Hacia finales del año 1609, la ciudad de Segorbe había perdido la misma proporción de habitantes que el conjunto del reino de Valencia, es decir, una tercera parte. Los cálculos más optimistas cifran la población del reino en las postrimerías del siglo XVI en 350 ó 375.000 personas, mientras que el número de moriscos expulsados, huidos y fallecidos ha sido evaluado en unos 112 a 125.000 individuos. Pues bien, según los recuentos y registros de embarque del virrey, el marqués de Caracena, Segorbe contaba con un vecindario de unos 1.050 hogares, 350 de los cuales eran moriscos.
Para poder formar una idea cabal sobre las consecuencias de la expulsión tendríamos que comparar los efectos de aquella orden con el impacto de una gran epidemia. Como el contagio, tampoco la expulsión distinguió entre niños y adultos, hombres y mujeres, campesinos y artesanos, pobres y ricos. Con muy pequeños matices que apenas vienen al caso, todos ellos estaban comprendidos en el decreto firmado por el rey Felipe III (1598-1621).
El impacto de la expulsión en los dominios del Ducado de Segorbe fue, pues, muy elevado. La orden de destierro no sólo hizo desaparecer un elevadísimo contingente demográfico. Con ella se desvaneció uno de los principales motores de la riqueza de la comarca, así como el conjunto de actividades productivas tradicionales y de redes de intercambio consolidadas resultantes de la adaptación secular a aquella específica realidad socio-económica.