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Sin tapujos en Andalucía – ¿Y en las otras españas que?…

Viernes, 19 de Octubre de 2007. | Granada fecha_mes_anio(); function iniciabusqueda() { searchString = document.getElementById(“jeeves”).value; if(searchString != “”) { //esta llamada parece que no permite el target blank.. //location.href =(“Ask Jeeves”, “http://askjeeves.com/main/askjeeves.asp?origin=0&site_name=Jeeves&metasearch=yes&ads=&ask=”+ searchString); // url = “http://askjeeves.com/main/askjeeves.asp?origin=0&site_name=Jeeves&metasearch=yes&ads=&ask=”+ searchString; //url = “http://es.ask.com/web?q=”+ searchString + “&l=dis&o=1073&qsrc=999&qenc=ISO-8859-1”; url = “http://es.ask.com/web?q=” + searchString +”&l=dis&o=1067&qsrc=999&qenc=ISO-8859-1″ window.open (url, “_blank”,”top=0,left=0,toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=1024,height=768″); } return false; } // Check if key pressed == enter function checkKey() { if(window.event.keyCode == ’13’) { return iniciabusqueda(); } else return true; } function busqueda() { searchString = document.getElementById(“buscar”).value; if(searchString != “”) { url = “/cgi-bin/search.pl?p=1&lang=en&mode=all&include=&exclude=&penalty=0&q=”+ searchString + “&bodyCrit=1”; window.open (url, “_blank”,”top=0,left=0,toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=1024,height=768″); } return false; }


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getFechaHoraNoticia(“20071019 0256”)

02:56 A. G.

GRANADA. La escasez de personal en los centros de servicios sociales del Ayuntamiento y el volumen de trabajo acumulado tras la implantación de la Ley de Dependencia ha hecho que los usuarios tengan que esperar más de un mes para tramitar cualquier consulta relacionada con la atención social.

La situación es especialmente delicada en los centros del distrito Ronda, Albaicín, Chana y Zaidín mientras que en el distrito Norte es donde hay más personal por los planes especiales que se desarrollan durante todo el año. Ayer, el concejal de IU, Manuel Morales, dijo que el hecho de que se haya multiplicado por dos el servicio de ayuda a domicilio ha empeorado la precariedad de los centros.

“Los centros sociales han recibido más de 2.000 solicitudes, se aproxima el momento de realizar las valoraciones y el Ayuntamiento no cuenta con los trabajadores sociales necesarios”, argumentó Morales, quien criticó que mientras se recepcionaban las solicitudes se mandara trabajadores sociales a los centros y ahora que hay que hacer las valoraciones se manden administrativos. “Hay que exigirle a la Junta que ponga dinero para asumir esta carga de trabajo y al PP que se responsabilice del refuerzo necesario de los servicios sociales”, apuntó Morales y añadió que su grupo va a pedir que en los presupuestos de 2008 se refuerce la oferta de empleo público.

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Esta vez en CANAL SOLIDARIO:

Las personas con diversidad funcional piden igualdad de derechos.

La Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional, celebrada en septiembre, será el primero de muchos actos reivindicativos de un colectivo discriminado con la etiqueta de minusválidos.


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¿Sabías que eres diverso funcional?

Las personas con diversidad funcional piden igualdad de derechos. La Marcha por la Visibilidad, celebrada en septiembre, será el primero de muchos actos reivindicativos de un colectivo discriminado con la etiqueta de minusválidos.


Mapea la pobreza Redacción (18/10/2007)

“Todos somos, de algún modo, ‘diverso funcionales’. Cada uno de nosotros se caracteriza por una serie de cualidades, particularidades, anormalidades y singularidades como consecuencia de la inteligencia o capacidad física de que fue genéticamente dotado, de la formación recibida y de las circunstancias particulares en que se desarrolló su personalidad”, explica Jesús García del Foro de Vida Independiente (FVI).

El término ‘diversidad funcional’ fue acuñado por el FVI para designar lo que habitualmente se conoce como ‘discapacidad’ para superar la negatividad de los términos en la definición del colectivo (minusválido, discapacitado, inválido, etc.) y reforzar su esencia de diversidad.

Para las asociaciones y movimientos de apoyo a las personas con diversidad funcional estos términos son “limitantes” y “despectivos” y conllevan la idea de que este colectivo “vale menos” o, incluso, de que “son inútiles”. “Dependiendo de lo alejado de los estándares sociales que el individuo se encuentre, mayor rechazo genera en la sociedad. Esto quizá parezca duro dicho así pero es una terrible y persistente realidad que cada día viven personas con distinta diversidad funcional, lesionados medulares, paralíticos cerebrales, ciudadanos con secuelas de polio o de enfermedades degenerativas, autistas, etc.”, explican desde el Foro.

El colectivo denuncia que las diversidades físicas, mentales, sensoriales o intelectuales también son, en ocasiones, vistas por las administraciones como un lastre. “Pero la discriminación que sufren los hombres y mujeres con diversidad funcional está también fuertemente arraigada incluso en las mentes de quienes padecen dicha discriminación. Muchos se ven a sí mismos como lastres. No han roto las barreras mentales ni emocionales que les permitan verse como parte integrante y valiosa de la sociedad en que viven”, explican desde el Foro de Vida Independiente.

Ley de Dependencia

Otra de las reclamaciones del colectivo es la ampliación y el replanteamiento general de La Ley de Dependencia. “No cubre las necesidades de las personas con diversidad funcional”, explican. El colectivo se muestra muy crítico con la reciente aprobación de esta norma por considerarla de “mínimos”. “Se presenta a bombo y platillo como el cuarto pilar del Estado del bienestar, pero se trata de una ley insuficiente, con un enfoque erróneo y mal desarrollado”, señalan desde el FVI.

La Ley reconoce el derecho de las personas con diversidad funcional a la “igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”, pero para las asociaciones y movimientos de apoyo las prestaciones y servicios especificadas, como teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y centros residenciales, no garantizan la inclusión social de las personas con capacidades diversas. “Todas las medidas van dirigidas a recluirlos en sus casas, en el mejor de los casos, o a segregarlos en residencias y centros”, remarcan.

“No han roto las barreras mentales ni emocionales que les permitan verse como parte integrante y valiosa de la sociedad en que viven”

Tampoco se muestran de acuerdo con las ayudas económicas que la ley garantiza: las vinculadas al servicio, las ayudas para cuidadores del entorno familiar y las de asistencia familiar. “En general estas prestaciones tienden a perpetuar a la familia y sobre todo a la mujer como prestadora de servicios no remunerados. Sólo la prestación por asistencia personal parece encaminada a asegurar la inclusión social del colectivo”, comentan desde el FIV.


El problema que encuentran las asociaciones es que tampoco esta prestación fomenta la participación social de las personas con diversidad funcional. “Esta ayuda sólo se recibe para facilitar al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, la participación queda excluida”, explican.


La verdadera dignidad del ser humano es ser visible

Todas estas reivindicaciones llevaron al FVI a organizar el pasado mes de setiembre la I Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional. La organización convocante valora la participación en la manifestación en unas 700 personas, y explica que haciendo este tipo de manifestación pretenden “que ocurra lo que nunca ocurre, y es que seamos visibles, visibles como personas”.

“Esperamos que la marcha marque el inicio de una serie de concentraciones universales en los próximos años porque somos un colectivo que siempre ha sido muy marginal, y entendemos que el primer paso en esta lucha es ser visibles ante la ley, ante la sociedad, ante el mundo. Eso da personalidad y aceptación. Queremos sentirnos con el orgullo de ser lo que somos”, añade Tomasa, miembro del Foro.

Puedes ver las imágenes de la Marcha grabadas por uno de los asistentes


Nuevas formas de organización

Con el objetivo de luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas se creó en 2001 el Foro de la Vida Independiente, que desde su plataforma en Internet hoy agrupa a colectivos, asociaciones y personas individuales con diversidad funcional de todo el Estado y de otros países de habla hispana. “Simplemente abogamos por a la diversidad del ser humano, en este caso funcional”, explican. “Nos hemos organizado como comunidad virtual para poder comunicarnos desde diferentes lugares, sin tener que desplazarnos y trabajar de la forma más eficaz y accesible para todos para cambiar el punto de vista que la sociedad tiene sobre las personas con discapacidad, y en especial sobre las que dependen de otros para el normal desarrollo de su vida diaria”, añaden.

“El uso de algunos de los servicios ofrecidos por la comunidad virtual y la filosofía subyacente nos han permitido lograr unos niveles de interconexión social y unidad de acción poco corrientes en un movimiento asociativo tradicional”, comentan desde el FIV.

“Estamos ‘inventado’ una nueva forma de organización que todavía deberá pasar pruebas muy duras para demostrar su efectividad, especialmente en el medio y largo plazo, pero creemos que contando con la ilusión de todos sus miembros, el proceso no tiene marcha atrás y esperamos conseguir grandes cambios en las vidas de las personas con discapacidad”, concluyen.


Más información:

Información sobre la diversidad funcional en Wikipedia.

Web del Foro de Vida Independiente

Página del foro en Yahoo.

Interesante blog de un miembro de FVI con testimonios, relatos, fotografías y vídeos sobre la diversidad funcional.

Lee otras noticias sobre discapacidad publicadas en Canal Solidario.

Canal Solidario-OneWorld 2007

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Mientras en andalucía hay movida, el resto de España calla.

Sólo 4 personas gestionan en las capitales las solicitudes de la Ley de Dependencia

La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, denunció ayer que sólo cuatro personas gestionan en cada capital de provincia andaluza las solicitudes para acogerse a los beneficios de la Ley de Dependencia, un hecho que contribuye al retraso en la tramitación de estos documentos, que ya ha motivado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de tres familias malagueñas contra la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Este retraso, reconocido hasta por el propio gobierno andaluz, lo volvió a denunciar ayer el PP, cuya portavoz parlamentaria manifestó que, según datos facilitados por la Junta, la Consejería de Igualdad sólo ha resuelto hasta la fecha el 6,6% de las 57.307 solicitudes presentadas para acogerse a estas prestaciones. Un porcentaje que el PP considera, incluso, menor y que no llega siquiera al 2,7% en las capitales de provincia, según reveló Oña a partir de un estudio de las cifras en cinco ayuntamientos.

Según estos datos, de las 4.156 solicitudes presentadas en Málaga, se ha contestado a 144; en Almería se han presentado 1.708 solicitudes, de las que sólo se han atendido 60; en Cádiz 1.000, estando 39 de ellas atendidas; en Granada, 1.7000, atendidas 44; y en Huelva 1.100, atendidas 62.

Oña señaló, además, que este porcentaje del 2,7% se reduce aún más fuera de las capitales. Así que tras un estudio realizado en casi una decena de pueblos malagueños, entre ellos Marbella y Ronda, concluye que el porcentaje de atención de estas solicitudes se reduce a un 1,7%.

Retomando los datos de la Junta, el PP denuncia, además, que el 95% de los expedientes presentados en la provincia de Sevilla, que encabeza en números absolutos la cifra de solicitudes, está sin tramitar, es decir, 12.250 de 12.950.

Todo este retraso está produciendo una vulneración de los plazos de tres meses previstos en el decreto de junio de este año, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en Andalucía y en la propia ley.

Y ello, como recordó la dirigente del PP, a pesar de que la Junta destinó en 2007 una partida de 128 millones de euros para la aplicación de las medidas en el primer año de vigencia de la ley, que no ejecuta «íntegramente» pese a las demandas de los andaluces. Esta situación según los datos del PP, afecta a los aproximadamente 500.000 dependientes que hay en Andalucía, de los que la más de la mitad son severos o grandes.

Prestación sociosanitaria

De esta cifra de dependientes, señala Oña, el 80% son dependientes a causa de alguna enfermedad, razón por la que lamentó que la ley no haya regulado la denominada «prestación sociosanitaria», es decir, una «atención global que incluya cuidados sociales, que recoge la norma, pero también médicos, que no», aseguró la portavoz parlamentaria popular.

Ante esta aplicación «defectuosa» de la norma, el PP presentará una proposición no de Ley en el próximo pleno del Parlamento, en la que reclama, entre otras medidas, la reprobación de la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y que se pongan las medidas necesarias para subsanar los retrasos registrados. Además, reclaman a la Junta la aprobación en esta legislatura de la ley andaluza de dependencia.

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El pecado no es imaginar sino no atreverse a ello.

Aprendamos a imaginar para aprender a disfrutar.

Discapacidad física y fantasías sexuales

Enviado por: sexologos en 20 Mar, 2007

1. ¿Qué son las fantasías sexuales?

2. El valor de las fantasías

3. Mitos sobre las fantasías sexuales

Discapacidad física y fantasías sexuales

1. ¿Qué son las fantasías sexuales?

Una fantasías sexual es imaginarse en un jacuzzi con tres o cuatro personas que nos atraen sobremanera, completamente desnudas y esperando una orden nuestra para hacernos disfrutar, también es una escena en la que somos nosotros los esclavos sexuales de alguien que nos gusta. Es cierto esto son fantasías sexuales, pero rememorar el encuentro sexual que tuvimos ayer con nuestra pareja o planear como será nuestra próxima relación sexual también son fantasías sexuales. Una fantasía sexual es cualquier elaboración que haga mentalmente con contenido sexual. El contenido de las fantasías puede ser de lo más irreal o de lo más cotidiano, imposible o tan probable como que sucederá esa misma noche.

2. El valor de las fantasías

Las fantasías sexuales son productos de la imaginación que todos somos capaces de crear, tengamos o no algún tipo de discapacidad física. En una fantasía todo vale, son un lugar seguro donde todo tiene lugar, donde podemos hacer cosas que nunca hemos probado y que incluso jamás quisiéramos que nos pasaran en realidad, pero si nos excita muchísimo imaginarlas, pensar cómo serían y disfrutarlas al máximo.La importancia y el valor de las fantasía es enorme, las podemos usar por ejemplo como ensayo cuando vamos a tener relaciones sexuales por primera vez, nos imaginamos cómo será la escena, qué haremos, etc. Pero además de servirnos para cuando la novedad de la relación nos hace estar nerviosos, también es útil para lo contrario, para animar las relaciones cuando ya se vuelven previsibles. Pero no sólo en pareja son importantes las fantasías, cuando uno está solo, la fantasía es un instrumento de lo más potente para disfrutar por ejemplo de la masturbación. Fantasear es un ejercicio sexual de lo más sano, sería como llevar al gimnasio a nuestro músculo más importante en ese terreno, la mente.Aprender a fantasear, conocer que escenas me gusta más recrear, cuales me excitan de forma más vertiginosa, significa tener el control del placer en nuestra sexualidad, poder echar mano de ellas para ayudarme a iniciar o a potenciar la excitación en la relación o a solas.

3. Mitos sobre las fantasías sexuales

Si fantaseo, significa que me gustaría hacerlo.La realidad es que no tiene porque ser así, muchas de nuestras fantasías pueden ser muy excitantes y divertidas en nuestra imaginación, pero jamás las llevaríamos a cabo en la realidad. Fantasear con que un extraño nos amordaza, nos viola o somos nosotros quienes sometemos a otra persona puede resultarnos excitante en la imaginación pero eso no significa que queramos que nos violen, nos sometan o seamos nosotros quienes sometamos.Si pienso en otras personas en mis fantasías, estoy siéndole infiel a mi pareja.Esto no es cierto, las fantasías son un terreno íntimo, para uno mismo y en el que todo está permitido precisamente porque no es real, es sólo un pensamiento. Al igual que soñar que hacemos el amor con otras personas no significa ser infiel o querer serlo, tampoco lo es fantasear con ello. Si es cierto que, en ocasiones, confesarle alguna de nuestras fantasías a la pareja puede resultar de lo más sugerente, pero eso sí, cada uno debe conocer si esto va a ser divertido o sólo va a hacer daño a nuestra pareja.Fantasear con situaciones que no puedo vivir, es inútil.Las fantasías son placenteras en sí mismas, no hace falta que sean algo que puedo tener o haya tenido, es un terreno tan mágico que puede llegar a estar con los guapos y guapas más encumbrados del momento, como y cuando quiera, es un poder maravilloso que sería una pena desperdiciar.Tanto hombres como mujeres, jóvenes, ancianos, personas con o sin discapacidad física, todos tenemos la posibilidad de disfrutar de este aspecto de la sexualidad tan placentero, no dejemos que los prejuicios nos agüen la fiesta.

Aldara Martos Palomeque
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill

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SEXUALIDAD.

EL CONOCIMIENTO DE UNO MISMO.

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Eliminación de barreras en Correos.

Esperamos que así sea y pronto porque llevamos años con esta cantinela.

Correos invertirá 558 millones en eliminar las barrera arquitectónica de todas sus oficinas

Europa Press (16/10/2007)

Correos logrará en 2008 eliminar las barreras arquitectónicas de toda su red de oficinas tras realizar una inversión de 558 millones de euros dentro del plan de accesibilidad que desarrolla desde 2005, informó hoy la sociedad postal pública.Un total de 1.112 oficinas postales, más del 50% de la red, contaba con algún tipo de problema de accesibilidad física antes de la puesta en marcha de dicho plan.De estos establecimiento, ya han finalizado o están a punto de finalizar las obras para la supresión o reforma de dichas barreras en un total de 734 oficinas (el 66%). En el resto, las obras empezarán en los próximos meses.Correos destinó a estas actuaciones 246 millones de euros en los dos últimos años, monto inversor que elevará a 557,7 millones cuando en 2008 se completen todas las actuaciones. El operador postal público destacó que el plan de accesibilidad, que se enmarca en la necesidad de cumplir la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad, “avanza a buen ritmo y según los plazos previstos”.

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Pare voste la burra, amic.

Las ayudas de dependencia se darán por aprobadas si se tarda más de medio año en tramitarlas.

El Consell Jurídic rechaza el silencio negativo que pretendía el Consell.

Alfons Garcia, Valencia

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha obligado a la Conselleria de Bienestar Social a aprobar las solicitudes de ayuda a la dependencia que no resuelva en el plazo de seis meses desde su presentación. El departamento que preside Juan Cotino pretendía dar por desestimados los expedientes que no fueran tramitados en el tiempo citado, pero el órgano jurídico de consulta le advirtió que esta era una actuación contraria al ordenamiento legal y que debía modificarla.

Así se refleja en el dictamen del CJC al decreto del Consell para la implantación en la Comunitat Valenciana de la ley estatal de Dependencia. El organismo de consulta, que preside Vicente Garrido, realizó el pasado 27 de septiembre varias observaciones « esenciales » (de aplicación obligada) al proyecto de Bienestar Social. Las referidas al silencio administrativo negativo son las de mayor trascendencia práctica. La Generalitat asumió las indicaciones y, en efecto, el decreto -publicado el pasado día 3- incluye ya las modificaciones indicadas.

La ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero, establece que el plazo máximo para resolver las solicitudes será de seis meses. Al contrario que alguna otra autonomía (Andalucía) que ha reducido este periodo, la conselleria adoptó este tiempo límite para tramitar los expedientes. Sin embargo, en el proyecto de decreto de desarrollo de la norma estatal pretendía aplicar el «silencio negativo» . Esto es, que las peticiones no respondidas en este plazo fueran consideradas rechazadas.
Pero el Jurídic Consultiu ha dictaminado al respecto: «Un régimen de silencio negativo sólo puede ser establecido por ley, por lo que debe rectificarse» . Y ha dado a esta observación el carácter de esencial.

Asimismo, el CJC también ha forzado a la Bienestar Social a que el cómputo de este plazo de seis meses comience cuando se presenta la instancia y no cuando esta se recibe en el órgano encargado de la tramitación, como pretendía el departamento público.

Estas medidas tienen importantes consecuencias prácticas, ya que las solicitudes empezaron a recogerse a partir del 21 de abril -cuando el Gobierno central aprobó el baremo para evaluar a las personas con dependencia-, lo que significa que el plazo de seis meses para resolver empezará a vencer dentro de unos días. Los expedientes que no hayan podido ser tramitados en este tiempo tendrán que ser aprobados, en contra de la intención inicial de Bienestar Social. Empadronamiento «excesivo» No obstante, no todas las observaciones del Jurídic Consultiu sobre el decreto de la de dependencia han sido aceptadas. Sucede así con la referida a los cinco años de empadronamiento en España que exige Bienestar Social para poder acogerse a los beneficios de la ley.

El organismo que preside Garrido ha apuntado al respecto que el decreto de la Generalitat debía ajustarse «a la literalidad del artículo 5 de la ley» de Dependencia y que el requisito de los cinco años de empadronamiento parecía « excesivo ».

La norma estatal exige cinco años de residencia en España para beneficiarse de las prestaciones, pero no precisa que sea necesario demostrar esta circunstancia con certificados de empadronamiento, como sí reclama Bienestar Social.

Esta observación del CJC, sin embargo, no fue etiquetada como esencial y el departamento autonómico ha hecho caso omiso de ella y ha mantenido el requisito del padrón.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu revela, por otra parte, la velocidad del trámite final del decreto de desarrollo de la ley de Dependencia. Este entró el 18 de septiembre en el CJC, que dio su visto bueno -siempre que se tuvieran en cuenta las observaciones esenciales- el 27. Dos días después, el Consell lo aprobaba en su reunión plenaria y el Diari Oficial lo publicaba el pasado día 3.

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Sobre el silencio administrativo, en esta ocasión…

Las ayudas de dependencia se darán por aprobadas si se tarda más de medio año en tramitarlas El Consell Jurídic rechaza el silencio negativo que pretendía el Consell.

Alfons Garcia, Valencia

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha obligado a la Conselleria de Bienestar Social a aprobar las solicitudes de ayuda a la dependencia que no resuelva en el plazo de seis meses desde su presentación. El departamento que preside Juan Cotino pretendía dar por desestimados los expedientes que no fueran tramitados en el tiempo citado, pero el órgano jurídico de consulta le advirtió que esta era una actuación contraria al ordenamiento legal y que debía modificarla.

Así se refleja en el dictamen del CJC al decreto del Consell para la implantación en la Comunitat Valenciana de la ley estatal de Dependencia. El organismo de consulta, que preside Vicente Garrido, realizó el pasado 27 de septiembre varias observaciones « esenciales » (de aplicación obligada) al proyecto de Bienestar Social. Las referidas al silencio administrativo negativo son las de mayor trascendencia práctica. La Generalitat asumió las indicaciones y, en efecto, el decreto -publicado el pasado día 3- incluye ya las modificaciones indicadas.

La ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero, establece que el plazo máximo para resolver las solicitudes será de seis meses. Al contrario que alguna otra autonomía (Andalucía) que ha reducido este periodo, la conselleria adoptó este tiempo límite para tramitar los expedientes. Sin embargo, en el proyecto de decreto de desarrollo de la norma estatal pretendía aplicar el «silencio negativo» . Esto es, que las peticiones no respondidas en este plazo fueran consideradas rechazadas.

Pero el Jurídic Consultiu ha dictaminado al respecto: «Un régimen de silencio negativo sólo puede ser establecido por ley, por lo que debe rectificarse» . Y ha dado a esta observación el carácter de esencial.

Asimismo, el CJC también ha forzado a la Bienestar Social a que el cómputo de este plazo de seis meses comience cuando se presenta la instancia y no cuando esta se recibe en el órgano encargado de la tramitación, como pretendía el departamento público.

Estas medidas tienen importantes consecuencias prácticas, ya que las solicitudes empezaron a recogerse a partir del 21 de abril -cuando el Gobierno central aprobó el baremo para evaluar a las personas con dependencia-, lo que significa que el plazo de seis meses para resolver empezará a vencer dentro de unos días. Los expedientes que no hayan podido ser tramitados en este tiempo tendrán que ser aprobados, en contra de la intención inicial de Bienestar Social. Empadronamiento «excesivo» No obstante, no todas las observaciones del Jurídic Consultiu sobre el decreto de la de dependencia han sido aceptadas. Sucede así con la referida a los cinco años de empadronamiento en España que exige Bienestar Social para poder acogerse a los beneficios de la ley.

El organismo que preside Garrido ha apuntado al respecto que el decreto de la Generalitat debía ajustarse «a la literalidad del artículo 5 de la ley» de Dependencia y que el requisito de los cinco años de empadronamiento parecía « excesivo ».

La norma estatal exige cinco años de residencia en España para beneficiarse de las prestaciones, pero no precisa que sea necesario demostrar esta circunstancia con certificados de empadronamiento, como sí reclama Bienestar Social.

Esta observación del CJC, sin embargo, no fue etiquetada como esencial y el departamento autonómico ha hecho caso omiso de ella y ha mantenido el requisito del padrón.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu revela, por otra parte, la velocidad del trámite final del decreto de desarrollo de la ley de Dependencia. Este entró el 18 de septiembre en el CJC, que dio su visto bueno -siempre que se tuvieran en cuenta las observaciones esenciales- el 27. Dos días después, el Consell lo aprobaba en su reunión plenaria y el Diari Oficial lo publicaba el pasado día 3.

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El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que su formación pedirá la reprobación de la consejera para la Igualdad ante el «desastre» generado.

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La Junta sólo ha evaluado un 3% de las 57.000 peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia

La Junta sólo ha evaluado un 3% de las 57.000 peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia
La consejera Navarro y el ministro
Caldera en una imagen en Sevilla

La Ley de Dependencia se aprobó en las Cortes Generales en diciembre del pasado año y entró en vigor en enero de este año. En abril la Junta de Andalucía ya anunciaba que en tres meses estarían revisadas las solicitudes de las familias que se quisieran acoger a estas ayudas. Nada más lejos, desde entonces se ha venido acumulando el trabajo, hasta el punto que hasta la fecha se cuenta un total de 57.000 solicitudes de familias andaluzas deseosas de recibir este apoyo, del que sólo se ha evaluado un 3%, según denuncia el diputado autonómico de Izquierda Unida, José Cabrero.

Precisamente hoy comparecerá en el Parlamento la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, para informar sobre el atraso que arrastra la Administración andaluza sobre la aplicación de la Ley, tal y como ya admitió hace una semana el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera.

Según el parlamentario de IU, a estas fechas, siguiendo el compromiso que había adquirido la propia Junta, ya se tenían que haber valorado los grados dependencia de estas 57.000 familias y haber evaluado sus posibilidades para acceder a estas ayudas. Cabe recordar que este año sólo tendrán derecho a estas prestaciones los que logren que la Junta los reconozca como «grandes dependientes», lo que supone que es un solicitante que depende de una ayuda personal prácticamente para todos los actos de su vida cotidiana.

Sin medios humanos y materiales

José Cabrero aseguró a ABC que la Junta carece tanto de personal como de medios técnicos para hacer frente al aluvión de solicitudes llegadas, teniendo en cuenta que habrá que hacer un programa individualizado, una vez que se haya procedido a la evaluación.

IU reclama a la Junta que destine un 1´5% del producto interior bruto andaluz (PIB) a las ayudas a la dependencia, «y no el 0´33% que se destina ahora». Y que se avance en la elaboración de una Ley andaluza de Dependencia, una medida que se aprobó antes del verano, recordó Cabrero, en el grupo de trabajo creado al efecto.

Dinero de la Junta
Precisamente ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, instó a las comunidades autónomas a que adelanten las ayudas económicas que contempla la Ley de Dependencia a las familias de los grandes dependientes que hayan sido evaluados. Recordando que, una vez evaluadas las personas dependientes, son las comunidades autónomas las que deben «prestar el servicio» que estas personas demanden.

Caldera señaló a Cuatro en declaraciones recogidas por Europa Press, que «es rotundamente falso que no se esté dotando de recursos financieros a la Ley de Dependencia», y destacó que el Estado va a aportar este año casi 500 millones a la Ley, que las comunidades tienen que aportar otro tanto y que el objetivo es que España gaste en la norma cerca de 10.000 millones en 2015.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que su formación pedirá la reprobación de la consejera para la Igualdad ante el «desastre» generado por la aplicación de la Ley.

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Las promesas de Enrique Cervera o Una tomadura de pelo llamada retroactividad

¿Carácter retroactivo de la Ley de Dependencia?



He leído en la prensa las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz sobre la retroactividad de las prestaciones de la ley de dependencia. Yo ya estoy valorado como gran dependiente y este año debería haber disfrutado de prestaciones a que tengo derecho, a pesar de no haber recibido nada todavía.


Creo que a las explicaciones del portavoz les falta algo. Es cierto que hay dotaciones económicas, que son las únicas que pueden tener carácter retroactivo. Por un lado la asistencia personal, pero al concederlas sólo si trabajas o estudias, la mayoría de los grandes dependientes hoy por hoy no tenemos acceso a ellas. Por otro lado, la paga al cuidador no profesional, es decir, al familiar; pero tampoco pues ya dice la ley que se dará de forma excepcional.


Las demás prestaciones que quedan son en forma de servicios: residencia, centros de días, teleasistencia, ayuda a domicilio… Le doy vueltas al asunto, pero no consigo averiguar cómo se consigue que esos servicios tengan carácter retroactivo. ¿El CSIC ha descubierto la máquina del tiempo? ¿Quizá quien venga a mi casa a ayudarme a levantarme de la cama me levantará y acostará diez veces al día hasta recuperar los meses perdidos? Si es así, no quiero ese carácter retroactivo.


No puedo dar rienda suelta a mi imaginación. El señor Enrique Cervera, portavoz del Gobierno, tiene que explicar en qué consiste la retroactividad de esas prestaciones no prestadas.

César Giménez Sánchez

Málaga

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Una excusa inexcusable: la retroactividad.

http://www.diariomalagahoy.com/181441_ESN_HTML.htm

“A mi hijo autista nadie le va a devolver la ayuda perdida”

15/10/2007 02:56 REBECA TOBELEM

MÁLAGA. El balance del casi primer año de aplicación de la Ley de Autonomía Personal no arroja un saldo positivo. La Junta de Andalucía ha admitido que no podrá cumplir los plazos ni ofrecer este año las prestaciones, como viene garantizado por decreto, a las personas gravemente dependientes.

Actualmente, según datos de la Junta de Andalucía, no se le ha hecho el examen para el diagnóstico ni al 26 por ciento de la población que lo ha solicitado, con 8.932 peticiones y unas escasas 2.365 valoraciones realizadas.

Ya no hay tiempo. Esto es lo que ha empujado a las familias de tres niños discapacitados a denunciar ante Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz el incumplimiento de los plazos por parte de la Junta de Andalucía. El abogado de las familias, Ignacio Loring, no entiende cómo un organismo asume con “total tranquilidad que no está cumpliendo una ley, cuando eso no se nos permite a los ciudadanos”.

La ley dice que la resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, que se computará a partir de la fecha de solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios. Transcurrido el plazo establecido (…) sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada”. Y esto es lo que temen afectadas como Mariola Rueda, madre de un niño autista con ocho años y de otra niña de cinco sin ninguna discapacidad.

“Sólo después de poner la denuncia, la delegada provincial, Amparo Bilbao, nos dijo que estaban desbordados y que la ley iba a tener carácter retroactivo ¿Pero cómo retroactivo si las ayudas económicas van a ser lo último? ¿Quién le devuelve a mi hijo los días? Si no hubiera ley me tendría que aguantar, pero con la normativa en pie exijo lo que me corresponde”, arguye esta madre.

Mariola y su marido Daniel Jesús Moreno trabajaban a tiempo completo antes tener a su hijo. Cuando le diagnosticaron el autismo, Mariola se acogió a la reducción de jornada, que mengua a la mitad el salario, y se encontró de un día para otro con la mitad de sueldo y el doble de gastos. “Mi hijo con apoyos lo puede hacer todo”, explica Mariola, que ya sabe que no podrá optar a un asistente personal porque para ello tiene que trabajar o cursar estudios de enseñanza no obligatoria.

“Los recursos son los que son” justifica la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao, que cuenta con 43 técnicos para cubrir todas las peticiones y pide “paciencia” por la envergadura y proyección de la normativa. Una vez se complete este examen, aún queda que el Gobierno autónomo elabore los Planes de Atención Individualizada (PIA) que confirman el tipo de servicio que cada persona con problemas de autonomía tiene.

El resultado, como valora la concejala de Bienestar Social, Mariví Romero es “una enorme frustración por las expectativas que había generadas”. Sólo en la capital, Romero explica que de 3.200 expedientes de solicitud enviados a la Junta, sólo han llegado 176 resoluciones y ningún PIA. “¿Qué plan tienen?, ¿que recursos se les dará?”, se cuestiona la edil que teme que todo el peso recaiga en los ayuntamientos.

Otro de los casos es el de un tetrapléjico de Estepona llamado Patxi, de unos 50 años. No puede utilizar las manos, ni por supuesto los pies, ni las muñecas. “Yo escribo con un palo en la boca”, lamenta este hombre que está convencido de que, “pese a su estado” no conseguirá el grado de gravemente dependiente. A él si le hicieron el pasado mes la valoración, pero todavía no le han contestado. Patxi advierte que también denunciará a la Junta por incumplimiento de los plazos.