Como ocurrió en el resto de ciudades de la Corona de Aragón a lo largo del s. XV, en Orihuela también se había implantado en 1455 un nuevo sistema para la formación de la administración local: la insaculación. Este sistema que fue instaurado como un método que pretendía mantener la equidad en la composición de los organismos municipales mediante la representación de los distintos estratos de la sociedad, pronto fue objeto de quejas y protestas entre las oligarquías locales y la propia monarquía.
El caso concreto a tratar aquí ha sido destacado por muchos autores, y por ello vamos a intentar exponerlo breve y concisamente.
El recientemente coronado Fernando II, buscando imponer su autoridad, comenzó a inmiscuirse en asuntos hasta ahora manejados por sus correspondientes delegados. Las sonadas trifulcas que tuvieron lugar a finales de la década de 1460 entre los linajes que se disputaban los poderes locales, así como las quejas de irregularidades en el mencionado proceso de insaculación llegadas a la corona, excusaron la actuación del monarca al respecto.
Así pues, Fernando el Católico impuso una serie de condiciones para el acceso al proceso de graduación y elección con el objetivo de remediar engaños y fraudes (falsa emancipación de menores, disposición de monturas y armamento ajenos…), que, aun pretendiendo restringir el proceso, llegó a favorecer a aquéllos contra los que en principio se actuaba (los caballeros, es decir, las clases altas) y en cambio hizo disminuir en gran medida el acceso a la administración de los ciudadanos, que se vieron más afectados por las nuevas exigencias.
Pero el monarca fue más allá, y en 1491 impuso una orden, llevada a efecto por el Bayle general de Orihuela, por la que se sustituirían las listas de candidatos insaculados por otros nombres dispuestos por el mismo rey para los próximos tres años. Esto produjo un nuevo desnivel en la proporción estamental del Consell, especialmente para los llamados “ciudadanos honrados”, que se vieron incluso insuficientes para ocupar su cargo.
No obstante, esta no fue la única ocasión en que Fernando II se inmiscuyó en los asuntos municipales de Orihuela, pues en siguientes elecciones de cargos públicos, como la de los jurados, los justicias, o el almotacén, también sustituyó a los candidatos por otros de su agrado. Esto provocó finalmente las protestas del Consell, que trató de renegociar el llamado Privilegi del Regiment. Pero aquéllos que se habían visto beneficiados por las imposiciones del monarca, no querían perder su posición, por lo que en un nuevo Consell propusieron, a través el Bayle, nuevas normas para acceder a los cargos: la graduación trienal (en vez de anual), el máximo de tres intentos por candidato y la reducción a la mitad de las comisiones de graduación. De este modo, en 1493, Fernando el Católico devolvió a la administración municipal de Orihuela sus privilegios de gobernación con las enmiendas solicitadas.
Por último, debemos tener en cuenta que todo este “tira y afloja” entre la corona y las oligarquías locales responde a un deseo de un equilibrado status quo entre ambos. Mientras que el rey, contentando a los grupos influyentes de la administración local conseguía mantener la paz interna de sus territorios y el apoyo incondicional de las élites –era más fácil controlar a un grupo pequeño y uniforme que a la gran masa heterogénea que conformaba el pueblo llano–, las oligarquías se aseguraban sus posiciones privilegiadas y el reconocimiento que tanto ansiaban.
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