Manifiesto de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana.
MANIFIESTO ( 16 DE MAYO 2009)
SERVICIOS SOCIALES
Más de un millar de dependientes de la provincia de Alicante y sus familiares se desplazarán esta tarde a Valencia para participar en la manifestación convocada por las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana, que comenzará a las 18 horas en la plaza San Agustín.
Un momento de la última concentración celebrada este mes en Alicante
ANTONIO AMORÓS
A. PRADO Las plataformas comarcales de la provincia de Alicante han habilitado una docena de autobuses para acudir a la convocatoria con el fin de manifestar su insatisfacción por el retraso que sufre la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana y exigir al Consell que se concedan las prestaciones a las que tienen derecho, dos años y cinco meses después de que se aprobara la normativa estatal. En este sentido, la asociación alicantina de discapacitados AODI, con un centenar de asociados, recuerda que ninguno de ellos disfruta aún de servicios o prestaciones, al igual que otros muchos afectados en la provincia y en la Comunidad.
Por otra parte, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante Laura Soler elevará al próximo pleno una moción para que la alcaldesa, Sonia Castedo, defienda a los dependientes e inste a la Generalitat a desbloquear la ley.
Nadie está preparado para enfrentarse a una situación tan complicada, como la que encaran día a día las personas en situación de dependencia y sus cuidadores.
Te levantas una mañana y ¡ahí está!.
Resulta muy duro aceptar que un ser querido va a necesitar tu total ayuda durante mucho tiempo. ¿Quién de nosotros, cuidadores, no se ha desesperado, no ha querido que esta situación termine lo antes posible?
Y luego, el remordimiento, cómo he podido yo pensar eso; si es lo que más queremos en el mundo, si vivimos y sufrimos por ellos?. Sabemos lo que necesitan antes de que lo pidan, con una simple mirada lo que sienten. Aguantamos situaciones absurdas, interminables noches sin dormir, "guarrerías" de todas clases,….
¿Quién está preparado para enfrentarse a esto? Dejar tu vida laboral, social, la familiar se altera hasta lo indecible… ¿Cuántas lágrimas hemos derramado, cuántas hemos contenido para que no se sientan culpables?
Pero tenemos una fuerza increíble, un algo que nos sale de dentro, que nos impulsa a luchar, por ellos y por nosotros, por todos los que ya están y los que vendrán.
No nos queremos esconder como en el siglo pasado, no queremos avergonzarnos de nuestros hijos, de nuestros familiares, …no queremos que se les considere menos que a los demás.
QUEREMOS QUE TENGAN LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LA CIUDADANIA.
Derechos que por primera vez en nuestra historia nos reconoce la Ley. ¿Y qué sucede?
Que nuestros gobernantes valencianos, lo que hemos elegido nosotros en las urnas, los que administran nuestro dinero (el de todos), los que deben velar porque se cumplan las leyes. (La que en éste caso ellos mismos han votado) nos engañan, nos mienten con todo el descaro de que son capaces.
Me indigna pensar que representan a todos los valencianos (por lo visto a nosotros un poco menos). Y me vuelvo a preguntar: ¿qué les dirá su confesor, o es qué para ellos no es importante un sector tan necesitado como el nuestro? Debe ser algo intrascendente que nos utilicen, qué creen falsas esperanzas, que echen la culpa a los demás….
Pero son ellos, los Sres. Camps y Cotino, los que tienen la obligación, jurada ante toda la ciudadanía, ante Dios y los hombres de proteger nuestros derechos, de aplicar la ley, "sin tejemanejes", sin ocultismos, sin engaños,….
Y nosotros, los que sufrimos su mala gestión, los que sabemos que las cosas se pueden hacer mucho mejor, gastando menos dinero y beneficiando a más gente les queremos decir:
Que no estamos solos, que la sociedad entera está reaccionando ante lo injusto de esta situación y que nos van a tener que oír, les guste o no.
Porque somos fuertes, porque esa rabia contenido ante lo injusto e inesperado de las situaciones a las que nos enfrentamos va a salir (el sábado 16 de mayo a las 6 en San Agustín, (Valencia). Por las personas que más queremos, por nosotros mismos, por nuestros derechos.
TODOS JUNTOS LO CONSEGUIREMOS, PORQUE ES JUSTO LO QUE PEDIMOS, PORQUE LA LEY NOS HA OTORGADO UNOS DERECHOS.
No vamos a dar un paso atrás ni para tomar impulso, nos apoyaremos en los demás para seguir si es necesario, pero nunca cederemos un centímetro de lo que se avance en materia social ¿qué se han creído?
Nos van a oír porque se lo vamos a gritar bajo su balcón.
Hasta el sábado.
Palmira Castellano (AVaDeC)
01:40
LAURA SOLER
El próximo sábado, 16 de mayo, a las seis de la tarde y partiendo de la plaza de San Agustín en Valencia, todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia alicantina tenemos una cita ineludible en la capital de nuestra Comunidad. Se trata de mostrar desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia al gobierno valenciano del señor Camps y de su increíblemente todavía conseller el señor Cotino, tan ineficaces para todo aquello que no le interesa, la protesta de un colectivo que lleva muchos meses esperando la aplicación de una ley muy necesaria pero que no interesa su aplicación a los que nos gobiernan. Nuestro colectivo constata cómo cada día muere una de las personas necesitadas de un apoyo institucional que, incomprensiblemente, se les niega. Ya no están con nosotros Rosa, Jordi, Juan o Mari Luz. Todas ellas y ellos, y pronto muchos más, habrán fallecido sin que esta Administración haya hecho nada para atenderlos y remediar sus problemas. Mientras tanto, Jaume, Eutropia, Amparo, Juan Luis o yo misma seguimos esperando una respuesta de un Consell tan sordo como inoperante para resolver los problemas de un sector marginado y discriminado por el gobierno valenciano del Partido Popular.
Nuestra Comunidad sigue estando a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia mostrando que a los miembros del Consell no les importamos nada, a pesar de que se les llena la boca hablando de la importancia de la familia. ¿Dónde está el apoyo a los cuidadores, en su mayoría mujeres, que dedican todo su tiempo, esfuerzo y dedicación a quienes más lo necesitan? Ni siquiera de ellos se acuerdan. Como siempre, los discapacitados y/o dependientes somos considerados por nuestros gobernantes valencianos como ciudadanos de segunda clase. Los populares, todo el mundo lo sabe, se gastan nuestros impuestos en "grandes eventos" mientras la justa y necesaria ley aprobada por el Gobierno central que podría paliar nuestros problemas, al menos en parte, sigue sin aplicarse a pesar de, por increíble que parezca, haber sido aprobada también con sus votos. Esta doble moral a la que desgraciadamente ya estamos acostumbrados hace que no nos sorprendan sus preferencias inversoras en circuitos automovilísticos o asuntos de esta índole de los que la mayoría de ciudadanos no nos beneficiamos y sí nos perjudicamos en detrimento de nuestra educación, servicios sociales y sanidad públicas.
Desde la coordinadora, de la que soy miembro, y desde las fuerzas políticas y sindicales, desde la sociedad alicantina, desde las asociaciones y personas que creemos que otro mundo es posible, llamamos a la movilización del sábado en Valencia por nuestra dignidad y supervivencia, y para que el señor Camps, aunque esté viajando por esos mundos para olvidarse de sus verdaderas responsabilidades, escuche nuestro grito de protesta, unánime y colectivo. Como la única lucha que se pierde es la que no replantea, como asegura mi amigo Ismael Serrano, continuaremos, mal que les pese, reivindicando nuestros derechos y gritaremos el sábado, con todas nuestras fuerzas: ¡basta ya!
Categories
¡¡¡Camps, fot el camp!!!
ANÁLISIS
Cuestión de dignidad
Después de que dos magistraturas, la Audiencia Nacional y el TSJ, hayan visto indicios de delito en el caso de los trajes, Camps debería defender su inocencia sin el manto de presidente de la Generalitat.
JUAN R. GIL
Francisco Camps se convirtió ayer en el primer presidente de la Generalitat Valenciana llamado a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación a un presunto caso de corrupción. Sin duda, es la noticia más grave desde que en 1983 se celebraron los primeros comicios para constituir las Cortes de esta nueva etapa democrática y que sus diputados eligieran un jefe del Consell. Más de un cuarto de siglo después, el Gobierno autonómico vive su peor momento. Ni cuando Rafael Blasco fue sometido a escuchas y acusado de obtener beneficios de planes urbanísticos siendo el socialista Joan Lerma presidente, ni cuando Luis Fernando Cartagena fue imputado por quedarse con dinero de unas monjas y eludir al Fisco con cuentas opacas bajo el mandato de Eduardo Zaplana, la Generalitat Valenciana se había visto en una situación tan lastimosa.
El presidente Camps ha venido defendiendo su inocencia desde que se conoció que una investigación más amplia del juez Garzón sobre una trama de corrupción había puesto sobre la mesa, entre otros, su nombre. Tantas veces como Camps ha negado cualquier relación con los principales actores de esa red de tráfico de favores e influencias o con sus empresas, tantas veces como lo ha desmentido, digo, la contundencia de los datos le ha dejado en evidencia. Rasgarse las vestiduras porque diariamente el sumario, supuestamente secreto, se haya ido filtrando, puede ser humanamente comprensible, políticamente razonable y jurídicamente conveniente. Pero en todo caso no desvirtúa los hechos. Camps fue acusado de recibir regalos de una sociedad llamada Orange Market, gestionada por un personaje de mal nombre «Bigotes». El presidente negó, nada menos que bajo el artesonado del Palau la primera vez, y en sede parlamentaria las siguientes, haber aceptado los trajes que se decía que le habían dado, así como conocer ni al Bigotes ni a su empresa. Pero en el curso de la investigación de este lamentable asunto han aparecido facturas y apuntes contables que indican que los trajes fueron encargados, realizados, regalados y recibidos; conversaciones que muestran, más allá del ridículo tono en que se desenvuelven los interlocutores, que Camps no sólo conocía al Bigotes, sino que éste era su «amiguito del alma»; y contratos que prueban que desde que Camps llegó a la presidencia de la Generalitat el Consell ha estado contratando con Orange Market todo tipo de trabajos, en su mayor parte burlando las disposiciones legales que rigen este tipo de adjudicaciones y convirtiéndose, en la práctica, en la principal fuente de ingresos y motivo mismo de la existencia de la citada empresa, a la que de momento se le han contabilizado más de ocho millones de euros de ingresos procedentes del Gobierno autonómico. Ninguna, y créanme si les digo que no es plato de gusto referirse así a un presidente elegido en las urnas por una mayoría de los ciudadanos de esta Comunidad, ninguna de sus afirmaciones en este caso se ha sostenido en pie más de un día. Baste, como último ejemplo de los muchos que podrían citarse, la imagen de Camps asegurando en las Cortes que estaba «loco» por comparecer ante el tribunal y poder explicarse: menos de 24 horas después se conoció que lo que en realidad había hecho era presentar un recurso para que se declararan nulas todas las actuaciones y, por tanto, se diera carpetazo sin más al asunto.
Todo lo contrario. Si Camps dijo también un día en el Parlamento que este caso iba a ser largo, se ha encontrado con la sorpresa de que va tan rápido que le va a obligar a declarar a las puertas mismas de una campaña electoral, tal como hace ya una semana adelantó en estas mismas páginas mi compañera Mercedes Gallego. Si el PP alardeaba en su día, y no precisamente en voz baja, de que el TSJ estaba bajo su influencia e iba a archivar sin más el sumario, lo que ha ocurrido es lo que no se esperaban: que los magistrados, encabezados por el ponente, José Flors, se han tomado en serio la investigación y han decidido avanzar en ella. Cuál sea el resultado final, aún se desconoce. Pero hoy por hoy, si Camps está en sus horas más bajas, hay que reconocer que el crédito del TSJ está, por contra, en su punto más alto.
Se había escrito aquí, ya hace tiempo, que la situación del presidente era insostenible. Desde ayer, más que insostenible es imposible. El máximo representante de los ciudadanos no puede ser alguien bajo sospecha, sometido a investigación y que va a tener que soportar el interrogatorio de un juez. Pero es que, y eso es lo sustancial, la imputación se produce después de que dos magistraturas tan distintas como distantes, el juez Garzón de la Audiencia Nacional, primero, y la sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Valencia, después, hayan concluido que de las pruebas aportadas por los investigadores se deducen indicios suficientes de delito en la actuación no sólo del presidente de la Generalitat, sino también de su mano derecha, número dos del PP en esta Comunidad y portavoz del partido del gobierno en las Cortes, Ricardo Costa.
Políticos y periodistas utilizamos sin sentido alguno de la medida el calificativo de «histórico», aplicado las más de las veces a situaciones que ni por asomo merecerían definirse así. La decisión del TSJ, primero no archivando la denuncia contra Camps y ayer citándolo a declarar como imputado sí que es, en el más estricto sentido del término, histórica. Y a una decisión histórica sólo puede responderse con otra que esté a su altura. Camps mismo apeló, cuando comenzó este proceso, a la dignidad y el honor de la institución que preside. Llegados a este punto sólo le queda aplicarse el cuento y por la dignidad, el honor, el buen nombre y el respeto que la Generalitat se merece, presentar de inmediato su renuncia al cargo.
- Valencia | hace 6 minutos | comentarios |
-
EFE
El diputado autonómico socialista Antonio Torres ha acusado hoy al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, de haber "traicionado miserablemente" a los dependientes valencianos por tardar una media "de 19 meses" en resolver sus solicitudes.
Torres ha preguntado en el pleno de Les Corts Valencianes a Cotino si su Conselleria iba a adoptar alguna medida que posibilite a los familiares de los dependientes valencianos ya fallecidos la percepción de las prestaciones económicas a las que tenían derecho.
Al respecto, el conseller y vicepresidente tercero del Consell ha contestado que el Gobierno central debe 50 millones de euros a la Generalitat de la transferencia para la aplicación de la Ley de Dependencia prevista para el pasado año, y ha pronosticado que a finales de este año la deuda alcanzará los 90 millones.
Además, ha asegurado que la verdadera "preocupación" de los socialistas valencianos en relación a este tema es "buscar personas" para "subirlas al autobús" y venir a Valencia para hacer una manifestación "en contra de la Dependencia", ha concluido.
Torres ha lamentado que la oposición no pueda tener "jamás" una "respuesta ni un compromiso" del conseller de Bienestar Social cuando es cuestionado sobre la aplicación de Ley de Dependencia.
Según ha dicho, el "retraso o inaplicación" de la misma se debe "exclusivamente" a la "incompetencia y a la mala fe" de la Conselleria, ya que, según las estadísticas del Gobierno, la Comunitat Valenciana "sólo tiene reconocido el 4,8 por ciento de las solicitudes realizadas, ni la mitad de lo que correspondería".
El diputado socialista asegura que el Gobierno valenciano "está tardando más de 19 meses en resolver las solicitudes, justo el triple de lo que establece la normativa".
"Han metido a los dependientes en un callejón sin salida. Impiden las ayudas ordinarias, y cuando mueren sus familiares no se les concede ninguna ayuda", ha argumentado.
Torres ha recordado que según el último decreto al respecto del Gobierno, cuando "sea por culpa de la Administración autonómica" no se pagarán aquellos expedientes cuya tramitación exceda el año de demora, lo que hará a la Generalitat "perder cantidades ingentes de dinero" que, según ha criticado, luego querrá achacar al Ejecutivo central.
El próximo día 19 de mayo (martes) celebramos un acto en la sede de Comisiones Obreras con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo. Te adjunto un fichero con el cartel del acto por si puedes ayudar a su difusión.
Ni que decir tiene que estas elecciones se celebran en el momento más agudo y profundo de una crisis económica, que es la crisis del modelo capitalista, que golpea esencialmente a los trabajadores y trabajadoras que no han tenido ninguna responsabilidad en la generación de la misma, pero son sus víctimas principales en forma de paro, exclusión y desesperanza.
Desde la izquierda, sin embargo, decimos : "HAY SALIDA A LA CRISIS, HAY ESPERANZA".
Eso es lo que queremos transmitir en el acto del martes en Comisiones Obreras a partir de las 19 horas.
Te invitamos a acompañarnos .
José Antonio Fernández Cabello
Como veréis en el cartel adjunto, el martes 19 de mayo, tenemos un importante acto en la sede de CCOO en Alicante (Avda….. Salamanca, 33 ).
Participan
WILLY MEYER
eurodiputado y cabeza de lista de la candidatura de Izquierda Unida al Parlamento Europeo
ESTHER LÓPEZ
candidata de EUPV al Parlamento Europeo
Nos hablaran de como "Combatir los efectos de la crisis desde Europa"
Como nuestras vidas se ven afectadas por las directivas Europeas y que propuestas tenemos desde EUPV para cambiar "La Europa del Capital" por la "Europa de los ciudadanos".
No dejéis de asistir y difundir el Acto a todos los comités de Empresa con los que estéis relacionados .
El acto tiene carácter Provincial y necesitamos tu presencia
Un saludo
Mari Ángeles Martínez Esplá
(Coordinadora de campaña Comarcas del Sur)
El coche de Montse, el pasado lunes. (Imagen: M.S.)
- El minusválido puede aparcar sin comprobante en zona azul o verde.
- Montse dice que los agentes de Barcelona desconocen esta norma.
- Ha tenido que recurrir hasta ocho multas en un año.
MAICA LÓPEZ. 13.05.2009
Este año, los vigilantes de zona azul y verde de Barcelona han impuesto ocho multas a una minusválida. "Señor agente: soy minusválida, no me multe. Gracias. (Evítese la multa y evíteme hacer el recurso)". Al texto le sigue la transcripción del decreto 97/2002, de 5 de marzo, que autoriza a las personas con disminución y tarjeta de aparcamiento a estacionar su vehículo "sin limitación de tiempo y sin comprobante".
Montse sabe que el recurso lo tiene ganado de antemano
Éste es el cartel que, plastificado, luce Montse desde hace algunos días en su coche, junto a una tarjeta de aparcamiento de la Generalitat para personas minusválidas. Y es que en lo que llevamos de año, ha tenido que recurrir ocho multas que le ha impuesto en Barcelona por estacionar su coche en zona verde o azul. La última, el pasado lunes.
Montse sabe que el recurso lo tiene ganado de antemano. "Pero es agotador, me hacen perder tiempo y dinero. Cada vez que me ponen una multa tengo que hacer una copia, fotocopiar la tarjeta, ir a Correos y enviar una carta certificada al Instituto Municipal de Hacienda", se quejaba ayer la conductora a 20 minutos.
Basta ya de acoso y discriminación a los minusválidos
Montse lamenta la "ineptitud o mala leche" de algunos agentes que "desconocen" la norma y la multan casi cada día que va a trabajar en coche. Y ha impuesto una queja formal al responsable de movilidad del Ajuntament. "Basta ya de acoso y discriminación a los minusválidos", solicita.
Artículos relacionados
¿Qué doctrina debe aplicar ahora el PP a Camps?
- Francisco Camps ha sido imputado por el TSJV y tendrá que declarar el 19 de mayo
- El Partido Popular alabó a los militantes que dimitieron tras ser imputados
- De momento, se puede hablar de tres raseros: el de alcaldes, diputados y presidentes
- Los ‘populares’ han manifestado su apoyo a Camps y piensan mantener su militancia
Archivado en:
corrupción, justicia, política, comunidad valenciana, camps, pp, álvaro llorca, tribunales, operacion gurtel
Por ÁLVARO LLORCA (SOITU.ES)
Actualizado 14-05-2009 20:25 CET
Finalmente, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que lleva el ‘Caso Gürtel‘ ha decidido imputar al presidente de la comunidad, Francisco Camps, junto al número dos regional, Ricardo Costa, y otros cargos del Partido Popular valenciano. El presidente tendrá que declarar el próximo 19 de mayo para explicar su presunta relación con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de la que pudo haber recibido miles de euros en trajes a cambio de contratos. Pero antes deberían responderse algunos interrogantes: ¿debe dimitir Camps? ¿Cuál debería ser la reacción del partido?
(EFE)
Finalmente imputado.
Desde luego, tras la imputación de hoy, el debate sobre la pertinencia de su dimisión se agudizado de forma notable, y ya llueven las voces políticas que exigen su abandono del cargo. Y es que se han derrumbado de golpe los dos principales argumentos que los ‘populares’ utilizaban para defender la inocencia del dirigente territorial.
- Por un lado, el Partido Popular consideraba que la instrucción no era más que una persecución del juez Garzón, como ya hizo notar en su día Soraya Sáenz de Santamaría, al poner “en cuarentena cualquier decisión de este juez”. Pues bien, ahora el Partido Popular cuenta con una segunda opinión, la cual confirma, en forma de imputación, los males que ya diagnosticó el titular del juzgado número cinco de instrucción de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
- Por otro lado, la secretaria general del grupo, María Dolores de Cospedal, mostraba su apoyo en marzo al presidente valenciano afirmando que “todavía no ha sido imputado”. Pues bien, ¿qué dirá ahora De Cospedal tras la decisión de hoy?
Desde el día en que estalló el ‘Caso Gürtel’ hay una afirmación que se ha repetido por activa y por pasiva: la lógica de la política no es la misma que la lógica de la Justicia. Por ejemplo, lo dijo el ministro Caamaño en una reciente comparecencia: “Los tiempos de la Justicia no son los de la política. Mientras la primera se mueve por la lógica de la razonabilidad, la segunda lo hace por el principio de la oportunidad“.
Precisamente, esa lógica de la oportunidad se ha mostrado bien laxa con las diferentes respuestas del PP ante el goteo de imputaciones del ‘Caso Gürtel’. ¡Ojalá existiera un manual en el que se recogieran todos los posibles casos y el precio político asociado a ellas, como un Código Penal dirigido a sospechosos de corrupción! Pero, desde luego, a la luz de las decisiones políticas que se han derivado del ‘Caso Gürtel’ se percibe mucha improvisación, lo que ha desatado la sospecha de que existe un doble rasero en el seno del Partido Popular.
¿Cuántos raseros existen?
De todos los nombres que han salido a la luz desde que el juez Garzón abriera fuego, las reacciones han sido de lo más variopinto. Sin contar a quienes en el momento del estallido de la Gürtel ya habían abandonado su cargo, éstas son las diferentes reacciones del Partido Popular con respecto a quienes la operación salpicó en pleno ejercicio de sus cargos.
- La doctrina de los alcaldes
Por ejemplo, cuando el juez Garzón se inhibió en la operación Gürtel en favor del TSJ de Madrid imputó a dos personas que ostentaban en ese momento el cargo de alcaldes: Ginés López, en Arganda, y Jesús Sepúlveda, en Pozuelo. Ambos presentaron su dimisión de forma inmediata y suspendieron voluntariamente su militancia en el Partido Popular, a pesar de que negaron su participación en los hechos. Entonces, María Dolores de Cospedal alabó su decisión al haber antepuesto, según ella, el interés de sus municipios a sus “circunstancias personales”. La secretaria general añadió que esa decisión fue “especialmente generosa”.
- La doctrina de los diputados
Dada la condición de aforados de los diputados de la Asamblea de Madrid el juez Garzón no pudo imputar a Martín Vasco, López Viejo y Alfonso Bosch, a pesar de haber hallado indicios contra ellos. Sin embargo, una vez que el caso llegó a los Tribunales Superiores, el juez Antonio Pereira imputó a los tres diputados madrileños. En ese momento, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular suspendió de militancia a todos ellos, aunque los tres implicados mantienen su acta de diputado, ya que, según sostienen los ‘populares’, las actas son personales y no pertenecen al partido, por lo que son ellos mismos quienes han de tomar la decisión. Eso sí, Martín Vasco dimitió como portavoz adjunto del partido a raíz de la imputación, mientras que López Viejo dejó su cargo de consejero de Deportes en febrero, justo al estallar el ‘Caso Gürtel’ y antes de que se conociera con exactitud su implicación en la operación.
(EFE)
Garzón, en las pasadas Fallas de Valencia.
- Y ahora, la doctrina Camps
De momento, el Partido Popular ha respondido a la imputación con un comunicado en el que hace una defensa a ultranza de Camps. Además, los ‘populares’ se afanan en hallar una lectura positiva al asunto: “La citación supone acabar con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su inocencia en el foro adecuado”, aseguran. En la misma línea, fuentes ‘populares’ han asegurado a Europa Press que no han pensado suspender la militancia a los implicados, ya que su situación no es comparable con la de los diputados autonómicos de Madrid. Esteban González Pons, por su parte, ha defendido la inocencia de su compañero y ha afirmado que la gravedad de las acciones “es como mínimo opinable”. Esto conduce a una nueva reflexión: ¿Lo verdaderamente importante es la cuantía económica o el hecho en sí de haber cometido un delito, por pequeño que sea?
No se trata del primer presidente autonómico que resulta imputado en un proceso judicial. Juan José Ibarretxe (PNV), Jaime Ignacio del Burgo (UCD), Demetrio Madrid (PSOE) o Gabriel Cañellas (PP) fueron imputados en su día y en sus respectivas comunidades, si bien al final todos ellos fueron absueltos, según recuerda Efe.
Sin embargo, otros dirigentes autonómicos salieron culpables de sus respectivas imputaciones. Como Gabriel Urralburu, que fue presidente de Navarra entre 1984 y 1991, y se convirtió en el primer presidente regional encarcelado (aunque su condena llegó una vez que había abandonado el cargo). José Marco (presidente de Aragón) y Juan Hormaechea (presidente de Cantabria) corrieron una suerte similar.
Si el Partido Popular quisiera defender a ultranza la inocencia de Camps, podría escudarse en los mencionados casos en los que los imputados finalmente fueron absueltos. Aunque también podría escudarse en aspectos procesales, afirmando que cabría aguantar algo más y esperar a que Camps sea procesado, que significa llevar su implicación un paso más allá de la mera imputación. Concretamente, el Tribunal Constitucional considera como imputado “a toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible”. Mientras, la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera que una persona puede ser procesada si, como consecuencia de las diligencias practicadas, en el sumario aparecen “indicios racionales de criminalidad contra determinada persona”.
Otra opción, del todo contraria, sería que Camps se aplicara el mismo cuento que los dimitidos alcaldes de Arganda y Pozuelo (ése que alababa De Cospedal). O que el partido le aplicara el mismo rasero que a los diputados madrileños, cuya militancia fue suspendida. ¿Qué deberían hacer Camps y su partido?
Etiquetas de Technorati: Asistentes Personales
Piden la implantación del Asistente Personal como medida para ayudar a crear empleo
El Foro de Vida Independiente dice que serían puestos de trabajo sociales y sostenibles
Ayuda. La figura del asistente personal es muy importante en la vida diaria de un discapacitado.
levante-emv
NOTICIAS RELACIONADAS
Levante-EMV, Valencia
El Foro de Vida Independiente reclamó ayer la implantación, desarrollo y regulación de la Asistencia Personal como una forma de generar empleo en plena crisis económica.
La Asistencia Personal es un derecho reconocido en la Ley de Dependencia y en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional). Un Asistente Personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida, es decir, que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación, bien sea por una diversidad funcional o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma.
La implantación, desarrollo y regulación de la Asistencia Personal, generaría, según el Foro de Vida Independiente, “empleo directo, tan necesario en estos momentos; un empleo social, sostenible y rentable, dirigido a los sectores más vulnerables (mujeres y jóvenes de ambos sexos); también generaría riqueza con estimables beneficios económicos -además de los sociales y de igualdad- vía retornos de la inversión (cotizaciones a la Seguridad Social, IRPFÉ), tanto de los asistentes personales como de las personas con diversidad funcional que accederían al empleo, estudio y ocio al tener los apoyos necesarios”.
Los escasos ejemplos del Estado español y los innumerables ejemplos europeos y estadounidenses así lo demuestran. En España, Euskadi es la única autonomía, con diferencia, que más ayudas ha concedido para la Asistencia Personal. Ha aprobado 453 mientras que Castilla y León, con 31, le sigue en segunda posición. Galicia y Andalucía han dado 25. La Generalitat Valenciana no ha aprobado ninguna ayuda.
Desde su creación en el año 2001, el Foro de Vida Independiente ha reivindicado una vida digna e independiente para las personas con diversidad funcional, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, con especial hincapié en la Asistencia Personal.
Estos aspectos se analizan ampliamente en el documento “Asistencia personal: Una inversión en derechos; una inversión eficiente en empleo”, elaborado por el Foro.
Este documento se complementa con un corto de 7 minutos.
Etiquetas de Technorati: Asistentes Personales