La medida de la Unión Europea desató

la polémica

El continente que históricamente mayor cantidad de expulsados generó, hoy cierra herméticamente sus fronteras y le niega a los desterrados del mundo pisar suelo europeo en busca de nuevos horizontes.

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En Europa pasan cosas raras. El pasado parece estar pisado, en la actualidad -a través del proyecto Directiva de Retorno- la Unión Europea (UE) busca expulsar o encarcelar a los inmigrantes sin papeles, haciendo a un lado la historia que los une, olvidando que muchos de los “ilegales” son descendientes de ese continente que colonizó durante siglos.

Los 367 votantes que se expresaron a favor de la “caza de inmigrantes”, parecen no recordar que durante años, los europeos huyeron masivamente y encontraron refugio en otros continentes, sin exigencia de visas ni condiciones impuestas por las autoridades.

Olvidaron que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, millones fueron expulsados de su tierra y que el resto de los continentes absorbieron la miseria económica europea y sus crisis políticas. ¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los europeos que tuvieron que salir forzosamente de su país?.

La política inmigratoria europea establece que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos en cárceles, hasta un período máximo de 18 meses, mientras se tramita su repatriación. Entre otro de los puntos destacados aparece el hecho de que los expulsados -que inevitablemente van a quedar estigmatizados como delincuentes internaciones- no podrán volver a entrar en la UE en cinco años.

De esta manera se hace a un lado en forma directa y sin la menor culpa el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 que establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”

Con la aplicación de esta medida, vuelve a sobrevolar sobre el “primer mundo” la xenofobia, ya que la Directiva de Retorno busca sacar del medio a todo aquel que por su condición de “extranjero” no sea acoplado en el sistema.

Esta política ignora que gran parte de los trabajadores de Europa son ilegales extranjeros y que aportan mucho más –económicamente- al viejo continente, que lo que la UE dice gastar en ellos.

La norma ya tiene el visto bueno de los 27 países que conforman la UE. Este proyecto se estima que va a entrar en vigencia en el 2010 y va a perjudicar a más de 8 millones de personas radicadas en Europa, ya que se van a violar los principios elementales del Derecho Internacional, como son la libertad a la movilidad y al desarrollo.

Como si fuera poco el accionar que los gobiernos europeos se proponen para dentro de 2 años, hay que sumar otro dato importante. Las principales víctimas son los menores de edad, que podrán ser deportados a un tercer país, sin ser acompañados por una persona mayor, familiar o tutor. Es decir que van a ser echados del continente, solos y estigmatizados como delincuentes.

En los últimos diez años, la inmigración le permitió a muchos países -como el caso de España- compensar la falta de mano de obra en trabajos que los europeos no estaban dispuestos a realizar. Se estima que los “ilegales” le han aportado al Estado español alrededor de 8.000 millones de euros anuales. Al momento de emplear personas, poco parece importar su “condición”, siempre que el resultado económico sea próspero y sigan actuando como mano de obra barata.

Como era de esperar, los países latinoamericanos recibieron muy mal el proyecto. De alguna manera es morder la mano que en algún momento les dio de comer, ya que esta región recibió a los pobres y desplazados europeos y los integró a la sociedad, con los riesgos que eso implica.

Los países latinoamericanos alzaron sus voces contra la ley propuesta por la Unión Europea. El presidente venezolano Hugo Chávez alertó que el petróleo de su país no irá a parar a los países que adopten la “directiva del bochorno”. Por su parte el Senado de Uruguay, que también rechazó la norma del Parlamento Europeo, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los gobiernos latinoamericanos a “tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional”.

Va a ser muy difícil y casi imposible que los gobiernos que amenazan con romper lazos comerciales con la UE. Pero de alguna manera la región debe encontrar la forma de hacer sentir a los europeos su posición. Tal vez la solución más eficaz sea pagar con la misma moneda.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) y sus países asociados, expresaron el repudio a la medida tomada por el Parlamento Europeo, ya que la normativa migratoria por ellos adoptada “rechaza el tratamiento de la irregularidad migratoria como un hecho punible”.

La misma postura negativa hacia la Directiva de Retorno, adoptó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que para encontrar solución al tema envió una delegación a la UE para “… buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones”, antes de la que normativa entre en vigor en 2010.

La Directiva Retorno sin dudas es xenófoba e injusta en sus planteos, pero no hay que negar que muchos “huyen” del hambre y de la falta de medidas sociales por parte de sus Estados. Es necesario remarcar que muchos de los gobiernos que se “ofenden” por esta iniciativa, no ofrecen las soluciones necesarias para contener a su gente.

A la hora de plantear la “Directiva de la Vergüenza”, como muchos la han llamado, no se tiene en cuenta el origen real de la migración. Esta ola migratoria, que hoy parece afectar a Europa tiene que ver con el colonialismo que siempre imperó, con las políticas económicas que el “primer mundo” propuso y con las guerras que tantas veces apoyó.

Es necesario tener presente que muchas transnacionales que se instalaron – gracias al neoliberalismo- en África, Asia y América Latina son de capitales europeos. Esa privatización de la economía, que además tuvo el apoyo de muchos gobiernos, dejó a millones de personas desempleadas y en la ruina, razón por la cual vieron en Europa el lugar ideal para salvarse de la miseria.

Este proyecto europeo que pretende repatriar forzosamente a los inmigrantes en situación irregular, es un retroceso político, porque vuelve a resurgir (quizás nunca desapareció) el fantasma del fascismo. Justamente en Europa, que durante tanto tiempo se autoproclamo defensora de los derechos democráticos y justicia social, la xenofobia parece volver a pisar con fuerza.

“Si en determinado momento, una ley en la Alemania nazi que excluía a una parte de los ciudadanos de los derechos fue un baldón para Europa, aprobar hoy una legislación especial que disminuye los derechos de inmigrantes en relación con los ciudadanos es una vergüenza para la Europa del siglo XXI”, remarca el coordinador general de Izquierda Unida de España, Gaspar Llamazares.

Si los millones de inmigrantes que habitan suelo europeo en el 2010 son expulsados -tal como está previsto- se violaría el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que en su apartado número 1, autoriza a toda persona a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. El mismo artículo además establece que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Durante el nazismo, los judíos suponían una amenaza porque “contaminaban” a la nación y la debilitaban. Hoy para la UE los inmigrantes parecen ser los causantes de todos los males que aquejan al continente, son el chivo expiatorio de los problemas que se atraviesan en Europa.

Pero sin dudas, tal como afirman las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales los problemas que en Europa se están viviendo, nada tienen que ver con la presencia de inmigrantes, sino que es “resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres”.

La revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo, que tiene sus orígenes en la Revolución Francesa, pero qué va a pasar con ellos una vez que éste proyecto de expulsión de los inmigrantes entre en ejecución: ¿dónde van a quedar los principios de igualdad, fraternidad y libertad que durante años enarbolaron orgullosos? El derecho y el sueño a una vida mejor, que es lo que buscan estas personas en Europa, parece que necesariamente debe pagarse con cárcel.