Desde principios de enero he venido siguiendo con inquietud las noticias relacionadas con la retirada a sus padres, personas con discapacidad, de una recién nacida en un hospital de Cádiz.
El asunto tendrá la solución que tendrá, porque como persona con un elevado grado de discapacidad, que precisa importantes apoyos, incluso para respirar, le puedo garantizar que el personal sanitario implicado desaconseja casi sistemáticamente los embarazos por considerarlos de alto riesgo, ocultando su desconocimiento profesional para tratar a una mujer con discapacidad en esta situación.
Pero en este caso la cuestión es más grave. Si el conocimiento profesional del personal sanitario es escaso, el del de Servicios Sociales es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de discapacidades intelectuales o mentales. Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados fue conminada por parte de dos trabajadoras sociales a que la embarazada abortara, siendo lo grave del asunto que la situación de la embarazada y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro.
Usted es el responsable de que la legalidad impere en Andalucía y no puede mirar para otro lado. Como primer andaluz debe de ser el primer defensor de la legalidad vigente y no puede permitir que miles de ciudadanos nos preguntemos si el ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años. ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad en supuestos que no contempla la legalidad vigente?
El hecho de que no se hayan iniciado actuaciones para reunir a esta familia pone en cuestión el cumplimiento de lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, entre otras cosas, la utilidad de programas financiados y publicitados a bombo y platillo por la Junta, como es el caso del Programa de Vida Independiente para personas con Síndrome de Down. ¿En qué consiste eso de: ‘Este proceso es necesario culminarlo con el desarrollo de programas de formación en Vida Independiente, que van más allá de la mera satisfacción de las necesidades para entrar en el terreno de los apoyos para la autonomía personal, las oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como reflejo de una vida integrada en la comunidad.’
La actualidad me ha llevado a la conclusión de que desde los poderes públicos y la administración existe una doble vara de medir. La capacidad para cualquier cosa se cuestiona siempre cuando se trata de personas con discapacidad que precisan apoyos, y se da por sentada cuando se trata de ciudadanos ‘perfectos’.
Para ilustrar lo anterior quiero que considere dos casos.
1) Los medios de comunicación se han hecho eco de que a principios del año pasado una niña de 5 años fue un domingo por la tarde sola a comprar un paquete de patatas y desapareció, seguramente no era la primera vez que iba sola, y el padre se plantó en casa de un vecino, conocido pederasta en el barrio, para interesarse por su hija. Días después apareció el cadáver de la niña y poco después la policía detuvo al pederasta que resultó tener una orden judicial para averiguar su paradero, pero no se había expedido la orden de busca y captura.
Muchos ríos de tinta han corrido sobre el caso, la familia del menor clama públicamente por el mal funcionamiento del sistema judicial y han llegado a entrevistarse con Rodríguez para pedir la pena de muerte. La de Dios se ha liado con el expediente abierto al juez, una parte de este asunto ha llevado a dimitir a un ministro, pero nadie ha cuestionado públicamente la actuación de los padres. El servicio de menores de la Junta desde luego que no, ni ningún tertuliano de los muchos programas que han tratado el asunto. Cierto es que los padres arrastran un inmenso dolor, pero nadie se ha pronunciado sobre el hecho de que la menor fuera sola a la calle. De haber sido hija de los padres con discapacidad de Cádiz ¿Qué se hubiera dicho?
2) También recogía la prensa recientemente que un penado había sido trasladado a un centro penitenciario en el que cumple condena su pareja; que ha tenido recientemente el segundo hijo, concebido como el primero en un bis a bis en otro centro penitenciario. El Ministerio del Interior posibilita que los penados mantengan relaciones íntimas en sus centros, incluso entre ellos, como es el caso, y no cuestiona la idoneidad de las reclusas para ejercer de madres. Incluso de aquellas que penan por haber por asesinato, entre otros de un joven de Ermua. Tampoco es baladí el hecho de que el padre también pena por asesinato, además del joven de Ermua por el hermano del Defensor del Pueblo, cosa que me llega a concluir de la legalidad de la situación, pero me plantea la pregunta de ¿Por qué se prestan apoyos para que una reclusa tenga a sus hijos con ella durante 3 años y a la madre discapacitada de Cádiz se le separa de su hija a las 48 de haber nacido? ¿Por qué se cuestiona la capacidad de los padres discapacitados y no se les presta ningún apoyo para ejercer la paternidad y a penados por asesinato no se les cuestiona y se les presta apoyos?
Evidentemente el Ministerio del Interior ha evaluado la situación y circunstancias personales de la pareja de penados y considerado que su idoneidad para ejercer la paternidad, permitiendo la legalidad vigente que los hijos convivan con la madre hasta los tres años. Supongo que el periodo de tres años obedece, entre otras, a que el menor disfrute del derecho a la lactancia que preconiza la OMS; por ello se me hace especialmente difícil comprender los motivos por los cuales se le impide a la hija de la discapacitada disfrutar del derecho a la lactancia materna.
Cuando presida el Consejo de Gobierno andaluz, por favor, lea en voz alta el art 23.4 de la convención y pregunte:
• A la Consejera de Salud si se practican abortos en centros públicos de supuestos no contemplados en la ley.
• A la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Social si existe alguna instrucción para que se coaccione a las personas discapacitadas para que aborten, si en centros y residencias públicas de discapacitados se permite y prestan apoyos para el ejercicio del derecho a ejercer la sexualidad, qué apoyos existen para que residentes discapacitados en centros públicos convivan con hijos tenidos durante su estancia en el centro;
• Al Consejero de Empleo qué prestaciones cubren a los desempleados discapacitados y qué programas o actuaciones han realizado respecto a esta pareja de padres;
• A la Consejera de Justicia que seguimiento llevan los juzgados de la rendición de cuentas de quienes ostentan la curatela y si en el caso de Sara, la madre discapacitada, se ha verificado que el curador ha dado cuenta de sus actuaciones anualmente;
• Al consejero de Vivienda,, dado que la pareja vivía en un piso sin agua y luz que no reunía condiciones de habitabilidad para un menor, qué procede para que se beneficien de una de las 700.000 viviendas a las que el anterior Presidente aludió en su intervención en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’.
Su formación jurídica y experiencia como Ministro de Trabajo y Seguridad Social me dan la plena confianza de que sabrá encontrar el procedimiento pertinente para que se haga realidad lo preconizado por la Convención. No obstante me permito hacerle dos consideraciones. La primera es que desde tiempo inmemorial personas con capacidad intelectual limite han criado a hermanos y sobrinos, pero paradójicamente no se les ha considerado capacitadas para tener y criar hijos propios. La segunda es que los informes técnicos han avalado la incapacidad de personas con Síndrome de Down para completar estudios normalizados y prescrito la educación en centros especiales, pero la familia de Pablo Pineda no sabía que era imposible que su hijo pudiera obtener una titulación universitaria y lo hizo, quizá en una Universidad Especial.
Si algo me ha decidido a escribirle es el hecho de que en su discurso de investidura usted hizo una apuesta decidida por la igualdad y transversalidad. Estoy seguro de que hará honor al compromiso adquirido en sede Parlamentaria.
Valencia, 25 de abril de 2009
Fdo: Vicente Valero Sanchis
Fuente: La Voz Digital – Cádiz
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