Los Grandes Nobles, miembros de la Comisión, parecían actuar en defensa de los intereses generales, pero la sentencia era claramente favorable a sus aspiraciones. Sus intereses aparecen en una de las medidas de la sentencia, destinada a evitar que el rey castigara a cualquiera de los Grandes: cuando Enrique o sus sucesores hubieran de proceder contra duques, marqueses, condes y grandes caballeros de sus reinos en causas que merecieran la muerte, prisión o confiscación de bienes, dejarían el asunto en manos de los condes de Haro y de Plasencia y de los marqueses de Villena y Santillana, que juzgarían junto con el arzobispo de Toledo, dos obispos, un procurador de la ciudad de Burgos, otro de Toledo y otro de Sevilla.
Si el monarca aceptaba el programa político reflejado en la Sentencia de Medina del Campo, su poder quedaría en manos de los Grandes y, si se oponía o no lo aplicaba corría el riesgo de perder el reino, pues antes de reunirse la comisión, Enrique había puesto en manos de los nobles a su hermano Alfonso que, en cualquier momento, podría ser proclamado no sólo heredero de Enrique , sino rey en vida del monarca.
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