El Tribunal Constitucional español ha desestimado el recurso que interpuso un grupo de diputados del Partido Popular contra la Ley 13/2005, conocida como ley de “matrimonio homosexual”, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

STC español matrimonio homosexual

Voto Aragón Reyes caso matrimonio

Voto González Rivas caso matrimonio

Voto Ollero Tarrasa caso matrimonio

Voto Rodríguez Arribas caso matrimonio

STC, de 20 de junio de 2012, caso Sortu

En el año 2002, se produjo un cambio de estrategia fundamental en la lucha contra el terrorismo de ETA (independentistas vascos) como consecuencia del acuerdo de los dos principales partidos españoles, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE).  Dichos partidos promovieron la aprobación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP) que permite la ilegalización  (o no permitir la inscripción)  de partidos que apoyen a organizaciones terroristas. En aplicación de esta ley, el Tribunal Supremo (TS) español dictó la sentencia 1/2003, de 27 de marzo, ilegalizando a los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, quedando el denominado bloque político de la “izquierda abertzale” fuera de las instituciones vascas. Es precisamente en un procedimiento de ejecución de esta sentencia que el TS deniega, en un Auto de 30 de marzo de 2011, la inscripción del partido político SORTU, por considerarlo sucesor de los partidos anteriormente ilegalizados que, de esta manera, buscarían fraudulentamente volver a las instituciones. Los promotores de SORTU presentan un recurso de amparo contra el auto del supremo por vulneración, entre otros, del “derecho de asociación”, en su vertiente de asociación en partido político. El Tribunal Constitucional español otorga el amparo, anulando el auto del TS y reconociendo a los recurrentes el derecho a la inscripción de dicho partido político.

Instrucción DGRN de 5 de octubre de 2010

Sentencia primera instancia inscripción maternidad subrogada

Sentencia audiencia de Valencia inscripción hijo maternidad subrogada

El 7 de noviembre de 2008, Luis y Fernando,  matrimonio de acuerdo con la ley española, solicitan la inscripción de Alejandro y Diego como hijos del matrimonio, en el registro consular de España en Los Ángeles. Los niños habían sido gestados por un procedimiento de maternidad subrogada, legal en los Estados Unidos pero ilegal en España (La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida considera “nulo de pleno derecho” el contrato de maternidad subrogada). El canciller del consulado deniega la inscripción. Sin embargo, esta denegación es recurrida ante la Dirección General de Registros y Notariado que ordena que se proceda a la misma. Dicha resolución es recurrida ante el Juzgado de 1ª Instancia, nº 15 de Valencia, que la anula y, posteriormente, la Audiencia Provincial de Valencia confirma tal anulación.

El asunto tiene un indudable interés argumentativo. Os presentamos las dos sentencias y la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado que permite la inscripción en este tipo de casos. Se trata, por tanto, de interpretaciones contrapuestas sobre lo que el Derecho español establece para un mismo supuesto. Cuestiones de fondo se entremezclan con cuestiones de forma, de manera que el conjunto de estos textos ofrece un muy bien ejemplo del alcance y los límites de la argumentación en el Derecho.

STC 12-2012 Libertad de información y cámara oculta

Esta sentencia resuelve un recurso de amparo en el que el recurrente, un medio de comunicación, considera que la ponderación llevada a cabo por el Tribunal Supremo (TS) entre derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar, de un lado, y el derecho a la libertad de información, de otro, no es correcta. Se trata de un caso de reportaje periodístico con cámara oculta en el que se quiere presentar el problema del intrusismo profesional. En la justificación de la STC podemos ver revisada (y confirmada) la ponderación del TS. La sentencia es argumentativamente interesante porque ilustra con claridad el procedimiento de ponderación.

STS 4567/1997, caso niño Marcos

STC 154/2002, caso niño Marcos

La sentencia 4567/1997 del Tribunal Supremo español condena a unos padres por el delito de homicido en la forma de comisión por omisión dolosa. Los hechos, conocidos como el “caso del niño Marcos”, eran muy brevemente los siguientes: un menor de trece años, testigo de Jehová, se niega rotunda, dedicida y repetidamente a recibir una transfusión de sangre que necesitaba para vivir; los padres, si bien, llevan al menor a diversos centros sanitarios, ni consienten en la transfusión, ni persuaden a su hijo de su negativa, todo ello por convicciones religiosas como testigos de Jehová.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional en su sentencia 154/2002 resolvió admitir el amparo y, en consecuencia, absolver a los padres del niño Marcos de dicho delito de homicidio.
Ambas sentencias ofrecen una argumentación rica en relación con cuestiones de derechos fundamentales y ponderación. Además, el dramatismo de los hechos hacen ineludible una toma de posición o compromiso, de manera que son textos ideales para la discusión.

Sentencia nº: 101/2012 del Tribunal Supremo absolutoria del Juez Garzón

El denominado “caso Garzón” tiene tres procesos. Esta sentencia corresponde al proceso que ha sido llamado como proceso por la memoria histórica y que fue, en el tiempo, la primera causa iniciada por contra el juez, promovida por grupos vinculados a la ultraderecha e instruida por el magistrado Luciano Varela. Las razones por las que desde posiciones progresistas se ha visto con frecuencia todo el asunto del juez Garzón como un asunto político tienen que ver con esta causa. Sin entrar en el fondo del asunto, a nadie se le escapa que resulta una terrible paradoja el que con respecto a los crímenes del franquismo la única sentencia sea ésta.

Sentencia Garzón (escuchas Gürtel)

Sentencia del Tribunal Supremo español, 79/2012, por la que se condena al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación a, entre otras penas, inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado durante once años.

Los hechos constitutivos del delito de prevaricación son, a juicio del Tribunal, la autorización y prórroga de escucha y grabación de las conversaciones entre unos presos y sus abogados, siendo los primeros imputados en relación con la trama de corrupción conocida como “caso Gürtel” (que implica a diversos cargos del Partido Popular español).

Auto nº 111/2010 de la Audiencia de Navarra por el que SE CONFIRMA el auto de 13 de noviembre de 2009, del juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Estella/Lizarra,  que deniega la continuación del procedimiento de ejecución sobre los bienes del deudor hipotecario, en la parte de deuda no satisfecha con la venta en subasta del inmueble en garantía hipotecaria.

Auto nº 4/2011 de la Audiencia de Navarra por el que SE REVOCA el auto de 9 de diciembre de 2009, del juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Estella/Lizarra,  que deniega la continuación del procedimiento de ejecución sobre los bienes del deudor hipotecario, en la parte de deuda no satisfecha con la venta en subasta del inmueble en garantía hipotecaria.

En esta entrada del blog de España se presentan dos resoluciones judiciales que se consideran relevantes por dos razones principales: la primera, es que en pocas ocasiones se puede contrastar de manera tan clara dos posiciones jurídicas contrarias sobre un mismo tipo de caso y, la segunda, es que a partir de estas resoluciones se ha suscitado un debate en torno a la denominada “dación en pago de la vivienda garantía de hipoteca” que, en el contexto de la crisis económica mundial, tiene una indudable transcendencia. Sobre lo primero, cabe mencionar que, desde el punto de vista argumentativo, ambas resoluciones son más que defectuosas y, podría decirse que aunque lleguen a conclusiones contrarias, ninguna de ellas parece apoyarse en razones suficientes.  De otro lado, no conocemos los autos del juzgado de primera instancia de la que traen causa las resoluciones presentadas, si bien es posible aventurar que ofrecían una argumentación más elaborada. Sobre lo segundo, una buena ilustración del tipo de debate que han suscitado en España estas resoluciones lo ofrece el número 37 de la revista “El notario” en una sección de opinión titulada “La dación en pago hipotecaria ¿Más allá de la ley?”, que arranca con un artículo de Manuel Atienza. Esta sección puede consultarse a través del siguiente enlace .