Los expertos aseguran que los riesgos de las intrusiones en los sistemas informáticos y en las comunicaciones no son una fantasía futurista, sino un problema real que se materializa a diario. Y ante los escépticos que no terminan de creerse que la antigua espía soviética que seduce al diplomático occidental viene hoy en forma de chat o spam, no dudan en presentar datos: en 2012 se detectaron 3.998 incidentes sólo en los sistemas de las administraciones públicas, más del doble que el año anterior; 233 han sido considerados de gravedad muy alta o crítica, y los ciberdelitos le provocan a España unas pérdidas de 19.000 millones de euros al año.

Sobre el primer dato: el número de ciberataques detectados se está disparando. El Centro Criptológico Nacional (CCN), integrado en el CNI y que se encarga de garantizar la seguridad de los sistemas de las administraciones, contabilizó 458 en 2010, 1.914 en 2011 y 3.998 en 2012. Un aumento muy importante, que aunque también responde a que cada vez se detectan más, es indudable que revela un incremento de la actividad de los hackers.

Sobre el segundo dato: las intrusiones de gravedad muy alta o crítica también crecen, de 93 en 2011 a las 233 de 2012. Según las definiciones que utiliza el CCN, un incidente de este tipo es el que «se sabe que ha tenido un impacto muy considerable en información considerada crítica». Estos ataques «afectan a los equipos vitales o servicios, pueden dañar la confianza en la Administración o incluso podrían afectar a la seguridad física de las personas» o «causar pérdida irreversible de recursos».

Sobre el tercer dato: el coste de los ciberdelitos para la economía es altísimo. Reino Unido lo cuantificó recientemente en un 1,6% del PIB y fuentes consultadas en el CCN afirman que el coste en España es equivalente, lo que arroja la cifra de 19.000 millones de euros al año. La mayoría se pierde en robos de propiedad industrial e intelectual, que afectan especialmente a empresas privadas, pero también en ciberespionaje a las administraciones -se han detectado intrusiones en varios ministerios-. Según señalan los estudios sobre los incidentes, los objetivos favoritos de los ciberespías son la industria farmacéutica, los sectores electrónico y químico y las empresas de software.

Frente a todo ello, en España hay un entramado de organismos que trata de prever las diferentes amenazas -ciberespionaje, ciberterrorismo, cibercrimen, ciberactivismo, etc.- y reaccionar a ellas si se llegan a materializar. El principal es el CCN, pero en los últimos años se han sumado otros en Interior y en Defensa.

El punto de inflexión para que los Estados reaccionasen fue el ataque masivo que sufrió Estonia en 2007, que provocó enormes problemas y estuvo a punto de paralizar el país. Más recientemente, hace dos semanas Corea del Sur sufrió un ataque similar, en el que se paralizaron los sistemas informáticos de las principales emisoras de televisión y de tres de los mayores bancos del país.

Éste es el mayor temor de los Estados: sufrir un ataque masivo que afecte a sistemas básicos o infraestructuras críticas y paralice el país. No obstante, los expertos consideran que este tipo de agresiones son altamente improbables, ya que se enmarcan en contextos bélicos, como ocurre en el caso coreano.

Lo habitual, y en lo que se centran las principales agencias de protección de sistemas, es el ciberespionaje. Ahí es donde más actividad se registra y donde la economía pierde anualmente una montaña de miles de millones de euros.

En este sentido, dos grandes informes recientes han sembrado la alarma sobre el alcance de estas redes de espionaje y han puesto de relieve que el ciberespacio es y será un lugar de batalla primordial en la seguridad y defensa del siglo XXI.

El primer informe fue elaborado por la empresa Kaspersky sobre el virus Octubre Rojo. Identificado en octubre de 2012, la compañía descubrió que detrás se escondía una red de espionaje a gran escala que lleva activa al menos desde mayo de 2007.

España ha sido uno de los 39 países que se han visto atacados por esta red, viéndose afectadas áreas del Gobierno y embajadas. En otros países las intrusiones se han producido también en investigación, comercio, desarrollo nuclear, gas, petróleo, Defensa y sector aeroespacial.

Octubre Rojo roba datos de ordenadores, redes y teléfonos móviles, y la red ha manejado información «del nivel más alto» que «incluye datos geopolíticos». Sobre el origen, nunca se puede saber con seguridad, aunque se dan pistas. Kaspersky afirma que los responsables de la creación del virus son de habla rusa y que los autores de los ataques son probablemente hackers chinos.

El segundo informe fue elaborado el pasado febrero por la empresa Mandiant sobre el virus APT1 y su repercusión fue aún mayor, ya que en él se apuntaba de forma mucho más certera a un edificio concreto de Shanghai y a una unidad del Ejército chino en la que podrían trabajar cientos e incluso miles de personas.

En este caso España no se ha visto afectada -el objetivo del APT1 era fundamentalmente EEUU-, pero los expertos lo ponen de ejemplo para ilustrar a lo que nos enfrentamos: un equipo de cientos de personas sufragado por uno de los gobiernos más poderosos del mundo trabajando 24 horas al día los 365 días del año intentando robar información.

APOYO – Los ‘antivirus’ de la Administración

Centro Criptológico Nacional. Encuadrado en el CNI, se encarga de proteger los sistemas y las comunicaciones sensibles de las tres administraciones -incluyendo los ordenadores de ministros y otros altos cargos-, y de responder cuando se detecta un incidente. Es el principal organismo del Estado contra los ciberataques.

Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas. Dependiente del Ministerio del Interior, se encarga de proteger una serie de funciones consideradas básicas para el funcionamiento de la sociedad, que van desde el suministro de agua a la alimentación, la energía, las industrias química y nuclear o el sistema financiero. Ofrece protección general, con especial atención a la ciberseguridad.

Mando Conjunto de Ciberdefensa. Creado el pasado febrero, con él el Ministerio de Defensa quiere ponerse al día en el «campo de batalla del futuro», como llamó recientemente al ciberespacio el secretario de Defensa de EEUU. Por el momento está en fase de formación, pero en el futuro habrá un general al frente del Mando, con el encargo de proteger los sistemas de Defensa y de dar una respuesta en caso de ataque.