La consulta expresa un

rechazo a los políticos

profesionales..

MÁS INFORMACIÓN: ‘Post festum, pestum’

MONTSERRAT Nebrera

PROFESORA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (uic)

La principal enfermedad que sufre la democracia en España es su secuestro por los partidos políticos. Ya lo van notando los electores, que manifiestan como pueden su saturación de tanta discusión estéril (el sudado «pues mira que tú…» de cada adversario). La partitocrácia ofende la Constitución, que entiende los partidos como canal fundamental, pero no único, de la representación política y que los exige una estructura y un funcionamiento democráticos de los cuales todos sin excepción no disponen. Y como que llenarse la boca de Constitución está bien solamente si la mano izquierda, la derecha y el corazón también le son leales, la gente, que no es tonta aunque en parte esté adormecida, ha acabado por darse cuentan.

Pero, junto a la democracia indirecta que monopolizan los partidos, también hay la denominada democracia directa, y el referéndum es uno de los sedes principales ejemplos. Su patología es de origen: es especialmente usado por las fuerzas políticas menos democráticas, por el amplio margen de manipulación que permite la misma pregunta que se formula y por el hecho constatado que, excepto en Francia, con una cultura política más profunda y extensa que otras, este tipo de consultas habitualmente son ganadas por quienes las efectúa.

Pese a la patología natural del referéndum, los pescadores en aguas turbias y todos aquellos sinceramente afectados de cansancio cívico de pronto encuentran su paradójica oportunidad en aquel instrumento que Franco usaba por darse «baños de autoridad» (consulta, plebiscito y referéndum no son el mismo, pero ¿qué le importa a la gente?), Felipe González por disfrazar su desvergonzado (y comprensible) cambio de opinión sobre la OTAN, y Zapatero por hacernos creer que España estaba por una Europa que los franceses se encargaron de abortar, afortunadamente.

El alcalde de Arenys de Munt dice que es una consulta particular, pero va de micrófono en micrófono, en calidad de autoridad, explicándola. El cierto es que las cosas son el que parecen y entre todos (medios, partidos de aquí y de allá) hemos hecho que parezca un referéndum (o consulta o plebiscito, la distinción la hacen los que más dispuestos están a arremeter contra la Constitución…). Sobre todo porque los partidos, no lo suficiente contentos de tener secuestrada la participación indirecta, también vuelan aprovechar la fiestecita. Pues nada, a asumir la responsabilidad: la moción perdida por ERC al Prado, la modernidad de Xavier Trias, que sabe como es de inviable una cosa parecida en Barcelona, Anna Simó tildando de «tavernària» la bronca que recibió Puigcercós, los de más allá afirmando que la pregunta es ilegal. Y más claro no lo han podido decir los organizadores de la cosa: fuera políticos profesionales! Y el miedo irá invadiendo todas las formaciones políticas, sin ninguna excepción. ¿Dirán que la gente no hable? No servirá de nada. Si no fuera porque generará dolor, esperaría solamente con interés y no con preocupación qué será el desenlace.

Edición Impresa

OPINIÓN ARTICULOS

Lo que no es política

04.09.2009 –

CARMEN SANJURJO GONZÁLEZ SENADORA SOCIALISTA POR ASTURIAS

En muchas ocasiones, quienes estamos en política nos lamentamos de la desafección que manifiestan muchas personas sobre la misma. Porque para nosotros la dedicación a la ‘res publica’ constituye una de las más nobles ocupaciones del ser humano y supone un esfuerzo personal importante. Sin duda, todos los partidos y todas las personas que participamos del debate político deberíamos mejorar en aspectos como el compromiso, la coherencia y la comunicación políticas, y deberíamos esforzarnos cada día por atender más y mejor los problemas de nuestra sociedad.

A esta circunstancia general se viene sumando en las últimas semanas la actitud de la derecha española, que impúdicamente exhibe un comportamiento profundamente antidemocrático, lo que obviamente contribuye al alejamiento y falta de credibilidad de la ciudadanía con respecto a la política. Analicemos algunos hechos recientes que ponen en evidencia lo que, a mi juicio, nunca debería pasar en política:

La obstaculización flagrante al acceso de Leire Pajín a su escaño como senadora por la comunidad autónoma de Valencia, que supone desde hace meses la pérdida de un voto correspondiente al grupo socialista en esta Cámara. El comportamiento del PP en este asunto rompe, por primera vez en la historia de la democracia española, el pacto entre partidos que ha funcionado desde el inicio de la Transición para la elección de los senadores y senadoras de designación autonómica.

La presencia de Luis Bárcenas aún como senador en la Cámara Alta tras ser imputado en el ‘caso Gürtel’ y haber dimitido por tal circunstancia de la dirección del PP.

La cadena de acusaciones sin pruebas al Gobierno de España, la Judicatura, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado sobre una supuesta trama de espionaje al PP que, iniciada por su secretaria general, se ha continuado y ratificado por otros destacados integrantes del PP hasta fechas muy recientes.

Y hasta Rajoy ha manifestado públicamente que durante el próximo otoño insistirán en el argumento de las escuchas ilegales a los y las militantes de la organización que dirige. Con ello, vuelven a su clásica estrategia de repetición de la mentira para, cuando menos, sembrar dudas entre la ciudadanía sobre la credibilidad del Gobierno y de las instituciones democráticas. Parece que no son conscientes del enorme daño que causan a la vida política y la democracia españolas.

En mi opinión, esto no es hacer política, no es construir la democracia que todos los partidos debemos preservar y enriquecer, no es hacer el juego limpio que, por otra parte, exigimos a los demás miembros de la sociedad. En democracia, la oposición es imprescindible para el control del Ejecutivo y, además, debe orientarse a la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas sociales.

Estoy convencida de que si este fuese el contexto en el que se desarrollase la vida política de nuestro país, la ciudadanía valoraría de manera mucho más positiva la política y el trabajo de quienes nos implicamos de manera activa en ella.

Información.es » Opinión

ANÁLISIS

Cuestión de dignidad

Después de que dos magistraturas, la Audiencia Nacional y el TSJ, hayan visto indicios de delito en el caso de los trajes, Camps debería defender su inocencia sin el manto de presidente de la Generalitat.

JUAN R. GIL

Francisco Camps se convirtió ayer en el primer presidente de la Generalitat Valenciana llamado a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación a un presunto caso de corrupción. Sin duda, es la noticia más grave desde que en 1983 se celebraron los primeros comicios para constituir las Cortes de esta nueva etapa democrática y que sus diputados eligieran un jefe del Consell. Más de un cuarto de siglo después, el Gobierno autonómico vive su peor momento. Ni cuando Rafael Blasco fue sometido a escuchas y acusado de obtener beneficios de planes urbanísticos siendo el socialista Joan Lerma presidente, ni cuando Luis Fernando Cartagena fue imputado por quedarse con dinero de unas monjas y eludir al Fisco con cuentas opacas bajo el mandato de Eduardo Zaplana, la Generalitat Valenciana se había visto en una situación tan lastimosa.

El presidente Camps ha venido defendiendo su inocencia desde que se conoció que una investigación más amplia del juez Garzón sobre una trama de corrupción había puesto sobre la mesa, entre otros, su nombre. Tantas veces como Camps ha negado cualquier relación con los principales actores de esa red de tráfico de favores e influencias o con sus empresas, tantas veces como lo ha desmentido, digo, la contundencia de los datos le ha dejado en evidencia. Rasgarse las vestiduras porque diariamente el sumario, supuestamente secreto, se haya ido filtrando, puede ser humanamente comprensible, políticamente razonable y jurídicamente conveniente. Pero en todo caso no desvirtúa los hechos. Camps fue acusado de recibir regalos de una sociedad llamada Orange Market, gestionada por un personaje de mal nombre «Bigotes». El presidente negó, nada menos que bajo el artesonado del Palau la primera vez, y en sede parlamentaria las siguientes, haber aceptado los trajes que se decía que le habían dado, así como conocer ni al Bigotes ni a su empresa. Pero en el curso de la investigación de este lamentable asunto han aparecido facturas y apuntes contables que indican que los trajes fueron encargados, realizados, regalados y recibidos; conversaciones que muestran, más allá del ridículo tono en que se desenvuelven los interlocutores, que Camps no sólo conocía al Bigotes, sino que éste era su «amiguito del alma»; y contratos que prueban que desde que Camps llegó a la presidencia de la Generalitat el Consell ha estado contratando con Orange Market todo tipo de trabajos, en su mayor parte burlando las disposiciones legales que rigen este tipo de adjudicaciones y convirtiéndose, en la práctica, en la principal fuente de ingresos y motivo mismo de la existencia de la citada empresa, a la que de momento se le han contabilizado más de ocho millones de euros de ingresos procedentes del Gobierno autonómico. Ninguna, y créanme si les digo que no es plato de gusto referirse así a un presidente elegido en las urnas por una mayoría de los ciudadanos de esta Comunidad, ninguna de sus afirmaciones en este caso se ha sostenido en pie más de un día. Baste, como último ejemplo de los muchos que podrían citarse, la imagen de Camps asegurando en las Cortes que estaba «loco» por comparecer ante el tribunal y poder explicarse: menos de 24 horas después se conoció que lo que en realidad había hecho era presentar un recurso para que se declararan nulas todas las actuaciones y, por tanto, se diera carpetazo sin más al asunto.

Todo lo contrario. Si Camps dijo también un día en el Parlamento que este caso iba a ser largo, se ha encontrado con la sorpresa de que va tan rápido que le va a obligar a declarar a las puertas mismas de una campaña electoral, tal como hace ya una semana adelantó en estas mismas páginas mi compañera Mercedes Gallego. Si el PP alardeaba en su día, y no precisamente en voz baja, de que el TSJ estaba bajo su influencia e iba a archivar sin más el sumario, lo que ha ocurrido es lo que no se esperaban: que los magistrados, encabezados por el ponente, José Flors, se han tomado en serio la investigación y han decidido avanzar en ella. Cuál sea el resultado final, aún se desconoce. Pero hoy por hoy, si Camps está en sus horas más bajas, hay que reconocer que el crédito del TSJ está, por contra, en su punto más alto.

Se había escrito aquí, ya hace tiempo, que la situación del presidente era insostenible. Desde ayer, más que insostenible es imposible. El máximo representante de los ciudadanos no puede ser alguien bajo sospecha, sometido a investigación y que va a tener que soportar el interrogatorio de un juez. Pero es que, y eso es lo sustancial, la imputación se produce después de que dos magistraturas tan distintas como distantes, el juez Garzón de la Audiencia Nacional, primero, y la sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Valencia, después, hayan concluido que de las pruebas aportadas por los investigadores se deducen indicios suficientes de delito en la actuación no sólo del presidente de la Generalitat, sino también de su mano derecha, número dos del PP en esta Comunidad y portavoz del partido del gobierno en las Cortes, Ricardo Costa.

Políticos y periodistas utilizamos sin sentido alguno de la medida el calificativo de «histórico», aplicado las más de las veces a situaciones que ni por asomo merecerían definirse así. La decisión del TSJ, primero no archivando la denuncia contra Camps y ayer citándolo a declarar como imputado sí que es, en el más estricto sentido del término, histórica. Y a una decisión histórica sólo puede responderse con otra que esté a su altura. Camps mismo apeló, cuando comenzó este proceso, a la dignidad y el honor de la institución que preside. Llegados a este punto sólo le queda aplicarse el cuento y por la dignidad, el honor, el buen nombre y el respeto que la Generalitat se merece, presentar de inmediato su renuncia al cargo.