Las finanzas municipales de Almoradí habían entrado en una grave crisis de solvencia durante la segunda mitad del siglo XVII, de la que constituyó buena prueba la propuesta elevada a la ciudad de Orihuela, en 1656, para reintegrarse en su jurisdicción a cambio de que se hiciera cargo de su deuda. Rechazado el ofrecimiento, Almoradí dejó de cumplir con sus acreedores en 1668. Una década más tarde trato de firmar con ellos una concordia para detener la sangría que representaban las continuas ejecuciones y procurar que se restituyesen los pobladores y vecinos a la universidad, volviendo a su antiguo estado y al cultivo de las tierras. Aunque ofrecía depositar durante el primer decenio 500 libras anuales (800 en adelante), el convenio no se llevó entonces a efecto, por la disconformidad con algunos de éstos. En 1688 volvió a intentarse y, ahora sí, la concordia correspondiente entró en vigor.
Ahora el municipio transfería ahora a los acreedores la administración de la totalidad de sus rentas ordinarias, consistentes en las sisas de la molienda y de la carne (6 y 12 dineros por libra, según el tipo), y las regalías de la taberna, panadería y tienda. Así se iría satisfaciendo proporcionalmente los intereses anuales (al 5%). De este modo los acreedores se hacían con el control de la hacienda municipal.
Además de la deuda, las arcas tenían que atender a otras partidas ordinarias del gasto: pagos al escribano, procurador, abogado, médico, maestro de primeras letras, comadrona, relojero, portero y pregonero; contribución a festividades religiosas… Pero, volviendo a lo de antes, los acreedores habían tomado la administración y las rentas habían ascendido desde el primer quinquenio (1696-1700), que se sitúan en una media anual de 639 libras. Aún así este producto resultaba insuficiente para atender la totalidad de las pensiones corrientes, cuyo importe era de 1.183 libras anuales; por lo que los acreedores tuvieron que conformarse con cobrar una parte y olvidarse de los atrasos. Y así se mantuvo la situación hasta finales del quinquenio de 1731-35, en el que hay un fuerte equilibrio, con una media anual de 1.134 libras. A partir de ahí, empezarán a producirse excedentes cada año y se fueron incrementando en el segundo tercio de la centuria.
Conscientes de esta evolución, el consistorio iniciará en 1742 movimientos conducentes a la recuperación del control sobre la hacienda, haciendo ver ante las altas instancias la creciente ampliación de la diferencia entre el producto anual de las rentas municipales transferidas y el importe de las pensiones ordinarias. Se pidió entonces, que se declarase nulidad de la concordia de 1688 pero los acreedores respondieron que el contrato conservaba plena vigencia y exponían los perjuicios que habían venido experimentando durante las primeras décadas de vigencia, cuando no conseguían cobrar ni la mitad de las pensiones. El Consejo de Castilla respondió que éstos presentasen cuentas y los justificantes pertinentes.
Al cabo de cinco años, y ante la evidencia del notable crecimiento que continuaban experimentado las rentas que duplicaban ya ampliamente el producto alcanzado a principio de los años treinta, se permitió al municipio reservarse la cantidad de 240 libras anuales para “alimentos”, o gastos de la administración ordinaria, a costa de aquéllas. Pero los acreedores continuaban controlando la hacienda y fueron demorando y aplazando la presentación de cuentas, utilizando argucias. Se entabló el pleito correspondiente en 1747 y tras nueve años de indecisiones, propuso inicialmente la Audiencia de Valencia respetar la vigencia de la concordia, pero aplicando la reducción de las pensiones al 3% y destinando 1.000 libras anuales de los sobrantes de rentas a la redención de capitales.
La resolución del Consejo de Castilla dispuso el cese de los acreedores en la administración de los propios y arbitrios, que pasaría a manos de una comisión integrada por el alcalde, el regidor primero, el síndico procurador y un representante de los acreedores. Al poco tiempo de haber recuperado los más destacados miembros del consistorio el manejo de los caudales, comenzaron a haber sospechas sobre practicas fraudulentas, sobre todo cuando el representante de los acreedores y algunos regidores, que no habían participado directamente en la administración de caudales, quisieron conocer el estado de las liquidaciones correspondientes al último trienio y se les pusieron continuos obstáculos.
Ante ésto, acudieron a la audiencia en busca de remedio y pidieron una comisión al alcalde mayor de Alicante para descubrir el meollo de la cuestión. Cuando se presentó en Almoradí, el 5 de diciembre de 1760, la resistencia por parte de la comisión hizo que no se pudiera producir. Éstos alegaron que solo tenía competencia el Consejo de Castilla para realizar este hecho y excluía de cualquier intromisión de otra instancia gubernativa.
Ante esto, el juez relator de la Audiencia de Valencia dicto que se castigará este atrevimiento y si no se pudiera poner en practica el trabajo de la comisión, que las tropas auxiliares acudiesen para solucionar tal conflicto. Pero el 19 de diciembre se descubrió que la caja donde se guardaban los caudales municipales había sido reventada y el dinero y los papeles estaban en un paradero desconocido. Así el juez encarceló a las autoridades rebeldes, que cuando se les presto declaración, los acreedores dieron los cálculos para justificar que los sobrantes se utilizaban debidamente, al menos por su parte, y señalaron que los verdaderos culpables de todo el embrollo eran los regidores que estaban en contra de los demás oficiales y del escribano del ayuntamiento. Así, el regidor era suegro del representante de los acreedores, que a su vez era cliente del depositario de aquéllos y principal interesado, quien mantenía estrechas relaciones con el escribano. La red clientelar incluía al alcalde mayor de Alicante, quién ya se había visto implicado en un turbio asunto contable relacionado con la comunidad de regantes del azud de Alfaytamí.
Tras las acusaciones cruzadas y en el momento de estallar el motín, los papeles no habían salido de Almoradí, y cuando, a partir de mayo de 1766, comenzaron a ser inspeccionados por el Contador valenciano, se detectaron múltiples irregularidades. Mientras tanto los acreedores continuaban sin presentar la documentación pertinente pero el problema, no obstante, residía en saber el destino de los sobrantes, ya que ni se había redimido capital alguno, ni se habían reducido las sisas tradicionales.
La memoria histórica vinculaba claramente los problemas de la hacienda con los tumultos; pero también con las parcialidades internas. En carta firmada por los diputados y síndico personero del común, el 28 de febrero de 1771, se desvelaba claramente quiénes habían sido los instigadores de los cómplices de la rebelión y del pasado tumulto: Francisco Sánchez Moñino, Antonio Franco y Manuel Martínez Arévalo, con diferentes grados de implicación en el motín. Éstos habían ejercido cargos anteriormente y por lo tanto, los responsables de la administración financiera municipal, entre 1757 y 1759; pero salieron indemnes ya que habían salido positivamente de la revisión de cuentas, por ello hicieron las instancias oportunas contra sus sucesores en el ayuntamiento.
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