Nos hacemos eco del caso de Joaquín, un andaluz que tuvo la desgracia de perder una pierna como consecuencia de una negligencia médica y que, desde entonces, vive en permanente combate con la Junta de Andalucía, propietaria de su vivienda, intentando conseguir que ésta asuma sus responsabilidades y cumpla sus propias leyes, adecuando el hogar de Joaquín a su discapacidad funcional, superando las barreras arquitectónicas.
Hagan clic en “Leer más“ para conocer el caso, en el que se aporta documentación que evidencia esta situación.
Un indefenso gorrión llamado Joaquín
por Enrique Rubio Aracil y Mª Ángeles Sierra Hoyos *
Situaciones en las que estas instituciones, jerárquicas y supuestas veladoras de nuestro bienestar social, se convierten en nuestro máximo exponente de discriminación por acción de la desidia y el abandono que nos lleva a la más absurda e innecesaria situación de injusticia. Este es el caso de Joaquín Mora. Un hombre de Huelva con una discapacidad física, producto en su día de una negligencia médica y por la que transita a través de una silla de ruedas y cuyo interminable soporte cruce de negligencias, daría a un buen plumilla para escribir una incomparable novela sobre su situación.
A Joaquín, en su día se le adjudicó, debido a su situación de necesidad, tanto social como familiar y económica, una vivienda de promoción pública, propiedad de la Junta de Andalucía, como así y para estos casos son adjudicadas las viviendas propiedad de las Administraciones Públicas.
Dicha vivienda, por entonces, no reunía los criterios mínimos de accesibilidad. Carece de ascensor, tiene las puertas del domicilio muy estrechas, así como los pasillos, el baño de la vivienda y la cocina son imposibles de ocupar con una silla de ruedas, además de una larga lista de etcéteras.
Lo que significa que desde el día en que Joaquín salió del hospital con una pierna amputada, obligado irremediablemente a permanecer en una silla de ruedas y volvió de nuevo a su casa, de esto ya hace más de 7 años, además de su transformación física, su casa, se convertiría en una penitencia y en su confinamiento más insultante.
Desde entonces viene pidiendo a la propietaria de la casa, la junta de Andalucía, soluciones a su situación y parece ser que dicha propietaria no las encuentra. A lo más que han llegado ha sido a hacerle un informe técnico de la posibilidad, mejor dicho, de la imposibilidad de dotarle de medios que hagan accesible su vivienda e incluso han llegado, suponemos que por eso de lavarse las manos, a ofrecerle como fórmula que compre su propia cárcel y se deje ya de cantinelas.
Ha acudido personalmente y desde los pocos medios de que dispone, al alcalde, al Presidente de la Junta de Andalucía, a varios diputados de los diferentes grupos parlamentarios, a medios de comunicación, a grupos y redes en internet, a abogados, trabajadores sociales, personas amigas de su confianza, al Defensor del Pueblo Andaluz, del que, hasta el momento, ha tenido como respuesta que estudiará su caso, pero continúa encerrado desde hace más de 7 años en su vivienda y sin poder siquiera hacer sus necesidades fisiológicas dentro de su cuarto de baño, al resguardo de su propia intimidad, como cada día lo hacemos cualquiera.
Lo que nos ha llevado a pensar en el tiempo y tras leer el informe que ahora resumiremos, que éste es uno de los casos símbolo de una de las vergüenzas más desvergonzadas que nos ofrece nuestro actual sistema.
1.- Estamos ante un edificio de propiedad pública, adjudicado a una persona, actualmente con discapacidad, para la que es inaccesible. Luego, el que tiene la propiedad tiene que tener la solución, más aún siendo la propia Administración pública y no puede centrar esta solución en que se busque la vida, porque el hecho de que le haya sido adjudicada esa vivienda por la propia Administración pública obedece a que no estamos hablando de ningún rico que pueda cambiar de casa como quien puede cambiar de camiseta.
2.- En el informe, aunque reconoce la posibilidad de llevar a cabo acciones de tipo interno en la casa, para la accesibilidad en baño y cocina, le admiten que es prácticamente inviable en lo que se refiere a espacios comunes, es decir poner ascensor, porque requeriría:
a) Unanimidad de todos los vecinos por cambio de estructura del inmueble.
b) Pasar por todas las cocinas del vecindario para la puesta del ascensor con los supuestos cambios individuales de estructura de todas las viviendas.
c) Invadir un espacio público, lo que requeriría el pertinente permiso y dotación municipal. No vale que le sugieran plataformas elevadoras hasta un segundo piso, como consta en el informe, porque eso es mucho más esclavizante y más inefectivo, ese tipo de artilugios sirven malamente para salvar pocos peldaños, nunca dos pisos, y en la mayoría de casos, está más veces averiado que en uso.
d) Tiempo y costes que dejan en el aire y frente a los que, además, la Administración parece lavarse las manos, cuanto más llegan a la otorgación de subvenciones, si procede, en tiempo y forma.
A Joaquín, como a cualquier otro ciudadano ante un caso de éstos, le avalan, o deberían avalarle, los supuestos articulados de varias normativas y leyes como:
a) La Constitución
b) La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI)
c) La Ley de Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (LIONDAU)
d) La Ley de Igualdad de las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía.
e) La normativa de accesibilidad de la Junta de Andalucía
f) La normativa por la que se rigen las viviendas de promoción pública.
Y la fuerza de la razón, además del sentido común y de la voluntad política y administrativa.
Pero no le avalan, no. De bien poco parece que le están sirviendo.
Algunos hemos emprendido, como medida de acción, una protesta solidaria enviando correos electrónicos a la dirección del Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y ni siquiera hemos obtenido respuesta alguna. Quizás, como Joaquín, somos demasiada poca cosa los ciudadanos para ser tenidos en cuenta como perceptores del derecho, del respeto y de la atención que merecemos.
Lo que Joaquín precisa en este caso, no es ni más ni menos que iniciar una simple acción burocrática de permuta de vivienda con alguna de las muchas accesibles de las que dispone la Junta de Andalucía y en las mismas condiciones económicas que ocupa la actual, porque, que sepamos, no está tipificado aún como delito tener una discapacidad, pero sí lo es discriminar a quienes la tienen por razón de estupidez o por cuestión de intereses.
Joaquín sólo ansía poderse encontrar, día a día, en plena calle y con toda la vecindad. Es como un gorrioncillo que se ahoga dentro de su jaula de “oro”, pues no sabe vivir privado de su libertad ni es justo que así sea.
Solución para Joaquín ¡YA!
Esperamos que esta utilidad os resulte adecuada a vuestras necesidades.
michelcollon.info/ inSurGente.-
Érase una vez, en los Estados Unidos, ese país donde atan a los perros con longaniza, unos bondadosos filántropos que habían acudido a la ayuda de los pobres (no demasiado, pero algo pobres no obstante) para ayudarles a que se comprasen una casa. Esos benefactores prestaban dinero, casi sin contrapartidas, a quienes no lo tenían. Los pobres sólo tendrían que rembolsar poco a poco, de la forma y en el momento que pudiesen, disfrutando desde aquel primer momento de su nueva casa con su jardín, una recompensa inesperada tras una vida dedicada al trabajo.
Desafortunadamente, era demasiado hermoso para ser verdad. Y es que el generoso donante no era sino un granuja. Basándose en la firma sonsacada al incauto pobre, el prestamista notificaba que aquel préstamo (en principio prácticamente gratuito) dejaría de serlo poco después. Y que la firma obligaba al pobre a rembolsar muchísimo más de lo que se le había prestado. La proporción de endeudamiento era tan elevada que el pobre, se encontraba rápidamente ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda y no tenía más remedio que cederle su propiedad. A él o a otro, ya que, mientras tanto, el primer granuja había vendido el acta de propiedad a otro tan granuja que, a su vez, también se había apresurado a traspasársela a un tercero a cambio de una elevada suma de dinero.
Sin embargo, cuando el acta de propiedad llegaba a las manos del último comprador el acta ya no tenía valor, ya que todo el gremio de granujas había decidido vender las casas mal adquiridas en el mismo momento. Entonces ¿acabo perdiendo quien creía ganar? ¿Es moral esta fábula de las “subprimes”? No exactamente. Mientras que los pobres eran cada vez más pobres y sólo tenían ojos para llorar, el primer granuja y los demás, se habían enriquecido con creces antes de escabullirse en una naturaleza salvaje.
Pero “¿qué fue del último?” me preguntará usted. Él también perdió mucho dinero. Perdió mucho más que el pobre pero, a la vez, mucho menos en comparación con su fortuna. Pero él pertenece a la raza de los pudientes. Y si cae, todos saben que puede arrastrar en su hundimiento a muchísima gente. Especialmente todos aquellos que necesitan su dinero para inventar, el día de mañana, otras hermosas y verídicas historias como el de las “subprimes”. Gracias a Dios, en ese país donde atan los perros con longaniza, existe un gobierno que hace valer la Justicia….y devolverles el dinero perdido. Pero ¿qué hace el Gobierno para poder devolver el dinero al último granuja? Pues nada : recauda un impuesto. Y ¿quién paga el impuesto? Pues el pobre, evidentemente, él y todos sus semejantes.
¿Cree que exageramos? No exactamente ya que si nuestra fábula – totalmente inmoral – terminase aquí, estaría casi alcanzando la realidad. Cada día es más probable que el Estado norteamericano no tendrá otro remedio que garantizar esos préstamos inmobiliarios reducidos a nada. Según la declaración de un economista, citado el pasado lunes en Le Monde, eso “costaría a los contribuyentes estadounidenses unos quinientos mil millones de dólares por lo menos.”
Eso significa que muchos pobres tendrán que pagar durante muchísimo tiempo, para poder rembolsar una deuda que no es suya y borrar así una infamia de la que no son culpables y de la que algunos de ellos fueron las primeras víctimas. Y si esto no se produce, significará el hundimiento de todo el sistema, relegando a la miseria a millones de pobres. Los mismos, siempre los mismos.
Esta historia es edificante. Sólo tiene un defecto. En la vida real esos granujas no son verdaderamente granujas. Los conocemos : son los inversores y, al final de la cadena, banqueros. Sólo están haciendo su trabajo. No cometen ningún delito. El “granuja” es el sistema en su conjunto. Esa estafa no es una estafa, es lo que solemos llamar “capitalismo financiero” o “neoliberalismo”. Los peces gordos especulan y los pequeños se ven despojados de sus bienes. Es natural. Es la regla de un sistema sin reglas. Y son los políticos quienes han decidido esta desregulación planetaria. Se podría imaginar que están arrepentidos. Sobretodo cuando son…¡ ay ! ¿ cómo se decía? – “de izquierdas” – y alardean de defender a los más necesitados. Pero este no es el caso, sino todo lo contrario, ya que empeoran la situación.
El recentísimo Tratado de Lisboa (que ni siquiera ha sido sometido al voto popular) confirma este sistema, instituyéndolo en Europa. Lea usted el artículo 56 que prohíbe cualquier traba a la circulación de los capitales y prohíbe a los políticos aplicar cualquier tipo de intervencionismo. Asociándonos a la petición de un grupo de economistas europeos que piden su derogación del Tratado no pretendemos, desde luego, detener la crisis que se avecina casi por arte de magia. Con ello pretendemos, al menos, bloquear la situación para devolver a los políticos su poder en materia de finanzas. Finanzas que resultan tan creativas cuando se trata de explotar todas las riquezas del planeta.
Politis, 27 de marzo de 2008
Traducido por Manuel Colinas y corregido por Investig’Action
EDITORIAL
La Ley de Dependencia se aprobó por las Cortes Generales y entró en vigor a finales de 2006 como una de las grandes apuestas sociales del Gobierno socialista. De hecho, se ha considerado la cuarta pata del Estado del Bienestar, al dar respuesta a una de las principales carencias asistenciales. Tan benéfica era a priori su llegada, que incluso el PP votó a favor y fue una de las pocas leyes aprobadas por unanimidad durante la pasada legislatura.
Sin embargo, pronto se convirtió en arma arrojadiza de la batalla política de determinadas comunidades autónomas del PP contra el Gobierno central, con Madrid y la Comunitat Valenciana en cabeza. Como resultado, los principales perjudicados han sido, precisamente, los más necesitados de las ayudas, que han visto cómo sobre todo en estas dos autonomías se han paralizado las tramitaciones de los expedientes presentados por los afectados. Hasta el punto de que en estos momentos sólo siete personas cobran en la Comunitat la ayuda de 405 euros por cuidador familiar. Por el contrario, Andalucía tiene 3.756 beneficiarios y en el conjunto de España llegan casi a seis mil las prestaciones que ya se abonan. Curiosamente, en otra comunidad del PP, como la vecina Murcia -que tampoco ha hecho casus belli de otras iniciativas como las desalinizadoras-, hay 220 cuidadores que ya cobran la prestación.
Es por eso que el Consell debería abandonar de inmediato su actitud obstruccionista y dar solución a las más de 61.000 solicitudes tramitadas. No son argumentos políticos, sino necesidades sociales.
Un expediente finalizado y metido en una cajaJuan Cotino,
Conseller de Benestar Social a la Comunitat Valenciana
P. G. del Burgo, Valencia
La primera valoración tuvo lugar en julio de 2007. En octubre recibieron la visita de la trabajadora social del Ayuntamiento que tras contrastar los datos le dijo: “Antes de Navidad tendrás la ayuda”.
Ya se ha comido las uvas, han pasado las rebajas, los carnavales, las fallas, ha llegado la primavera y a casa de Rosario no ha llegado noticia alguna.
Como la persistencia es el único aliado de los solicitantes de las prestaciones sociales, la hija llamó al 900.100.880 para informarse: “El expediente ya está finalizado”, le dijeron. Ella siguió esperando.
El 9 de enero presentó una reclamación al honorable conseller Juan Cotino solicitando información sobre el expediente de su madre: “Y todavía estoy esperando que me conteste”.
Hace unos días y con angustia ya más que asentada en su casa y en su propia vida, Rosario llamó al teléfono de Avapsa (la agencia que realiza y tramita la valoraciones) 96.339.3129 para preguntar a quien se tenía que dirigir para pedir explicaciones sobre la situación en la que se encontraba de su expediente. “Han llegado muchas cajas de expedientes, vamos a revisarlas y a puntearlas porque llevan mucha faena”.
A Rosario le gustaría que el conseller de Bienestar Social, “se metiera en mi piel y pasara lo que yo paso en casa”.
InSurGente
.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que si esta norma sale adelante sería motivo de una “revolución social”. La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, cree que es un “atropello a la sociedad civil” el que el Gobierno baraje normas de esta naturaleza. “No puede ser que, por una mala gestión de la crisis, los consumidores paguemos el pato” con medidas “aberrantes, inconstitucionales e ilegales”, sentencia la portavoz de la OCU. Esto se conoce apenas dos días después que se hiciera pública la noticia del aumento de la morosidad en un 33% en el pago de hipotecas. En esta noticia adjuntamos un resumen del informe del BBVA para la economía española, donde se estima que el desempleo se disparará hasta el 11%.
Carta de los lectores
Zona 20 – Carta de AlicanteSuspenso en bienestar social
Juan Cotino, Conseller de Benestar Social de la Generalitat Valenciana
CARMEN CALPENA GALIANA.
Bienestar Social ha venido demostrando, desde hace años, a muchas de las familias que han necesitado de sus servicios que esta institución es poco comprensiva, muy lenta en su gestión o que da una callada por respuesta a las solicitudes que pasan por registro.
Al parecer consideran esta acción democrática –pedir un servicio– una intromisión que les desvelaría la pasividad y gandulería con la que trabajan algunos máximos responsables de esta Administración pública.
Hacer los deberes con la responsabilidad que se debiera no es lo habitual, responder o dar explicación de cualquier situación administrativa a cualquier colectivo ciudadano puede llegar a que el solicitante renuncie al final en su empeño de recibir una respuesta.
Los problemas los solucionan sobre la marcha en forma de parcheo. El número de centros ocupacionales para discapacitados es una vergüenza, tan sólo uno en toda la ciudad, centros de día y residencias, más de lo mismo, una grandísima desvergüenza. Y el colectivo de jóvenes con necesidades especiales está formado por cientos que permanecen aparcados en sus casas o están de aquí para allá realizando todo tipo de cursillos básicos.
Van acompañados sobre todo por sus madres, que tuvieron que abandonar su vida laboral y aparcar las obligaciones en el hogar para que su hijo no retroceda en los conocimientos.
Durante muchos años y con gran esfuerzo, estos menores consiguieron avanzar en integración durante la etapa de Educación Primaria. Por favor, no jueguen con los derechos de los colectivos más vulnerables y apliquen de una vez por todas la Ley de Dependencia.
Alicante
Laura Vallejo / Madrid-25/03/2008- 25/03/2008
El colectivo Ni pobres ni sumisos, que agrupa a asociaciones nacionales y locales de personas con discapacidad, en Francia, se movilizará para reivindicar la creación de una pensión digna para las personas cuya discapacidad les impide trabajar, o les ha obligado a abandonar su actividad laboral, según informa el diario Liberation.
El próximo 29 de marzo, esta plataforma ha organizado una manifestación en París, a la que se prevé que acudirán 20.000 personas para reclamar la creación de dicha pensión.
Los promotores de esta iniciativa piden que esta prestación beneficie a personas que no pueden trabajar, cualquiera que sea su edad, y tanto si residen en su domicilio como en un centro asistencial, y que su montante sea equivalente al del SMIC, el salario mínimo interprofesional en Francia, que actualmente se sitúa en 1.280 euros brutos al mes.
Según un sondeo realizado por Ifop para la Asociación de Personas con Parálisis de Francia el pasado mes de diciembre, el 90% de los franceses sería favorable a la creación de dicha pensión, mientras que el 77% de los participantes en la encuesta consideraba que los poderes públicos galos no están haciendo lo suficiente en lo que e refiere a la ayuda a las personas con discapacidad.
Mucho se habla en esta tierra nuestra de libertad, democracia y pluralidad. Principalmente entre los medios profesionales de difusión – entiéndase radio, televisión y prensa escrita- donde en apariencia y apelando a la libertad de expresión cada uno de ellos expone a sus lectores una amplia gama de informaciones y artículos de opinión para formar el criterio de quienes nos encontramos al otro lado de la mesa.
Pero a pesar que en apariencia todo esta dentro del contexto que entre todos establecimos, la realidad cotidiana nos demuestra que no siempre es así.
Los medios periodísticos industriales con una creciente voz y capacidad de influencia en el espacio público, constituyen muchas veces un factor más de violencia. A través de sus contenidos noticiosos crean, promueven, refuerzan y legitiman la violencia generalizada hacia quienes consideran pueden ser un obstáculo de sus propios intereses.
Ya que al banalizar y descontextualizar la información van creando y construyendo asociaciones como: emigrante = delincuente; nacionalismo = independentista radical violento, creando estigmas que de alguna manera intentan legitimizar la agresión en su contra y se forma el caldo de cultivo perfecto de violencia política, social y deportiva.
No es difícil encontrar en nuestra historia reciente, de innumerables casos de enfrentamientos, ya sea entre grupos con diferentes ideas políticas o deportivas que terminan con heridos, detenidos e incluso algún que otro muerto, donde el inicio fue una información en forma de bola de nieve lo suficientemente amplificada por algunos medios con resultados que quizás nadie habría podido prever. O lo que seria más grave, cuando esta información fuera dada con la intencionalidad de realmente provocar el enfrentamiento.
No hace falta mas que darse una vuelta por los diferentes foros de los diarios electrónicos en Internet, donde en la mayoría se permite a los lectores verter sus comentarios sobre las diferentes noticias dadas o artículos de opinión y que en una buena parte y cobijados en el anonimato queda reflejado ese sentir donde el insulto y la descalificación cada vez más soez y descarnada gana terreno sobre el comentario reflexivo por muchos lectores expresado.
La critica y la diversidad de opinión es sana en una sociedad moderna y democrática, pero cuando esta se vacía de contenido y la palabra se convierte en violencia en forma de insulto, nada bueno hace presagiar, y en esto tenemos buenos maestros en algunos políticos, periodistas y pseudos-intelectuales que pululan por estos lares, ¿como queremos entonces no encontrarnos con verdaderos mamporreros de la palabra al otro lado de la línea?
En este sentido quiero expresar mi regocijo de escribir en Xornal.com, y echar una lanza a favor de sus lectores, uno de los pocos medios a nivel mundial donde sus lectores en su gran mayoría demuestran con sus comentarios un gran nivel, que muchas veces nos hace sentir el compromiso que los que tenemos el privilegio de escribir aquí, debemos cuidar y sostener en cada uno de nuestros artículos.
Rogelio Diz-Analista político
rdiz51@yahoo.com.mx