Las Germanías sobrepasan los límites de una simple insurrección para alcanzar tintes de, si no se puede usar el concepto de movimiento revolucionario, sí un movimiento pre-revolucionario.
Aunque el foco del estudio de dicho movimiento habitualmente ha sido la ciudad de Valencia, también en la ciudad de Orihuela existió un seguimiento del mismo con unas características particulares, que incluso por su carácter más rural podrían asemejarse más a una ciudad castellana bajo el movimiento de las Comunidades.
La ciudad de Orihuela en 1520 ya se encontraba en una situación casi de insurrección antes del estallido del movimiento agermanado. La relación entre las clases populares y las esferas privilegiadas podría calificarse eufemísticamente de tensa como en el resto del reino, pero además a ello habría que sumarle la actitud de apoyo de Carlos I a las tesis murcianas respecto a las pretensiones episcopales oriolanas que confirmó en las Cortes castellanas celebradas en Valladolid, desprestigiándose aún más la imagen del monarca, con la etiqueta de “extranjero” sobre sí, en la opinión de los vecinos de la ciudad.
Los síndicos mandados a tratar con el monarca, encabezados por el notario Pere Palomares, volvieron a la ciudad y dieron a conocer el malestar existente en Castilla frente a las primeras decisiones políticas del monarca, acrecentando esa idea de animadversión creciente a su persona. Con el estallido del movimiento agermanado en Valencia, la ciudad de Orihuela se apresuró a elegir como síndicos al propio Palomares, al zapatero Antón Sánchez y a Pedro Terol, otro notario, los cuales comenzaron a rivalizar en sus esfuerzos de movilizar a las clases populares a favor de la insurrección.
Mientras Terol resultaba más radical en sus arengas, tanto Palomares como Sánchez buscaban una línea más moderada que favoreciera el entendimiento con el consell y el rey, llegando a sustituir a Terol como síndico en una salida de éste a las aldeas próximas a la ciudad.
Carlos I, enterado de la insurrección, califica el movimiento de “sedición contra la autoridad real”, aunque ésta nunca fuese puesta en tela de juicio e insta a sus oficiales a la hostilidad contra los insurrectos. Así mismo, ordena a los vecinos de Orihuela que obedezcan al gobernador Maza y entreguen sus armas en lugares bajo control real.
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