Revoluciones que, a la postre, se han visto lastradas por los problemas técnicos y/o burocráticos –es decir, por la falta de previsión–, como ha sido el caso de la Ley de Dependencia, cuando no han acabado directamente en decepción por conseguir justo lo contrario de lo que pretendían.

Este es el caso de la nueva Ley Hipotecaria, que ha entrado en vigor hace menos de un mes y que, si bien introduce ciertas mejoras técnicas y novedades –mayor transparencia y control, rebaja de comisiones, incorporación de la figura de la hipoteca inversa…–, no logra, sin embargo, cumplir dos de los grandes objetivos para los que, teóricamente, fue concebida: reducir los costes que supone para el ciudadano la suscripción de una hipoteca y flexibilizar el mercado hipotecario.

El abaratamiento prometido se ha quedado poco menos que en agua de borrajas al descartarse las rebajas fiscales contempladas en un inicio, especialmente en lo que se refiere a las exenciones en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que representa la mitad del coste que un ciudadano tiene que afrontar al contratar una hipoteca.

Tampoco se ha materializado la anunciada flexibilidad en la contratación de un crédito hipotecario, promesa que, a la postre, se ha tornado en mayor rigidez. Aunque el Gobierno insiste en que la nueva ley amplía la capacidad de elección de las familias, lo cierto es que la limita notablemente en un aspecto tan relevante como la subrogación crediticia. De hecho, en el supuesto de que un ciudadano solicite o reciba una contraoferta de otra entidad, el primer banco podrá igualarla o mejorarla e impedir así el libre traslado de la hipoteca, so pena de optar por la cancelación del préstamo y la contratación de uno nuevo, con el incremento de costes que ello implicaría.

Es innegable, y en ello coinciden los expertos, que la norma incorpora mejoras en algunos aspectos, pero se queda muy corta en su propósito inicial de beneficiar al consumidor, que puede llegar a encontrarse con más inconvenientes que ventajas. Una medida que, además, introduce más rigidez que flexibilidad en el mercado hipotecario y de la que se beneficiarán sobre todo aquellas entidades con servicios menos competitivos, que podrán blindar así sus préstamos.

SAN VICENTE DEL RASPEIG

J. A. R.

El Ayuntamiento de San Vicente ha creado un Departamento Local de Atención a la Dependencia que tiene como objetivo informar y asesorar a las personas dependientes residentes en el municipio, así como tramitar sus solicitudes y realizar el seguimiento de las prestaciones y servicios asignados a los mismos. La concejal Mª Ángeles Genovés, destacó «el esfuerzo que está realizando el equipo de gobierno en materia de bienestar social con la finalidad de atender las demandas de todos los ciudadanos sanvicenteros, y en especial las cuestiones relacionas con las personas mayores y sus familias». Genovés ha señalado que «el servicio de atención a la dependencia se prestará de lunes a viernes en el Centro Social de la calle Cervantes en horario de 10 a 14 horas, así como en el Centro Social Santa Isabel todos los miércoles de 10 a 12.30 horas».

Genovés también informó que está abierto el plazo para solicitar el Bono Respiro para financiar estancias de carácter temporal en residencias de tercera edad.

LEY DE DEPENDENCIA: 245 SOLICITUDES RESUELTAS

Lunes, 07 enero, por Antonio García González, en AvilaRed

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha emitido 245 resoluciones de las 1.663 presentadas en la provincia de Ávila, en las que reconoce el grado y nivel de dependencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.

La provincia abulense es la segunda de Castilla y León que menor número de peticiones ha registrado de la Comunidad autónoma. En el concreto, el mayor número se registró en León (4.832), seguida de Valladolid (2.975), Burgos (2.499), Salamanca (2.537), Zamora (1.892), Palencia (1.864), Segovia (1.475), Ávila (1.663) y Soria (1.111), según datos de la Administración regional.

De las 3.452 resoluciones, León concentró 738, por delante de Valladolid (508), Burgos (494), Zamora (381), Salamanca (291), Segovia (283), Palencia (277), Ávila (245) y Soria (235).

Cuando la ayuda llega demasiado tarde

O. Briasco/J. L. García, Valencia

El bloqueo que sufre la aplicación de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, donde ningún beneficiario ha recibido las ayudas casi un año después de que se abriera el plazo de solicitud, está afectando paradójicamente a las personas que más necesidad de asistencia tienen: los grandes dependientes. Y el retraso en el acceso a las prestaciones alcanza tal extremo que muchos de los solicitantes han fallecido antes incluso de que sus familias reciban la primera prestación.

Numerosas quejas han llegado a Levante-EMV en este sentido. Un ciudadano de 57 años que solicitó el 2 de mayo de 2007 el apoyo de la administración denunció que cuando un equipo de valoración llegó a su casa, siete meses después, “ya era demasiado tarde”. “Mi suegra había fallecido una semana antes”, afirmó. Se trataba de una gran dependiente, enferma de Alzheimer, cuyo cuidado supuso la contratación de asistentes a lo largo de los años y la adecuación de la casa.

“Cuando le dije que la persona había fallecido el valorador se quedó en la puerta y tachó el nombre”, explicó el ciudadano, quien detalló que la persona en cuestión le contestó: “No es el primer caso que nos encontramos”. Hasta que los valoradores les visitaron, la única respuesta de la conselleria había sido: “Debéis esperar”.

Durante muchos años el matrimonio llevó una carga económica que “nos correspondía” pero, ahora, denuncia que “si la Administración concede este tipo de ayudas sociales deben hacerse efectivas pronto porque más tarde ya no tiene sentido”. Y continúa diciendo: “No entiendo porque en la Comunitat Valenciana están poniendo tantas trabas”.

El de esta familia no es el único caso. Caridad perdió a su marido hace menos de un mes tras una larga y dura enfermedad que lo mantuvo incapacitado prácticamente un año y recluido en el hospital la Fe. Esta familia solicitó la ayuda en agosto y tras la visita de la asistente de su municipio, que le dio el grado máximo de dependencia, no volvió a saber más de la Conselleria de Bienestar Social. “No nos ha llamado nadie ni se han preocupado”, dice.

Endeudados

Los cuidados de su marido durante la enfermedad han supuesto un alto coste tanto en el aspecto económico -“Tuvimos que pedir un crédito”, señala- como en términos de sacrificio: “Mi hija se dejó la carrera para ayudarme a cuidar de su padre”, comenta. “Necesitaba muchos cuidados y muchas cosas. La ayuda nos hubiera venido bien”, reconoce. “No entiendo por qué en la Comunitat Valenciana no se cobra y en otras, sí”, explica.