A las 22:00 del 14 de abril, un grupo de vecinos que se había ido concentrando en la plaza de la fruta acudió de forma tumultuosa a la casa del alcalde, dispuesto a hacerse oir. Tras aporrear la puerta sin tener respuesta alguna, amenazaron con derribarla si no hacía acto de presencia el alcalde. Finalmente este aparecio y temiendo una revuelta, escucho las quejas de la gente que pedían supresión de la sisa de la carne, y del derecho de la molienda. El alcalde respondió que no tenía autoridad suficiente para ello, pero que haría cualquier cosa por conseguirlo, trasladando la petición correspondiente a la superioridad. Ésto fue suficiente para aplacar el tumulto y los vecinos se retiraron.
Al día siguiente, el alcalde se reunio con la Junta Local de Propios, al mismo tiempo que se iban formando corrillos por el pueblo y algunos cabecillas llevaban a cabo actuaciones propias de aquellos oficiales consistoriales, pues regulaban los precios de los comestibles y mandaban que no se pagasen los derechos de los géneros que les causaban. Presionados por los amotinados, que amenazaban con quemar el archivo del ayuntamiento, una Junta de notables se reunió en casa del párroco para tratar de ello con toda reflexión y prudencia y así, tranquilizar al pueblo. Finalmente, se decició al fin suspender la exacción de las sisas de la carne y de la molienda ya que se habían revelado en las cuentas municipales revelaban claramente la existencia de un importante sobrante anual. Así, se hizo un pregón público dando a conocer lo que se habia acordado. Los amotinados depusieron su actitud amenazante y volvieron a sus casas felices por tal acuerdo.
El informe dirigido al Consejo de Castilla, el 26 de Abril, en Madrid no fue bien visto ya que su consigna era rechazar cualquier concesión realizada bajo coacción de los amotinados, haciendo castigo a los cabecillas, mediante la apertura de la correspondiente investigación. Como consecuencia de esto, las dos sisas volvieron a restaurarse y fueron a testificar 17 amotinados los cuales resultaron inculpados. En cuanto a los componentes del consistorio (el alcalde, los tres regidores, el síndico y el escribano) resultaron apercibidos por no haber tomado las providencias y prevenido de los medios correspondientes para tranquilizar y aquietar al pueblo y haberse allanado a suspender las regalías. Las autoridades eclesiasticas también estuvieron en sospecha aunque no se les puso castigo debido a no haber suficientes pruebas para ello.
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