“Es un estudio de futuro”, argumentan los autores del trabajo, Rafael Pérez y José Manuel Olmedo, funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía y con experiencia en la docencia, el derecho y la comunicación. La Ley de Dependencia sólo ha dado sus primeros pasos en estos dos años y caminará más firme si se corrigen sus vaivenes, entienden. El estudio de Pérez y Olmedo aúna un minucioso examen de la normativa con un amplio trabajo de campo. “No se puede olvidar que detrás de cada solicitud hay una persona”. Como empleados públicos, la Junta de Andalucía ha distinguido su investigación en los XII Premios Blas Infante, en la categoría de contribución a la mejora y prestación de los servicios públicos. Su aspiración es que se corrijan los defectos en la aplicación de una ley que ha generado una gran expectativa social:

Lentitud

Desde que un valorador visita a un solicitante hasta que se resuelve su “engorroso” Programa Individual de Atención (PIA) que determina cuál es la modalidad de intervención más adecuada para esta persona -un recurso asistencial o una paga económica-, están transcurriendo en algunos casos de ocho meses a un año, anotan los autores del estudio. Sevilla, Málaga o Granada serían las provincias más afectadas. La ley establece seis meses desde la presentación de la solicitud a la recepción de la ayuda. “Algunos fallecen en la espera”, lamenta Pérez.

descoordinación

Los expedientes se “paralizan” hasta la desesperación en el caso de los centros concertados. Los investigadores detallan el caso de una persona en un hospital de San Juan de Dios que desde 1993 recibía una subvención del Estado. En el proceso de adaptarse a la nueva ley, este enero ha cumplido un año de espera por la falta de acreditación del centro con la Consejería de Igualdad. Otros residentes están en igual situación, su expediente depende de Salud. Se necesita coordinación sociosanitaria.

colapso

Algunas delegaciones provinciales de Igualdad, como la de Sevilla, están “saturadas” de demandas, lo que impide el cumplimiento de los plazos. Se reclama una optimización de los recursos y se propone al Gobierno andaluz a que, en un futuro, se creen comisiones sectoriales de dependencia. “Es vital aglutinar a todos los departamentos, a los ayuntamientos, a las diputaciones, hasta a las comunidades de vecinos cuando hay que poner un ascensor”, apunta Olmedo. La Agencia Andaluza de la Dependencia no será tan ambiciosa, comparten.

Improvisación

Nadie se esperaba la avalancha de solicitudes porque no se conocía la población de dependientes. No son sólo mayores o discapacitados, también muchos jóvenes, niños y de edad intermedia. “Ha existido una falta de rigurosidad estadística tremenda en las previsiones”, critican. El Libro Blanco que se elaboró antes de la ley preveía unos 42.000 grandes dependientes. Ya son más del doble. Chaves vaticinó en su investidura, en abril, 175.000 dependientes para toda la legislatura. Esa cifra se rebasará este año, según corrigió en los presupuestos de 2009.

financiación

El Gobierno se comprometió a destinar el 50% de la cuantía, a completar por las comunidades. Sólo destina un tercio. “Existe un déficit en la parte de financiación del Estado y es la comunidad la que carga”, relata Pérez. La Junta ha presupuestado 530 millones para este año, cifra que, como en los ejercicios pasados, tendrá que duplicar para atender la demanda.

prevención

Los recursos sólo se han destinado a la parte asistencial de la ley y son prácticamente nulas las ayudas a la prevención de la dependencia y a la promoción de la autonomía personal: sólo siete ayudas concedidas en esta materia según las estadísticas oficiales. Las ayudas técnicas para la movilidad o las actuaciones en vivienda (personas en edificios de 30 años de antigüedad que no pueden salir de sus casas), obras públicas (barreras arquitectónicas), telecomunicaciones o inspecciones sanitarias en clínicas serían los ámbitos prioritarios de actuación.

falta de recursos

De las prestaciones disponibles, las plazas en resdiencias son “inferiores a la media nacional” y en los centros de noche casi nulos, a pesar de la versión de la Junta. Esto ha favorecido la ingente asignación de pagas económicas, un recursos excepcional en la ley y que ya casi se iguala a las prestaciones asistenciales en el porcentaje de beneficiarios.

asistente personal

Esta paga económica recogida en el catálogo puede ser necesaria para determinados colectivos, como los autistas. Sólo se han concedido 18 ayudas en Andalucía en dos años, el 0,02%. En España, 210, de ellas 128 en el País Vasco. Los inmigrantes acapararán este sector en el futuro.

¿Efecto retroactivo?

En la lectura de la normativa, se discuten dos desarrollos autonómicos de la ley. La Junta garantizó que, ante los retrasos en percibir la ayuda, éstas se recibirían con carácter retroactivo. Estas pagas económicas se reciben, no desde el 1 de enero de 2007 en el que entró en vigor la ley, sino desde junio de ese año, cuando se aprobó el decreto andaluz que desarrolla la ley. “Esto implica una desigualdad con otras regiones (País Vasco) que sí se remontan a la fecha de inicio”, apuntó Pérez. Otro aspecto de disconformidad consiste en que la Junta entiende como negativo el silencio administrativo; es decir, rechaza una solictud si no hay respuesta de la Administración en el plazo estimado. Una disposición reglamentaria no puede contravenir una ley aprobada en las Cortes Generales y modificar el sentido del silencio positivo a negativo, sin más, denuncian los autores.

politización

La normativa ha estado desde su entrada en vigor en el disparadero político. “La Ley de Dependencia tendrá fortaleza siempre que se coordinen las administraciones públicas y prevalezcan los criterios de la ciudadanía a los intereses de los políticos”, remarcó Pérez.

Las previsiones auguran un envejecimiento progresivo de la población. La cifra de dependientes se triplicará en los próximos años. Como los autores de este estudio defienden: es imprescindible mirar hacia el presente para encarar el futuro.