08. La contraofensiva murciana y la vuelta forzada a la obediencia cartaginense

1. La reacción murciana y el período de sede vacante.

Tras la expedición de las bulas en Roma, los murcianos no se dieron por vencidos. Al contrario, en lugar de ceder a las contrariedades, no cejaron en su empeño de impedir que su ejecución tuviese vigor. Por ello, mandaron retornar a los embajadores que estaban en la Ciudad Eterna, y dieron un enfoque diferente a sus reclamaciones. Enviaron nuevos síndicos a la corte, que estaba en Madrid. Allí, los citados procuradores, contando con el apoyo solidario de las ciudades y las personalidades más destacadas de Castilla, le presentaron a Fernando el Católico una enardecida queja que, si bien atentaba gravemente contra la verdad, les sirvió para conseguir el apoyo del monarca a sus reivindicaciones.

Ignorando voluntariamente la Concordia de Logroño y aprovechándose de la falta de información del rey, los síndicos le hicieron creer que las bulas de Julio II les habían causado un perjuicio que un monarca justo no podía permitir. Le explicaron que antes de la ejecución de los citados rescriptos, el provisor del obispado de Cartagena siempre había tenido jurisdicción sobre todas las causas que habían afectado a los habitantes de la parte de la diócesis perteneciente al Reino de Valencia, y que tenían que comparecer ante él, en Murcia, para dirimirlas. Y le advirtieron que el pontífice había mandado al obispo Martín que nombrase a un oficial y vicario general que residiese en Orihuela, y que tuviese la jurisdicción espiritual sobre dichos fieles.

Si recapacitamos sobre la cuestión, nos daremos cuenta de que la orden pontificia era absolutamente lógica. Era coherente que un nuevo obispado como el de Orihuela tuviese un vicario general propio, con jurisdicción sobre las causas de los habitantes de su diócesis. Lo que, desde luego, no resultaba razonable era que el provisor del obispado de Cartagena siguiese teniendo poder sobre dichos fieles, pues habían dejado de pertenecer a su diócesis. Además, aunque no dejaba de ser cierto el hecho de que el citado provisor cartaginense entendiese en pleitos eclesiásticos de los vecinos de la Gobernación del Reino de Valencia ultra Sexonam, dicha actividad era completamente ilegal e ilícita, pues recordemos que el Acuerdo de Logroño establecía que dicha jurisdicción tenía que recaer en primera instancia, de modo exclusivo, en la persona del vicario general de Orihuela.

De cualquier forma, pese a la endeblez y a la subrepción del argumento, como ya hemos avanzado, el monarca, cediendo a las presiones castellanas, admitió que, al suplicar al sumo pontífice la creación del obispado de Orihuela, no pretendía causar perjuicio alguno a la Iglesia y la ciudad de Murcia. Y tras reconocer su error, el 26 de octubre de 1510 -cuatro días después de la ejecución de las bulas pontificias- escribió una carta a las autoridades civiles de dicha población presentándoles sus reales excusas, y manifestándoles que no estaba en su deseo ni en su intención causar quebrantos ni agravios a las preeminencias de sus reinos. Y en ella, les ordenó que le comunicasen al cabildo de Cartagena que su voluntad había mudado, y que quería que apelasen al papa contra dichos rescriptos, que siguiesen ejerciendo la jurisdicción tal como lo habían practicado antes del aludido decreto apostólico, y que si los oriolanos se les ocurría llevar a Murcia las referidas bulas para presentarlas, impidiesen su ejecución, y mandasen a los portadores de los escritos que los hiciesen llegar de inmediato a sus reales manos, de modo que pudiese proveer lo que fuese más conveniente y arreglado a justicia¹.

Una vez consiguieron los murcianos el favor de Fernando el Católico, decidieron fortalecer sus posiciones obteniendo del obispo Martín un documento de protesta en el que asegurase haber otorgado su consentimiento para la creación del obispado de Orihuela coaccionado por el propio monarca.

Así, sus síndicos marcharon a Valladolid, donde el electo prelado de Cartagena y Orihuela² residía, le contaron que Fernando V había cambiado radicalmente de opinión, y les había pedido a las autoridades civiles y eclesiásticas de Murcia que apelasen contra las bulas de Julio II, y le solicitaron que redactase el referido instrumento.

Angulo, que había tenido que plegarse forzosamente al proyecto oriolano, viéndose libre de sus recelos hacia el monarca, no puso ningún pero a la petición de los procuradores, y accedió gustosamente a confeccionar la escritura. Y apoyándose en sus vastos conocimientos de Derecho, en lugar de redactar un mero instrumento reconociendo que había tenido que dar a la fuerza su asenso, preparó una argumentada apelación con la intención de que fuese presentada en la Curia romana, para que la parte cartaginense pudiese proseguir en ella sus reclamaciones.

El 31 de octubre ya la tenía concluida³, y siguiendo los cauces establecidos por el Derecho Canónico, la presentó ante dos venerables y probos eclesiásticos, Juan de Torquemada -canónigo de la Colegial de Santa María de Valladolid- y Alfonso de Villaherruel -provisor y vicario general del obispado de Palencia-, con la intención de que le diesen la licencia necesaria, los «apóstolos reverenciales» pertinentes para que dicha protesta pudiese ser interpuesta en la Santa Sede. Y éstos, en un acto puramente formal, le concedieron los apóstolos, y dieron vía libre a la interposición de la apelación.

El instrumento iba encabezado en nombre del propio obispo Angulo y del cabildo de Cartagena, y en él, el prelado, tras indicar claramente que presentando la protesta no deseaba en modo alguno apartarse de la obediencia a los mandatos apostólicos, ni tampoco actuar irreverentemente, hizo relación de las falsas informaciones que habían movido al papa a aprobar la expedición de las bulas, y de los perjuicios que había provocado su ejecución tanto para él, como para el referido cabildo y toda la diócesis cartaginense, con la intención de que Julio II y los cardenales de su consistorio volviesen a plantearse la viabilidad y la justicia de la dismembración del obispado.

Yendo al contenido del auto de disentimiento, Angulo le señaló al santo padre que le mintieron cuando le informaron que aprobando la creación de la mitra oriolana terminarían los escándalos entre los vecinos de los reinos de Valencia y Murcia, puesto que se esperaba que en pocos días las discordias resurgiesen con toda su violencia, precisamente a causa de la ejecución de las bulas. También le escribió que le engañaron cuando le refirieron que había dado su consentimiento libremente, pues éste le fue impuesto por el monarca.

Junto a estos motivos para anular la provisión apostólica por subrepticia, Angulo hizo alusión a una serie de perjuicios que también podrían servir como fundamento para que dicha disposición quedase sin efecto: la pérdida jurisdiccional, la mengua de la extensión geográfica de la diócesis, la disminución del número de fieles y los problemas en la percepción de las rentas⁴.

Una vez tuvieron en sus manos la docta apelación del prelado, los murcianos la tramitaron a la Curia romana y reiniciaron en ella sus reclamaciones en pos de la anulación del obispado de Orihuela.

Unos días más tarde, llegó a la Península la noticia del traslado de D. Martín Ferrández de Angulo, y las sedes unidas de Cartagena y Orihuela quedaron vacantes.

La ocasión fue perfectamente aprovechada por el capítulo del Salvador puesto que el 8 de noviembre, sus componentes, acogiéndose al derecho común y a los privilegios y facultades que les habían sido concedidos a raíz de la creación del obispado y de la erección de la Catedral, nombraron al sacristán Luis de Soler vicario general del obispado, y al chantre Jaime de Soler su lugarteniente, y les otorgaron poder para ejercer la jurisdicción en todos los territorios de la diócesis hasta que el obispo que resultase provisto decidiese designar nuevos oficiales o confirmarlos en el cargo⁵.

Tres días más tarde, Luis de Soler comenzó su labor al frente de la Iglesia oriolana, y según sus propias palabras, la encaminó al «servey de nostre Senyor Deu e benefici de les Animes dels feels christians»⁶. Sus atribuciones fueron cuasi episcopales, como demuestra el amplio abanico de competencias que llegó a ejercitar. Podemos dividirlas en tres ámbitos.

1. El vicario general procuró con sus actuaciones el fomento del culto divino y el cuidado de la salud espiritual de los fieles de la diócesis oriolana mediante la concesión de limosnas, dando permiso a algunas poblaciones pequeñas para tener hostias consagradas en sus iglesias, ayudando económicamente a los cautivos de los sarracenos a fin de que pudiesen recuperar su libertad plena, aprobando concordias, efectuando y revocando provisiones beneficiales, y despachando cartas de recomendación para individuos que querían recibir las órdenes eclesiásticas, para que se las presentasen a obispos y arzobispos.
2. También veló Luis de Soler por la moral cristiana imponiendo diferentes censuras eclesiásticas a los usureros, a los concubinarios y a los hechiceros; reagravando las penas impuestas a los que volviesen a incurrir en censuras estando anatemizados, suspendidos o entredichos; dictando órdenes de encarcelamiento; concediendo licencias de penitencia a los clérigos; dando permiso a los cristianos convertidos al Islam que se habían arrepentido, para que volviesen al seno de la Santa Madre Iglesia; y comprobando las licencias matrimoniales.
3. Y tuvo plenas atribuciones en materias jurisdiccionales, lo que se manifestó en su intervención en litigios de variada temática en los que fueron parte los tonsurados de la diócesis, en su potestad para despachar letras citatorias, y en su celosa defensa de la independencia de la jurisdicción eclesiástica⁷.

Por otra parte, para hacer completamente efectiva la ejecución de las bulas pontificias, y oficializar la creación del obispado, el vicario general y el capítulo del Salvador encomendaron la tarea de presentar los rescriptos apostólicos en las principales poblaciones de la diócesis al canónigo Miguel Monto y al doctor Andrés Durán, y pagaron al notario Alfonso Cristòfol para que diese fe escrita de los diferentes actos de notificación⁸.

De esta manera, el domingo 17 de noviembre los procuradores oriolanos se personaron en Elche. Pidieron al citado notario que leyese públicamente las bulas. Y este procedió a su lectura. Una vez concluyó la exposición, las autoridades y los vecinos de dicha población clamaron de una voz, con inmenso gozo, que obedecerían al vicario general de Orihuela, mientras estuviese la sede vacante, y que como buenos hijos y diocesanos tendrían a la iglesia del Salvador como Catedral. Únicamente se negó a obtemperar los mandatos apostólicos y reales Juan de Malla, quien había sido nombrado vicario particular de la villa por el provisor de Cartagena. Malla respondió a los síndicos que, antes de aceptarlos, deseaba consultar a su superior, y les pidió un plazo de dos días para efectuar dicha tarea. Monto y Durán le denegaron la petición, y dieron por ejecutadas las bulas.

El día siguiente -18- presentaron las bulas en Alicante, y sus habitantes las obedecieron con gran gozo y alegría. No obstante, al igual que había sucedido en Elche, el vicario puesto en la ciudad por el provisor de Cartagena, Juan Porta, las acató con reservas pues el citado oficial general le había mandado que antes de aceptarlas, les pidiese a los procuradores que se las remitiesen a Murcia para someterlas a examen.

Monto y Durán no hicieron ningún caso a la petición de Porta y prosiguieron su camino. El 19 de noviembre Cristòfol publicó los rescriptos en Monforte, y todos los vecinos del lugar los obedecieron y loaron con la reverencia debida. Al no hallar oposición, ese mismo día los síndicos se dirigieron a Aspe. Efectuaron la presentación de las bulas en dicha villa. Tampoco hubo ningún contratiempo, por lo que éstas entraron en vigor inmediatamente.

El día siguiente, 20 de noviembre, los escritos fueron leídos en Novelda, y todos los habitantes de dicha población se mostraron dispuestos a obedecerlos. Después, Monto y Durán los presentaron en Elda, y mientras el conde de Cocentaina -señor de dicha villa- y el rector de su iglesia las obtemperaron, otros eldenses, en cambio, se reservaron el asentimiento pidiendo un mayor plazo para meditar su respuesta.

El jueves 21, los procuradores oriolanos presentaron las bulas en la villa de Caudete, y sus habitantes, de modo unánime, alegres y con aplausos, les manifestaron su aceptación.

Y por fin concluyeron su tarea el sábado 23 de noviembre en Ayora, donde la población les mostró su satisfacción por haber logrado la independencia de los murcianos.

Por otra parte, tras la constitución del obispado de Orihuela, el capítulo del Salvador consideró indispensable emprender una serie de obras en la Catedral, para reparar sus desperfectos y proceder a su ampliación. Por ello, a finales de 1510 o principios de 1511, elevó una suplicación a Julio II, rogándole que les asignase nuevas rentas que les permitiesen llevar a cabo las reformas.

El complaciente pontífice accedió a la petición de sus fieles oriolanos y, por medio de una bula datada el 6 de febrero del año entrante, les concedió unas rentas decimales denominadas «Las Pilas», valoradas en unos 80 ducados de oro de la Cámara Apostólica, que hasta ese momento habían pagado los habitantes de la ciudad del Bajo Segura y su término al cabildo de Cartagena, y que tradicionalmente habían sido utilizadas para sufragar los gastos de la fábrica de la Catedral murciana. El papa explicó su decisión argumentando que consideraba que dichos frutos ya no eran necesarios para dicha iglesia, y que sí eran fundamentales para el ensalzamiento del culto divino en la Catedral de Orihuela. Y ordenó al citado cabildo cartaginense que obedeciese su voluntad y no osase estorbar al del Salvador en la percepción de tales frutos⁹.

No obstante este éxito, el ataque oriolano a las rentas murcianas no finalizó ahí. Viendo las autoridades civiles de la ciudad del Bajo Segura que, pese a la ejecución de las bulas de institución del obispado, los murcianos se negaban a aceptar su vigencia, informaron a Fernando el Católico de la oposición que estaban mostrando a sus reales mandatos y a los decretos apostólicos, y le solicitaron que les permitiese confiscar las rentas que el cabildo cartaginense tenía en los territorios de la nueva diócesis hasta que sus componentes volviesen a la obediencia de la Monarquía y la Santa Madre Iglesia. El monarca aceptó la petición, y los munícipes procedieron sin demora a secuestrar dichos frutos¹⁰.

De esta manera, los procuradores que dicho cabildo y la ciudad de Murcia enviaron a Roma a solicitar a Julio II la revocación de las bulas del 13 de mayo de 1510, tuvieron que suplicarle también que ordenase a los oriolanos que les desembargasen las rentas confiscadas¹¹.

Y fueron estas protestas, demandas y apelaciones la causa de que la provisión de los obispados unidos se retrasase y de que el período de sede vacante se dilatase hasta finales de 1512.

Entretanto, en diciembre de 1511 surgió un delicado y peliagudo conflicto que enfrentó al vicario general de Orihuela con el licenciado Cristóbal de Ávila, inquisidor de los obispados de Cartagena y Orihuela.

En el momento de su nombramiento, junto a su cargo, y en virtud de ciertas constituciones aprobadas por Clemente V, Luis de Soler fue designado por el capítulo del Salvador delegado de asuntos inquisitoriales de la diócesis. Además, posteriormente, Soler obtuvo un breve pontificio confirmando tal designación, y estableciendo que cualquier cuestión que tuviese relación con el Santo Oficio en el obispado de Orihuela habría de ser tratada por él.

El problema surgió cuando Ávila detuvo en Elche a fr. Rodrigo de Ayala, que había sido acusado de herejía por una disputa que había mantenido con los frailes menores de la custodia de San Francisco de Murcia, lo hizo conducir a dicha ciudad y se lo entregó al custodio de la citada comunidad, quien lo encarceló.

La situación molestó a Luis de Soler, quien considerando perjudicadas sus atribuciones, el último día del año le remitió un escrito al inquisidor. En él, le recriminó que no le hubiese llamado para intervenir en el asunto, y que, además, hubiese sacado al reo de la diócesis. Le requirió que se reuniese con él en Orihuela, y que llevase consigo al preso pues el juicio tendría lugar en la sede episcopal. Y le advirtió que, en adelante, todas las causas de herejía que ocurriesen en la diócesis oriolana estarían excluidas de su jurisdicción.

2. El nombramiento de D. Mateo Lang como obispo de Cartagena y Orihuela.

Como ya avanzamos, a causa de los recursos que presentaron los murcianos contra la creación del obispado de Orihuela, la provisión del sucesor de D. Martín Ferrández de Angulo al frente de las dos Iglesias unidas se retrasó hasta finales de 1512.

No obstante, si Fernando el Católico había ordenado al cabildo de Cartagena que apelase contra la disposición pontificia, y estaba claramente en contra del proyecto disgregador que con anterioridad había auspiciado, ¿por que no dejó vacantes las dos Iglesias unidas hasta la resolución favorable de las reclamaciones murcianas, cuando precisamente a él le correspondía la presentación del candidato que había de suplir al frente de ambas a Angulo? ¿Y por qué después de casi dos años el monarca se decidió a nominar al electo que habría de gobernar y administrar los obispados, y a presentárselo al papa por medio de su embajador cabe la Santa Sede?

Hemos de reconocer que en la documentación que hemos utilizado para la presente investigación no hemos hallado una respuesta plenamente fidedigna a estos interrogantes. No obstante, sí nos hemos topado con levísimos indicios que nos han dado pie para que lancemos una hipótesis que permite comprender la actuación real.

El 17 de abril del citado año 1512, desde Burgos, Fernando el Católico envió a las autoridades civiles de la ciudad del Bajo Segura una misiva a fin de informarles que tenía previsto celebrar Cortes Generales en Monzón a partir del 28 de mayo siguiente, y para mandarles que enviasen síndicos a la referida villa para tal fecha¹².

Nada más recibir la real cédula, el Consell de Orihuela, obedeciendo los mandatos citatorios, decidió proceder al nombramiento del procurador que tendría que representar sus intereses en la reunión parlamentaria, y resultó elegido Jaime Despuig. El 24 de mayo los munícipes le proporcionaron la carta de presentación para el monarca y un documento que contenía un buen número de instrucciones que había de seguir, pues tenían la necesidad de aprovechar la ocasión que les brindaba la celebración de la asamblea estamental para presentarle a Fernando V diferentes agravios y suplicaciones de gran trascendencia para la ciudad.

Entre ellas, tres eran de temática religiosa. Por una parte, Despuig había de pedir a Su Majestad que les enviase inquisidores para que, en colaboración con Luis de Soler, ejerciesen su santo oficio. Por otra, tenía que solicitar una cuestión de protocolo: que en los actos parlamentarios diese primacía a los representantes de Orihuela por delante de los de Játiva, pues la ciudad del Bajo Segura era capital de bailía y sede episcopal, y en función de ambas categorías debía figurar antes que la población valenciana. Y en tercer lugar, tenía que suplicarle que le hiciese una petición al papa; una demanda que no hemos logrado determinar, y que muy bien pudo tratarse de la ansiada presentación del electo para los obispados de Cartagena y Orihuela¹³.

Fuera o no dicha solicitud la incluida en el pliego de instrucciones que los oficiales oriolanos le entregaron a Despuig, es muy probable que el procurador, contando con el apoyo de los estamentos de la corona aragonesa, lograse comprometer al monarca para que ordenase a su embajador cerca de la Santa Sede que presentase al sumo pontífice al nominado para acceder a la administración de las dos Iglesias unidas.

Ello explicaría por qué Fernando el Católico, pese a sus manifiestos deseos de no permitir la creación del obispado de Orihuela y de favorecer a los murcianos para conseguir tal fin, tomó una medida que les perjudicó notoriamente como fue la citada presentación.

Sea como fuere, lo cierto es que el 1 de noviembre de 1512, Julio II, tras sopesar las alegaciones cartaginenses y entender por la presentación real del electo que el monarca hispánico deseaba mantener el status instituido por sus bulas del 13 de mayo de 1510, decidió nombrar como sucesor de D. Martín Ferrández de Angulo al frente de las Iglesias de Cartagena y Orihuela al joven clérigo alemán que Fernando el Católico había nominado: D. Mateo Lang de Wellenburg¹⁴.

Y para asegurarse de que su voluntad se cumpliese en ambas diócesis, mandó expedir un buen número de bulas.

Junto al documento de provisión de Mateo -que a continuación insertaremos, traduciremos y comentaremos¹⁵-, al propio electo le despachó otro rescripto absolviéndole ad cautelam de las posibles censuras o penas eclesiásticas que pudiesen pesar sobre su persona¹⁶.

Expidió, asimismo, documentos dirigidos a Fernando el Católico¹⁷, Juana la Loca¹⁸ y el arzobispo de Valencia¹⁹, solicitándoles que ayudasen a Mateo para facilitarle el gobierno de las dos diócesis de modo que, como buen pastor, pudiese hacer prosperar su misión pontifical de procurar la salvación de las almas de su rebaño espiritual.

Mandó despachar, asimismo, un tercer grupo de rescriptos destinados conjuntamente, a los capítulos²⁰ y los vasallos²¹ de ambas Catedrales, y al clero²² y al pueblo²³ de las dos diócesis, ordenándoles que recibiesen a Mateo como obispo y le prestasen obediencia.

Y, por último, otras cuatro bulas orientadas a los capítulos²⁴ de ambas Catedrales, y al pueblo²⁵ de las dos diócesis, pero por separado, con la misma intención que las cuatro anteriores.

La bula del nombramiento de D. Mateo Lang como obispo de Cartagena y de Orihuela.

Transcripción.

Julius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto filio Matheo Electo Carthaginensi et Oriolensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Romani Pontificis quem pastor ille celestis et Episcopus animarum potestatis sibi plenitudine tradita ecclesiis pretulit universis plena vigiliis solitudo requirit ut circa cuiuscumque ecclesie statum sit vigilanter excogitet sicque prospiciat diligenter quod per eius providentiam circumspectam nunc per simplicis provisionis officium nunc vero per ministerium translationis accomode prout personarum locorum et temporum qualitas exigit et ecclesiarum utilitas persuadet ecclesiis singulis pastor accedat ydoneus et rector providus deputetur qui populo sibi commisso per suam circunspetionem providam et prudentiam circunspectam salubriter dirigat et informet ac bona ecclesie sibi commissa non solum gubernet utiliter sed etiam multimodis efferat incrementis. Dudum siquidem provisiones ecclesiarum omnium apud sedem apostolicam tunc vacantium et in antea vacaturarum ordinationi et dispositioni nostre reservavimus decernentes ex tunc irritum ex inane si secus per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari Et deinde Carthaginensis et Oriolensis eclesiis invicem unitis ex eo apud sedem predictam pastoris solatio destitute quod nos nuper venerabilem fratrem nostrum Martinum Cordubensis tunc Carthaginensis Episcopum licet absentem a vinculo quo eisdem invicem unitis ecclesiis cui tunc preerat tenebatur de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine absolventes ipsum ad ecclesiam Cordubensis tunc certo modo vacantem de eorumdem fratrum consilio auctoritate apostolica duximus transferendum prefaciendo cum eisdem invicem unitis ecclesiis in episcopum et pastorem nos vero provisione ipsarum invicem unitarum ecclesiarum de qua nullus preter nos hac vice se intromittere potuit sive potest resignatione et decreto obsistentibus predictis ne longe vacationis exponantur incommodis paternis et solicitis studiis intendentes post deliberationem quam de preficiendo eisdem invicem unitis ecclesiis personam utilem et etiam frunctuosam cum eisdem fratribus nostris habuimus diligente Demum ad te episcopum Gurcensis consideratis grandium virtutum meritis quibus personam tuam illarum largitor altissimus insignivit et quod tu quis Gurcensis ecclesie hactenus laudabilem prefuisti dictas invicem unitas ecclesias scies et poteris auctore domino salubriter regere et feliciter gubernare direximus oculos nostre mentis Intendentes igitur tunc dictis invicem unitis ecclesiis quam eius gregi dominice salubriter providere de persona tua nobis et eisdem fratribus ob tuorum exigentiam meritorum accepta eisdem invicem unitis ecclesiis de ditorum fratrum consilio prefata auctoritate providimus teque illi preficimus in episcopum et pastorem curam et administrationem ipsarum invicem unitarum ecclesiarum tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo ita tamen quod propter hoc Gurcensis episcopus esse non designas sed Cartaginensis et Oriolensis invicem unitarum ac Gurcensis ecclesiarum huiusmodi in simul verus presul et pastor existas in illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quo dirigente domino actus tuos prefate ecclesie Cartaginensis et Oriolensis invicem unite per tue circunspectionis industriam et studium frunctuosum regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa iugum igitur domini tuis impositum humeris prompta devotione suscipiens curam et administrationem predictas sit exercere studeas solicite fideliter et prudenter quod ecclesie invicem unite gubernatori provido ac frunctuoso administratori gaudeant se commissas tuque preter eterne retributionis premium nostram et dicte sedis benedictionem et gratiam ex inde uberius consequi merearis. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quingentesimo duodecimo Kalendas novembris Pontificatus nostri Anno nono.

Traducción.

Julio, Obispo, Siervo de los Siervos de Dios, al querido hijo Mateo (obispo) electo de Cartagena y Orihuela, salud y bendición apostólica:

La plena solicitud del Romano Pontífice, a quien el Pastor Celestial y Obispo de las almas puso al frente de todas las Iglesias al entregarle la plenitud de potestad, requiere que esté vigilante respecto al estado de cada iglesia, y discierna y luego decida diligentemente lo que la oportunidad exige, de su prudente providencia, ora a través de un oficio de simple provisión, ora por el ministerio de traslación adaptado según personas, lugares y tiempo (y también persuade la utilidad de cada iglesia) y que sea nombrado un idóneo pastor y diligente rector que dirija saludablemente al pueblo a él encomendado y lo eduque y no sólo gobierne bien los bienes de su iglesia sino que de muchos modos los incremente; por ello habíamos reservado a nuestra ordenación y disposición las provisiones de todas las iglesias, entonces vacantes, decretando junto a la sede apostólica, que desde ese momento fuera nulo y sin valor si sucediera que se atentara en contra por cualesquiera con cualquier autoridad sabiéndolo o ignorándolo, y luego ambas Iglesias, de Cartagena y Orihuela, unidas entre sí, desde ese momento las habíamos mantenido confiadas a la sede apostólica bajo el cuidado del Pastor (el Papa) porque Nos, poco hacía, habíamos pensado transferir al venerable hermano nuestro Martín, obispo de Córdoba, entonces aunque ausente, Obispo también de Cartagena, librándole, por consejo de nuestros hermanos y por la plenitud de nuestra potestad apostólica, del vínculo que le ataba a las mismas iglesias entonces unidas, que presidía, transferirlo a la Iglesia de Córdoba, entonces en cierto modo vacante (por decisión de los mismos hermanos) para presidir y proveer nos con los mismos (hermanos) como obispo y pastor a las Iglesias de Cartagena y Orihuela, unidas entre sí, y sobre todo esto nadie pudo entrometerse por su cuenta, ni puede, oponiéndose a ello la reserva y el decreto (nuestro) y luego Nos preocupamos con solícitos cuidados, después de deliberar sobre la persona útil y capaz para presidir ambas iglesias unidas, y habiendo visto con nuestros hermanos que tú, obispo Gurcense, considerados los merecimientos de tus grandes virtudes, con las que te adornó el Altísimo dador de ellas, y que has gobernado con alabanzas hasta ahora la Iglesia Gurcense, sabrás y podrás con la ayuda del Señor regir saludablemente y gobernar felizmente las dichas iglesias unidas, dirigimos los ojos de nuestra mente (hacia ti). Por tanto, en atención a las dichas iglesias unidas y también a su grey, te nombramos obispo y pastor, confiriéndote el cuidado y la administración de ambas iglesias en lo espiritual y temporal con plenitud; con todo por este nombramiento no dejas de ser Obispo Gurcense, sino que eres verdadero jefe y pastor de las Iglesias de Cartagena y Orihuela unidas y de Gurcia, confiando en Aquél que da gracias y promete premios, con cuya ayuda las Iglesias de Cartagena y Orihuela unidas, por la destreza y solicitud fructuosa de tu prudencia serán regidas útilmente y gobernadas con prosperidad y recibirán incremento espiritual y temporal. Recibiendo, por tanto, con diligente devoción el yugo del Señor impuesto sobre tus hombros, dedícate a ejercer el cuidado y administración solícita, fiel y prudentemente, de modo que las Iglesias unidas se gocen de haber sido confiadas a un administrador diligente y próvido y tú merezcas conseguir, además del premio de la eterna retribución, también ahora la bendición nuestra y nuestra gratitud.

Dado en San Pedro de Roma, en el año de la Encarnación del Señor 1512, en las kalendas de noviembre del año nono de nuestro pontificado.

Análisis.

En el tenor de la bula, Julio II puso de manifiesto que durante el largo período de dos años en el que las sedes unidas de Cartagena y Orihuela estuvieron vacantes por la traslación de Martín Ferrández de Angulo a la mitra de Córdoba, la propia Santa Sede estuvo controlando a distancia, pero de cerca, el comportamiento de las dos Iglesias, y que, pese al retraso de la provisión, por fin había decidido lo que consideraba más oportuno para ambas, esto es, nombrar a un nuevo prelado que, como su antecesor, fuese pastor de los dos obispados.

Y explicó que había deliberado con los cardenales de su consistorio sobre la persona que podría ser más útil y capaz para presidir las dos Iglesias unidas, y que había resultado elegido para tal misión el presentado por Fernando el Católico, D. Mateo Lang, obispo de Gurk. El pontífice aclaró que habían tenido en consideración como méritos sus grandes virtudes y las alabanzas que había recibido su gobierno y administración de la citada diócesis austríaca. Y, además, especificó claramente que el nuevo nombramiento no conllevaba el que tuviese que abandonarla, sino que en adelante sería obispo de la referida ciudad de Carintia, y también de Cartagena y de Orihuela.

Asimismo, en el rescripto expuso que esperaba del nombrado que no limitase su labor a la simple dirección de los fieles de las dos nuevas diócesis que pasaban a su cargo, y que se dedicase también a procurarles una mejor educación espiritual. Y sobre la administración de los obispados, apuntó que no sólo pretendía que consiguiese mantener intactos sus respectivos bienes, sino que su misión también habría de radicar en tratar de incrementarlos en la medida de lo posible, dentro de la más estricta legalidad.

Y, por último, Julio II se dirigió a D. Mateo para expresarle la confianza que la Santa Sede tenía en que sabría gobernar las Iglesias de Cartagena y Orihuela con destreza y prudencia, y en que su labor episcopal propiciaría beneficios a ambas tanto a nivel espiritual como en el plano temporal.

3. La confirmación de la creación del obispado por León X.

Tras el nombramiento de D. Mateo Lang, los murcianos volvieron a comparecer ante Fernando el Católico, y le manifestaron los perjuicios que les había causado con la designación del recién promovido cardenal de Santo Ángel como obispo de las Iglesias unidas. Además, le indicaron con especial énfasis que si quería ver concluir los escándalos cotidianos que acontecían entre las poblaciones de Orihuela y Murcia no había más solución que conseguir la revocación de las bulas del 13 de mayo de 1510.

Los argumentos murcianos hicieron reflexionar al monarca. Y éste, que por encima de consideraciones espirituales, desde un primer momento se había decidido a promover la dismembración del obispado de Cartagena para tratar de hacer desaparecer dichos conflictos, y lograr que la paz y el sosiego reinasen entre los habitantes de ambas ciudades, comprendió que desde la aprobación del proyecto no había habido ni un instante de quietud en la zona. Se terminó de convencer de que la medida adoptada, lejos de ofrecer los resultados perseguidos, había hecho crecer las discordias, y tomó la firme decisión de solicitar directamente a Julio II la revocación de las bulas, de modo que el obispado de Cartagena volviese a recuperar su status previo a la creación del de Orihuela.

Y estuvo a punto de conseguirlo, pero afortunadamente para los habitantes de la nueva diócesis, el sumo pontífice entregó su alma a Dios el 21 de febrero de 1513²⁶, y «por su fin no ovo tiempo para lo hazer»²⁷.

Tras dieciocho días de encierro y deliberaciones, el 11 de marzo el cónclave dejó escapar la fumata blanca e hizo público el nombre del nuevo papa. El electo resultó ser un miembro de la familia Médicis, Juan, que pasó a denominarse León X.

Poco después de su consagración, los murcianos comparecieron ante él y le suplicaron que resolviese la causa del Obispado en su favor. Además, recurriendo a la ayuda de sus partidarios castellanos, consiguieron la poderosa influencia de algunos de los cardenales del consistorio pontificio, entre los que cabe destacar al cardenal de Sorrento y al de los Cuatro Santos Coronados, más conocido como cardenal Santiquatro. Y, por último, lograron que el monarca español tomase partido por sus reivindicaciones ante León X y le solicitase la revocación.

Con tan buenas referencias, los intentos murcianos fructificaron, y el pontífice, interesado por la cuestión, decidió cometer su análisis a Adriano de Corneto, cardenal de San Grisógono, quien comenzó a desentrañar los entresijos de tan controvertido asunto²⁸.

Por otra parte, tras impetrar sus bulas de provisión, D. Mateo Lang quiso ponerlas en ejecución. Con tal propósito, se las entregó a su provisor, Juan López de Paradinas, y le dio poderes para que fuese a Murcia y Orihuela a tomar posesión de los dos obispados que habían pasado de un plumazo a su cargo.

Obedeciendo las órdenes de su superior, Paradinas se presentó en la Catedral de Murcia, y les comunicó a los capitulares cartaginenses su intención de presentarles las bulas de colación episcopal de D. Mateo, y de requerirles en su nombre que le diesen pacíficamente la posesión del obispado.

De inmediato, y con carácter de urgencia, el cabildo se reunió, y sus venerables miembros concluyeron que no podían aceptar otorgar su obediencia al nuevo prelado porque éste la obtendría como obispo de Cartagena y Orihuela, y ello significaría admitir la dismembración del obispado cartaginense. Por ello, amparándose de alguna manera en la orden que les dio Fernando el Católico el 26 de octubre de 1510 de que impidiesen la ejecución de las bulas, le arrebataron por la fuerza los rescriptos a Paradinas, y se negaron a permitirle la realización de ningún acto. Y de esa manera tan expeditiva impidieron la provisión de las Iglesias unidas, que aún quedaron vacantes durante algún tiempo²⁹.

La rebelde actitud de los murcianos sentó fatal al otro lado de la frontera, y las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura decidieron incoar, asimismo, pleito en la Curia romana contra el cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia. Así, ambas partes contendientes se convirtieron en demandantes, y el asunto se embrolló aún más³⁰. También se ofuscó considerablemente D. Mateo Lang, quien se predispuso contra los murcianos.

Por su parte, el cabildo de Cartagena envió a Madrid -lugar donde se hallaba la corte real- a un procurador, para entregarle las bulas a Fernando el Católico y pedirle que les aclarase si habían o no de dar la posesión al cardenal de Santo Ángel. También acudió a dicha villa, por mandato del obispo, el provisor Paradinas, a fin de protestar por la violencia ejercida contra él y contra los derechos de su superior, y para asistir a la resolución del monarca.

Fernando escuchó las representaciones de ambos y, poniendo de manifiesto su habilidad para resolver situaciones comprometidas, decidió adoptar una solución de compromiso, rayana en los límites de la legalidad, pero que satisfizo a las dos partes.

Ordenó al provisor que, con el asesoramiento de los doctores del Consejo de Castilla, redactase un documento en el que afirmase que, para salvaguardar los derechos del cabildo de Cartagena en la lite que le enfrentaba con el capítulo y la ciudad de Orihuela, aceptaría tomar posesión únicamente del obispado cartaginense como si las bulas del 13 de mayo de 1510 no tuviesen vigor, por considerar que su ejecución debía hallarse suspendida cautelarmente hasta la resolución del pleito.

El instrumento quedó concluido los primeros días de 1514, gracias a la ayuda del secretario del Consejo, Cristóbal de Vitoria. Y el 4 de enero, Fernando el Católico remitió sendas cartas al cabildo de Cartagena y a las autoridades civiles de la ciudad de Murcia.

A los capitulares les ordenó que cuando Paradinas se personase ante ellos de nuevo ante ellos para tomar posesión del obispado en nombre de D. Mateo, y les entregase el documento concertado, tras efectuar las protestas convenientes para que la aceptación de tal acto no les causase ningún perjuicio en el pleito, le prestasen obediencia, y le dejasen ejercer su jurisdicción como a los anteriores provisores del obispado³¹.

Y complementando la orden anterior, al «Conçejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, offiçiales, omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Murçia» les ordenó que tomasen las medidas oportunas para que Paradinas pudiese tomar posesión del obispado de Cartagena, respetando las condiciones pactadas³².

Y cuatro días después, el 9 de enero, el monarca escribió otras dos cartas, una a Juan López de Paradinas, y otra al cardenal de Sorrento.

Con la primera de ellas, Fernando V trató de asegurarse de que el provisor cumpliese lo asentado días antes, pues le ordenó que no tomase posesión del obispado de Orihuela ni en la Colegiata del Salvador, ni en ninguna otra iglesia de las demás ciudades, villas o lugares del Reino de Valencia, «que son del dicho obispado de Cartagena». Asimismo, le mandó que ejerciese su jurisdicción desde la ciudad de Murcia como hasta la creación del obispado de Orihuela se había practicado³³.

En cambio, al referido cardenal le solicitó ayuda para lograr que León X revocase la creación del obispado, librando de esa forma de mayores gastos a las partes, y evitando la producción de nuevos incidentes entre oriolanos y murcianos. Del tenor de la carta hemos de rescatar una frase que muestra una de las claves del comportamiento del monarca: «yo en estos tiempos tengo de mirar e procurar que estos Reynos de Castilla no reçiban perjuizio en sus preheminençias, antes sean augmentados e conservados en ellas». De ella podría inferirse que una posible oposición a los intereses de Murcia podría enturbiar sus relaciones con las ciudades y las altas personalidades de Castilla, y desestabilizar algo su posición soberana en dicha nación³⁴.

Poco tiempo después del despacho de estos cuatro escritos, el provisor Paradinas se presentó por segunda vez en la Catedral de Murcia, y siguiendo las órdenes del rey, les comunicó a los capitulares cartaginenses que, en nombre del cardenal Mateo, quería tomar posesión del obispado de Cartagena, sin admitir lo establecido por las bulas de la creación del de Orihuela. Les entregó la prueba documental que confirmaba dicha intención, y les solicitó que, sin más demoras, le prestasen juramento de obediencia. Los capitulares respetaron, asimismo, el concierto asentado por mediación del monarca, y tras presentar ante el provisor los autos de protesta necesarios para que la toma de posesión no pudiese causarles ningún perjuicio en el pleito, juraron obediencia al nuevo obispo, y le manifestaron a Paradinas que, desde ese mismo momento, podía comenzar a ejercer la jurisdicción sobre la diócesis de la misma manera que lo habían hecho sus antecesores en el cargo.

1. Mateo acogió la noticia con satisfacción y tranquilidad desde su lejana ubicación. Tomó conciencia de que Fernando el Católico quería que las disposiciones de Julio II fuesen anuladas, y se conformó en obtener la posesión del obispado de Cartagena, a la espera de que la lite fuese sentenciada, y la situación se normalizara. Asimismo, su opinión hacia los murcianos varió por completo. Los síndicos de dicha ciudad y del cabildo cartaginense le relataron que los oriolanos habían conseguido la expedición de las bulas del 13 de mayo de 1510 informando subrepticiamente al sumo pontífice, y que eran muy perjudiciales para su Iglesia. Y una vez ganaron su voluntad, le convencieron para que suplicara a León X que le permitiese ocuparse personalmente de la resolución de la lite que seguía pendiente en la Curia romana.

El papa comprendió que siendo prelado de ambos obispados había de ser él quien se encargase de sustanciar y sentenciar el pleito, y por ello revocó sin nota de infamia al cardenal de San Grisógono de su comisión especial, y le encargó le resolución de la lite³⁵.

Sin embargo, cuando todo parecía estar bien encaminado para los intereses murcianos, dos acontecimientos trastocaron por completo la coyuntura, e impidieron que Mateo pudiese decidir el litigio en su favor.

La situación se les fue completamente por las manos, y trataron de conseguir extrajudicialmente y por la fuerza lo que en poco tiempo podrían haber logrado de modo legal, gracias a la intervención del cardenal de Santo Ángel.

Por una parte, movidas por la enemistad y el odio que sentían hacia los habitantes de Orihuela y de la Vega Baja del Segura, y con la única intención de causarles graves perjuicios y daños, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad de Murcia idearon un temible plan, y no dudaron en ponerlo en práctica. Mandaron cavar un «riacho», esto es, una especie de cauce alternativo para el río, y consiguieron desviar su curso e inundar los campos y las heredades de los vecinos de la parte más meridional del Reino de Valencia, causando algunas muertes y la ruina de la práctica totalidad de los cultivos³⁶.

Y por otra, y aún más grave, se produjo un enfrentamiento armado que pudo hacer peligrar la unidad de la Monarquía. Más de un millar de murcianos armados efectuaron varias incursiones por las tierras de la Gobernación, e intentaron invadir tanto la ciudad de Orihuela como su término, provocando que todo el reino de Valencia se levantara en armas contra ellos, y causando nuevos daños a sus maltrechos habitantes³⁷.

Ambos sucesos provocaron las iras oriolanas. Pero las autoridades de la población del Bajo Segura se mostraron más comedidas e inteligentes que las de la ciudad vecina y rival, y decidieron enfocar su reacción del modo más adecuado.

El 26 de febrero el Consell decidió crear una comisión abierta, formada por los caballeros más ilustres de la ciudad y su término, y por las personas que ejerciesen año tras año los oficios de justicia y jurados de dicha población, a los que se bautizó con la denominación de «Electos», con la intención de que se encargase de la gestión y dirección de todos los asuntos relacionados con el pleito del Obispado. Y para que pudiesen realizar de una manera más cómoda dicha tarea, les dio poder para que pudiesen disponer de dinero público en el caso de que lo considerasen oportuno.

Dichos Electos comenzaron su trabajo de una manera exitosa puesto que eligieron como síndico a Vicente Martí, y lo enviaron a la corte real con el fin de que informase a Su Majestad de las tropelías cometidas por los murcianos y de los ingentes perjuicios que les había causado su belicosa actitud.

El hábil procurador hizo comprender al monarca que los escándalos que tanto deseaba hacer desaparecer eran provocados por los murcianos, y que no era justo que los premiase con su apoyo en el pleito del Obispado³⁸. Y desde este preciso momento, Fernando el Católico cambió de opinión sobre el asunto y decidió auspiciar de nuevo el éxito de las tesis oriolanas.

La modificación de los planes reales desorientó al cardenal de Santo Ángel, que estaba convencido, gracias a las persistentes informaciones murcianas, de que lo más conveniente era la revocación de las bulas. Por ello, quiso conocer de primera mano cuál era la voluntad del monarca y envió a la corte con tal misión a Maximiliano Transilvano, su secretario.

Maximiliano llegó a Segovia -lugar donde se hallaba la citada corte- en junio de 1514, y tras conseguir acceder a la audiencia real, le comentó a Fernando el Católico las dudas que tenía su superior acerca de la resolución del pleito del Obispado y su postura favorable al mantenimiento de la situación anterior a 1510. Entonces, el monarca, alertado por la posibilidad de que el prelado pudiese contrariar sus designios, consideró que lo más útil era dirigirle una carta, aclarándole sus intenciones e instándole a proveer la cuestión según su regio albedrío.

Una vez la tuvo lista, por vía del secretario Calcena, del Consejo de Aragón, la remitió a Roma, junto con otras dos misivas dirigidas a su embajador, D. Jerónimo de Vic, y al doctor Loaysa.

En la carta que le escribió a D. Mateo le quiso dejar bien patente cómo debía proceder. Para ello, comenzó indicándole que, pese a que le había pedido con anterioridad que tratase de conseguir la revocación de la creación del obispado de Orihuela y de la unión de éste con el de Cartagena bajo su persona, había reconsiderado la cuestión, y había cambiado de opinión por completo. Y en este sentido, le comentó que había comprendido finalmente que fueron justas las causas que le movieron en 1509 a suplicar a Julio II dicha doble solución para los conflictos que cotidianamente enfrentaban a las poblaciones de Orihuela y Murcia; y que la ejecución de las bulas apostólicas había de tener plena validez.

Y tras estas consideraciones, le rogó «affectuosamente», y apelando al hecho de que gracias a su «contemplacion y amor», es decir, a su presentación, había sido nombrado obispo de las Iglesias de Cartagena y Orihuela, que «sin dar noticia alguna desta nuestra voluntad, sino como de vos mesmo faziendo officio de buen pastor y prelado que dessea la pacificacion de sus subditos», confirmase la creación del obispado de Orihuela y su unión episcopal al de Cartagena, tal cual había quedado establecido en las bulas del 13 de mayo de 1510.

Por lo que inferimos de las palabras del monarca, Fernando no deseaba que su apoyo a las tesis oriolanas fuese conocido por los castellanos. Después de los actos violentos perpetrados por los murcianos en los últimos meses, no quería verse obligado a resolver la cuestión en su favor, simplemente, por no resistirse a las presiones que sus regnícolas le pudiesen ejercer. Había decidido confirmar la creación del obispado de Orihuela, y creyó que la forma más sencilla de conseguirlo era ocultando sus verdaderas intenciones. Posiblemente, el hecho de hacerlas públicas habría significado un duro golpe para su situación en Castilla, y de esta forma pretendió evitarlo. De ahí que le rogase al cardenal que si le preguntaban sobre el porqué de su sentencia confirmatoria de las bulas, silenciase su intervención, y respondiese llanamente que así lo había decretado como buen prelado y pastor que deseaba la paz de sus fieles.

Volviendo al análisis de la carta, el monarca trató de asegurar su objetivo exponiéndole a D. Mateo que confiaba en que decidiese complacerle, y resolviese finalmente la cuestión según sus indicaciones. Y, finalmente, le advirtió que en el caso de que la proveyese de otra forma, lo que no creía que fuese a hacer, actuaría en deservicio de Dios y de su real persona, y contribuiría a fomentar «las questiones y differenzias passadas» entre ambas poblaciones, con la particularidad de que en la siguiente ocasión que se produjesen, éstas podrían causar inconvenientes y daños «que serian difficiles de remediar»³⁹.

A su embajador Vic y al doctor Loaysa también les informó de su cambio de opinión sobre el pleito del Obispado. Y como sabía que tenían una mayor afección hacia la causa oriolana, les confesó que si con anterioridad les había escrito en favor de Murcia, había sido «por la mucha importunidad» que le habían hecho los castellanos, es decir, por sus insistentes y múltiples presiones, recomendaciones e informaciones.

Y tras esta introducción, les comunicó que les enviaba una carta para el cardenal Mateo, les comentó su contenido, y les mandó que se la hiciesen llegar y le pidiesen de palabra que solucionase el litigio en favor de Orihuela. Les pidió la máxima discreción sobre el tema. Y como recelaba del hecho de que el prelado no aceptase sus recomendaciones y perseverase en su intención de favorecer las reclamaciones cartaginenses, y de que los aliados murcianos de la Curia romana presionasen al papa o al propio Mateo para que revocase las bulas de Julio II, les hizo a sus representantes la siguiente advertencia: «si sintiessedes que otra cosa se fiziesse, lo que no crehemos, trabaiareys por todas las vias que pudierades, assi con nuestro muy Sancto padre como con qualesquier otros juezes a quien por ventura esto fuesse remitido, que en todo caso la dicha erection se guarde, e contra ella ninguna cosa se innove segun dicho es, poniendo la diligencia e solicitud que acostumbrays en las cosas que nos tenemos mucha voluntad como es esta».

Y finalizó sus respectivas misivas recalcándoles que hiciesen «tan accepto servicio», «sin dar noticia desto a otros», «no obstante qualquiere cosa que, por importunidad o en otra qualquiere manera, en contrario desto vos aviamos scrito»⁴⁰.

Por tanto, Vic y Loaysa tenían que conseguir de cualquier forma o vía evitar la revocación de los aludidos rescriptos de Julio II, y conseguir, por contra, su confirmación. Una ardua tarea se les avecinaba…

Por otra parte, hemos de hacer notar que este plan es una buena muestra de la inteligencia y la habilidad diplomática de Fernando el Católico, que, en nuestra opinión, fueron los rasgos más destacados de su personalidad como gobernante.

Al recibir las cartas de Su Majestad, Vic y Loaysa fueron a visitar al cardenal de Santo Ángel, le entregaron la misiva real, y le manifestaron cuál era su renovada voluntad. El prelado les respondió con buenas y leales palabras, pero éstas no tuvieron nada que ver con sus acciones. Y lejos de procurar el bien de las reivindicaciones oriolanas, D. Mateo insistió en conseguir la revocación de las bulas del 13 de mayo de 1510.

No obstante, más éxito que él tuvo el cardenal Santiquatro⁴¹, quien con sus gestiones estuvo a punto de conseguir echar al traste los sibilinos designios reales.

Lorenzo Puci -que así se llamaba el cardenal- le comentó a León X que Fernando el Católico estaba de acuerdo con las suplicaciones interpuestas por los procuradores murcianos, y que quería que anulase la creación del obispado de Orihuela y su unión episcopal al de Cartagena.

Queriendo complacer al monarca, el papa le dio su visto bueno para que iniciase en la Curia los trámites acostumbrados a fin de lograr la expedición de las bulas derogatorias. Así, introdujo la petición murciana-real en la Signatura, para que fuese discutida y aprobada, de modo que de allí pasase al consistorio pontificio donde, ante la presencia del propio León X y de los cardenales, la revocación habría de recibir su ratificación definitiva, y tendrían que ser despachadas las órdenes encaminadas a la expedición de los rescriptos pertinentes.

No obstante, antes de que se debatiese la cuestión en la Signatura, los oriolanos le presentaron a León X unas cartas de Juana la Loca⁴² -quien, pese a que su padre llevaba las riendas del gobierno, era considerada en Castilla como la reina titular⁴³-, en las que «consentia la dicha Ereçion», y consiguieron aplazar sine die la vista de la cuestión, de manera que ésta solamente podría volverse a debatir en el caso de que el monarca enviara una nueva carta asegurando que su voluntad era que fuese expedida la citada bula revocatoria.

Inmediatamente, Santiquatro comunicó la situación a los procuradores murcianos desplazados a la Ciudad Eterna, y la noticia llegó a Castilla, donde los murcianos, de inmediato, buscaron el poderosísimo apoyo de sus compatriotas, y en Valladolid solicitaron al rey que remediase la situación y proveyese las medidas más oportunas para que el reclamado rescripto fuese finalmente despachado.

Fernando, pese a su oculta voluntad de favorecer la causa oriolana, para no irritar a los castellanos y evitar ver comprometida su situación, el 20 de agosto tuvo que escribir una nueva carta al cardenal Santiquatro, por supuesto, por vía del Consejo de Castilla y mano de su secretario Conchillos.

En ella, le explicó que Juana no había dado su consentimiento a la creación del obispado de Orihuela, y que si alguien le había presentado al papa alguna carta de la reina afirmando lo contrario, ésta era, sin duda, falsa. Le rogó que, aduciendo tal argumento, lograse el reinicio de los trámites conducentes a la aprobación de la revocación, de modo que las bulas fuesen expedidas cuanto antes. Y le señaló que ésa era su voluntad, porque «en mis tiempos no tengo de dar lugar que en perjuizio destos Reynos ni de sus preheminençias se haga semejantes inovaçiones», esto es, no quería -o mejor, no podía o no debía- tomar medida alguna que pudiese ir en detrimento de los intereses castellanos -aunque beneficiase los de su patria original-⁴⁴.

Quizá tuviese mucha confianza en la diligencia con que acostumbraba a negociar sus asuntos en la Santa Sede D. Jerónimo de Vic, o -lo que creemos algo más plausible- prefiriese sacrificar su proyecto y los intereses oriolanos con tal de no enturbiar sus relaciones con las poderosas fuerzas castellanas.

Sea como fuere, esta última carta del Rey Católico no tuvo ninguna incidencia en la resolución del pleito, quizá precisamente por la actuación de sus representantes en Roma. Lo cierto es que el despacho de las bulas revocatorias fue desechado temporalmente.

Volviendo un momento la atención hacia la diócesis oriolana, en septiembre de ese mismo año 1514 ocurrió un suceso que es digno de mencionar.

El pavorde y el capítulo del Salvador, para tratar de que no volviese a reproducirse el peligroso incidente acaecido en 1511 entre Luis de Soler y el inquisidor Cristóbal de Ávila, suplicaron a Fernando el Católico y al obispo de Tortosa, Adriano de Utrecht, «Inquisidor mayor de los Reinos de España», que les concediesen la merced de ordenar a los inquisidores de los obispados de Cartagena y Orihuela que sustanciasen y sentenciasen en esta última ciudad todos los asuntos tocantes al Santo Oficio, teniendo asignados en ella un lugar para las audiencias y una prisión en la que encarcelar a acusados y penados.

El monarca dio el visto bueno a la solicitud, y pidió al prelado tortosino que accediese, asimismo, a la citada súplica. Y obtemperando la decisión real, el mitrado instó al licenciado de los Ríos, inquisidor de los obispados referidos, a que tratase en el palacio episcopal de Orihuela todas las causas del Santo Oficio -tanto referentes a crímenes de herejía como a confiscaciones de bienes-, y que dispusiese como prisión de los calabozos de ese mismo edificio.

Y el 20 de septiembre de 1514, el aludido licenciado aceptó el mandato de su superior ante el vicario general Luis de Soler y el justicia y los jurados de la ciudad del Bajo Segura, de modo que quedaron fijados su tribunal y la cárcel en los lugares decretados por el Inquisidor general⁴⁵.

Retornando de nuevo a las negociaciones que estaban teniendo lugar en Roma, hay que hacer notar que ni los avanzados intentos del cardenal Santiquatro ni la pertinaz oposición de D. Mateo Lang fueron óbice para que los designios regios se cumpliesen. Probablemente, las diligentes gestiones del embajador Vic y del doctor Loaysa impidieron el triunfo de las tesis murcianas, a pesar de sus sólidas influencias y sus múltiples apoyos. Lo que no hemos podido llegar siquiera a atisbar es si tuvieron algo que ver con el hecho de que el 27 de junio de 1515, León X expidiese el breve confirmatorio de la creación del obispado de Orihuela y su unión episcopal al de Cartagena⁴⁶.

En dicho rescripto no hay ninguna mención a la influencia real, sino que la referida confirmación aparece como una decisión personal del propio pontífice. En nuestra opinión, su móvil fundamental pudo ser que León X se enterase del incidente armado protagonizado por los murcianos el año anterior, y decidiese evitar la posibilidad de que fuese asociado con el pleito del Obispado, o de que la lite pudiese ser utilizada como pretexto para la producción de nuevos enfrentamientos, o incluso para el inicio una confrontación civil-militar de mayores proporciones en el seno de la nueva Monarquía Hispánica.

Al parecer por el contenido del breve, el papa comprendió que el litigio no sólo estaba haciendo crecer los odios ya existentes entre los capítulos de las iglesias de Cartagena y Orihuela, sino que también estaba comprometiendo las relaciones entre los Reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, y el de Murcia, y supuso que, de persistir tal situación, las discordias culminarían en nuevos altercados.

Por ello, considerando que Julio II actuó acertadamente al asignar las tierras del obispado de Cartagena pertenecientes al Reino de Valencia como diócesis de la nueva mitra de Orihuela, para evitar los frecuentes escándalos que se producían entre los fieles de dicho territorio y las autoridades eclesiásticas del obispado cartaginense, fundamentalmente por motivos jurisdiccionales, por propia voluntad, en atención a las obligaciones de su oficio pastoral, y sin tener en cuenta ninguna solicitud⁴⁷, decidió reservarse la lite, anular el contencioso, imponer perpetuo silencio sobre la cuestión al obispo Mateo y al cabildo de Cartagena, y confirmar la creación del obispado de Orihuela y su unión al de Cartagena bajo la persona del citado prelado. Además, ratificó la concesión de «Las Pilas» a la fábrica de la Catedral del Salvador. Y, por último, mandó a los arzobispos de Zaragoza y de Valencia, y al obispo de Tortosa -el ya aludido Inquisidor general Adriano- que, en nombre de la Santa Sede Apostólica, impidiesen al obispo Mateo -y a los que le sucediesen al frente de los dos obispados unidos-, al cabildo de Cartagena y a cualesquiera otros rebeldes, que actuasen en contra de su disposición pontificia, y que embarazasen al capítulo del Salvador la posesión de sus derechos episcopales. Y para que dicha orden tuviese mayor severidad, advirtió a los que osasen infringir su voluntad que caerían sobre ellos censuras eclesiásticas y penas pecuniarias, contra las cuales no se les permitiría apelar, y que si fuese necesario, los ejecutores supraescritos tendrían facultad de acudir al auxilio del brazo secular para contrarrestar su obstinación.

Por otra parte, ese mismo día 27 de junio de 1515, León X expidió otro breve ordenando a los mencionados arzobispos de Zaragoza y de Valencia que confirmase a Luis de Soler en su cargo de vicario general del obispado de Orihuela, y que su nombramiento tuviese vigencia, al menos, hasta que D. Mateo Lang -por sí mismo o por medio de sus procuradores legítimos- tomase posesión de la confirmada Iglesia oriolana⁴⁸.

4. La toma de posesión del obispado de Orihuela.

Tras la consecución del breve confirmatorio, el capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela informaron al cardenal de Santo Ángel que querían que tomase posesión del obispado tal como había hecho con el de Cartagena. D. Mateo dio largas a la cuestión durante algunos meses. Y estando aún vacante la sede oriolana comenzó el año 1516. Y no lo pudo hacer peor. El 23 de enero falleció Fernando el Católico, tras nueve años de gobierno solitario que fueron, si acaso, más favorables a la causa de la unificación española que los de gobierno conjunto con Isabel⁴⁹. La Monarquía Hispánica pasó entonces a manos de su nieto, el joven Carlos I, gobernador de los Países Bajos, en los que residía.

La ausencia del nuevo rey dio pábulo a la reaparición de los instintos anárquicos de la nobleza y las ciudades, pero el regente Ximénez de Cisneros reprimió el desorden y mantuvo intacta la herencia de los Reyes Católicos hasta la llegada a España del monarca Habsburgo⁵⁰.

La noticia de la muerte de Fernando de Aragón fue recibida con gran consternación por los oriolanos, quienes observaron el más riguroso luto durante quince días⁵¹. Si ya de por sí, el fallecimiento real les causó un enorme desconsuelo, desde el punto de vista de sus intereses episcopales, éste no pudo llegar en momento más inoportuno.

Como ya avanzamos, tras lograr la confirmación de las bulas de Julio II, durante la segunda mitad de 1515 las autoridades oriolanas no pudieron conseguir que D. Mateo -quien desde principios del año anterior se había mostrado claramente favorable a las aspiraciones murcianas- aceptase tomar posesión del obispado de Orihuela. Sin embargo, en nuestra opinión, requiriéndole su intercesión a Fernando V no habrían tardado en lograrlo. Así, su muerte, amén de causarles un insoslayable desconsuelo, les produjo cierta inquietud puesto que la actitud que adoptaría el joven príncipe flamenco ante la cuestión era toda una incógnita, y con los datos que se tenían de él, nadie podía aventurarse siquiera a conjeturar si querría respetar «lo que un tan justo y tan excellente principe y governador como el Rey Catholico hizo y procuro en esta materia, como muy experimentado e informado, y zeloso del bien y paz de todos los reynos y del tranquillo y pacifico reynado»⁵², y mantener su apoyo a las tesis oriolanas, o si las presiones castellanas podrían ganar su voluntad y conseguir que el tema de la dismembración del obispado cartaginense fuese revisado.

En Murcia, la muerte del monarca también fue muy sentida. De la misma forma que en Orihuela, se organizaron manifestaciones públicas de duelo y fueron rezadas plegarias sin fin por el bien y la salvación de su alma. Sin embargo, dejando aparte las muestras de piedad y protocolo, la defunción de Fernando el Católico no resultó tan trágica para los murcianos como para sus vecinos y rivales. Desde su óptica particular, el viejo rey aragonés, cuando menos, había permitido la confirmación pontificia del obispado de Orihuela. Y su desaparición les proporcionaba una nueva oportunidad para volver a apelar contra tal disposición ante la Santa Sede, con un mínimo de posibilidades de éxito. Así, no les faltó tiempo para recabar múltiples apoyos entre las solidarias filas castellanas, y, con todos ellos, consiguieron introducir de nuevo en la Curia romana el pleito del Obispado⁵³.

Ante la avalancha de testimonios que señalaban los perjuicios que había causado a la Iglesia de Cartagena al confirmar las bulas de Julio II, León X dudó de la conveniencia de la medida, y reabrió el proceso comisionando una nueva investigación a un miembro de su consistorio que destacaba por sus simpatías hacia los castellanos: Lorenzo Puci, el cardenal de los Cuatro Santos Coronados⁵⁴.

La diputación de Santiquatro fue acogida en Murcia como el esperanzado preludio de un triunfo. Y en Orihuela, en cambio, como una verdadera amenaza contra sus logros. Y precisamente, a partir de este mismo momento, se invirtió la coyuntura, y la fortuna de las reivindicaciones oriolanas cayó en un bache que se haría cada vez más profundo, hasta tocar fondo en la década de los ’50, durante el episcopado de D. Esteban de Almeyda, y no tendría un nuevo punto de inflexión hasta el ascenso al trono de Felipe II.

De cualquier forma, los oriolanos no dejaron de luchar nunca contra lo que consideraban los designios de la Providencia. Enviaron a la Ciudad Eterna a Francisco Carbonell y a Juan Monto para que representasen sus intereses en la reanudación de la lite. Y a mediados de 1516 adoptaron una severa medida para tratar de forzar al obispo Mateo a tomar posesión del obispado de Orihuela, de forma que quedase consolidada su entidad episcopal.

Los Electos, viendo que el prelado hacía oídos sordos a sus suplicaciones, y que no quería jurar la observancia de las constituciones sinodales del obispado, ni enviar a un provisor que administrase justicia por toda la diócesis, tuvieron en consideración diferentes disposiciones pontificias que señalaban la pena de excomunión para los obispos que percibiesen los frutos de su obispalía sin haber tomado posesión de su prelatura, así como para los «subdits y sufraganeos» que le entregasen tales rentas, y «per salvetat de la justicia de la present ciutat e diocesis, y encara per no encorer en sentencia de excomonicatio», el 6 de julio de 1516 decidieron proceder al secuestro de los frutos episcopales diocesanos correspondientes a dicho año⁵⁵, y los días 16 y 19 de ese mismo mes ordenaron a Pedro Morrelles y a Juan de Santángel, familiares de los arrendadores Bartolomé Morrelles y Jaime de Santángel, que los tuviesen en depósito hasta que se los volviesen a pedir, otorgando «bones hi suficients fermances» de que cumplirían tal labor fiel y honradamente⁵⁶.

La confiscación de sus emolumentos no sentó nada bien al cardenal de Santo Ángel, quien encargó a su procurador Maximiliano Transilvano que le diese plena relación de la actitud de los oriolanos a Juana la Loca, para que la reina les ordenase que los desembargasen y se los entregasen.

Juana atendió las reclamaciones del secretario del obispo y ordenó al Consell de la ciudad del Bajo Segura que pusiese las disputadas rentas a disposición del mayordomo del prelado, Gerónimo de Flisco. Sin embargo, ante la presentación del mandato, el 26 de octubre los ediles, que eran conscientes de que si le entregaban las rentas perderían cualquier posibilidad de que Mateo tomase posesión del obispado, se negaron a alzar el secuestro de los frutos, alegando que el mitrado no había accedido a sus justas suplicaciones, y que no querían caer en la pena de excomunión señalada contra los infractores de los decretos apostólicos⁵⁷.

Esperando que el cardenal cambiase de opinión, los munícipes no tocaron una sola libra de las rentas episcopales de 1516. No obstante, a principios del año siguiente se decidieron por fin a echar mano de ellas sin la autorización de su legítimo poseedor, aunque con fines no ajenos, en teoría, a sus intereses. El 27 de enero de dicho año, observando que la residencia episcopal estaba «molt mal parada» y amenazaba ruina, optaron por pedir a Morrelles y a Santángel 20 libras para efectuar en ella las obras y reparaciones necesarias⁵⁸.

Por otra parte, las autoridades de la ciudad enviaron a la corte real -que estaba encabezada por el regente Cisneros- a Pedro Palomares para negociar con Maximiliano la posibilidad de que tomase posesión del obispado de Orihuela, en nombre de D. Mateo. El síndico oriolano y el secretario episcopal comenzaron a dialogar, y durante la primera mitad del mes de marzo asentaron las bases de un acuerdo futuro. Transilvano le expuso a Palomares que para comenzar a estudiar los capítulos de la concordia, había de conseguir de sus representados un documento en el que se comprometiesen a entregarle las rentas confiscadas cuando se produjesen los actos de la posesión. Por ello, Palomares escribió una carta a los Electos para explicarles la condición inicial de Maximiliano. Éstos la recibieron el 19 del citado mes de marzo, y con agrado comprobaron que las vías para la negociación estaban abiertas. Y aunque hubo diversidad de pareceres, le remitieron las garantías demandadas por el secretario episcopal⁵⁹.

Asimismo, ante la nueva incoación de la causa en la Curia romana, decidieron tomar algunas medidas defensivas. En primer lugar, establecieron un primer contacto con Carlos I, enviándole una carta no muy apropiada que, según nuestro parecer, tenía cierto aire arrogante.

En ella, le hicieron un breve resumen de los hitos principales que condujeron a la creación del obispado por Julio II, incluyendo en la relación las justas causas que lo movieron a conceder tal gracia. Le informaron de los intentos murcianos por conseguir su revocación, y le advirtieron que en el caso de que León X la decretase, se recrudecerían las discordias y arreciarían los escándalos, puesto que los vecinos de Orihuela no consentirían volver a la sumisión del cabildo de Cartagena pues, perteneciendo al Reino de Valencia y a la Corona de Aragón, no había razón para que estuviesen sujetos a la autoridad de Murcia y Castilla. Y pensando que podría tener una predisposición inicial a apoyar al más fuerte, le recordaron que era «Rey y senyor axi de aquesta ciutat com de la ciutat de Murcia». También le refirieron que los logros obtenidos les habían costado grandísimos esfuerzos tanto humanos como económicos, y abundando en este último aspecto, le señalaron que los gastos relacionados con el pleito rondaban los 5.000 ducados. Y por todo ello, le pidieron que escribiese al papa suplicándole que sentenciase el pleito con la mayor brevedad, y atendiendo únicamente a los criterios de la justicia y la equidad. Y que se dirigiese también a su embajador en Roma, D. Pedro de Urrea -obispo de Zaragoza y de Sicilia- para que le importunase al pontífice solicitándole la rápida expedición del negocio.

En la misma línea, el citado 19 de marzo de 1517, el justicia y los jurados de la ciudad del Bajo Segura, reproduciendo las tácticas de sus adversarios, si bien a mucha menor escala, escribieron al abogado que trabajaba para ellos en Valencia, el doctor Rodrigo, pidiéndole que convenciese a los jurados de dicha población de que rogasen por escrito al nuevo rey que suplicase al sumo pontífice que resolviese con prontitud el pleito de un modo imparcial⁶⁰.

Además, el Consell decidió comisionar a Perot Pérez Terol para que se encargase de la gestión de la correspondencia relacionada con el pleito del Obispado que llegase a la ciudad de Roma, de la corte o de Flandes, a fin de agilizar la adopción de las medidas que fuesen consideradas más convenientes para lograr el éxito del negocio. Perot Pérez fue el elegido porque conocía a la perfección todos los detalles del litigio, e incluso -recordemos- había estado en Roma cuando se expidieron las bulas de Julio II.

Y, por último, el mismo día 19 de marzo, el máximo organismo municipal le rogó al vicario Luis de Soler que mandase arrendar las rentas episcopales correspondientes a 1517 en Alicante, Caudete y Ayora, a habitantes de esas tres poblaciones, y que a éstos les ordenase que no se las entregasen al obispo hasta que tomase posesión del obispado⁶¹.

La labor de inteligencia de Perot Pérez comenzó pronto a dar sus frutos. A finales de abril, descubrió los planes del cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia, y el primero de mayo se los comunicó a los Electos. Les contó que los adversarios habían cometido al regidor Vázquez una larga y decisiva misión: ir a Flandes a conseguir el apoyo de Carlos I, y desplazarse después a Roma para lograr con la intercesión real la revocación de la creación del obispado de Orihuela. Les advirtió que los propósitos murcianos eran firmes, pues Vázquez contaba con medios y recursos más que suficientes para lograr sus objetivos ya que, junto a las acostumbradas recomendaciones de ciudades y personalidades castellanas, le habían proporcionado una línea de crédito de hasta 3.000 ducados; una cantidad realmente espectacular, que hacía evidente que querían lograr la revocación a toda costa y a cualquier precio. Y, por último, les recomendó, si es que no era ya tarde, que hiciesen lo mismo: que escogiesen con cuidado pero urgentemente a una persona apta para ganarse la voluntad de Carlos I, y que tuviese una especial habilidad para negociar en un mundillo tan difícil y enrevesado como era la Curia romana, le entregasen una buena cantidad de dinero, y lo enviasen a los Países Bajos.

Los Electos agradecieron a Pérez la información y decidieron seguir sus consejos. Entonces, el comisionado especial les sugirió el nombre de la persona que consideraba más adecuada para tal misión: Luis Togores⁶².

Dos días después, los Electos se decantaron por aprovechar la insinuación, y le ofrecieron al caballero recomendado la embajada. Togores se mostró complaciente con los comisionados, y les mostró de inmediato su plena disposición para partir hacia Flandes cuando le proveyesen de la documentación y el dinero necesarios⁶³.

Durante los días siguientes, los Electos se encargaron de solicitar cartas de recomendación a los personajes afectos a la causa oriolana. Además, negociaron con D. Alfonso Sánchez, tesorero del Reino de Valencia, la apertura de una línea de crédito para Togores de hasta 500 ducados, una sexta parte de la concedida por los murcianos a Vázquez.

Además, sin olvidarse del resto de las circunstancias que rodeaban a la cuestión del obispado, el 10 de mayo nombraron a Baltasar Masquefa secuestrador de las rentas episcopales de 1517, y le dieron las mismas órdenes que a sus antecesores en el cargo Morrelles y Santángel⁶⁴.

Por fin, una semana después, el 17 de mayo llegaron a Orihuela las últimas cartas de apoyo, las del duque de Alba y la reina Juana, y con ellas y un buen número de instrucciones y misivas partió Luis Togores en dirección a Valencia, donde habría de recoger la escritura del crédito de manos del mencionado tesorero del reino, antes de seguir para Flandes⁶⁵.

Desconocemos por completo los detalles del viaje y la embajada de Togores en la corte flamenca de Carlos I. Lo único que sí sabemos a ciencia cierta es que poco después de que el rey escribiese a Roma en favor de Murcia convencido por los alegatos y las influencias del procurador Vázquez, el síndico oriolano consiguió con sus argumentaciones que cambiase de parecer, y que, en lugar de auspiciar los intereses de «la parte perjudicada», rectificase y optase por remitir nuevas misivas al papa y a sus embajadores solicitando que el pleito del obispado fuese resuelto de modo imparcial y con la mayor brevedad.

Dichas cartas fueron remitidas desde Mediumburch a la capital del Orbe Católico el 4 de agosto, y es probable que su portador fuese el propio Luis Togores.

Al romano pontífice le expuso el joven monarca que deseaba que hubiese paz entre sus súbditos de Murcia y Orihuela, le suplicó «humilmente» que mandase «hazer expedita justicia lo mas brevemente que ser pudiere», y le rogó que atendiese a las razones que de su parte le explicarían sus embajadores⁶⁶.

Y a D. Pedro de Urrea y D. Jerónimo de Vic les informó sobre el contenido de la misiva remitida al papa, les ordenó que se la entregaran, y que le suplicasen de su parte «tantas vezes quantas fuere necessario» que resolviese la lite imparcialmente, «sin azer parte a ninguna de las dichas ciudades», pues ésa era su «perpetua y ultima voluntad», «no obstante qualquier carta o cartas que por nos hayan sido hechas açerca del dicho negocio o de aqui adelante se hizieren»⁶⁷.

Por el tenor de la carta, la intención de Carlos I de que se solucionase el pleito con equidad parecía evidente. No obstante, D. Pedro de Urrea no lo consideró así, y antes de tomar medida alguna o de entregarle el escrito al pontífice, quiso consultar de nuevo al monarca. Quizá las dudas se las infundieran unas cuantas «buenas razones» murcianas. Sea como fuere, el asunto quedó paralizado hasta nueva orden. Y Togores emprendió el camino de vuelta a Orihuela algo decepcionado por el hecho de que sus trabajos no hubiesen conllevado finalmente ningún beneficio⁶⁸.

Por otra parte, tras su estancia en la corte del regente Cisneros, Maximiliano Transilvano y Pedro Palomares volvieron a las tierras del sudeste peninsular. El secretario del obispo estuvo en Murcia, y posteriormente se desplazó a Orihuela, a fin de seguir negociando a espaldas de la Iglesia cartaginense la próxima toma de posesión del obispado oriolano. El capítulo del Salvador y la ciudad del Bajo Segura confiaron a Palomares la misión de dialogar con Maximiliano, y le proporcionaron una ayuda adicional en los consejos de Vicente Martí y del doctor Rodrigo.

La diligencia y el interés que pusieron ambas partes propiciaron que a mediados del mes de agosto quedaran ya pocos flecos que atar para llegar a un acuerdo definitivo⁶⁹. Durante el mes de septiembre continuaron las conversaciones, y justo cuando estaban a punto de concluir, el día 18 de dicho mes desembarcó Carlos I en la localidad asturiana de Villaviciosa⁷⁰. Unos días después, el concierto fue total, y la concordia adoptó su forma definitiva. Resultó particularmente satisfactoria para las autoridades civiles oriolanas pues, según expresaban con sus propias palabras, se hizo «sin ningun prejuhizio de nuestras libertades, gracias y prerrogativas, e de la Sede Apostolica»⁷¹.

El 21 de septiembre, el Consell tuvo que reunirse de modo urgente para debatir las medidas que habían de ser adoptadas para hacer frente a las demostraciones bélicas que los de Murcia estaban haciendo «a causa de la sglesia catedral», esto es, con la excusa del pleito del Obispado. Los ediles decidieron encomendar a Rodrigo de Loazes la compra en Valencia de diferentes armas: «piques, cosalets, petos, spingardes, lanses, cuyrases e altres»⁷².

Ese mismo día, los Electos recibieron una letra de cambio de 52 ducados firmada por el tesorero Sánchez, y correspondiente a una cantidad similar de dinero que tomó prestada Luis Togores en los Países Bajos. Y como las arcas municipales estaban vacías, decidieron pedir dicha cantidad a los secuestradores de las rentas episcopales de 1516, Pedro Morrelles y Juan de Santángel⁷³.

Cinco días después, también echaron mano a dicho fondo los ediles para hacer frente al pago de las armas valencianas (14 ducados), que habían de servir para proteger la ciudad de posibles ataques murcianos motivados por la cuestión del Obispado⁷⁴.

A principios de octubre, Palomares mostró la concordia definitiva a los Electos, y éstos decidieron que estaba lista para ser firmada⁷⁵. Por ello, con la anuencia de dicha comisión, el 4 de octubre Pedro Palomares compareció ante el Consell de la ciudad, leyó el concierto «de verbo ad verbum», y solicitó su aprobación. Y el justicia, los jurados y los consellers firmaron el documento⁷⁶. El día siguiente, Palomares se dirigió a la Catedral del Salvador, presentó el acuerdo al capítulo, y sus miembros decidieron, asimismo, rubricarlo⁷⁷.

Tras la firma del convenio, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura se lo remitieron a Maximiliano Transilvano, y le pidieron que accediese a tomar posesión del obispado.

El documento estaba articulado en cinco partes diferentes⁷⁸.

En primer lugar, el secretario episcopal aclaraba que su superior no había querido tomar posesión del obispado con anterioridad «por no inovar cosa alguna durante el dicho pleyto [del Obispado]». Y exponía que, siendo consciente de los «muchos inconvenientes asy en lo spiritual como en el temporal» que se habían derivado de la incoación del litigio y de su decisión, se había determinado, por fin, «como padre y pastor de las dichas dos iglesias [de Orihuela y Cartagena]», a hacer tomar la posesión de la mitra oriolana a sus procuradores en su nombre, con la particularidad de que dicho acto únicamente tendría validez en el caso de que no causase ningun daño o perjuicio a la iglesia de Cartagena o a la citada lite.

Ésta era la visión particular de la cuestión que quería el procurador del obispo que quedase escrita en el convenio, y que se hiciese pública. No obstante, como ya conocemos, no se ajustaba de un modo fiel a la realidad. Si echamos un poco la vista atrás, recordaremos que de una forma un tanto irregular, y recomendada por Fernando el Católico, D. Mateo interpretó que no innovaba nada en el pleito del Obispado si permitía a su provisor Paradinas tomar posesión de la Iglesia de Cartagena sin tener en cuenta las bulas de Julio II. En nuestra opinión, dicho acto perjudicó los derechos oriolanos puesto que, habiendo sido debidamente ejecutados dichos rescriptos, la única forma de no innovar nada en el pleito introducido en la Curia romana por los murcianos era que el prelado hubiese tomado la posesión tal cual le ordenaban sus bulas de provisión, esto es, como obispo de Cartagena y Orihuela. Además, desde este momento D. Mateo se convirtió en defensor de los intereses murcianos, a los que asimiló los suyos y, pese a las indicaciones posteriores de Fernando V, trató de impedir la confirmación de las citadas bulas del 13 de mayo de 1510. Por tanto, poco le debían importar los incovenientes temporales y espirituales causados a la Iglesia oriolana.

Entonces, ¿por qué, después de haberse opuesto de forma tan pertinaz al reconocimiento del obispado de Orihuela, se decidió finalmente a permitir la toma de posesión? La respuesta es sencilla: porque, tras la confirmación decretada por León X, ésa era la manera más fácil de poder acceder a las rentas de su mensa episcopal, que llevaban secuestradas casi dos años. ¿Y por qué puso Maximiliano Transilvano tanto interés, durante tantos meses, en que se llegase a un acuerdo con el capítulo del Salvador y las autoridades municipales de la ciudad del Bajo Segura? Porque, como veremos más adelante, sus esfuerzos y su predisposición tuvieron una espléndida remuneración por parte de los oriolanos.

La segunda parte del instrumento concordatario demuestra que el factor económico constituía la principal preocupación del cardenal de Santo Ángel, por encima del cacareado bien de sus fieles.

Previendo Maximiliano que la toma de posesión podría suponerle a su superior indeseados inconvenientes, trató de asegurarle el cobro de la totalidad de sus rentas imponiendo una curiosa y hábil condición. Dejó bien claro que en el caso de que el cabildo de Cartagena o la ciudad de Murcia confiscasen las rentas episcopales de la citada población y su término, «sub pena de scomunion mayor», el mercader Jaime de Santángel, en nombre del capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela, habría de entregar «llanamente, sin pleyto alguno» a los procuradores del obispo la misma cantidad de frutos que le fueran secuestrados por los castellanos, o el precio por el que estuviesen arrendados, durante los tres años siguientes a la toma de posesión. A cambio, Maximiliano se comprometió a procurar en nombre del obispo, «assi por cartas y mandamientos del Rey nuestro senyor, como por censuras ecclesiasticas», que los murcianos alzaran el secuestro y procedieran a la restitución de dichos emolumentos, y, consecuentemente, prometió devolver a la ciudad de Orihuela las rentas que le hubiesen adelantado para evitar los daños de la confiscación.

En cuanto a las rentas episcopales de 1516, secuestradas por orden del capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela, ambas instituciones se obligaban a entregárselas al cardenal siguiendo unas particulares pautas. En primer lugar, D. Mateo habría de poner en manos de D. Pedro de Rocamora las bulas de provisión de los obispados de Cartagena y Orihuela, y un mandato dirigido al citado Rocamora, Jaime Desprats, Juan Palomares y otros caballeros de la ciudad, para que se realizase el acto de posesión de la iglesia de Orihuela. Entonces sí, el capítulo y la corporación municipal habrían de proceder a la restitución de las rentas episcopales (en especie o en metálico) de la siguiente manera. En primer lugar, harían frente al pago de unas letras de cambio hechas en Roma, valoradas en 450 ducados que el cardenal Mateo tomó en dicha ciudad. Y después, habrían de entregar a sus procuradores el resto de los frutos.

En tercer lugar, la capitulación también establecía cómo y cuándo había de realizarse la toma de posesión. Ésta no tendría de producirse «asta passado el mes de noviembre primero veniente, o asta que el Rey don Carlos, nuestro senyor, fuera venido en Espanya». En este último caso, los oriolanos necesitaban obtener una carta del monarca en la que manifestase haber llegado a sus reinos peninsulares, y la toma de posesión tendría lugar diez días después de que fuese mostrado dicho escrito a Maximiliano Transilvano, si éste estaba dentro de la diócesis de Cartagena, y si no estaba dentro de este obispado, habrían de mostrar la referida misiva en la corte real, y tres días después tendría lugar el acto de la posesión.

La concordia también especificaba una solución más sencilla. En el caso de que la noticia de la llegada del rey a España fuese tan notoria que no necesitase confirmación, les bastaría a las autoridades oriolanas con notificársela directamente al secretario del obispo para que diez días después tuviesen lugar los actos de la toma de posesión en la citada iglesia del Salvador.

Y todas estas condiciones las habían de cumplir los oriolanos so pena de excomunión y 1.000 ducados para las arcas episcopales; sanciones que le serían también aplicadas a D. Pedro de Rocamora en el caso de que entregara antes de tiempo las bulas o el mandato episcopal de la toma de posesión.

En cuarto lugar, la concordia recogía un capítulo lógico, favorable a la parte oriolana. Tras ceñir la mitra de su nueva Iglesia, el obispo tenía que designar a un vicario general que ejerciese la jurisdicción en los territorios de la diócesis. Dicho oficial cobraría 60 libras anuales en tres pagas, hasta que Mateo dejase de ser obispo de Cartagena y Orihuela -por promoción o por cualquier otra causa-, y 50 libras, también en tres pagas, desde la provisión del siguiente prelado. Por supuesto, el salario del vicario general habría de correr a cuenta del capítulo del Salvador y las autoridades municipales de la ciudad del Bajo Segura.

Por último, el concierto también ofrecía una vía de solución extrajudicial al pleito del Obispado. Ésta se fundamentaba en la realización por ambas partes de algunas concesiones.

Por una parte, la ciudad de Murcia y el cabildo de Cartagena habrían de reconocer la legitimidad de la creación del obispado de Orihuela y aceptar su existencia, antes de que se cumpliesen los tres meses siguentes a la toma de posesión de éste por los representantes del obispo. Y además, en consecuencia, tendrían que retirar de la Curia romana sus demandas.

Y por otra, el capítulo del Salvador y las autoridades municipales oriolanas tendrían que consentir dos contrapartidas. Ex una, habrían de restituir a la fábrica de la Catedral de Murcia la percepción de las Pilas, junto con la mitad de los frutos que hubiesen cobrado por tal concepto desde su asignación por Julio II, en virtud de la bula expedida el 6 de febrero de 1511. Tendrían que anular dicho rescripto. Y después habrían de jurar que jamás volverían a aspirar a la concesión de tales rentas, de modo que si lo hiciesen, incurrirían en una pena de 1.000 ducados que serían para la referida fábrica cartaginense.

Y ex alia, en un plazo de seis meses que comenzarían a contabilizarse el día en que los murcianos aprobasen el acuerdo, el capítulo y la ciudad de Orihuela tendrían que impetrar una bula apostólica, a suplicación de ambas instituciones y de Carlos I, en la que otorgasen un «special privilegio a la yglesia de Cartajena que en ningun tiempo la dicha yglesia de Oriuela pueda ser apartada y segregada de la dicha yglesia de Cartajena», y en la que se advirtiese que si en alguna ocasión intentaran conseguir la separación o «la revocacion o anichilacion de la dicha bulla o indulto», serían excomulgados y habrían de pagar 1.000 ducados, que se repartirían equitativamente la Cámara Apostólica y la fábrica de Cartagena.

La concordia también establecía que, puesto que con la erección catedralicia de la iglesia de Orihuela, la de Cartagena había sufrido «algun perjudicio», todos los edictos, provisiones, mandatos e instrumentos que despachasen en la diócesis de Cartagena los obispos, provisores u otros oficiales epicopales habrían de tener la «intitulacion de la yglesia de Cartajena solamente, y que no se aya alguna mencion de la yglesia de Oriuela». Y que, al contrario, los documentos emanados de los obispos, vicarios y otros oficiales en la diócesis de Orihuela «se ayan de haçer con intitulacion de las dos yglesias de Cartajena y Oriuela, y esto porque se guarde la honra devida a la yglesia de Cartajena, como antigua madre de la yglesia de Oriuela».

Y la capitulación concluía recogiendo la posibilidad de que el cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia se negasen a aceptarla. En tal caso, los términos de la concordia estipulaban que los oriolanos quedarían «libres y absueltos» de todas las condiciones favorables a las dos citadas instituciones murcianas, permaneciendo, eso sí, en vigor, el resto de cláusulas referentes a la dignidad episcopal.

Maximiliano Transilvano recibió la concordia firmada por las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela, y la rubricó. Así quedó sellado el pacto, y a la espera de su puesta en vigor.

A la hora de proceder a la toma de posesión, los oriolanos escogieron la vía más sencilla, aunque resultó completamente errónea. Esperaron un tiempo prudencial para que la presencia de Carlos I en España fuese un hecho absolutamente confirmado y nadie pudiese albergar ninguna duda sobre su veracidad y, sin consultarle previamente, el 12 de noviembre le pidieron al secretario episcopal que pasados diez días tomase posesión del obispado en nombre de D. Mateo.

Para no levantar sospechas y evitar que los murcianos tuviesen noticia de los actos que iban a tener lugar en la ciudad del Bajo Segura los próximos días y tratasen de impedirlos, Maximiliano decidió que fuese el napolitano Jerónimo de Carasso quien tomase posesión de la Iglesia oriolana, y lo nombró procurador sustituto del cardenal de Santo Ángel⁷⁹.

Cinco días después -el 17-, los Electos mantuvieron una reunión de especial importancia. En ella, decidieron enviar a Pedro Palomares a la corte, para comparecer ante Carlos I, darle la bienvenida, informarle de los últimos acontecimientos, y solicitarle la confirmación de la concordia y que se decidiese a apoyar las reivindicaciones oriolanas. Y para sufragar los gastos de la embajada solicitaron a los secuestradores de las rentas episcopales del año anterior, Morrelles y Santángel, que les adelantasen 96 libras. Además, les pidieron otras 230 libras para hacer frente a dos cruciales pagos que con anterioridad habían pactado en secreto. Y se las entregaron a Maximiliano Transilvano (200) y a Jerónimo de Carasso (30), como compensación por la toma de posesión. Y finalmente hicieron balance de la cantidad total que habían extraído del fondo de las rentas episcopales embargadas, y el recuento final ascendió a 650 libras⁸⁰.

Y, por fin, el 23 de noviembre tuvo lugar el acto más esperado desde 1512, la toma de posesión del obispado de Orihuela.

Jerónimo de Carasso se dirigió a la Catedral del Salvador, entró en la sala capitular, y ante el sacristán Luis de Soler, el chantre Jaime de Soler, los canónigos Pedro Argensola, Pedro Martínez, Juan Martínez, Miguel Monto, Juan Mata, Juan Martínez, Juan Cristóbal, Jaime Gómez y Miguel Ruiz, y todos los demás beneficiados de dicha iglesia, y algunos testigos, mostró la procura de Maximiliano Transilvano⁸¹, y su auto de sustitución. Y una vez fue reconocido como representante del cardenal de Santo Ángel, presentó sus bulas de provisión y ordenó al notario Alfonso Cristòfol que procediese a su lectura. Tras su publicación, tomó la palabra y requirió a los capitulares y demás asistentes al acto que le diesen la posesión de dicha iglesia y del obispado de Orihuela, con todos sus honores, derechos, cargas y rentas. Y éstos, obedeciendo las letras apostólicas, accedieron al requerimiento del procurador episcopal. Y a continuación, entonando diferentes cánticos, procedieron a realizar las solemnidades acostumbradas en eventos de tan grande categoría. Llevaron a Carasso hasta el solio episcopal y le hicieron sentarse en él. Después, lo condujeron de nuevo a la sala capitular donde le mostraron el lugar que debía ocupar. Y finalmente le dieron posesión de la Audiencia Episcopal. Y tras recibir el reconocimiento como obispo, Carasso juró respetar y observar todos los privilegios, las costumbres y las ordenaciones pontificias, sinodales o capitulares propias de la Iglesia y el obispado de Orihuela, y todas las mercedes, gracias y preeminencias que gozaban todas las catedrales en los reinos de España. Y Alfonso Cristòfol cerró el acto, dando fe de que todo había sido realizado de manera legítima⁸².

Ese mismo día, en medio de una inmensa alegría, las autoridades civiles de la ciudad aún tuvieron tiempo para terminar de preparar la embajada de Pedro Palomares a Carlos I. Le entregaron un instrumento fechado tres días antes, en el que estaban recogidas todas las instrucciones que había de seguir en la corte⁸³, un bueno número de cartas de recomendación para diferentes afectos a la causa oriolana (los secretarios Enart, Calcena, Urries y Vic, Juan García, micer Figueroa, el comendador Cabanillas, el ya cardenal de Tortosa, el duque de Alba y el mercader Nicolao de Grimaldo)⁸⁴, y dos misivas dirigidas a los síndicos en Roma, Francisco Carbonell y el canónigo Juan Monto, que Palomares había de hacerles llegar, por vía de la corte⁸⁵.

En estas últimas, les comunicaron que, gracias a la mediación de Maximiliano Transilvano, el cardenal de Santo Ángel había tomado posesión del obispado de Orihuela a espaldas del cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia, y que querían que no se enterasen de la noticia hasta que Pedro Palomares pudiese referírsela al monarca. Sobre este aspecto, les dijeron que el referido síndico oriolano y el propio Maximilano se disponían a marchar hacia la corte real con tal propósito, y para pedirle a Carlos I que «mandara poner silencio a los de Murcia», de modo que no fuera «menester gastar mas dineros». Les informaron, asimismo, que Maximiliano les había manifestado que iba a escribir al prelado para que favoreciese los intereses oriolanos. Y su alborozo era de tal dimensión que les aseguraron que el asunto estaba próximo a su fin, puesto que la llegada del rey aceleraría los trámites y, además, tenían ganada la voluntad del obispo. No obstante, ante cualquier contratiempo, les anunciaron que les habían preparado letras de crédito por valor de 1.000 ó 2.000 ducados.

Asimismo, les enviaron el auto de la posesión, que hacía oficial la creación del obispado, para que lo presentasen si León X decidía finalmente revocar las bulas de Julio II y su breve confirmatorio.

Les informaron que tenían que devolverle al prelado las rentas de 1516, y les pidieron que tomasen prestadas 650 libras de la línea de crédito que tenían habilitada y que se las entregasen a Jacob Fugger o a cualquiera de sus sobrinos, para que ellos se las hiciesen llegar al citado cardenal, porque habían tomado dicha cantidad de las mencionadas rentas secuestradas y no tenían efectivo suficiente para efectuar tal pago.

Y como hemos anunciado, Palomares y Transilvano partieron ese mismo día 23 de noviembre en dirección a la corte, con buen ánimo y mejores expectativas⁸⁶.

5. La revocación de la creación del obispado de Orihuela efectuada por el mismo León X.

El 1 de diciembre de 1517, los Electos, el justicia y los jurados de la ciudad de Orihuela ordenaron a los secuestradores de las rentas episcopales de 1516 y 1517, Pedro Morrelles y Jaime de Santángel, y Baltasar Masquefa, que entregasen todos los frutos que tuviesen en su poder a los procuradores del obispo Mateo. Con dicha medida quedó zanjada la cuestión de la toma de posesión del obispado⁸⁷.

No obstante, la alegría no duró mucho tiempo en la ciudad del Bajo Segura. La embajada de Pedro Palomares, pese a su buena voluntad y disposición, no fue nada bien.

Al llegar a Valladolid, el procurador oriolano se dedicó a repartir las cartas de recomendación que llevaba y a solicitar a sus ilustres destinatarios que le ayudasen en su misión. Asimismo, siguiendo las instrucciones de sus representados, a algunos de ellos -como el cardenal de Tortosa- les realizó diversos regalos.

Después, compareció ante el monarca. Tras ser presentado y besarle «les mans e peus» a Su Majestad, Palomares inició su intervención regalándole los reales oídos con desaforadas alabanzas. Le comentó la ingente alegría que habían sentido los habitantes de Orihuela por su llegada a España. Además, para beneficio de su alma y consuelo de su oficio soberano, le aseguró que en dicha ciudad todos estaban suplicando «continuament a la Divina Magestat prospere la vida de Sa Real Alteza, ab augment de majors regnes y senyories». Y terminó esta primera fase de su audiencia, pidiéndole que se acordase de que Orihuela le pertenecía y que, por ello, era justo que defendiese sus intereses «puix Sa Alteza es la font de justicia, de hon emanen tots los regiments e governs». Vemos, pues, en estas palabras dos referencias muy claras a la conciencia popular del sentido patrimonialista y dinástico de la Monarquía, y al absolutismo de la figura del monarca en el campo judicial y legislativo.

Tras esta introducción, Palomares le hizo a Carlos I un breve resumen de los hitos más significativos ocurridos a lo largo de la historia de la cuestión del obispado. Después, le elevó algunas suplicaciones:

-Que escribiese cartas a Roma para impedir que las gestiones cartaginenses consiguiesen la revocación apostólica de los canónicos logros episcopales oriolanos.

-Que no permitiese que la fábrica de Murcia recuperase las Pilas, puesto que Julio II las había concedido justamente a la de Orihuela, y León X había confirmado dicha disposición, y, además, la Catedral del Salvador tenía necesidad de ellas porque su estado era tan desastroso que estaba «tota sobre bastons».

-Que ordenase a los murcianos que no volviesen a alterar el curso del río Segura.

Y para terminar, le hizo la petición fundamental de su embajada. Le comentó que el capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela habían llegado a un acuerdo con el secretario del cardenal de Santo Ángel, y que éste había tomado posesión del obispado de Orihuela por medio de un procurador llamado Jerónimo de Carasso. Le entregó una copia del instrumento del concierto, y le suplicó que aprobase la concordia y la consecuente toma de posesión⁸⁸.

A Carlos I no le gustó nada que el obispo Mateo y la ciudad de Orihuela hubiesen negociado por su parte, sin contar para nada con la voluntad real. Y tampoco que hubiesen realizado un acto de tanta importancia, a espaldas de los murcianos, y sin tener en cuenta que, al estar la lite pendiente de resolución en la Curia romana, no podía tomarse ninguna medida que variase la situación de los dos obispados.

Por ello, sin más, decidió escribir a León X, «con mucha justiçia», para que sentenciase el litigio de modo que «estos negoçios se reduzan a la manera que estavan en vida de los Catholicos Rey e Reyna, mis senyores e aguelos», es decir, le suplicó que decretase la revocación. También escribió al deán y al cabildo de Cartagena una carta fechada el segundo día de 1518, para advertirles que no admitiesen la concordia, y mandarles que procurasen evitar que se produjesen por dicho motivo nuevos escándalos y discordias⁸⁹.

Por su parte, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura comunicaron al citado cabildo y al Concejo de Murcia que D. Mateo había tomado posesión del obispado de Orihuela, y les presentaron el acuerdo suscrito con Maximiliano Transilvano a fin de que decidiesen si querían aprobar la solución planteada por éste y poner fin al pleito.

La notificación causó un «gran rompiment» en dicha población⁹⁰. Sus habitantes se negaron a aceptar la componenda y, de inmediato, protestaron contra la toma de posesión alegando que les causaba nuevos perjuicios y que, estando la lite pendiente en Roma, no podían adoptarse medidas que pudiesen afectar a ninguna de las partes.

Además, estando próximas a celebrarse las Cortes de Castilla en la ciudad de Valladolid, encargaron a los dos síndicos que la ciudad iba a enviar a la reunión estamental, el comendador Ramírez y el regidor Lara, que introdujeran como agravio la creación del obispado de Orihuela, y que con el apoyo de los caballeros y de los síndicos de las otras ciudades castellanas, intentasen conseguir que Carlos I escribiese a León X suplicándole que revocase dicha erección episcopal⁹¹.

La noticia de las intenciones murcianas se filtró y el 9 de enero llegó a Orihuela. De inmediato, las autoridades de la ciudad comprendieron la gravedad de la situación, y decidieron escribir a Pedro Palomares solicitándole que recabara los máximos apoyos posibles, entre los partidarios de la causa oriolana, y que intentara poner los remedios convenientes antes de la citada convocatoria, de modo que en el referido Parlamento las fuerzas castellanas no tuviesen ocasión de forzar al monarca a tomar ninguna medida contraria a los intereses oriolanos. Además, le dijeron que presionase a Carlos I comentándole que si accedía a las peticiones murcianas, las futuras Cortes Generales de la Corona de Aragón no podrían clausurarse hasta que volviese a apoyar las reivindicaciones oriolanas⁹². Y le enviaron un buen número de cartas dirigidas a los partidarios de la ciudad del Bajo Segura (el vicecanciller Agostí, D. Hugo de Urries, D. Juan Ruiz de Calcena, el cardenal de Tortosa, Maximiliano Transilvano, el adelantado de Granada y el duque de Alba), en la que les rogaban que intentasen ganar adeptos para la causa en un momento de tan «strema nesesitat»⁹³.

Unos días más tarde, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura recibieron una carta de Palomares, fechada el 5 de enero, en la que les anunciaba que el monarca había hecho pública su voluntad del monarca de auspiciar la revocación del obispado de Orihuela, y les pedía nuevas cartas de recomendación y solicitud de apoyo, y 180 ducados para repartirlos entre los partidarios de la causa oriolana y para comprar nuevos apoyos⁹⁴.

Los munícipes, pese a ser plenamente conscientes del mal cariz que estaban adoptando los acontecimientos y de que tenían una enorme desventaja en cuanto a recursos y a influencias, decidieron hacer un esfuerzo definitivo.

Teniendo en cuenta que «lo exit de aquesta causa e pleyt sta tota en poder de Sa Alteza, davant lo qual la ciutat de Murcia e capitol de Cartagena tenen diversos misatgerts, ab grans favors de grans del Regne de Castella, y encara de regnes e ciutats per particulars», y que Orihuela «sols te son misatger, qui te necessitat, per a la defensio de nostra clara justicia, aver algunes favors per a Sa Magestat», escribieron a los mandatarios de las ciudades de Valencia, Játiva y Alicante para pedirles que enviasen cartas al rey y a otros destacados cortesanos rogándoles que defendiesen los derechos oriolanos, y consiguieron que sus colegas regnícolas se comprometiesen con la causa remitiendo diferentes escritos de recomendación. También lograron el apoyo del capítulo metropolitano de Valencia. Y al gobernador del Reino de Valencia ultra Sexonam le dijeron para convencerle de la fortaleza de sus convicciones que en el caso de que fuese decretada la revocación, la ciudad de Orihuela no dudaría en «defendre sa justicia ab fforça de armes» y que sus habitantes estaban dispuestos a morir «ans ques donas lloch aquella fos restituida al dit bisbat de Cartagena». Además, negociaron con un prestamista valenciano el envío de la cantidad demandada por el síndico. Y el 19 de enero escribieron a su síndico en la Corte para informarle de que le enviaban el dinero que había demandado, nuevas cartas de recomendación y de solicitud de apoyo, y para pedirle que no se moviese de la corte hasta nueva orden⁹⁵.

Las diligencias de Pedro Palomares debieron ser inmejorables pues, pese a que los murcianos contaban con la casi insuperable ventaja de negociar desde un ámbito tan favorable como las Cortes, Carlos I escuchó las alegaciones oriolanas, cambió de opinión sobre la cuestión del obispado y propuso a las partes una solución de compromiso: ambas habrían de consentir y comprometerse por separado a abandonar las gestiones incoadas o por realizar en cualquier tribunal, y dejar la resolución de la lite en sus reales manos, y en las de los vicecancilleres que fueren nominados para tal efecto. El procurador se afanó por escribir a sus representados la magnífica noticia, y ésta llegó a la ciudad del Bajo Segura el 7 de marzo.

De inmediato, Perot Pérez -quien recordemos que se encargaba de la gestión de la correspondencia relacionada con el tema del obispado- ordenó al pregonero de la ciudad, Antonio Llorens, que convocase al Consell con suma urgencia, y que citase también a los miembros del capítulo del Salvador y a otros notables de la ciudad. Cuando se llenó la sala de la ciudad, Pérez le dio al escribano la carta del procurador, y éste procedió a su lectura.

Desvelado el contenido de la epístola, el justicia y los jurados preguntaron al chantre Jaime de Soler y a los canónigos Pedro Argensola y Miguel Monto si estaban dispuestos a aceptar el compromiso propuesto por Carlos I en nombre del capítulo del Salvador. Los tres eclesiásticos respondieron que antes de dar cualquier respuesta habrían de consultar al capítulo y, acto seguido, salieron de la sala del Consell y marcharon hacia la iglesia del Salvador. Se reunieron con los otros miembros del colegio catedralicio y, pasada una hora, volvieron a la mencionada sala junto al notario Juan Portogués, quien dio a conocer su deliberación. Y la referida junta eclesiástica manifestó claramente su oposición al compromiso regio, exponiendo que la creación del obispado de Orihuela había sido realizada por Julio II canónica y legítimamente, a suplicación de Fernando el Católico, y no tenía por qué ser cuestionada, puesto que, además, había sido confirmada por León X.

Tras escuchar la respuesta capitular, los munícipes tuvieron que resignarse a declinar la aceptación de la propuesta real puesto que, firmándola unilateralmente, ésta «no tendria força ne cumpliment negu», y no pudieron escribirle a Pedro Palomares lo que deseaban, sino que la ambición del capítulo había hecho inútiles sus esforzados trabajos y negociaciones⁹⁶.

Y ratificando la veracidad del famoso dicho popular, la avaricia de los clérigos oriolanos rompió el saco de sus ilusas expectativas. Pocos días después del rechazo a la proposición de Carlos I, en Roma, el cardenal Santiquatro puso el punto final a su investigación y pasó su dictamen sobre el Pleito del Obispado a León X. Y como era previsible, en atención a sus inclinaciones filocastellanas, Lorenzo Puci le aseveró al pontífice que, sin ningún tipo de paliativos, la erección del obispado de Orihuela perjudicaba gravemente a la Iglesia de Cartagena y al obispo. Y fundamentó su tesis en diferentes motivos:

*La pérdida de las Pilas por parte de la fábrica de la Catedral de Murcia en beneficio de la de Orihuela.

*El temor de los canónigos y dignidades murcianas a ser expoliados de diferentes frutos y rentas que cobraban en las tierras de la nueva diócesis oriolana.

*Las protestas del obispo al considerarse privado de la jurisdicción en el nuevo obispado.

*La diversidad del tiempo, los cambios acaecidos desde que Julio II decretara la erección.

*Y que la creación del obispado no había hecho más que incrementar la frecuencia y la gravedad de las discordias y los escándalos.

León X tuvo en consideración los argumentos de su diputado, y viendo que coincidían con la voluntad de Carlos I, decidió decretar la revocación de la creación del obispado de Orihuela.

Enterados los síndicos oriolanos en Roma del parcial informe del cardenal Santiquatro y de las intenciones del papa, trataron de conseguir que el pontífice escuchase sus alegaciones, pero Su Santidad no quiso atenderles, y sin respetar su derecho a la defensa, el 17 de marzo de ese año 1518 despachó el breve revocatorio.

Así, Francisco Carbonell y Juan Monto se quedaron con las ganas de argüirle que la concesión de las Pilas era completamente legítima y tenía su fundamento en dos rescriptos apostólicos, uno de Julio II y otro del propio León X. Que el miedo de los clérigos murcianos a perder las rentas que les pertenecían en el Reino de Valencia era un obstáculo que podía subsanarse imponiendo severas penas a los que les embarazasen la cobranza, y que, por sí solo no era motivo suficiente para decretar la revocación. Que el argumento de la pérdida jurisdiccional del obispo en las tierras de la nueva diócesis era absolutamente falso, pues D. Mateo había tomado posesión del obispado y sus fieles ya se habían sometido reverentemente a su jurisdicción. Que las circunstancias no habían variado prácticamente nada desde el pontificado de Julio II. Y que si las diferencias y los enfrentamientos se habían recrudecido había sido por culpa de los murcianos, que se negaban a admitir la creación del obispado de Orihuela, y trataban de conseguir de hecho lo que no les era legítimo por derecho⁹⁷.

En el tenor del breve⁹⁸, León X justificó su decisión aseverando que la creación del obispado de Orihuela había causado diversos perjuicios a la Iglesia de Cartagena, el cabildo de la Catedral murciana, y el propio obispo. Y para explicarlos reprodujo los motivos que le había manifestado el cardenal Santiquatro. Además, complementó su justificación aduciendo que con la disposición pretendía propiciar la tranquilidad de los reinos de Carlos I.

Por ello, se reservó el Pleito del Obispado, lo extinguió, impuso perpetuo silencio al capítulo del Salvador, y con conocimiento de causa y de acuerdo con el parecer de los cardenales, en virtud de la plenitud de la potestad apostólica, revocó la creación del referido obispado, anuló todos los rescriptos apostólicos relacionados con dicha erección, devolvió las Pilas a la fábrica de la Catedral de Murcia, reasignó las tierras dismembradas del Reino de Valencia a la diócesis de Cartagena, y concedió la jurisdicción ordinaria al obispo y al cabildo cartaginenses, sometiendo de nuevo a los habitantes de la Gobernación más allá de Jijona a la autoridad de los castellanos.

Además, para que el capítulo oriolano no osase oponerse a sus mandatos y prestasen obediencia al cabildo de Cartagena y al obispo Mateo, el pontífice los amenazó con imponerles las penas de excomunión, entredicho, suspensión a divinis, y privación de dignidades, canonjías, oficios, prebendas y otros beneficios. Y nombró a los arzobispos de Toledo y Granada, y al auditor general de la Cámara Apostólica, Jerónimo de Thinutiis, como ejecutores apostólicos del breve revocatorio.

El breve fue rápidamente recogido por los procuradores murcianos, quienes aprovecharon la presencia en Roma del último de los ejecutores señalados por el papa, para presentarle el rescripto y requerirle que despachase un mandato ejecutorial conminando a los oriolanos a aceptar el decreto pontificio.

Thinutiis consideró justa y razonable la solicitud murciana, y el 19 de marzo despachó la referida letra. La dirigió al propio Carlos I y, en general, a las autoridades civiles y eclesiásticas a las que acudiesen los procuradores del obispo Mateo y el cabildo de Cartagena para requerirles que procediesen a la ejecución del breve. Como jueces subdelegados suyos, les encomendó que publicasen solemnemente el breve revocatorio y asistiesen a su ejecución. Asimismo, advirtió a los capitulares del Salvador y al clero de Orihuela que si se negaban a obedecerlo e impedían a los referidos eclesiásticos cartaginenses el disfrute de sus legítimos derechos, incurrirían en las censuras señaladas en el rescripto pontificio y, además, tendrían que pagar una multa de 2.000 ducados de oro. Y si, pese a la imposición de tales penas, los citados oriolanos perseveraban en su desobediencia u oposición, les comunicó que serían declarados rebeldes y contradictores de las disposiciones apostólicas, y que los subejecutores les asignarían un plazo máximo de seis días para rectificar. Y si pasado el término siguiesen negándose a mudar de comportamiento, los referidos jueces habrían de fulminar entredicho sobre las iglesias, conventos o monasterios a los que estuviesen asignados. Y si aún así, los oriolanos persistían en su rebeldía, Thinutiis recomendó al cabildo de Cartagena que acudiese al rey o a las autoridades civiles que tuviesen jurisdicción sobre ellos, y les solicitasen la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles e, incluso, su detención y encarcelamiento hasta que se resignasen a prestar obediencia a los mandatos apostólicos⁹⁹.

Una vez tuvieron en sus manos ambas provisiones, los procuradores murcianos las remitieron a Murcia, con la intención de que fuesen puestas en ejecución con la mayor brevedad posible.

6. La oposición oriolana al breve revocatorio.

Tras recibir de Orihuela la noticia del rechazo del capítulo del Salvador a la posibilidad de que Carlos I resolviese personalmente el Pleito del Obispado, el síndico Pedro Palomares se llevó una inesperada decepción. Sus representados le dieron a entender que recelaban de la decisión que pudiese adoptar el monarca, estando éste en Castilla y teniendo en cuenta el mayor poderío de los recursos y las influencias murcianas. Y le hicieron pasar el desagradable momento de comunicarle al rey que no querían que solucionase el litigio, y que preferían que escribiese a Roma, donde estaba incoado, solicitando al sumo pontífice que lo resolviese con la mayor brevedad, en favor de Orihuela, o, al menos, atendiendo a los criterios de la equidad y la justicia.

A Carlos I no le agradó tal muestra de desconfianza hacia su real persona, y así se lo hizo ver a Palomares. Éste, tras su audiencia con el rey, no tuvo más remedio que escribir a los Electos que si deseaban ganar la contrariada voluntad del monarca, tendrían que proporcionarle nuevos y más influyentes apoyos. Por ello, les pidió que tratasen de conseguir cartas de auxilio y recomendación de las autoridades civiles y eclesiásticas, y de las personalidades más notables de las capitales de los tres reinos componentes de la Corona de Aragón, y también que enviasen a la corte a algún otro síndico que le ayudase a realizar las múltiples diligencias que serían necesarias para poder lograr alcanzar el objetivo propuesto.

La misiva del procurador llegó a Orihuela el 21 de marzo, y ese mismo día la aludida comisión, considerando sus dos requerimientos, decidió nombrar «misatger» a Martín Ruiz de Mendoza y encomendarle una doble misión: viajar a Valencia, Zaragoza y Barcelona a fin de obtener las mencionadas cartas de apoyo; y dirigirse después a la corte, para colaborar con el señalado Pedro Palomares. Y además, le encargó que en el caso de que Carlos I convocase Cortes de alguno de los reinos componentes de la citada corona aragonesa, introdujese como agravio los persistentes perjuicios que estaba causando el pleito con Murcia a la Iglesia y la ciudad de Orihuela¹⁰⁰.

El viaje del nuevo síndico por las tres capitales fue bastante provechoso, pues consiguió un buen número de letras recomendatorias. No obstante, su llegada a la corte, a mediados de abril, coincidió prácticamente con un acontecimiento que hizo virar por completo el rumbo de la cuestión del obispado.

Hacia el día 17 de dicho mes llegó a Orihuela la desastrosa noticia de que los murcianos habían conseguido en Roma la expedición del breve revocatorio. Ello desencadenó diversas reacciones por parte de las autoridades de la ciudad.

Por una parte, los Electos, apercibiéndose de que se trataba de un asunto de «molta e gran inportancia», decidieron reforzar la representación oriolana en la corte real. Y, consecuentemente, el 25 de abril nombraron procuradores a «dos persones honrades e de bona abilitat», D. Pedro Rocamora -señor de Miralcamp- y D. Juan Maza de Lizana, y siguiendo las indicaciones de los doctores Andrés Durá y Nicolás Ruiz, los instruyeron para que, junto a Pedro Palomares y a Martín Ruiz de Mendoza, defendiesen los derechos oriolanos, se quejasen de la anulación y le suplicasen al monarca que no permitiese su puesta en ejecución. Les dieron nuevas cartas de recomendación y 100 ducados para sufragar los gastos de su misión, y los despacharon con suma urgencia¹⁰¹.

Y por otra, dos días después, los capitulares del Salvador decidieron que la medida más útil que podían tomar era presentar una apelación contra el rescripto apostólico en la Santa Sede, pues creían que de esa manera los murcianos no podrían ponerlo en ejecución hasta que el recurso fuese sentenciado. Y considerando altamente arriesgado tratar de comparecer ante el cabildo cartaginense para solicitar la licencia necesaria para poder interponer dicha apelación, decidieron solicitarla a cuatro ilustres y honestos eclesiásticos residentes en la ciudad del Bajo Segura: Jaime Calatayud¹⁰², Jerónimo Catalá¹⁰³, Pedro de Ayala¹⁰⁴ y Francisco Costa¹⁰⁵. Éstos la concedieron, y el recurso fue enviado a Roma. El capítulo solicitó la anulación del breve alegando que había sido obtenido de modo subrepticio, es decir, utilizando engaños y falsas informaciones, y que les causaba gravísimos perjuicios¹⁰⁶.

Unos días más tarde, Rocamora y Maza llegaron a la corte. Se entrevistaron con Ruiz y Palomares, y trazaron un plan conjunto de actuaciones, siguiendo escrupulosamente las instrucciones de los Electos.

A principios de mayo, la inquietante noticia de la obtención del breve revocatorio quedó plenamente confirmada. Las grandes muestras de gozo y alegría que tuvieron lugar en la cercana ciudad de Murcia no dejaron lugar a dudas en Orihuela. Por ello, el capítulo del Salvador, creyendo inminente la presentación del rescripto, decidió mandar otra apelación a Roma, para asegurarse de que la cuestión fuese revisada en la Curia con la mayor brevedad. Y el día 12 del citado mes, Jaime Despuig, su síndico, la presentó a Jaime Calatayud, Jerónimo Catalá, Pedro de Ayala y Jaime del Carpio¹⁰⁷, quienes, sin dilación, le otorgaron su consentimiento¹⁰⁸.

Unos días después -no hemos logrado precisar más la fecha-, el cabildo de Cartagena decidió que había llegado el momento de ejecutar la revocación del obispado de Orihuela, y envió a la ciudad del Bajo Segura una nutrida y valiente delegación, armada con el breve de León X, el ejecutorial de Jerónimo de Thinutiis y un proceso admonitorio expedido por un juez subdelegado, fr. Fernando de Rojas, comendador del monasterio de la Merced, de Murcia.

Nada más entrar en Orihuela, el síndico del citado cabildo, Juan de Jaca, los presbíteros Juan de María, Juan de Benavente y Juan Tomé, y el notario apostólico Francisco de Castro -que eran los componentes de la expedición- se dirigieron a la iglesia del Salvador, y allí hicieron público su firme propósito de presentar y poner en ejecución los documentos pontificios. Asistieron estupefactos a tal comunicación el justicia criminal Jaime Ruiz, otros vecinos ilustres de la ciudad como Miguel de Rocafull, Luis Togores, Jaime Ramiro, Juan Ramiro, Pedro de Bonavida y Juan Cavallos, el sacristán y vicario general Luis de Soler, el canónigo Juan Martí, el notario Gaspar Tafalla, y otro clérigo llamado Pedro de Santander.

Casi de inmediato, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar y en un instante, el recinto sagrado se llenó de hombres armados. Y nadie pudo ni quiso evitar el tumulto. En un primer momento, la furia popular tomó como objetivo al procurador Jaca, quien tenía en sus manos los rescriptos. La gente consiguió arrebatarle de una forma ignominiosa el mandato de Thinutiis y el proceso del subejecutor, pero no el breve revocatorio. Y entonces comenzó una persecución. Jaca sufrió diversas lanzadas, y fue herido en la cabeza. Los otros murcianos fueron también maltratados, calumniados y vejados. Y finalmente, casi tuvieron que agradecer a las autoridades civiles de la ciudad que los detuvieran y encarcelaran. No obstante, fueron aherrojados en una prisión secular, y allí prosiguieron durante unos cuantos días las injurias y las burlas, y llegaron a ser torturados hasta tal punto que estuvieron a punto de morir¹⁰⁹.

Cuando las noticias sobre el incidente llegaron a Murcia, el cabildo de Cartagena no tardó en imponer sobre el clero y el pueblo de Orihuela las penas recogidas en el breve de León X y en el ejecutorial de Thinutiis, es decir, las sentencias eclesiásticas de excomunión, suspensión a divinis, y privación de oficios y beneficios, y una multa de 2.000 ducados de oro.

Por su parte, en la ciudad del Bajo Segura, sus autoridades se prepararon para hacer frente al aluvión de censuras y para organizar de la manera más diligente posible la defensa de sus derechos episcopales. Así, el 25 de mayo tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consell. En ella, tomó la palabra el abogado Nicolás Rodrigo, quien propuso a la concurrencia la necesidad de designar como síndicos de todos los habitantes de Orihuela a los hombres que ocupasen los cargos de justicia y jurados, de modo que tuviesen poder cumplido para apelar contra las pretensiones y las sentencias de los murcianos ante el sumo pontífice o ante cualquier otro juez al que fuese cometida la causa. Oída la propuesta, el máximo organismo municipal se avino a ella y decidió apoyarla, y aprobó el nombramiento de los referidos oficiales, y de los que en años sucesivos ocuparan tal cargo, como procuradores de la ciudad y sus habitantes con facultad para defender sus intereses en relación con la cuestión del obispado. Y el justicia y los jurados aceptaron gustosamente la comisión¹¹⁰.

La guerra eclesiástica prosiguió el día siguiente, 26 de mayo. El cabildo murciano atacó al punto más delicado y valioso de la Iglesia oriolana: el vicariato general. Teniendo en cuenta que todos los clérigos de la oppidum del Bajo Segura habían sido anatematizados y privados de sus oficios y beneficios por orden apostólica, el provisor Leonardo López revocó a Luis de Soler del citado cargo, y despachó un mandato dirigido a todos los fieles de «Origuela y de los otros lugares del Reyno de Valençia que son deste obispado de Cartagena», ordenándoles, so pena de excomunión, que no le obedeciesen ni lo tuviesen por vicario general, y no osasen comparecer ante él para tratar cualquier tipo de cuestión eclesiástica¹¹¹. Aunque no se atrevió a publicar ninguna de las dos disposiciones en las citadas tierras de la parte oriental del obispado, pues la oposición al breve revocatorio se había extendido con fuerza por todas ellas, el provisor sí quiso que la remoción de Soler fuese definitiva. Por ello, escribió a Maximiliano Transilvano una carta comentándole los fundados y legítimos motivos de la destitución, y pidiéndole que, como secretario del obispo Mateo, la confirmase.

Como acabamos de avanzar, la rebeldía de Orihuela se extendió rápida y vigorosamente por las demás poblaciones de su diócesis. Entre todas ellas, la que más comprometida se mostró, como en otras tantas ocasiones, fue Alicante. El último día de mayo, sus ediles redactaron una procura dirigida a los cuatro embajadores oriolanos en la corte real, para que hiciesen las diferentes gestiones relacionadas con el Pleito del Obispado también en nombre de su ciudad. Y complementando tal medida, escribieron una carta al propio monarca solicitándole que favoreciese los intereses de los habitantes de la Gobernación del Reino de Valencia ultra Sexonam.

Tres días más tarde, las autoridades oriolanas se enteraron de la muestra de solidaridad de sus colegas alicantinos, y les escribieron una misiva prometiéndoles que correrían con todos los gastos que se derivasen del mencionado apoyo a sus reivindicaciones episcopales¹¹².

Ese mismo día, jueves 3 de junio, los oficiales de la ciudad y ocho de los componentes del amplio grupo de los Electos decidieron dar un nuevo paso en su conflicto con el cabildo de Cartagena. Se reunieron en el Archivo de la Lonja, llamaron al mercader Jaime de Santángel, que tenía firmado con el citado colegio eclesiástico un contrato de arrendamiento por el que se comprometía a recaudar las rentas capitulares ubicadas en las tierras del Reino de Valencia hasta 1521, y le ordenaron que, en adelante y hasta nueva orden, no les entregase a los clérigos cartaginenses ni un sólo dinero sin su autorización. Le mandaron que guardase las pecunias en depósito. Y, por último, le advirtieron que en el caso de que les diese alguna cantidad, habría de pagar una multa de 1.000 ducados de oro y, además, tendría que poner de su propio peculio la cuantía que les hubiese entregado. Santángel, fiel a sus convicciones y a la orden de los munícipes, aceptó el mandato¹¹³.

El 21 de junio llegó a la ciudad del Bajo Segura la noticia de que Maximiliano Transilvano había accedido a las presiones murcianas y estaba dispuesto a confirmar la revocación de Luis de Soler como vicario general del obispado de Orihuela. Ello dejó sumamente aturdidos a los mandatarios civiles y eclesiásticos de la ciudad, pues el secretario del cardenal de Santo Ángel estaba incluido en la no muy larga lista de aficionados a la causa oriolana. No obstante, dejaron transcurrir unos días para tratar de confirmar la veracidad de lo que en ese momento no era más que un rumor¹¹⁴.

Asimismo, por aquellas fechas, las arcas municipales comenzaron a mostrar una carestía más que preocupante, por lo que el justicia y los jurados de la ciudad les comentaron a los Electos que había que tomar alguna medida que hiciese descender los ingentes gastos que estaba generando la cuestión del obispado. La aludida comisión estudió las partidas de dispendios y convino en ordenar a tres de los cuatro embajadores que estaban en la corte real que volviesen a Orihuela. De esa manera, considerando que Pedro Palomares era el que llevaba más tiempo representando los intereses oriolanos, y que tenía plena noticia «de totes les coses de la dita sglesia catredal», el 24 del referido mes de junio escribieron a D. Pedro Rocamora, a D. Juan Maza de Lizana y a Martín Ruiz de Mendoza que retornasen de Zaragoza, ciudad en la que se hallaba Carlos I¹¹⁵.

Dos días después, gracias a la relación de diferentes informadores fidedignos y a la copia de una carta de Maximiliano Transilvano, las autoridades oriolanas confirmaron el extremo de la destitución del vicario general, Luis de Soler, y de la aquiescencia del secretario episcopal a ratificar tal disposición cartaginense. Y se ofuscaron doblemente: por el ataque a la más preciada de sus prerrogativas, y por la actitud de Maximiliano, quien había decidido aprobar la remoción en nombre del obispo, y sin tener en cuenta los intereses oriolanos.

Este último hecho molestó más a las citadas autoridades, si cabe, que la propia deposición pues, hasta ese momento, habían tenido al secretario como a uno de sus más importantes aliados, y por los informes de Pedro Palomares conocían que había mostrado en repetidas ocasiones su intención de no causar perjuicio alguno al capítulo del Salvador o a la población del Bajo Segura. Poco les importaba que los murcianos hubiesen decretado la destitución de Soler pues al no haber sido ejecutada la revocación de la creación del obispado, consideraban que no tenían poder ni jurisdicción para imponerles tal medida. Sí era más grave y absolutamente válido, en cambio, que el obispo de Orihuela la confirmase.

Por ello, pese a considerar la «apassionada volentat» que había mostrado Maximiliano «per complaure» a los de Murcia como un inexcusable «menyspreu», como una causa suficiente para dar por finalizado el entendimiento con él, las referidas autoridades municipales no tuvieron más remedio que intentar negociar con él.

Escribieron una carta a los embajadores que tenían en la corte de Carlos I encomendándoles tal tarea y, en contra de sus anteriores órdenes, les mandaron que se quedasen los cuatro en ella hasta solucionar el asunto.

Sobre el modo de enfocar las conversaciones que Transilvano, en primer lugar, les pidieron que se enterasen de la verdad de «aquest negoci». Y en el caso de que fuese cierta la noticia de su predisposición a cesar a Luis de Soler, les ordenaron que tratasen a toda costa de convencerle para que no lo hiciese, no dando lugar de ninguna forma a que pudiese perseverar en sus infundados y lesivos propósitos e intentase ponerlos en ejecución.

Y para que pudiesen presentarle argumentos sólidos, les indicaron que le manifestaran que la Iglesia y la ciudad de Orihuela no cambiarían la opinión ni el concepto que tenían de él antes de tan desafortunada decisión, que como secretario del obispo no tenía poder suficiente para promulgar la destitución del vicario general -pues para ello únicamente estaba facultado el propio Mateo-; y como última solución, sintiendo un miedo profundo a que volviese a quedar vacante dicho cargo, les escribieron que si persistiese en su dañina postura, le suplicasen que procediese de inmediato al nombramiento de una «persona molt digna e no suspecta per neguna via» como sucesor de Soler en el supracitado oficio, de modo que el perjuicio causado tuviese un carácter más personal que institucional¹¹⁶.

Por otra parte, para finales del mes de junio, casi todas las localidades de la diócesis de Orihuela estaban dispuestas a hacer causa común con la ciudad del Bajo Segura, para no perder el obispado y no tener que volver a someterse a la autoridad de los castellanos. Ante el afianzamiento y la propagación de la oposición, el cabildo murciano instó al juez subejecutor, Fernando de Rojas, a declarar rebeldes y contradictores a todos los habitantes de la parte oriental de su diócesis cartaginense, y a aplicarles nuevas penas.

Atendiendo dichos requerimientos, el comendador de la Merced despachó el pertinente proceso monitorio, dando a los clérigos, oficiales y vecinos de las poblaciones de Orihuela, Alicante, Elche, Caudete y Monforte un plazo perentorio de seis días para que compareciesen ante él, aceptasen el breve revocatorio y otorgasen la obediencia al cabildo de Cartagena. El nuevo decreto fue fijado en las puertas de las iglesias de Murcia, Cartagena y Abanilla.

Cuando los afectados por las letras citatorias se enteraron de su existencia, de inmediato se pusieron de acuerdo en recurrir contra ellas en la Santa Sede. Y el 30 de junio, algunos oficiales de Orihuela -el justicia Jaime Ruiz y los jurados Andrés Miró, Francisco Pérez Felipe y Juan Palomares-, en nombre de todos ellos, presentaron la apelación ante Jaime Calatayud, Jerónimo Catalá, Pedro de Ayala y Nicasio Olivares¹¹⁷ pues temían hacerlo ante el propio Rojas. No obstante, en un alarde de valentía, Jaime Despuig, procurador de los citados jurados y síndico de la población del Bajo Segura, acompañado por el notario Juan Portogués, fijó una copia auténtica de dicha protesta en las mismas puertas del monasterio de la Merced de Murcia, que se hallaba extramuros de la ciudad rival, a las 4 de la mañana del día siguiente¹¹⁸.

En la referida escritura, los amonestados por Rojas apelaron contra diferentes circunstancias: la brevedad del término asignado, los lugares escogidos tanto para la colocación de las letras como para la comparecencia -a los cuales no tenían un acceso seguro-, la forma del instrumento monitorio -pues no incluía el tenor del breve revocatorio, y afirmaban no conocerlo ya que no les había sido presentado…¹¹⁹-, la presunta destitución de Luis de Soler, los gravísimos perjuicios que les causaba el proceso, y la influencia que el cabildo de Cartagena tenía sobre el juez -al que llamaban «illiteratus», ignorante-. Y cerraron el documento señalando que hasta que la Santa Sede sentenciase las anteriores apelaciones interpuestas por los oriolanos, no reputarían por válida ni obedecerían ninguna de las órdenes que les dirigiesen los murcianos y que pudiesen alterar la situación vigente en el obispado¹²⁰.

Volviendo de nuevo a la cuestión del vicariato, las indicaciones de las autoridades municipales de Orihuela a sus embajadores en la corte llegaron tarde. El mismo 30 de junio Maximiliano Transilvano, haciendo uso de un «poder espeçial» que tenía del obispo Mateo, aprobó y ratificó la revocación de Luis de Soler como vicario general «de Origuela e los otros lugares del Reyno de Valençia qua caen debaxo de la diocesi de Cartagena». Removió a todos los oficiales y vicarios particulares nombrados por el sacristán del Salvador. Invalidó y anuló cualquier auto o disposición que Soler hubiese despachado tras el 26 de mayo -fecha de su destitución por el provisor López-. Y «en virtud de obediençia e so pena de excomunion», mandó a todos los habitantes «de la dicha çibdad de Origuela, e de la çibdad de Alicante, e villas de Elche, Ayora, Caudete, e de todos los otros lugares que son en la diocesis de la dicha çibdad de Cartagena, que caen en el Reyno de Valençia» que no obedeciesen al cesado Soler ni a sus oficiales¹²¹.

De esta manera, después de tantas desventuras y de tantos esfuerzos, el obispado de Orihuela volvió a quedar sin vicario general, como en los momentos previos a la resolución de Julio II.

La situación empeoró un poco más cuando, pasados los seis días asignados por fr. Fernando de Rojas, éste castigó la incomparecencia de los clérigos, oficiales y vecinos de Orihuela, Alicante, Elche, Caudete y Monforte con una inicial acusación de contumacia y, después, con la fulminación de la pena de entredicho sobre las cinco localidades, y la declaración de sus habitantes como rebeldes y contradictores de los mandatos apostólicos.

Y aún se hizo más crítica para los vecinos de dichas poblaciones cuando los murcianos, hastiados de esperar infructuosamente que desapareciese su obstinada oposición, decidieron hacer llegar sus quejas a la Curia romana. Allí, el procurador del cabildo cartaginense, el maestro Pedro de Salazar, informó de la rebeldía al procurador fiscal de Su Santidad, Luario de Perusthis, quien, a su vez, le expuso la cuestión al auditor general Thinutiis y, con la intención de promover el respeto y la observancia de los decretos pontificios, le suplicó que mandase proceder contra los contradictores. Jerónimo de Thinutiis consideró acertadas las indicaciones de Perusthis y proveyó que el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas -quien recordemos era uno de los tres ejecutores citados en el breve revocatoro-, solicitase a las autoridades seculares el agravamiento de las penas impuestas contra ellos¹²². Cuando la disposición apostólica llegó a Murcia, los capitulares se la hicieron llegar al citado ejecutor, y con su mediación rogaron a Carlos I que decretase la confiscación de los bienes temporales muebles e inmuebles de los clérigos de las cinco localidades supraescritas. El monarca aceptó la suplicación cartaginense y, sin dudarlo, promulgó el aludido secuestro.

Y por si no tenían ya suficientes problemas los oriolanos, durante el mes de agosto se suscitó un nuevo y más peliagudo conflicto que les hizo verse las caras con la Inquisición.

La discordia surgió cuando las autoridades civiles de la ciudad creyeron necesario para el mantenimiento del orden público y de la pureza de la fe que la Inquisición ejerciese su santo oficio en ella.

La cuestión era delicada puesto que, al residir los inquisidores de los obispados de Cartagena y Orihuela en Murcia, los oficiales oriolanos recelaban de que éstos hubiesen aceptado las disposiciones del breve revocatorio, influenciados por el cabildo cartaginense, y tratasen de ejercer sus funciones como inquisidores del obispado de Cartagena. Los ediles tenían muy claro que no podían permitir que actuaran de esa forma, con dicha intitulación, pues admitirlo supondría una aceptación implícita de su pertenencia al citado obispado de Cartagena, y ello arruinaría por completo sus esperanzas de triunfo en el Pleito del Obispado.

Además, aún en el caso de que los inquisidores se aviniesen a realizar su labor de la manera indicada por los munícipes, éstos tampoco querían consentir que ninguno de los actos del Santo Oficio -citaciones, procesos, sentencias o ejecuciones- tuviese lugar en Murcia, dado que los oriolanos venían sufriendo en ella «mals tractaments» y «moltes offenses» por parte de sus habitantes, tanto cuando iban a pleitear ante la Inquisición como cuando habían de hacerlo ante el provisor del obispado cartaginense, y la situación había llegado a tal extremo escandaloso que incluso a «les dones honestes e donzelles de Oriola» «les regonexien les guardes [de Murcia] les mamelles e altres parts mes vergonyoses», y los inconvenientes, además, habían recrecido desde que ambas ciudades estaban enfrentadas en el «grandissim lletigi» del obispado.

Por ello, el justicia y los jurados de la ciudad del Bajo Segura decidieron enviar a D. Pedro Rocamora -que ya había vuelto de su embajada en la corte- y a Andrés de Soler a Murcia, a entrevistarse con los inquisidores Lope García Ugarte y Juan Ruiz de Salvatierra, con la intención de notificarles que deseaban que fuesen a Orihuela a ejercer el Santo Oficio, pero cumpliendo cuatro condiciones insoslayables:

-Que consiguiesen un poder del Inquisidor mayor de la Corona de Aragón, el cardenal Adriano, para actuar en nombre del «bisbat de la ciutat de Oriola».

-Que no sacaran presos de dicha ciudad, y que todos los actos -tanto promulgación de sentencias como ejecuciones- tuviesen lugar en ella.

-Que cuando los procesos requiriesen comunicación con el ordinario, los inquisidores acudiesen al ordinario de la ciudad de Orihuela, que era el vicario general.

-Y que utilizasen notarios del Reino de Valencia -que entendiesen «la lengua valenciana»- para recibir los testimonios, las confesiones y las delaciones¹²³.

Y el dos de agosto, tras recibir de sus representados una carta de creencia para Ugarte y Salvatierra, Rocamora y Soler se marcharon para Murcia¹²⁴.

Una vez allí, se personaron ante los dos inquisidores. Les entregaron la credencial y comenzaron a exponerles de modo oral las peticiones de las autoridades oriolanas. No obstante, mientras efectuaban tal cometido, fueron descubiertos por los habitantes de la ciudad y se montó un gran alboroto. Y «sentint lo gran rumor e avolot» que se estaba preparando, prefirieron suspender su misión y volver «secretament» a Orihuela sin conseguir una respuesta favorable de las reverendas paternidades.

El incidente sirvió para que los munícipes se convenciesen aún más del acertado fundamento de sus recelos. Por ello, se reunieron y acordaron escribir a Carlos I y al cardenal de Tortosa para pedirles que estudiasen el asunto y lo remediasen cuanto antes.

Y cuatro días después -el 6 de agosto-, tras la reunión del Consell¹²⁵, redactaron una carta a los referidos inquisidores cartaginenses. En ella, nuevamente, les pusieron de manifiesto «los inconvenients ques porien seguir si lo Sant Offici de la Inquisicio agues a residir en la ciutat de Murcia per a fer los actes de les persones de aquest bisbat de Oriola», incidiendo en «lo tractament que an fet als misatgers». Les comunicaron que estaban a la espera de la resolución real y del Inquisidor Mayor, y les dijeron que también deberían aguardar, sin tomar medida alguna, hasta que ambas autoridades tomasen una decisión al respecto. Después, argumentaron que ellos únicamente deseaban no ser «maltractats, vexats e calunpniats», y que iba en contra de «les libertats dels Regnes de Arago que delinquents en aquell sien trets perque en altra part sia feta justicia»¹²⁶.

Sin embargo, el día siguiente -7 de agosto-, Ugarte y Salvatierra sorprendieron a los munícipes presentándose en Orihuela. Unos y otros se encontraron fuera de los muros de la ciudad, tras la puerta «que se dize de Murcia» -estando ésta cerrada, como medida de seguridad-. Entonces, el bachiller Juan de Valera, que acompañaba a los dos licenciados, les presentó a los ediles un mandato del cardenal Adriano en el que les ordenaba que procediesen a ejercer el Santo Oficio actuando como «inquisidores de Origuela y su governacion», y que aplicaran la pena de excomunión mayor a cuantos contradijesen tal designación.

Como podemos apreciar, la provisión del obispo tortosino -conocido afecto a la causa oriolana- eludía hábilmente la cuestión del obispado y pretendía simplemente beneficiar a los habitantes de la ciudad del Bajo Segura con una inspección de su salud espiritual. Sin embargo, no ofrecía a las autoridades de dicha población ningún tipo de garantías de que Ugarte y Salvatierra actuasen rectamente y sin cometer «abusos» como la celebración de actos en Murcia, la utilización de notarios castellanos o el recurso a la autoridad del provisor de Cartagena en lugar de la del legítimo ordinario, el vicario general de Orihuela.

Por ello, tras la notificación del mandato, los munícipes contestaron que habían consultado sobre el tema tanto a Carlos I como al propio Adriano de Utrecht, para evitar «los prejuycios que se causan a los vezinos de Origuela e su diocesis», y que no aceptarían ninguna orden o disposición hasta que ambas autoridades pronunciasen su parecer al respecto de las consultas interpuestas, lo que habría de acaecer «en quinze o veynte dias». Por ello, solicitaron a los dos inquisidores que aplazaran temporalmente la ejecución de la provisión en tanto llegasen a la población del Bajo Segura los dictámenes referidos, los cuales obedecerían «como fidelissimos vasallos y buenos cristianos».

No les agradó nada a Ugarte y a Salvatierra la contestación de los oficiales, por lo que les advirtieron que si se negaban a admitir «libre e desenbargadamente» «su jurediccion y oficio», los cuales estaban «prestos y aparexados de usar y exercir», sobre ellos recaerían la excomunión mayor señalada en el mandato y todas las penas estatuidas «en derecho cevil e canonico».

Los munícipes perseveraron en su posición, y les contestaron que no habían hecho ningún agravio como para que les profiriesen amenazas de anatema, puesto que únicamente habían apelado ante Carlos I y ante el inquisidor mayor, siguiendo las disposiciones establecidas en los códigos legales. Y volvieron a insistir en que no intentasen ejercer su Santo Oficio hasta que llegasen las respuestas a las consultas.

La réplica contrarió a Ugarte y Salvatierra, pero no les hizo desistir de sus propósitos. Tras escucharla, decidieron entrar en Orihuela en calidad de «inquisidors apostolichs»¹²⁷.

Y aunque para ello contaron con la protección y «les cortesies» de las autoridades seculares, el pueblo reaccionó «ab gran inpetu contra ses reverencies». Y viendo los oficiales que la situación se comprometía cada vez más, y que Ugarte y Salvatierra se disponían a marcharse sin ejercer su tarea, antes de que lo hicieran, les interpusieron una nueva protesta en prevención de daños futuros¹²⁸.

Poco tiempo después, la ciudad entera fue excomulgada.

Sin embargo, algunos días más tarde, el desorden eclesiástico en el que vivía la ciudad se vio ligeramente reducido. Los Electos decidieron utilizar un viejo breve, dado el 27 de junio de 1515 por León X -el mismo día de la confirmación de la creación del obispado-, en el que el pontífice ordenaba a los arzobispos de Valencia y de Zaragoza que confirmasen a Luis de Soler en su cargo de vicario general del obispado de Orihuela. Por ello, se lo enviaron a Pedro Palomares a la corte con otro procurador, fr. Gaspar Esteve, y ambos consiguieron que el 20 de agosto D. Alfonso de Aragón -metropolitano de ambas sedes-, lo pusiese en ejecución. Así, de una forma más o menos ilegítima, Orihuela y los territorios de su diócesis volvieron a tener vicario general¹²⁹.

7. La primera comisión apostólica del cardenal Jacobacis.

El 22 de agosto de 1518, los Electos se reunieron para analizar el estado de la cuestión el obispado. Y consideraron necesario enviar un nuevo síndico a la corte romana. Deliberaron sobre la persona que podría ser más adecuada para tal misión, y teniendo en consideración el último logro de la confirmación de Luis de Soler como vicario general, su «bona conciencia» y el pleno conocimiento que tenía del Pleito del Obispado, se decantaron por el maestro Gaspar Esteve, que estaba junto con Pedro Palomares en la corte real. Por ello, le escribieron que cuanto antes se dispusiese a marchar para la capital del Orbe Católico. Y en previsión de sus gastos, sopesaron la conveniencia de negociar en Valencia la obtención de una letra de cambio de hasta 1.000 ducados para que el nuevo embajador pudiese disponer de liquidez en la Ciudad Eterna¹³⁰.

Diferentes diligencias murcianas ante Carlos I paralizaron durante un mes el viaje de Esteve, pues su presencia en la corte resultaba indispensable. Por fin, el 22 de septiembre, los Electos decidieron comisionar al jurado Francisco Pérez Felipe para que formalizase la letra de cambio que habría de proporcionar al síndico crédito en Roma. Y ese mismo día, el Consell de la ciudad aprobó la disposición de la comisión especial¹³¹.

No obstante, cuando todo estaba preparado para la partida del nuevo procurador, varios síndicos del cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia se personaron en Orihuela, y le presentaron al justicia dos provisiones de Carlos I. Una en la que mandaba bajo graves penas a las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura que prestasen obediencia al breve revocatorio de León X. Y otra en la que instaba al Consell a alzar el secuestro de los frutos del cabildo de Cartagena.

Pese a que las órdenes reales eran clarísimas, los mandatarios oriolanos no se dieron por vencidos. Y aún a riesgo de incurrir en la ira regia, decidieron mantenerse durante un tiempo al margen de las voluntades apostólica y real, esperando que los procuradores desplazados a Roma consiguiesen la anulación de la revocación o que Carlos I celebrase Cortes del Reino de Valencia¹³². Y en lugar de obedecer, el 6 de octubre decidieron escribirle al monarca una carta consultándole los motivos que tenía para solicitarles que aceptasen la revocación de la creación del obispado, cuando ésta había sido realizada de forma justa y legítima¹³³.

Además, también se negaron a alzar el secuestro, al menos, hasta que los perjuicios causados por el cabildo cartaginense despareciesen. Por ello, dos días después le volvieron a ordenar al arrendador Jaime de Santángel que siguiese encargándose de guardar las rentas capitulares en nombre de la universidad oriolana¹³⁴.

Ciertamente, la situación de Orihuela no podía ser más crítica, amenazada como estaba tanto en el ámbito temporal como en el espiritual, y con las arcas municipales exhaustas¹³⁵. De cualquier forma, sus habitantes no se desanimaron, ni cambiaron sus planes pues ese mismo día 8 de octubre partió finalmente fr. Gaspar Esteve de Barcelona en dirección al lugar al que llevaban todos los caminos, incluso los marítimos¹³⁶.

El 13 de octubre las autoridades oriolanas terminaron la redacción de la consulta que habían planeado dirigir al rey con fines dilatorios y se le remitieron a Pedro Palomares, a fin de que se la presentara. También le enviaron un proceso fulminado contra ellos por el ejecutor Antonio de Rojas, arzobispo de Granada, agravando todas las penas impuestas con anterioridad, e información relativa a los últimos acontecimientos sucedidos en relación con el Pleito del Obispado¹³⁷.

Pero lo que no sabían los munícipes era que la información de que disponían no estaba en absoluto actualizada, ni era la última que se conocía. Hacia el 7 o el 8 de octubre, Pedro Palomares recibió una misiva procedente de Roma, firmada por Francisco Carbonell en la que le comunicaba una gratísima nueva: que gracias a la ayuda del cardenal de Vic y de su hermano D. Jerónimo -el embajador real cabe la Santa Sede-, las gestiones realizadas por Berenguer Saganta -otro procurador oriolano-, por Juan Monto y por él mismo durante la primera mitad del mes de septiembre habían fructificado, y León X había cometido la revisión de la revocación de la creación del obispado de Orihuela a Domingo Jacobacis, cardenal de San Bartolomé in Insula.

Tras conocer la venturosa noticia, Palomares se la participó a las autoridades de la ciudad del Bajo Segura por medio de un escrito, en el que, además, se permitió la licencia de recomendarles que premiasen a las personas que habían trabajado para obtener las bulas favorables con «algun present rahonable».

La carta del síndico debió llegar a su destino el 13 de octubre. Cuatro días más tarde, el Consell y los Electos se reunieron en el Archivo de la Lonja y decidieron que el maestro Gaspar sacase de la línea de crédito que tenía abierta en Roma una determinada cantidad de dinero, de modo que le entregase a Carbonell 50 ducados, 20 a Monto, y le comprase a los Vic algún regalo¹³⁸.

A finales del mes de octubre resurgió la cuestión con la Inquisición. Ugarte y Salvatierra, tras huir de Orihuela, dieron buena cuenta al cardenal de Tortosa de la oposición que los vecinos de dicha ciudad habían ofrecido contra el Santo Oficio. Y Adriano, teniendo en consideración que los hechos referidos por su ministros eran graves y que detrás de los problemas podía estar el trasfondo del Pleito del Obispado, antes de tomar medidas de mayor alcance, decidió encomendar al licenciado Juan Yáñez la realización de un proceso informativo sobre el «avolot».

El 31 de octubre, Yáñez compareció ante el Consell oriolano, presentó su comisión, y solicitó a los ediles que aceptasen su «delaguacion e poder». Éstos debatieron la cuestión y, aunque no de un modo unánime, la tarde del día siguiente le comunicaron al licenciado -por medio del síndico Jaime Despuig- que podía comenzar a realizar libremente sus pesquisas¹³⁹.

Tras recibir el visto bueno de la corporación municipal, Yáñez inició sus investigaciones. No obstante, al parecer, cometió algunas irregularidades en la confección del proceso, y la parte oriolana, sintiéndose perjudicada, volvió a recurrir al cardenal de Tortosa, quien, escuchando las alegaciones, cambió de opinión, anuló la comisión inicial, le ordenó al citado licenciado que abandonase su tarea pesquisidora y dio poder a otros tres jueces subejecutores para que realizasen el citado compendio informativo, convocando al clero, justicia, jurados y pueblo de Orihuela, y absolviendo todas las censuras y penas en que habían incurrido al desobedecer los mandatos del primer comisario¹⁴⁰.

El 11 de noviembre llegó a Roma fr. Gaspar Esteve, bastante mermado de salud. Estuvo enfermo 20 días, y durante ese tiempo no pudo encargase de las gestiones en la Curia, lo que supuso, como veremos a continuación, un gravísimo contratiempo¹⁴¹.

Recapitulando sobre la comisión de Jacobacis, hemos de decir que a principios del mes de septiembre, los procuradores oriolanos le presentaron a León X una fundamentada suplicación. En ella, le expusieron que la creación del obispado de Orihuela había sido decretada por Julio II en atención a justas y legítimas razones, y que precisamente éstas le habían llevado tres años atrás a promulgar su confirmación. Le comunicaron que, por ello, el breve revocatorio les había supuesto gravísimos perjuicios, y que no debía de ser considerado válido porque había sido obtenido por métodos subrepticios, esto es, falseando la verdad. Le aseguraron que la anulación del obispado generaría un recrudecimiento de los escándalos. Y en virtud de tales argumentos, y apelando a su justicia, piedad y misericordia, le rogaron que se dignase a cometer una investigación sobre la licitud del breve revocatorio a cualquiera de los jueces o cardenales que estaban en la Curia romana, o de fuera de ella.

El pontífice decidió atender a la suplicación oriolana como una gracia especial. Y tras señalar que, como cabeza y ejemplo de la Iglesia Romana y de la religión cristiana, deseaba propiciar la paz y la tranquilidad de sus fieles, encargó la revisión de la anulación del obispado al citado cardenal Jacobacis mediante dos cédulas de comisión. En ellas, le dio poder para que, tras convocar a la parte cartaginense, procediese a la absolución cautelar de todas las censuras y penas que hubiesen sido impuestas sobre el clero y el pueblo de Orihuela a raíz de la desobediencia del breve del 17 de marzo. Señaló como subejecutores de tal remisión al obispo de Trano -que tenía una canonjía en la Metropolitana de Valencia-, y a otros dos canónigos valentinos llamados Jaime Ramo y Vicente Luna. Y, además, le concedió potestad para derogar todos los procesos despachados por los jueces subdelegados.

Jacobacis inició su comisión convocando a los representantes cartaginenses, y expidiendo en su presencia un mandato dirigido a los tres jueces subdelegados, en el que les ordenaba que absolviesen al clero y al pueblo de Orihuela. Y Vicente Luna, tras recibir la notificación del mandato del comisario, procedió a la remisión de todas las ya mencionadas penas.

El procurador del cabildo de Cartagena, el maestro Pedro de Salazar, reaccionó protestando contra esta disposición apostólica ante el cardenal. Teniendo en consideración el recurso murciano, Jacobacis mandó citar a los procuradores de las partes, Salazar ex una, y el maestro Berenguer Saganta ex alia, para que compareciesen ante él, en su residencia romana, transcurrido un breve período de tiempo.

Durante el lapso de dicho término llegó a la capital del Orbe Católico el maestro Esteve, completamente enfermo.

Terminado el plazo, el 16 de noviembre tuvo lugar la vista de la queja interpuesta por el síndico cartaginense. Y de una forma inesperada, sorprendente para los murcianos, el convocado Berenguer Saganta no compareció ante Jacobacis para defender las tesis oriolanas¹⁴². Y Salazar supo aprovechar la favorabilísima situación que se le presentaba. Le requirió al cardenal que declarase la contumacia de la parte adversaria y que derogase la absolución que había librado al clero y al pueblo de la ciudad del Bajo Segura de las penas en que habían incurrido por contradictores. Y Jacobacis, considerando justas y razonables las peticiones del maestro cartaginense, sentenció la referida contumacia y revocó la remisión de las censuras. Y por medio de un escrito despachado ese mismo día, ordenó a los subejecutores supracitados que anulasen el perdón y reimpusiesen las penas¹⁴³.

Tras la recuperación de fr. Gaspar Esteve, los embajadores oriolanos reanudaron sus gestiones ante el cardenal de San Bartolomé in Insula, y durante todo el mes de diciembre trataron de convencerle de que, pese a su anterior disposición, pusiese en ejecución los mandatos pontificios que León X había incluido en su comisión.

Mientras tanto, en la ciudad del Bajo Segura y su término la tensión volvió a crecer hasta límites insospechados pues, a principios del aludido último mes del año, el cabildo de Cartagena y las autoridades civiles de Murcia le pidieron al marqués de los Vélez que atacase Orihuela para vengarse de las dificultades que les estaban oponiendo en el Pleito del Obispado.

Agradó a D. Pedro Fajardo el requerimiento murciano, pues también era «molt enemich de aquesta ciutat de Oriola», y se dedicó a reunir una milicia considerable con gente procedente «de Villena, e tot lo regne de Murçia, e part del regne de Granada, de Andaluzia, e de Castella, e de Carthajena, e Lorca, e de tots los lochs del dit marques». Y cuando tuvo preparadas sus tropas -«gents de guerra axi de cavall com de peu, ab molta artilleria»- cayó sobre la ciudad vecina y rival, «tala part de la orta de aquella y crema moltes cases», robó una gran cantidad de cabezas de ganado. Sin embargo, los oriolanos, «conformes y units en una voluntat», reaccionaron rápidamente y decidieron hacerles frente. Y una noche, el marqués, temiendo el contraataque de sus adversarios, cruzó la frontera y se volvió a Murcia¹⁴⁴.

Pero la ofensiva de Fajardo no terminó ahí. El 24 de diciembre partió de la última ciudad citada, de nuevo, en dirección a Orihuela. Alertados los habitantes de ésta por las intenciones del marqués, enviaron a Vicente Martí y a otro caballero a tratar de negociar con el noble, pero las pláticas no obtuvieron ningún resultado. El de los Vélez no tenía en la cabeza otra idea que atacar la ciudad del Bajo Segura. Y cumpliendo con sus propósitos, el día de Navidad puso sitio a la ciudad desde una partida llamada los Cabezos Verdes que estaba a media legua de sus muros. Y mientras se celebraban los sagrados oficios en la iglesia del Salvador, descargó toda la artillería sobre la población. Los actos religiosos tuvieron que ser suspendidos, y los oriolanos tomaron las armas en previsión de un intento de toma por la fuerza de la ciudad. Viendo que Orihuela no cedía, el marqués dio orden a sus soldados de que protagonizasen una nueva razia, de modo que, como había sucedido algunos días antes, sus prosélitos robaron y quemaron diversas casas y heredades, cortaron cientos de árboles, y acabaron de arruinar los campos de cultivo de la huerta. Entonces, los oriolanos decidieron cruzar el río e ir por la ribera contraria hacia Monteagudo, muy cerca de Murcia. Allí, al igual que los soldados del marqués, quemaron algunas casas y robaron mucho ganado. Al enterarse Fajardo de la incursión de los de Orihuela, y del riesgo que corría Murcia, decidió levantar el cerco y volver a territorio castellano. Pese a ello, los daños causados por el doble ataque del marqués de los Vélez fueron valorados por el Consell de la ciudad del Bajo Segura en unos 50.000 ducados, una cifra auténticamente escalofriante¹⁴⁵.

A pesar de estos incidentes, el año no acabó del todo mal, empero, para los intereses episcopales de Orihuela. La insistencia de sus procuradores cabe Jacobacis dio por fin sus frutos el 23 de diciembre. El cardenal atendió a sus razones, y ordenó de nuevo a los subejecutores valencianos que procediesen a la absolución de los afectados por las censuras cartaginenses¹⁴⁶.

Sin embargo, 1519 no comenzó muy bien. La noticia de la obtención por Pedro de Salazar las letras contrarias del 16 de noviembre llegó pocos días después del fin de las fiestas navideñas. Por ello, el 14 de enero de 1519 el capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela, y las poblaciones de Alicante, Caudete y Monforte, firmaron una apelación que presentó el síndico Jaime Despuig a los clérigos Jaime Calatayud, Jerónimo Catalá y Nicasio Olivares, con la intención de remitirla a la Santa Sede. En ella, arguyeron que el mandato absolutorio había sido despachado de modo legítimo, tras haber convocado a la parte adversaria, y que no tenía por qué haber sido anulado¹⁴⁷.

Algunos días después llegó a las tierras levantinas la nueva orden del 23 de diciembre, y el 29 de enero el canónigo Jaime Ramo hizo de nuevo efectiva la absolución de las diferentes censuras que afectaban a los fieles de la diócesis oriolana¹⁴⁸.

En Roma, la diligente realización de gestiones por parte del equipo negociador encabezado por fr. Gaspar Esteve volvió a ver recompensados sus esfuerzos con la expedición de un nuevo documento favorable.

A instancias del citado clérigo regular, el cardenal Jacobacis mandó citar al maestro Salazar para que compareciese en su residencia el 4 de marzo de 1519. El procurador murciano no acudió al llamamiento, y Esteve vio el camino libre y expedito para realizar sus reclamaciones. Así, le pidió al cardenal que declarase la contumacia del síndico, y le pidió que expidiese unas letras inhibitorias para el obispo y el cabildo de Cartagena.

Jacobacis accedió a los ruegos del procurador oriolano, reputó por rebelde a Salazar, y despachó un mandato dirigido a todas las autoridades eclesiásticas de las diócesis de Cartagena y Orihuela, en el que les ordenó, en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión, que a partir del momento en el que los representantes del capítulo del Salvador les mostrasen la provisión, tendrían seis días para presentarse en la Catedral de Murcia y conminar al obispo Mateo, al vicario general del obispado, a los demás oficiales y jueces y, en especial, al cabildo de Cartagena, bajo las penas de excomunión, suspensión a divinis, entredicho y otras censuras eclesiásticas, y una multa pecuniaria de 3.000 ducados de oro de la Cámara Apostólica, a que considerasen sin efecto alguno el breve revocatorio, y a que no tomasen ninguna medida en perjuicio del Pleito del Obispado, del capítulo del Salvador, o de su jurisdicción como comisario¹⁴⁹.

Diez días después, el 14 de marzo, los murcianos pretendieron ejecutar en Orihuela las letras del 16 de noviembre del año anterior cuando, como ya hemos visto, habían quedado sin valor con la expedición de las del 23 de diciembre. Sin duda, no tenían noticia de dicho documento.

De esta forma, un procurador del obispo y el cabildo de Cartagena llamado Juan Garri se personó en la ciudad del Bajo Segura con el propósito de presentar el aludido breve de reimposición de censuras, acompañado por los notarios Salvador de Loazes y Bernardino Miguel¹⁵⁰. Las autoridades oriolanas, al conocer sus intenciones, se mofaron de él. Le manifestaron su negativa en una respuesta escrita en la que le señalaron todos los motivos que hacían lícita la creación del obispado e ilegítima su revocación. Y después, le mostraron un instrumento datado en Valencia el 29 de enero anterior, en el que el notario Felipe Abellá daba fe de la absolución promulgada por el canónigo Jaime Ramo, en cumplimiento del rescripto de Jacobacis despachado el mencionado 23 de diciembre del año anterior. Azorado, Garri les dijo que «si lo treslat de les dites bulles e actes lo y volien donar sens pagar». Y las autoridades civiles y eclesiásticas le respondieron que «sils notaris lo y volran donar dit tresllat franq, que façen a son plaer, e que lo dit Capitol e la dita ciutat no son tenguts a sa despesa fer donar dit tresllat». No sabemos si Garri se llevó o no las copias de los documentos, pero los comentarios literales ponen de manifiesto el ridículo que debió pasar el procurador murciano¹⁵¹.

Cinco días después -el 19 de marzo-, en Barcelona, las negociaciones de Pedro Palomares ante Maximiliano Transilvano dieron también sus frutos. Tras haber revocado a Luis de Soler del vicariato general, el secretario episcopal, en nombre del cardenal de Santo Ángel, designó al nuevo primer oficial del obispado. El elegido fue el chantre, Jaime de Soler, por su integridad de costumbres, su recta vida, y por otras virtudes que le adornaban como un egregio conocimiento de las letras, o su equidad y justicia sumas.

La noticia desencantó por completo al sacristán del Salvador, quien el 16 de abril acató las órdenes del obispo, dejó de ejercer su oficio, y prometió no perturbar la labor del nuevo provisor. Y ese mismo día, Jaime de Soler fue presentado como nuevo vicario general del obispado de Orihuela¹⁵².

A principios de mayo, el brillante Pedro Palomares, por orden de las autoridades de Orihuela, dio por concluido su sindicato y retornó a la población del Bajo Segura, adonde llegó el día 10 de ese mismo mes. Quedó al frente de los negocios de la ciudad D. Juan Maza de Lizana, quien ni de lejos pudo acercarse a la eficiencia de su predecesor en la procuración¹⁵³.

Por estas fechas, junto a Orihuela, la única localidad que había soportado la presión de Carlos I y que aún mantenía su negativa a aceptar el breve revocatorio era Alicante. Sin embargo, a lo largo del mes de abril, también sucumbió al poder del soberano, y la obstinada ciudad del Bajo Segura quedó sola ante el peligro de la indignación real. Poco después de que las autoridades civiles y eclesiásticas alicantinas jurasen sumisión al obispo Mateo y al cabildo de Cartagena, el monarca se enteró de su vuelta a la obediencia regia, y el 15 de mayo le escribió una carta al gobernador Figuerola en la que le ordenaba que hiciese restituir a los clérigos de la ciudad lucentina sus oficios y todos los bienes muebles y raíces que les fueron embargados cuando se negaron a aceptar la revocación de la creación del obispado¹⁵⁴.

Y a partir de este momento, la suerte de Orihuela cayó en picado. El 20 de junio, los procuradores murcianos desplazados a Roma, contando con el apoyo de Carlos I, consiguieron que León X despachase un nuevo breve. Por él, el pontífice se reservó la causa, la extinguió, revocó la comisión de Jacobacis, reimpuso las censuras a los rebeldes, impuso perpetuo silencio al clero y al pueblo de la ciudad del Bajo Segura, decretó la ejecución del breve revocatorio por medio de los ejecutores, y ordenó a los oriolanos que no lo impidieran ni molestaran a los cartaginenses, y a Jacobacis y al resto de auditores y jueces que no se entrometiesen en dicha decisión. Y para que esta vez sí tuviesen vigencia sus rescriptos, el papa mandó a los subejecutores que, en el caso de que los contradictores persistiesen en su rebeldía, acudiesen al auxilio del brazo secular. Y, por último, les dio facultad para absolver a los que aceptasen los breves y lo pidiesen humildemente¹⁵⁵.

La noticia no llegó a Orihuela hasta finales de agosto, cuando los vecinos de Murcia hicieron notorias sus manifestaciones de júbilo. Ante la nueva coyuntura, el capítulo del Salvador decidió enfocar su defensa del mismo modo que en ocasiones anteriores: apelando a la Santa Sede. Por ello, desde principios de septiembre, sus componentes se dedicaron a preparar una escritura de protesta que el día 7 presentaron su síndico Jaime Despuig y el canónigo Miguel Ruiz ante Jaime Calatayud, Jerónimo Catalá y Francisco Oronell¹⁵⁶. Dirigieron sus quejas hacia el carácter subrepticio y perjudicial del nuevo breve y hacia la inminencia de nuevos escándalos motivados por su contenido¹⁵⁷.

Por otra parte, hemos de señalar que a nivel político, por estas fechas, se produjo un acontecimiento trascendental. Estando Carlos I en Barcelona, se enteró de que el 28 de junio había sido elegido emperador. La designación imperial incrementó la hostilidad de los españoles hacia el Habsburgo y modificó sus planes inmediatos. Decidió quitarse de encima cuanto antes la convocatoria de Cortes del Reino de Valencia, y marchar a Castilla con la intención de obtener fondos con los que sufragar los gastos de su coronación imperial. No obstante, la irrupción violenta de la peste en todo el Reino de Valencia impidió una pronta realización de sus propósitos. Y hubo de esperar hasta principios del año siguiente para poder celebrar la citada reunión parlamentaria en la que habría de jurar respeto a los privilegios y fueros regnícolas, y tendría que dar solución a los agravios que le presentaran los estamentos, antes de que sus componentes le reconociesen como legítimo rey¹⁵⁸.

En dicho lapso de tiempo, la defensa contra la peste impidió que aconteciesen actos destacables en relación con el Pleito del Obispado.

8. La segunda comisión del cardenal Jacobacis y la influencia de la Germanía en el Pleito del Obispado.

Tras un buen número de prórrogas, la convocatoria final de las Cortes del Reino de Valencia quedó fijada en la capital de la nación el 14 de enero de 1520¹⁵⁹. A raíz del anuncio real de la reunión parlamentaria, el último día de 1519, el Consell de Orihuela, por mediación del justicia y los jurados, nombró síndico a Berenguer Manresa. El capítulo del Salvador, por su parte, designó como procurador al incipiente doctor Fernando de Loazes, quien fue diputado, además, por el máximo organismo municipal para que se encargase ante el monarca de los asuntos concernientes al negocio de la «sglesia catredal»¹⁶⁰. De esta manera, antes de que partiesen para Valencia, los ediles les entregaron unas instrucciones conjuntas que habrían de regir sus actuaciones.

En primer lugar, tenían que encontrarse en la corte con el procurador oriolano D. Juan Maza de Lizana, quien había de ponerles al corriente del estado de sus negociaciones y de las gestiones que había que hacer, de modo que una vez estuviesen enterados de todo, le comunicaran la revocación de su sindicato, y le diesen, en nombre de la ciudad, un plazo de diez días para regresar a ella. Después, con lo que les hubiese informado Maza, tenían que consultar a los oficiales oriolanos, a fin de que éstos les dijesen cómo habían de proceder.

También llevaban preparadas una serie de suplicaciones que debían presentar en las Cortes. En relación directa con el Pleito, era absolutamente necesario que convenciesen al monarca para que jurase suplicar al papa la anulación del breve revocatorio pues, de no hacerlo, su ejecución no podría retrasarse por mucho más tiempo. Asimismo, habían de protestar a Carlos I por los ingentes daños que les habían causado los murcianos en los últimos tiempos, tanto en virtud de un sitio efectuado por el marqués de los Vélez con el pretexto de la lite -que había originado pérdidas «en suma de cinquanta milia ducats»-, como desbordando de nuevo artificialmente el río Segura -lo que había arruinado las cosechas-. Sobre este último punto, habían de proponer al monarca dos soluciones: la concesión de una licencia que les permitiese cultivar arroz, pues las tierras, anegadas, no permitían otro cereal; o la satisfacción de los daños mediante la ocupación de las rentas del cabildo de Cartagena, «qui es estat causa de dits dans». Acerca de este tema de los emolumentos, habían de suplicar al rey que «de la millor forma, modo e manera» mandase que fueran restituidos los frutos que los capitulares de Cartagena les habían tomado¹⁶¹, y que, en el caso de que se negasen a aceptar dicha restitución, les permitiese recuperar las cantidades secuestradas de las rentas que ellos les tenían embargadas. Y, por último, le tenían que pedir que, como habían hecho sus antecesores, confirmase los fueros y privilegios de la ciudad de Orihuela¹⁶².

Sin embargo, poco pudieron hacer los síndicos en las Cortes, puesto que el 17 de enero Carlos I impuso al cardenal Adriano de Utrecht para que jurase los fueros en su lugar. Y seis días más tarde partió de Barcelona en dirección a Castilla.

Unos días antes, el 14 del citado mes de enero, las obligaciones regulares forzaron a fr. Gaspar Esteve a volver a Orihuela¹⁶³. Con él retornó, asimismo, el canónigo Juan Monto.

Por otra parte, el cabildo de Cartagena decidió que había llegado el momento de volver a intentar publicar el breve revocatorio. Con ese fin envió una delegación a Valladolid, para que se entrevistase con el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas -quien, recordemos, era uno de los tres jueces ejecutores señalados por el rescripto de León X-, y le suplicase la expedición del mandato ejecutorial.

El arzobispo se avino de inmediato a la petición murciana, y el 9 de febrero despachó el instrumento requerido. Lo dirigió a los cristianos a los que pudiese afectar la cuestión del obispado, y en particular al capítulo del Salvador, el clero y el pueblo de Orihuela. A todos ellos les ordenó que cuando el cabildo de Cartagena les presentase el breve del 17 de marzo de 1518, el del 20 de junio de 1519 y su proceso ejecutorial, dentro de un plazo de seis días aceptasen la anulación del obispado oriolano y prestasen el juramento de obediencia al obispo Mateo y al cabildo cartaginense, bajo la amenaza de incurrir en las penas indicadas en el rescripto revocatorio, esto es, excomunión, suspensión a divinis, privación de oficios y beneficios eclesiásticos, y el pago de 1.000 ducados de oro de la Cámara Apostólica.

Asimismo, previendo que los habitantes de la población del Bajo Segura pudiesen perseverar en su obstinación, Rojas les advirtió que en tal caso volverían a ser declarados rebeldes y contradictores de las disposiciones apostólicas, y que sobre la ciudad sería lanzado el entredicho.

Y teniendo en consideración que, pese a la aplicación de tales censuras, pudiesen seguir negándose a prestar su sumisión al cabildo de Cartagena, el arzobispo mandó a los ministros y preceptores de los monasterios de la Santísima Trinidad y de la Merced de Murcia, y al resto de autoridades eclesiásticas de la diócesis cartaginense, bajo pena de excomunión, que despachasen letras monitorias y citatorias y las fijasen en diferentes lugares de la diócesis. Y que en ellas les concediesen a los representantes del capítulo del Salvador, el clero y el pueblo de Orihuela un plazo de tres días para que compareciesen ante ellos, de modo que cuando les publicasen todos los documentos de la revocación, en presencia del cabildo de Cartagena, se comprometiesen a observarlos y obedecerlos, y a no molestar al citado organismo colegiado en la posesión de sus derechos episcopales.

Y si, pese a las monitorias, los oriolanos no compareciesen ante los subdelegados y siguiesen, por tanto, sin reconocer la autoridad cartaginense, Rojas decidió solventar la situación de rebeldía dando poder a los referidos jueces subejecutores para que solicitasen a las autoridades laicas el auxilio del brazo secular¹⁶⁴.

Antes de que llegase el proceso ejecutorial a Murcia, los inquisidores del obispado de Cartagena quisieron de nuevo ir a Orihuela a ejercer su santo oficio, y amenazaron a los que se les obstaculizaran tal desempeño tanto «ab sensures ecclesiastiques e pena de scomunio com ab penes pecuniaries».

El justicia y los jurados se opusieron a la intervención inquisitorial cartaginense, por considerarla perjudicial a la «sglesia cathedral». Y el 12 de febrero, el Consell promulgó «guardament de dan» para dichos oficiales y para las personas que fuesen afectadas por las fulminaciones murcianas, obligándose a pagar «totes les penes o altres dans en que foren condempnats», «perque no es raho que les dites persones hajen de rebre dan per deffendre la dita ciutat».

Y, además, siguiendo el consejo de varios doctores, el Consell apeló contra los propósitos de los inquisidores murcianos ante el «sant pare» y ante el inquisidor mayor, el cardenal de Tortosa¹⁶⁵.

Además, dicho día 12, el otrora síndico en la corte real, D. Juan Maza de Lizana, dio cuenta ante la asamblea municipal de los gastos que había realizado durante su embajada. La corporación le agradeció cuanto había hecho por la ciudad, que en verdad había sido bien poco. Y para estudiar la cantidad que debían al procurador, fueron nombrados «contadors» los jurados Luis Martí y Bartolomé Cascant¹⁶⁶.

Por otra parte, la carta real del 25 de noviembre de 1519, en la que Carlos I autorizaba al pueblo a formar hermandades o germanías y a llevar armas, debió llegar a Orihuela a principios de 1520, puesto que, como veremos a continuación, bien entrado el mes de febrero, una considerable proporción de los habitantes de la ciudad del Bajo Segura disponía ya de armas y, cuando surgía la ocasión, no dudaba en hacer uso de ellas¹⁶⁷. Y una oportunidad muy propicia acaeció cuando el cabildo de Cartagena, teniendo en sus manos el ejecutorial de Antonio de Rojas, pretendió poner en ejecución los rescriptos revocatorios con la ayuda de un quintacolumnista.

Como anunciamos, el 18 de febrero tuvo lugar un suceso que conmocionó profundamente a la población de Orihuela. La pura ambición movió a una personalidad tan apreciada y valorada por la gente como el antiguo vicario general, el sacristán Luis de Soler, a traicionar los intereses de su ciudad y su iglesia. Veamos cómo se desencadenaron los acontecimientos.

Dicho día 18, nada más acabar la misa dedicada a la Virgen María, entró en la iglesia del Salvador el notario murciano Bernardino Miguel y, en nombre del aludido cabildo cartaginense, concitó la atención de los miembros del capítulo que, como era su deber y costumbre, se hallaban en el coro. Seguidamente, les indicó que quería presentarles una carta relacionada con las rentas que reclamaban sus representados y que tenían secuestradas las autoridades oriolanas. Considerando que tal misiva no podía causarles ningún perjuicio y que de ella no se derivaría ninguna consecuencia trascendente, los clérigos no se opusieron a la notificación y permitieron a Miguel que procediese a su lectura. No obstante, después, el procurador los sorprendió desagradablemente al dirigirles de nuevo la palabra de un modo ciertamente sospechoso: -«Senyores, no se vayan que otra cosa les tengo de intimar».

Jaime de Soler, vicario general y chantre, teniendo por seguro que se trataba del breve revocatorio del obispado de Orihuela, le advirtió que no lo hiciera: -«Mirat, no leays cosa que nos sea prejudicial a nuestra yglesia porque non saldriades bien dello, que la ciudad vos podria dar algo». Así de crispados estaban los ánimos de la población del Bajo Segura para con los murcianos.

La admonición de la dignidad detuvo a Miguel unos instantes, y ante su desconcierto, intervino el referido sacristán Soler, quien con palabras claramente sediciosas invitó al procurador cartaginense a notificar el segundo comunicado: -«Venius aqui, cabo de mi, y leet lo que quisieredes que no us enogara ninguno, o venius a mi casa y leereys lo que quereys que yo lo terne por leydo».

Contando con la única garantía de la seguridad ofrecida por el sacristán, Bernardino Miguel «comença a legir tremolant». Y tras terminar la exposición salió corriendo de la iglesia, y sin deternerse ni un momento se marchó de la ciudad con la satisfacción de haber cumplido su arriesgada y difícil misión.

Pero tan rápido como partió el emisario cartaginense, la noticia de que Luis de Soler había actuado en gravísimo detrimento de los intereses de su propia iglesia y ciudad se extendió de boca en boca por las calles de Orihuela. Además, uno de los sirvientes de la Catedral contribuyó a alertar a la población, pues subió al campanario, se encerró en él, y comenzó a tañer sin cesar las campanas. En muy poco tiempo, la iglesia del Salvador se llenó de gente armada «ab piques e lanses y spases», con una clarísima intención: linchar al detestable traidor. Entre los atacantes, se destacó el caballero Andrés Soler quien, empuñando una pica, comenzó a perseguir al sacristán por el reducido espacio del referido recinto eclesiástico. Luis de Soler comenzó a gritar despavorido, y justo cuando el caballero estaba a punto de asestarle el golpe definitivo, el Salvador escuchó las desesperadas plegarias del sacristán e hizo aparecer por las puertas de la iglesia que tan fervientemente le habían dedicado los oriolanos al justicia y a los jurados de la ciudad, quienes consiguieron frenar el impulso mortal de Andrés Soler, y después, progresivamente, fueron apagando sus encendidos ánimos. Una vez lograron apaciguar a cuantos estaban dentro de la Catedral, cerraron sus puertas con el acertado propósito de que no entrase en ella más gente, pues el continuo sonido de las campanas había hecho acudir al citado lugar sagrado a casi todos los habitantes de la ciudad. A continuación, intentaron acceder al campanario para detener «lo repicar» e impedir que el pueblo «mes no s’avolotas». Pero hallaron la puerta cerrada, y el estruendo impidió que el improvisado campanero escuchase sus repetidas llamadas. Por ello, no tuvieron más remedio que «trencar les portes del campanar» para parar al citado clérigo. Después, bajaron de nuevo a la iglesia e hicieron salir «poch a poch» a todos los que allí se habían congregado. Y, finalmente, salieron también ellos del recinto eclesiástico y prosiguieron la labor pacificadora¹⁶⁸.

Una vez quedaron vacías las naves de la Catedral, los capitulares se afanaron por recomponer el mobiliario y hallaron sobre el suelo una carta que se le había caído al sacristán durante el alboroto. Y al leerla pudieron comprender el misterioso porqué de su sedicioso comportamiento.

La misiva, fechada en Murcia el 17 de enero de 1520, era del arcediano de Cartagena. En ella, la dignidad le pedía que ayudase y protegiese al procurador del cabildo cartaginense, Bernardino Miguel -muy amigo de ambos-, a quien habían decidido enviar a Orihuela para «hazer cierto auto» ante el capítulo del Salvador, pues existía la posibilidad de que los vecinos de la ciudad intentasen proporcionarle una buena lección. Le señalaba que «de persona tan cuerda» no esperaba otra actitud. Y, finalmente, le decía que hiciese cuanto le solicitaba porque «trabajo aca a fer que el ofiçio se os torne porque no deseo mas sino trabajar [en] cosa que os pueda servir»¹⁶⁹.

El escrito denotaba cierta relación de dependencia de Soler hacia el arcediano. Éste le escribía que había convencido a Miguel para que llevase a cabo su dificultosa misión diciéndole que «vuestra merced es muy mi senyor», y que no consentiría que le hiciesen mal alguno.

Por otra parte, las autoridades seculares tuvieron que esforzarse por «apaguar la yra del poble». Y puesto que «cavallers e homens de condicio, menestrals y lauradors staven tant alterats» y con intención de «anar a ffer algun gran disorde», decidieron convocar «capitol y consell» para el día siguiente, domingo 19.

No obstante, antes de que se celebrase la reunión, durante la tarde del sábado 18, D. Ramón de Rocafull se enteró del contenido de la carta del arcediano de Cartagena y, a fin de evitar mayores escándalos, le recomendó al sacristán que se marchase de la ciudad. Luis de Soler consideró acertado el consejo del caballero y, temiendo por su vida, huyó de Orihuela sin hablar con nadie más.

La mañana del domingo acudieron a la sala del Consell el justicia, los jurados y los consellers para deliberar sobre el incidente acaecido el día anterior, y con el propósito de señalar al eclesiástico el castigo más conveniente¹⁷⁰.

Apenas iniciada la sesión, se presentaron en dicho lugar dos canónigos del Salvador, Pedro Martínez y Miguel Ruiz, quienes dieron a conocer a los asistentes la existencia de la comprometedora carta.

Al desconocer «la substancia» del citado escrito, el Consell envió a la citada iglesia al jurado Gaspar Ruiz y al síndico Jaime Despuig a fin de obtener información sobre él.

Ruiz y Despuig fueron a la «Catedral», se hicieron con la citada carta, y la llevaron al aula municipal. Allí se la entregaron al escribano Pedro Palomares, quien procedió a su lectura pública.

Desveladas las ambiciosas intenciones del antiguo vicario general, la corporación tomó mayor conciencia de que un «exces tant enorme» era realmente «digne de gran punio e castich». Por ello, sus componentes comenzaron a debatir sobre el castigo que se la había de imponer.

Intervinieron en primer lugar el justicia en lo criminal y los jurados, quienes de común acuerdo propusieron que Soler fuese desterrado de por vida de la ciudad de Orihuela y su término.

La mayoría de los consellers se mostraron plenamente conformes con dicho «vot y parer». No obstante, hubo algunos munícipes que no se adhirieron a la opinión de los oficiales, e hicieron propuestas más particulares. Un buen número de ediles expuso que, además del exilio, debía decretarse la confiscación de todas sus rentas, a fin de reparar el ingente daño moral que había causado al dar primacía a sus intereses personales por encima de los de su patria. La opinión más drástica la proporcionó Jaime Masquefa, quien afirmó que si, estando desterrado, el sacristán osaba volver a pisar las tierras del Bajo Segura, debería serle aplicada la pena capital. Perot Pérez dijo que, complementando la pena señalada por los oficiales, se le había de «derocar la casa o algun tros». Jaime Ruiz se negó a votar porque, según su parecer, no había castigo suficiente para alguien que había vendido a su ciudad. Únicamente un conseller, Jaime Lázaro, aseveró que no quería que lo desterrasen ni le causasen mal alguno al citado clérigo.

Finalmente, tras la exposición de todas las opiniones, los miembros del Consell tomaron una resolución definitiva. Por una parte, decidieron que D. Luis de Soler no pudiese volver a desempeñar oficio alguno en Orihuela (incluyendo en la privación el de vicario general, tan ansiado por él), salvo que «per lo papa o rey fos perdonat»¹⁷¹. Y por otra, que fuera desterrado de por vida de la ciudad de Orihuela y su término.

Mientras tenían lugar las deliberaciones concejiles, el pueblo esperaba «ab gran impetu» que se hiciese pública la sentencia «perque volien de fet anar a derocarli la casa».

Comprendiendo que la tensión podía propiciar algún desorden público de consideración, el Consell decidió «apasiguar lo poble fent crida» del castigo asignado. Por ello, mandó al escribano Palomares que redactase el citado bando»¹⁷². En él, «per raho dels crims y excessos» que el sacristán había cometido contra la ciudad y sus libertades, se anunció su destierro, su incapacitación para el ejercicio de cargos y, bajo pena de 100 maravedís, se prohibió a los habitantes de Orihuela que acogiesen al reo «en ses cases e heretats».

Después, los consellers le ordenaron al citado escribano que hiciese un instrumento público en el que diese fe de que Andrés Soler -a quien no le unía ningún lazo de parentesco con Luis de Soler- quiso «levar la vida al dit sacrista», y que era «virtuos, bo y leal, y molt ardent» en la defensa de Orihuela y su iglesia, tanto que dicha ciudad «nol poria remunerar ni satisfer segons los merexers»¹⁷³. Probablemente lo hicieran con el fin de prestigiar su vigorosa intervención, y para calmarle los ánimos, pues, según afirmaban el justicia y los jurados, el caballero «resta enugat en no haver pogut posar les mans en lo dit sacrista»¹⁷⁴.

Y, por último, para cerrar tan ajetreada sesión, el Consell despachó un nuevo documento en el que, atendiendo las «moltes necessitats» que tenía habitualmente la ciudad de Orihuela en relación con «los negocis de la sglesia catedral», sus miembros dieron poder a D. Ramón de Rocafull -señor de Albatera-, a D. Pedro de Rocamora -señor de Miralcamp-, a Juan Togores, a Andrés Soler y a Juan Martí, para que, junto al justicia, los jurados y los referidos ediles, «façen tot lo que sera mester en deffensio de la dita nostra sglesia y plet». De esa manera, fue nombrado un nuevo grupo de Electos¹⁷⁵.

Una vez se dieron a conocer las penas impuestas, el pueblo las consideró insuficientes y no quedó «content» con la pacata decisión de los munícipes. Tampoco les consoló el hecho de que el propio capítulo del Salvador le vedase la posibilidad de volver a ejercer oficio alguno en dicha iglesia, y de entrar en ella durante la celebración de los actos de culto.

Durante los días siguientes al turbador suceso, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura aún tuvieron que emplearse a fondo para pacificar los violentados sentimientos de la población oriolana.

Y el 22 de febrero escribieron al gobernador D. Pedro Maza de Lizana para darle cumplida información de cuanto había sucedido¹⁷⁶. Le relataron el triste episodio de la confabulación de Luis de Soler, le enviaron un trasunto de la carta del arcediano cartaginense, le dieron cuenta de las intervenciones afortunadas del señor de Albatera y de Andrés Soler, y, por último, le reprocharon que ni él ni su lugarteniente Diego Soler hubiesen estado en la ciudad para hacerse cargo de los alborotos populares.

En relación con el enfrentamiento con los inquisidores murcianos, el día siguiente -23 de febrero- las autoridades civiles y eclesiásticas recibieron unos instrumentos sumamente valiosos. La apuntada apelación dirigida al cardenal Adriano fue presentada por los síndicos Berenguer Manresa y Fernando de Loazes. Y gracias a sus diligentes gestiones, consiguieron que el 20 de dicho mes de febrero el venerable clérigo expidiese una provisión de nombramiento para Juan Ruiz de Salvatierra como inquisidor del Reino de Murcia y la Gobernación de Orihuela.

En ella, el cardenal de San Juan y San Pablo le concedió potestad sobre las causas civiles y criminales, y poder para proceder contra los culpables de los crímenes de herejía y apostasía e incluso encarcelarlos, pero con la condición de que no llevase a Murcia a los habitantes de la citada demarcación del Reino de Valencia ni para juzgarlos, ni para castigarlos¹⁷⁷.

Con dicho título alternativo y no demasiado legal, pues indicaba el ámbito inquisitorial de actuaciones haciendo referencia a límites civiles y no a la geografía episcopal, el hábil Adriano de Utrecht halló la manera de evitar los conflictos que se suscitaban en Orihuela cada vez que los inquisidores de Murcia trataban de ejercer en ella el santo oficio. En adelante, éstos ya no actuarían como inquisidores del obispado de Cartagena, y mientras así lo hiciesen no volverían a toparse con embarazos ni oposiciones, pues la nueva intitulación no constituía novedad alguna para el Pleito del Obispado, ni causaba perjuicio a ninguna de las partes contendientes.

También recibieron una carta dirigida al propio Juan Ruiz de Salvatierra, y fechada el mismo día 20 de febrero. En ella, el Inquisidor mayor le comentaba que había decidido que se intitulase según la nueva fórmula en atención a las quejas de ambas partes, a los frecuentes escándalos que se derivaban de los intentos de intervención inquisitorial en la ciudad del Bajo Segura, y para no perjudicar los intereses oriolanos en el Pleito del Obispado. Adriano dejó claro que el nuevo título tendría vigencia hasta que dicho litigio fuese sentenciado, y que entonces los inquisidores volverían tener una adscripción a territorios eclesiásticos. Además, en la misiva, el obispo tortosino le recalcó a Salvatierra que no podría sacar a los culpados de los límites del Reino de Valencia, y que tendría que disponer en la capital de la Gobernación de un lugar apto para las audiencias, y de otro que sirviese de presidio para los reos. Y, por último, le indicó que en el caso de que el notario del Secreto no conociese la lengua valenciana, habría de tomar otro notario de su confianza que sí la dominase¹⁷⁸.

Y el 24 de febrero, Guillermo Manresa, en sustitución del síndico de la ciudad, Jaime Despuig, le presentó tales documentos al inquisidor Salvatierra, y le requirió que los aceptase y que mostrase su disposición a observar sus contenidos. Y el licenciado los acató por ser mandatos de su superior, y para que las autoridades de Orihuela tuviesen constancia de su acto de obediencia, dio orden al notario del Secreto, Pedro de Uranga, de que diese fe de él por medio de un instrumento público¹⁷⁹.

Ese mismo día, en la población del Bajo Segura, el justicia, los jurados y los nuevos Electos, pretendiendo mejorar las defensas de la ciudad ante la posibilidad de ataques murcianos relacionados con el Pleito del Obispado, nombraron a dos caballeros ajenos al movimiento de la Germanía, D. Luis Rocamora y D. Luis Togores, encargados de la artillería¹⁸⁰.

Por otra parte, en Murcia dieron por válida la notificación de los rescriptos, y pasados los seis días señalados en el proceso de Antonio de Rojas, el cabildo de Cartagena requirió a fr. Martín de Molina, ministro del monasterio de la Santísima Trinidad, que ejerciese como juez subejecutor y despachase un nuevo instrumento citatorio, otorgando al capítulo del Salvador, al clero y al pueblo de Orihuela un plazo de tres días para que compareciesen ante él, y ante los componentes del citado colegio catedralicio jurasen respetar las disposiciones apostólicas y volviesen a someterse a su autoridad y a la del obispo Mateo, sin causar más molestias, con la prevención de que, en el caso de que no cumpliesen con las órdenes del juez subdelegado, éste habría de solicitar a Carlos I y a las autoridades laicas la intervención del brazo secular. Molina accedió a la petición de los clérigos murcianos y expidió el citado mandato, siendo publicado en las iglesias de diferentes localidades del Reino de Murcia¹⁸¹.

Como era fácil de suponer, los oriolanos no acudieron al llamamiento del subejecutor. Éste esperó un tiempo más que prudencial y el 14 de marzo suplicó al ya emperador electo que interpusiese su autoridad para que el capítulo del Salvador, el clero y el pueblo de Orihuela acatasen sin más demoras las órdenes apostólicas. Los procuradores murcianos llevaron la súplica de Molina al monarca, y tras diferentes trámites consiguieron que Carlos I les expidiese dos reales cédulas, fechadas en Santiago de Compostela el 7 y el 10 de abril.

En la primera de ellas, ordenó al «governador del marquesado de Villena» y a los «corregidores de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartagena, e de las villas de Requena e Utiel» que auxiliasen al cabildo de Cartagena si les pidiesen ayuda en aras a la ejecución de los breves revocatorios del 17 de marzo de 1518 y del 20 de junio de 1519¹⁸².

Y en la segunda, le comunicó al nuevo gobernador de Orihuela, D. Pedro Maza de Lizana, que su inconmutable voluntad era que los citados rescriptos tuviesen pleno cumplimiento y, en virtud de su autoridad soberana, y so pena de caer en la indignación regia y de tener que pagar 2.000 florines de oro, le ordenó estrictamente que cuando los representantes del aludido cabildo cartaginense le solicitasen su ayuda y consejo, sin efectuar consulta alguna ni permitir nuevas dilaciones, les concediese su auxilio e instase a los oriolanos a obtemperar los mandatos reales y apostólicos¹⁸³.

Además, para asegurarse del pleno cumplimiento de la anulación de la creación del obispado de Orihuela, los murcianos volvieron a presentar la rebeldía de los fieles de esta unidad diocesana al procurador fiscal de Su Santidad. Y como les ocurrió en la anterior ocasión, tornaron a equivocarse. Perusthis le insistió a Jerónimo de Thinutiis que agravase las censuras impuestas contra los reincidentes contradictores de las disposiciones pontificias. Y así lo hizo. Ello sirvió de pretexto para que los síndicos oriolanos en la Curia consiguiesen de nuevo que León X cometiera la investigación de la causa al cardenal que tenía un conocimiento más profundo y reciente de ella, Domingo Jacobacis, y que le concediese otra vez la facultad para absolver, previa convocatoria de la otra parte, al clero y al pueblo de la ciudad del Bajo Segura de las censuras y penas que les hubiesen sido impuestas por su desobediencia al breve revocatorio, así como plenos poderes para que despachase los mandatos necesarios para lograr la pacificación de la causa¹⁸⁴.

Mientras tanto, en Orihuela, la Germanía fue fortaleciéndose progresivamente, aprovechando la existencia de numerosas industrias y obradores, así como la fortaleza de los gremios de artesanos. De esta manera, sus partidarios cobraron poder a pasos agigantados, y los abusos y las muestras de violencia popular se hicieron frecuentes. Y la influencia de los máximos representantes de «la Union y Germania», esto es, los síndicos del pueblo y los Trece, llegó a tal extremo que se dedicaban a recorrer la ciudad, armados y acompañados por temibles escoltas, obligando a todos los que hallaban a inscribirse en el movimiento, e imponiendo fuertes multas a cuantos les oponían resistencia o daban largas al asunto¹⁸⁵.

En un primer momento, las autoridades oriolanas trataron de aprovechar ese ascendiente íntimamente ligado con el pueblo llano. E incluso el 3 de julio los Electos llegaron a cometer a tres de los citados «cindichs del poble», Pedro Palomares, Miguel Rausell y Perot Pérez Terol para que fuesen a Murcia a entrevistarse con los «cindichs e tretze del poble de la ciutat de Murcia», y tratasen de «entendre, praticar, consertar e tallar y apartar tots pleyts, hoys e males voluntats que son estats fins a hui entre los reverents capitols de la ciutat de Cartagena e de Oriola, e los consells e universitats de les dites ciutats, axi en esguart del pleyt y questio de la eleccio de la esglesia catredal de la dita ciutat de Oriola, com per qualsevol altres questions debats e diferencies»¹⁸⁶.

No obstante, posteriormente, los nobles y caballeros de la ciudad comenzaron a sentirse inseguros, e iniciaron un lento peregrinar en dirección a Albatera, donde buscaron refugio en los dominios de su señor, D. Ramón de Rocafull, quien «les había ofrecido un honroso hospedaje»¹⁸⁷.

En Roma, la segunda comisión a Domingo Jacobacis dio una nueva oportunidad a los embajadores oriolanos para conseguir la absolución de las censuras que pesaban sobre los habitantes de la ciudad. Y no desaprovecharon la ocasión. Tras unas cuantas súplicas y un más o menos oculto desembolso económico, el 15 de julio el cardenal de San Bartolomé in Insula explicó retóricamente que la Santa Madre Iglesia no cerraba sus puertas a los que querían entrar en ella, y se avino a encomendar la referida remisión de penas a dos clérigos hispanos, el arcediano de Calatrava, Gaspar Casanova, y el ya conocido canónigo valentino Jaime Ramo¹⁸⁸.

En Orihuela, siete días después, los síndicos del pueblo y los Trece solicitaron a los oficiales municipales que tomasen diferentes medidas para mejorar la capacidad de defensa de la ciudad, entre ellas, la compra de nuevas piezas de artillería y de diferentes armas como «cosalets e spinguardes», ante el peligro de un posible ataque murciano provocado por la cuestión del obispado. Y lograron que el Consell aprobase la carga de varios censales con tal fin¹⁸⁹.

El 1 de agosto le reclamaron al máximo organismo municipal que dedicase una considerable cantidad de dinero a la reparación de «los murs e portals de la dita ciutat», que colocase a gente armada en el castillo, y que mandasen que todo el grano «de les ortes e alqueries» fuese llevado a la ciudad para el abastecimiento de sus vecinos.¹⁹⁰. Y el día siguiente, se hizo una «crida» prohibiéndose que fuera sacado grano de Orihuela.

El 16 del mencionado mes octavo, el Consell, enterado de la segunda comisión al cardenal Jacobacis, decidió enviar refuerzos a Roma, y procedió al nombramiento de dos síndicos, el ya experimentado Juan Monto, y otra persona increíblemente válida, Juan de Loazes. El objetivo era conseguir la anulación del breve revocatorio¹⁹¹.

El día siguiente, los síndicos del pueblo y los Electos se pusieron de acuerdo para solicitar al justicia y a los jurados que no pagaran a D. Juan Maza la deuda que la ciudad tenía con él desde que fue síndico en la corte. Argumentaron que Maza no había «obrat res en la negosacio que es anat», y que, al contrario, su ineptitud había «fet y causat tot lo dan». Y aún más, les pidieron que recobraran las cantidades que le habían entregado para pagar los daños que había acarreado su negligencia al capítulo del Salvador y a la población del Bajo Segura¹⁹².

El 20 de agosto, los líderes agermanados volvieron a acudir a la asamblea municipal para pedir que todos los ciudadanos se inscribiesen en la Germanía y tomasen las armas contra el posible ataque del ejército real. Y, además, manifestaron sus protestas contra las acusaciones de robos, asesinatos y desórdenes que se les imputaban, según su parecer, injustamente¹⁹³.

No agradaron las medidas agermanadas a los pocos caballeros que quedaban en la ciudad, y se quejaron al referido Consell de los excesos que se estaban cometiendo. Sin embargo, sus razonamientos no fueron -o no pudieron ser- atendidos, sino que fueron violentamente acallados¹⁹⁴.

A principios del mes de septiembre llegó a Orihuela la comisión absolutoria del cardenal de San Bartolomé in Insula. De inmediato, el capítulo del Salvador le encargó al presbítero Pedro García y al canónigo Miguel Monto -síndico del citado capítulo y de la ciudad de Orihuela- que fuesen a Valencia a presentársela al subejecutor Jaime Ramo.

Los dos oriolanos obedecieron las órdenes de sus representados y marcharon a la ciudad del Turia. Y el día 7 de ese mismo mes le entregaron al canónigo valentino la orden de Jacobacis. Éste la aceptó con humilde reverencia, y decretó la absolución del clero y el pueblo de Orihuela de todas las censuras en las que hubiesen incurrido por negarse a obedecer los rescriptos revocatorios. Y, en consecuencia, los restituyó a la obediencia de la Santa Madre Iglesia, y les dio licencia para volver a participar de los sacramentos. Asimismo, bajo pena de excomunión, mandó a todos los clérigos y notarios públicos de las ciudades y diócesis de Valencia, Orihuela y Cartagena que tuviesen por absueltos a los beneficiados por el perdón que acababa de promulgar. Y para dar a conocer su sentencia, ordenó que el auto fuese fijado en las puertas de las iglesias de Valencia, Játiva y Jijona.

De esta manera, ese mismo día 7, el decreto de Ramo fue fijado en las puertas de la Metropolitana valentina. Seis días después, fue clavado en las de la Colegiata setabitana. Y finalmente, el 15 fue colocado en la parroquial jijonenca¹⁹⁵.

Por otra parte, conforme avanzaba el año, fue cobrando auge entre los oriolanos el temor a que los murcianos, aliados con el bando nobiliario, aprovechando el sesgo político de los acontecimientos, vengaran sus enemistades por el asunto del obispado, por lo que pidieron auxilio a los Trece valencianos por medio de una carta fechada el 21 de octubre, y también a los pueblos de las montañas, mediante otra misiva enviada el 7 de noviembre¹⁹⁶.

Pronto, las noticias sobre los desmanes de los agermanados llegaron a oídos del emperador. Y el 11 del mismo mes de noviembre, desde Colonia, envió una al Consell de Orihuela, en la que, tras revocar «la Union y Germania e adezenamiento», ordenaba que todas las armas fuesen encerradas en las casas de las cofradías bajo dos o tres llaves, de las que una la tendría el lugarteniente general del Reino de Valencia, de modo que no pudiesen ser usadas sin su licencia, y únicamente «en casos necessarios y para buenos effectos, y no de otra manera»¹⁹⁷.

Sin embargo, lejos de frenar la escalada armamentística, según era la voluntad real, ante las noticias de que en Villena y en Murcia estaban preparándose tropas para atacar a la Germanía oriolana, los síndicos del pueblo volvieron a escribir a los Trece valencianos el 29 del citado mes undécimo, solicitándoles el envío de hombres armados¹⁹⁸.

Posteriormente, ya entrado el mes de diciembre, presentaron al Consell una serie de reclamaciones y exigencias: que la muralla fuese reparada; que los arrendadores y cobradores de impuestos mostrasen públicamente sus cuentas; que los caballeros o ciudadanos no pudiesen asumir más que un solo cargo en el gobierno municipal; y que no se pagase salario alguno a Fernando de Loazes quien, según su parecer, había sido nombrado asesor del Justicia vulnerando los privilegios de la ciudad; y, sobre todo, que hubiese una mayor representación popular en el citado organismo, para lograr la mayoría y tener el mando absoluto de la ciudad.

El Consell se negó a aceptar las imposiciones agermanadas, confirmó su tradicional composición, y el 23 de diciembre aprobó la elección del justicia, los jurados y los consellers que se encargarían de regir la ciudad durante 1521 según el modelo insaculatorio. Y estalló el motín¹⁹⁹.

Tras el nombramiento de Jaime Martí -«fidelíssimo y leal servidor del Rey»- como primer jurado, Miguel de Santángel, baile general de la Gobernación y afecto a la Germanía, irrumpió en la Sala del Consell, acompañado por muchos agermanados de Redován y Valencia, revocó la designación de Martí, y contra toda ley colocó en su lugar a Fernando Meca, un alférez del movimiento. Y después fue asignando a diferentes agermanados todos y cada uno de los cargos y oficios municipales, haciendo oídos sordos a las protestas de los consellers, quienes, asustados por su fuerza, optaron por huir. A continuación, los «representantes del pueblo» echaron por los suelos las mesas y los escaños de la sala del Consell, robaron los «sachs» de los «redolins» y los arrojaron al río. Y después, arremetieron contra las casas de varios caballeros de la ciudad, entre los que cabe citar a Luis Togores o a Andrés Soler, y las derribaron por completo.

El vicario general, Jaime de Soler, se opuso a que prosiguieran con tales actos vandálicos y les instó a que volviesen a la legalidad. Los «populars» le respondieron con actos. Y sin darle muchas explicaciones, lo prendieron y lo encarcelaron junto con otros canónigos del Salvador. Los tuvieron presos durante un tiempo, y tras una rápida deliberación, decidieron desterrarlos de la ciudad²⁰⁰.

Por otra parte, en Roma, el 7 de febrero, los embajadores oriolanos, Juan Monto y Juan de Loazes, interpusieron ante el papa una apelación contra el cabildo de Cartagena por su participación en los repetidos desbordamientos provocados del río Segura. En ella, le pusieron de manifiesto que el citado organismo colegial murciano, movido por su increíble odio capital hacia el capítulo del Salvador, había sufragado los costes de la obra de excavación de un cauce artificial en dicho río, con la intención de desviar la corriente fluvial y causar inundaciones en el término de Orihuela. Y que ya habían perpetrado tal fechoría varias veces, causando la ruina de los cultivos de la huerta -de los que obtenían sus diezmos y primicias tanto la Catedral del Salvador como las demás parroquiales-, y propiciando algunas pérdidas humanas. Y le solicitaron que pusiese un remedio a la penosa situación pues, en el caso de que no tomase medida alguna, además de permitir la perdición de las cosechas y la desolación de dichas iglesias y de las familias de los ahogados, se suscitarían nuevos escándalos, asesinatos y enfrentamientos, y jamás podría lograrse la pacificación de los obispados²⁰¹.

León X atendió la suplicación oriolana y el día 24 del citado mes de febrero decidió cometer la causa al obispo de Trano y al vicario general del arzobispado de Valencia²⁰².

Pero fue la última vez que las gestiones de los procuradores de la ciudad del Bajo Segura tuvieron éxito. Mayor influencia tuvieron, sin duda, las efectuadas por D. Juan Emanuel, un caballero burgalés enviado por el rey a la Santa Sede, pues, siguiendo las instrucciones de Carlos I, convenció al pontífice de que la única manera que existía para acabar con celeridad con la larga y endémica serie de escándalos, homicidios, sediciones y enfrentamientos que afectaban a Orihuela y Murcia, y lograr instaurar la paz y la tranquilidad en sus territorios, era hacer desaparecer los perjuicios, las injurias y los daños que estaban sufriendo el obispo y el cabildo de Cartagena. León X tuvo en consideración estos argumentos y recabó otros testimonios de informadores de confianza y, por fin, el 27 de marzo decretó la revocación de la segunda comisión del cardenal Jacobacis, la anulación de la absolución realizada en su nombre por el canónigo Jaime Ramo, la reimposición de censuras sobre los contradictores de sus órdenes, y el cumplimiento de su breve revocatorio de la creación del obispado de Orihuela²⁰³.

Y el 8 de abril siguiente confirmó el breve anterior mediante otro en el que incidió en la necesidad de que los subejecutores hiciesen efectiva la anulación del obispado oriolano, recurriendo en el caso de que fuese necesario al auxilio del brazo secular²⁰⁴.

9. El Saco de Orihuela y la vuelta forzada a la obediencia cartaginense.

Con el transcurso de los primeros meses de 1521, la situación en Orihuela empeoró, y los desórdenes por todo el Reino de Valencia adquirieron cada vez mayor magnitud. Ello propició que la comisión apostólica para el estudio del caso de los desbordamientos del Segura no tuviese ninguna incidencia, ni supusiera ninguna modificación al respecto.

Viendo que la Germanía adquiría posiciones cada vez más fuertes en la ciudad del Bajo Segura, el virrey D. Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, insistió a los síndicos del pueblo y a los Trece oriolanos que acatasen las órdenes reales del 11 de noviembre del año anterior y depusiesen las armas. Pero los agermanados se negaron a obedecer y respondieron al máximo representante de la autoridad real en el Reino de Valencia que estaban asombrados de que les mandasen tal cosa porque necesitaban las armas para «castigar a los moros y turcos que cada día vienen a correr la costa, y otras necesidades», y porque buena parte de dichas armas no eran propiedad de las cofradías, sino que los «adecenados» las habían comprado «con sus propios dineros» y las requerían «para la deffensa de la tierra»²⁰⁵.

Y ante la impotencia del virrey, los disturbios callejeros continuaron en Orihuela. En una de esas algaradas, estuvo a punto de ser detenido el joven e insigne doctor Fernando de Loazes, quien se hallaba circunstancialmente en la ciudad. Descubierta su identidad y conocido su alineamiento con el bando nobiliario-real, Loazes tuvo que correr desde la calle Mayor en dirección a la Catedral, para refugiarse en la torre del campanario, que, como sabemos, tenía privilegio de asilo. La iglesia del Salvador fue sitiada para que no pudiera escapar, pero con la ayuda de unos amigos consiguió huir a tierras murcianas, donde, curiosamente, su vida corría en esos momentos menos peligro²⁰⁶.

La persistencia de los agermanados oriolanos obligó al conde de Mélito a cambiar de táctica. Por ello, tras sopesar diferentes posibilidades, decidió pedir a D. Ramón de Rocafull que fuese a la ciudad del Bajo Segura a tratar de conseguir someter a los rebeldes a la autoridad real. El virrey escogió para tal misión al señor de Albatera porque, junto al gobernador D. Pedro Maza de Lizana, era el líder de los nobles y caballeros de la Gobernación, y también porque era uno de los personajes más temidos por los insurrectos. D. Ramón se personó en Orihuela e intentó convencer a los menos afectos a la Germanía. No obstante, al poco de comenzar su arriesgada misión, los síndicos del pueblo se enteraron de sus tejemanejes, «tocaron las campanas a rebato y mientras en la plaza se reunía la gente con armas, Don Ramón de Rocafull, a uña de caballo, huyó a su solar de Albatera». Allí reunió a los caballeros refugiados para planear la mejor solución para acabar con la rebelión²⁰⁷.

Sin embargo, los servicios de información de los agermanados funcionaban con diligencia, y pronto los cabecillas tuvieron noticia de dicho conciliábulo. Y se plantearon dar un tremendo golpe de efecto: quemar la villa de Albatera. No obstante, cuando casi estaban preparados para salir, los partidarios de Rocafull en la ciudad consiguieron calmar los ánimos incendiarios. No pudieron evitar, empero, que los adecenados, para desquitarse, apresaran a tres afamados caballeros: Jaime Roca, Luis Togores y el valiente Andrés Soler. Aunque con posterioridad, los ayudaron a escapar, y los tres lograron llegar sanos y salvos al regufio albaterense²⁰⁸.

El siguiente plan de los agermanados oriolanos fue algo más razonado, pero no menos descabellado. Buscando congraciarse con el lejano Carlos I, quisieron incrementar su real patrimonio ofreciéndole nuevas tierras y bienes. Así, decidieron emancipar las villas de Elche y Crevillente del yugo de su señor, el marqués de Elche, y entregárselas directamente al rey. Y el propio dirigente Pedro Palomares capitaneó las milicias populares, respaldó el levantamiento ilicitano y ganó la villa para la Germanía²⁰⁹.

Pero en lugar de ganar la voluntad de Carlos I, le hicieron tomar conciencia del gravísimo problema que constituía la rebelión, por lo que desde Alemania escribió a los distintos gremios de las poblaciones agermanadas aconsejándoles que volviesen a la obediencia real. Así, algunas localidades tendieron a tranquilizarse, pero en otras persistió la rebeldía, y se hizo evidente que no quedaba ninguna solución pacífica para la revuelta. Ya no quedaba más remedio que vencerla por la fuerza.

De esa manera, el virrey proyectó una reunión en Gandía con los nobles y caballeros del Reino que habían de luchar contra los agermanados. De esta concentración salió D. Ramón de Rocafull con el encargo de reclutar hombres para el ejército virreinal. Al enterarse de la labor del señor de Albatera, los populares oriolanos se unieron con partidarios de Elche y, tras formar un tropel de unos 4.000 hombres, marcharon hacia la villa que servía de refugio a los nobles. La atacaron con insistencia pero la valentía de los defensores, entre los que se hallaban algunos clérigos, les impidió el triunfo. Finalmente, los agermanados hubieron de desistir. Y Rocafull, con tres compañías de hombres leales, marchó al encuentro de las tropas del conde de Mélito²¹⁰.

Posteriormente, la guerra comenzó, y los oriolanos de ambos bandos tuvieron una importante participación en diferentes hitos bélicos que, para no hacer demasiado prolija la narración y por no ser objetivo de nuestra investigación, dejamos de relatar.

De cualquier forma, señalaremos que los primeros pasos agermanados, esto es, el asalto del castillo de Játiva y la victoria de la batalla de Gandía, fueron triunfales. Tras las victorias iniciales, los rebeldes se dedicaron al saqueo y al bautismo forzoso de mudéjares -con escobas y ramas mojadas en las acequias- en la citada localidad de Gandía, y también en Oliva, Vilallonga, Guadalest, Penáguila y Polop, entre otras poblaciones, buscando, al parecer, el empalme con los comuneros castellanos.

El virrey embarcó en Denia hacia Peñíscola y organizó la resistencia invocando la ayuda murciana, que jugaría un papel decisivo en el inmediato enfrentamiento militar.

Tras la derrota en Gandía y después de muchas vicisitudes, D. Pedro Maza volvió a las tierras de su Gobernación con la misión de socorrer el castillo de Orihuela, que estaba siendo asediado por los insurrectos y era defendido por unos pocos hombres capitaneados por Jaime Despuig. Y para facilitarle la tarea, D. Diego Hurtado de Mendoza mandó a Murcia al Almirante de Aragón, D. Alonso de Cardona, para que, ejerciendo toda su influencia, recabara del marqués de los Vélez ayuda para la defensa de la citada fortaleza oriolana. Del mismo modo, Maza reunió a todos sus efectivos y se dirigió al reino vecino con la intención de pedir auxilio a D. Pedro Fajardo -el referido marqués-, quien ya estaba preparando un gran ejército²¹¹.

Los agermanados oriolanos, previendo el peligro que se les avecinaba desde el otro lado de la frontera, decidieron enviar emisarios a Játiva, en busca de apoyo urgente. También escribieron a los Trece valencianos con idéntico objetivo. Los rebeldes setabenses respondieron a los requerimientos de sus compañeros de Orihuela enviando hombres armados, e invitando a los agermanados de otras villas como Alcoy, Jijona, Onteniente, Albaida, Cocentaina o Penáguila a engrosar con milicianos las filas del ejército «popular». Los contingentes se reunieron en Alcoy bajo el mando de fr. Miguel García, capitán general de Játiva. Recogieron en Jijona al capitán Bocanegra y se dirigieron hacia la ciudad del Bajo Segura a marchas forzadas.

Por su parte, en Peñíscola, el virrey estaba ocupado en trazar los planes convenientes para lograr la rendición de Murviedro y Valencia, por lo que encomendó al gobernador Maza la represión de la revuelta oriolana²¹².

El 27 de agosto de 1521, el ejército agermanado hizo su entrada en Orihuela. Y de inmediato, los Trece de dicha ciudad enviaron un ultimátum a Jaime Despuig: o rendía el castillo, o lo tomarían por la fuerza. Despuig se negó a abandonar la resistencia, y se preparó para hacer frente al ataque. Durante los dos días siguientes, las tropas rebeldes trataron en balde de conquistar la citada fortificación.

El día 28 D. Pedro Maza, conociendo la desesperada situación del castillo, se decidió a ayudar a Jaime Despuig. Así, dio indicaciones al marqués de los Vélez para que efectuase una maniobra de diversión en las puertas de la ciudad, a fin de enviar víveres, armas y hombres a la fortaleza por su parte trasera. Fajardo respondió que necesitaba esperar más tropas, y el gobernador partió en auxilio de la fortaleza sin la colaboración del marqués.

Viendo la actitud de Maza, el marqués lo detuvo diciéndole que el día siguiente partirían hacia Orihuela todos juntos. El gobernador decidió esperar, y D. Pedro Fajardo cumplió su palabra²¹³.

El 29 de agosto, el ejército real al completo partió de Monteagudo en formación de batalla con la misión, no ya de socorrer a Jaime Despuig, sino de «borrar para siempre el triste nombre de Germanía». El contingente militar, estaba dirigido por Maza y Fajardo, contaba con la participación de los principales nobles del Reino de Murcia y de otros de la corona aragonesa como el marqués de Elche o el Almirante de Aragón, y estaba conformado por 200 hombres a caballo y 6.000 infantes, todos bien resguardados por una poderosa artillería de campaña y gruesos cañones²¹⁴.

El día siguiente, 30 de agosto, el ejército marchó hacia Orihuela. Y en el llamado Rincón de Bonanza, «extrañamente pintoresco por el contraste de la sierra patética y el florido tapiz de verdura», se celebró la batalla decisiva. Las tropas de D. Pedro Maza y el marqués de los Vélez consiguieron una victoria aplastante. Y el triunfo del bando real-nobiliario, además de permitir el control de Orihuela, sirvió para atajar el evidente peligro que existía de que las Germanías valencianas y las Comunidades castellanas se fundiesen, y las revueltas adquirieran el rango de una verdadera revolución civil²¹⁵.

Más de 3.000 componentes de las milicias agermanadas perecieron en el campo de batalla, o ahogados en las turbias aguas del río Segura y de sus azarbes. No obstante, una vez se decidió el enfrentamiento en favor del ejército dirigido por los dos nobles mencionados, la mayor parte de los insurrectos -y entre ellos, su líder, Pedro Palomares- huyó en todas las direcciones. Temiendo las represalias, también se dieron a la fuga muchos de los partidarios de la revuelta que se habían quedado en Orihuela, de modo que la ciudad quedó semidesierta²¹⁶.

Entonces, el marqués de los Vélez, «atrobantse poderos», decidió entrar en la ciudad con sus tropas e iniciar su saqueo²¹⁷.

Cuando D. Pedro Maza y los oficiales reales que le acompañaban comprendieron las «grans vexacions i violencies» que el marqués tenía la intención de perpetrar y consentir, le pidieron que «no permetes tanta destruccio», en una ciudad «que es del Rey». Pero D. Pedro Fajardo desoyó tales indicaciones y dio vía libre a sus hombres²¹⁸.

La rapiña duró 30 días, hasta el 29 de septiembre, y según la opinión de los propios oriolanos que la vivieron y la sufrieron, fue «lo mes cruel saquo que a ciutat ni a part neguna fins a huy ses donat». Alicientes, desde luego, no les faltaron a los murcianos para actuar con tal saña si tenemos en cuenta el odio que sentían hacia los habitantes de la ciudad del Bajo Segura; una «malicia» que se había acentuado especialmente durante los últimos quince años a causa de las diferentes incidencias del Pleito del Obispado. Este preciso factor, si hacemos caso a un testimonio directo, fue el que más motivó a los hombres de Fajardo. Un testigo presencial de los hechos, llamado Bartolomé Togores, escuchó «dir a molts dels castellans qui ab lo dit marques venien, que no venien per desfer la dita germania, sino per la enemiga del bisbat y plet de Murcia ab Oriola»²¹⁹

A su entrada, las tropas murcianas no hallaron ninguna oposición. Como adelantamos, casi toda la población, que se había declarado abiertamente por la Germanía, había huido de la ciudad para escapar de las represalias. D. Pedro Maza había ordenado que detendría, ahorcaría y descuartizaría a cuantos agermanados hallase portando armas, y la mayoría de los afectos a la Unión no quisieron aguardar la llegada del gobernador y salieron de la ciudad. Muy pocos fueron los «populars» que se quedaron en ella, y durante el mes que duró el saco permanecieron escondidos «en algunes cases», y no se atrevieron a mostrarse en público «per temor de la justicia, per lo gran delicte que havien comes», ni a «comparer, perque nols prenguessen y penjassen». De esta forma, únicamente quedaron «visibles» los caballeros y ciudadanos honrados que llegaron a la ciudad con D. Pedro Maza, y que habían participado activamente en su recuperación bélica. Y entre que los agermanados eran pocos y estaban «amedrentats de por», «indeffensos», «desarmats y destrosats», los caballeros y ciudadanos eran aún menos que éstos, y los murcianos los superaban a todos ellos «de vint parts la una», nadie, ni siquiera el propio gobernador Maza, pudo evitar el desastre y el caos²²⁰.

Además, la actitud represiva de D. Pedro imposibilitó aún más el entendimiento entre las dos fuerzas oriolanas, pues 35 de los rebeldes que permanecieron dentro de Orihuela fueron «pressos per justicia» y ejecutados públicamente en la horca, y descuartizados post mortem. Entre el amplio grupo de «penjats y desquarterats» figuró el líder del movimiento, Pedro Palomares, quien tras su huida fue capturado en Lorca y llevado a Orihuela, donde, como hemos dicho, halló la muerte²²¹.

Así, ante la inexistencia total de oposición efectiva, los murcianos pudieron actuar con plena libertad e impunidad. Y saquearon todo lo saqueable tanto dentro de las casas de los vecinos seglares de la ciudad como en los diferentes recintos eclesiásticos de la misma, y no pararon hasta que no quedó nada, absolutamente nada que pudiesen acarrear. Sobre esta cuestión, hemos de destacar que las iglesias, los conventos, los monasterios y los hospitales, lejos de ser respetados reverentemente, fueron los lugares preferidos para las rapiñas. El atractivo de sus tesoros y también el morbo por los sacrilegios fueron los principales factores de tal tendencia.

Como los datos que poseemos del saco son el fruto de diferentes testimonios presenciales, y no tienen un sentido cronológico, a continuación, nos disponemos a analizar las diferentes tropelías cometidas por los agresores según una distinción entre rapiñas a propietarios laicos y saqueos a instituciones religiosas.

Entre las primeras, los principales objetivos fueron las armas, la ropa, el trigo, las bestias -«axi de laurada com altres»-, los libros, e incluso los cautivos que tenían los habitantes de la ciudad -le robaron uno al conocido Vicente Martí-. No obstante, el afán por saquear no se quedó únicamente en tales apetecibles ítemes, sino que fue mucho más allá. Cuando faltaron los arriba señalados, «no tenint ja que saquejar», los murcianos robaron «los claus de les parets», y también «les portes de les cases y finestres» (para llevarse las «tancadures y ferrollats»)²²².

Por otra parte, los expoliadores comenzaron sus hurtos por las casas de los agermanados, pero pronto sus miradas se dirigieron hacia las más ricas residencias de los caballeros y nobles. Al surgir los primeros incidentes, sus propietarios se quejaron al gobernador Maza para que les diese su protección. D. Pedro se dirigió a los saqueadores, conminándoles a que dejasen intactos los edificios señoriales, pero éstos despreciaron su autoridad y le respondieron secamente que «nol conexien nel volien obehir», pues sólo acataban las órdenes del marqués y éste no les había hecho ninguna excepción. Y de esta manera, ninguna casa se libró del ataque «dels castellans»²²³.

Por último, hemos de comentar que el propio D. Pedro Fajardo participó en el saco, puesto que decidió robar la artillería defensiva de la ciudad -«una culebrina de bronzo e altres tirs de bronzo»-, «la vandera e pendo» de la misma -que estaba guardada, según la costumbre local, en la casa del justicia-, y también un buen número de banderines que había en las capillas de las diferentes iglesias de la población, y que algunos caballeros solían dejar sobre sus sepulturas para que se tuviese memoria de ellos²²⁴.

En cuanto al saco de establecimientos eclesiásticos, hemos de destacar que a los expoliadores no les refrenó el temor a Dios y al posible castigo divino que el Señor les pudiese infligir. Eran conscientes de que las iglesias o los conventos eran lugares ricos en objetos de valor, y poco les importó su carácter sagrado. Además, pronto descubrieron que muchos agermanados, confiando en que los murcianos -católicos como ellos- respetarían las propiedades de la Iglesia, o simplemente como última y única solución para evitar la pérdida de sus bienes, habían escondido sus posesiones más preciadas (vestiduras lujosas, joyas) en dichos recintos, y se dedicaron a buscarlos por los más recónditos rincones o en los lugares más insospechados, y a la vez más dignos de respeto. Así, aunque en un principio guardaron algo las formas -se dedicaron a buscar dentro de los cojines y colchones que había en las iglesias-, posteriormente, «ab molta poca reverencia, e desacat e menyspreu», se exacerbaron en su afán por robar, llegaron a abrir tumbas «per veure si havia algunes coses que saquejar dins aquelles», e incluso arribaron al extremo de romper imágenes de Cristo, la Virgen o los santos, para comprobar si en su interior estaban escondidos los tesoros del pueblo oriolano²²⁵.

Esa misma falta de escrúpulos espirituales también se manifestó en el tipo de objetos que fueron hurtados. Hemos de señalar de esa larga lista «calsers, patenes, creus y altres reliquies», «draps de confraries, de enterrar los morts», todo tipo de ornamentos, e incluso las vestimentas de los santos que estaban en los altares, a los cuales desnudaron por completo sin sentir ningún pudor²²⁶. Y aún más, «ab molta superbia» y con las armas que portaban, no dudaron en romper «los rexats de ferro» que impedían el paso a las capillas, con la intención de abrir los armarios y los sagrarios, y llevarse «los cofrenets e reliquiaris a hon lo Sagrat Cors de nostre Senyor Ihesu Christ estava, e les crismeres», «derramant per terra lo oli de la extrema uncio e part de les formes consagrades»²²⁷. Como podemos apreciar, el morbo que sentían los saqueadores por cometer sacrilegios es un hecho irrefutable.

El marqués de los Vélez tuvo, asimismo, una participación activa en el saco de establecimientos religiosos. Diferentes testimonios coinciden en señalar que D. Pedro Fajardo, conociendo «les injuries e inrreverencies, robos y altres leigs y mals actes» que sus hombres estaban perpetrando en dichos sacros recintos, no quiso reprenderles ni prohibir tales actividades, sino que para darles más «animo y audacia», entró en las iglesias montado a caballo y acompañado por mucha «gent armada», y les mandó que expoliasen cuanto pudiesen. Y mientras tanto sus hombres seguían hurtando en su presencia, él se dedicaba a pasear por sus naves, convirtiéndolas en «femer y stable» -estercolero y establo-, y a recomendarles que pusiesen sus respectivos botines «en carretes» y se los llevaran. Sin embargo, no sólo se dedicó a la contemplación de los actos delictivos, sino que también intervino en algunos de ellos. Por ejemplo, conocemos que «si algunes persones ploraven y donaven crits, y temien de la sua roba, perque no les hi llevassen, lavors lo dit marques los menaçava, yls hi feu llevar, y si no volien donarla de sa voluntat, los hi fea donar per força y ab amenaces, y encara pegantlos»²²⁸.

Su labor en la dirección del saco de instituciones eclesiásticas es indiscutible ya que él mismo, sin respetar «la honor de les sglesies y monestirs y del Corpus Sagrat», perseverando en «sa malicia y mala voluntat» y «no tement a Deu», ordenó su expolio, e incluso se encargó de repartir las tres parroquias en que estaba dividida la ciudad entre los capitanes de su ejército. A Melgarejo, el capitán de Mula, le asignó la iglesia de las Santas Justa y Rufina. A Pedro Carrillo, de Murcia, le concedió la de Santiago. Y consciente de que la Colegiata era mucho más rica que las otras dos iglesias, dividió su saqueo entre murcianos y lorquinos, de modo que a Carrillo le concedió «el cors de la dita seu y capelles de aquella», y al capitán Teruel, de Lorca, le concedió la «cambra y sala de capitol»²²⁹.

El expolio de la Colegial fue seguido muy de cerca por el marqués de los Vélez. Al igual que hizo en las otras iglesias de la ciudad, entró a caballo en la del Salvador, acompañado por otros secuaces, y estuvo paseando por sus naves mientras se producían los hurtos. Así, por la presencia de «cavalls» y «rocins», el sacro recinto se convirtió en un establo, y quedó lleno de porquería, defecaciones, «y altres brutees moltes». El marqués vio impasible cómo sus hombres «despenjaven les cortines y draps de dita sglesia, y les tovalles dels altars y faristors de ferro de dita Seu». Además, cuando le requirieron «favor y ajuda», gustoso se la ofreció. Y se mostró tan cruel o más que sus soldados cuando un hombre al que le habían robado toda la ropa, se le acercó para pedirle clemencia, y «a cavall com stava», le respondió pegándole «dos o tres bastonades»²³⁰.

Sobre el transcurso del saco del Salvador, hemos de destacar principalmente los actos que tuvieron lugar en la capilla del Corpus²³¹. Los soldados de Fajardo, no estando aún satisfechos con los «crims, delictes y heretgies» que habían cometido, «ajustant crim a crims y heretgia a heretgies, en gran menyspreu de Nostre Senyor Deu e de la nostra fe e religio christiana», «y encara per molt mes mostrar la enemiga y mala voluntat que contra los de dita ciutat y sglesia» tenían, cogieron «molta broça, fem e altres brutedats» -deshechos, estiércol y otras porquerías- y las tiraron en dicho lugar, «que mes semblava femer que capella». Y acto seguido, abrieron su sagrario «ab destrals y armes», tomaron «deu o onze formes consagrades del Corpus precios de Ihesuchrist», las rompieron e hicieron trozos, y las lanzaron al suelo, pisoteándolas, pateándolas y revolviéndolas entre la basura.

Asistió al denigrante suceso, el sacristán mayor de dicha iglesia, Pedro Santander²³², quien solicitó a un notario que diese fe en un auto público de cuanto había acontecido. Después, le hizo presentar tal instrumento al provisor de Cartagena, D. Juan Ruiz de Salvatierra -quien, recordemos, también era inquisidor del Reino de Murcia y la Gobernación de Orihuela-, que estaba en la ciudad del Bajo Segura, y el licenciado «ho passa per alt hi feu molt poca mencio ni diligencia».

Cuando los hombres del marqués terminaron de divertirse con tan sacrílega práctica, algunos clérigos se pusieron a recoger del suelo las afrentadas hostias. No obstante, fueron descubiertos por «los dits soldats y altres gents que per alli entraven», y acabaron de la misma forma que las formas consagradas, rebozados de estiércol. Y fueron maltratados hasta que desistieron de recogerlas, y tuvieron que dejarlas en tan irreverente exposición.

Sin embargo, el primer fracaso no mudó las intenciones de los eclesiásticos del Salvador, quienes deseaban con todas sus fuerzas librar a su patrón de tan ignominiosa situación. Por ello, después de unos cuantos días, una noche, Luis de Soler, Pedro Santander y otros valerosos clérigos, alumbrados por «antorches enceses» y por una luminaria que había en dicha capilla, recogieron del suelo los trozos de pan eucarístico con toda la «veneracio» que pudieron, y los volvieron a colocar dentro del sagrario. Y entonces ocurrió un milagro… La citada luminaria, que había estado ardiendo desde que las hostias fueron tiradas al piso de la estancia, se apagó. Entonces, los eclesiásticos intentaron volver a encenderla, y se dieron cuenta de que estaba absolutamente «sequa e sens oli nengu». Y pese a que volvieron a ponerle combustible, la vela no volvió a arder. Enfervorecidos por el prodigio, llamaron de inmediato al notario Bernardo Manresa, y éste comprobó la circunstancia de la luminaria, y dio fe pública del portento sacro.

Por otra parte, no fueron únicamente los murcianos los que cometieron excesos o abusos. Aprovechando el caos de la situación, uno de los virtuosos clérigos que fueron con Luis de Soler a recoger las formas maltratadas, se quedó con algunas hostias, y convidó a tomar una de ellas a un fraile del monasterio de la Virgen María de la Merced. Y no fue el único caso de este tipo que se dio, pues testigos como el mercedario Pedro Rocamora afirmaron que por aquellas fechas se decía por la ciudad que tales prácticas ilícitas se repitieron en otras iglesias²³³.

En el mencionado monasterio de la Merced también tuvieron lugar incidentes de consideración, pues sus frailes trataron de estorbar las rapiñas murcianas, pese a su evidente inferioridad.

Un ejemplo de ello lo hallamos en el comportamiento de Nicasio Olivares, antiguo comendador de la citada casa regular, quien descubrió a algunos soldados robando en la sacristía los corporales sagrados. Olivares vio cómo se los colocaban en el cuello como si fuesen pañuelos y no pudo resistirse a decirles: -«Fills meus, perque feu axo? Veu que aquexos draps que levau al coll son los corporals. Dexau-los a la sglesia y nols tracteu tant yrreverentment». Y los soldados simplemente lo pisotearon²³⁴.

El marqués de los Vélez también tuvo cierto protagonismo en el saqueo de este monasterio. Según su costumbre, entró sobre su caballo en él, acompañado por «molta gent armada», y estuvo inspeccionando los expolios. Y mientras paseaba por la iglesia, un soldado llamado Martín Ferrández de Tuesta trató de arrebatarle a «una persona miserable» una prenda de lino que constituía su única vestimenta. Ofuscado por la mezquindad del murciano, intervino un fraile llamado Pedro Gómez para defender al pobre. El ladrón amenazó al mercedario, pero éste no pareció inmutarse. Por ello, Ferrández acudió al marqués para pedirle ayuda. Acto seguido, Fajardo se acercó a Gómez y al indigente, y le requirió al primero que no embarazase la labor de su prosélito. Y para su sorpresa, el fraile, enrabietado, se acercó con el pie el trozo de tela disputado, que había acabado en el suelo, y, demostrando cierta habilidad, lo pateó hacia «una sepultura e vas» en el que solían ser enterrados los religiosos del monasterio, y acertó a introducirlo en él. El acto irritó tanto al marqués que, sin pensárselo un ápice, echó mano de su lanza e intentó golpear al fraile. Éste evitó la lanzada y atacó al noble con la pica que llevaba para defenderse. El experimentado marqués esquivó la acometida del mercedario y le volvió a atacar. Pero Gómez, «prest y lauger» se metió por una portezuela que daba al claustro del monasterio y con inusitada facilidad consiguió escapar de la ira del de los Vélez. Y escondido, pudo oír como el marqués les decía claramente a sus hombres que fuesen a saquear la iglesia y el convento de San Juan, que estaba habitado por monjas clarisas, arengándoles además con tales palabras: -«Saquead bien vosotros ahora porque otro dia se hara lo mismo a vosotros»²³⁵.

Y los soldados siguieron a la perfección el consejo de su líder. Tras oír tal indicación, se dirigieron a la imagen de la Virgen de Montserrat, que estaba en la iglesia de ese mismo monasterio, le robaron los ornamentos, la desnudaron, y se llevaron su corona. Y cuando ya no les quedó nada que expoliar, en su afán por hallar objetos ocultos, cometieron dos nuevas fechorías de significación. «Postposada la temor de Nostre Senyor Deu y de la sua real y divinal justicia, y en gran vilipendi y desacat de la semblança de aquell», los soldados se acercaron a un Crucificado hueco que había en una capilla de dicha iglesia, y le rompieron las dos piernas y un brazo para ver si en su interior «hi havia alguna cosa -reliquies, or o argent- per a saquejar». Y a continuación, desenfrenada su ambición, llegaron a desenterrar el cuerpo de un zapatero «que pochs dies havia hera mort», creyendo que en la sepultura había escondidos objetos de valor, y como no hallaron nada más que los restos del difunto, se fueron sin volverlo a enterrar²³⁶.

Conocemos pocos detalles sobre el saco de la parroquial de Santiago. Únicamente tenemos noticia del enorme desconsuelo con el que se quedaron sus presbíteros, y de que los soldados murcianos se llevaron absolutamente todo lo que pudieron acarrear. Y que tal como sucedió en la iglesia del Salvador, también fue objeto de hurto su sagrario, del que desaparecieron «lo reliquiari y cofrenet de argent» que contenía las formas consagradas, y «les crismeres de argent que dins lo dit almari heren»²³⁷.

No obstante, los incidentes más graves acaecieron en el Hospital de San Bartolomé, en el que los saqueadores hicieron demostración de su máxima crueldad. A continuación, reproducimos literalmente tres frases del testimonio de Vicente Martí que, por la gravedad de los hechos a los que se refieren, no requieren ningún comentario adicional:

«Los soldats del dit exercit saquejaren lo spital de senyor Sent Berthomeu de la present ciutat de Oriola, que no dexaren cosa nenguna en aquell, que fins lo calzer y patena y ornaments y vestiments de dita sglesia robaren y saquejaren».

«Los dits soldats, los pobres que en lo dit spital trobaren malalts y gitats en los llits, los lançaven dels llits en terra, y prenien y saquejaven les robes de aquells y dels llits hon aquells staven, als quals pobres dexaren stesos, malalts, en terra, cosa que turchs e infeels de nostra sancta fe catholica non agueren feyt».

«Los dits soldats trobaren a un home quis deha el Portugues mort y mortallat per a quel volien soterrar, y los dits soldats li llevaren y saquejaren la mortalla en que stava mortallat yl dexaren nu en carns en terra, ab molt poca temor de Nostre Senyor Deu y de sa divinal justicia»²³⁸.

Una vez terminado el relato de toda esta serie de tropelías, hemos de resaltar que el saco también conllevó funestas consecuencias para los intereses episcopales oriolanos. Recordemos que pese a haber realizado dos intentonas y a contar con el favor real y el auxilio del brazo secular, el cabildo de Cartagena aún no había conseguido poner en ejecución el breve revocatorio de la creación del obispado de Orihuela, y el clero y el pueblo de la ciudad del Bajo Segura seguían negándose a someterse a su obediencia y jurisdicción. Por ello, la intervención del marqués de los Vélez les brindó la ocasión propicia para «la vuelta a la normalidad», a la situación anterior a la expedición de las bulas del 13 de mayo de 1510. Y a él acudieron para conseguir tal objetivo.

1. Pedro Fajardo atendió el requerimiento, y logró «convencer» a los oriolanos para que reconociesen la autoridad del obispo Mateo y del cabildo de Cartagena. Empero, sus métodos, como veremos, no fueron nada ortodoxos…

El 4 de septiembre, tras departir en su residencia con el provisor Salvatierra y otros canónigos y clérigos del cabildo de Cartagena, a los que tenía alojados²³⁹, decidió reunir un numeroso contingente formado por «molta gent a cavall e de peu armada», y «a usança de guerra», «ab son standart e senya davant ell», se dirigió a caballo hacia la plaza de la ciudad. Llegó «al canto de la Lonja», y allí, «a son de tronpeta», convocó a los que en las cercanías se hallaban. Y cuando estuvo rodeado por un buen número de oriolanos, mandó pregonar un bando, por el que ordenó tanto a seglares como a eclesiásticos que en el término de las seis horas siguientes diesen «la possessio e obediencia» al obispo Mateo y al cabildo de Cartagena, que renunciasen a todos sus derechos episcopales en favor de éstos, y que, en adelante, jamás volviesen a llamar Catedral a la iglesia del Salvador, pues su única intitulación válida habría de ser la de Colegial. Y para que nadie osase contravenir su mandato, advirtió que a los que se le opusiesen les confiscaría todos sus bienes, les incendiaría y derruiría sus casas, y les aplicaría finalmente la pena capital²⁴⁰.

Después de que el voceador leyese tan duro edicto, el propio marqués intervino y, aprovechándose de su fama de sanguinario, dirigió a la contrariada concurrencia «moltes paraules cruels y molt temeroses» a fin de causarles «molta terror y spant», pues creía que asustando a los oriolanos, éstos prestarían la obediencia con mayor diligencia. Y antes de dejar hablar a nadie, continuó su alocución afirmando que si no mostraban rápidamente su predisposición a someterse al cabildo cartaginense, «a grans e chichs» los pasaría por el filo de su espada²⁴¹.

Y terminó su discurso preguntando a un gentil hombre llamado Yervens si estaba dispuesto a obedecer sus mandatos y a aceptar la superioridad murciana. El oriolano tuvo la valentía de ser sincero, y el marqués, sin dudar ni un momento, arremetió contra el gallardo, le pegó una lanzada, y lo asesinó. Y después, fríamente, dio a entender que haría matar o mataría personalmente a cuantos contradijesen sus órdenes²⁴².

Ante el revuelo formado por el homicidio, D. Pedro Fajardo decidió acompañar a su nuncio para hacer nuevas «crides publiques». Y con su nutrida escolta y «en ardit de guerra», «ab un standart davant y ab banderes», comenzó el recorrido por las calles de la ciudad. Mandó hacer sonar «los atambors de guerra» para asustar a los vecinos y, convocándolos, les hizo comunicar su bando. Y consiguió atemorizar a toda la población, ordenando nuevos asesinatos.

Además, para que nadie pudiese escapar ni librarse de jurar la obediencia al obispo y el cabildo cartaginenses, mandó cerrar las puertas de la ciudad, y puso guardas en ellas «y en tots los lochs per hon sen podien exir y amagar, axi en la serra com en altres lochs»²⁴³.

Tras la publicación del edicto, algunos ciudadanos -entre los que figuraba Vicente Martí- fueron a casa de D. Pedro Maza para comentarle las intenciones del marqués, y para pedirle que interpusiese su autoridad como gobernador del Reino de Valencia ultra Sexonam y le hiciese desistir de sus ilícitos propósitos. Pero Maza, superado por los acontecimientos, viéndose absolutamente impotente, les respondió con amargura que nada podía hacer pues el capitán general del Reino de Murcia tenía el poder en la ciudad²⁴⁴.

Después, se presentaron ante él otros vecinos y le preguntaron si debían dar la obediencia a los cartaginenses. Y Maza convino con las autoridades civiles y eclesiásticas que lo hiciesen, pues no les quedaba otro remedio si querían salvar sus vidas, ya que el marqués y su gente estaban dispuestos a hacer contra ellos «les majors rigors y forces del mon»²⁴⁵.

Y muy poco tiempo después de que se produjese esta reunión, el marqués ordenó a «alguns cavallers, gentils homens e ciutadans e capellans de dita ciutat» que se congregasen en la casa del gobernador, y una vez estuvieron allí, los amenazó de nuevo con «violencies». Hizo llamar al provisor Salvatierra, al maestrescuela y a otros representantes del cabildo cartaginense. Y acto seguido, los referidos oriolanos les juraron obediencia y todo lo que quisieron, «per temor de la mort y de sos fills y mullers, y perque nols acabassen de destroyr cremantlos y derrocantlos les cases que les restaven, y per altres vexacions que speraven los serien fetes»²⁴⁶.

Posteriormente, el marqués y los representantes del cabildo murciano se dirigieron a la iglesia del Salvador. Allí encontraron a algunos miembros del capítulo. Fajardo los hizo «seure en la Seu» y los obligó a renunciar a la creación del obispado y a aceptar la superioridad del obispo, del provisor y del citado cuerpo colegiado cartaginense. Los clérigos oriolanos no pudieron hacer absolutamente nada para oponerse a la fuerza del de los Vélez. Y los religiosos murcianos volvieron a su ciudad satisfechos por haber recuperado su prístina jurisdicción²⁴⁷.

Poco después, ese mismo miércoles 4, a escondidas, el justicia Juan Palomares, los jurados Juan Jiménez, Juan de Loazes, Francisco Ayora y Pedro Sanz, y el síndico de la ciudad de Orihuela, Jaime Despuig, se reunieron en el domicilio particular del noble Diego de Soler. Llamaron al notario Juan López de Tuesta, y le hicieron recibir, en nombre del pueblo de la citada ciudad y de su diócesis, una escritura de protesta y apelación contra la obediencia que acababan de jurar al obispo y el cabildo de Cartagena. En ella, relataron sucintamente los acontecimientos que habían rodeado la vuelta a la sumisión castellana, y argumentaron que ésta no podría tener ningún valor porque la habían aceptado absolutamente coaccionados y a la fuerza, y no de un modo libre y voluntario²⁴⁸.

Y dos días después que las autoridades civiles, el 6 de septiembre, el capítulo del Salvador, esto es, el sacristán Luis de Soler, el chantre Jaime de Soler, y los canónigos Juan Martínez, Juan Pérez Meca, Pedro Martínez, Miguel Ruiz, Jaime Gómez Daroca, Juan de Vilafranca y Luis Martínez, junto con otros beneficiados de dicha iglesia como los hebdomadarios Pedro de la Mata, Ginés Ferrández, Jaime Colmelles y Ginés Zaplana, y los presbíteros Gaspar Tafalla, Juan Ferrández, Juan Grau, Jaime Comí y Juan Ruiz, hicieron recibir al mismo notario Juan López de Tuesta una protesta de contenido muy similiar, en representación de todo el clero del obispado de Orihuela²⁴⁹.

Estaba claro que los habitantes de la ciudad del Bajo Segura no se iban a quedar con los brazos cruzados.

 

NOTAS

1A.C.O. Armario X, libro nº 1096, f. 114.

2Aún no había recibido la comunicación de su traslado a la sede cordobesa.

3Hemos hallado dos copias de la apelación. Ambas se hallan en el A.C.O. Una en el Armario I, libro nº 2, ff. 327-335v. Y la otra, en el Armario X, libro nº 1096, ff. 15v-20.

4Angulo afirmó que la tercera parte de las rentas de las mensas episcopal y capitular de Cartagena era recaudada en las tierras que habían pasado a conformar la nueva diócesis oriolana. Y que teniendo en cuenta, por una parte, la enemistad existente entre los habitantes de una y otra parte de la frontera, y, por otra, la fragilidad de la unión personal de los obispados -en la figura del prelado-, con el tiempo los oriolanos conseguirían la independencia episcopal completa, y entonces sí les sería prácticamente imposible a los recolectores cartaginenses cobrar dichas rentas.

5A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 109-110.

6Ibidem, f. 138v.

7Hemos extraído toda esta información sobre las competencias del vicario general de Orihuela de las diferentes actuaciones de Luis de Soler que se hallan recogidas en A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 105v.-193v.

8Los actos de presentación de la bulas en las diferentes poblaciones de la diócesis se hallan en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 96v.-98v., y libro nº 2, ff. 30v.-33. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 89v.-91v. También hay una copia en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 33-35.

9Hemos hallado dos copias de la bula en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 46-47v. Y en el Armario X, libro nº 1111, ff. 53-55v.

10Como vemos, la actitud del monarca era algo variable. Dependía de la información que contaba sobre el negocio en el momento de tomar una decisión. Lo que no cambió en ningún momento fue su interés por el hecho de que los escándalos terminasen, y por que la cuestión del obispado fuese resuelta de la manera más justa.

11A.M.O. Libro nº 38, Contestador de 1511-1512, f. 22.

12A.M.O. Libro nº 38, Contestador de 1511-1512, f. 228.

13Ibidem, ff. 227-227v.

14Demetrio MANSILLA lo apellida Lang de Wallenberg en «La reorganización eclesiástica española…», p. 119, y en Geografía Eclesiástica de España…, p. 343. Por otra parte, conocemos bien los datos principales de la biografía del nuevo prelado. Era oriundo de Augsburgo. En 1505 fue nombrado obispo de Gurk (Carintia) y ciñó dicha mitra hasta 1522. El 1 de noviembre de 1512 fue nombrado obispo de Cartagena y Orihuela. Unos días después, el 24 del mismo mes de noviembre de 1512 obtuvo el capelo cardenalicio con el título de Santo Ángel. En 1514 fue designado coadjutor del arzobispo de Salzburgo, siendo promovido a esta dignidad episcopal en 1519. También fue secretario y consejero imperial, y legado pontificio contra la herejía de Lutero. GULIK, G. van-EUBEL, C., op. cit., t. III, pp. 3, 13, 153 y 207. CARDELLA, L.: Memorie storiche dei cardinali, Roma, 1793, t. III, p. 359. PASTOR, L.: Historia de los Papas, Barcelona, 1950, t. VI, pp. 220 y ss. DÍAZ CASSOU, P., op. cit., pp. 76-80.

15La bula original se halla en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 52. Hemos hallado diferentes copias del rescripto. En el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 48-48v., y libro nº 2, ff. 45-46v. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 98-99v. Y también en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 42-43v.

16La bula original está en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 50. Hay copias del rescripto en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 49., y libro nº 2, ff. 47-47v. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 99v.-100. También en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 43v.-44.

17La bula original puede consultarse en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 51. Hemos localizado copias en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 55, y libro nº 2, f. 53v. Y en el Armario X, libro nº 1094, f. 103. También en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 47-47v.

18La bula original están en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 53. Hay diferentes copias en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 56, y libro nº 2, f. 54. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 103v.-104. También hemos localizado traslados de la bula en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 47v.-48.

19La bula original se halla en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 55. Hemos hallado diferentes copias del rescripto. En el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 54, y libro nº 2, ff. 52v.-53. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 102-102v. Y también en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 46v.-47.

20La bula original se halla en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 48. También hemos localizado algunos traslados. En el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 50, y libro nº 2, f. 48. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 100-100v. También hay una copia de la bula en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 44-44v.

21El rescripto original está localizado en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 54. Hay copias del documento en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 53, y libro nº 2, f. 51. En el Armario X, libro nº 1094, ff. 101v.-102. Y también en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 45v.-46.

22El documento original está en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 56. Hay copias en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 51, y libro nº 2, f. 49. En el Armario X, libro nº 1094, ff. 100v.-101. Y también en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 44v.-45.

23El rescripto original lo hemos hallado en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 49. Hemos encontrado, asimismo, copias en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 52, y libro nº 2, f. 50. En el Armario X, libro nº 1094, ff. 101-101v. Y en el cercano A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 45-45v.

24Sólo hemos localizado las que fueron dirigidas a la parte oriolana. Ésta, en particular, la hallamos en A.C.O. Armario IX, legajo III, siglo XVI, pergamino nº 58. Asimismo, encontramos copias de la original en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 58, y libro nº 2, f. 56v. En el Armario X, libro nº 1094, ff. 104v.-105. Y también en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 48v.-49v.

25Al igual que en el caso anterior, sólo hemos podido localizar la bula dirigida al pueblo de la diócesis de Orihuela. Se halla en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 57. También hemos visto copias en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 57, y libro nº 2, f. 55v. En el Armario X, libro nº 1094, ff. 104-104v. Y, por último, en el próximo A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 48-48v.

26CAPPELLI, A., op. cit., p. 274.

27A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 116-116v.

28A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 266v.-267.

29A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 415-417.

30A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 88v.-89, y libro nº 2, ff. 167v.-168v.

31A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 114v.-115.

32Ibidem, ff. 115-115v.

33Ibidem, ff. 115v.-116.

34Ibidem, ff. 116-116v.

35A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 266v.-267.

36A.M.O. Libro nº 39, Contestador de 1513-15, ff. 115-115v. y 207-208. Y libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 415-417.

37A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 272v.-273. «… cives Murcienses quide viribus suis plusquam millis est forsam sperant manu armata et de facto tentarunt urbem Oriolensem invadere et incursionibus hostilibus territorium dicte civitatis Oriolensis invadere tentarunt unde totum regnum Valentiae extitit in armis positum verum tamen Oriolense indeffensione eius territorii quam plurima quoque damnamur ciensibus intullerunt hoc est plus quam notorium omnes hi tumultus et scandala causati fuerunt per cives Murcienses qui alati superbia ac moti inimicitia ac odio capituli quod contra homines Oriolenses habent de facto et non de jure procedere tentarunt…»

38A.M.O. Libro nº 39, Contestador de 1513-1515, ff. 127-127v. y 193-194.

39A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 88v.-89, y libro nº 2, ff. 167v.-168v.

40A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 88-88v., y libro nº 2, ff. 169-170.

41Recordemos que este cardenal, junto con el de Sorrento, eran los dos mejores aliados murcianos dentro de la Curia romana.

42No hemos podido hallar en la documentación utilizada ningún dato que nos indique cómo o cuándo consiguieron los oriolanos tales cartas de la reina castellana, o si éstas eran falsas. Sería interesantísimo saber si Fernando el Católico tuvo algo que ver con su despacho.

43Incluso Fernando la llamaba «la serenissima reyna y prinçesa mi muy cara y muy amada hija», y «senyora destos reynos y patrona de los obispados dellos». A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 117-117v.

44Ibidem.

45A.C.O. Libro nº 1, ff. 224v.-225. Y armario IX, Legajo XX, parte 1ª, documento nº 20.

46El breve original se halla en el A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 59. Hay copias de dicho rescripto en el mismo A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 59-60v., y libro nº 2, ff. 41-44v. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 96-98., y libro nº 1111, ff. 59v.-62v. También hay un traslado del breve en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 39v.-42.

47Ibidem. «… motu proprio, non ad vestram aut alicuius alterius nobis super hoc collate petitionis instantiam, sed de nostro mero cure pastoralis officio et certa sciencia, apostoliceque potestatis plenitudine».

48A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 144-147.

49CAPPELLI, A., op. cit., p. 550.

50LYNCH, J., op. cit., p. 48.

51A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 6v.-7.

52A.C.O. Armario I, libro nº 2, f. 264v.

53A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 283-283v.

54A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 56-62.

55A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 154-154v., 162-162v.

56Ibidem, ff. 156-157.

57Ibidem, ff. 218-219v.

58Ibidem, f. 484. Posteriormente, solicitaron a los secuestradores otras 5 libras para obrar en el granero episcopal.

59Ibidem, ff. 283-283v.

60Ibidem, ff. 284-285v.

61Ibidem, ff. 287-288.

62Ibidem, ff. 309-310.

63Ibidem, f. 310v.

64Ibidem, f. 311.

65Ibidem, ff. 312-314.

66A.C.O. Armario I, libro nº 1, f. 89v. Y armario X, libro nº 1094, f. 244. También en A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 87, 99.

67A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 89-89v. Y armario X, libro nº 1094, f. 243. También en A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 86, 98.

68A su llegada a la ciudad del Bajo Segura le fueron retribuidos sus servicios con 210 libras que fueron extraídas de las rentas episcopales de 1516.

69A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 394-394v.

70Ibidem, f. 445.

71Ibidem, ff. 455-456.

72Ibidem, ff. 401-402.

73Ibidem, ff. 403-403v.

74Ibidem, ff. 404-404v., 432.

75Ibidem, f. 406.

76Ibidem, ff. 411v., 447.

77Ibidem, f. 447.

78Hemos hallado dos copias de la concordia. Ambas se encuentran en el A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 437-440v. Y libro nº 45, Contestador de 1525, ff. 216-221v.

79Hemos hallado copias del acto de sustitución recibido por el notario Salvador de Loazes en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 102-105, y libro nº 2, ff. 59-62. Y en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 32-35.

80A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 414-414v.

81A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 106-110.

82Hemos hallado copias de dicho acto en el A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. ff. 99-100v., y libro nº 2, ff. 37v.-40. En el Armario IX, Legajo XX, parte 1ª, documento nº 19. Y en el Armario X, libro nº 1094, ff. 94-96. También hay una copia de dicho instrumento en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 37v.-39v.

83A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 415-417.

84Ibidem, ff. 456v.-459v.

85Ibidem, ff. 455-456.

86Ibidem, f. 417v.

87A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, ff. 311-311v.

88Ibidem, ff. 415-417.

89A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 117v.

90A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, f. 41v.

91Aún no habían recibido la carta del 2 de enero, en la que el rey les refería que había escrito al pontífice con dicha intención.

92A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 29-29v.

93Ibidem, ff. 20-28.

94Ibidem, f. 36.

95Ibidem, ff. 33-42v.

96Ibidem, ff. 43-45v.

97A.C.O. Armario I, libro nº 2, f. 267v.

98A.C.O. Armario IX, Legajo III, siglo XVI, pergamino nº 61. También hemos localizado una copia del breve en el mismo A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 56-62.

99A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 62-72v.

100A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 49-50.

101Ibidem, ff. 51-52.

102Prior del monasterio de San Agustín.

103Vicario general del monasterio de la Virgen María de la orden de Predicadores.

104Guardián del monasterio de San Francisco.

105Comendador del monasterio de la Merced.

106A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 194-195v. Armario X, libro nº 1094, ff. 112-113v. Y A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 58-58v.

107Lugarteniente de comendador del monasterio de la Merced de Orihuela.

108A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 195v.-196v.

109A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 118-124. A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 65-71v.

110A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 66-67v. La procura fue expedida el 4 de junio. Ibidem, ff. 66-67v.

111A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 118-118v.

112A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, f. 90.

113A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 118v-119v. En nuestra opinión, la orden de secuestro de las rentas capitulares fue un acto de carácter más bien testimonial. En la situación en que se hallaban las relaciones murciano-oriolanas resulta difícil pensar que las rentas capitulares pudiesen llegar a manos de sus legítimos dueños.

114A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, f. 94.

115Ibidem, f. 88.

116Ibidem, ff. 87-87v.

117Comendador del monasterio de la Merced de Orihuela.

118A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 231v.-232. Y A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, f. 62v.

119Suponemos que las autoridades civiles y eclesiásticas oriolanas no quisieron siquiera leer el breve revocatorio cuando detuvieron y encarcelaron a los murcianos que pretendieron ponerlo en ejecución, para que éstos no lo diesen por presentado y puesto en vigor.

120A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 196v.-198, 230-231v. Armario X, libro nº 1094, ff. 113v.-115v, 115v.-117v. Y A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 59-60, 61-62v.

121A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 119v.-120.

122A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 118-124. A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 65-71v.

123A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 77-78.

124Ibidem, f. 79.

125Ibidem, ff. 101v.-103v.

126Ibidem, ff. 80-80v.

127Ibidem, ff. 98-99.

128Ibidem, ff. 105-106.

129A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 144-147. Recordemos que en el breve revocatorio del 17 de marzo de 1518, León X había anulado la vigencia de todos los rescriptos apostólicos expedidos con anterioridad, por Julio II o por él mismo, en relación con la creación del obispado de Orihuela. No obstante, como no había sido ejecutado en la ciudad del Bajo Segura, los oriolanos consideraban que el breve de confirmación del vicario Soler seguía siendo válido.

130A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 107-108v.

131Ibidem, ff. 109-112, 114-115v.

132Carlos I aún no había sido reconocido como monarca por el Reino de Valencia, por lo que la convocatoria de Cortes había de ser inminente.

133A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 127-128.

134Ibidem, ff. 86-86v.

135Ibidem, ff. 137-138.

136Ibidem, ff. 233-241v.

137Ibidem, ff. 129-130.

138A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 134-134v. Finalmente les compró a los Vic «dues vasines d’argent e dos jarros», que costaron 210 ducados. Y les dio a Monto y a Carbonell sendos donativos de 40 -no 20- y 50 ducados respectivamente. A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 233-241v.

139A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 123-123v., 139-142v.

140Ibidem, ff. 81-81v.

141A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 233-241v.

142No hemos conseguido saber el porqué de esta inoportuna incomparecencia. La única hipótesis que se nos ocurre es que tuviese algo que ver con la enfermedad de fr. Gaspar Esteve.

143A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 104v.-109v.

144A.M.O. Libro nº 39 bis, Contestador de 1518, ff. 144-149v. Y libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 94v., 101, 105.

145A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 94v., 101, 105, 107, 112v., 115v., 119-119v., 144v.-145, 150-150v.

146A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 110-112v.

147A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 199-201. Y armario X, libro nº 1094, ff. 6-9.

148A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 110-112v.

149A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 118-124. A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 65-71v.

150Este notario tendría un especial protagonismo en el transcurso de la Historia del Pleito del Obispado porque el año siguiente -1520- el cabildo de Cartagena le encargó otra misión, si cabe, más difícil que la que a continuación relatamos.

151A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 110-112v.

152A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 151v.-152v., y libro nº 2, ff. 68v.-70. Y armario X, libro nº 1094, ff. 110v.-112. También en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 36-37. Como veremos más adelante, Luis de Soler no supo aceptar su revocación, y no cumplió su promesa de respetar la designación de Jaime de Soler.

153A.M.O. Libro nº 39A, Contestador de 1516-1517, f. 417v.

154A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 120-120v.

155Ibidem, ff. 72v.-74v.

156Nuevo comendador del convento de la Merced de Orihuela.

157A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 202-204. Y armario X, libro nº 1094, ff. 1-3.

158GARCÍA CÁRCEL, R.: Cortes del reinado de Carlos I, Valencia, 1972, pp. VII-VIII.

159GARCÍA CÁRCEL, R., op. cit., p. VIII.

160A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 22-24.

161Recordemos que tiempo atrás, Carlos I había decretado la confiscación de los bienes temporales muebles e inmuebles de los clérigos oriolanos.

162A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 31-33v., 48.

163Ibidem, ff. 233-241v.

164A.C.O. Armario X, libro nº 1095, ff. 7-18v.

165A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 69-69v.

166Ibidem, ff. 71-72.

167CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 41. El mejor análisis sobre las Germanías lo aporta GARCÍA CÁRCEL, R.: Las Germanías de Valencia, Barcelona. 1975. También pueden ser consultados los trabajos de PILES, L.: «Aspectos sociales de las Germanías de Valencia», en Estudios de Historia social de España, II (1952). SALVADOR, E.: «El puerto de Valencia durante las Germanías», en Saitabi, 12 (1962). Y JUAN VIDAL, J.: «Una aproximación al estudio de las Germanías de Mallorca, en Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, 681 (1974).

168A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 79-79v.

169Ibidem, f. 74. Una copia de la carta fue registrada el mismo día 18 de febrero de 1520 por el notario Pedro Palomares. En ella, podemos apreciar cómo Luis de Soler ayudó el emisario murciano esperando que el arcediano «trabajase» para que el oficio de vicario general que con anterioridad había desempeñado, le fuese devuelto.

«Al muy Reverendo Senyor el Senyor sacrista de Oriuela, protonotario appostolico en Oriuela.

Muy reverendo Senyor.

Ya sabe vuestra merced Bernardino Miguel quan muy amigo mio y vuestro es. El va ay [a] hazer cierto auto en el cabildo. Suplico a vuestra merced, si alguna cosa estos senyores quisieren hazer, le favoresca y le ayude porque de presona tan cuerda no espero que ha de aver desconcierto ni cosa que sepa a ell. Desto yo recibire merced senyalada por que yo le hecho yr diziendo que vuestra merced es muy mi senyor y que donde vuestra merced esta no consentira tal, y porque de vuestra merced confio lo a de hazer como se lo suplico. No alargo mas. Nuestro Senyor la muy reverenda persona de vuestra merced guarde. De Murcia a XVII de henero de MDXX. Y fazer sea vuestra merced esto que yo lo trabajo se haga por mano de vuestra merced, porque trobajo aca a fer que el oficio se os torne, porque no deseo cosa mas sino trabajar [en] cosa que os puede servir.

a servizio de vuestra merced cierto

el arcediano de Cartagena».

170Ibidem, ff. 73-76.

171Con posterioridad, ese mismo año, Luis de Soler llevó su caso a Roma, y alegando que únicamente quería hacer cumplir los mandatos apostólicos, obtuvo el perdón pontificio, y pudo volver a la iglesia de Orihuela y recuperar su dignidad de sacristán. Ibidem, f. 264.

172Ibidem, ff. 77-78.

173Ibidem, f. 76.

174Ibidem, ff. 79-79v.

175Ibidem, f. 76v. El poder les permitía negociar, interponer apelaciones y súplicas, designar síndicos, y fijar y pagar sus salarios, entre otras atribuciones.

176Ibidem, ff. 79-79v.

177A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 234v.-235.

178Ibidem, ff. 235-235v.

179Ibidem, ff. 234, 235v.-236v.

180A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, f. 81.

181A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 120v.-123.

182Ibidem, ff. 120v.-122.

183Ibidem, ff. 122-123.

184A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 61-63v.

185CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 45.

186A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 162-163. Pedro Palomares y Perot Pérez Terol, junto a Antón Sánchez, fueron los cabecillas de la Germanía.

187CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 46.

188A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 61-63v.

189A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 172-172v., 181.

190Ibidem, ff. 187-188v.

191Ibidem, ff. 206v.-207v. El Consell les permitió tomar en Roma 250 ducados de la línea de crédito abierta para el maestro Gaspar Esteve.

192Ibidem, ff. 212-213.

193Ibidem, ff. 215-216v.

194CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 49.

195A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 42-51.

196CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 43.

197A.M.O. Libro nº 40, Contestador de 1520, ff. 268-268v.

198CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., pp. 43-44.

199Ibidem, pp. 45-46.

200Ibidem, p. 51.

201A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 193-193v., ff. 194-195.

202Ibidem, f. 195.

203A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 193v.-201v.

204A.C.O. Armario X, libro nº 1096, ff. 74v.-79.

205CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 53.

206Ibidem, p. 60.

207Ibidem, pp. 60-61.

208Ibidem, p. 61.

209Ibidem, pp. 63-64.

210Ibidem, pp. 67-68.

211Ibidem, pp. 74-76.

212Ibidem, pp. 79-80.

213Ibidem, pp. 81-86.

214Ibidem, pp. 87-88.

215Ibidem, pp. 88-89.

216A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 90v., 92, 98v., 104-104v., 111v.

217Hemos hallado múltiples datos acerca del saco gracias a un proceso informativo que recibió durante los meses de abril y mayo de 1525 el lugarteniente del gobernador, D. Luis Togores, a instancias de Bernardo Manresa, procurador del capítulo, el clero y la ciudad de Orihuela, y su diócesis, con la intención de que nadie pudiese olvidar la crueldad con que actuaron el marqués de los Vélez y sus hombres. Hemos localizado dos copias de dicho expediente. Una en el A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 88-169. Y otra en el A.C.O. Armario X, libro nº 1094, ff. 133-222. En adelante, haremos alusión a la primera de las copias a la hora de ofrecer las referencias documentales.

218A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 92, 99.

219Ibidem, ff. 92, 111v.

220Ibidem, ff. 92, 98v., 102v.-103, 111v., 148v., 149v., 153-153v.

221Ibidem, ff. 111v., 146-146v. CHIARRI MARTÍN, M.L., op. cit., p. 95.

222A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 92, 103-103v., 129, 144-144v.

223Ibidem, ff. 93-93v., 98v-99.

224Ibidem, ff. 93-93v., 104, 127, 130v. El marqués expuso todas las banderas hurtadas en su capilla de la Catedral de Murcia.

225Ibidem, ff. 92v., 103v.-104, 108v.

226Ibidem, ff. 92, 103-103v., 129-129v.

227Ibidem, ff. 92v., 103-103v., 112.

228Ibidem, ff. 93, 103v.-104, 130.

229Ibidem, ff. 92-92v., 114v., 117v.-118 y 157v.

230Ibidem, ff. 106v., 109, 118, 139v., 158.

231Hay abundante información sobre estos hechos en ibidem, ff. 92v.-93, 109, 129v., 120v.-121, 139-139v., 157v.-158.

232No hay que confundir el oficio de sacristán mayor que detentaba Pedro Santander, con la dignidad de sacristán, que tenía asignada el ínclito Luis de Soler.

233A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 126-126v., 129v., 132v.

234Ibidem, ff. 131v.-132. Los corporales son los lienzos que se extienden en el altar, encima del ara, para poner sobre ellos la hostia y el cáliz.

235Ibidem, ff. 126v., 132v., 134-134v.

236Ibidem, ff. 126v.-127, 130-130v., 139v.

237Ibidem, ff. 142v.-143.

238Ibidem.

239Ibidem, ff. 94, 147v.

240Recordemos que, en virtud del decreto real de auxilio del brazo secular, el marqués de los Vélez únicamente tenía facultad para confiscar los bienes muebles e inmuebles de los rebeldes, y para detenerlos y encarcelarlos hasta que quisiesen prestar la obediencia. Pero de ninguna forma podía incendiar y derruir sus casas, ni mucho menos imponerles la pena capital. Al parecer, la erótica del poder y la violencia sedujo el pensamiento de D. Pedro Fajardo.

241A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 90v.-91, 93v.-94, 100, 104-104v., 112-112v., 147-147v.

242Ibidem, ff. 105, 109v.-110, 127v., 140-140v., 144-144v., 147v.

243Ibidem, ff. 94, 100-100v., 150.

244Ibidem, ff. 143-143v.

245Ibidem, ff. 149v.-150.

246Ibidem, ff. 100v., 104v., 110, 128.

247Ibidem, f. 144.

248A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 79-81v. A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 239-240v., y libro nº 2, ff. 76v.-80v. Y armario X, libro nº 1094, ff. 128v.-130v.

249A.M.O. Libro nº 2208, Libro de Procedimientos, 1434-1525, ff. 76-78v. A.C.O. Armario I, libro nº 1, ff. 241-243, y libro nº 2, ff. 71v.-76. Y armario X, libro nº 1094, ff. 126-128v.