- LA IGLESIA ORIOLANA A LO LARGO DEL SIGLO XIV: EL NACIMIENTO DE LAS REIVINDICACIONES EPISCOPALES.
- El Señorío del infante D. Fernando.
El obispo Magaz debió morir en 1302. Como sucesor fue electo D. Martín, quien ciñó la mitra cartaginense hasta 1311. El nuevo prelado destacó por su natural belicoso. El suceso más destacado de su episcopado fue la conquista a los moros del castillo de Lubrín el 13 de marzo de 1309, porque facilitó de modo notorio el desarrollo de las operaciones militares de los ejércitos cristianos contra los musulmanes. Contento con el logro del mitrado, Fernando IV le donó la citada fortaleza, junto con la villa y el término de Lubrín. Y dos años después, D. Martín le planteó al monarca castellano su permuta por los lugares de Alguazas y Alcantarilla, el Real de Monteagudo, y el solar del Palacio Episcopal1.
A principios de 1312 debió ocupar ya el sillón episcopal cartaginense el nuevo mitrado, D. Juan Muñoz de Hinojosa. Su tarea más reseñable fue la de restaurar la disciplina eclesiástica en toda la diócesis y, particularmente, en Orihuela y en la Catedral de Murcia. En 1315 reformó las constituciones de Pedro Gallego, instaurando en esta última iglesia seis dignidades, ocho canonjías y doce raciones eclesiásticas. Hacia 1326 ó 1327 fue promovido al obispado de Calahorra2.
Por otra parte, en 1317 se produjo un acontecimiento que pudo variar la situación eclesiástica de las tierras meridionales del Reino de Valencia. El 22 de noviembre de dicho año, Jaime II propuso al papa Juan XXII la erección de un nuevo obispado con sede en Játiva que tuviese como diócesis los citados territorios3, pero el proyecto no prosperó. Como vemos, Orihuela no fue la primera población elegida por la Corona aragonesa para ser la sede episcopal de la pretendida diócesis. No obstante, tras este fracaso inicial, y pese a que Játiva mantuvo sus aspiraciones episcopales, las futuras solicitudes de los reyes aragoneses a la Sede Apostólica ya sí fueron encaminadas hacia la consecución del título episcopal para el oppidum del Bajo Segura.
Coincidiendo prácticamente con el nombramiento del maestro Pedro Barroso como nuevo obispo de Cartagena4, Jaime II falleció el 2 de noviembre de 13275. Le sucedió su hijo, Alfonso IV el Benigno, tras renunciar en su favor el primogénito, su hermano Juan, para profesar en la orden militar de San Juan de Jerusalén. Alfonso, viudo de Dª. Teresa de Entenza y de Antillón, contrajo segundas nupcias con Dª. Leonor de Castilla. Ésta siguió una política «farnesiana», intentando conseguir privilegios para sus hijos en perjuicio del heredero al trono, el que más tarde sería Pedro IV el Ceremonioso6. Al primero de ellos, el infante D. Fernando, el rey le donó, por real privilegio dado en Valencia el 28 de diciembre de 1328, las poblaciones de Tortosa, Albarracín, Orihuela, Callosa de Segura, Guardamar, Alicante, Monforte del Cid, Elda, Novelda, La Mola y Aspe, creándose así el Señorío de Orihuela7.
De las tierras del Reino de Valencia ultra Sexonam únicamente quedaron fuera de los dominios de D. Fernando los señoríos de Crevillente y de Elche, que fueron concedidos al infante D. Ramón Berenguer -tercer hijo de Jaime II-, y el de Villena, que pertenecía a D. Juan Manuel -yerno del citado monarca e ilustre literato-8.
Durante la minoría de edad de D. Fernando (1329-1346), la nueva entidad territorial fue gobernada por su madre, Dª. Leonor, que hizo algunas concesiones a la villa de Orihuela con el propósito de ganarse el afecto de sus habitantes.
El 24 de enero de 1336 falleció en Barcelona Alfonso IV, y le sucedió su hijo Pedro IV el Ceremonioso. Y poco después, el año siguiente, el obispo D. Pedro Barroso dejó la mitra cartaginense en posesión de D. Pedro Peñaranda, tesorero real y afamado cortesano. El nuevo prelado destacó por emprender nuevas obras en la Catedral y por organizar dos sínodos, en 1341 y 13449.
En 1346, D. Fernando celebró la mayoría de edad haciéndose cargo personalmente del gobierno de su Señorío. Y lo hizo desplegando una intensa actividad legislativa, confirmando a la villa sus antiguos privilegios reales, y otorgándole nuevas concesiones. Y en poco tiempo, instauró un auténtico régimen señorial, subordinando a sus propios intereses los de Orihuela y las demás localidades de sus dominios.
Por ello, los años siguientes no fueron años tranquilos para los territorios del Señorío. D. Fernando los indujo a participar en todas sus campañas belicosas, tanto contra su hermanastro, Pedro IV el Ceremonioso, en un primer momento, como contra Pedro I el Cruel, rey de Castilla, en la guerra que enfrentó a ambos monarcas.
Los primeros roces de la Iglesia oriolana con Murcia que hemos logrado constatar tuvieron lugar durante el episcopado de D. Alfonso de Vargas, quien sucedió a D. Pedro Peñaranda al frente de la mitra cartaginense hacia 1351. Dos años después, en 1353, el racional del infante, Jaime Maestre, utilizó el dinero procedente de unos censales, que había de ser destinado a diferentes usos eclesiásticos (para la compra de cirios y el mantenimiento de las lámparas, para la dotación de las capellanías, y para diversas obras pías), con el fin de cobrarse 5.000 sueldos que la iglesia oriolana debía a D. Fernando «por amortizaciones», esto es, en concepto de un canon que tenían que pagar las instituciones y comunidades religiosas para poder adquirir bienes raíces10.
Enterado del suceso, el arcipreste del Salvador, Jaime Boadilla, presentó una protesta ante el justicia y los jurados de la villa. Éstos declararon no tener jurisdicción sobre el racional. Y, ofuscada con la respuesta de los munícipes, la clerecía elevó una queja el obispo Vargas quien, tras analizar el cariz de la situación, lanzó contra Orihuela el que sería el primero de una larga serie de entredichos que contra ella serían fulminados a lo largo del tiempo de dependencia de los prelados cartaginenses. El período de irregularidad espiritual duró poco, pues la diligente intervención del baile general, Juan Ximénez de Perencisa, consiguió que el provisor del obispado, Juan Martínez de Canales, alzara la censura.
Según Ernesto Gisbert, este suceso «hizo surgir en la mente de los oriolanos la idea de obtener su separación de la diócesis de Cartagena: no se daban por contentos con alcanzar un vicariato que conociera de sus causas y negocios con independencia de la autoridad eclesiástica de Murcia, e instaron e impetraron la erección de un obispo»11.
Según nuestro modesto entender, el comentario del buen historiador oriolano no deja de ser algo exagerado. No creemos que un incidente de esta índole -un entredicho no muy prolongado-, por muy grave o incómodo que pudiese resultar a nivel espiritual, pudiese enfrentar a la villa con el obispo hasta el grado de hacer germinar en ella el deseo independentista. En nuestra opinión, ese sentimiento fue surgiendo de un modo más progresivo, con la endémica sucesión de censuras. Apoyamos este parecer, además, en un hecho que relata Vidal Tur, y que muestra que en 1353, las relaciones entre los oficiales y el Consell de la villa del Bajo Segura, y el mitrado cartaginense eran más bien amigables.
Dicho año, los habitantes de Orihuela y Murcia se indispusieron entre sí hasta tal punto que fueron cortadas las comunicaciones entre ambas localidades, en franco detrimento de sus respectivos intereses comerciales. Gracias a la mediación de Vargas, procuradores de ambas poblaciones se entrevistaron en el Cabeza de Santomera, aunque no llegaron a ningún acuerdo. Por ello, el propio prelado tuvo que tomar otra iniciativa, mucho más audaz. Decidió presentarse personalmente en Orihuela, entrando por la puerta de Murcia, que llevaba cerrada varios años. Y con su temple, su habilidad diplomática y sus deseos de paz logró la reconciliación de los rivales, con gran satisfacción popular12.
No obstante, poco después estalló la Guerra de los dos Pedros13, y es en el marco de dicho conflicto donde hallamos el primer rompimiento abierto de Orihuela con el supraescrito obispo de Cartagena.
Con motivo del enfrentamiento castellano-aragonés, el prelado dejó de prestar la atención debida a la parte de su diócesis perteneciente al Reino de Valencia. Ello lo podemos colegir de los siguientes acontecimientos.
En 1357, la radicalización del conflicto obligó a la Santa Sede a enviar un emisario a la Península para tratar de lograr la paz entre los contendientes. La insistente intercesión del nuncio pontificio, Guillermo de La Jugue, sirvió para que el 10 de mayo de dicho año los dos Pedros comenzaran a negociar. La primera cuestión que puso Pedro I el Cruel sobre el tapete fue la cuestión de la pertenencia a la Corona de Aragón de las tierras incorporadas a ella como consecuencia de los acuerdos arbitrales de Torrellas y Elche, a principios de siglo. Y con intereses revisionistas, reclamó su vuelta a la soberanía castellana. Aunque obviamente no se llegó a un acuerdo sobre este tema, ambos monarcas firmaron una tregua, que habrían de respetar hasta el día de San Juan de 1358. No obstante el rey de Castilla incumplió las cláusulas del pacto, y el nuncio apostólico lo excomulgó el 26 de junio. El armisticio se dio por concluido y ambas potencias quedaron a la espera del reinicio de las hostilidades14.
En Orihuela, todos estos eventos se vivieron con una gran tensión. El 21 de agosto de 1357, el Consell escribió al obispo Vargas instándole a que diese orden para que se terminase la obra de la iglesia del Salvador, pues estaba «todo el templo descubierto a las injurias del cielo, sol, aire y lluvia, y no se podían celebrar en ella los divinos oficios». Asimismo, en el comunicado le notificaron que si no se encargaba de concluirla, los propios munícipes se la encomendarían a otros maestros, porque no podían permitir que la arciprestal continuase en tan penoso estado por más tiempo «com sia gran minua y deshonra nostra y no poca vostra»15.
- Alfonso de Vargas hizo caso omiso a las peticiones oriolanas. Y de idéntica manera actuó poco tiempo después, hacia finales de año, cuando al conocer que Pedro el Cruel hacía preparativos para atacar Orihuela, el Consell dispuso, entre otras medidas defensivas, la reparación de los muros y baluartes, y le reclamó al prelado que reconstruyese el lienzo de muralla próximo al granero episcopal del diezmo.
También en esta ocasión, quizá con más motivo, el mitrado desoyó las indicaciones concejiles. Y hastiada con los reiterados incumplimientos de la máxima autoridad espiritual del obispado, la citada corporación decidió actuar por su cuenta y riesgo, y procedió a la incautación de trigo del prelado por valor de 3.000 sueldos, cantidad que sería suficiente para cubrir los gastos de la reparación.
Agravió al obispo esta iniciativa por lo que, además de quejarse ante D. Fernando, lanzó contra toda la población un nuevo entredicho. Ante los perjuicios espirituales que se avecinaban, el señor de Orihuela decidió que lo mejor era complacer al obispo, y por ello ordenó al Consell que devolviera al prelado la especie incautada para que así fuese conmutada la pena. Pero tan pronto marchó el infante a su villa de Albarracín, volvió el Consell a instar a Alfonso de Vargas a que sin más demora sufragase la construcción del tramo de muralla que le correspondía pues, de no hacerlo, le secuestrarían todas sus rentas. Al no obtener respuesta favorable del mitrado, los oficiales concejiles hicieron efectiva su amenaza. Conscientes de la imperiosa necesidad de obtener dinero para reforzar las defensas, confiscaron todo el grano episcopal y lo vendieron en la misma villa, y con el efectivo obtenido sufragaron los gastos de la obra. Indignado el pastor con tal actitud de su rebaño, protestó alegando que la mercancía podría haber sido vendida fuera de Orihuela con mayores beneficios, pero se abstuvo de poner entredicho16.
Posteriormente, en 1563 hubo nuevos problemas con el obispo Vargas. Habiendo afectado a la población una fuerte epidemia de peste el año anterior, el procurador general y alcaide del castillo de Orihuela, Juan Martínez de Eslava, consideró la necesidad de conseguir abastos para la villa. Por ello, siendo los del obispo los únicos que quedaban «disponibles», decidió apoderarse de ellos. Al conocer los propósitos de Martínez de Eslava, el fiel del granero episcopal, Berenguer Vimbodi se opuso a la extracción del trigo y cerró las puertas del depósito. Entonces, el procurador general ordenó descerrajar dichas puertas y confiscó el grano.
La clerecía calificó tal hecho como un sacrilegio, y el obispo fulminó a la villa con un nuevo entredicho, que únicamente fue alzado cuando los oficiales efectuaron las pertinentes indemnizaciones pecuniarias17.
Por otra parte, antes de proseguir el relato de las tensas relaciones entre los prelados cartaginenses y el clero y el pueblo oriolanos, hemos de destacar que el 16 de julio de 1363, y a instigación de su hermanastro Pedro IV el Ceremonioso, el infante D. Fernando fue asesinado18. La muerte del señor hacía que todos sus territorios revirtiesen de nuevo al realengo como consecuencia de una cláusula existente en el privilegio de la donación que estipulaba que si D. Fernando fallecía sin descendencia, sus dominios volverían a pertenecer a la Corona de Aragón19. Éste fue el argumento jurídico que utilizó el Ceremonioso para invalidar el testamento del infante de Aragón, en el que dejaba todas sus posesiones a su sobrino, el conde de Urgel, y para reclamarlas legítimamente.
Pese a que el resto de las localidades pertenecientes a D. Fernando prestaron inmediatamente el juramento de sumisión a Pedro IV, la villa de Orihuela se mantuvo fiel a su difunto señor, y se negó a jurar obediencia al monarca aragonés ante los rumores que circulaban de que Dª. María, esposa de D. Fernando, había quedado embarazada antes del fallecimiento de su marido. Sin embargo, pasado casi un año del trágico óbito, los oriolanos se convencieron de que finalmente D. Fernando había muerto sin dejar descendencia masculina, y enviaron a la corte a cuatro embajadores elegidos entre las personas más notarias de la villa del Bajo Segura: Oliver Togores, Berenguer Limiñana, Jaime Vidal y Francisco Miró20. Éstos comparecieron ante el rey y, tras formularle las pretensiones de la villa del Bajo Segura, en Huerta de Muro Viejo, el 10 de julio de 1364 juraron obediencia y fidelidad a Pedro IV a cambio de que el monarca confirmase todos sus privilegios. Dicho mismo día el rey anexionó Orihuela y su hinterland a la Corona de Aragón y juró que jamás volvería separarla de ella21. Y poco después, el 24 de septiembre confirmó las concesiones reales hechas por su predecesores a la citada villa por medio de 13 documentos, destacando entre ellas la asignación del tercio de los diezmos que tocaban a la Corona para la reparación de las iglesias22.
Así terminó un período importante de la Historia de Orihuela. 28 años marcados por multitud de conflictos y enfrentamientos, y también por un hecho de amplias repercusiones: durante todo este tiempo, Orihuela gozó de una independencia relativa tanto de castellanos como de aragoneses, llegando a popularizarse una famosa expresión, que muestra la perenne preocupación de sus habitantes por su carácter fronterizo entre reinos, y entre culturas: «No soy aragonés, ni castellá; que qui es fill de Oriola, es oriolá»23.
- La creación de la Gobernación del Reino de Valencia ultra Sexonam, y el inicio de las reclamaciones episcopales oriolanas.
Pese a lo reciente de su incorporación, poco le duró a Orihuela su nueva adscripción política a la Corona de Aragón.
En marzo de 1565, Pedro IV conquistó la plaza de Sagunto. Y su homónimo castellano quiso devolverle el golpe de efecto tomando Orihuela. Por ello, dirigió concienzudamente los preparativos para el asedio y la captura de la villa del Bajo Segura. Y el 30 de mayo, la poderosa hueste murciana llegó a los pies de las débiles aunque remozadas murallas oriolanas. Según refiere José Vicente Cabezuelo, el despliegue militar castellano debió de ser asombroso: «máquinas de guerra, brígolas, catapultas, trabucos, amén de miles de arqueros, ballesteros, lanceros y hombres a caballo»24.
Rápidamente, la villa fue cercada y, tras ocho días de asedio, el 7 de junio la valiente población cayó en manos del Rey Cruel, quien durante el episodio de la conquista hizo honor a su tétrico apelativo25.
Por el contrario, el saqueo consecuente no fue todo lo cruel y macabro que del monarca castellano se podía esperar. No mató a los 600 habitantes que habían quedado en la ciudad después de los enfrentamientos26. Únicamente hizo quemar o ahogar en el río a los que se le mostraron más contrarios, mientras que a «sus mujeres e hijas hiso dar a feo ayuntamiento». Además, ejecutó a algunos de los personajes que más se habían destacado en la resistencia como Domingo Silvestre o Julián Togores. Y dio las haciendas de los muertos a sus soldados27.
Orihuela permaneció en manos de los castellanos hasta marzo de 1366, pues ante la coronación en Burgos de D. Enrique de Trastámara y el estallido de la guerra civil, Pedro I ordenó a sus tropas de ocupación que abandonaran la mencionada villa. De inmediato, las autoridades civiles decidieron enviar una embajada a Pedro IV para volver a jurarle sumisión y homenaje, y fueron electos procuradores Pedro Barbastre, Andrés Masquefa, Jaime Limiñana, Jaime Vidal y Francisco Miró. Al llegar a Barcelona, los síndicos fueron muy bien recibidos en la corte. Y el 10 de septiembre de ese mismo 1366, Pedro IV colmó a Orihuela de concesiones y privilegios, en recompensa de su inquebrantable lealtad28. Volvió a decretar su inseparabilidad de la Corona de Aragón, confirmó todos sus privilegios y franquezas, y adoptó una medida que habría de marcar durante los siglos siguientes el régimen de gobierno de la zona disputada en la guerra anterior. El Ceremonioso decidió que, en lo sucesivo, Orihuela ya no podría ser sometida a la jurisdicción del gobernador de la ciudad de Valencia, ni a la de ningún otro, sino que dispondría de un gobernador propio e independiente. Nacía así la gobernación del Reino de Valencia ultra Sexonam, con capital residiría en la villa del Bajo Segura29.
Llegados a este punto, hemos de afirmar que si bien la conquista de Orihuela por Pedro el Cruel fue un hecho de gran relevancia en el transcurso de la referida contienda de los reyes homónimos, aún tuvo mayor trascendencia si tenemos en cuenta el favor que ganó la villa, por su comportamiento valeroso y fiel, en la consideración de los sucesivos monarcas de la Corona aragonesa, que casi siempre escucharon con buena disposición sus reivindicaciones episcopales30.
Dejando aparcados momentáneamente los aspectos civiles, a nivel espiritual, ya hemos comprobado que los años de la contienda recrudecieron las tensiones existentes entre las autoridades de Orihuela y el obispo D. Alfonso de Vargas.
Tras su defunción, acaecida a finales de 1364, le sucedió en el sillón episcopal cartaginense D. Nicolás de Aguilar. A principios de 1366, el nuevo prelado, de común acuerdo con el cabildo catedralicio, reformó las constituciones hechas por D. Juan Muñoz de Hinojosa en 131531. Durante su episcopado, Murcia se vio afectada por las alternativas de la contienda civil castellana. La ciudad quedó dividida en dos bandos: los partidarios de Pedro I (entre los que se contaban los miembros del Concejo), y los seguidores de D. Enrique de Trastámara (la mayor parte de los caballeros principales). Aguilar tomó claramente partido por este último candidato, y desde su influyente posición se dedicó a la labor de ganar adeptos para su causa, alborotando a la población. Perseguido por sus poderosos opositores y temiendo por su vida, hubo de huir a territorios de la Corona de Aragón, donde siguió haciendo campaña en pro de su patrocinado. Por ello, a finales de abril de 1367 le fueron confiscados sus bienes32.
Su prófuga situación cambió dos años después, cuando a raíz de la muerte de Pedro el Cruel el 23 de marzo de 1369, se produjo la consolidación en el trono castellano de Enrique II de Trastámara.
Como último acto reseñable de su episcopado, citaremos que en mayo de 1370 celebró un sínodo diocesano33.
Tras el fallecimiento de Nicolás de Aguilar en 1375, fue electo obispo de Cartagena el eminente clérigo francés Guillén Gimiel quien, casi de inmediato, el 7 de mayo de ese mismo año, presidió un sínodo en el que se aprobaron varias constituciones entre las que destacaba una que hacía referencia a «los que usurpan y toman los diezmos y los derechos de la eglesia», en clara alusión a las frecuentes apropiaciones de los bienes episcopales que solía realizar el Consell oriolano34.
Y poco tardó en producirse el primer conflicto con la citada corporación. Éste se tuvo su origen a raíz de la llegada a Orihuela de Antón Dolcet, beneficiado en la iglesia de San Jorge de Lorca. El clérigo debía entregar ciertas cartas del mitrado al arcipreste del Salvador. No obstante, por causas que se desconocen fue detenido y encarcelado en las prisiones del Consell.
Enterado Gimiel de los hechos, realizó diversas gestiones para conseguir su liberación; pero al resultar vanas todas sus instancias, decidió excomulgar a quienes habían intervenido en la detención del prebendado y lanzó el entredicho sobre la villa.
Ignorando el motivo de tan grave censura, el Consell envió a Murcia a un procurador llamado Bernat Riudoms para que se entrevistase con el prelado. El francés le respondió que no le había agradado tener que fulminar a la villa con el interdicto, pero que se había visto obligado a ello porque el justicia oriolano había metido en prisión a un tonsurado. Y añadió que a menos que lo soltasen, no alzaría la censura.
Tras conocer la posición del obispo, el Consell le envió dos nuevos emisarios, Guillén Belloch y Vicente Zaragoza, quienes le manifestaron que el justicia no tenía preso a ningún tonsurado, y que aún en el caso de tenerlo, el pueblo no tenía culpa de ello.
Tampoco atendió en esta ocasión el obispo cartaginense a la citada petición. E intentando agravar la situación, prohibió a los murcianos que tuviesen trato con los excomulgados. No obstante, sin temor a las condenas espirituales, el concejo murciano desoyó las amenazas del prelado, alegando en su contra las órdenes del rey Enrique II de Castilla de que mantuviesen relaciones pacíficas con los súbditos de la Corona aragonesa, con vistas a favorecer los intereses mercantiles de la villa35.
No conocemos cómo terminó la cuestión pero, por otra parte, es realmente interesante comprobar que, ya en esta época, los intereses temporales se sobreponían a los espirituales, y que importaba más a la población oriolana la defensa de sus intereses y aspiraciones episcopales que las frecuentes y largas temporadas de privación de servicios religiosos36.
El desarrollo del pontificado de Guillén Gimiel fue poco pacífico; las fricciones y los agravios entre ambas partes estuvieron a la orden del día.
En 1377 principió un conflicto que generaría a lo largo del tiempo múltiples disputas entre las autoridades civiles de Orihuela y los obispos de Cartagena. La clave de la cuestión estribaba en torno a las tradicionales exenciones fiscales del clero.
Durante la Guerra de los dos Pedros, el Consell de la villa del Bajo Segura se vio forzado a mandar a todos los vecinos -incluidos los eclesiásticos- que contribuyesen, según sus bienes realengos, para sufragar los costes de defensa. Y los clérigos no sólo respetaron estas disposiciones, sino que comprendieron que la obligación de defender Orihuela pesaba sobre ellos tanto como sobre todos los demás habitantes de ella. Así, además de pagar las cantidades que les fueron designadas, incluso llegaron a participar activamente en la lucha.
No obstante, en 1377 cuando la paz ya había sido firmada y «ya el ardor patrio no inflamaba los pechos de los hijos del Segura», los eclesiásticos se consideraron perjudicados cuando los oficiales concejiles les volvieron a reclamar el pago por sus bienes realengos, y se negaron a pechar por ellos37.
Ante la situación, el Consell pidió consejo a ciertos abogados valencianos38, quienes les remitieron un significativo memorial, que los munícipes hicieron llegar al deán y provisor Pedro Puixmarín. En él, recordaron a los clérigos sus obligaciones como vecinos de Orihuela. Les indicaron que, al igual que los seglares, tenían el deber de contribuir en los gastos de defensa y de obras públicas de la villa (reparación de muros, valles, fuentes, puentes y caminos), y les comentaron que era costumbre en ella que pagasen la sisa de algunos alimentos básicos (carne, pan, vino, o pescado). Asimismo, aludieron a la práctica común e ilícita de los eclesiásticos de mantener en sus domicilios particulares a sus hijos y concubinas «para actos corporales y no espirituales», y les dijeron que ya que se comportaban como laicos, tributasen a la corporación municipal como tales39.
La intervención de personajes bienintencionados hizo que la cuestión no pasara a mayores, pero también evidenció la posibilidad de que el pleito de la sisa volviese a resurgir con enorme virulencia en cualquier momento venidero.
El año siguiente, 1378, las discordias tuvieron como objeto de atención las rentas de las fábricas de las tres parroquias de Orihuela, las cuales, como sabemos, eran seglares, de realengo, pues procedían, en virtud de privilegios reales, del tercio de los diezmos que correspondía a la Corona.
La primera polémica apareció como consecuencia de una solicitud que hizo el obispo Gimiel a todos los fabriqueros del obispado para que hiciesen una «tacha o derrame» para la obra de la Catedral de Murcia. El prelado comisionó al maestrescuela García Ferrández para que se encargase de la colecta, y éste mandó a los fabriqueros del arciprestazgo que le entregasen 70 sueldos en un plazo de 10 días, bajo pena de excomunión.
Sintiéndose perjudicado, el Consell contradijo la orden del comisario, alegando que las fábricas eran del rey, «y no las podían obligar a contribuir en obrar iglesias de reino extraño». El obispo se personó en Orihuela, y los jurados volvieron a protestar contra sus propósitos, amenazándole que si persistía en sus intenciones, habría de vérselas con la autoridad del rey40.
Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo concluyó el negocio, los datos que conocemos nos hacen pensar que el obispo fulminó el entredicho, y que las autoridades oriolanas sólo consiguieron alzarlo otorgándole al prelado una compensación económica41.
La segunda cuestión que tensó las relaciones entre Orihuela y D. Guillén Gimiel tuvo que ver con una constitución sinodal promulgada el 10 de abril de 1377, en la que estableció que los feligreses de las parroquias de la villa no pudiesen elegir a fabriqueros legos, penando a los rebeldes con la pena de excomunión42.
Enterado de la publicación de tal precepto, tan contrario a la costumbre que se seguía en la población del Bajo Segura, el Consell decidió enviar al mitrado a dos procuradores, Pedro Verdera y Vicente Zaragoza, para comunicarle que su estatuto les constituía un perjuicio intolerable. La embajada no tuvo los efectos esperados, sino que, al contrario, Gimiel mandó a los rectores de las parroquias que, conjuntamente con los feligreses, eligiesen a fabriqueros clérigos, con la clara intención de apropiarse de las rentas de las fábricas, o al menos de su jurisdicción. Entonces, la corporación municipal volvió a protestarle al prelado de palabra y por escrito, y tuvo que acudir a Pedro IV para impedir que el obispo francés se saliese con la suya43.
En tres años, el obispo de Cartagena y el Consell de Orihuela habían chocado en tres ámbitos que fueron causa de conflictos en los siglos siguientes: el régimen jurisdiccional separado del clero (caso del tonsurado procesado por la autoridad seglar), los privilegios tributarios del citado estamento (pleito de la sisa), y las apetencias eclesiásticas-episcopales sobre las rentas laicas-de realengo de la parte de la diócesis perteneciente a la gobernación ultra Sexonam (discordias sobre las fábricas). No obstante, de los tres planos de intervención, solo el último podía ser considerado por los oriolanos como un ataque de tipo nacionalista (la salida de rentas a otro reino) y opinamos que sí debió contribuir a la gestación de las reivindicaciones oriolanas, cuya primera aparición en la esfera política-religiosa estaba a punto de producirse. De cualquier forma, las continuas discordias con el prelado cartaginense pusieron el caldo de cultivo más apropiado para que las ideas independentistas pudiesen germinar.
Por otra parte, en 1378 también entró en escena otro factor que, además de ser caótico para la Cristiandad, puso de manifiesto a la población de la villa del Bajo Segura la necesidad separatista: el Cisma de Occidente. Los oriolanos vivieron en primera persona una serie de experiencias que les hicieron comprender que la Política y la Religión habían de ir juntas, pues de otra manera las órdenes derivadas de ambos campos de poder podían entrar en contradicción, y tales diferencias se traducirían inevitablemente en graves perjuicios para ellos.
La muerte del papa Gregorio XI en marzo de tal año produjo la elección en Roma de Urbano VI, y en Fondi la proclamación el 31 de octubre de Clemente VII. Y, en palabras geniales de Gisbert, «la hoguera del gran cisma de Occidente alumbró a la humanidad y sus resplandores llegaron a las riberas del Segura»44.
Ante la doble alternativa papal, los monarcas se vieron en la necesidad de pronunciarse por uno u otro pontífice. Y mientras el rey de Castilla, Juan I, se declaró en favor de Clemente VII (Avignon), debido, sobre todo, a las convincentes instancias del legado apostólico, Pedro de Luna45, en cambio, Pedro IV de Aragón quiso mostrarse más prudente, y en un primer momento se decidió por mantener la más absoluta neutralidad respecto a ambos.
A mediados de 1382, D. Guillén Gimiel marchó a la corte pontificia de Avignon. Desde allí, ordenó a todos los clérigos del obispado de Cartagena, bajo pena de excomunión y entredicho, que reconociesen como legítimo papa a Clemente VII. Asimismo, por tales fechas, curiosamente, Pedro IV escribió una carta al gobernador del Reino de Valencia ultra Sexonam con la intención de que éste presentase a los nueve beneficiados de las iglesias de Orihuela una provisión en la que les mandaba que acatasen la indiferencia respecto al Cisma, so pena de caer en la indignación real.
Una vez tuvo en sus manos la cédula de la Cancillería aragonesa, el gobernador ordenó a los prebendados oriolanos que obedeciesen al monarca. Y éstos, como súbditos fieles, respondieron al representante real que guardarían la neutralidad propugnada por su señor temporal.
No obstante, la situación se complicó porque, tras recibir el escrito del «señor espiritual», los eclesiásticos murcianos acataron sus mandatos episcopales, y se los comunicaron a los referidos beneficiados oriolanos.
Éstos, ante la dificultad de la cuestión, se reunieron en la iglesia de Santa Justa para debatir la respuesta. Enterado de ello el teniente del gobernador, Bartolomé Togores, se dirigió a la citada iglesia, con toda su corte formada, y volvió a leerles el mandamiento del rey. Y los clérigos decidieron obedecer a Pedro IV, contrariando las disposiciones del obispo cartaginense.
Sin embargo, finalmente, la postura triunfante fue la de Gimiel. El rey aragonés tuvo que declarar que los clérigos estaban sujetos a la jurisdicción episcopal, iure ordinario, y que podrían seguir la opinión del prelado, aun detentando sus prebendas en la gobernación oriolana46.
Por otra parte, en 1381, el prelado, antes de marchar a Avignon, había vuelto a causar la discordia en la villa del Bajo Segura. Se enfrentó con las autoridades civiles de Orihuela al tratar de ejercer en ella el Santo Oficio de la Inquisición, algo que, como veremos más adelante, también produjo múltiples y graves enfrentamientos entre los obispos cartaginenses y los referidos munícipes, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI. Y lanzó un nuevo entredicho sobre la población.
Dicho año, D. Guillén Gimiel, por medio del arcipreste Jaime Boadilla, ordenó a nada menos que 120 oriolanos que acudieran a Murcia, a la curia episcopal, a prestar testimonio. El Consell les mandó que no fuesen porque iba contra los privilegios de la villa el hecho de que vecinos de ella tuviesen que ir a prestar declaración a otro reino. La reacción del obispo no se hizo esperar: excomulgó a los 120 reclamados, citó a otros 300, y lanzó el interdicto. El Consell envió a la corte a un procurador llamado Juan de Fontes para que informase a Pedro IV de las censuras fulminadas contra los oriolanos.
La representación de Fontes tuvo éxito pues poco tiempo después, ya en 1382, el monarca aragonés concedió a la villa del Bajo Segura un nuevo privilegio prohibiendo la entrada en ella de inquisidores extranjeros (con fecha de 15 de mayo)47, y envió a Fr. Francisco Mateu, inquisidor de la Corona de Aragón, quien, ejerciendo como tal, realizó diversos procesos. Y además, el rey ordenó al gobernador, Bernardo de Senesterra48, que se incautasen bienes del obispo por el valor de los daños que, contra los fueros, éste había infligido al Consell. Y así procedió el representante real.
Conocedor de tal acción, el deán y vicario general del obispado, Pedro Puixmarín, amenazó con excomulgar al gobernador a menos que restituyese la cantidad apropiada, pero no pudo hacer efectivo su ultimátum porque el obispo se hallaba fuera de la diócesis, en Avignon. No obstante, temiendo el gobernador que «en las parroquias de Murcia le descomulgarian cada dia tres veses a el y a su teniente y Assessor y a Juan de Fontes», le escribió al provisor y vicario general explicándole que, por la fidelidad que le debían al Ceremonioso, no podría devolverle las rentas hasta que todos los oficiales reales fuesen absueltos. A lo que Puixmarín contestó que «a iure y por decreto sinodal estavan descomulgados y la tierra entredicha si no restituian al obispo los frutos que le havian llevado»49.
Finalmente, la cuestión se solucionó gracias a la negociación de dos mensajeros -Francisco Boadilla y Berenguer Vimbodi- que envió el Consell a Murcia para pactar con el obispo50.
En 1383, último año del francés Gimiel al frente de la mitra cartaginense, se produjo un hecho que tendría amplias repercusiones y que supondría el inicio de la larga serie de reclamaciones episcopales oriolanas51.
En las Cortes celebradas en Monzón ese año, el síndico de Orihuela, Berenguer Vimbodi, solicitó a Pedro IV que concediese a Ginés Silvestre un beneficio en la iglesia de Santiago de la referida villa del Bajo Segura. El monarca, teniendo en consideración los heroicos servicios que le prestara el caballero Domingo Silvestre -padre del tal Ginés- en la pasada guerra con Castilla, accedió a la petición.
Entonces, Silvestre pretendió permutar dicha prebenda con un clérigo de Murcia, que había obtenido otra en la parroquia de San Miguel. Pero mientras el murciano accedió sin ningún impedimento al mencionado beneficio de la iglesia de Santiago, Silvestre sí halló dificultades a la hora de completar la permuta. Además, después de que se le negara la posesión de la prebenda por no ser castellano, tuvo que huir de la ciudad vecina y rival porque lo quisieron matar al hacerse pública su condición de oriolano.
Tras enterarse del indignante episodio, las autoridades civiles de Orihuela llegaron a la conclusión de que las cotidianas disputas que mantenían con la iglesia cartaginense-murciana habían llegado a su límite, y se propusieron zanjarlas de modo definitivo adoptando una medida de fuerza.
Y con la paciencia absolutamente agotada, el Consell de la villa del Bajo Segura se puso de acuerdo con el de Alicante, y ambos organismos comisionaron respectivamente a Francés Fabriques y a Jaime Franco para que marcharan a la corte a presentar al monarca sus quejas y reivindicaciones. Y así hicieron, y con el apoyo del influyente D. Guillén de Rocafull, y el siguiente parlamento, pidieron a Pedro IV que suplicase al sumo pontífice la dismembración de la gobernación del Reino de Valencia ultra Sexonam de la jurisdicción de la diócesis de Cartagena, y la erección de un nuevo obispado con sede en Orihuela. Aunque la súplica oriolana-alicantina no prosperó, la reproducimos a la letra por ser la primera que elevaron solicitando la creación del obispado52:
«Item, Señor, per quant son molts y intolerables los agravis que rebem dels bisbes de Cartagena, axi en temps de guerra, com en temps de pas, placia a Vuestra Magestat, si es pot, intercedir ab lo papa que dividixca esta partida del regne del bisbat de Cartagena, y instituheixca en ella un bisbat, y que lo que sera elet pera governarlo se nomene bisbe de Oriola».
Guillén Gimiel murió en Avignon en 1384. El año siguiente tomó posesión del obispado de Cartagena el cordobés D. Fernando de Pedrosa, que pasaba por ser uno de los hombres más doctos del Reino de Castilla, especialmente, por sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras.
No obstante, en aquellos momentos la vida en la ciudad de Murcia y su término se estaba viendo marcada por la lucha de dos bandos, los Fajardos y los Manueles, cuyo enfrentamiento acababa de llegar a su punto de mayor exacerbamiento. Y el nuevo prelado se inclinó por los segundos, pese a que no contaban con el favor del rey Juan I.
Aunque ante tanta efervescencia política local, Pedrosa no pudo centrarse mucho en su labor episcopal, sí tomó algunas medidas de interés. Nada más acceder a la mitra, ante las continuas quejas sobre las escandalosas exacciones de la curia eclesiástica, compuso un Quaderno de la tassa de lo que hay de llevar del seello, en el que se especificaban los aranceles que había de cobrar la citada curia, poniendo fin a la arbitrariedad en este punto. No obstante, podemos afirmar que dichas regulaciones se incumplieron casi por norma cuando los que acudían al referido tribunal eclesiástico eran naturales del Reino de Valencia, y que los abusos en las tasas fueron hecho harto común y se constituyeron en uno de los argumentos de las reivindicaciones episcopales oriolanas.
También se encargó D. Fernando de Pedrosa de reglar las distribuciones y los modos de servir de los capellanes. Intentó mejorar el gobierno y la administración de su iglesia. Dio determinadas constituciones para cortar abusos morales del clero: «Que ningun clerigo non debe tener por concubina a monja nin a mujer casada nin desposada nin parienta». Y emprendió nuevas obras en la Catedral53.
Por último, hemos de señalar que por su participación en los bandos, Pedrosa hubo salir de la ciudad de Murcia, y durante buena parte de su episcopado residió fuera de la diócesis, hasta el punto que en el Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis de D. Diego de Comontes aparece como un verdadero desterrado54. Y tras volver a establecerse definitivamente en su sede, hacia 1402 le sobrevino la muerte.
Orihuela vivió, por tanto, un período de relativa tranquilidad tras el azaroso episcopado del francés Gimiel. Pedrosa estuvo más atento a las banderías que a sus obligaciones episcopales, y no «molestó» a sus diocesanos del otro lado de la frontera tanto como su antecesor.
Además, otros factores contribuyeron a consolidar esta calma. El 5 de enero de 1387 falleció Pedro IV el Ceremonioso, dejando como heredero al trono a su hijo, el enfermizo Juan I el Cazador. El nuevo monarca, en contraposición con su padre, sí se decidió a tomar partido en el Cisma de Occidente, y para alborozo de la villa de Orihuela, se mostró favorable a los pontífices de Avignon, de los que -como ya hemos indicado- eran partidarios la Monarquía castellana y los obispos de Cartagena. En 1388 se decidió apoyar a Clemente VII, y tras su defunción -acaecida el 16 de septiembre de 1394-, se colocó del lado de su sucesor en el solio pontificio, el aragonés D. Pedro de Luna, que escogió el nombre de Benedicto XIII.
Por otra parte, Juan I también confirmó el privilegio de las fábricas de Alfonso X por medio de un diploma dado en Barcelona el 22 de abril de 1395. En él, ratificó la concesión del tercio diezmo para las fábricas de las iglesias de la villa del Bajo Segura y de su término. Asimismo, aclaró que únicamente el Consell tendría la facultad de nombrar comisarios -fabriqueros- para su administración y distribución, sin que nadie más pudiese entrometerse en tales designaciones55.
No obstante, su reinado no fue tan dilatado como el de su predecesor, y el 18 de mayo de 1395 falleció como consecuencia de la caída de un caballo56. Pese a que estuvo casado con tres mujeres diferentes, no le sobrevivió ningún hijo varón, por lo que los derechos dinásticos recayeron en su hermano, el duque de Montblanch, que fue llamado Martín I el Humano.
NOTAS
1DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 26-27. VIDAL TUR, G., op. cit., t. I, p. 33. Las negociaciones de la permuta no quedaron finalizadas hasta el 28 de diciembre de 1321.
2GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, pp. 43-44. DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 28-30. VIDAL TUR, G., op. cit., t. I, p. 34.
3VINCKE, J.: Documenta selecta mutuas civitatis Arago-Cathalaunicae et ecclesiae relationes illustrantia, Barcelona, 1936, pp. 216-217 (nº 318), y 376. MANSILLA, D.: «La reorganización eclesiástica española del siglo XVI. I. Aragón-Cataluña», en Anthologica Annua, nº 4 (1956), pp. 102-103. Ídem: Geografía Eclesiástica de España…, p. 329. VILAR, J.B.: Los siglos XIV y XV en Orihuela…, p. 370.
4D. Pedro Barroso García Sotomayor y Gómez, quien solía ser llamado el maestro Pedro de Toledo, efectuó en la diócesis una intensa labor de organización y recuperación de las costumbres cristianas. Dejó el obispado cartaginense el 8 de julio de 1336 para trasladarse a Roma y tomar posesión del título de Cardenal-Obispo de Sabina, y fue sustituido por D. Pedro Peñaranda. DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 31-34. VIDAL TUR, G., op. cit., t. I, p. 34.
5GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, p. 52.
6CHIARRI MARTÍN, M.L.: Orihuela y la guerra de las Germanías, Murcia, 1963, p. 19.
7El texto íntegro de la donación lo podemos consultar en A.M.O., Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 44-50v. Y en GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, pp. 696-701.
8DEL ESTAL, J.M.: «Historia política…», p. 238.
9DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 35-36.
10GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 94. Gisbert afirma que la amortización consistía en cuatro reales y ocho maravedís por cada quince reales y dos dineros de capital.
11Ibidem.
12VIDAL TUR, G., op. cit., p. 35.
13Sobre este enfrentamiento es indispensable consultar la obra de CABEZUELO PLIEGO, J.V.: La Guerra de los dos Pedros en tierras alicantinas, Alicante, 1991.
14Ibidem, pp. 39-43.
15GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 142. BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 301.
16Esta cuestión es tratada en VILAR, J.B.: Los siglos XIV y XV…, pp. 370-371; en GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, pp. 140-142; y en GEA MARTÍNEZ, J.R.: Páginas de la Historia de Orihuela. El Pleito del Obispado. 1383-1564, Orihuela, 1900, pp. 10-11, y apéndice, documento nº 1, pp. 61-62.
17GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, pp. 231-232.
18CABEZUELO PLIEGO, J.V.: La Guerra de los dos Pedros…, p. 84. PONT, R.: «El Infante D. Fernando, Señor de Orihuela, en la guerra de los dos Pedros, 1356-1363», en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 2 (1983), pp. 79-85.
19A.M.O. Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 50-50v. «… si vos vel vestri cuandocumque quod Deus evertat, decederitis absque filio vel filiis masculis de legitimo matrimonio procreatis, civitates, castra, et loca, et omnia supradicta quae vobis damus ad nos vel successores nostros et ad coronam Aragonum devolvantur ac etiam revertantur cum pleno dominio et jure sicut erant et nos ea habebamus et habere debebamus ante Donationem predictam».
20Ibidem, p. 248.
21A.M.O., Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 57v.-59v.
22Ibidem, ff. 67-69v.
23GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, pp. 250-251.
24CABEZUELO PLIEGO, J.V., op. cit., p. 104.
25El asedio y la toma de Orihuela dio pie a la redacción de un canto épico por el marqués de Molins en 1846. GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, pp. 281-289, inserta algunos párrafos destacados de la citada narración.
26A.M.O. Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 86v.-88v. En el privilegio llamado el Morabatín, se afirmaba que tras doce años de hostilidades, en el momento de producirse la conquista castellana habían fallecido unos 6.000 oriolanos.
27GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 271.
28MARTÍNEZ PATERNA, F., op. cit., pp.139-140, decía sobre la fidelidad de los vecinos de Orihuela a la Corona de Aragón que Pedro I «puso cerco, passando en el infinitos trabajos lo vezinos desta ciudad, sin que jamas tuviessen socorro del Rey don Pedro de Aragon, por estar ocupado en otras guerras de mayor importancia, y aviendoles mandado por cartas reales que se entregassen al Rey de Castilla, llamandoles en ellas, vassallos fieles, necios, porque comieron en este cerco, por no entregarse al Rey don Pedro de Castilla, carnes de animales, de hombres, y suelas de çapatos…», y «fueron tan valerosos y constantes en ser vassallos del Rey de Aragon, que sin cerrar jamas las puertas de la ciudad, de noche, ni de dia a sus enemigos, aunque duro el cerco doze años, jamas se quisieron dar, ni rendir».
29Se conserva una copia auténtica de este último privilegio en A.C.O. Armario I, libro nº 1, «Papeles y bulas conducentes a la Catedralia», ff. 71v.-74v. En el Reino de Valencia, los gobernadores eran la máxima autoridad civil, después del rey, y del virrey -cuando lo había-. Había cuatro gobernaciones, cuyas capitales eran Valencia, Orihuela, Játiva y Castellón. De ellas, únicamente eran independientes las dos primeras, mientras que las dos últimas estaban subordinadas a la que tenía su sede en la capital del reino.
30El ya aludido privilegio real dado en Barcelona el 18 de julio de 1380 por Pedro IV -llamado el Morabatin– nos pone de manifiesto con todo lujo de detalles, algunos de ellos incluso escabrosos, la fiereza y la valentía de los oriolanos a la hora de hacer frente a los ataques castellanos. Este privilegio sería presentado como mérito en la mayoría de las peticiones del capítulo del Salvador y el Consell de Orihuela relacionadas con sus aspiraciones episcopales. El original se halla en A.M.O. Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 86v.-88v. También podemos encontrarlo íntegro o en alusiones en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, «Papeles y bulas conducentes a la Catedralia», ff. 75-76v., 267-267v., y libro nº 2 «Copia del proces de la Cathredal de la Esglesia de Oriola», ff. 10v.-13, 231v.-232, 247v. y 259v.-261; y editado, comentado y traducido en GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, pp. 385-394.
31A.C.O. Armario X, libro nº 1104. ROXAS Y CONTRERAS, Diego de: Diferentes instrumentos, bulas, y otros documentos pertenecientes a la dignidad episcopal y Santa Iglesia de Carthagena, y a todo su obispado, Madrid, 1756. En él se inserta el libro de COMONTES, Diego de: Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis, p. 11v. Las nuevas constituciones establecían que el cabildo de la Catedral de Murcia pasaría a estar conformado por seis dignidades, ocho canónigos, ocho racioneros, ocho semirracioneros, un diácono y un subdiácono.
32DÍAZ CASSOU, P., op. cit., p. 40.
33Ibidem, p. 39.
34Ibidem, p. 41.
35BELLOT, P.: op. cit., t. II, p. 35. VILAR, J.B.: Los siglos XIV y XV…, pp. 371-372.
36El entredicho eclesiástico conllevaba privaciones tan notorias como la imposibilidad de cumplir con el precepto dominical, de recibir los sacramentos, de contraer matrimonio, o de dar sepultura a los muertos en suelo sagrado.
37GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 375.
38Práctica ésta que repetirían exitosamente muy a menudo.
39BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 14.
40BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 302.
41GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 398.
42DÍAZ CASSOU, P., op. cit., p. 42. «De los que se entremeten sin licencia del prelado de su propia voluntad de poner obreros y fabriqueros en las eglesias».
43BELLOT, P., op. cit., t. II, pp. 302-303.
44GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II., p. 397.
45El futuro Benedicto XIII.
46BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 36.
47A.M.O. Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 93-93v.
48GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, pp. 311-332 publica un «catálogo de gobernadores» del reino de Valencia más allá de Jijona.
49BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 28.
50Ibidem, t. II, p. 6.
51Esta controversia es analizada por los diversos autores. GEA MARTÍNEZ, J.R.: op. cit., pp. 11-12. VILAR, J.B.: Los siglos XIV y XV…, p. 372. GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., t. II, p. 411. CHIARRI MARTÍN, M.L.: op. cit., p. 27.
52BELLOT, P.: op. cit., t. II, p. 36.
53DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 44-47.
54ROXAS Y CONTRERAS, D. de, op. cit., p. 12. «Hic vixit multimode tribulatus propter vandositates pro tunc urgentes, quibus se miscere voluit ambulans extra metham per tempora multa, quasi exul, et tandem in suo regressu defunctus est…»
55A.M.O. Libro Becerro de Privilegios Reales, ff. 123v-126.
56GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. II, p. 452.