- La consecución de la confirmación del vicariato general perpetuo.
Cuando llegó a Murcia la bula de Nicolás V, el obispo y el cabildo de Cartagena comenzaron a realizar las gestiones oportunas para que fuese puesta en ejecución. Convencieron a los jueces diputados por el pontífice para que cumpliesen con sus comisiones, y éstos intentaron publicarla.
Y tal como había sucedido con las sentencias y los ejecutoriales revocatorios del vicariato, o con la anulación del obispado promulgada por Eugenio IV, los oriolanos se negaron a aceptar el yugo cartaginense-castellano, y les fueron aplicadas todas las penas advertidas, entre ellas, el entredicho. Y como si para ellos fuese natural o corriente la vida fuera del seno de la Santa Madre Iglesia, comenzaron casi impertérritos la serie de apelaciones.
Únicamente hubo algunos clérigos que se ausentaron secretamente de la ciudad del Bajo Segura, a fin de no incurrir en las censuras. No obstante, el problema de las huidas quedó solucionado cuando el vicario Despuig, que no sólo seguía tan fiel a la causa oriolana como siempre, sino que, aún más, se había convertido en uno de sus principales adalides, compareció ante el Consell, el teniente de gobernador y el baile general, y les confirmó que, obtemperando las provisiones reales -las ya referidas de Alfonso V y una más reciente del rey de Navarra-, ejercería su oficio vicarial. Ello tranquilizó las conciencias de muchos eclesiásticos y aminoró los escrúpulos de los laicos. Y su actitud tuvo mucho que ver en el hecho de que la corporación municipal lograse persuadir a algunos presbíteros para que celebrasen los divinos oficios e impartiesen algunos de los sacramentos, pese a la decretada suspensión. Además, los munícipes, siguiendo las órdenes del Magnánimo, adoptaron la medida que más podía irritar al pastor cartaginense, incluso por encima de la rebeldía y la desafección de su rebaño espiritual del lado oriental de la frontera castellano-aragonesa: procedieron a la intervención y secuestro de todos los diezmos que le pertenecían en los territorios de la Bailía oriolana.
La reacción murciana no se hizo esperar. Comontes acudió al arzobispo de Toledo para que procesara a los contradictores, y se entabló un nuevo pleito en su curia metropolitana1.
Por su parte, las autoridades oriolanas respondieron a la ofensiva adversaria, enviando de nuevo a Roma, en 1452, al procurador Pedro de Galbe. Y siguieron depositando su confianza en el poder y la influencia del más insigne de los partidarios de la erección del Obispado, el conde de Cocentaina, quien había hecho público que también viajaría a Italia, donde se encargaría de realizar las diligencias conducentes al éxito del negocio.
Pasados dos años, las reclamaciones oriolanas permanecían estancadas, y el cada vez más abierto rompimiento con el obispo se hizo ciertamente incómodo para la ciudad del Bajo Segura. Por ello, dicho año 1454 sus autoridades municipales y eclesiásticas enviaron a las cortes real y pontificia a nuevos síndicos -entre ellos, a Jaime Rocamora-. Escribieron a D. Jimeno Pérez de Corella con el propósito de recordarle el acuerdo que desde hacía años mantenían. Y también se dirigieron a los citados procuradores, a fin de mandarles que redoblasen sus esfuerzos, y los enfocaran fundamentalmente a la consecución de la «bula de la catedral» o, en su defecto, a la confirmación del Vicariato. Y la desesperación de los ánimos llegó hasta tal punto que las necesidades religiosas forzaron a los mandatarios oriolanos a solicitar a Alfonso V su real permiso para poder negociar con el obispo a fin de llegar a un acuerdo con él. El vicario Despuig tenía atribuciones que podían servir muy bien para proporcionar a los fieles una atención espiritual de urgencia, pero entre ellas no se hallaban, por ejemplo, facultades que estaban reservadas a la dignidad episcopal como la administración de ciertos sacramentos -la confirmación o el orden sacerdotal-, cuya impartición inmediata en Orihuela y su distrito se consideraba absolutamente necesaria e ineludible2.
También hemos de destacar sobre este año 1454 que el 21 de julio falleció el principal promotor de la confirmación de la anulación del obispado, el rey Juan II de Castilla3. Fue sucedido por su hijo, Enrique IV el Impotente, quien poco después de comenzar a reinar firmó la paz con el rey Juan I de Navarra y con Alfonso V de Aragón.
El año siguiente -1455- también comenzó con una noticia necrológica, que curiosamente les sirvió a los oriolanos para incluir un nuevo argumento en su relación de alegatos. El sumo pontífice falleció en Roma el 24 de marzo. Y quince días después resultó elegido como sucesor suyo y de San Pedro un viejo conocido y partidario de la causa episcopal encabezada por la ciudad del Bajo Segura: D. Alfonso de Borja, que tomó el nombre de Calixto III4.
Por otra parte, el proceso incoado en los tribunales de la curia arzobispal de Toledo estaba llegando a su apogeo, y las autoridades oriolanas eran conscientes de la necesidad de presentar el mayor número de alegaciones en contra del obispo y el cabildo cartaginenses, y de fundamentar, al mismo tiempo, las ya expuestas sobre bases más sólidas. Y desde este punto de vista, como hemos avanzado, la muerte de Nicolás V les abrió nuevas posibilidades argumentales.
Tras llegar la nueva en la ciudad, los munícipes se afanaron por consultar a los mejores canonistas de Valencia si el fallecimiento del pontífice podría conllevar alguna repercusión inmediata sobre el aludido litigio.
Los juristas les respondieron que puesto que Comontes no había podido conseguir que la bula del 14 de julio de 1451 fuese ejecutada en vida de su autor, ésta había perdido su valor con la muerte del papa, de modo que las pretensiones del obispo eran absolutamente vanas. Y para mayor solaz de los ediles, concluyeron su razonamiento explicando que como el citado rescripto de Nicolás V, que era derogatorio del vicariato, no había sido puesto en vigor, Jaime Despuig podía seguir ejerciendo su oficio con toda legitimidad5.
Y consecuentemente con la opinión de los mencionados expertos en Leyes, las autoridades de la ciudad hicieron pública la nulidad del entredicho.
No obstante, esta consideración fue unilateral, pues el obispo cartaginense se negó a aceptar las nuevas tesis oriolanas y mantuvo intacta la censura. Ello generó ciertas dudas entre «algunos escrupulosos y de conciencia timorata», y para aquietarlos, el Consell decidió enviar a Valencia al teniente del vicario Despuig, el canónigo Francisco Desprats, con el fin de hacer algunas consultas sobre el tema a los canonistas más competentes6. Corría ya el año 1456.
Desprats obtuvo respuestas encontradas y diversidad de pareceres, por lo que a su vuelta a Orihuela, le fue encomendada una nueva misión, de mucha mayor envergadura: desplazarse a Roma, para tratar de aclarar la cuestión de la validez de la bula de Nicolás V, y para coadyuvar a la obtención del obispado. Los munícipes le proveyeron de cartas de creencia, cédulas de recomendación e, incluso, sellos en blanco, con el fin de facilitarle la realización de los trámites. Y el teniente partió en dirección a la Ciudad Eterna.
Pocos días después de su marcha, llegó a la ciudad del Bajo Segura una carta procedente de Nápoles, firmada por Jaime Rocamora. En ella, el síndico informaba al Consell que, por fin, las gestiones efectuadas por los procuradores de la ciudad (Pedro de Galbe, Pedro Ruiz y él mismo) ante Alfonso V y Calixto III habían dado los frutos anhelados, y que, gracias a la solicitud del embajador regio, el conde de Santángel, el pontífice había decretado la confirmación definitiva del vicariato general, incluyendo en el instrumento cláusulas tan favorables a los intereses oriolanos como la concesión al vicario de amplísimas atribuciones y capacidades7, o la facultad de imponer severas penas eclesiásticas a los contradictores del rescripto8.
Poco después de recibir la alborozadora noticia, a principios de 1457 llegó a Orihuela Pedro de Galbe, tras haber estado en Italia cuatro años enteros. Trajo consigo el referido documento, junto con otros muchos instrumentos relacionados con cuestiones eclesiales9:
-Dos letras apostólicas: una bula confirmatoria de todos los autos realizados por D. Jaime Despuig en el ejercicio de su cargo; y un rescripto en el que el santo padre mandaba la reparación de las casas del obispo a costa de las rentas de éste10.
-Y diversas provisiones reales: un ejecutorial del vicariato; y varias cédulas dirigidas al gobernador, al baile y al Consell oriolano, ordenándoles que no obedeciesen al obispo.
Tras hacer entrega de los 29 documentos que llevaba a los munícipes, les reclamó el pago de los gastos derivados de su expedición. Y aunque en un primer momento, los ediles se negaron a satisfacerle las costas, aduciendo que éstas debían ser sufragadas por el conde de Cocentaina en virtud del acuerdo que tenían suscrito con él, finalmente se avinieron a abonarle el dinero.
El logro de la confirmación del vicariato general les hizo replantearse la situación. Y de este modo llegaron a una serie de conclusiones, que motivaron un giro considerable de sus objetivos. Por una parte, se dieron cuenta de que las arcas municipales estaban absolutamente exhaustas, y de que no podrían afrontar mucho más tiempo los ingentes gastos que requerían las continuas representaciones en Nápoles y en Roma. Además, cobraron conciencia de que el asunto de la erección del obispado, a la que no renunciaban tras haberla obtenido en 1442, se retrasaba día tras día, y que su consecución se hacía cada vez más difícil. Se apercibieron también de que cierto sector de la población opinaba que incluso valía la pena sacrificar el logro del vicariato en pro de la paz, y para remediar los pleitos y las discordias con el obispo de Cartagena, y evitar así las vejaciones que continuamente sufrían por parte de D. Diego de Comontes.
Valorando todos estos factores, pero sin llegar a este último extremo, el Consell de Orihuela decidió afianzar el vicariato y reducir los gastos derivados de la presencia de los diferentes procuradores oriolanos en Italia, aunque ello supusiera una disminución de las gestiones directas en pos del obispado. De esa manera, para evitar mayores dispendios, escribieron al síndico Jaime Rocamora que volviese de Nápoles, y al protector D. Jimeno Pérez de Corella, con el fin de que le diese licencia para hacerlo.
Y Rocamora les dio una considerable lección de patriotismo y esplendidez, al contestarles que, antes de abandonar las diligencias proepiscopales, prefería quedarse en la corte real por su cuenta y sin salario hasta conseguir las bulas de creación del obispado. Los munícipes no pudieron sino acoger con sorpresa y admiración la respuesta del fiel procurador.
La desinteresada actividad de Rocamora no dejó de ser eficaz. Y sus peticiones al monarca, hicieron que éste escribiese el 5 de noviembre una carta a Calixto III, suplicándole que declarase que la bula de revocación del obispado «contenía vicios de obrepción y subrepción», esto es, que fue obtenida propiciando la disposición de Eugenio IV con falsas informaciones, y que mientras se decidía la reinstauración del obispado de Orihuela, siguiese en vigor la concesión del vicariato11.
Poco después, a principios de 1458 falleció D. Jimeno Pérez de Corella quien, recordemos, había percibido las rentas del prelado y el cabildo de Cartagena desde mediados de 1440, por orden de Alfonso V, hasta la revocación de Eugenio IV en 1443 y, posteriormente, desde la comisión del cardenal Morinense en mayo de 1445 hasta la propia fecha de su muerte.
Le sucedió en el título su hijo Juan Ruiz de Corella, quien al avisar al Consell de Orihuela del óbito de su padre, les manifestó a los munícipes su deseo de continuar ocupándose de los negocios de la ciudad del Bajo Segura, con el mismo interés que puso el conde.
La citada corporación le ofreció su más sentida condolencia, diciéndole que Orihuela había perdido un «buen patrón», y, acto seguido, le respondió afirmativamente, añadiendo que el canónigo Desprats llevaba dos años en Roma esperando que los Corella le favoreciesen en el asunto de la Catedral, y tratando de obtener respuestas acerca de la validez del entredicho impuesto sobre la señalada ciudad por Comontes12.
Días más tarde, los ediles recibieron una carta del Magnánimo en la que, de igual forma, les informaba de la muerte de D. Jimeno, y les manifestaba su voluntad de que el nuevo conde de Cocentaina sucediese a su padre en la cobranza de las rentas episcopales.
Y teniendo presente la experiencia anterior, para evitar que el negocio del obispado se dilatase aún más, las autoridades oriolanas decidieron echar el resto e incrementar de nuevo las gestiones en Nápoles y en Roma. Según este nuevo criterio, volvieron a dirigirse por escrito al monarca y al pontífice.
Al primero le rogaron que tomase las medidas oportunas para favorecerles en los pleitos que tenían entablados con el obispo, y para que las censuras impuestas por éste no les afectaran.
Y a la máxima autoridad religiosa le suplicaron que les hiciese la señalada merced de liberarles de la servidumbre de los prelados cartaginenses, a los que calificaron como sus enemigos naturales. Le explicaron que llevaban enfrentados judicialmente con ellos unos treinta años, y que en ese momento se hallaban entredichos en virtud de las penas impuestas a los contradictores por la bula de Nicolás V, aunque habían interpuesto apelaciones contra dicho rescripto. Y terminaron su solicitud diciendo que nunca prometerían volver al regimiento de los castellanos, sobre todo, porque además de que éstos afligían constantemente sus almas con diferentes vejaciones, Alfonso el Magnánimo les había ordenado que no obedeciesen ni al prelado ni a sus oficiales13.
En ese momento, el obispo de Cartagena pasó de nuevo a la ofensiva. Halló una solución para cortar de raíz las continuas rebeldías y la desobediencia del vicario general Despuig y de otros muchos eclesiásticos de la parte oriental de la diócesis. Apoyándose en tales móviles, los destituyó de sus prebendas, les expidió una citación a fin de que compareciesen ante él en la ciudad de Murcia, y nombró para los beneficios vacantes a otros clérigos que sí aceptaban su autoridad como la única legítima.
Como representante de los afectados, el vicario interpuso una apelación para la curia pontificia y acudió al Consell de Orihuela, el cual, recordemos, había prometido defenderlo ante cualquier posible ataque cartaginense. Comentó que la situación había sido provocada porque había seguido la voluntad real y las peticiones de la propia corporación municipal, esto es, por mostrar beligerancia espiritual hacia el prelado y no querer observar el entredicho. Y les requirió a los consellers que interviniesen en la causa, y que impidiesen a la autoridad episcopal que les privase materialmente de las piezas eclesiásticas que ocupaban y de las rentas que tenían anexas.
El Consell no desamparó al vicario general, sino que, al contrario, decidió enviar un mensajero a Italia, con el propósito de tratar el asunto con D. Juan Ruiz de Corella, el nuevo protector de la ciudad, y de realizar las gestiones necesarias para solucionar el nuevo conflicto tanto ante el rey como cabe el sumo pontífice. No obstante, finalmente, se aplazó su salida hasta el retorno de Francisco Desprats y de Jaime Rocamora14.
Entonces, ocurrió un acontecimiento inesperado y sumamente favorable. Fuentes no muy fidedignas consignan que un día de finales del mes de febrero o de principios del de marzo, el obispo Comontes, movido por la inquina, salió en procesión junto con toda la clerecía murciana, con el propósito de cantar desde la Puerta de Orihuela el Salmo de Maldición contra los oriolanos, y que mientras se producía tal acto vilipendiador le acometió un ataque de apoplejía que lo inutilizó por completo, quedando in extremis15, y que en poco tiempo, el 6 de marzo, lo llevó al sepulcro16.
La coyuntura no podía ser más propicia: un rey dispuesto, un pontífice valenciano favorable, el apoyo del conde de Cocentaina… Por ello, el Consell escribió sendas misivas a D. Juan Ruiz de Corella y al propio Alfonso V manifestándoles que había llegado el momento indicado para abandonar la sumisión a los castellanos. Al monarca, los munícipes le remitieron, además, una larguísima suplicación de alrededor de 70 capítulos, con la intención de que el Magnánimo impidiese el nombramiento del nuevo obispo cartaginense hasta que Calixto III decretase la dismembración de la diócesis y la erección del nuevo obispado de Orihuela.
Sin embargo, cuando las expectativas de éxito se habían multiplicado hasta generar en las autoridades del Bajo Segura una euforia contenida, un turbio asunto empeoró notablemente las relaciones con el papa y puso en peligro el proyecto disgregador.
Varios clérigos partidarios de Cartagena revelaron al sumo pontífice que Alfonso V tenía presos a dos eclesiásticos, uno de Orihuela y otro de Alicante, llamados Manresa y Borell. Y a fin de forzar al monarca a liberarlos, el papa mandó prender al procurador oriolano, Francisco Desprats. Durante la detención, le fueron hallados doce sellos en blanco de la ciudad y, por ello, fue encerrado en la torre del Soldán.
Considerando injustificado el encarcelamiento de su síndico, el Consell de Orihuela escribió sendas comunicaciones al Magnánimo y al conde de Cocentaina pidiéndoles que gestionaran su liberación, y que ayudasen a Desprats a conseguir alguna provisión favorable, al menos, en relación con el entredicho17.
Las solicitudes oriolanas perdieron todo su sentido en los meses siguientes. El 28 de junio de 1458 murió en el castillo de oro de Nápoles Alfonso V el Magnánimo, cuando meditaba regresar a la Corona de Aragón, para apartarla de la obediencia de Calixto III por cuestiones relacionadas con las turbulencias de Navarra18. En su testamento, legó el trono de Nápoles a su hijo bastardo D. Fernando, el duque de Calabria, y encomendó la dirección del resto de los territorios de la Corona de Aragón a su hermano, el rey de Navarra, los cuales comenzó a gobernar con el nombre y el ordinal de Juan II.
Por esas fechas, también le entregó su alma al Dios de los cristianos Calixto III. El pontífice valenciano falleció el día 8 de agosto siguiente, en Roma, siendo sucedido como vicario de Cristo por Enea Silvio Piccolomini, Pío II19.
Ante la doble novedad, el Consell de la ciudad del Bajo Segura tuvo que tomar medidas urgentes. En primer lugar, Jaime Rocamora tuvo que volverse de Nápoles, dejando los «negocios imperfectos»20. Por otro lado, los munícipes tuvieron que reiniciar las diferentes gestiones que llevaban entre manos. Escribieron al nuevo rey con la misma intención que lo habían hecho previamente al monarca anterior: le rogaron que suplicase a Pío II el excarcelamiento de Desprats. Y enviaron como procurador a una persona perita en tales artes y manejos, Pedro de Galbe. No obstante, en esta ocasión -como en tantas otras-, los murcianos se les adelantaron y convencieron a Juan II para que mandase a los oriolanos que le prestasen obediencia al cabildo de Cartagena, en sede vacante, y al obispo cuando fuese provisto en la citada mitra.
Pero cuando Galbe llegó a la corte y le comentó los agravios que sus vasallos de la Gobernación sufrían continuamente de los obispos cartaginenses, el rey mudó de parecer, y no sólo se retractó de la orden anterior, sino que mandó a los ediles oriolanos que enviaran mensajeros a Roma para gestionar la creación del obispado, y les dijo que les entregaría cartas de recomendación para que pudiesen suplicarla al pontífice con mayores posibilidades de éxito.
Además, a fin de reforzar más las reclamaciones episcopales, la viuda de D. Jimeno Pérez de Corella envió a la ciudad del Bajo Segura a su hijo Pedro Ruiz de Corella -quien en otros tiempos fuera nombrado obispo de Orihuela-, para que eligiese un síndico a gusto del Consell. Éste se personó en la citada población, y presentó a la citada institución una carta de su madre, en la que la señora se ofrecía a costear el envío a Roma de un comisionado -para cuyo nombramiento había facultado a su hijo-, con la intención de que, junto con el síndico municipal, practicase las diligencias oportunas tanto ante el monarca como ante el papa en aras a la consecución del obispado. La aprobación de la propuesta fue unánime, y la elección recayó en Pedro de Galbe, persona con experiencia en tales negociaciones, y que ya había estado en Italia durante cuatro años procurando los intereses de la Corona de Aragón, la ciudad de Orihuela y la casa de Cocentaina. Galbe aceptó su nueva comisión y en poco tiempo emprendió el viaje junto al diputado concejil.
Poco después se presentó en Orihuela el canónigo murciano Sancho Mejía. Citó al conde y al Consell, y se ofreció a alzar el entredicho a cambio de la restitución de las rentas episcopales. Pero la proposición no convenció a la corporación municipal, y menos al conde, por lo que no tuvo ningún efecto21.
El 20 de marzo del año siguiente -1459-, fue nombrado obispo de la sede cartaginense D. Lope de Rivas22, prior de Osma, oidor del Consejo de Su Majestad, y confesor de la reina y de la infanta Dª. Isabel. Dedicó sus primeros esfuerzos a la magna tarea de la terminación de la Catedral de Murcia23.
También en 1459 se produjo la liberación de Francisco Desprats, y su vuelta a Orihuela. Cuando por fin llegó a la ciudad, las autoridades le compensaron según su satisfacción por todas las penalidades que había tenido que sufrir durante la embajada. Trajo consigo una letra pontificia dirigida a los vicarios generales de Valencia, en la que Pío II les facultaba para absolver ad cautelam, es decir, cautelarmente, a los oriolanos del entredicho impuesto sobre ellos por los cartaginenses.
Ese mismo año se extendió el rumor de que Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón habían pactado encontrarse en un lugar equidistante de las capitales de sus respectivos reinos para negociar diferentes asuntos que afectaban a las dos coronas, entre ellos, la vuelta de Orihuela a la obediencia de los prelados cartaginenses. Por ello, el Consell reaccionó de modo inmediato. Le encargó a Juan Ferrández de Mesa, que ya estaba en la corte, que se ocupase de defender los derechos de su patria, impidiendo que se renovase la subordinación, y solicitando que siguiera en vigor el vicariato independiente conseguido tres años antes, con la particularidad de que la elección del clérigo que ocupase tal oficio corriese a cargo del capítulo del Salvador.
Las sospechas del organismo municipal oriolano fueron infundadas. Muy al contrario, la política pacifista de Enrique IV el Impotente propició el inicio de las negociaciones entre el obispo Lope de Rivas y el cabildo de Cartagena, ex una, y el capítulo del Salvador y las poblaciones de Orihuela, Alicante, Elche y Ayora, ex alia. Y, por fin, después de tantos años de discordias y enfrentamientos, el 2 de julio de 1461 ambas partes firmaron la Concordia de Logroño, mediante la cual consiguieron arreglar las diferencias que mantenían en relación a la cuestión del vicariato.
El acuerdo estipulaba la devolución de los frutos episcopales. Y como contraprestación, los fieles de la bailía oriolana lograron una serie de concesiones. En este sentido, el pacto establecía que el obispo habría de colocar un oficial en Orihuela, y un vicario en cada una de las iglesias de Elche, Alicante y Ayora, y que todos ellos, además de cumplir con el requisito de ser regnícolas, habrían de gozar de las mismas atribuciones que habían tenido con anterioridad todos los arciprestes de la diócesis cartaginense. Además, el obispo tendría que nombrar en la capital de la Gobernación a un vicario general, de entre una pareja de candidatos que le sería presentada por el pavorde y el capítulo del Salvador. Dicho vicario general tendría la potestad correspondiente a su cargo, y contaría con amplios poderes a la hora de resolver causas y cuestiones en caso de guerra entre las Coronas de Castilla y Aragón. No obstante, su independencia respecto al obispo no era total, puesto que en todo momento podía ser corregido y castigado por la autoridad episcopal.
Por último, el convenio supuso la absolución plena de todos los fieles de la parte oriental del obispado cartaginense de cuantas penas y censuras eclesiásticas pesasen sobre su condición espiritual.
Y para dar una mayor firmeza al acuerdo, las partes concordadas acudieron a Pío II para que decretase su confirmación, lo que hizo el pontífice por medio de una bula dada en Roma el 10 de abril del año siguiente -1462-24.
Y aún dos años después, el 23 de abril de 1464, el citado papa se vio forzado a revisar las concesiones hechas por sus predecesores Eugenio IV y Nicolás V a D. Jimeno Pérez de Corella25.
- Unos cuantos años de tranquilidad espiritual: los vicariatos de Jaime Despuig y Francisco Desprats.
En 1464, los problemas volvieron a aparecer en el seno del obispado cartaginense. Pero en esta ocasión no afectaron a la parte oriental de la diócesis. La ciudad de Cartagena, antigua capital de la diócesis, venía reclamando que, una vez desaparecidos los motivos que propiciaron el traslado catedralicio a Murcia, la sede había de retornar a la población que le daba el nombre.
Lope de Rivas comprendió que el asunto únicamente quedaría zanjado si se pronunciaba al respecto la Santa Sede, y lo planteó en la Curia romana. Y, por fin, el 24 de enero del año siguiente -1465- consiguió del nuevo papa, Paulo II, la expedición de una bula que confirmaba la capitalidad de Murcia al frente del obispado, y el mantenimiento del nombre con el que la sede fue fundada y restaurada: Cartaginensis. De esta manera, la iglesia reedificada de Santa María la Mayor de Murcia quedó como Catedral y las reclamaciones cartageneras fueron postergadas26.
Aparte de esta cuestión de orden interno del obispado cartaginense, a lo largo del episcopado de Lope de Rivas no hemos hallado ningún incidente que originase nuevos altercados entre las autoridades eclesiásticas murcianas y la población laica y clerical de Orihuela.
Ello viene a significar que no hubo injerencias del poder cartaginense en la esfera de facultades del vicario general. Éstas sí reaparecieron, en cambio, durante los años de «gobierno» del siguiente prelado: el valenciano D. Rodrigo de Borja, quien fue nombrado para la citada mitra en 1480.
Su designación debió caer como un regalo para la población de la Gobernación ultra Sexonam. Era sobrino del recordado Calixto III, «un eminentísimo y sapientísimo jurisconsulto, más que sacerdote, y hombre de mundo avezado a la suntuosidad y lujo de las pequeñas cortes italianas de la Edad Media»27. Y su condición de regnícola les hizo pensar que quizá podrían lograr de él una mayor tolerancia o incluso la realización del sueño episcopal. No obstante, como comprobaremos a continuación, el comportamiento del obispo no vino a traducir en el ámbito de los hechos las ilusionadas expectativas oriolanas.
Por otra parte, la situación al frente de las dos monarquías hispánicas varió considerablemente estos años. El 19 de octubre de 1469, la infanta Dª. Isabel, heredera de la Corona de Castilla por la incapacidad de procrear de su hermano Enrique IV el Impotente, se casó con el príncipe heredero de la Corona de Aragón, D. Fernando. El 14 de diciembre de 1474 falleció el monarca castellano y, tras algunos sucesos tumultuosos, la católica pareja accedió al trono de la mayor potencia peninsular. Y unos cuatro años después, a raíz del fallecimiento de Juan II de Aragón, acaecido el 19 de enero de 1479, Fernando e Isabel, Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, unieron ambas coronas, creando un nuevo Estado: la Monarquía Hispánica28.
La nueva realidad política había de suponer cambios importantes en relación con el Pleito del Obispado. Orihuela y Murcia tendrían en adelante los mismos monarcas, y la búsqueda de apoyos para las tesis de unos y otros se convertiría en una continua sucesión de embajadas y representaciones, y en una lucha económica que agotó los recursos municipales y eclesiásticos de ambas poblaciones.
Asimismo, hemos de reseñar que durante este período falleció Jaime Despuig, y que, sin que mediase conflicto alguno, fue promovido al cargo de vicario general su teniente, Francisco Desprats29.
En 1485, cuando casi se cumplía un cuarto de siglo de paz en la parte de la diócesis perteneciente al Reino de Valencia, surgieron algunos inconvenientes y tensiones que hicieron recordar a los fieles oriolanos que, a pesar de las reclamaciones, de los esfuerzos, del dinero dispendiado en la causa episcopal, y de los logros parciales conseguidos, aún estaban bajo el yugo castellano. La unificación de Castilla y Aragón era un acto meramente personal y su consolidación aún tardaría mucho tiempo en producirse. Obsta decir que en modo alguno murcianos y valencianos se consideraban compatriotas, y que las rencillas nacionalistas seguirían existiendo y serían la principal causa propiciadora de las aspiraciones episcopales oriolanas, aún por encima de los aspectos económicos.
Dicho año, el Consell de Orihuela, viendo agotados sus recursos monetarios, decidió volver a reclamar el pago de la sisa a los eclesiásticos de la ciudad y su término. Ello originó las consecuentes discordias. No obstante, la buena voluntad de las partes en la negociación, y la intervención exitosa del vicario Francisco Desprats y de Pedro Argensola, por parte del capítulo del Salvador y de toda la clerecía del distrito, favoreció el final de las disensiones. De esta manera, se acordó que los eclesiásticos habrían de pagar la sisa durante los siguientes cuatro años, en concepto de contribución clerical por los crecidos gastos que devinieron con motivo de los pasados litigios del Vicariato.
Calmada la situación en la población del Bajo Segura, la concesión no fue vista con buenos ojos por el vicario general del obispado de Cartagena, Juan Sánchez, quien, en menoscabo de los acuerdos alcanzados en la concordia de Logroño, decidió citar a algunas personas para tratar la señalada cuestión. Sin embargo, poco más pudo hacer, puesto que el Consell de Orihuela respondió a la intromisión con suma urgencia, advirtiendo al vicario cartaginense que revocase las órdenes de comparecencia porque al expedirlas estaba causando una «gran turbación de la justicia», y, además, estaba comprometiendo la estabilidad del obispado al actuar en contra del referido acuerdo. Aunque no conocemos cómo terminó este incidente, suponemos que Juan Sánchez hubo de retractarse a fin de respetar el pacto30.
También hubo algunos problemas relacionados con la recolección de las rentas episcopales de la Gobernación. El citado provisor Sánchez los arrendó en Orihuela a Juan Ruiz. Éste se personó en Murcia el día fijado para la realización del pago, pero no pudo efectuar el desembolso. Por ello, el vicario general cartaginense le pidió al corregidor de dicha ciudad que lo prendiese, y el brazo secular procedió a su detención. Entonces, intercedieron las autoridades oriolanas argumentando que puesto que el arrendador había rematado el contrato en la población del Bajo Segura, sólo en ella podía ser perseguido y juzgado.
Tampoco conocemos el desenlace del suceso, pero lo que realmente nos interesa resaltar es que tras muchos años de sosiego, los conflictos volvieron a resurgir, y que el propósito de conseguir el obispado independiente no debió llegar a desaparecer de los presupuestos ideológicos de los habitantes de Orihuela.
Y la Edad Moderna comenzó con toda su fuerza; con un nuevo enfrentamiento que reavivó las reclamaciones episcopales oriolanas y que contribuyó a originar la segunda dismembración del obispado de Cartagena.
NOTAS
1GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 359.
2BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 71.
3CAPPELLI, A., op. cit., p. 550.
4Ibidem, p. 271. Recordemos que D. Alfonso de Borja intervino en la consecución de la bula de institución del vicariato en 1430.
5GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 359.
6Ibidem, p. 368.
7Las letras de Calixto III atribuían al vicario general facultades casi exclusivamente reservadas al poder ordinario episcopal, como la posibilidad de proveer beneficios eclesiásticos.
8GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, pp. 368-369.
9Da cuenta de ellas BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 72.
10Recordemos que el estado ruinoso y el abandono de las casas del obispo en Orihuela ya había sido motivo de quejas por parte de la ciudad en 1417.
11GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 373.
12Ibidem, p. 376.
13BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 73.
14GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 377.
15MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ Y ORUMBELA, J.: Antigüedades, Nobleza y Blasones de la ciudad, t. IV, cap. VI duplicado.
16FITA, F.: «Bosquejo histórico de la Sede Cartaginense…», p. 293. La mayoría de las fuentes consultadas (Bellot, Gisbert, Fita) señalan que la muerte de Comontes se produjo en 1458. Disentía en ello, empero, Díaz Cassou, op. cit., pp. 56-58, quien afirmaba que el fallecimiento del prelado tuvo lugar cuatro años después. Pese a que ambas tesis aportan una base documental, la cita de Bellot nos hace inclinarnos a pensar que D. Diego efectivamente murió en 1458.
17BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 74.
18CAPPELLI, A., op. cit., p. 548. GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 379.
19CAPPELLI, A., op. cit., p. 272.
20BELLOT, P., op. cit., t. II, p. 74.
21GISBERT Y BALLESTEROS, E., op. cit., t. III, p. 386.
22A.S.V., Obligationum et Solutionum, nº 76, f. 166.
23DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 59-62.
24A.S.V. Registri Vaticani, nº 518, ff. 176-180.
25A.S.V. Registri Vaticani, nº 512, f. 94.
26DÍAZ CASSOU, P., op. cit., p. 60.
27Ibidem, pp. 63-66.
28LYNCH, J.: España bajo los Austrias/1. Imperio y absolutismo (1516-1598), 6ª ed., Madrid, 1989, pp. 7-8.
29No hemos hallado ninguna referencia cronológica que nos permita datar la muerte de Despuig y la elección de Desprats.
30BELLOT, P., op. cit., t. II, pp. 76-77.