TURNO DE OFICIO
El decano de los abogados advierte de que no admitirá protestas que perjudiquen al ciudadano.
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Umor se escribe con “H”
Pues navegando, navegando… y en ocasiones, te encuentras cositas que «manda uevos»
Y es que no hay nada mejor que el humor, ya sea con h o sin ella, que lo que priva es su mensaje.
Mirar, mirar si no…
Los discapacitados madrileños piden un plan de empleo específico para ellos y mayor atención a las demandas de las mujeres .
Denuncian la situación de las mujeres discapacitadas
Servimedia / Madrid- 11/11/2009
El presidente del Cermi de la Comunidad de Madrid, Javier Font, ha pedido un Plan Estratégico de Empleo para personas con discapacidad que acometa actuaciones con implicación y participación de todas las consejerías necesarias para conseguir los objetivos deseados.
Font, que compareció ante la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid para informar de la situación de este colectivo y explicar sus reivindicaciones, señaló que el desempleo afecta más a este grupo que al resto de ciudadanos y dijo que hay que hacer una especial mención a las mujeres con discapacidad, que viven una mayor desventaja para alcanzar los mismos porcentajes de inserción.
Propuso fortalecer las redes de mujeres con discapacidad a través de la formación para el empleo como mejor manera de conseguir su autonomía y promocionar actuaciones específicas destinadas a fomentar el análisis de los efectos de la doble discriminación que padecen las niñas y las mujeres con discapacidad de nuestra Comunidad, dedicando una especial atención a las mujeres afectadas por una discapacidad grave, inmigrantes, las que residen en el ámbito rural, o viven situaciones de violencia.
Explicó que la crisis está afectando duramente a las personas discapacitadas y explicó que el 60% de los Centros Especiales de Empleo ha reducido su facturación durante el primer trimestre en más de un 20%, que el riesgo de destrucción de empleo afecta al 50% de los mismos centros y que el número de contratos ha descendido en cantidades muy preocupantes.
Señaló que, si Madrid se prodiga por ser uno de los motores económicos de nuestro país, incluso, la locomotora de España, las personas con discapacidad quieren tener su espacio para colaborar en ello y hacer el recorrido juntos para enriquecer, aún más, nuestra sociedad
Propuso, para conseguir este objetivo, corregir graves deficiencias derivadas de una insuficiente calidad en el empleo, una persistente discriminación en la contratación de personas con discapacidad, por falta de información real de las capacidades laborales de las personas con discapacidad hacia el empresario, y una alta tasa de temporalidad, hechos que nos llevan a tener que trabajar en ajustes razonables.
Pidió, asimismo, reforzar las relaciones y mejorar la coordinación entre los Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo, que se delimiten competencias y mejoren los procesos de inserción, en colaboración con los servicios de intermediación de las organizaciones de las personas con discapacidad, es pieza clave en una estrategia de inserción laboral.
Existen carencias acentuadas que ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha una auténtica política de formación, capaz de llegar y motivar al sector discapacidad, sobre todo en zonas rurales de nuestra comunidad, en las que las personas con discapacidad son más invisibles, dijo Font, quien puso de manifiesto la necesidad de potenciar la formación para ser más competitivos y un aumento de las medidas de discriminación positivas hacia las personas que padezcan una discapacidad severa que les impida o reduzca las posibilidades de acceso al empleo.
Entre ellas, aumentar el porcentaje de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el empleo público de la Comunidad de Madrid, dentro del 6% existente para personas con serias dificultades de inserción, así como que este porcentaje no sea global para cada convocatoria, si no para cada oposición.
Font planteó durante su intervención la necesidad de atender las necesidades de este colectivo no sólo desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sino de manera transversal.
Siempre hemos observado como todo giraba alrededor de los Servicios Sociales como el paraguas protector que, cargado de actuaciones, se basaba en la caridad y la beneficencia, dijo Font, quien defendió que las políticas de integración se acometan de manera transversal, si queremos conseguir el principal objetivo que es la plena integración social de todas las personas con discapacidad’.
También defendió mejoras en el modelo de financiación de las entidades sociales que representan a personas discapacitadas, la autonomía personal de este colectivo y medidas de atención temprana para reducir los problemas derivados de la discapacidad
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Aviso a navegantes novatos
Puedes recibir una multa de 600 euros por enviar mal un mensaje de correo electrónico.
La Agencia de Protección de datos está multando puesto que es practica habitual mandar correos a varios destinatarios en Para:…., en lugar de hacerlo en CCO:…. ). Para que seamos conscientes de lo que puede pasar.
Multa de 600 Euros
Varios ciudadanos han recibido una multa de 600 euros de la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.
Frecuentemente recibimos y enviamos correos con alguna chorrada graciosa o alguna noticia interesante a muchos de nuestros contactos. Esto es una práctica normal y no se le puede poner reparo.
Sin embargo, el problema viene en la forma de enviar esos correos, normalmente quien los envía pone a toda la lista de destinatarios en el campo "para:", y esto origina que cada uno de los que reciben el correo, ven las direcciones de correo de los demás a quienes va dirigido.
Esta "inocente" acción supone una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y conlleva aparejada una sanción de 600€, que por cierto, ya han recibido muchos ciudadanos españoles que ni siquiera eran conscientes de que estaban realizando algo ilegal (aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento).
La solución para evitar la denuncia es muy simple, y consiste en que en lugar de poner todas las direcciones en el campo Para:, ponerlas en el campo CCO: (copia oculta), aunque no todos los clientes de correo soportan esto (los modernos si). Esto causa que nuestros contactos reciben el correo, pero no ven la dirección de ninguna otra persona.
Si alguno no veis el campo CCO:, hacéis clic en el botón Para: (como para buscar los contactos en la agenda), y os aparecen tres campos:
Para: que es a quien va dirigido el correo.
CC: (Carbón Copy), que es a quien se envía una copia de correo.
CCO:(Copia oculta), que es a quien se envía una copia de correo, pero los que pongamos aquí, no se ven al recibir el correo.
De esta forma, quienes reciban el correo, no saben a quien mas va enviado dicho correo, de forma que así no incumplimos la Ley y nos ahorraremos una multa de la Agencia Española de Protección de Datos Personales.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE CUANDO ENVÍE O REENVÍE UN MENSAJE A MAS DE UN DESTINATARIO:
Para: Déjelo en blanco.
CC: Déjelo en blanco.
CCO o BCC: Incluya aquí a sus destinatarios.
SI VA A REALIZAR UN ‘FORWARD’ O REENVÍO DE ESTE MENSAJE, POR FAVOR, borre las direcciones de la(s) persona(s) que lo enviaron y la fecha, además de los datos de envío originales.
Proteja sus direcciones y las de sus amigos, use SIEMPRE la opción CCO o BCC
Fuente: Insurgente
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el sistema de la Comunidad de Madrid, según el cual si a los seis meses no se recibía contestación suponía la negativa de la Administración a prestar el servicio.
EP – Madrid – 09/11/2009
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente la demanda interpuesta por la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón contra la Orden 2386/2008 mediante la cual se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, informaron hoy fuentes del colectivo. Este hecho conlleva, según explicaron desde la Plataforma, la anulación del proceso de regulación establecido por la Comunidad de Madrid, según el cual el silencio administrativo transcurridos seis meses desde la solicitud conllevaba la denegación automática de la condición de dependiente.
La sentencia del TSJM anula por tanto el artículo 5 de la citada Orden, lo que supone que "a partir de ahora todos los solicitantes que seis meses después de haber presentado su solicitud no hayan obtenido respuesta pueden entender que se les ha reconocido como dependientes y tienen, por tanto, derecho a las prestaciones y servicios que la ley establece", indicaron fuentes de la Plataforma.
El colectivo considera que esta sentencia tendrá "un efecto positivo como elemento dinamizador" de la tramitación de las solicitudes de dependecia, ya que estimaron que desde este momento "la Comunidad de Madrid deberá ser mas diligente en la tramitación", ya que de lo contrario "muchos madrileños habrán ganado su derecho a recibir las ayudas de la Ley de Dependencia sin poseer los requisitos para ello".
La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón está formada por la Asociación de Minusválidos de Alcorcón, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Subdotados de Alcorcón, la Asociación de Laringetomizados y la Organización Empresarial de Alcorcón.
PROVINCIA ALICANTE
La crisis económica saca a ancianos de las residencias
Hijos que tenían a sus padres en geriátricos se los llevan a casa para recurrir a la pensión y a la Ley de Dependencia.
08.11.09 –
BEATRIZ LLEDÓ VALENCIA
Alertan de que puede ser «muy duro» cuidar a un dependiente las 24 horas al día
Cuando la necesidad apremia, se recurre a soluciones desesperadas. La crisis económica continúa haciendo estragos en muchas familias que se han visto obligadas a sacar a sus mayores de las residencias en las que hasta ahora estaban ingresados para poder sobrevivir con su pensión. «Nos estamos encontrando con muchos casos de personas sin trabajo, a las que se les ha acabado la prestación del paro, que no tienen ningún ingreso y deciden sacar a sus padres del centro para cuidarlos en casa y poder disponer de su paga», alertó la portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano.
No es la única que ha detectado esta realidad. José Hernández, miembro de la Unidad de enfermos Paliativos del hospital Doctor Peset, advierte de la misma situación. «Se llevan a casa a los familiares que estaban en la residencia para ahorrarse el dinero que pagaban porque estuvieran allí y para cubrir sus gastos con la pensión de jubilación», explicó la semana pasada el experto durante unos cursos para profesionales impartidos por CSI-CSIF en Valencia.
Incluso se benefician de las posibles ayudas de la Dependencia que podían estar recibiendo los ancianos por estar en una residencia. Así lo asegura José Sanchis, presidente de la Unión de Pensionistas (UDP) de Valencia, quien lamenta que muchos hijos «que se habían olvidado de sus padres» ahora los acogen para quedarse con su dinero. «Los meten en una residencia y al principio van a verlos cada semana, luego van cada semana, cada mes y al final ya ni se acuerdan. Y ahora porque les interesa, los sacan. Hay muchos mayores muy solos pese a tener familia», denuncia.
Si la crisis no remite, el número de familias que decidan llevarse a los ancianos a casa aumentará de forma preocupante. «Hace dos años no conocía ningún caso. Esto ha empezado hace algunos meses y aún puede ir a más. Es una solución a la que están acudiendo muchos hijos que no encuentran trabajo, que también son padres de familia y que no llegan a final de mes», aseguró Hernández. También Cáritas ha notado esta tendencia.
Una consecuencia inmediata es que las residencias cuentan con plazas libres, algo impensable hace sólo unos meses. «Desde hace medio año, centros que estaban llenos y en los que era muy difícil entrar, ahora tienen sitio de sobra», explica Sanchis.
Pero detrás de esta realidad subyace un peligro. ¿Están preparados los hijos para convertirse en los cuidadores de sus padres las 24 horas del día? Castellano lamenta que la atención puede no ser la misma. «Cuidar bien y sin descanso a un enfermo es algo muy serio y duro. Entiendo que a la gente le hace falta el dinero pero la situación puede volverse contra ellos si no soportan el esfuerzo que supone estar pendiente de un dependiente», manifestó. Para Hernández, en cambio, «en principio, si se trata de un mayor, no tiene porque haber especiales dificultades para atenderlo».
La crisis también ha hecho que muchos hijos ya independizados vuelvan a casa de sus padres porque no pueden pagar la suya. Y no lo hacen solos. Con ellos se instalan sus cónyuges e hijos.
Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Bienestar Social
El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes
El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 – El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales
LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA
La aportación de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los parámetros correctos del modelo de financiación. Así lo confirma el informe Financiación y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer informó Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Por el contrario, otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.
Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad autónoma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos más correcto tener sólo en cuenta el nivel mínimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan.
La peor aplicación de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, según los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones).
Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.
El estudio también revela que el coste de un dependiente al año en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al año. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existiría un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes.
Tarjeta para discapacitados en 2010
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que en 2010 se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantación se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas. Según resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Información.es » Elche
BIENESTAR SOCIAL
La Asociación de Esclerosis Múltiple forma a voluntarios para ayudar a los afectados.
JOSÉ A. MAS
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Comarca está preparando un curso para formar a nuevos voluntarios. El curso se celebrará los próximos días 19 y 20 de noviembre en el Centro Social de El Pla.
La presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, Mari Carmen Rodes, explicó que "necesitamos captar voluntarios que ayuden a los afectados de esclerosis múltiple a realizar tareas cotidianas como asearse, limpiar su casa o, simplemente, salir a pasear". Las sesiones del curso estarán impartidas por una psicóloga, un voluntario de la entidad, una trabajadora social y dos afectados, que ofrecerán varias ponencias sobre el trabajo que los voluntarios pueden realizar para ayudar a las personas que padecen esclerosis múltiple.
Con esta iniciativa, la entidad pretende captar y formar a nuevos voluntarios por lo que las sesiones están enfocadas a todo tipo de público que esté interesado en apoyar a los afectados por esta patología.
Para más adelante, posiblemente a principios de 2010, la entidad está preparando un congreso en el que expertos en la materia tratarán las novedades y los afectados podrán poner sus inquietudes en común.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que ataca al sistema nervioso central formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos.
LOS DEPENDIENTES SIGUEN BATALLANDO POR LA APLICACIÓN DE UNA LEY QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ES PAPEL MOJADO
A las puertas del tercer aniversario de la Ley de la Dependencia, su aportación en la zona sigue siendo ínfima. De hecho, se calcula que sólo el 3% de las 2.500 personas que han solicitado el amparo de esta normativa en Alcoy y comarca reciben actualmente alguna ayuda. El porcentaje de dependientes que han fallecido esperándola es, por el contrario, del 7%. Sin embargo, el problema no es sólo de cantidad si no también de calidad porque la administración ha zanjado la atención a los dependientes con una aportación económica mensual que sirve para legalizar ante la Seguridad Social la ayuda que reciben pero que no contenta a todos, especialmente a aquellos que creen que la norma debería hacer honor a su nombre – oficialmente, se llama Ley de Promoción de la Autonomía – y ofrecer recursos en lugar de dinero. Esa es, de hecho, la actual batalla de la Plataforma de afectados, que prepara un acto en Alcoy por los tres años de la Ley. Algunos afectados de la zona han llegado, incluso, a los tribunales.
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El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales
El gasto por persona es un 40% inferior a la media nacional