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Category: La LEPrA y la Generalitat Valenciana
- Valencia | hace 6 minutos | comentarios |
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EFE
El diputado autonómico socialista Antonio Torres ha acusado hoy al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, de haber "traicionado miserablemente" a los dependientes valencianos por tardar una media "de 19 meses" en resolver sus solicitudes.
Torres ha preguntado en el pleno de Les Corts Valencianes a Cotino si su Conselleria iba a adoptar alguna medida que posibilite a los familiares de los dependientes valencianos ya fallecidos la percepción de las prestaciones económicas a las que tenían derecho.
Al respecto, el conseller y vicepresidente tercero del Consell ha contestado que el Gobierno central debe 50 millones de euros a la Generalitat de la transferencia para la aplicación de la Ley de Dependencia prevista para el pasado año, y ha pronosticado que a finales de este año la deuda alcanzará los 90 millones.
Además, ha asegurado que la verdadera "preocupación" de los socialistas valencianos en relación a este tema es "buscar personas" para "subirlas al autobús" y venir a Valencia para hacer una manifestación "en contra de la Dependencia", ha concluido.
Torres ha lamentado que la oposición no pueda tener "jamás" una "respuesta ni un compromiso" del conseller de Bienestar Social cuando es cuestionado sobre la aplicación de Ley de Dependencia.
Según ha dicho, el "retraso o inaplicación" de la misma se debe "exclusivamente" a la "incompetencia y a la mala fe" de la Conselleria, ya que, según las estadísticas del Gobierno, la Comunitat Valenciana "sólo tiene reconocido el 4,8 por ciento de las solicitudes realizadas, ni la mitad de lo que correspondería".
El diputado socialista asegura que el Gobierno valenciano "está tardando más de 19 meses en resolver las solicitudes, justo el triple de lo que establece la normativa".
"Han metido a los dependientes en un callejón sin salida. Impiden las ayudas ordinarias, y cuando mueren sus familiares no se les concede ninguna ayuda", ha argumentado.
Torres ha recordado que según el último decreto al respecto del Gobierno, cuando "sea por culpa de la Administración autonómica" no se pagarán aquellos expedientes cuya tramitación exceda el año de demora, lo que hará a la Generalitat "perder cantidades ingentes de dinero" que, según ha criticado, luego querrá achacar al Ejecutivo central.
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BIENESTAR SOCIAL
La Comunidad se sitúa a la cola de la Dependencia por la falta de trámite de la Generalitat
El delegado del Gobierno en la Comunidad, Ricardo Peralta, afirmó ayer que la inversión de 26 millones para el desarrollo de la Ley de Dependencia es menor de la que le corresponde debido al retraso de su aplicación en esta autonomía a raíz de la falta de tramitación por parte de la Generalitat.
REDACCIÓN “En esta comunidad hay un retraso significativo en la aplicación de la Ley de Dependencia y en el reconocimiento de beneficiarios, lo que motiva ese menor número de fondos”, se ha quejado refiriéndose a la responsabilidad en ello del Gobierno valenciano de Camps.
Le respondió el vicepresidente Vicente Rambla que denunció el “olvido físico, mental y sentimental” al que, en su opinión, el Gobierno central tiene sometida a la Comunidad, en cuestiones como la aplicación de la Ley de Dependencia. La evaluación de casos en la Comunidad “va al ritmo normal que puede ir en el conjunto de comunidades autónomas”, defendió Rambla para el que ésta “no es una razón para dejar a ninguna comunidad fuera o por debajo de los ratios que les corresponderían”
Observatorio de la Dependencia pide a Camps que “deje las redes paralelas” y dote de “recursos a los servicios públicos”
VALENCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS)
El Observatorio Valenciano de la Dependencia exigió hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a ocuparse de que los servicios públicos existentes estén “dotados de los recursos necesarios” y a “dejar de crear redes paralelas”, en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), según informaron en un comunicado fuentes de la entidad. Así, defendieron que los Ayuntamientos sigan ofreciendo esta prestación, pero con un aumento de los recursos por parte de la Conselleria de Bienestar Social.
Así, alertaron de que, según el último informe del Imserso, con fecha 1 de abril de 2009, la Comunitat Valenciana “sigue sin reconocer ningún Servicio de Ayuda a Domicilio” y “quedan fuera del Catálogo de Prestaciones y Servicios públicos y concertados que debería ofrecerse a las personas que tienen reconocida la situación de dependencia”.
Esto obliga a las personas que han querido acceder a este servicio a hacerlo a través de una prestación económica que “les obliga a contratar con una de las 20 empresas que han sido autorizadas por la Conselleria de Bienestar Social” y que “no han obtenido ninguna acreditación del servicio porque, hasta la fecha, no hay normativa autonómica para la misma”, señalaron desde el Observatorio.
De este modo, acusaron al Gobierno valenciano de “incumplir la Ley, al priorizar las prestaciones de carácter excepcional por encima de los Servicios Públicos, pero también su propia normativa de desarrollo al no hacer posible la atención a través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados”. Según la normativa, las prestaciones económicas, “sólo se deben reconocer cuando no existe o no es posible la atención en la red pública”.
Los Ayuntamientos son la red pública que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio, desde hace años, a través de la financiación propia, y de las subvenciones de la Conselleria. Así, desde el Observatorio de la Dependencia consideraron que “con ese dinero se puede afianzar y mejorar el servicio municipal ya existente completando su financiación, para incrementar su cobertura, y aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de todos este tiempo”.
De este modo, alertaron de que los profesionales de los Ayuntamientos, que son quienes responden ante el usuario, están “absolutamente desorientados” y afirmaron que la administración municipal ha prestado este servicio “donde la relación persona a persona, la proximidad y la confianza con el trabajador lo son todo”, con “calidad y supervisión técnica”.
“PRIVATIZACIÓN PURA Y DURA DEL SERVICIO”
Por ello, subrayaron que “no es nada eficiente que la Conselleria quiera crear, de nuevo, una red paralela extraña al usuario, que le va a resultar más cara, cuando hay una Red que funciona ya”, al tiempo que censuraron la “privatización, pura y dura” del servicio que “va a ocasionar a las personas y sus familias una merma en sus derechos, más burocracia, más molestias y mayor indefensión”.
Tampoco entendieron “cómo un Servicio que tiene que evitar el desarraigo y procurar que la persona en situación de dependencia conserve su hábitat, mantenga su entorno y red de apoyo social, salvo cuando no haya más remedio, recibe tan poca atención” por parte de la administración autonómica.
En este sentido, avisaron de si “este servicio se entrega a las empresas, sin importar el coste que supone para las personas va a tener como consecuencia una mayor institucionalización, es decir que las personas tengan que irse a una residencia, pudiendo permanecer en sus casas”.
Por ello, instaron al jefe del Consell a asumir su “responsabilidad, hacer que la ley de dependencia sea un derecho universal para las valencianos”, y le propusieron que “use la inteligencia y el sentido común”, ya que en el resto de España, “la ley tiene mejor implantación donde se establece desde sus municipios, no desde sus empresas”.
La Ley de Dependencia y Educación para la Ciudadanía: ¿historias paralelas?
Soy de la teoría, suficientemente reiterada en este blog, que la Ley de Dependencia es utilizada por ciertos sectores del PP para boicotear las acciones del Gobierno Zapatero.
Es verdad que Zapatero ha hecho muchas y variadas memeces durante estos 5 años, pero la Ley de Dependencia fue una de las pocas cosas positivas que el PSOE puso en marcha durante la primera legislatura. Algo parecido ocurrió con esta asignatura.
Los argumentos del PP en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía siempre me han parecido bastante endebles y se basan en un supuesto adoctrinamiento de nuestros hijos que no debe producirse fuera del seno familiar. Es curioso que digan eso de una asignatura que educa precisamente para la “civis” y sobre todo que lo digan los que al mismo tiempo defienden el adoctrinamiento religioso, ese sí. Pues vaya contradicción más tonta.
Y se han encargado de hacer mucho ruido, han promocionado la objeción a la asignatura y al final, vía Tribunal Supremo, han tenido que aguantarse con que la cosa quedara en el justo término de exigir un control de los textos pero con un inequívoco reconocimiento del derecho a impartir la asignatura.
Claro que un libro de esta asignatura puede decir chorradas, ¿pero alguien se ha parado a ver lo que dicen muchos de los libros de Historia en ciertas Comunidades Autónomas? Y ahí siguen. Se hace imprescindible controlar los textos académicos pero el Estado tiene el derecho (y el deber) de que sus futuros ciudadanos discutan sobre conceptos como Democracia, respeto al diferente, tolerancia, etc.
En el caso concreto de Educación para la Ciudadanía, quien se ha llevado la palma de la ridiculez ha sido el PP de Valencia, muy por delante del de Madrid, que en este caso ha sido más prudente y sólo ha promocionado en serio la objeción, con escaso éxito, por otro lado. El PP de Valencia prefirió la majadería de dar las clases de Ciudadanía en inglés con el fin de torpedear “inteligentemente” (creían…) la asignatura. Al final y como la mamarrachada estaba alcanzando niveles estratosféricos, el Gobieno Camps tuvo que recular y dejar libertad para que la asignatura se impartiera en castellano o en valenciano.
Al final eso también ocurrirá con la Ley de Dependencia. Llegará un momento en el que cesará el boicot a la Ley y empezaremos a discutir sobre asuntos verdaderamente importantes como la financiación de ese derecho. Lo lamentable es que la decisión política de cesar el boicot llegará tarde y no evitará el sufrimiento generado, simplemente porque gran parte de los afectados por el boicot se habrán muerto sin haber recibido un mísero duro de la Administración.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Discapacitados de 20 años
comparten aula con niños
de 3 por falta de recursos
Los dos únicos centros de atención específica están saturados en l’Alacantí y en los institutos no hay espacio.
Alumnos discapacitados de muy diversas edades comparten aula en un centro de Alicante.
ISABEL RAMÓN
VICTORIA BUENO
Jóvenes discapacitados de hasta 20 años siguen compartiendo las aulas de Infantil con niños también discapacitados pero de apenas 3 y 4 años por la falta de recursos educativos en los institutos, a los que deberían haber accedido en su momento en cumplimiento de una ley de 2005 que contempla los recursos necesarios para la plena integración de todos los alumnos discapacitados.
“No tiene ningún sentido que sigan en los colegios, ni para estos chicos y chicas ni para los educadores tampoco”. El portavoz de los directores de Primaria de la provincia, Ginés Pérez, denuncia en nombre del colectivo al que representa que esta irregular situación afecta especialmente a la escolarización en los centros de l’Alacantí, donde faltan los recursos necesarios y la aulas de Educación Especial para integrarlos en institutos de Secundaria, a pesar de que existan psicopedagogos y educadores para la atención especializada de estos chicos. Sin embargo en áreas como la de Elche o la provincia de Valencia no sucede esto.
“El tramo de edad a partir de los 12 años corresponde a los institutos y no es de recibo que la única zona donde no se cumple esta premisa sea l’Alacantí”. La comarca cuenta con una treintena de aulas de Educación Especial para los niños que padecen alguna discapacidad en catorce colegios ordinarios -ocho en Alicante, cinco en San Vicente y uno en El Campello- y desde la Permanente de directores de Primaria estiman que hay una media de dos o tres chicos mayores de 12 años en cada uno de estos colegios, por lo que los afectados son más de 30 en la provincia.
Los acuerdos sobre las plantillas de educadores datan del año 1997 y aseguran los directores que no se ha ampliado el número de profesionales que atiende a los alumnos discapacitados a pesar de que estos últimos han ido progresivamente a más, como apunta el representante en el Consejo Escolar de Alicante, Jaime Quiñones.
La propia orden de 14 de marzo de 2005 de la Conselleria de Educación contempla la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros de Secundaria. Se refiere a aquellos con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales o que manifiestan graves trastornos de la personalidad o de conducta, y establece concretamente que “el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos”.
Pero para ello debía establecerse la correspondiente organización entre los colegios e institutos a los que están adscritos de forma que se garantice la continuidad de la enseñanza de estos alumnos, extremo que no se cumple en l’Alacantí como denuncian los directores.
El día a día de estos alumnos que ya han cumplido los 13 años y que incluso llegan a los 20 en algunos casos, mezclados con otros de 3 y 4 años en la misma aula de los colegios ordinarios, tampoco responde a la premisa de la citada regulación que establece que los alumnos de educación especial de Secundaria “deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo curso”. Por otra parte, entre el personal que debe figurar en estos centros se encuentra además del especialista en Pedagogía Terapéutica -único del que se ha dotado a los institutos- otro maestro de Educación Especial, Psicopedagogos y especialistas de Audición y Lenguaje, educadores y fisioterapeutas en función de las necesidades. Este último extremo se ha complicado este curso porque lo que se ha hecho ha sido recortar la disponibilidad de personal especialista de audición incluso en los centros ordinarios de Primaria, como ya publicó este diario.
El Consell da 5.000 euros a
NN.GG. para fomentar la
bicicleta.
Vaivén
El de ayer no fue un gran día para el presidente del Consell, Francisco Camps. A las dos horas de recorrido esquivando a los medios de comunicación por Feria Valencia se unió el fallo del sonido durante su discurso a los empresarios del sector cerámico. Camps tuvo que detenerse casi un minuto mientras se colaba una voz en off que nada tenía que ver con su discurso.
Nada menos que 5.000 euros de subvención le ha soltado la Conselleria de Infraestructuras que preside Mario Flores a Nuevas Generaciones del PP de Gandia para “fomentar el uso de la bicicleta para fines deportivos y turísticos”, según la resolución del director general de Transportes, Vicente Dómine, hecha pública ahora.
La tensión política de estos días salió ayer a relucir en la junta de portavoces. Joaquín Puig (PSPV) censuró al PP el “asesinato” de la Síndica de Greuges. “Matar, lo que es matar, mataba el GAL”, le soltó Rafael Maluenda (PP). Mònica Oltra (Compromís) le preguntó si al compararse con el GAL y Filesa, está admitiendo que la trama que investiga Garzón “es lo mismo”.
EFE
05-02-2009 17:13 CET
Alicante.- La Comunidad Valenciana es, en proporción al censo poblacional, la segunda comunidad autónoma española que menos solicitudes tiene registradas para adquirir las prestaciones de la Ley de Dependencia, sólo por detrás de Madrid.
Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la secretaria federal del PSOE de Bienestar Social, Marisol Pérez, quien ha estado acompañada por la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, y la vicesecretaria por Alicante, Maryléne Albentosa.
Pérez ha comentado que, según los datos del IMSERSO -a 1 de febrero de 2009-, la Comunidad Valenciana tienen registradas 36.852 solicitudes para prestaciones de la Ley de Dependencia, una cifra que debe ser analizada teniendo en cuenta, según ha añadido, que esta comunidad autónoma tiene más de cinco millones de habitantes.
“Este porcentaje representa sólo el 0,73 por ciento de la población total de la Comunitat”, ha añadido.
Por ello, Pérez se ha preguntado “qué es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana” pues, según su opinión, “resulta difícil explicar que Castilla La Mancha, con dos millones de habitantes, albergue más de 47.000 solicitudes de este servicio”.
En el marco del sistema para la atención a la Dependencia, según establece la legislación, le corresponde a las comunidades autónomas “planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia”.
“¿Qué es lo que está pasando?”, ha preguntado nuevamente la dirigente socialista, quien, además, ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “utiliza a los ciudadanos con la Ley de Dependencia”.
La responsable socialista, quien ha recordado que el Colegio de Abogados de Alicante ha puesto en marcha un turno de oficio para ayudar a las personas con dependencia a que se les reconozca ese derecho, ha considerado que la situación actual de la Comunitat Valenciana “es un desastre”.
“Esta comunidad es la única que ha hecho la barbaridad de poner en marcha el silencio negativo cuando a un ciudadano dependiente que presenta su solicitud no se le valora y no se le contesta”, ha señalado.
Además, ha explicado que el Fondo Extraordinario de este año para la Ley de Dependencia es de 1.200 millones de euros, lo que representa un 33 por ciento más que el año pasado.
“A este dinero hay que sumarle 400 millones que van directamente a las comunidades autónomas, de los cuales 36 millones de euros van dirigidos a la Comunitat Valenciana”, ha agregado.
Pérez ha comentado que la Generalitat ha presentado 233 proyectos que “son pagados íntegramente por el Gobierno central”, por lo que, ha cuestionado dónde esta la financiación de la Generalitat, lo que ésta tenía que aportar y qué está haciendo con el dinero del Gobierno de España.
Fuente: SOITU
Educación especial
El padre del niño discapacitado inicia la huelga de
hambre para que su hijo reciba más clases.
Educación reitera que Richard tiene más horas de educación en casa de lo establecido
Protesta.
Los padres, en el centro,
junto a varios familiares, ayer, ante la
Conselleria de Educación.
manuel molines
V. Contreras/E. Press, Llíria/Valencia
El padre de Richard Quesada, el niño de Llíria con síndrome down y una enfermedad pulmonar crónica que le impide acudir al colegio durante los meses de invierno, inició ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por la suspensión cautelar del decreto de la Generalitat que le concedía 18 horas semanales de atención domiciliaria a su hijo.
Tal como recordó ayer la conselleria de Educación, fue el colegio del niño -el Santa Ana- el que interpuso el recurso de alzada que ha motivado la suspensión cautelar contra la que protesta la familia. También adelantaron las mismas fuentes que mañana miércoles la conselleria dictará “a través de la Secretaría Autonómica una resolución definitiva sobre la atención domiciliaria del alumno”.
Mientras esto ocurre, Ricardo Quesada permanecerá acampado ante las puertas de la conselleria de Educación en una huelga de hambre “por una educación digna” que comenzó ayer a las 11 de la mañana acompañado por su esposa Mari Carmen.
Ricardo aseguró que el colegio católico y concertado al que acude su hijo está poniendo “trabas” en su escolarización porque “no quieren a niños con minusvalía”. Por ello, señaló que la dirección del centro escolar recurrió las 18 horas que tiene asignadas el menor y las redujo a 15 horas por semana “como medida cautelar”.
El padre aseguró que el Santa Ana pretende mermar la educación de su hijo y así acreditar una evaluación negativa del niño, que tendría que abandonar este centro concertado e ir a un colegio de educación especial en Cheste.
Aunque ayer la conselleria no quiso adelantar si la resolución definitiva apoyará la postura de los padres (18 horas semanales) o la del colegio (15 horas), sí que destacó en un comunicado que Richard “recibe desde inicio de curso más horas de clase a domicilio de lo que establece la norma”. “Mediante Resolución de 29 de octubre de 2008, se autorizaron 15 horas semanales de atención domiciliaria para el mencionado alumno. Cabe recordar que esta atención domiciliaria va destinada a apoyo pedagógico para el alumno, no se trata de una atención asistencial como parece entender la familia”. Educación no menciona que ocho días después de aquella resolución público otra que modifica los criterios de la anterior y amplía el número de horas a 18.
Respecto a la huelga de hambre, la conselleria subrayó que “se evidencia que en este caso se dan unas circunstancias personales y familiares que la Conselleria no entra a valorar”.
Camino de los tribunales
La falta de contestación de Bienestar Social a las solicitudes de dependencia centra las primeras consultas en el turno de oficio
Rosa y Alfredo, vecinos de El Campello,
los primeros atendidos ayer
en el turno de oficio para la dependencia
CRISTINA DE MIDDEL
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La abogada Paloma Cascales estrenó ayer el servicio de turno de oficio para recursos por la Ley de Dependencia implantado por el Colegio de Abogados en el Palacio de Justicia de Benalúa. La cita previa evitó en el primer día de atención una avalancha de consultas, que se centraron en el silencio por respuesta de la Generalitat a las solicitudes de dependencia. La abogada, que se mostró indignada por el retraso administrativo, ve factible iniciar la vía judicial en la mayoría de los casos.
A. PRADO
Estamos aquí porque esto ya es de juzgado”, señalaba ayer José Llamas, vecino de Mutxamel, que acudía a consultar la situación de su hermano, con una discapacidad del 85%, y que desde mayo de 2007 espera que la Conselleria de Bienestar Social le indique su grado de dependencia. Junto a él espera Juana, cuya madre murió en diciembre sin haber sido valorada y después de pasar los últimos seis meses en una residencia por el empeoramiento de su estado, o María José, madre de un joven con un 83% de discapacidad que tampoco ha conocido aún, desde septiembre de 2007, a los valoradores de su hijo.
Son los primeros ciudadanos, en su mayoría familiares de personas dependientes, que ayer acudieron a los juzgados de Benalúa para consultar su situación en el turno de oficio para la dependencia inaugurado por el Colegio de Abogados de Alicante, a petición de la plataforma de afectados por la dependencia. En el primer día fueron nueve las personas atendidas mediante cita previa para asesoramiento gratuito pero ya hay más de 30 consultas para los próximos días -miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas-. El número para pedir cita es el 96 511 52 56.
La primera abogada en atender el turno de oficio, Paloma Cascales, señaló al finalizar su jornada que el denominador común era la falta de contestación de la Administración autonómica a solicitudes presentadas hace más de 12 y 18 meses. La letrada se manifestó “sorprendida” y “bastante indignada” por dichos retrasos, tras indicar que “en ninguno de los casos tienen contestación por escrito a su solicitud, muchos ni siquiera han sido valorados y algunos incluso han fallecido en la espera”. Cascales, que se apuntó a los cursos del turno de oficio “porque me interesaba mucho el tema y creo que hay que hacer valer la Ley de Dependencia”, consideró que “la mayoría de las personas atendidas pueden comenzar a ir a los tribunales por silencio administrativo, no sé si en grupo o individualmente, y en muchos casos tendrían derecho a recibir justicia gratuita, ya que los solicitantes son personas mayores con pensiones bajas”.
La pareja formada por Alfredo y Rosa, vecinos de El Campello, fueron los primeros en ser atendidos por el caso de su madre, con alzheimer, para la que presentaron los papeles en mayo de 2007 y no han tenido respuesta. “Por lo menos la actitud de ellos [el Colegio de Abogados] es buena, a ver si nos contestan al escrito que mandamos y, si no, denunciaremos”. Juana, más pesimista, cree que nadie le abonará los más de 13.000 euros que costó la residencia de su madre, “pero vamos a intentarlo y a lo mejor sirve para que no le pase a otra persona”.
Críticas del grupo socialista al bloqueo de la ley
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha agradecido el turno de oficio tras lamentar que los abogados “hayan tenido que adoptar la responsabilidad de asesorar a los dependientes ante el bloqueo a la Ley de la Dependencia de los responsables del PP”. La edil socialista Laura Soler ha señalado que “no es una casualidad que Madrid y la Comunidad Valenciana, dos autonomías gobernadas por el PP, sean las más retrasadas en la aplicación de la Ley de Dependencia. Los dependientes tienen que esperar y esperar sin que nadie les dé una explicación sobre el estado en que se encuentra la tramitación de su expediente, se trata de una actuación autoritaria e irresponsable”.