Sr. Chaves:

Joaquín Mora está en huelga de hambre. Quizá haya oído hablar de Joaquín, un amigo mío que vive en Huelva, en una vivienda alquilada que es propiedad de la Junta de Andalucía. Desde que hace siete años utiliza una silla de ruedas, Joaquín está prisionero en su domicilio -sin salir a la calle, salvo en contadísimas ocasiones- ya que se trata de un segundo piso sin ascensor. Además, su silla no cabe por la puerta del baño con lo que tiene que hacer sus necesidades fisiológicas y asearse en su dormitorio en unas condiciones infrahumanas.

Joaquín ha reclamado reiteradamente ante la administración que usted preside la permuta de esta vivienda por otra que sí sea accesible, no recibiendo más que respuestas ambiguas, dilatorias y propuestas inadmisibles. Gabriel Cruz, delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Huelva, afirma en los medios de comunicación que le ha propuesto a Joaquín tres viviendas para permutar y que éste las ha rechazado. Podía preguntarle usted al señor Gabriel Cruz en qué han consistido estas propuestas y si las aceptaría para vivir él mismo con su familia. Seguramente, cuando le explicara los detalles respondiendo a sus preguntas, usted le cesaría fulminantemente.

Al amigo Joaquín, ante la insensibilidad administrativa para resolver su caso, no ha visto otra salida que recurrir a una decisión tan extrema y arriesgada como es declararse en huelga de hambre.

Juan José Bou

Valencia.

La Consejería de Transportes y Obras Públicas de la Junta de Andalucía sigue sin mover pieza en el caso de Joaquín Mora, un ciudadano de Huelva, en silla de ruedas, que habita en una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, inaccesible tanto en sus interiores como en las instalaciones comunes por carencia de ascensor y que bien poco parece importar a conciencias políticas y administrativas de primer orden, cuando siguen aplazando el tiempo de silencio y de inoperancia, para darle una solución acorde a sus necesidades y las de su familia.

109 diputados parlamentarios han sido requeridos en varias ocasiones por ciudadanos de todo el territorio español, en señal de apoyo y solidaridad, para que se adopten las oportunas medidas que lleven a la digna solución que Joaquín Mora y su familia se merecen y puedo corroborar, porque yo soy una de esas ciudadanas que afirma que no solo no ha habido preocupación, sino que tampoco ha habido respuestas.

Un Defensor del Pueblo Andaluz, también requerido a instancias de este hombre, que se ha lavado las manos del caso, sin contrastar los argumentos, -curiosamente contradictorios-, ni las diferentes circunstancias reales de ambas partes, que alcancen a dar con la solución que la situación se merece.

Escuchar a nuestra Vicepresidenta decir, ante el caso de Coslada, que aborrece el abuso de poder, pero que lo importante es que se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona, me ha dejado anonadada. Porque la única forma que hace que nuestro estado de derecho funcione, parece que ser que se produce, después de que son irremediables numerosas tragedias humanas.

Mientras la policía de Coslada tras 20 años de reiterados abusos contra la población a la que tenía amedrentada, permanece al fin, -debido al patético ritmo del Estado de Derecho-, cesada y detenida, una no deja de preguntarse cuántas injusticias y situaciones de abuso contra la población se tienen que producir para que nuestras instituciones se rijan por el cumplimiento del deber y nuestros políticos detengan en su verdadero objetivo, la calidad ciudadana, su irresponsable mirada.

Me gustaría que a Joaquín Mora le dieran solución a su dramática situación, porque no puede ser humanamente fácil vivir cautivo en su casa, ni disponer de recursos para libremente abandonarla. Pero una vez más, me temo que se habrá de convertir en el ciudadano XYZ, víctima del Estado de Derecho, para que quizás, un día y para complacencia de nuestros políticos, éstos puedan demostrar que el Estado de Derecho funciona y así lavar sus ya perdidas miradas.

¡Qué pena me da esta España!