2010 no van a ayudarles a sanear sus cuentas. La financiación de las haciendas locales de cara al año que viene cae un 18,2%, lo que supone casi 3.000 millones menos para las maltrechas arcas municipales. Este será el próximo capítulo de la lucha por las partidas presupuestarias.
Hace unas fechas, en una reunión que mantuvieron las diferentes plataformas constituidas en la comunidad valenciana, la correspondiente a la comarca del Medio Vinalopo (Aspe, Hondón de las Nieves y La Romana), nos mostraron una recopilación de recortes de prensa con relación a las noticias y actividades que habían generado desde julio a septiembre de 2009 y nos gustó la colección. Se habló de recibir copias para tenerlas en cada una de las plataformas y así poder consultar, leer o recordar algunos acontecimientos.
Pues bien, ahora acabamos de recibir por correo electrónico, unos cuantos ficheros que recogen esa interesante iniciativa y la traemos hoy para mostrarla, como una curiosidad y para que los amantes de la historia, pues sin lugar a dudas, un día toda esta frenética actividad por lograr todo lo que siendo nuestro se nos niega desde el gobierno valenciano, será historia que la podrán conservar en sus particulares hemerotecas.
Al tratarse de ficheros en formato .pdf que por su amplitud se alojan fuera de esta Weblog, puede demorar un poco su aparición en función de su peso peso.
Días 10 y 16 de septiembre de 2009
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Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Bienestar social
EP/LEVANTE-EMV.COM
La diputada del grupo socialista en las Corts valencianes Rebeca Soler mostró hoy su "temor" ante la posibilidad de que el Consell esté "ultimando el traslado de los enfermos mentales a residencias privadas que no cubren sus plazas, a cuenta de los fondos percibidos a través de la ley de la Dependencia".
En un comunicado, Soler consideró que éste "es el legado que ha dejado el ex conseller de Bienestar Social, Juan Cotino" y advirtió de que el PSPV "no va a consentir la privatización de más recursos, ni un paso atrás en el reconocimiento y regulación de los centros para enfermos mentales".
La diputada lamentó que el borrador de la nueva orden de Bienestar Social, que ahora dirige Angélica Such, "influye directamente en la atención de estos enfermos", puesto que "modifica el registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana". Añadió que esto "impedirá mantener la idea de la atención específica a las personas con enfermedad mental y convertirá los centros en meros aparcamientos".
En este sentido, Soler anunció que los socialistas exigirán la comparecencia de la consellera en la próxima comisión de Política Social, para que explique en qué términos queda este nuevo plan. La diputada esperó "una mayor sensibilidad de Such para atender a los enfermos y a sus familias", aunque manifestó su "recelo" porque consideró que la gestión de la consellera "podría estar tutelada por Juan Cotino".
Así, reclamó a Such que "atienda a las reivindicaciones" que ha presentado la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en forma de alegaciones al borrador del plan integral que prepara el Consell. Entre las exigencias de este colectivo citó "la creación de centros de día, la ampliación de los servicios o la elaboración de programas de inserción laboral o dirigidos a la población del Psiquiátrico Penitenciario".
