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Denuncia Pública Discriminación Noticias sobre la LEPrA

El colectivo Papás de Alex denuncia las irregularidades en la aplicación de la LEPA que hace la Generalitat de Catalunya.

 

SOCIEDAD | Denuncia ciudadana

 

 

Generalitat_de_Catalunya-logo-CBABF319A1-seeklogo.comLa Generalitat reduce en 2009 las ayudas a  discapacitados          

 

 

  • Rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad desaparecen.                                         

  • El Departamento de Acción Social se niega a dar información.

Efe | Barcelona

Las asociaciones que representan a personas con discapacidad psíquica han denunciado que la Generalitat ha eliminado, sin ofrecer alternativa alguna, las ayudas económicas de las que se beneficiaba este colectivo incluidas en las llamadas PUA, el programa de atención a los discapacitados.

La convocatoria de la PUA correspondiente al año 2009 no contempla, a diferencia de otros años, las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, precisamente los tratamientos que utilizan más las personas con una discapacidad psíquica.

La desaparición de estas ayudas no ha sido comunicada a los hasta ahora beneficiarios, que se han encontrado de repente con que no pueden solicitar la prestación económica sin saber por qué motivo ni si cuentan con otras alternativas, según han explicado familiares de personas que se beneficiaban de estas subvenciones.

Antonio Moreno, presidente del Colectivo Papas de Alex, una entidad que aglutina a familiares de discapacitados, ha asegurado que la Generalitat aduce que las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad están previstas en la cartera de servicios sociales, "pero en ningún lugar se especifica cómo se pueden solicitar" y desconoce incluso si existe un modelo específico de solicitud.

"Las familias que recibían estas ayudas están perdidas y sólo se encuentran con el silencio de la administración cuando preguntan por la manera de solicitarlas. Sospechamos que su eliminación debe tener algo que ver con los recortes presupuestarios, pero no creemos justo que sean los más desfavorecidos y frágiles de la sociedad los que paguen por la crisis", ha afirmado Moreno.

V.S.E., padre de un niño con una discapacidad psíquica, se ha mostrado indignado por el hecho de que, tras recibir un año una ayuda para logopedia integrada en las PUA, Acción Social haya decidido eliminar esta prestación de la convocatoria del 2009 "sin dignarse ni a informarnos, y sin darnos alternativa alguna cuando hemos requerido si se trataba de una reestructuración y podíamos solicitar la ayuda de otra manera".

"A mí me ha llevado bastantes años enterarme de que existían estas ayudas de la Generalitat. Y ahora, cuando ya creía tener controlada la situación, resulta que vuelvo al punto inicial y me encuentro con una administración opaca que parece que tiene como objetivo intentar eludir las peticiones de ayudas en lugar de prestar servicios", afirma.

El departamento de Acción Social no ha respondido a la petición de información sobre estas ayudas, aunque en la convocatoria de 2009 de la PUA efectivamente no se prevé ninguna prestación para rehabilitación del lenguaje, psicomotricidad y fisioterapia.

 

Por otra parte, Antonio Moreno ha denunciado que Acción Social ha denegado una solicitud de ayuda de atención domiciliaria aplicando unas instrucciones internas del departamento que no están publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en lugar de hacer referencia a decretos u órdenes.

Esta situación crea "indefensión" en las familias, afirma Moreno, porque "cuando les notifican la resolución denegatoria dicen que te aplican la normativa de la convocatoria y en realidad lo hacen en base a instrucciones no que no aparecen en el DOGC".

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¿Piratas o carroñeros?... Denuncia Pública Divulgación Noticias sobre la LEPrA

¿Piratas o carroñeros? Si esperan dos años más igual les sale gratis la ley…

 

La Voz de Galicia

Fecha de hoy: Lunes 10 de agosto del 2009

Sociedad

Dependencia

 

Galicia pierde 4.400 dependientes tras la revisión de las listas oficiales

 

La comunidad autónoma pasa de 44.897 beneficiarios a 40.426, según los datos del Imserso.

Muchos son fallecidos que no recibieron la ayuda a tiempo, lo que alerta sobre la excesiva demora de los trámites.

Autor: Alfonso Andrade
Fecha 8/8/2009

 

Galicia pierde dependientes. En concreto, 4.471 personas con derecho a prestación de algún tipo por la aplicación de la ley de dependencia. El Consejo Interterritorial de la Dependencia, en el que se integran el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, realizó una revisión de las listas oficiales, cruzándolas con los listados de defunciones y otros baremos restrictivos.

Como resultado se produjo una depuración que arroja, según las asociaciones de afectados consultadas por La Voz de Galicia, resultados más realistas sobre el número de dependientes que hay en todo el Estado y en la comunidad autónoma. Galicia pasa de 44.897 beneficiarios a 40.426, según la revisión a 1 de agosto del año en curso, cuyos resultados figuran en la web del Imserso. En España, la corrección rebaja en 77.531 el número de personas con derecho a prestación.

Según el ministerio, esta depuración se produce en la mayoría de los casos por defunciones, lo que confirma que la lentitud burocrática para tramitar y otorgar las prestaciones (a veces, dos años) hace que numerosos enfermos se queden por el camino sin llegar a percibir ayudas a las que tenían derecho.

Fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar Social precisan que, aparte de los fallecidos, hay también personas que no subsanaron errores en la tramitación de documentos, mientras otras retiraron voluntariamente sus solicitudes al ver que no cumplían los requisitos. Esto explica también la revisión a la baja en el número de solicitudes para Galicia, que pasa de 69.264 a 59.964 tras la depuración de las listas (9.300 menos)

Más del 10%

Los 4.471 beneficiarios de Galicia que desaparecen de los archivos oficiales representan algo más del diez por ciento del total, lo que confirma con datos ministeriales la previsión de las asociaciones de afectados, que llevan meses advirtiendo de que la lentitud del sistema privaría de los beneficios de la ley a ese porcentaje, situando entre los perjudicados a los fallecidos durante el proceso burocrático.

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Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

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Denuncia Pública Divulgación Noticias sobre la LEPrA

Ojalá se mueran, piensan los gestores de la LEPAP.

 

El sistema creado con la LEPAP incentiva el retraso en el reconocimiento de prestaciones: los muertos no cobran. Así que ya sabemos cómo va el juego.

Otro motivo más para organizarse y exigir derechos (y para conservar los que se tienen):

 

 

La Voz de Galicia

Fecha de hoy: Lunes 10 de agosto del 2009

Sociedad

El Consejo Interterritorial planteó qué hacer con las prestaciones en curso en los casos de los difuntos

Fecha 8/8/2009

Las últimas reuniones del Consejo Interterritorial de la Dependencia sirvieron para realizar una puesta en común y decidir qué hacer con las prestaciones de beneficiarios que han fallecido durante la tramitación de sus expedientes, sin que se haya concretado una solución.

En el caso de las ayudas económicas, algunas comunidades abonan a las familias del difunto el dinero desde el mes de aprobación de la solicitud hasta el momento del deceso. Pero otras, por el contrario, suprimen ese efecto retroactivo y no pagan. Galicia, en principio, no paga. En estos casos, la reciente depuración de las listas oficiales y, en consecuencia, el descenso en el número de beneficiarios puede suponer un beneficio económico evidente para la Administración.

De los 40.426 beneficiarios con derecho a prestación que hay en Galicia, según las nuevas listas publicadas por el Imserso, 27.244 son dependientes de grado III, y 13.182, de grado II.

El artículo 26 de la ley de dependencia contempla tres niveles. El I, de dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria (ABVD) al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente. El grado II, de dependencia severa, es cuando la persona precisa ayuda para varias ABVD dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador, o tiene necesidades de ayuda importante para su autonomía personal. Y el III, de gran dependencia, incluye a quienes necesitan ayuda para realizar varias ABVD varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona.

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Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

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Discriminación La LEPrA y la Generalitat Valenciana Noticias sobre la LEPrA

Lo auténticamente “vergonzoso” es que sea el dependiente quien siempre salga perdiendo, mientras que la clase política es la que siempre gana y si no… ¡se sube el sueldo o le toman medidas!.

 

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

La Comunitat ha perdido ya 31 millones para dependencia en los últimos seis meses

 

El PSPV considera "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno de la pérdida de fondos "cuando es consecuencia del boicot a la ley estatal"

J. G. G. VALENCIA

 
La Comunitat perderá unos 60 millones del nuevo fondo de 1.200 millones para personas dependientes de toda España incluido en la reforma de la financiación autonómica. Pero la sangría es aún mayor. Nada menos que 31 millones es lo que se ha dejado de ingresar para estas personas en tan sólo seis meses por la escasa ejecución de la Ley de la Dependencia, según denunció ayer el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres. La Comunitat, que cuenta con el 10,90% de la población de España, sólo ha tramitado el 4,9% de las prestaciones reconocidas (el 5,67% sin incluir País Vasco y Navarra). Hay, por ejemplo, 19.378 beneficiarios reconocidos, menos que Castilla-La Mancha (20.020) o País Vasco (34.704).

Torres, quien consideró "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno central de la pérdida de fondos cuando, según dijo, es "consecuencia del boicot a la Ley de la Dependencia", indicó que en estos seis meses del año el Consell ha ingresado menos por tres vías. De un lado, el fondo anticrisis de Zapatero incluyó 400 millones para dependencia. La Comunitat ha recibido 36 millones, cuando, de haber estado al nivel del resto de España en aplicación de la ley, le hubieran correspondido 7 más, 43. A esto se añade el reparto de los 283 millones del llamado "nivel acordado" para financiar la Dependencia en este año: El Consell, de haber cumplido, tendría derecho a 31 millones, pero sólo percibirá 26,4.

La tercera pata es el abono de 865 millones por las prestaciones mes a mes en función de los beneficiarios existentes: De contar con el 10% del total, la Comunitat ingresaría más de 80 millones en todo el año, la mitad hasta junio. Pero como sólo tiene el 4,9%, sólo han llegado unos 20. En total, alrededor de 31 millones. Torres advierte que ya en 2008 se perdieron otros 31 millones.

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Noticias sobre la LEPrA

Matilde Fernández, 1 – Jesús Caldera, 0

 

 

Madrid

matildefernandez

Matilde Fernández (PSOE) considera un "handicap" que la Ley de la Dependencia no se haya hecho en el marco del Estado

 

  

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   La ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández (PSOE) consideró un "handicap" que la Ley de la Dependencia no se haya creado en el marco de la Seguridad Social y de las competencias del Estado.

   "Sigue siendo tremendo que esta ley no la hayamos hecho nacer en el marco de la Seguridad Social y en un principio con las competencias del Estado, porque la lealtad entre administraciones sigue siendo una asignatura pendiente de este país", indicó la diputada autonómica, que dijo que en "cada vez que el Gobierno de la Nación plantea algo, esta comunidad plantea lo contrario".

   En segundo lugar, Fernández dijo que otro fallo es "no haber desarrollado desde el principio el subsistema sociosanitario", y añadió que la continuación entre los social y lo sanitario es una asignatura "pendiente" en el país y en particular en esta Ley.

   Fernández hizo estas declaraciones durante unas jornadas sobre la Ley de Dependencia, en las que también participó el vicepresidente de la fundación ‘ideas’, Jesús Caldera, que criticó la buena situación económica desde 1994 no se "tradujo en ningún derecho social" y señaló que algunas tesis conservadoras ‘neocon’ defendían que "dosis determinadas de desigualdad generan más incentivos económicos" y consideró que en ese mundo la política social es un "estorbo".

   Durante su intervención, Caldera se refirió al accidentado regreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Togo y la calificó de "importantísima" para quienes creen en los derecho humanos y los que creen que el mundo "tiene que ser más justo" y que hay que implementar políticas progresistas.

   El socialista hizo memoria de los días en los que impulsó la creación de la ley de la Dependencia y citó los tres modelos posibles en ese momento como es el más asistencial, el alemán que está relacionado con la vida laboral activa o el que lo ve como un derecho de todos los ciudadanos.

   Así, Caldera dijo que "esta ley es un derecho que quiere garantizar la autonomía, y por lo tanto la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los seres humanos en un estadio bastante avanzado de los derechos sociales" y dijo que "el PP tiene un concepto distinto de los valores que deben predominar en la sociedad".

   El socialista indicó que la Ley de Dependencia crea empleo y recordó a los detractores de esta ley que, en plena época de crisis, "el único sector que ha creado empleo en España es el sociosanitario, fundamentalmente gracias a la Ley de Dependencia".

   Además, reseñó que "la Ley de Dependencia como derecho incorpora la posibilidad de los ciudadanos de recurrir ante los tribunales cuando no se produzca la aceptación de ese derecho. "Espero que en Madrid se vean muchas sentencias en favor de los ciudadanos debido al comportamiento de la derecha", agregó.

   "Entiendo al impaciencia de las familias afectadas por los retrasos, y tienen toda la razón, pero esta ley hubo que hacerla compatible con la capacidad de las administraciones regionales", afirmó y recordó que el Gobierno de España, en plena época de crisis, ha invertido 2.000 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia. "Pero si todo el mundo hubiera hecho la misma aportación de recursos nuevos, a estas alturas se contaría ya con 4.000 millones de euros", apostilló.

   Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que "lo más lamentable del bloqueo de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid" es que hay que escuchar "cómo el Gobierno de Aguirre dice que en esta región ya se atendía a la dependencia, lo cual es falso".

   "Este discurso pone de manifiesto la diferente concepción de lo que nos distancia entre un derecho, que es lo que generó la ley, y un sistema de atención. El avance cualitativo que supone la Ley de Dependencia es la generación de un derecho social, es la diferencia entre los que creemos en los derechos y en las leyes, y quienes todavía siguen pensando en la beneficencia y el asistencialismo", sentenció.

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Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Divulgación Noticias Noticias sobre la LEPrA

La salud mental ´no es un negocio´

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

Denuncia social

La Plataforma en defensa de salud mental pública de Valencia se ha concentrado esta mañana en la Plaza de la Virgen para reclamar mejoras y más apoyo por parte de los políticos.

18:05

MIGUEL ANGEL MONTESINOS

MIGUEL ANGEL MONTESINOS

La Plataforma en defensa de salud mental pública de Valencia se ha concentrado esta mañana en la Plaza de la Virgen para reclamar que la salud mental “no es un negocio” y proclamar que el Padre Jofré, que fundó el primer psiquiátrico del mundo hace 600 años, “no estaría orgulloso de los gobernantes valencianos”.

Los convocantes han formado un círculo con una tela verde en la plaza, y han mostrado pancartas en las que podían leerse frases como “Con los 186’4 millones de euros de más que se han gastado en Terra Mítica, ¿no podrían haber contratado más profesionales”.

Otras pancartas pedían viviendas tuteladas, supervisadas y autónomas, trabajo digno o centros específicos para los enfermos mentales.

Fuentes de la organización han denunciado que la ciudad de Valencia cuenta con 10.000 enfermos mentales graves y que 50.000 personas sufren esquizofrenia en la Comunitat Valenciana, de las cuales entre el 35 y e 50 por ciento no están en tratamiento.

También han señalado que, en el 85% de los casos, la persona que cuida al enfermo es la familia y que “prácticamente no existen” cuidadores, con el consecuente “sufrimiento físico y emocional”.

La plataforma, compuesta por asociaciones de familiares y personas con transtornos mentales graves, profesionales del ámbito social y de la salud en general, y otros colectivos solidarios, ha criticado que los gastos de personal en sanidad para la salud mental sólo han aumentado un 5% en diez años.

También han lamentado que la subvención de sanidad para las asociaciones “ha disminuido un 7%” respecto a la del año 2000, y han reivindicado que dedicar recursos a la salud mental es una inversión “inteligente”.

Asimismo, han reclamado menos medicamentos y más viviendas tuteladas y atención domiciliaria, así como prevención y rehabilitación para que estos enfermos no se conviertan en crónicos.

Fuente.

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Denuncia Pública Desmentido de la Plataforma de Alicante. La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

Pasamos de ruegos a gentes sin conciencia. Exigimos respeto y que nos den lo que por Ley nos corresponde, lo contrario sería un clamoroso robo en toda regla.

 

Sr. Camps, Sr. Cotino, Sr. Joaquín Martínez, desde la voz que somos de toda la ciudadania valenciana le ROGAMOS Y EXIGIMOS RESPETO.

No tiene desperdicio el escrito y la sarta de mentiras que son capaces de decir. Si no fuera por las consultas desesperadas que nos llegan desde los afectados al correo de la Plataforma… Les recordamos que la Comunidad Valenciana es la penúltima en solicitudes (0´78 respecto a la población) y otros datos a fecha 1 de mayo 2009.

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Fuente: Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Valencia

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La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

Un educador para Aarón

 

 

La ausencia de normativa en la Comunidad Valenciana deja a 19 niños con Síndrome de Duchenne y de Down sin apoyo en sus centros escolares

NEUS CABALLER

"Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El educador de apoyo para Aarón nunca llegó", cuenta Amparo Navarro, madre de este alumno de 12 años, que estudia 1º de ESO en el instituto público Marjana de Chiva, en Valencia. Aarón no puede andar. Vive en una silla de ruedas porque padece el Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.

Generalmente, la debilidad muscular afecta primero a los pies, el frente de los muslos, la cadera, la barriga, los hombros, codos y después afecta a los músculos de las manos, la cara y el cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.

Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con este mal además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación, tengan la oportunidad de "madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el médico que en octubre evaluó a Aarón en el centro escolar donde ha estrenado su primer curso de la enseñanza secundaria. En tres años, certifica el historial médico, Aarón ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% en la actualidad. Sin embargo, el personal de apoyo autorizado por la Consejería de Educación aún no ha llegado, cuando falta un mes para acabar el curso.

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre. En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aarón, con este tipo de distrofia muscular muy inusual. Sólo la padecen tres de cada 10.000 niños varones, mientras que la epilepsia afecta a ocho de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja a 5 por 1.000.

Desde la Consejería de Educación se limitan a decir que "se está al tanto de la reivindicación de los educadores" y que "se está analizando la situación para el próximo curso, ya que es ahora cuando se está viendo la planificación". El problema, no obstante, es crónico en la Comunidad Valenciana, por la falta de un decreto autonómico que normalice la situación de los educadores que trabajan exclusivamente para el sistema educativo. Como son funcionarios de la Consejería de Administraciones Públicas, existe la paradoja de que al comienzo del curso había 70 plazas de educadores sin cubrir en medio centenar de municipios valencianos.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. – Miguel Yuste 40 – 28037 Madrid [España] – Tel. 91 337 8200

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Noticias sobre la LEPrA

En estas comunidades impone el PP su particular boicot a la Ley de Dependencia.

 

 

ELPAIS.com  >

Madrid y Valencia superan el 50% de las quejas al

Defensor del Pueblo sobre Dependencia

 

Los trámites de algunos ciudadanos se dejaban en suspenso sin avisarles.

 

El número de fallecidos sin percibir la ayuda es "significativo".

 

CARMEN MORÁN – Madrid

Las personas que padecen algún tipo de dependencia están viéndose en severos aprietos en las Comunidades de Madrid y de Valencia. Ellas dos acumulan más de la mitad de las quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo en 2008. Quejas de ciudadanos a nivel individual. Reclaman que se les reconozcan los derechos establecidos en la Ley de Dependencia desde 2006 y algunos piden ayuda porque nadie en la administración regional les informa sobre cómo va la tramitación de la solicitud que presentaron hace meses.

 

La normativa que estas dos comunidades han desarrollado para tramitar las solicitudes de los ciudadanos alarga los trámites y deja en algunos casos a la gente en una completa indefensión. En Madrid algunos se han agrupado y han buscado la asistencia de abogados, que han denunciado esta normativa regional. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha admitido a trámite su queja. En Valencia también se han organizado los ciudadanos, que han contado con la colaboración del Colegio de Abogados, que ha destinado un turno de oficio sólo para atender y cursar las reclamaciones de los ciudadanos. Les asesoran gratuitamente y les hacen los recursos previos a la vía judicial. Así que, una ley prevista para ofrecer ayuda a los más necesitados se ha convertido en algunas comunidades en un descalabro para muchos usuarios.

En la Comunidad Valenciana se reconoce que han dejado en suspenso los trámites de algunos ciudadanos cuando percibían que su grado de dependencia era moderado o leve y por tanto, no estaban obligados a conceder la ayuda en 2008. Y se dejaba el caso apartado sin comunicar nada al ciudadano. El Defensor recuerda la "obligación" que tiene la Administración de dictar resolución expresa sobre las solicitudes que formulen las personas sin que puedan aplicar el silencio administrativo para resolver ese expediente o dejar de hacerlo. Y recuerda las posibilidades que tiene esta ley si se gestiona de forma eficaz para proporcionar toda una cantera de nuevos puestos de trabajo.

Problemas hay en todas las comunidades, aunque algunas presenten una gestión de la ley manifiestamente mejorable. El Defensor detecta las carencias que desde el inicio presentó el programa informático que puso en marcha el Gobierno, llamado por sus siglas, el SISAAD, que costó 22 millones de euros y pretende ser tan capaz como el que maneja los datos de Hacienda o el de la Seguridad Social. Pero los sistemas con los que ya operaban las comunidades eran a veces incompatibles con éste. Los problemas los recoge el Defensor, quien habla de "duplicación de tareas" y de "numerosos errores".

El Informe destaca "el significativo número de interesados que han fallecido a lo largo del proceso" de solicitud y recepción de ayudas. Por si eso fuera poco, prácticamente cada comunidad actúa de una forma distinta cuando esto ocurre: unas pagan a los herederos (siempre que se trate de una prestación económica lo que correspondía al solicitante) con efecto retroactivo, otras no, como La Rioja, donde entienden que cuando el beneficiario ha fallecido "no existe un derecho consolidado, sino una expectativa de derecho". Y entre las que pagan, no todas lo hacen desde el mismo momento: algunas reembolsan desde que se cursó la solicitud, otras desde que se prescribió la ayuda. Hay meses de diferencia entre todo eso.

El Informe recoge también dificultades cuando el solicitante se traslada de una comunidad a otra en pleno proceso de reconocimiento de su grado de dependencia. Estos casos son comunes entre los ancianos que tienen hijos viviendo en distintos sitios de España, los llamados abuelos golondrina. El Defensor recomienda que se "exporten" las prestaciones que recibe el cuidador familiar que en cada periodo atienda al dependiente.

Las comunidades también encuentran dificultades para recabar datos económicos de los posibles usuarios de la Dependencia y establecer así la aportación que ha de hacer el ciudadano al servicio que reciba (el copago). La Administración se enreda con datos que posee ella misma.

La mayoría de las comunidades lamentan, según recoge el Informe del Defensor, la escasa y poco estable financiación que recibe esta ley y que las obliga a aportar mucho más dinero del que se preveía.

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Noticias sobre la LEPrA

Aumentan las quejas de los dependientes al Defensor de Pueblo que se sienten maltratados por las Administraciones Públicas.

 

 

Información.es » Sociedad

Aumenta respecto a 2007

 

El Defensor del Pueblo recibió 24.000 quejas durante 2008

 

El Defensor del Pueblo recibió casi 24.000 quejas el pasado año, unas 8.000 más que en 2007, lo que significa que "la gente cada vez se siente más maltratada" por las Administraciones públicas.

EFE

Así lo ha señalado hoy el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en declaraciones a los medios tras entregar el informe correspondiente a 2008 al presidente del Congreso, José Bono.

Múgica ha explicado que los ciudadanos acuden a esta Institución cuando se sienten maltratados por las Administraciones Públicas, cuando piensan que no se les atiende suficientemente.

El hecho de que el pasado año se recibieran 24.000 quejas significa que la Institución "está cada vez más afianzada en España", según Múgica.

Del total de reclamaciones, 18.000 son individuales y 6.000 colectivas, además de las que el Defensor del Pueblo instruye de oficio.

A igual que en años anteriores, las quejas se refieren principalmente a temas de educación, sanidad, retrasos en la justicia, medio ambiente, violencia de género.

Posteriormente, el Defensor del Pueblo ha entregado el Informe al presidente del Senado, Javier Rojo.

El texto será presentado por Múgica ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.