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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse".

 

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TRIBUNALES

 

Bienestar Social logra suspender el primer juicio por la Ley de Dependencia

 

La juez levanta la vista al plantear el abogado de la Generalitat que la demanda se traslade al TSJ

 

 

 

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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse". Alicante

El padre de Ayeisa sostiene una camiseta de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

 

Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.

La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.

image Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.

Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.

Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.

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La Generalitat fuerza la suspensión del primer juicio por la Ley de la Dependencia

 

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JUZGADO ALICANTINO

 

La primera vista oral en la Comunitat Valenciana en demanda de la aplicación de la Ley de la Dependencia ha sido suspendida por una jueza de Alicante después de que el abogado de la Generalitat pusiera en duda la competencia territorial del tribunal.

 

EFE / INFORMACION.ES

Según ha explicado a Efe el abogado de los demandantes, David Gandía, el letrado de la Conselleria de Bienestar Social ha puesto en entredicho la competencia objetiva y territorial de la titular del juzgado administrativo número 1 de Alicante.

Si esa intención prospera, el asunto debería ser trasladado a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia o, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

Ante esta situación, la jueza ha decidido suspender la vista y pedir un dictamen jurídico que aclare si es competente en este caso, que podría estar en unos días.

La parte demandante es la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, que sufre parálisis cerebral de nacimiento y tetraplejia y que, con un grado de discapacidad reconocido por la Conselleria del 85 por ciento, actualmente es atendida por el centro de día de parálisis cerebral Infanta Elena, en Alicante.

La familia pide que le reconozca una discapacidad superior, el grado tres nivel dos con el fin de que sea atendida por la misma institución (Infanta Elena) pero no únicamente en horario de centro de día sino con una plaza de residencia (24 horas).

Según el abogado, el centro de día hace que la familia tenga que hacerse cargo a partir de las 17 horas los días laborales, todos los fines de semana, así como en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante el verano.

Por ello, en su demanda plantean que si no hay plaza como residente, al menos la Conselleria sí sufrague los gastos económicos de mantenimiento de la joven dependiente durante las horas que excedan del servicio del centro de día.

En contra de la postura de la Generalitat, la familia ha argumentado ante la juez que la competencia objetiva para tratar este caso es del juzgado de Alicante porque el órgano que dicta la resolución sobre la Ley es la Conselleria que, aunque con sede en Valencia, tiene una dirección territorial con ubicación física en la ciudad.

Además, han recordado que la Constitución Española refleja la necesidad de que los poderes públicos apoyen a los dependientes, por lo que el traslado del juicio a Valencia sería una grave dificultad para esta familia, por la discapacidad de la joven.

Para la familia, al discutir la competencia de la juez la Generalitat únicamente busca "alargar el procedimiento" y dejar "totalmente abandonados" a la familia.
A la vista oral han acudido numerosos colectivos políticos y sociales de la ciudad para arropar a la familia, entre ellos miembros de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de Dependencia, los sindicatos UGT y CCOO y los partidos PSPV-PSOE y EU, entre otros.

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¿Piratas o carroñeros?... Denuncia Pública Discriminación Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Una vez más, y van…, el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia.

 

El Síndic y la dependencia.

Gustavo Zaragoza

Una vez más, y van…, el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ­ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades.

Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus im­puestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo.

De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.

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Denuncia Pública Discriminación Diversidad funcional Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

"Presidenta, mi marido se murió antes de que le llegara la ayuda"

 

aguirreUna mujer reprocha a Esperanza Aguirre, en un acto, el retraso en la Ley de Dependencia

PILAR ÁLVAREZ – Madrid – 07/10/2009

María Ángeles cogió ayer a Aguirre del brazo. La interceptó cuando salía del aula de una guardería nueva tras dejar una pregunta en el aire. "Presidenta, mi marido se murió antes de que le llegara la ayuda", le dijo. Y añadió: "La Ley de Dependencia no me sirvió, es una pena". Así, cara a cara, a menos de un metro, en un pasillo lleno de niños, vecinos, políticos, periodistas, la mujer le lanzó su reproche. "Nosotros hacemos la valoración en el momento que nos llega", le respondió Esperanza Aguirre.

Antonio sufrió un infarto cerebral que le dejó en cama durante cinco años

La presidenta acababa de salir de un aula llena en Fuenlabrada. Terminó un discurso sobre escuelas infantiles. Respondió -a pesar del empeño de sus asesores por evitarlo- a cuestiones relacionadas con el caso Gürtel o el chasco olímpico de Madrid. Pero no contestó a la última pregunta de este periódico sobre los retrasos en la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Sólo reciben ayuda la mitad de quienes tienen reconocido ese derecho, 18.588 personas. La Comunidad está por detrás de Castilla y León o Galicia en casos atendidos, a pesar de que ambas autonomías tienen muchos menos habitantes.

"No me ha gustado que se fuera sin responder, conozco a ancianos, a vecinas desbordadas, gente sin ayuda para nada, por eso la paré", explica María Ángeles Ortega ya en casa, con los ojos azules escondidos tras las gafas. Vive rodeada de recuerdos de su marido, Antonio Fernández. Conserva la cama hospitalaria, que compraron sin subvención, el sillón terapéutico con el que uno de sus hijos lo incorporaba.

Antonio, oficial de construcción, sufrió un infarto cerebral en 2003, con 63 años. Perdió la capacidad de hablar. Quedó inmóvil, "como esta lata de Coca-Cola", dice la mujer. María Ángeles dejó su trabajo de limpiadora para cuidarle. Pidió un crédito de 30.000 euros para reformar la casa: puertas más anchas, una ducha sin bordillo, más espacio en el salón… "Ha sido un enfermo muy sufrido, no daba guerra, pero había que estar con él todo el día", recuerda la mujer. Fernando, uno de sus hijos, le atendía por la mañana; ella, por la tarde, con sus otros tres hijos o algún vecino.

Fernando tramitó las ayudas. Llega al salón con un montón de papeles en cada mano. "Hice muchos viajes de un lado a otro… para nada", resume. Presentó la solicitud para que le reconocieran la situación de dependencia en mayo de 2007. En agosto llegó el expediente con la valoración: grado II, nivel 2, el segundo en importancia tras los grandes dependientes. El informe incluye una lista de ayudas posibles: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, dinero… El hombre murió siete meses después, en febrero de 2008, antes de recibir nada. Una portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales justificó ayer que la atención a enfermos con el grado de dependencia de Antonio entró en vigor en 2008. El plazo administrativo para responder era de seis meses, añade. No se retrasaron, aunque ninguna normativa les obliga tampoco a apurar los plazos de cada trámite. Para Antonio llegaron tarde. Su familia aún paga el préstamo que pidieron para hacer su vida más fácil.

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Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Más noticias sobre la LEPrA. Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Calabuig: “Si Camps no hubiera boicoteado la Ley de Dependencia habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y 20.000 nuevos empleos”

 

 

02 de octubre de 2009

El diputado socialista por Valencia destaca que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es el que más ha apoyado a la Comunitat Valenciana “en los últimos 25 años”

El diputado socialista en el Congreso por Valencia, Joan Calabuig, ha destacado hoy que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la dotación para la dependencia “ha aumentado en el conjunto del Estado de manera muy notable”. “Si esta apuesta fundamental de los socialistas que ha sido la Ley de Dependencia no hubiera sido boicoteada conscientemente en la Comunitat Valenciana por Francisco Camps, en estos momentos habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y probablemente se habrían creado ya 20.000 empleos más”, ha criticado. Empleos que no se han creado “precisamente por esta falta de compromiso del gobierno de Camps”.


Calabuig que ha hecho estas valoraciones en una rueda de prensa, ha expresado su “satisfacción”, porque “éste es el Gobierno de España, un Gobierno socialista, que ha apostado en mayor medida por esta Comunitat en los últimos 25 años”. Este es, según ha añadido, “un hecho incontestable, absolutamente fundamentado en todos los datos objetivos que se puedan dar”. 
El diputado socialista ha declarado que hay “dos elementos fundamentales” en este presupuesto. Por un lado, es la “apuesta por la protección social” y por otro, es “intentar dar un impulso a un nuevo modelo productivo que nos permita salir fortalecidos de la crisis”. Además, ha admitido que se trata “evidentemente” de un presupuesto “austero”, porque lo que quiere es “empezar a iniciar el camino hacia el reequilibrio de las cuentas públicas una vez superemos la crisis”.

A este respecto, ha indicado que donde se hace más hincapié es “en el gasto social y, fundamentalmente, en la protección de las personas que han quedado sin empleo y en la inversión productivo para salir de la crisis”. En este sentido, ha declarado que los datos de gasto social no son ajenos a la Comunitat Valenciana, puesto que hay 250.000 personas que se han quedado sin empleo y, por lo tanto, “el hecho de que éste sea un presupuesto que apoya a estas personas quiere decir que hay miles de valencianos y valencianas que van a poder estar protegidos en una situación de dificultad”.

Además, ha recalcado que esta Comunidad tiene una tasa de paro superior al resto de España, con lo que “el hecho de que el Gobierno central apueste por estas personas es especialmente beneficioso para muchos miles de valencianos”.

También ha querido apuntar que en esta Comunidad hay 260.000 pensionistas “que saben que pueden estar tranquilos, porque tienen un gobierno que está apostando por ellos”. “Ante los cantos de sirena permanentes del PP que plantea recortes sociales y recortes del presupuesto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está claramente comprometido con la constante mejora del nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ha argumentado.

En el caso de los jóvenes, ha destacado que “evidentemente el incremento de las becas supone una clara apuesta por la igualdad de oportunidades”. Así, ha recordado que en esta Comunidad “con nombres y apellidos hay más de 71.000 jóvenes que reciben ese apoyo” y “este año habrá 2.800 que podrán también acceder” a estas becas.

De esta manera, el diputado socialista ha apuntado que “pese a la propaganda del Consell”, de quien sólo hay “anuncios vacíos, mentiras y planes que jamás se llegarán a concretar”, estamos ante “el Gobierno que claramente más se ha comprometido con esta Comunidad”. Se trata de la Administración que “está combatiendo más activamente la crisis” aquí. “Es, precisamente, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que los valencianos y valencianas pueden confiar para impulsar la salida de la crisis”, ha declarado.

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Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

Demasiados yacimientos de empleo y pocas prestaciones de Asistencia Personal a las personas dependientes y con diversidad funcional.

 

 

imageUGT ve "una barbaridad" que un curso de 25 horas permita ser "trabajador profesional"

 

UGT calificó hoy de "barbaridad" que las personas que realicen un curso de 25 horas puedan acceder a la categoría de "trabajador profesional", y añadió que de ser así sería una medida lejos de la profesionalización que impediría construir un sistema de servicios a la altura del resto de pilares del Estado de Bienestar.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, explicó ayer que a partir de octubre se impartirán cursos de 25 horas que formarán este año a unos 1.300 cuidadores catalanes.

La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat afirmó hoy que esta formación no dará acceso a un certificado profesional y que el objetivo de la misma es ayudar a los cuidadores no profesionales en su labor.

Las personas que superen los cursos y lo deseen tendrán la posibilidad de reconocer esta formación y su experiencia, cosa que les servirá como primer paso para acceder a formación de más larga durada.

En un comunicado, UGT aseguró que están a favor de las actividades formativas que mejoran la calidad de vida de dependientes y cuidadores, pero siempre y cuando "no busquen sustituir la asistencia social y la intervención sociosanitaria profesional" a la que tienen derecho los ciudadanos.

El sindicato se opone también a que esta medida pueda servir para amortizar "una cierta acomodación" al desplegar la oferta pública de servicios y para profesionalizar el sector tanto socialmente como económicamente. Por ello, consideró que la formación y apoyo al cuidado no profesional "no es ni puede ser en sí mismo un mecanismo lícito de integración laboral paralelo a la oferta formativa".

Esta situación condenaría a los futuros trabajadores a unas condiciones laborales y salariales "extraordinariamente precarias", señaló UGT, a la vez que calificó de "impensable" que un curso de esas características permita una habilitación laboral que de una atención de calidad a las personas. Recordó que los trabajadores del sector requieren un perfil formativo como el de trabajadores y educadores sociales, técnicos sociosanitarios y trabajadores familiares.

El sindicato reiteró su crítica a que en la práctica, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está "acomodado a la distribución de cheques" y se apoya principalmente en el cuidado de familiares, principalmente mujeres, algo que está generando necesidades y gastos añadidos.

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¿Piratas o carroñeros?... Discriminación La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Manifestacines grandilocuentes para seguir engañando a la gente. ¿Es esa la misión que le ha encargado Camps a Ángélica Such? ¿Que continúe mareando la perdiz como antes lo hizo Joan Cotino?

 

 

Such: “La aplicación de la ley de dependencia exige un alto contingente humano y de recursos”

  • En la Comunitat Valenciana hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley. 
  •                                                        
  • El 50% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Comunitat Valenciana están dados de alta en la Seguridad Social

elperiodic.com

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image  La Consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado que la aplicación de la ley de dependencia “exige un alto contingente humanos y de recursos” y ha destacado que en la Comunitat Valenciana “hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia”.

Such ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Jornada “El Empleo y la Dependencia” organizada por AERTE (Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de dependencia de la Comunidad Valenciana) y que hoy ha tenido lugar en Valencia.

En su intervención, la Consellera de Bienestar Social ha indicado que sólo durante este año “y gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes. La Ley de Dependencia, más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social en cuanto a su potencial generador de empleo”.

Empleo estable y femenino

Such ha explicado que el desarrollo de la Ley “ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y personal de gestión y administración de centros y programas”.

Asimismo, la Consellera ha destacado el conjunto de factores positivos sobre el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral. “De hecho –ha matizado- el sector asistencial es el primer sector en cuanto a crecimiento de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunitat Valenciana”.

Cuidadores no profesionales

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones, aquellas que van a destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

La prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales, exige que se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención (PIA).

Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que lo atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Respecto a este último punto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.

 

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¿Publicidad engañosa? Noticias sobre la LEPrA

¿Verdaderamente conoce la ministra Trinidad Jiménez la realidad de los dependientes en la Comunidad Valenciana o ha sido un lapsus?

 

Información.es » Nacional

PROMESA DEL GOBIERNO

 

Trinidad JiménezAtenderán a dos de cada tres dependientes este año.

 

EFE. MADRID Dos de cada tres personas declaradas dependientes serán atendidas por el Sistema Nacional de Dependencia antes de acabar el año, y nueve de cada diez solicitantes ya han sido evaluados, anunció ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Tras presidir el Consejo Territorial de Dependencia, en el que Gobierno y comunidades autónomas han alcanzado varios acuerdos por unanimidad, Jiménez aportó los principales datos de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor en 2007 y reconoció que la construcción de una sistema de esta envergadura requiere su tiempo. Así, en los primeros nueve meses de 2009 se ha evaluado el mismo número de personas que en el conjunto de los dos años anteriores. Hasta la fecha, el sistema de Dependencia ya ha valorado a 877.000 personas; de éstas 654.000 tienen derecho a una prestación, 140.000 la recibirán en el año 2011 -según establece la gradual aplicación de la ley en función del nivel de dependencia- y el resto no son beneficiarios. En la actualidad, más de 400.000 ciudadanos han recibido prestación.

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Noticias sobre la LEPrA

Hecha la Ley…

 

Dependientes La Ley de Dependencia financia de forma irregular   a miles de usuarios.

 

Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce la cifra actual de beneficiarios – Muchos ciudadanos se registran por duplicado o triplicado

CARMEN MORÁN – Madrid – 14/09/2009

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Casi tres años después de que arrancara la Ley de Dependencia, el Gobierno desconoce aún con exactitud cuántas personas se benefician de una de esas ayudas. Los datos de usuarios que facilitan las comunidades siempre han estado inflados. Primero, con más de 50.000 muertos que no se habían sacado de la estadística. Y ahora con casi el mismo número de personas que aparecen repetidas. El sistema de información es tan deficiente que el Gobierno desconoce datos imprescindibles para financiar correctamente esta ley. El Ejecutivo estaría pagando a las comunidades por una cifra de ciudadanos alterada, porque algunos están registrados por duplicado o triplicado, como reconocen algunas comunidades consultadas.

Es imposible que coincida el número de necesitados con el de ayudas.

La asistencia en casa se da a veces junto a una plaza en un centro de día

Los últimos datos, del 1 de septiembre, muestran que hay 654.035 beneficiarios. Y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se equipara el número de personas con el número de ayudas concedidas. Y eso es, sencillamente, imposible.

Imposible, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben una asistencia a domicilio. Eso ocurre en muchas comunidades.

Imposible que haya el mismo número de personas que de prestaciones, porque todavía se están incorporando a las listas de la Dependencia los más graves, o sea, los grandes dependientes y los dependientes severos. Y a éstos, no se les puede prescribir solamente un servicio de teleasistencia. La teleasistencia es un dispositivo que llevan los ancianos que suelen vivir solos. Lo usan para avisar a alguien si tienen algún percance. Tampoco los grandes dependientes pueden recibir sólo una ayuda técnica para adaptar la bañera, ni un taller de psicomotricidad, ni de rehabilitación, ni de terapia ocupacional. Estos servicios han de ir complementando a otros, como la asistencia a un centro de día o a un geriátrico.

Sin embargo, en las estadísticas de la Ley de Dependencia que hace públicas el Imserso, cada una de esas ayudas figura como correspondiente a una persona distinta. De otro modo no saldría el mismo número de beneficiarios que de prestaciones. Como esa forma de contar falsea la realidad, ¿cuántos beneficiarios hay de verdad? Imposible es, también, saberlo.

Pero se puede ensayar un cálculo simple. Han de desaparecer de la lista las 2.554 personas (o prestaciones, da igual) que figuran como usuarias de una ayuda para prevenir la dependencia (ver gráfico). Esos están repetidos por fuerza. Han de desaparecer también los 28.286 que tienen concedida teleasistencia, porque están repetidos en otros servicios. Y haciendo un cálculo, seguramente a la baja, habría de caer de la lista al menos un 10% de los que aparecen en ayuda a domicilio y centros de día porque son dos ayudas que suelen ir juntas para una sola persona. Sumado todo ello, unas 40.000 personas están repetidas.

El Gobierno siempre ha equiparado el número de beneficiarios con el de prestaciones. "La cifra no puede ser muy diferente", aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.

El Gobierno está librando dinero a las comunidades sin conocer el número exacto de beneficiarios, aunque afirma que paga por persona atendida (en el llamado nivel mínimo, de 70 a 263 euros por persona y año según su gravedad). Pero las comunidades también reciben financiación por el número de beneficiarios con derecho a prestación, aunque aún no estén atendidos. Y en esa bolsa hay más de 209.000 ciudadanos, de los que se desconoce los repetidos. No hay forma de saberlo. También las comunidades afirman que cobran por persona.

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Denuncia Pública Derechos humanos La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

La Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, de mal en peor.

 

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BIENESTAR SOCIAL

 

La Ley de Dependencia acumula 1.042 retrasos.

 

La Conselleria registra desde el año pasado más de un millar de resoluciones del Síndic de Greuges por incumplimiento

 

 

 

 

 

Imagen de la manifestación celebrada el pasado mes de mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Dependencia

M. A. MONTESINOS

REDACCIÓN En el año 2008 el número de resoluciones remitidas por la Sindicatura de Greuges a la consellería de Bienestar Social se situó en 336, incluida la investigación realizada de Oficio, mientras que en los siete primeros meses del año 2009 se acumulan 706 recomendaciones.

En este sentido cabe destacar que el 72% de las quejas resueltas por la Sindicatura desde enero a julio de este año y publicadas en la pagina web de la institución, afectan directamente al departamento que dirige Juan Cotino. De un total de 982 recomendaciones realizadas a diferentes instituciones (ayuntamientos, conselleries..) en el periodo analizado, 706 hacen referencia al incumplimiento de la denominada Ley de Dependencia y son responsabilidad de Bienestar Social, según apuntan fuentes de CCOO.

En la mayoría de los casos las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia Ley, en otras se trata de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta de la administración y mientras el Sindic reclama el pago de las prestaciones a los familiares, en este sentido también existen decenas de reclamaciones referentes al pago retroactivo de las ayudas económicas. En el comunicado facilitado por el sindicato, las resoluciones de las personas que aparecen recogidas en el documento y analizadas, que habían acudido al Sindic de Greuges, iniciaron los tramites ante la administración en el año 2007.

Prestaciones
Los datos reflejan la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones, que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil y en el tiempo efectivo.