Presos del abandono político

Miles de enfermos mentales siguen ‘aparcados’ en prisión

Diez años después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, denunciara en un informe el abandono asistencial que sufren los enfermos

mentales en prisión, a quienes describió como “los marginados entre los más marginados”, la situación empeora día a día. De los cerca de 14.000 reclusos andaluces, 1.120 padecen trastornos mentales graves y otros 5.600 sufren desórdenes leves, una proporción siete veces superior a la del resto de la población. Las prisiones han acabado por sustituir a los antiguos manicomios, pero sin ofrecer tratamiento.

Maribel Mora, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lleva 12 años siguiendo de cerca el problema de los enfermos mentales en prisión. “Tras la desaparición de los manicomios con la reforma psiquiátrica de los año

s 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias y las cárceles se han convertido en almacenes de enfermos mentales”, asegura. Estas personas con trastornos severos de personalidad que han cometido delitos, muchas veces asociados a drogodependencia, no reciben tratamiento en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones porque ni siquiera se les ha diagnosticado.

“La mayoría de los enfermos mentales pasan desapercibidos en los procedimientos penales”, afirma la letrada, que responsabiliza en parte a sus compañeros del turno de oficio, que tratan a la mayoría de estas personas, con escasos recursos económicos. “Los abogados de oficio solamente hablan con el cliente justo antes de entrar en el juicio, cuando ya no pueden aportar ninguna prueba, y suelen desconocer por completo sus dolencias o sus circunstancias familiares”, asegura Mora.

A pesar de que la ley contempla numerosas alternativas a la prisión para que el preso con enfermedad mental pueda ser tratado, como las salidas terapéuticas en segundo grado penitenciario, o el control con medios telemáticos, según Mora, “no existen recursos para derivarlos”. Los psicólogos penitenciarios, que forman parte de los cuadros médicos de las cárceles y dependen del Ministerio del Interior, apenas si dan abasto para valorar la peligrosidad potencial del interno dentro de prisión, pero no proporcionan tratamiento, afirma la abogada.

La única solución desarrollada hasta ahora dentro del ámbito penitenciario en Andalucía es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde son ingresados los enfermos “inimputables”, es decir, aquellos que no son conscientes de la gravedad de sus delitos ni de cómo los cometieron. A éstos se les impone una “medida de seguridad” en lugar de una pena. El centro dispone de 112 plazas, pero en la actualidad alberga a 180 internos, afirma su director, el psiquiatra José Plaza. “El gran problema es que falla en las prisiones es la asistencia sanitaria paralela. Instituciones Penitenciarias no puede permitirse la atención integral a enfermos mentales en prisiones, que depende del Sistema Nacional de Salud”, considera.

La falta de atención sanitaria mental en prisión se extiende al momento en que el preso es puesto en libertad. En muchos casos, la persona, con su patología agravada, acaba malviviendo en la calle.

Un interno de la unidad psiquiátrica
de la cárcel Sevilla II

Cada vez es más evidente, que no resulta nada fácil vivir con una diversidad funcional, en este sistema en el que todos estamos atrapados, pero más si cabe aquellos que precisamos de mayor o diferente tipo de herramientas para llegar al equilibrio de la igualdad con el resto de los ciudadanos.

Un claro ejemplo de ello esta vez es el de Maite Marcos Sanz, una mujer con una distrofia muscular que hace unos meses nos hacía partícipes a través del foro de vida independiente de su pésima situación, así como del trato de desconsideración recibido por parte de la administración pública a la hora de solicitar la cacareada y supuestamente milagrosa atención que ha de otorgarla el Sistema Nacional de la Dependencia.

Un Sistema Nacional de la Dependencia, que más parece estarse convirtiendo en el Sistema Nacional de las Tropelías, abanderado en su día por el ex ministro Jesús Caldera.

Textualmente Maite nos decía en uno de esos correos:

La capacidad de asombro no tiene límites, pero mi capacidad de malestar, me la están aumentando sin piedad. El pasado día 21 de mayo, evidentemente del año 2007 registré, mi solicitud del grado de dependencia, adjuntando documentos como el certificado de minusvalía con un 97%, en el que se incluye el documento de mi necesidad de ayuda de tercera persona; certificados médicos en la que se específica mi dependencia consistente en una enfermedad neuromuscular, que no solo me impide desplazarme, si no es en silla eléctrica, sino también, levantarme, asearme por mi misma, etc. Lo que viene a significar ya por el simple hecho de disponer de ese certificado de necesidad de ayuda a tercera persona, conforme establece la nueva Ley de Autonomía Personal y atención a personas en situación de dependencia, que intrínsecamente se me reconoce el grado III Nivel II, que se precisa para atender los casos del primer tramo del periodo de la Ley considerados de emergencia.

El día 5 de julio me hicieron el informe de valoración, en mi domicilio y en vista de que no recibía ninguna respuesta, desde este mes de enero, vengo llamando al teléfono correspondiente de información; me cogen cada vez los datos y me dicen que en unos días recibiré una carta. Esto se va repitiendo sistemáticamente cada diez días aproximadamente. Pero la última vez me dicen que el día 5 del pasado mes de noviembre enviaron una carta con la calificación de grado y nivel; por supuesto, les comento que si la carta es certificada yo no he firmado ninguna entrega de la mencionada carta y que no entiendo cómo es posible que desde enero, cada diez días me pidan los datos para enviarme la resolución y ésta aún no la he recibido.

Hoy he vuelto a llamar y ante MI ASOMBRO me han dicho que aunque no haya recibido la carta todo sigue en proceso, que no obstante, Nivel I. Lo que viene a significar que lo que no consiguió ni la Virgen de Lourdes, ni la de Fátima, ni toda la ciencia médica, lo ha conseguido la Administración y de un plumazo.

Me he quedado traspuesta, o sea: ¿Qué informe hicieron, dónde observaban mientras me evaluaban? No puedo levantarme , ni vestirme , ni asearme sola , apenas puedo llevarme la cuchara a la boca para comer, necesito por la noche cambios posturales que yo no puedo realizar, etc., ¿De qué han servido mi presentación de los informes médicos, mi certificado de minusvalía en un grado del 97% con reconocimiento de necesidad de tercera persona?

¿Por qué todos estos meses tomándome el pelo? ¿Qué hago? ¿Dónde reclamo, si aun no tengo ni la resolución por escrito?

Podría incluso disculpar el error, pero no la falta de respeto y el engaño del que he sido víctima durante todo ese tiempo en que se me han ido pidiendo sistemáticamente documentos para ni siquiera ser tenidos reglamentariamente en cuenta.

Este asunto me ha bloqueado. Me ha angustiado…”(25-2-08)

Pero aquí no acaba la historia de Maite. Dos meses después nos comunica que sigue en las mismas. Algunos hicimos esfuerzos por intentar ayudarla, en la medida de nuestras escasas posibilidades, a través de publicaciones de su situación en blogs y en grupos. Otros intentaron canalizarla y darla buenos consejos.

Quizás algunos lectores de inSurGente, incluso conozcan el caso a través de la sección Diversidad Funcional, en la que todos los días se renuevan noticias y denuncias sobre situaciones de personas con diversidad funcional y sus familias.

Maite sigue pidiendo apoyos, sigue pidiendo solución. Su problema no se ha resuelto y las preguntas textuales que ahora se hace son éstas:

“¿Cuántas personas sufrimos y sufren estos descalabros de una vergonzosa política y de sus brazos ejecutores? ¿Cuántas personas quedan en el más silencioso abandono porque no pueden ni siquiera reclamar sus derechos? ¿Cuánta dignidad humillada?Nos daría vergüenza que en un estado del Bienestar los niños no fuesen a la escuela o no nos atendiesen en un hospital. Sin duda, levantaríamos el grito al cielo y sin embargo aun se oyen pocas voces para que las personas con diversidad funcional podamos ejercer nuestra libertad como cualquiera y vivir una vida digna, a pesar de nuestras situaciones de dependencia. Después de once meses de haber presentado mi solicitud, sigo igual por no decir más decepcionada, si se os ocurre algo para ayudarme a salir de esta vergüenza aquí me tenéis.” makrina111@yahoo.com (11-04-08)

Ahora me pregunto, como frente al caso de Joaquín Mora hace unos días: ¿Se resolverá pronto esta situación o tendremos que seguir apelando al sonrojo de tanto parásito, sinvergüenza con que se despacha nuestro sistema?