Desde 1707 a 1711, 27 miembros de la oligarquía ontinyentina habían dejado de pagar al menos 956 libras, cuando por su oficio debían ser los primeros en cumplir.
El ciudadano Pere Cervera les acusa de malversación de fondos públicos, ya que se apropiaron de 14 cafissos de los 100 que en el verano de 1709 el monarca pidió. Los regidores argumentaron que los necesitaron para pagar el viaje del síndico a Madrid, que finalmente no fue. Los defensores de los regidores, para defender a sus clientes alegaron la ignorancia en las nuevas leyes castellanas, asegurando que no existía “dolo ni malissia” sino solamente omisión. Pero sobretodo intentaron convertir el pleito en un asunto político, donde ellos obtenían el papel de fieles a Su Majestad y los demandantes de rebeldes a la causa borbónica, que aprovecharon el dominio austracista para saquearles las propiedades. Situación que ahora volvería a repetirse paradójicamente bajo la protección del mismo monarca al cual habían servido.
Los pobladores de Ontinyent no solo tuvieron que soportar exacciones de tipo estrictamente militar, numéricamente más gravosas que los donativos destinados a la lucha armada contra Luís XIV, sino que además tuvieron que soportar la difícil y forzosa convivencia de la soldadesca en los propios domicilios. La imposición de aquella relación a veces generaba fuertes discusiones y tensiones.
Las conquistas y las fricciones más habituales entre vecinos y militares se centraban en las exigentes prestaciones que pedían en las casas donde eran alojados. Una larga relación de personas manifestarán el maltrato que sufrían por parte de la tropa. El alcalde y regidores mantendrán conversaciones con el comandante de las cinco compañías de caballería. El compromiso acordado será anunciado mediante una llamada pública a la población. El bando indicaba que cada soldado llevaría el pan de munición a la casa donde estaba albergado y que consumiría el mismo plato que comerían los propietarios. En años posteriores, entre 1713 y 1714, antes de instalarse nuevas compañías y para evitar problemas se establecerán las condiciones a cumplir entre paisanos y militares.
La reconquista del País Valenciano por parte de las tropas borbónicas había finalizado en Abril de 1709 con la rendición del castillo de Alicante, pero carecía aún insumisa buena parte del principado. El frente bélico quedaba abierto con el consiguiente traslado de tropas, vituallas, armas…; y habría que movilizar a todas las cabalgaduras al abato para transportar aquel material. La villa del Clariano en el término de tiempo comprendido desde 1710 hasta 1713 fue requerida al menos en 12 ocasiones para aportar animales de carga.
(Fotografía del Castillo de Alicante).
Una muestra de la reiteración de estas demandas se constata cuando el gobernador, en Junio de 1710, exigió de nuevo el envío de 90 cabalgaduras. Los regidores ontinyentinos respondieron que la empresa era difícil por la escasez de animales como consecuencia de los saqueos. En seguida nombraron expertos que revisaron el estado físico de las bestias. Los menestrales los reconocieron valorándolos según la edad, fortaleza y clase animal. El precio de los asnos estaba en torno las 7-14 libras, en el caso de caballos y mulos que obtenían una mayor valoración que rondaba entre las 10-48 libras valencianas.
El precio justo de cada animal sería abonado al amo en caso de pérdida, robo o muerte en el transcurso del viaje. Aquella situación fue bastante habitual, pues 95 de ellos no volvieron nunca. Los propietarios de los equinos no querían cederlos si anteriormente no cobraban la cantidad que se les había dicho. Aquella pretensión sería aceptada en 1712 cuando la corporación compró a los animales; posteriormente al regreso, si los antiguos amos lo querían recuperar pagarían idéntica cantidad.
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