Category: Noticias

Lleva año y medio sin ver a la pequeña porque su ex esposa se negó a ello con argumentos más lacerantes que la propia enfermedad, que incluyeron denuncias falsas por maltrato. El viernes, el hogar de Manuel era puro júbilo y la familia se prepara para recibir a esa niña de siete años que es el mejor aliado para luchar contra la enfermedad.

El doctor Julio Miró, médico de cabecera de Manuel, y «el padre que no tiene», apostilla Magdalena, fue a visitarle y nos dio su visión del caso. «La relación de Elena con su padre, según lo que he presenciado, es muy buena. Manuel tomó una decisión muy importante en su vida, que fue conectarse a un respirador artificial, y el motivo fundamentalmente fue poder ver unos años más a su hija. Psíquicamente es una persona completamente normal; emocionalmente está bien y es un hombre muy fuerte. Domina su estado mental y su ilusión es ver a su hija. Mi opinión es que no es una relación negativa para la niña».

La familia ahora reclama que la justicia sea más rápida, que nadie tenga que esperar año y medio para que «nos reconozcan este derecho» porque «Manuel no sabe el tiempo que le queda», dice su madre con una entereza ejemplar. «Es una enfermedad cruel, que no tiene cura, y estadísticamente dan cinco años de vida. Mi hijo va hacerlos ya. Intelectualmente está muy bien. Es psicólogo clínico, sabe lo que hace y lo que dice. Si hubiese pensado en algún momento que hacía daño a su hija, hubiera sido el primero en no querer verla, pero no es el caso», afirma Magdalena mientras su hijo esboza una sonrisa perenne.

«El juez ha decidido que la niña venga a ver a su padre un fin de semana al mes y las vacaciones compartidas. Hay que entender que esta niña no es que tenga solamente un padre; tiene una abuela y unos familiares, es mi único hijo y ella es la única nieta que tengo. Tengo que velar por ella, con y sin mi hijo, y tengo los mismos derechos que puede tener su abuela materna. Y estoy en la obligación de tenerla».

Sin embargo, la ley no arranca con la velocidad prevista y en estos momentos sólo han sido atendidos poco más del 12% del casi un millón de españoles dependientes que podrán beneficiarse de la nueva norma. Es verdad que la ley se ha encontrado con algunas dificultades de tipo político porque en algunas comunidades autónomas, que son las que la tienen que desarrollar, no parecen dispuestas a poner todo el esfuerzo necesario para aplicar una norma propuesta por un Gobierno del PSOE. Pero la mayor dificultad, que está impidiendo que incluso las comunidades con gobierno socialista presenten un mejor balance que algunas de las gobernadas por el PP, está siendo una mala burocracia.

Dice el diccionario de la RAE que burocracia es la «organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que les son propios». Pero esa gestión y organización exige profesionales cualificados que sepan aplicar las normas con un cierto criterio. Y aquí es donde hace aguas el proceso: no hay suficientes profesionales para evaluar las discapacidades de aquellos que tienen derecho a las prestaciones de la nueva ley. Lo peor es que en muchos casos, y debido a que se quiere empezar a aplicar la ley cuanto antes, se están haciendo verdaderas chapuzas. Mucho cuidado: podemos resolver el problema de los inmigrantes, pero dejar herida de muerte en sus inicios esta ley tan necesaria.