Mercedes Cabrera defiende que el ministerio que ahora lidera, de Educación y Política Social, es “nuevo”, que no se puede hablar de fractura entre educación y universidades. Al menos en apariencia nada tiene que ver con su antigua cartera educativa. Cabrera mantiene las competencias educativas (de las que se han desgajado las universitarias que ahora dependen de Ciencia e Innovación), y a las que se ha añadido la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, cuya puesta en marcha está siendo dificultosa por los problemas de coordinación con las comunidades. Un conflicto que tampoco le es ajeno al ámbito educativo. La ministra incluso reconoce que hay comunidades que incumplen aspectos de la ley educativa, pero que el Gobierno poco puede imponer. Por eso Cabrera compromete todo su esfuerzo en llegar a acuerdos.

Pregunta. La pérdida de la universidad hace que ahora se tenga que coordinar con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. El primer tema que las une es la prueba de Selectividad. ¿La van a cambiar?

Respuesta. Estamos en eso. En breve tenemos que aprobar los decretos que regulan el acceso a la universidad. Tenemos una prueba que ya no es válida porque está diseñada en función de una realidad del sistema educativo que ya no es la que hay ahora mismo. Pero cualquier decisión que se tome tiene que ser muy pensada y con capacidad para prever las consecuencias de su aplicación. Puede ocurrir que ahora necesitemos una cosa diferente, pero la selectividad es un tema sensible.

P. Cada vez hay menos alumnos, la competencia entre universidades por quedarse con ellos va en aumento. Con una prueba de homologación de conocimientos tras el bachillerato valdría. ¿Se plantean quitar la Selectividad?

R. No, ahora mismo no. No digo que quitarla no esté en un debate futuro posible, pero no va a estar en este decreto. Para eso debemos tener muy claro primero hacia qué modelo de universidades vamos.

P. El PP está apoyando en algunas comunidades, como Madrid o la Valenciana, la desobediencia civil a Educación para la Ciudadanía, una asignatura obligatoria por ley. ¿Qué va a hacer?

R. Los gobiernos de las comunidades que hacen eso están claramente poniendo en cuestión el cumplimiento de la ley. Si hay quejas o protestas de ciudadanos ante los gobiernos autonómicos porque éstos incumplen una ley puede actuar la Inspección General del Estado. Mientras no haya una doctrina jurídica unificada, en este caso, del Supremo, lo que hay es una ley que hay que obedecer. La responsabilidad de las comunidades es informar de forma clara y meridiana a los padres sobre las consecuencias de que sus hijos no estudien esta materia.

P. ¿Qué consecuencias?

R. No obtendrán la titulación de la ESO. Pero no es una amenaza, es el cumplimiento de la ley.

P. ¿Intentará llegar a un pacto con el PP sobre esta asignatura?

R. En educación tenemos que ir a un pacto de Estado, o como lo queramos llamar. Pero en todo, no sólo sobre Educación para la Ciudadanía.

P. ¿Es legal establecer cuotas máximas de inmigrantes por centros, como quiere hacer Cataluña en la ley educativa que prepara?

R. Sí. La Ley Orgánica de Educación (LOE) habla de la responsabilidad compartida de todos los centros con financiación pública a la hora de escolarizar a esos alumnos. Esa responsabilidad compartida es competencia de las comunidades.

P. ¿Comparte ese proyecto?

R. Desde el punto de vista educativo, no es bueno que haya concentración de inmigrantes. Lo lamentable es que se combine esa concentración en la escuela pública con pocos recursos para ella.

P. Pero esa combinación es precisamente una opción política en algunas comunidades, como la de Madrid.

R. Esa opción política, contada así, incumple lo que dice la LOE, con respecto a la responsabilidad compartida de todos los centros con financiación pública de escolarizar inmigrantes.

P. ¿Cómo va a ser la carrera de los profesores no universitarios del futuro que están negociando con los sindicatos?

R. Se darán incentivos vinculados a la evaluación de los profesores. El Estatuto de la Función Docente estará esta legislatura. Queda por ver cada cuántos años y de qué manera se evaluará.

P. Ha dicho que va a cambiar también el sistema de evaluación de los alumnos.

R. Sí, vamos a hacer un nuevo sistema de evaluación sistemática del funcionamiento del sistema educativo, para que no tengamos cada tres años un Informe Pisa que parece que nos descubre un mundo que desconocemos, cuando no es así, pero hay que reorganizarlo.

P. ¿Harán públicos los resultados por comunidades?

R. Se puede hacer, como son públicos los de las evaluaciones que hacen para el Informe Pisa.

P. Hilando ya en parte con otra pata de su ministerio, la de política social, ¿qué va a hacer para acabar con las guarderías ilegales para niños de 0 a 3 años?

R. Lo que puedo garantizar es que las plazas nuevas que se creen con el dinero público presupuestado, este año son 100 millones, tienen que cumplir unos requisitos mínimos de calidad.

P. La educación de 0 a 3 años es la única etapa para la que el Gobierno no ha establecido unos requisitos mínimos (de profesorado, instalaciones…) para toda España. ¿Lo van a hacer?

R. Esta etapa es educativa y vamos a llevar una propuesta sobre este tema a las comunidades en la Conferencia Sectorial.

P. Vista la dificultad del Gobierno para hacer cumplir sus leyes educativas en algunas comunidades, por falta de competencias, más difícil será construir un sistema de Dependencia, cuarto pilar de Estado de Bienestar, con unos requisitos y servicios mínimos comunes para todos los ciudadanos. Porque los servicios sociales jamás pertenecieron al Gobierno, nacieron en las comunidades y cada cual los ha gestionado a su modo. ¿Intentarán renacionalizar algunas competencias?

R. Si no entendemos que las comunidades son tan Estado como la Administración General seguiremos despistando a los ciudadanos. Tenemos que tomar las decisiones de acuerdo con las competencias de cada uno. Pero eso no quiere decir que no se puedan imponer algunos requisitos. Por ejemplo, ya hay algún borrador sobre los requisitos de los centros [geriátricos y otros]. Esos serán iguales para todos. Pero todo surge cuando ya las comunidades tenían sus sistemas, y eso dificulta el acuerdo.

P. También en el copago. Cada comunidad está poniendo en marcha la ley sin que se haya llegado a un acuerdo sobre qué cantidad aporta el usuario al servicio que recibe. Puede haber 17 modelos.

R. Trabajamos para llegar a un acuerdo aceptado por todos y de cumplimiento general, pero las comunidades tienen competencias exclusivas.

P. La dificultad para llegar a acuerdos ha retrasado la puesta en marcha del sistema.

R. El sistema de Dependencia supone un cambio radical, el paso de un modelo mediterráneo, en el que la familia cargaba con los cuidados, sin reconocimientos ni medios, a un modelo nórdico. Hacer esa transformación requiere un esfuerzo enorme y levanta mucha expectativa social, y eso hay que saber medirlo, porque un cambio así no se hace en dos días.

P. ¿Está pidiendo tiempo? Miles de personas han fallecido sin llegar a recibir la ayuda pedida.

R. No sé si tiempo… Bueno, sí necesito un poco de tiempo… Y lo que pediría es un momento de reflexión. La Ley de Dependencia tiene un periodo de evaluación de aquí a unos meses. Estoy recibiendo a todos los consejeros y necesitamos saber exactamente la situación. Algunos dicen que están valorando más dependientes de los que se calcularon.

P. Las ayudas económicas para el cuidador familiar están previstas sólo excepcionalmente, mientras se dota al sistema de infraestructuras. ¿Qué plazo de tiempo esperan mantenerlas?

R. Lo vamos a saber en cuanto tengamos un mapa general de servicios sociales en las comunidades. La Ley de Dependencia debe tener como efecto o consecuencia que aquellas mujeres que se han hecho cargo de familiares dependientes puedan decidir libremente si quieren seguir haciéndolo, con ayuda, o prefieren trabajar en otra cosa.