(Jorge Félix Alonso Procurador del Grupo Parlamentario Socialista y Mª Ángeles Sierra, miembro del FVI)

Tras la presentación del documento Asistencia Personal: Una inversión en derechos; una inversión eficiente en empleo, editado  recientemente por el Foro de Vida Independiente, desde Valladolid para su conocimiento y debate presentamos petición a diferentes representantes administrativos y políticos, con la finalidad una vez más de ir dando pasos hacia adelante en la reconstrucción de un nuevo paradigma de la diversidad funcional acorde a lo estipulado en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad.

Hasta el momento unicamente hemos obtenido respuesta positiva del sindicato CGT, así como el  Procurador de las Cortes de Castilla y León por el grupo parlamentario socialista Jorge Félix Alonso, con quien miembros del FVI nos reunimos en la mañana de ayer, en sede parlamentaria.

Momento de la reunión

Tras debatir ampliamente en torno al  resumen ejecutivo de dicho documento en el que se exponen los cuatro factores fundamentales (derecho, social, empleo, economía) que se beneficiarían en caso de llevarse a efectos el desarrollo de la figura del Asistente Personal, el procurador nos manifestó su voluntad de profundizar y ahondar en nuestras propuestas y su intención de presentar pregunta parlamentaria, sobre el número de personas que actualmente reciben asistencia personal en Castilla y León  y en que medida y condiciones se les está otorgando.

Así mismo y al hilo de diferentes conversaciones mantenidas, pusimos en su conocimiento, nuestra puja particular en reivindicar unos derechos especialmente en el terreno sanitario de las personas con polio y síndrome postpolio, que actualmente nos están siendo ignorados por parte de nuestros estamentos administrativos y políticos, por lo que asumió su compromiso personal de trasladar nuestras inquietudes a la representante parlamentaria del grupo socialista, con la idea de que en un futuro próximo pueda concertarse una entrevista entre ella y los representantes asociativos de Polio y Postpolio en Castilla y León.

Imposibilidad de acceso a la tribuna de oradores

Tras el debate mantenido Jorge Félix Alonso, se dispuso a mostrarnos la nueva sede parlamentaria, que aun no conocíamos, dado nuestro interés por verificar el desarrollo de los criterios de  accesibilidad Universal  de la misma, donde pudimos comprobar una posible ausencia de medidas de accesibilidad sensorial, especialmente para personas sordas y una ausencia total y absoluta de accesibilidad física en el espacio que conforma el hemiciclo parlamentario, adornado con salvables escaleras tanto en la zona de asientos de los parlamentarios, como en la tribuna de oradores y la mesa presidencial parlamentaria.

Más escaleras para subir a la mesa de la presidencia parlamentaria

Razón por la que en próximos días y entendiendo que esta situación vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a  criterios de accesibilidad universal y muy especialmente los  artículos 8 sobre toma de conciencia y cambio de usos y costumbres, asumido por su parte tras apoyo expreso del parlamento a la Convención así como el  9 sobre accesibilidad y 29 sobre el derecho a participación política y publica de las personas con discapacidad, cuya presencia en dicho hemiciclo se hace a todas luces imposibles en condiciones de igualdad, como de las fotos se desprende, los miembros del FVI en Valladolid, asumimos compromiso de elevar en los próximos días escrito dirigido al presidente del parlamento así como al CERMI Castilla y León, a cuya petición y con  su presencia recientemente el parlamento autonómico se adhirió a la convención.

Mª Ángeles Sierra Hoyos. 12-06-09

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Derechos de las personas con discapacidad

 

Por primera vez, la ONU aprueba un texto para asegurar el cumplimiento de todos los  derechos humanos en condiciones de igualdad

 

 

 

Mañana entrará en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, un texto que engloba a 650 millones de personas en todo el mundo: una de cada diez. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería ser suficiente para proteger a todos, con este instrumento se intenta garantizar que, además, el cumplimiento de los derechos se realice en condiciones de igualdad.

• Autor: Por AZUCENA GARCÍA
• Fecha de publicación: 2 de mayo de 2008

– Imagen: Dominik Golenia –

El pasado 3 de diciembre, España ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas. Jamaica fue el primer país en hacerlo y Ecuador, el último. A un año de su adopción, este pacto ha sido firmado por 106 países. El objetivo del texto es promover, proteger y asegurar el cumplimiento, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Un total de 650 millones. Las buenas noticias no acaban aquí. Si las previsiones se cumplen, la Comisión Europea propondrá en junio la adopción de una directiva específica contra la discriminación de las personas con discapacidad en Europa. Esta decisión es fruto de la campaña "1 millón por la discapacidad", que se desarrolló el pasado año y obtuvo más de 1.350.000 firmas.

"En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos"

"En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos", reconoce la propia Organización de Naciones Unidas. Pero no es así. Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más vulnerables, junto a las mujeres, los niños y los refugiados, por lo que necesitan una atención especial. En ocasiones, carecen de las mismas oportunidades que el resto de la población. Para subsanarlo, la Convención de la ONU trata de acabar con las prácticas discriminatorias. Han sido necesarios cinco años de negociaciones para que este texto vea la luz, pero si su aplicación es efectiva, puede enmendar errores.

Impacto legislativo

Una vez aprobado el texto, las dudas planean sobre el impacto legislativo que tendrá. La Convención pretende servir de instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales. Se trata, en definitiva, de garantizar una igualdad plena en todos los ámbitos.

En este sentido, el informe Derechos Humanos y Discapacidad en España trata de "documentar la realidad y proponer perspectivas de mejora". Realizado por Leonor Lidón, de la Fundación ONCE, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), supone la parte correspondiente a España de un estudio europeo respaldado también por Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía. El documento defiende el abordaje de la discapacidad "en el ámbito de la dignidad y valor de cada ser humano" para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos.

Se buscan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales

Para ello, el informe recoge cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, en un intento de facilitar el desarrollo de las modificaciones y disposiciones normativas que sean necesarias tras la entrada en vigor de la Convención de la ONU. "La aplicación de la Convención va a propiciar un momento importante para ver hasta qué grado la legislación vigente es efectiva y es algo más que una declaración de voluntades", asegura el director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo.

Reformas

Alcanzar una situación de igualdad implica responder a las necesidades reales de las personas discapacitadas y atender a sus particularidades. En esta línea, según el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Fernando Fernández-Arias, la Convención supone un cambio de enfoque de la discapacidad, "ya que pasa a tratarse a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos y, además, reconoce las especificidades de la situación de las personas con discapacidad".

Esto supondrá algunos cambios legislativos para poder cumplir los principios de la Convención. De hecho, el CERMI ya ha advertido de que la "plena adecuación" de la legislación española a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU será una de sus prioridades. Por su parte, otras voces han pedido que se modifique el procedimiento de incapacitación. Para la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado para la ayuda de las personas necesitadas de especial protección, la Convención plantea "una nueva perspectiva" en la situación de las personas y su capacidad de obrar, lo que implica "una nueva lectura del sistema jurídico del derecho privado en materia de capacidad".

El artículo 12 reconoce la capacidad jurídica de las personas discapacitadas y defiende medidas oportunas "para impedir los abusos"

El artículo 12 de la Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas discapacitadas y defiende la puesta en marcha de medidas oportunas "para impedir los abusos". En concreto, subraya la necesidad de respetar sus derechos, voluntad y preferencias e insta a tomar "todas las medidas que sean pertinentes y efectivas" para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus asuntos económicos, acceder en igualdad de condiciones a préstamos bancarios o no ser privadas de sus bienes de "manera arbitraria".

Se trata de poner fin a cualquier situación de discriminación e indefensión, "no en categorías médico-jurídicas, tampoco en porcentajes, sino en situaciones personales o sociales", defiende la Fundación Aequitas. Según esta entidad, la adaptación de la actual normativa a los criterios o exigencias de la Convención permitirá equiparar a las personas con inteligencia límite y las personas con discapacidad "ante problemas que les fueran comunes".

Novedades

La intención última de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas es elaborar un listado detallado de derechos y un código de aplicación. Asimismo, exige a los países firmantes un compromiso para desarrollar leyes o medidas que garanticen el cumplimiento de estos derechos, combatan los estereotipos y prejuicios, y respalden la igualdad de todas las personas, en especial, de las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad.

El objetivo es elaborar un listado detallado de derechos y un código de aplicación

Por otro lado, la Convención reconoce el acceso igualitario a la justicia y a la educación, exige a los países que protejan la integridad física y mental de las personas con discapacidad y la confidencialidad de su información personal y en materia de salud, aboga por la eliminación de los obstáculos y las barreras físicas y busca promover la movilidad personal y la independencia.

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Se compromete a evitar tratamientos que puedan lesionar o menoscabar los derechos y la dignidad de este colectivo

• Fecha de publicación: 22 de mayo de 2009

El Manifiesto para el Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad en los Medios de Comunicación, una iniciativa de la Comisión Europea, recibió ayer el respaldo de la prensa escrita española. Este proyecto se realiza en varios países desde el año 2007 y persigue mejorar la imagen de las personas con discapacidad y evitar el trato discriminatorio.

Los firmantes -la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Federación Internacional de Prensa Gratuita, la Asociación Española de la Prensa Gratuita (AEPG) y la Asociación Española de Medios de Comunicación on line, además de las agencias Servimedia, Europa Press y Colpisa-, se comprometen así a evitar tratamientos que puedan lesionar o menoscabar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

Estas asociaciones y agencias afirman también que no incurrirán en la utilización de estereotipos y promoverán prácticas que favorezcan la plena integración de estas personas, presentándolas en situaciones de normalidad y de participación en el medio social. Asimismo, deberán fomentar la presencia de este colectivo en los medios en proporción similar a su importancia poblacional y facilitar su integración laboral, así como adoptar medidas de mejora de la accesibilidad a los contenidos.

Estas organizaciones se comprometen igualmente a formar parte de un comité que, con la coordinación de la Fundación ONCE, tendrá como finalidad intercambiar información para mejorar la imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación.

Por otra parte, se redactará un informe anual para hacer balance de las acciones orientadas a dar cumplimiento a las propuestas del manifiesto. Y en septiembre verá la luz un estudio sobre la imagen social de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, que servirá de base para realizar las mejoras necesarias.

 

VALENCIA 07.06.09

Piden un euro como compensación.

 

 

 

 

 

 

Imagen del juicio celebrado este viernes en Valencia

Benito Pajares

 

 

 

• La encargada les ‘invitó a marcharse’ del local porque ‘eran disminuídos’

• Se negaron a facilitar el libro de reclamaciones hasta que llegó la Policía

• La legislación prevé sanciones para los casos de discriminación

Daniel Borrás | Francisco Álvarez | Valencia

El plan nocturno se arruinó demasiado pronto para diez jóvenes valencianos con ganas de fiesta. Cena y a casa. Nada de baile. Los responsables del pub donde pretendían finalizar la velada les negaron su acceso. El motivo, tener síndrome de Down. Ocurrió el 15 de diciembre de 2006. Hoy arranca el juicio.

Por fortuna, los chicos discriminados no iban solos. En realidad, la salida nocturna se incluía en un programa de Asindown. Esta fundación organiza actividades de ocio para fomentar la integración de estos jóvenes. Siempre en compañía de tres monitores.

La fiesta transcurrió sin incidentes hasta que escogieron el pub ‘Me vuelves loco Coco-loco’ como pista de baile. No había entrado el grupo al completo cuando la encargada del local se personó para impedir su acceso.

Primero, la mujer apeló a la edad de los chicos para justificar su negativa. Aseguraba que por los rasgos parecían menores aunque desde Asindown se asegura que nunca llegaron a solicitar sus DNI para comprobarlo. Las sutilezas finalizaron en este punto.

‘Nos invitaron a marcharnos’

"Nos invitaron sutilmente a marcharnos al pub de al lado, ya que según su punto de vista creía que estaríamos más cómodos porque eran personas disminuidas", explican los monitores. Aún así, los responsables negaban que su actitud fuera racista. "No es discriminación, porque a personas con silla de ruedas si las dejamos entrar…", apuntan los testigos.

Desde la Fundación, sin embargo, entienden (y entendieron ‘in situ’) que éste es un caso flagrante de discriminación. Y citan dos leyes para avalar su teoría. En primer lugar, apelan al artículo 512 del Código Penal que prevé la inhabilitación especial por un periodo de uno a cuatro años para aquellos que denieguen a otra persona una prestación a la que tenga derecho por razón de "enfermedad o minusvalía" .

Además, la norma valenciana que regula el derecho admisión precisa explícitamente que "en ningún caso pueda producirse discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Problemas con el libro de reclamaciones

Los monitores de Asindown también encontraron un ‘no’ por respuesta cuando reclamaron el libro de reclamaciones (algo que exige la actual legislación). Y recurrieron a la Policía. "Sólo entonces se nos proporcionó la hoja de reclamación", explican.

El esperpento continuó unos minutos más, según la Fundación: "Mientras formalizábamos la denuncia, apareció el dueño del local, quién de manera poco educada y nada respetuosa, nos dijo, en tono elevado, que parecía mentira que cuidando a esos niños, nos aprovecháramos de la situación para montar un numerito, cuando más trabajo tenían".

Al parecer, el propietario del establecimiento alegó ante los agentes que el aforo estaba completo y que, además, era imprescindible una invitación para acceder al mismo. Los monitores, sin embargo, lo niegan: "Mientras rellenábamos los impresos, no dejaba de entrar gente a la que no se le pedía ningún tipo de invitación".

El juicio por estos hechos arranca este viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Aunque el resultado del mismo, afirman desde Asindown, es lo de menos: "No nos importan las penas que les impongan". Sólo que estas acciones no se repitan.

De hecho, sólo reclaman una indemnización simbólica de un euro. Aunque los propietarios de se enfrentan a penas que ocilan entre los dos y los cuatro años de inhabilitación. En la sala, se han ratificado en sus versiones. El juez dictará sentencia.