La reapertura del conflicto municipal y la consolidación del control señorial

Las buenas relaciones entre la ciudad y el duque se truncarían en 1626, llegado el momento de renovar los jurados. Todo parece indicar que el motivo fue la decisión ducal de modificar la lista de los propuestos y la no aceptación por los oficiales locales de los consignados por la parte señorial. Ello dará origen a un nuevo momento de enfrentamientos y crisis.
En junio de ese mismo año, en una reunión del Consejo Particular, los Jurados se rebelan contra la forma de elección de oficiales que figura en las ordenanzas vigentes. El 22 del mismo mes, el sindico y procurados de Segorbe presentaba ante la Real Audiencia de Valencia una petición en la que manifestaba que en su día el Consejo Particular de la ciudad hizo ciertas ordenanzas sin autorización del Consejo General, contradiciendo inclusive lo acordado en una supuesta reunión de este órgano.
La posición de la ciudad de aclaraba en un escrito presentado a la Real Audiencia en agosto, en el que se negaba la validez de todo lo realizado por parte del duque y se insinuaba que no tenía ningún efecto el acuerdo de 1619, pues el duque no había cumplido sus compromisos.
Mientras los temas se trataban en la Audiencia, se acercaba la fecha de elección del Justicia. El procurados del duque solicitó que la elección de realizase conforme a lo dispuesta en las ordenanzas que la ciudad cuestionaba. Sin embargo, esta pugnaba por conseguir convocar el Consejo General, en base a lo solicitado a la Real audiencia, pero esta no accedió a dicha solicitud dado que significaría desautorizar la posición ducal.
Finalmente la Real Audiencia se desentendía del conflicto, alegando que no se consideraba una instancia competente y que el tema debía trasladarse al Consejo Supremo de Aragón. Entre tanto, el duque seguía manteniendo su posición de señor jurisdiccional y la vigencia de sus ordenanzas.
En septiembre de 1628, el Consejo de Aragón dictaba sentencia, haciendo saber a las autoridades de Segorbe que se mantenía la vigencia del acuerdo entre las dos partes. Fue por tanto una clara victoria ducal y la consolidación del poder señorial en Segorbe, que acto seguido y como represalia decretó la revocación del aumento salarial a los oficiales municipales acordado en 1623.
Se pasó pues a una convivencia difícil que daba signos puntuales de que se había roto el clima que hizo posible la promulgación y aceptación inicial de las ordenanzas. El marco legal quedaba definitivamente fijado en una posición de predominio del duque sobre la ciudad a través no solamente de sus representantes en el territorio, sino por la existencia de una legislación que favorecía la creación de una clientela ducal, recompensada con su inclusión en la élite municipal.