10. La oposición de Carlos I a las aspiraciones episcopales oriolanas

1. La fulminante respuesta del duque de Calabria a los primeros escarceos oriolanos de rebelión.

El 10 de mayo y el 15 de junio de 1532, ante los comisarios reales D. Luis Ferrer y D. Luis Çaydía, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad de Orihuela, en representación del pueblo y el clero de la misma, juraron someterse a la autoridad del prelado, el provisor y el cabildo cartaginenses, y se comprometieron a no volver a violar dicha subordinación y a no causar ningún perjuicio al «dit bisbat y esglesia de Carthagena»¹.

Sin embargo, en todo momento tuvieron presente la idea de que la derogación del Episcopatus Oriolensis era del todo injusta e ilegal. Únicamente se avinieron a aceptarla para «no causar alguns escandells» estando Carlos I fuera de España, y confiando en que el emperador, tras retornar a «estos sos regnes» y comprobar la justicia de sus alegaciones, y haciendo gala de su indudable «clemencia e benignitat», mandaría «reparar los greuges» y restituiría la causa al «estament» en el que se hallaba «ans que dit breu y executorials fossen obtessos e, de facto, executats»².

Pese al contenido del juramento, ni siquiera llegaron a plantearse la posibilidad de abandonar las gestiones encaminadas al logro de la definitiva independencia espiritual de la clerecía murciana. Muy al contrario, decidieron ofrecer resistencia al restablecimiento del poder cartaginense. Y como era de prever, los enfrentamientos no tardaron en producirse.

Durante la segunda quincena de julio de ese mismo año 1532, la actividad de un joven notario murciano llamado Luis de Cifuentes en la población del Bajo Segura resucitó las discordias entre el capítulo del Salvador y el provisor y el cabildo de Cartagena³. Aunque la documentación utilizada para la presente investigación no nos ha permitido conocer más detalles acerca de esta cuestión, a modo de hipótesis y no sin reservas podemos conjeturar que probablemente estas tensiones tuviesen que ver con el hecho de que Cifuentes tratase de ejecutar en nombre de las citadas autoridades cartaginenses algún mandato perjudicial a los derechos o las aspiraciones episcopales oriolanas.

Sea como fuere, los eclesiásticos murcianos se quejaron ante el lugarteniente general del Reino de que el capítulo del Salvador, obviando la prestación de obediencia, seguía negándose a aceptar la superioridad espiritual cartaginense. Y le pidieron que procediese contra los miembros rebeldes del citado cuerpo colegiado. D. Fernando de Aragón consideró que los clérigos oriolanos habían quebrantado gravemente los designios reales, y decidió dirigirse en persona a la ciudad del Bajo Segura, con la firme intención de hacer respetar los mandatos regios y apostólicos⁴.

A finales del referido mes de julio, arribó a Orihuela en compañía del provisor y vicario general de la diócesis y de otros componentes del cabildo catedralicio murciano. Y a requerimiento de éstos, les ordenó a los miembros del capítulo de la Colegiata que en adelante obtemperasen todas las órdenes de los oficiales episcopales cartaginenses.

El sacristán Luis de Soler y el canónigo Vicente Martí fueron cometidos por el citado organismo colegiado para hacerle llegar al duque de Calabria la respuesta a su mandato. Y tuvieron el valor y la osadía de comunicarle que tanto el breve de Clemente VII como el ejecutorial de la emperatriz Isabel eran subrepticios, y que ni ellos ni sus representados aceptarían resolución alguna hasta que la Santa Sede determinase sus consultas y apelaciones.

Tan arrogante contestación irritó a los murcianos de tal forma que le rogaron a D. Fernando de Aragón que procediese a la detención inmediata del sacristán y del canónigo, y que decretase su traslado a Murcia para que pudiesen ser encarcelados en las prisiones episcopales. Y no contentos con ello, a continuación, le pidieron que ordenase el prendimiento del resto de componentes del capítulo del Salvador.

El duque atendió las demandas cartaginenses y ordenó a sus alguaciles que arrestasen a Soler y a Martí, lo que hicieron de inmediato. Y después, mandó a sus ministros que los llevasen a la capital del obispado.

Enterado de la llegada de los presos, el corregidor de Murcia, D. Alonso Fajardo, escoltado por ochenta hombres a caballo y doscientos lanceros, escopeteros y arcabuceros, salió hasta el límite del término de la ciudad. Allí, los oficiales del lugarteniente general le confiaron a los dos reos, que fueron recibidos con salvas y disparos al aire como si fuesen moros de allende el Mediterráneo. Y con «gran regosijo de escopeteria y arcabuçeria», entre otras muestras de enorme alborozo, la singular comitiva llegó a la ciudad y la cruzó por las calles más céntricas. «Les dones e altres gents», desde las puertas de las casas, disfrutaron profiriéndoles insultos con éstas y otras palabras feas, malsonantes e injuriosas: -«Aqui haveys de venir donos, perros, traydores», demostrando la enraizada enemistad que sentían hacia sus vecinos oriolanos. Acabada tan deshonrosa procesión, Soler y Martí fueron encarcelados en los calabozos episcopales⁵.

Por otra parte, al conocer lo que les había sucedido a sus compañeros, los demás capitulares del Salvador se escondieron. Y tal como le ocurrió a D. Luis Ferrer, el duque de Calabria se vio incapaz de hallar a uno solo de ellos. Ofuscado, ordenó a las autoridades municipales que los capturasen, y ante tan desagradable mandato, decidieron hacerle frente el justicia Garci Ferrández de Tuesta, los jurados Jaime Masquefa -señor de La Daya- y Perot Pérez, el valeroso caballero Andrés Soler, sus hijos Jaime Cosme y Francisco, un cautivo de Diego Soler llamado Jerónimo, Bartolomé Cascant, Ginés de Vilafranca, D. Pedro y D. Ramón de Rocafull -señor de Albatera-, Pedro Gómez -hijo del conocido síndico Gil Gómez-, y otros vecinos de Orihuela como el labrador Andrés Gombau, el «calceter» Juan Marina, Jaime Pedrós o Francisco Martí⁶. La consecuencia más directa fue la detención de todos ellos y su traslado a Valencia, donde estuvieron encarcelados «en la preso de la dita çiutat per molts dies» y, tras ser tratados como «mals homens e ynobedients als manaments de Vostra Magestat», fueron juzgados⁷.

La situación no varió a lo largo del mes de agosto, lo que llevó al cabildo de Cartagena a propiciar la fulminación de una cessatio a divinis que cayó sobre la población del Bajo Segura y su huerta la tarde del día de San Bartolomé -el día 24-. De ese modo, al desorden civil se unió el eclesiástico ya que dejaron de celebrarse los oficios divinos, y los fallecidos no pudieron ser enterrados en suelo sagrado.

A finales de agosto, la ciudad tuvo que afrontar otra dura penalidad: el secuestro de 30 vecinos por los moros en el cabo Roig. Tan desastroso suceso hizo aún más crítico el estado de la economía municipal, ya que el Consell tuvo que ordenar la carga de censales por valor de 4.000 ducados para poder pagar los rescates⁸.

De cualquier forma, pese a las intenciones murcianas, la imposición de la cessatio a divinis no modificó la postura intransigente del capítulo del Salvador. Por ello, el provisor y el cabildo de Cartagena decidieron recrudecer aún más el trato que les estaban dispensando a Luis de Soler y a Vicente Martí, y el domingo 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, los cambiaron de prisión y los encerraron en una mazmorra «molt escura, bruta e pudenta», que estaba en la casa del obispo. Al canónigo lo dejaron encadenado a la pared. Y al sacristán, que era mayor que Martí, le colocaron unos grilletes en los pies. En tan ignominiosa situación, Soler, que era una «persona molt delicada», perdió la salud progresivamente, y con el transcurso de los días enfermó hasta tal punto que estuvo a un paso de perder la vida. Si se salvó fue gracias a la intervención de dos médicos llamados Castellano e Iñíguez que lo reconocieron cuando estaba ya «en specie de morir», y que tras superar no pocas trabas consiguieron que los cartaginenses les diesen permiso para sacarlo del calabozo y tratarlo en una posada, en la que permaneció encamado durante algún tiempo, siempre rodeado por fuertes medidas de seguridad.

Al llegar a Orihuela las noticias de los nuevos abusos y vejaciones que estaban sufriendo Soler y Martí, los capitulares del Salvador optaron finalmente por claudicar y por obtemperar los mandatos imperiales y apostólicos. Y decidieron ir directamente a Murcia a negociar la liberación de los encarcelados y el alzamiento de la cessatio a cambio de un nuevo compromiso de obediencia. De esa manera, tras obtener del corregidor D. Alonso Fajardo y de otros caballeros de la ciudad la promesa de que no correrían peligro sus vidas, el 16 de octubre se personaron en la referida población.

La tarde de ese mismo día, las partes llegaron fácil y pacíficamente a un acuerdo, dada la buena disposición de los oriolanos. Sin embargo, por la noche se produjo un grave incidente, que no podemos pasar por alto porque muestra claramente cuán exaltados estaban los ánimos entre los vecinos de las dos ciudades a causa del enquistado Pleito del Obispado.

Acabadas las negociaciones, los eclesiásticos que se habían desplazado desde la población del Bajo Segura fueron a cenar a una posada llamada «Casa Jaqua». Tras degustar los manjares murcianos, dos clérigos que habían acompañado a los canónigos del Salvador, Andrés Montero -sacristán de dicha iglesia mayor- y Pedro Ferrández -capellán de la parroquial de Santiago- salieron del mesón con la intención de ir a hablar con un conocido, ya que tenían la idea de regresar a Orihuela la mañana siguiente. Muy cerca de la puerta de la casa, en la calle, avistaron a «dos homens armats e desfreçats», que estaban «assentats en un banch». Al pasar junto a ellos, se levantaron y los siguieron. Y, entonces, uno de ellos se colocó ante Ferrández, desenvainó su espada, y le asestó una «gran coltellada», haciéndole un corte enorme «per la cara». El clérigo cayó al suelo, perdió la vista y comenzó a sangrar abundantemente. Y el cómplice, al ver a Ferrández, le dijo al agresor: -«No has assertado el golpe, que no lo has conosçido», esto es, que se había equivocado de hombre ya que el atacado no era uno de los canónigos del Salvador, que eran sus objetivos, sino un simple capellán de una de las parroquiales de la ciudad vecina. Tras estas palabras, los murcianos se dieron a la fuga. Y Montero, ayudado por la gente que acudió al lugar al escuchar los gritos, llevó al agredido a la «Casa Jaqua», donde los médicos le dieron «quatorze o quinse punts» de sutura, y donde tuvo a su vez que permanecer encamado, esquivando los espadazos de la muerte, durante un par de meses.

Poco después de que se produjese el altercado, corrió por la ciudad el rumor de que había sido propiciado por la enemistad existente como consecuencia del Pleito del Obispado. Y, efectivamente, ésa debió ser la causa ya que Ferrández, herido, confirmó que no tenía ningún conflicto personal con ningún murciano es especial, y que no había razón alguna -más que la citada- para explicar el ataque que había sufrido.

Por su parte, los clérigos oriolanos, enterados del motivo de la agresión, se quedaron dentro de la posada toda la noche, «ab lo mayor reçel del mon que nols matassen». Y cuando se hizo de día, tras visitar al desafortunado capellán, se volvieron para Orihuela muy secretamente⁹.

2. Las comparecencias de Luis Martínez ante el emperador en Ratisbona y Bolonia.

A comienzos de 1532, tras dejar el gobierno de los estados de Flandes a su hermana, la reina de Hungría, Carlos I emprendió de nuevo la ruta del Rhin con dos intenciones principales: poner algún remedio a la expansión de la herejía luterana por Alemania, y preparar la resistencia contra los amenazantes turcos. Y para tratar ambos asuntos convocó una dieta imperial en Ratisbona¹⁰.

El 8 de agosto de dicho año 1532, el síndico Luis Martínez, que seguía sus pasos desde finales de 1530, compareció ante él, y le suplicó que anulase la prestación de obediencia y la revocación del obispado de Orihuela, y que promulgase la revisión judicial de la causa: «pues Vuestra Magestad es la fuente para dar a todos cumplimiento de justicia, y ha mandado desagraviar a los de Murcia de la fuerza que pretendian les era hecha en restituirles su posesion, y que Vuestra Magestad, asimismo, tenga por bien de desagraviar ahora a los de Orihuela en mandar que se vea la original justicia de esta causa, siendo la dicha ereccion hecha tan canonicamente y por tan justas causas, sin perjuicio de la ciudad de Murcia ni de otra alguna». Y concluyó su intervención comunicándole que sus representados tenían la intención de importunarle «por todos los medios y terminos conformes a justicia que a ellos fuere posible, hasta que se vea por sentencia el fin de ello»¹¹.

La Cesárea y Católica Majestad se quitó literalmente de encima al procurador oriolano enviando su suplicación a las manos de la emperatriz Isabel para que, de acuerdo con el dictamen de los Consejos de Castilla y de Aragón, proveyese lo que fuese más justo. Sin embargo, dicha remisión no supuso ninguna modificación del estado de la causa, y tras la intervención del duque de Calabria y el compromiso pactado en octubre entre el capítulo del Salvador y el provisor y el cabildo de Cartagena, la Iglesia y la ciudad de Orihuela quedaron bajo la autoridad espiritual murciana. Y no hubo cambios al respecto hasta mediados de 1533.

Por su parte, el canónigo Luis Martínez, con mucho cansancio acumulado, prosiguió su misión entrevistándose con el obispo Mateo. Cumpliendo las órdenes que le habían dado sus representados, le suplicó que designase a un vicario general de la Iglesia y la ciudad de Orihuela, que tuviese jurisdicción sobre la diócesis hasta que finalizase el Pleito del Obispado. Y trató de convencerle de la necesidad y la utilidad de tal medida con diversos argumentos. Explicándole que por falta de atención espiritual, la salvación de las almas estaba viéndose seriamente comprometida, y que ello constituía una grave afrenta para el honor y el decoro de Dios, y un claro perjuicio para la autoridad moral de la Iglesia. Aduciendo que los jueces seculares procedían cotidianamente contra los clérigos y sus bienes, sin que ningún magistrado eclesiástico pudiese defenderlos. O reseñando la existencia de muchos otros inconvenientes, tanto desde el punto de vista de la administración de los sacramentos -muchas personas fallecían sin haber sido confirmadas-, como en el plano de la dirección del culto divino¹².

No obstante, de nada sirvieron sus fundamentadas razones. El cardenal de Santo Ángel no quiso contravenir los mandatos apostólicos e imperiales, e hizo oídos sordos a su súplica. Vista la nula receptividad del prelado, Martínez desistió de pedirle que le escribiese una carta para Clemente VII, en recomendación de las aspiraciones episcopales oriolanas. Y decidió proseguir su complicado peregrinar por Europa en dirección hacia la ciudad a la que decían que llevaban todos los caminos: Roma. Emprendió el camino «ab prou dessent, treball y despesa», animado por la promesa que la habían hecho las autoridades de la ciudad del Bajo Segura de que en la Ciudad Eterna hallaría dinero y todo lo que necesitase para un digno sustento. Sin embargo, al arribar a Roma, para su desgracia, comprobó que no habían provisto para él «lletres, ni dines, ni be negu», y tuvo que subsistir durante unos meses de un modo miserable. Les escribió muchas cartas pidiéndoles permiso para volver a su patria, pero no recibió contestación alguna. 1532 fue para él un año ciertamente insatisfactorio¹³.

Por otra parte, 1533 tampoco comenzó de una manera afortunada para los mandatarios oriolanos pues al desastre espiritual acaecido el año anterior y a la crítica situación económica que venían arrastrando tiempo atrás, se unió una nuevo conflicto con el duque de Calabria. Éste, a mediados de diciembre, se enteró, no sabemos si por información de los murcianos, de que los munícipes habían impuesto «certa sisa o dret» para pagar los gastos derivados de la detención y el proceso de los acusados por rebelarse contra las disposiciones regias a finales del último mes de julio. Tomando el asunto como una especie de afrenta personal, el virrey les escribió que estaba asombrado de que «per coses desta qualitat» hubiesen establecido dicho tributo, «en dan de la cosa publica y en deservey de Sa Magestat». Y considerando intolerable la nueva imposición, les mandó que la derogasen, bajo pena de 2.000 florines, que irían a los «reals cofrens», y les advirtió que en el caso de que no quisiesen obedecer, el castigo no terminaría con la pena pecuniaria¹⁴.

No obstante, las fiestas navideñas aplazaron el envío de la misiva y, por ello, D. Pedro Maza, tras enterarse de las suspicacias del virrey, tuvo la oportunidad de avisar por carta a las autoridades oriolanas a fin de que se preparasen para la defensa. El escrito del gobernador fue recibido por los ediles el 3 de enero. Y su tenor les sorprendió desagradablemente porque las acusaciones de D. Fernando eran absolutamente infundadas y sus informaciones incorrectas¹⁵.

La sisa, efectivamente, existía. Había sido aprobada por el Consell el 17 de marzo de 1532, y suponía la percepción de 4 dineros por cada libra de «carn, peix e pa» que fuese vendida en la ciudad durante un plazo de 20 años. Su objeto, empero, no era el apuntado, sino la obtención de liquidez para redimir parte de los censales que estaban ahogando los ingresos del erario municipal¹⁶.

La carta del duque les llegó finalmente el 10 de enero. Y según habían planeado durante los días anteriores, decidieron enviar a Valencia a Juan Pérez Felipe para explicarle al lugarteniente general la verdadera utilidad del tributo y para convencerle de que no decretase su abolición. Y el 15 de enero le entregaron una carta de presentación para el propio D. Fernando, escritos de recomendación para los doctores Figuerola, Ros y Ubach, solicitudes de ayuda para D. Pedro Maza y D. Melchor de Perellós, y dos misivas dirigidas al doctor Filibert y a Luch Joan Riudaura en las que se les requería que le ayudasen a realizar las diligencias oportunas para lograr el fin deseado. Con dicha documentación, el procurador partió para la ciudad del Turia. Allí, intentó llevar a cabo su misión, pero topó con la oposición del duque, quien no quiso atender a razones, y forzó finalmente a los mandatarios oriolanos a suspender sine die la percepción del impuesto. Éstos no quisieron replicarle para no provocar un enfrentamiento más serio, y decidieron esperar la llegada de tiempos mejores, que habrían de coincidir con un más o menos inmediato advenimiento de Carlos I a sus reinos de España¹⁷.

Sin embargo, el emperador aún estaba lejos. Tras salir de Ratisbona, unió sus fuerzas a las del rey de romanos para hacer frente a los turcos, y los hicieron retroceder hasta Constantinopla, frenando su empuje. Entonces, se puso en camino hacia Italia con la intención principal de mantener una segunda entrevista con Clemente VII, a fin de tratar temas tan importantes como la convocatoria de un concilio, las medidas que había que adoptar para frenar el progreso de la herejía protestante, la resistencia a los otomanos, o el afianzamiento de la paz y la tranquilidad en la propia Península Itálica¹⁸.

Cuando en Roma se hizo pública la noticia de la marcha del pontífice al encuentro del emperador, Luis Martínez decidió por cuenta propia acompañar en su viaje al papa para aprovechar la ocasión e interponer ante ambos soberanos suplicaciones en favor de la causa episcopal oriolana¹⁹.

Carlos I y Clemente VII se entrevistaron finalmente en la ciudad de Bolonia, tal como había sucedido en 1530. El síndico habló en primer lugar con Su Cesárea y Católica Majestad. Le dijo que las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela habían obedecido sus mandatos, y tras comentarle que «los de Murcia estaven en sa possessio passifica», le suplicó que tuviese por bien escuchar las reclamaciones de sus representados, y le entregó «una memoria». El emperador le contestó que no podía tomar ninguna decisión allí, en ese momento, y que estando en España proveería lo que fuese más justo. Después, Martínez platicó con Cobos, quien le respondió de la misma manera que Carlos I. Posteriormente, conversó «moltes voltes» con micer May, quien «a la derreria» le pidió que le diese «una suplicacio», y le repitió que no conseguiría nada hasta que el emperador llegase a sus reinos hispanos²⁰.

Sin embargo, el procurador no se resignó a abandonar sus instancias, y le rogó al cardenal Fernes -antiguo aliado de Orihuela y «molt afficionat als regnes de Arago»- que le recomendase a Carlos I que decretase la revisión judicial del Pleito. El purpurado habló «molt estretament» con el soberano temporal de la Cristiandad, y le entregó otra «informacio de la causa en escrit». El emperador le contestó que «esta cosa estava ja determinada per justicia y finida». Pero el cardenal le respondió que estaba «ben informat», que sabía que «no avia determinacio ni sentencia», y que «no avia de dar lloch, sent un princep tan amador de la justicia, que sos vasalls se clamen que nols sia feta justicia». Y Carlos I le prometió que a su llegada a España «o remediaria conforme a justicia»²¹.

Acabadas las conversaciones entre los máximos representantes de los poderes temporal y espiritual, el 28 de febrero de 1533 el emperador partió en dirección a Génova con el deseo de embarcarse para España, pues llevaba cuatro años separado de su esposa.

Clemente VII, por su parte, se volvió para la capital del Orbe Católico. Durante el trayecto, Luis Martínez mantuvo una jugosísima plática con él. En primer lugar, le dio cumplida noticia de los «greuges y maltractaments ques causaven ad aquesta ciutat per causa de la revocacio y extincio de la lite que Sa Sanctedat avia fet». Después, le comentó que no podía «creure que aso proceys de la mente de Sa Sanctedat perque la Sede Apostolica no acostuma de negar la justicia a negu, maxime estant esta causa posada en la Rota per Sa Sanctedat y sens conexerse de la causa la manas sacar, en especial, essent Sa Sanctedat un tan excellentissim princep y tan amich de la justicia». Y finalizó su parlamento informándole que Orihuela había quedado «perduda y destroyda», y que estaban «les animes en gran perill de perdres». El papa le respondió con claridad: -«Yo no tengo culpa, que el enperador lo a hecho, que yo ya lo avia mandado remitir a justicia y puesto en la Rota»-, y tras proferir tales o semejantes palabras, hizo «demostracio ab los braços y ab lo cap com ques escusava y que li pesava». Y a continuación le dijo al síndico que «tot lo que ell pogues fer per nosaltres, que com a pare ens o procuraria yns tendria com a fills». Acto seguido, Martínez le suplicó que no los desamparara ante tantas «vexations». Y el pontífice le contestó que no lo haría. Y se despidió del canónigo²².

Martínez comprendió que la idea de la anulación del obispado no había salido de la mente del papa, sino de la del emperador, y que a éste se la habían imbuido los doctores del Consejo de Castilla, a instancia de los murcianos. Se dio cuenta de que poco podría negociar en Roma ya que el sumo pontífice no osaría intervenir en contra de la voluntad imperial. Y llegó a la conclusión de que la solución del Pleito la tenían Dios en sus designios, y el emperador en sus manos.

Pese a ello, el comprometido síndico decidió seguir las instrucciones de sus representados y optó por permanecer en la Ciudad Eterna. Les escribió varias veces suplicándoles que le diesen permiso para retornar a su patria, pero no recibió respuesta alguna. Y con el paso de los días, su situación fue haciéndose cada vez más patética y miserable.

3. Las Cortes de la Corona de Aragón de 1533.

La noticia de que el emperador regresaba a sus reinos de España llegó a Orihuela a finales de marzo de 1533. De inmediato, el Consell decidió enviar a varios procuradores a besarle las manos y darle la bienvenida de parte de la ciudad. No obstante, al no haber en las arcas municipales dinero suficiente para sufragar los gastos que se derivarían de la remisión de los síndicos, los consellers tuvieron que conseguirlo mediante la carga de nuevos censales²³.

Por su parte, Carlos I, que por aquellas fechas estaba en Génova, decidió aprovechar su estancia en la Península Ibérica para aliviar el tremendo desgaste que estaba propiciando su política imperialista -crisis del erasmismo, defensa de Viena del empuje turco, radicalización del problema protestante con la Liga de Esmalcalda, presión berberisca de los Barbarroja-. Por ello, el 7 de abril escribió a los diferentes representantes de los estamentos de los tres reinos de la Corona de Aragón para anunciarles la inminente celebración de unas Cortes generales en Monzón y conminarles a comparecer en la reunión parlamentaria el 15 de mayo²⁴.

La misiva real de convocatoria llegó a la población del Bajo Segura el 26 de abril. El día siguiente, el Consell se congregó para nombrar al síndico que habría de representar los intereses de la ciudad en la citada asamblea estamental. Y dado que Vicente Martí, Lope Ferrández de Mesa y D. Pedro de Rocafull ya habían sido designados para representar a los brazos eclesiástico y militar, a los munícipes no les importó en demasía elegir como procurador a un individuo menos perito en tales lides, Martín Pérez. No obstante, para paliar su inexperiencia, encomendaron la preparación logística de la embajada a un selecto grupo de oriolanos -el justicia, los jurados, Andrés Soler, Ginés de Vilafranca y Andrés Gombau-²⁵.

La comisión comenzó a trabajar y llegó a una primera conclusión: que en Monzón serían necesarios múltiples apoyos para conseguir la revisión del Pleito del Obispado. Por ello, el 29 de abril decidieron pedirles al duque de Gandía, a D. Pedro Maza y al conde de Oliva que escribiesen algunas cartas de recomendación dirigidas a personajes tan destacados como los condes de Ribagorza y Miranda, la condesa de Faro o el duque de Cardona, a los síndicos valencianos que fuesen a ir a las Cortes, o a cualquier otra persona que supiesen que podría favorecer las reivindicaciones oriolanas²⁶.

Mientras tanto, en Roma, el 1 de mayo Luis Martínez recibió por fin la licencia para volver a la ciudad del Bajo Segura y, de inmediato, emprendió el camino de retorno, únicamente animado por las ganas de cobrar todo el dinero que le debían después de haber pasado «tant treball y perills» -unos 600 ducados-. No obstante, antes de partir, queriendo poner de manifiesto, una vez más, su diligencia, les escribió una misiva a sus representados a fin de explicarles sus últimas desventuras y, sobre todo, para darles cuenta de su conversaciones con Carlos I y con el papa, y avisarles de un rumor que había circulado por la Santa Sede y que podía conllevar enormes consecuencias… Transcribimos sus propias palabras: «lo rey de Ynglaterra se te per cert ques a casat publicament ab la sua amiga y a dexat a sa muller, tia del Enperador y filla del rey Catolich; temse molt no sia tot una lliga ab lo rey de Francia»²⁷.

En la ciudad del Bajo Segura, la comisión acabó de preparar la documentación que Pérez había de llevarse a Monzón los días 3 y 5 del citado quinto mes. Le redactaron una carta de creencia para Carlos I, y un instrumento que recogía las instrucciones que habría de seguir cuando lograse comparecer ante él²⁸.

En primer lugar, Pérez tenía que besarle las manos y que entregarle la credencial. Después, había de participarle la «grandissima alegria» que había sentido la ciudad por su «aventurada venguda en aquestos regnes de Espanya», y debía suplicarle que tratase con benignidad y clemencia a sus súbditos oriolanos.

Y a continuación, había de comenzar la suplicación de los asuntos del Obispado. Primero, tenía que recordarle que las reivindicaciones se sustentaban en el privilegio concedido por Alfonso V en Gaeta el 11 de septiembre de 1437, en el que el Magnánimo prometió «procurar ab lo Summo Pontifiçe que la dita ciutat fos decorada de Seu episcopal». Después, le tenía que comentar que, en ejecución de dicha promesa, y por los muchos daños que la población del Bajo Segura había sufrido por «estar la jurisdiccio ecclesiastica en Regne estrany», Fernando el Católico consiguió con toda legitimidad que Julio II decretase en 1510 la fundación del obispado de Orihuela y la erección de la iglesia del Salvador en Catedral, unida a la de Cartagena bajo un mismo pastor. Acto seguido, había de llevarle a la memoria al emperador que en las últimas Cortes de Monzón, celebradas en 1528, había jurado por medio de un «acte de cort» que haría que Clemente VII determinase la causa «per justicia», y que, por el contrario, lo que éste había provisto, a instancia suya y de los castellanos, movido por «sinistres informacions», había sido un breve revocatorio «obrreptici e incognacional», que había sido puesto en vigor en virtud de un mandato ejecutorial de la emperatriz y con el auxilio del duque de Calabria.

Y después de rememorar estos antecedentes, había de rogarle humildemente a Carlos I que se acordase de los «innumerables serveys» prestados por Orihuela tanto a él como a sus predecesores, especialmente en los tiempos de las «Revolucions pasades», durante las cuales «permeteren molts dells morir, y anar desterrats de ses cases, y finalment donar tots sos bens als soldats, y voluntariament consentir que fossen saquejats per terme de trenta dies com de fet es feu, y tot per servir a Sa Majestat»²⁹.

Y «en remuneracio de dits serveys, y en execucio de la promesa feta per lo dit Rey Don Alfonso, e de la supplicacio e efectuacio del Catholico Rey Don Ferrando, e del acte de cort fet, fermat e jurat per Sa Majestat, y del que aquell com a justificat prinçep conve e ha acostumat tenir sos subdits e vasalls en egualdat e justicia», tenía que suplicar a «la clemencia imperial» que volviese a escribir al papa para que restituyese a la Rota el Pleito del Obispado, de modo que «hoides les parts se determene la dita causa per sentencia».

Por otra parte, la comisión también le encargó a Martín Pérez que le elevase al monarca otras peticiones relacionadas con la recaudación del derecho real del almojarifazgo, con la guarda y defensa del reino, o con el regimiento de la ciudad³⁰.

Y el mismo día 5 de mayo le entregaron toda la documentación, y le hicieron una última consigna antes de que partiese, junto a Martí, Ferrández y Rocafull en dirección a Valencia: que no consintiese «en cosa alguna de les dites Corts» hasta que Carlos I prometiese respetar el «acte de cort» de 1528 y decretase la restitución del Pleito del Obispado a Roma³¹.

A su llegada a la capital del Reino, los cuatro embajadores oriolanos, acompañados por el doctor Riudaura, se entrevistaron con el conde de Oliva y con el duque de Gandía, quienes les entregaron algunas cartas de recomendación. Después, platicaron con D. Pedro Maza, quien también les proporcionó escritos favorables dirigidos a los señores Luis Crespí y Luis Mascó, síndicos respectivos del brazo militar y de la Diputación, al procurador de la ciudad de Valencia, y a otros amigos suyos. A continuación, hablaron con el síndico de Alzira, un tal Luis García, que les prometió su apoyo. Y el domingo 11 de mayo, decidieron partir para Monzón. No obstante, antes de iniciar el trayecto, Vicente Martí, en nombre de los cuatro, les escribió a las autoridades oriolanas una carta para darles a conocer los apoyos conseguidos, y explicarles que estaba seguro de que lograrían el auxilio de todos los procuradores del Reino de Valencia, sin excepción, porque, según indicaba, «estan estos valencians tots admirats de veurens resucitar perquens tenien per atterats, yns tenen per special gent, his alegren tots del que han vist en nosaltres»³².

De camino, los cuatro oriolanos se dieron cuenta de que no iba a darles tiempo a llegar el día 15, por lo que decidieron tomar un atajo para acortar unas cuantas leguas. El rumbo alternativo resultó excepcionalmente «aspre» pero les permitió arribar a Monzón a tiempo, aunque «mig morts, les besties totes matades, que nos poden tenir». No obstante, al llegar vieron la villa casi vacía y se extrañaron. Preguntaron a los lugareños, y por ellos se enteraron de que la inauguración de las Cortes había sido prorrogada hasta el 10 de junio porque Carlos I aún no había llegado a Barcelona -lugar en el que tenía previsto desembarcar-, y de que los catalanes y los aragoneses, conocedores de tal noticia, habían retrasado sus desplazamientos.

Durante los días siguientes arribaron a Monzón más representantes del Reino de Valencia que, como ellos, desconocían la nueva de la prórroga. Aunque a nivel general cundió el desaliento, los oriolanos aprovecharon los primeros momentos de la espera para apalabrar con el doctor Benavent -quien se había ofrecido a ayudarles en la medida de sus posibilidades- la preparación de las suplicaciones escritas que tendrían que presentarle al emperador y a los brazos a lo largo del transcurso de las Cortes. Y el día 19 Vicente Martí, de nuevo en representación de todos, se dirigió por escrito a los mandatarios de la ciudad del Bajo Segura. En la misiva, les informó de «tan largua porrogacio» y de la preocupante posibilidad de que ésta fuese ampliada por el retraso de Carlos I. Les refirió que tenían «pochs diners» para pasar tantos días y les pidió que les enviasen más. Y sobre la causa episcopal, les escribió esta significativa frase: «tots estan de bon parer de ajudarnos ab totes ses forces»³³.

Los recelos de Vicente Martí se hicieron realidad y las Cortes no comenzaron el 10 de junio, sino que fueron prorrogadas hasta el 19 de julio a causa de una indisposición que aquejó a la emperatriz. Entretanto, también enfermó Lope Ferrández de Mesa, quien iniciada la segunda quincena de junio escribió a las autoridades oriolanas con el fin de pedirles permiso para ir a curarse a su casa. Los otros tres representantes de la ciudad del Bajo Segura aprovecharon la ocasión del envío de la misiva de su compañero para dirigirse, asimismo, a los mandatarios, demandándoles dinero y dándoles cuenta del sinfín de gestiones que habían tenido la oportunidad de realizar durante el tiempo que llevaban en Monzón.

Las cuatro cartas llegaron a Orihuela a principios de julio, y el día 3 las autoridades de la ciudad les enviaron las respuestas. A Ferrández le concedieron la licencia para retornar. Y a Martí, Pérez y Rocafull les mandaron indefectiblemente que no se volviesen hasta la conclusión de la reunión parlamentaria, les mostraron su satisfacción por las diligencias efectuadas, les rogaron que siguiesen trabajando para ganar el apoyo de los procuradores de los tres reinos y, por último, les enviaron dinero y les pidieron que no se preocupasen por el tema monetario porque en todo momento los tendrían bien provistos³⁴.

Conforme fue acercándose la fecha finalmente asignada para el inicio de las Cortes, Monzón fue recibiendo a los diferentes procuradores. Y los cuatro representantes de Orihuela prosiguieron con su labor de ganar adeptos. El 2 de julio les escribieron a los mandatarios una nueva misiva pidiéndoles que preparasen una declaración de testigos sobre el incidente de la «coltellada» sufrida por el capellán de Santiago, Pedro Ferrández, para poder poner mejor de manifiesto las viles maneras de los murcianos³⁵.

La idea de los síndicos fue muy bien acogida por las citadas autoridades pues, apenas nueve días después, el justicia Juan Sans y los jurados Garci Ferrández de Tuesta, Pedro Gómez Daroca y Juan Miró le requirieron a D. Luis Togores, lugarteniente del ausente gobernador, que aceptase recibir los testimonios de los testigos directos del suceso, que aprobase su inserción en un informe y que les entregase un traslado auténtico. Togores, aconsejado por su asesor, micer Jaime Terrés, dio el visto bueno a la petición, y en el plazo de tres días hizo comparecer ante él al propio afectado Ferrández, al sacristán del Salvador, Andrés Montero, que estuvo junto al capellán la noche de autos, y a otros tres testigos que estuvieron en Murcia dicha fecha, Luis Vicente Martí -hijo de Vicente Martí-, Jerónimo del Poyo y Gaspar Maza de Lizana. Y tras compilar las declaraciones, les entregó a los oficiales una copia³⁶.

Aproximadamente por esas fechas, los procuradores desplazados a Monzón, recibieron las cartas del día 3 y, con ellas, una buena cantidad de dinero. Lope Ferrández de Mesa decidió volver a Orihuela, y D. Pedro de Rocafull, pese a las tajantes órdenes de los mandatarios, emprendió con él el camino de retorno³⁷.

El día 19 de julio, por fin, Carlos I dio por inauguradas las Cortes, y comenzaron las sesiones con la acostumbrada proposición real.

Mientras éstas tenían lugar, en Orihuela, el día 28 de ese mismo mes, las autoridades civiles y eclesiásticas escribieron tres cartas. Una para los síndicos Martí y Pérez, pidiéndoles que pusiesen el máximo empeño posible en sacar adelante la causa del Obispado y enviándoles la información de la «coltellada». Y otras dos con destino a Roma, con la poco oculta intención preparar el camino por si Carlos I se avenía finalmente a restituir la causa a la Santa Sede. La primera para el auditor Luis Gómez, dándole «infinites gracies» por la «passio» que siempre había mostrado por las aspiraciones episcopales oriolanas, y rogándole que, pese a los reveses sufridos, no dejase de apoyarles. Y la segunda para D. Lope Rocamora, agradeciéndole, asimismo, sus servicios y demandándole apoyo para el futuro³⁸.

A lo largo del mes de agosto, el concienzudo trabajo de los procuradores les permitió contar con el «favor dels braços» de los tres reinos para elevar sus peticiones de desagravio al emperador. Además, gracias a la mediación de un viejo conocido que había representado los intereses oriolanos en Roma, fr. Gaspar Esteve, lograron un apoyo muy cercano al monarca, el de su Padre Confesor. La convergencia de estos factores les permitió albergar claras expectativas de éxito y así se lo comunicaron a sus representados. Éstos, viendo que el tema del obispado iba bien encaminado, les pidieron que no se olvidasen de las otras cuestiones que habían de tratar. Y entre otros logros de consideración, Pérez y Martí consiguieron que Carlos I condonase las penas en que habían incurrido los acusados de rebeldía por el duque de Calabria el año anterior. También hemos de destacar que una vez recuperado de sus dolencias, Lope Ferrández de Mesa regresó a Monzón y siguió proseguir colaborando con Martín Pérez y Vicente Martí³⁹.

Sin embargo, durante el transcurso del mes de septiembre, Carlos I comenzó a apuntar su negativa a remitir de nuevo la causa episcopal a Roma, y les manifestó a los síndicos oriolanos que revisaría personalmente la cuestión, con la asistencia de los Consejos de Castilla y de Aragón.

Cuando las autoridades de la ciudad del Bajo Segura se enteraron de las intenciones del emperador, teniendo en cuenta los precedentes, reaccionaron de inmediato. El día 15 del mencionado mes les escribieron a Martí, Pérez y Ferrández que trataran de modificar los planes reales puesto que, de ser aprobados, la vista del caso tendría lugar en Castilla -que era el siguiente destino de Carlos I-, y allí las poderosas influencias con las que contaban los cartaginenses harían imposible el triunfo de las pretensiones secesionistas. Por ello, les pidieron que tratasen por todos los medios de convencer al monarca para que le suplicase al papa la derogación del breve boloñés, la anulación de la prestación de obediencia, y la restitución del Pleito a la Rota, según las instrucciones iniciales. Y en el caso de que no pudiesen mudar el parecer real hasta tal extremo, les rogaron que trabajasen para conseguir que el emperador simplemente remitiese la causa a la justicia apostólica, aunque en un primer momento no fuesen revocadas las disposiciones devenidas del rescripto del 15 de marzo de 1530. Y concluyeron el escrito comentándoles que ofreciesen todo el dinero que fuese necesario para conseguir cualquiera de los dos logros, pues era absolutamente indispensable evitar que la causa fuese tratada en territorio castellano⁴⁰.

Por el contenido de la misiva inferimos que las autoridades oriolanas eran conscientes de que si el caso había de ser resuelto por el emperador, por encima de los conceptos que pudiese tener sobre la equidad o la justicia, se decidiría en la balanza de los favores de que pudiesen disponer ambas partes. Por ello, consideraban necesario que los procuradores consiguiesen la remisión a Roma o, en su defecto, su sustanciación dentro de los límites de la Corona de Aragón.

Finalmente, Martín Pérez, Vicente Martí y Lope Ferrández de Mesa no consiguieron convencer a Carlos I para que le suplicase a Clemente VII que revisase el Pleito del Obispado. Todas sus ofertas fueron vanas ante la firmeza de la voluntad del monarca. No obstante, sí lograron que el posible mal fuese menor, ya que, como veremos, el emperador accedió a proceder a la revisión del caso en la misma villa de Monzón con la clara intención de «traure dita questio per concordia»⁴¹.

El 13 de octubre envió sendas cartas a las autoridades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Orihuela y Murcia, firmadas de su propia mano. En ellas, les ordenó que, para común «reposo y tranquilidad», enviasen a Monzón a «una o dos personas con poderes bastantes y bien instruidas del negocio», a fin de que pudiesen defender sus respectivos derechos y él, con conocimiento de causa, mandase «dar en ello algun buen assiento, qual convenga al serviçio de Dios y nuestro y buena quietud de vosotros», advirtiéndoles que «en esto no aya falta ni dilacion alguna»⁴².

Tras recibir las misivas, el 15 de noviembre los mandatarios oriolanos, «en execucio dels imperials e reals manaments», decidieron nombrar como «legitims sindichs, actors e procuradors» al canónigo Vicente Martí, a Lope Ferrández de Mesa y a D. Pedro de Rocafull. Y les otorgaron poder suficiente para comparecer ante el emperador y su Consejo de Aragón, presentar las alegaciones y demostrar la justicia de las reclamaciones episcopales, de modo que la causa pudiese ser resuelta de tal manera que conviniese «al servey de Nostre Senyor Deu y de Sa Magestat» y a la «honra, be e repos» de la universidad de los vecinos de Orihuela⁴³.

A continuación, ese mismo día llamaron a D. Pedro de Rocafull y le notificaron su nombramiento. Y, acto seguido, le explicaron cómo querían que tanto él como sus dos compañeros de sindicato actuasen cuando compareciesen ante el rey. En primer lugar, fieles a sus principios, pese a la contrariedad de la coyuntura, le indicaron que antes de iniciar las conversaciones con los murcianos, se postraran «als peus de Sa Magestat» y, con la mayor reverencia, le imploraran que desistiese de su intención de concordar a las partes, y que le rogase al papa que devolviese la causa a la Sacra Rota. Y después, le señalaron que sólo en el caso de que el rey se negase a abocar la lite a la justicia apostólica, comenzaran a negociar. Y a este respecto, le especificaron las dos únicas soluciones que debían aceptar, por orden obvio de preferencia:

-El mantenimiento de la Catedralía de la iglesia del Salvador y la reducción del obispado de Orihuela a la ciudad del Bajo Segura y su huerta, bajo la condición de que los murcianos no volverían a hallar ningún obstáculo cuando pretendiesen cobrar las rentas que tenían en la diócesis oriolana.

-Y en el caso de que esta propuesta no fuese aceptada por el monarca o por el cabildo de Cartagena, la pérdida del título episcopal a cambio del mantenimiento del rango catedralicio para la iglesia del Salvador, quedando ésta «ab totes les insignies, preminençies que a sglesies catedrals competeixen», y con jurisdicción sobre «tota la part de la diocesis constituhida dins lo present regne de Valençia»⁴⁴.

Cuatro días más tarde le entregaron a Rocafull el sindicato, una carta de creencia para Carlos I, un escrito para Vicente Martí -en el que le comunicaban su nombramiento y el de Ferrández como procuradores-, y un documento en el que habían puesto por escrito las instrucciones que le habían dado de palabra, y el caballero partió en dirección al Reino de Aragón⁴⁵.

Rocafull debió llegar a Monzón hacia finales de noviembre, por lo que la comparecencia de los tres procuradores oriolanos ante el emperador debió producirse a inicios de diciembre. Carlos I escuchó con satisfacción las alegaciones presentadas y quedó a la espera de la llegada de los síndicos murcianos.

Pasaron un par de semanas, y los oriolanos, viendo que sus oponentes no comparecían y que por su culpa estaban causando «grans despeses» a su ciudad, por llevar ya «molts dies en la cort», le rogaron al rey que los citase «dins cert terme breu», «ab cominacio que, pasat aquell, fos la causa remesa a justicia». El monarca consideró justa la suplicación, y por medio de un «acte de cort» proveyó que el plazo para solucionar la causa fuese de un año, y que durante tal período «nos innovas cosa alguna»⁴⁶.

Y a continuación, demostrando que su intención de acabar con el Pleito del Obispado era firme, el 23 de diciembre escribió sendas cédulas a las partes, ordenando que «para mediado el mes de abril» enviasen a la corte -dondequiera que estuviere- a sus procuradores, «bien ynstruhidos» y con poder suficiente como para negociar en nombre y lugar de sus representados⁴⁷.

Poco después, una vez fueron clausuradas las Cortes, Carlos I emprendió el camino hacia Castilla, en dirección a Toledo, ciudad en la que celebró también una reunión parlamentaria ya en 1534⁴⁸.

4. La citación de abril de 1534 y la prórroga de 50 días.

A nivel general, durante el año 1534, la ciudad de Orihuela sufrió problemas de abastecimiento de carne, y los enfrentamientos con la población de Murcia se hicieron más violentos y frecuentes.

En relación con el Pleito del Obispado, no hubo novedad alguna hasta el mes de marzo, cuando las autoridades de la ciudad comenzaron a preparar la nueva presentación ante el emperador, que había de tener lugar durante la segunda quincena del mes siguiente.

Conscientes de que con su incomparecencia en Monzón, los murcianos habían logrado llevar la resolución de la contienda a su territorio, Castilla, los mandatarios consideraron imprescindible conseguir el mayor número de apoyos en la corte. Por ello, el 16 de marzo enviaron a Vicente Martí a Valencia con la intención de que se entrevistase con diferentes personalidades de la ciudad, y les solicitase que escribiesen en recomendación de las reclamaciones episcopales oriolanas tanto a sus deudos y conocidos como al propio Carlos I. El incansable canónigo habló con D. Fernando de Aragón, con el duque de Gandía, con el vicario general Guillem Desprats, con D. Luis Crespí y D. Luis Mascó -síndicos del brazo militar y de la Diputación en las pasadas Cortes-, con D. Ramón Boyl, y con los doctores Benavent y Filibert, y los hizo comprometerse con la causa⁴⁹.

Ya en la segunda mitad de abril, el día 17, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura confirmaron la elección de Lope Ferrández de Mesa y del activo Vicente Martí como procuradores y ratificaron sus poderes y facultades⁵⁰. Y de cara a las negociaciones con Carlos I, les dieron prácticamente las mismas consignas que para la comparecencia de Monzón.

En primer lugar, les mandaron que, para predisponer al emperador, le recordaran que a finales del año anterior los murcianos habían desobedecido impunemente sus órdenes, no acudiendo a la citación. Después, le habían de suplicar directamente que dejase la resolución de la lite en manos de Clemente VII, y en la situación en que estaba antes de la expedición del breve de Bolonia.

Si el monarca se negaba a satisfacer esta primera petición, y volvía a hacer pública su voluntad de solucionar personalmente la discordia promoviendo un acuerdo entre las partes, Martí y Ferrández le habían de rogar que decretase el mantenimiento de la erección sub uno pastore del obispado de Orihuela, reduciendo su diócesis a la ciudad del Bajo Segura y su huerta. Y previendo que los murcianos pudiesen contradecir tal propuesta-súplica alegando que sería perjudicial para las rentas que cobraban en el territorio asignado como diócesis al obispado oriolano, les indicaron que le explicaran al rey que la institución episcopal no había causado ni causaba menoscabo alguno ni a la ciudad de Murcia ni al cabildo de Cartagena puesto que «la matexa renda que lo bisbe e capitol de Cartagena tenia ans de la erectio se tenen ara y molta mes per ço, com notoriament consta, que apres de esser feta la erectio se pagan molt majors quantitats per les rendes que nos paguaven ans de la erectio».

Si pese a dicha explicación, la propuesta no prosperaba, a continuación, los síndicos tenían que suplicarle a Carlos I, aun a costa de perder el título episcopal, que estableciese en el obispado de Cartagena una situación similar a la que se daba en el de Segorbe-Albarracín, en el que las iglesias de ambas poblaciones eran Catedrales unidas bajo un mismo prelado. Pretendían con dicha petición que respetase la erección catedralicia de la iglesia del Salvador, y que le concediese a su capítulo la jurisdicción sobre las tierras de la diócesis cartaginense que estaban dentro de los límites del Reino de Valencia⁵¹.

Y si a pesar de realizar concesión tan gravosa como la pérdida del obispado, no pudiese llegarse a un acuerdo, las autoridades les ordenaron a los síndicos que concluyesen las pláticas echando mano a la obligación real de cumplir el acte de cort jurado en las Cortes de 1528, y demandando de nuevo el envío de la causa a Roma.

Por otra parte, también les encargaron que le reclamasen a Carlos I que ordenase al marqués de los Vélez que devolviese a la ciudad la artillería robada, pues era necesaria para defender Guardamar y las Salinas de la Mata del peligro de los moros⁵².

Tras entregarles el documento de las instrucciones, el mismo día 17 de abril, los mandatarios les dieron a Martí y Ferrández un buen número de cartas de recomendación -que debían de considerar pocas ya que sabían que sus contrarios tenían «el favor de Castilla»-, dirigidas a destacados personajes de la corte: Francisco de los Cobos, el señor de Granvelle, D. Fadrique de Portugal -hijo del duque de Alba-, los marqueses de Lombay, la condesa de Faro, el marqués de Elche y dos miembros del Consejo de Aragón, el vicecanciller May y el doctor Pastor. Y, por último, les entregaron una carta de creencia y presentación para el propio Carlos I⁵³.

Y cuatro días después, el 21 de abril, Lope Ferrández de Mesa y Vicente Martí partieron en dirección a Toledo, ciudad en la que estaba asentada la corte imperial⁵⁴.

Nada más llegar a dicha población, se dedicaron a entregar las cartas que llevaban a sus destinatarios, hallando especialmente receptivos a Granvelle y al vicecanciller May. Poco después, aún dentro del plazo asignado por el rey, se personaron ante él los representantes de Murcia, y de inmediato comenzó la revisión del caso. Carlos I decidió cometer su análisis a dos doctores del Consejo de Aragón -Pastor y May- y a otros dos del de Castilla. Y los procuradores de ambas partes empezaron su labor presentando sus argumentaciones a los consejeros de sus respectivas coronas. Si algo caracterizó a esta primera fase de la negociación fue su desesperante lentitud⁵⁵.

Por otra parte, mientras en Toledo Vicente Martí y Lope Ferrández de Mesa trataban de hacer perpetua e imperecedera la creación del obispado de Orihuela, en la ciudad del Bajo Segura ocurrió un hecho trágicamente inesperado: la muerte del hermano de Lope, Martín Ferrández de Mesa, que no hacía mucho había vuelto de Roma para suceder en la pavordía del Salvador a Fernando Rodríguez. Por ello, el 21 de mayo, las autoridades oriolanas le escribieron una indeseada carta a Martí, pidiéndole que le anunciase a su compañero de sindicato la triste necrológica, que intentase consolarle en su dolor, y que le comunicara que le daban completa libertad para volver a su casa a fin de que pudiese aliviar su desgracia en la compañía de su familia⁵⁶.

La llegada de la misiva a la corte debió coincidir con otro acontecimiento más que desalentador. Una vez terminadas las primeras alegaciones, el vicecanciller May se esforzó por conseguir que los diputados del Consejo de Castilla escuchasen a los procuradores oriolanos. Pero sus intentos fueron vanos. Por su parte, los síndicos murcianos enfocaron sus gestiones de un modo diferente y mucho más provechoso. Fieles a su táctica y «costum» habituales -esto es, buscar «allargaments» y retrasar las vistas de la lite, y provocar gastos inútiles a sus adversarios-, y haciendo uso de «las muchas favores que en este casso tienen», «secretament», «sens dar noticia al Consell de Arago» ni convocar a los procuradores oriolanos, consiguieron que el Consejo de Castilla les concediese una prórroga de 50 días, en teoría, para preparar mejor sus argumentaciones y, «sens mes esperar», retornaron a Murcia. Y muy poco después, agravando la situación, Carlos I partió de Toledo en dirección a Valladolid⁵⁷.

Enterados del aplazamiento y de la marcha del emperador, Martí y Ferrández fueron a hablar con el vicecanciller May, y éste les recomendó que retornasen a Orihuela tras asegurarles que el negocio no volvería a ser tratado hasta que concluyese la referida «prorogacio». Y así, decepcionados y con la moral por los suelos, los dos «mensaieros» emprendieron por las tierras de La Mancha el camino de regreso a la ciudad del Bajo Segura, a la que llegaron, no sin «artos trabaios y costas», el último día de mayo⁵⁸.

5. El aplazamiento forzado por la peste y la embajada a Madrid de Luis Martínez y Jaime Martí.

A principios de julio, algunos días antes de concluir la prórroga, Lope Ferrández de Mesa y Vicente Martí se aprestaron a iniciar su nuevo viaje a la corte del emperador, que se hallaba asentada en Valladolid⁵⁹.

Sin embargo, poco antes de su partida, llegó a Orihuela, vía Valencia, una inquietante nueva que paralizó todos los planes. Al parecer, una terrible epidemia de peste se había extendido por la referida ciudad castellana y había obligado a la corte a dispersarse por completo⁶⁰.

Tras enterarse de la noticia, las autoridades oriolanas decidieron suspender la marcha de los síndicos hasta que arribasen a la ciudad nuevas informaciones que indicasen que había pasado el peligro, y que los todos los Consejos habían vuelto a reunirse con el monarca de un modo más o menos estable en un mismo lugar.

Y mientras aguardaban la llegada de dichas nuevas transcurrieron aproximadamente otros 50 días. Entonces, comenzaron a temer que los murcianos hubiesen enviado a sus procuradores a la comparecencia, y que quisiesen aprovechar el desconcierto oriolano para que la causa se decidiese en su favor sin que mediase oposición alguna. Y para evitar que se produjese tal situación, el 22 de agosto optaron por adoptar una medida intermedia. Decidieron enviar a la corte a una «persona propia», a un simple correo, con una doble misión: ex una, comprobar si los Consejos de Castilla y Aragón estaban aposentados en la misma población que el emperador y si en ella estaban también los murcianos; y, ex alia, consultar al vicecanciller May y al doctor Coscollar si creían conveniente que enviasen a los síndicos en el caso de que no estuviesen ubicados en el mismo lugar y no existiese la oportunidad de reiniciar las negociaciones⁶¹.

El correo partió de Orihuela en dirección hacia Palencia, donde se suponía que estaba residiendo Carlos I. No obstante, al llegar a las proximidades de la ciudad castellana, se enteró de que los diferentes Consejos se hallaban dispersos por diversas villas y lugares. Entonces, cambió de rumbo y se dirigió hacia una población llamada Becerril, en la que se encontraban hospedados los miembros del Consejo de Aragón. Allí, se entrevistó con el vicecanciller May y con el doctor Coscollar, y éstos le dijeron que los murcianos no habían comparecido, y se comprometieron a avisar a las autoridades oriolanas cuando pudiesen reanudarse las negociaciones relacionadas con la causa episcopal⁶².

Unos días después, el 26 de septiembre de ese mismo año 1534 falleció Clemente VII, siendo sucedido en el solio pontificio por Alejandro Farnesio, que tomó el nombre de Paulo III⁶³.

Por estas fechas, las autoridades de la población del Bajo Segura debieron recibir el aviso de micer May y el doctor Coscollar de que remitiesen a los síndicos a la corte, que se había desplazado a Madrid. Por ello, les rogaron a Vicente Martí y a Lope Ferrández de Mesa que aceptasen ocuparse de nuevo de la empresa. Sin embargo, otro desagradable imprevisto trastocó por completo sus planes. Antes de que comenzasen los preparativos de la embajada falleció el canónigo Vicente Martí, un hombre que lo había dado todo por su patria y su iglesia. Tras el funesto acontecimiento, Lope Ferrández de Mesa decidió renunciar al sindicato de modo que las referidas autoridades tuvieron que pensar en otros posibles candidatos que pudiesen representar con éxito los intereses de Orihuela, pero no les convenció ninguno. Entonces, el 8 de octubre, acuciados por las dudas, decidieron escribirle al gobernador Maza para pedirle que se ocupase personalmente de realizar la elección⁶⁴.

No sabemos si D. Pedro intervino o no, finalmente, en la designación de los procuradores, pero lo cierto es que a mediados de noviembre las autoridades oriolanas encomendaron la futura embajada al canónigo viajero Luis Martínez y a un joven «menor de dies» llamado Jaime Martí, que era hijo del lugarteniente del justicia. Y el día 15 del citado mes se dedicaron a escribir sus cartas credenciales y de recomendación. Conscientes de que los murcianos eran «muy poderosos contrarios por ser en su favor toda Castilla» y porque la comparecencia había de desarrollarse «en su casa», los mandatarios consideraron indispensable poder contar con el favor del mayor número posible de personajes de la corte. Y al igual que habían hecho en abril, les solicitaron ayuda a los que consideraban sus «protectors e defensors»: Francisco de los Cobos, el señor de Granvelle, el Padre Confesor real, D. Fadrique de Portugal -hijo del duque de Alba-, los marqueses de Lombay, la condesa de Faro, el marqués de Elche y dos miembros del Consejo de Aragón, el vicecanciller May y el doctor Pastor. Los contenidos de todas estas misivas son altamente significativos. Por un lado, nos muestran que las referidas autoridades ya percibían con claridad que los murcianos no tenían otra intención «sino dilatar la causa, que no se vea su fin», y que su táctica consistía fundamentalmente «en fogir» en la medida de lo posible de las sucesivas convocatorias reales. Y por otro, evidencian que, dado el talante poco propicio de la coyuntura, no les quedaba más remedio que confiar «en nuestro Senyor Dios, y en nuestra muncha justicia, y en la clemencia, benignidad y equidad de nuestro Emperador que lo ha de jusgar, y en la singular proteccion que siempre» le habían dispensado a la ciudad sus aliados en la corte⁶⁵.

También le escribieron ese mismo día 15 de noviembre una carta de creencia al emperador, en la que le referían que enviaban a los «mensageros» porque estaba a punto de terminar «el anyo que Su Magestad puso en Monçon para assentar este negoçio», recordándole implícitamente su compromiso de enviar la causa a Roma si en dicho plazo no conseguía hacer que las partes llegasen a un acuerdo pacífico⁶⁶.

No obstante, la partida de los procuradores se retrasó un par de semanas, y hasta el día 28 del citado mes undécimo, las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad no les despacharon sus respectivos sindicatos⁶⁷. Además, esa misma jornada les consignaron una dieta diaria de 15 sueldos, y les entregaron como adelanto de su salario 112 libras y 14 sueldos, que se repartieron equitativamente⁶⁸.

Y entre el 1 y el 3 de diciembre los mandatarios acabaron de preparar la documentación que Martínez y Martí tenían que llevarse a Madrid. Les entregaron una nueva creencia para el emperador⁶⁹, un instrumento de instrucciones, un «memorial secret», los autos de protesta interpuestos ante D. Luis Ferrer y D. Luis Çaydía, la información de la «coltellada», el «acte de cort» de 1533 y 20 sellos por si tenían que escribir cartas en nombre de la ciudad⁷⁰.

De todo este cuerpo documental requieren comentario las instrucciones y el memorial secreto porque definían las directrices que Martínez y Martí debían seguir ante el rey en el transcurso de las negociaciones.

Según el primero de los escritos, Martínez y Martí debían comenzar su intervención ante el emperador recordándole que, pese a sus órdenes, los murcianos no acudieron a la citación real de Monzón, y que aunque sí se presentaron en Toledo, lograron prorrogar el inicio de las negociaciones de una manera poco legítima, contrariando claramente la voluntad real de promover una rápida concordia entre las partes.

A continuación, le tenían que manifestar que lo que los murcianos pretendían era dilatar sine die el comienzo de las conversaciones porque sus protestas contra la institución del obispado de Orihuela carecían de fundamentos sólidos, y porque la situación existente en la diócesis les beneficiaba y no les interesaba en absoluto que cambiase⁷¹. Por ello, los síndicos le habían de pedir al monarca que remitiese el Pleito a la Santa Sede, pues allí sería resuelto con rapidez y sin necesidad de convocar a las partes.

Después, suponiendo que Carlos I iba a seguir negándose a abocar la causa a los tribunales pontificios, las autoridades oriolanas les mandaron a Martínez y Martí que aceptaran su arbitraje y le presentaran una suplicación -que tenía que preparar el doctor Coscollar-, en la que le habían de rogar que tomase las medidas oportunas para que en breve se pudiese llegar al anhelado acuerdo, de modo que la cuestión del obispado dejase de servir de pretexto para la génesis de diferencias y discordias entre los pobladores de las ciudades enfrentadas. Sobre este punto, las autoridades oriolanas les advirtieron a sus síndicos que no aceptasen ninguna oferta que no fuesen las dos apuntadas con anterioridad, esto es:

-La reducción de la diócesis a la ciudad del Bajo Segura y su huerta.

-O la pérdida del título de obispado a cambio del mantenimiento de la Catedralía del Salvador, y del nombramiento por su capítulo de un vicario general que tuviese jurisdicción sobre todos los territorios de la diócesis cartaginense que pertenecían al Reino de Valencia y cuyo superior fuese el metropolitano valentino.

Y, por último, en el caso de que las negociaciones no fructificasen y los respectivos procuradores no pudiesen llegar a ningún acuerdo, Martínez y Martí habían de reclamarle a Carlos I que pusiese en ejecución el «acte de cort» jurado en las últimas Cortes de Monzón y que, respetando su compromiso, remitiese el Pleito a la justicia apostólica ya que habría transcurrido el plazo anual que en la citada villa aragonesa fijó para resolver la lite por la vía concordataria⁷².

Por otra parte, en el «memorial secret», los mandatarios oriolanos les escribieron a los síndicos una serie de indicaciones más precisas que habían de seguir cuando, durante el transcurso de las negociaciones, se planteara la problemática de las rentas cartaginenses, o se sopesasen las concesiones a las que cada una de las partes había de transigir para llegar al acuerdo definitivo.

En relación con el primer punto, las autoridades advirtieron a Martínez y Martí que si los murcianos argüían que la institución del obispado de Orihuela les era perjudicial porque tras su creación no podrían cobrar los frutos que tenían en los territorios de la nueva diócesis, refutaran tal aseveración diciendo que el clero y el pueblo de la ciudad del Bajo Segura no pretendían que la erección episcopal se hiciese una realidad perpetua para arrebatarles las rentas, sino que la deseaban con tanto fervor para «llevarse de la subiecçio gran e per no ser maltractats de sos enemichs», y asegurando que la ciudad de Orihuela daría todas las garantías y seguridades que el emperador considerase oportunas para que nadie se opusiese a la percepción de tales emolumentos.

Asimismo, previendo una posible reacción cartaginense o real contra la réplica anterior, los mandatarios les hicieron una nueva admonición. Les indicaron la posibilidad de que adujesen en su contra que, puesto que los oriolanos querían evitar a toda costa «les oppressions de Murcia», para satisfacer dicha aspiración y, de paso, solucionar el conflicto bastaría con hacer que el obispo Mateo nombrase a un vicario general de Orihuela, que tuviese jurisdicción sobre la ciudad y su término, con la concesión añadida de que las apelaciones a sus sentencias fuesen al metropolitano valentino y no al provisor del obispado -en ausencia del prelado-. Los síndicos habían de responder a tal razonamiento que, con anterioridad, los murcianos les habían hecho ofertas mejores y mucho más honrosas que esta última, y que no tenían por qué aceptarla. Y debían hacer referencia a los aludidos ofrecimientos previos:

-Que «la ciutat ab les hortes» perteneciesen al obispado de Orihuela, y que «tota laltra part de la diocessis fos de Cartajena».

-Que la iglesia del Salvador mantuviese el rango catedralicio, y que «lo bisbe, provehint en Murçia, digues lo bisbe de Carthaiena en la esglesia catredal de Murçia, e si provehis per a Oriola digues bisbe de Cartaiena en la esglesia cathredal de Oriola».

-Que el obispo nombrase «un vicari general en la çiutat de Oriola ab appellacio al metropolita», y que los de vecinos de «Elig y Alaquant, y de tota la part del diocessis del Regne de Valençia» tuviesen libertad para acudir en primera instancia al vicario general de Orihuela o al provisor de Murcia.

Y a continuación, tenían que explicar que en su momento no quisieron aceptar dichas ofertas por creer que la justicia estaba de parte de Orihuela y que, por ello, podían aspirar a mayores objetivos. Y habían de concluir el parlamento afirmando que los logros episcopales estaban fundamentados en privilegios reales y apostólicos, y que siendo el mismo emperador el mediador de la disputa no era justo ni razonable que fuesen despojados de ellos.

Finalmente, el «memorial secret» concluía con una última advertencia para los procuradores. En el caso de que Carlos I les forzase a aceptar una componenda aún peor que la señalada, les pedían que «hans de rompre [ab] Sa Magestat», les informasen de todo lo sucedido⁷³.

Tras recibir la documentación, el 3 de diciembre, Luis Martínez y Jaime Martí partieron en dirección a Madrid, población en la que la creciente familia real tenía planeado pasar el invierno⁷⁴.

A su llegada, los dos procuradores se encargaron de repartir la correspondencia y de platicar con los afectos a la causa. El doctor Coscollar les preparó una suplicación y, gracias a la ayuda de Cobos y Granvelle, pudieron elevársela a Carlos I el 18 de diciembre.

En la audiencia ante el rey, tras presentarle sus cartas credenciales, Martínez y Martí le rogaron que impartiese justicia en el Pleito del Obispado con prontitud, porque convenía «al servey de Nostre Senyor Deu, y beneffiçi y repos de la dita ciutat [de Orihuela]». Le dijeron que, a lo largo del año, sus representados habían estado en todo momento «prests y apparellats, com sempre han estat, de enseguir y complir tot lo que per Sa Magestat los es estat manat, en esguart de pendre algun bon assiento y concordia en dit negoci». Y le indicaron que los murcianos, «desconfiant, com certament desconfien, de sos drets e justicia», no habían querido dialogar, en contra de «la voluntat de Sa Magestat»⁷⁵. Y, acto seguido, le presentaron la mencionada suplicación preparada por micer Coscollar.

En ella, le comentaron a Carlos I que la «innata e inveterada e quasi natural mala voluntat e ynimiçiçia e discordia» que existía entre las ciudades de Murcia y Orihuela se debía al carácter fronterizo de ambas y a la fidelidad que siempre había mostrado ésta a la Corona Real de Aragón. Y le explicaron que la erección episcopal auspiciada por Fernando el Católico tuvo dos objetos principales: ex una, lograr instaurar la paz perpetua entre los habitantes de ambas poblaciones; y, ex alia, promover «la indemnitat dels habitadors de la çiutat de Oriola», sin causar daño alguno ni al obispo, ni al cabildo de Cartagena, ni a la ciudad de Murcia.

A continuación, le recordaron que, en virtud de un «acte de cort» jurado en las Cortes de 1528, se comprometió a hacer que el Pleito del Obispado fuese resuelto por la vía judicial en la Santa Sede y que, lejos de propiciar su sentencia legal, los murcianos lo convencieron «ab sinistres informaçions e ab altres modos no liçits, no conformes a justiçia» para que instase a Clemente VII a revocar la erección episcopal decretada por Julio II, y que el difunto pontífice accedió a sus súplicas expidiendo un breve, a todas luces subrepticio. Y le llevaron a la memoria que, a instancia de los castellanos, ordenó la ejecución del rescripto, y que ésta se llevó a cabo pese a las protestas oriolanas.

Tras esta introducción, le rogaron que, «com a clementissim e just rey», desagraviase al clero y al pueblo de Orihuela mandando revocar la anulación del obispado, ordenando el pago de los daños y gastos causados por la ejecución del breve boloñés, y escribiendo al nuevo papa que abocase la causa de nuevo a la Rota, a fin de que pudiese ser «determinada per justiçia egualment», «no permetent de açi avant que breus alguns sien impetrats stant la litte pendente, sino que la justiçia sia donada en la dita causa a qui la tendra».

Y para tratar de predisponer el ánimo real, aunque de una manera, en nuestra opinión, ciertamente desafortunada, le refirieron que atendiese las súplicas «havent sguart als senyalats serveys fets per la dita çiutat, offiçials, cavallers e persones honrades, a Vostra Magestat a les revoluçiones populars», esto es, durante la Germanía…, y le anunciaron que sus representados «altrament, no cessaran de proclamar y suplicar a Vostra Cesarea Magestat fins tant totes les dites coses los sien atorgades e la causa sia per justiçia determinada»⁷⁶.

La respuesta de Carlos I a la intervención de Martínez y Martí no fue muy alentadora. Tras deliberar brevemente con el presidente del Consejo de Castilla y coincidir con su parecer, les dijo que la causa había quedado sentenciada tras la ejecución del breve de Bolonia, y que no era necesaria revisión alguna.

Los embajadores oriolanos achacaron la negativa contestación real a una falta de información y a la influencia del aludido consejero. Y decidieron persistir en sus súplicas. No obstante, el advenimiento de las fiestas navideñas paralizó las actividades en la corte y hubieron de esperar unos cuantos días para poder proseguir sus instancias. Mientras tanto, el 26 de diciembre les escribieron una carta a los mandatarios oriolanos para darles cuenta de la ausencia murciana, del inicio de las diligencias, de los apoyos encontrados, de la primera conversación que habían mantenido con el emperador y, por último, de la suplicación que le habían presentado⁷⁷.

El año 1534 no acabó muy bien para Orihuela. La oposición del rey a las reclamaciones episcopales fue paralela al surgimiento de bandos en la ciudad. La gravedad de éstos llegó a tal grado que, el 19 de diciembre, los oficiales municipales se vieron obligados a escribir al duque de Calabria, pidiéndole que le ordenase al gobernador Maza que fuese a residir en la ciudad del Bajo Segura para evitar los enfrentamientos⁷⁸.

Junto a las aludidas parcialidades, a lo largo del entrante 1535, las autoridades oriolanas tuvieron que hacer frente a cuantiosas deudas generadas por el gran número de censales que habían cargado durante los últimos años. Por otra parte, junto al Pleito del Obispado, el tema que concitó la atención generalizada fue la lucha contra los turcos y contra Barbarroja.

El 18 de enero de dicho 1535 los munícipes recibieron la misiva de los síndicos. Y ese mismo día les enviaron una carta de respuesta. En ella, les pidieron que le comentasen al monarca que tenía que cumplir lo prometido en los «actes de cort» de 1528 y 1533, máxime cuando el plazo anual que había fijado durante las últimas Cortes de Monzón ya había expirado sin que las partes hubiesen llegado a ningún acuerdo por culpa de las incomparecencias y los retrasos provocados por los murcianos. Y les mandaron que contradijesen la tesis promovida por el presidente del Consejo de Castilla, que afirmaba que la causa estaba sentenciada y no requería de ninguna revisión⁷⁹.

Siguiendo estas indicaciones, a finales de enero Martínez y Martí comparecieron de nuevo ante el emperador y el presidente del Consejo de Castilla y, con la intención de que «al menys de vergonya se inclinen força a fer lo que no tenen voluntat», le presentaron a Carlos I una segunda suplicación que habían redactado junto con el doctor Coscollar⁸⁰. En ella, le recordaron que el plazo señalado en Monzón ya había concluido, y acusaron a los murcianos de haber evitado las conversaciones porque tenían «lo que volien e han demanat tots temps». Y en atención a ambos factores, le rogaron que remitiese la causa a manos de Paulo III, o que ordenase a sus adversarios que en un breve período de tiempo se personasen en la corte, con poderes suficientes para iniciar las negociaciones, advirtiéndoles que si no obedecían sus mandatos, el caso sería finalmente restituido a la Santa Sede⁸¹.

El monarca atendió las súplicas oriolanas y, manteniendo firme su voluntad de ocuparse personalmente del arbitraje de la lite, decidió ordenar a las autoridades de Murcia que se presentasen ante él para proseguir las conversaciones encaminadas al establecimiento de la concordia.

El primero de febrero, los procuradores de la Iglesia y la ciudad del Bajo Segura les escribieron a sus representados para darles cuenta de tan importante novedad. Además, en la carta les hicieron relación de «los treballs y soliçituts» que habían realizado en beneficio de la causa. Les informaron de «la potentia» de la red de apoyos de los adversarios, ya que, en ausencia de los cartaginenses, habían logrado interponer sus influencias ante el emperador para impedir el envío del Pleito a la Curia romana. Y, por último, les adjuntaron copias de las dos suplicaciones que hasta el momento le habían elevado al rey⁸².

Siete días más tarde -el 8 de febrero-, Luis Martínez y Jaime Martí, queriendo aprovecharse de la ausencia de sus opositores, le entregaron a Carlos I una tercera suplicación. En ella, le manifestaron que «los de Murcia e capitol de Cartagena» eran conscientes tanto de «son poch fonament» como de «la molt clara justicia de Oriola», y que, por ello, no iban a comparecer «davant Vostra Magestat per mes voltes que ab ses reals letres los ho haja manat». Y le rogaron que tuviese en cuenta «los tants danys e fatigues que la dita ciutat ha patit per los de Murcia, per raho del dit plet», y que, en consecuencia, remitiese la causa «a justicia davant lo nostre Sant Pare, pux es complit lo any que per Vostra Majestat, ab acte de cort, fonch prefegit en Monço a les dites parts, e que los dits sindichs se puguen tornar a Oriola e no hajen de fer mes despesses a la dita ciutat e capitol»⁸³.

Tras la interposición de la súplica, Carlos I se reservó su respuesta durante unos días, esperando que los síndicos murcianos compareciesen finalmente ante Su Cesárea Majestad.

Entretanto, las autoridades de Orihuela recibieron la misiva del 1 de febrero, y el día 18 de ese mismo mes les remitieron a sus embajadores una carta de contestación. En ella, les comentaron que, a pesar de la llamada real a los murcianos, tenían buenas expectativas, ya que confiaban en su propia «justicia», en que el asunto había de «pasar per mans de Sa Magestat», y en el hecho de que, aunque los adversarios fuesen «tan contraris y poderosos, es major Deu, que força o pora remediar». En relación con las negociaciones, les indicaron que hiciesen todas las diligencias posibles para predisponer a Carlos I hacia la causa oriolana antes de que llegasen los emisarios murcianos. Les advirtieron que se guardasen de reconocer que los de Murcia habían recibido la posesión de la iglesia del Salvador, «perque aqueixes son les misses que ells volen hoyr», ya que ello confirmaría lo que afirmaba el presidente del Consejo de Castilla, esto es, que el asunto estaba «ya sentenciado y assentado», y que cualquier oferta les convenía a los oriolanos. En este sentido, les recomendaron que dirigiesen sus invectivas a «descavalcar lo motiu del preçident» haciendo uso de la amplia documentación que tenían a su disposición, e incidiendo en que tanto el breve de Bolonia como «tots los actes que los de Murçia» tenían, eran «subretiçis e obtesos parte inaudita», y en que no tenían ninguna validez. Les demandaron que alegasen que desde la ilegítima ejecución del aludido rescripto boloñés, las ciudades de Orihuela y Murcia no estaban «reposades, sino que de cascun dia se esperen majors escandels, enemicicies e mals». Les pidieron que cuando se enterasen de la oferta que Carlos I iba a proponer, les escribiesen con suma urgencia para decidir si debían aceptarla o no. Y, por último, en el caso de que la solución real fuese claramente deshonrosa o perjudicial para Orihuela, les ordenaron que, mostrando sus procuras, adujesen que no tenían poder para firmar una concordia que no les fuese provechosa a sus representados; y que, a continuación, le suplicaran al rey que tuviese en cuenta que el plazo anual fijado para arribar al acuerdo había transcurrido, y que remitiese la resolución judicial del Pleito a la Santa Sede⁸⁴.

Poco después, arribaron a Madrid los procuradores murcianos. No obstante, al presentar sus sindicatos se descubrió que habían sido enviados «ab poder limitat», de modo que las negociaciones hubieron de aplazarse de nuevo, y Martínez y Martí volvieron a rogarle a Carlos I que remitiese la causa a la justicia apostólica, a fin de que fuese sentenciada en la Rota⁸⁵.

El emperador les replicó, en la misma línea que en ocasiones anteriores, que su intención seguía radicando en «dar entre estas dos yglesias y ciudades un buen asiento e concordia», y se negó a satisfacer la suplicación. Y entonces, sin esperar el regreso de los procuradores murcianos, decidió abandonar Madrid para dirigirse a Barcelona, acompañado por el Consejo de Aragón, con el propósito de organizar desde la Ciudad Condal los últimos preparativos de la expedición de reconquista de Túnez contra Barbarroja y el ejército turco. Y al no poder seguir dedicando su precioso tiempo al tedioso asunto del obispado de Orihuela, ordenó el despacho de «letres per a les dos çiutats e esglesies» con el fin de informar a sus respectivas autoridades civiles y eclesiásticas que las negociaciones quedaban temporalmente suspendidas hasta que el mencionado Consejo de Aragón volviese a reunirse con el de Castilla en la corte de la emperatriz Isabel -que había quedado de nuevo al frente del gobierno de los reinos de España-, y las partes fuesen convocadas. Y mandó que nada se innovase, al menos, hasta que dicha coincidencia se produjese y volviesen a iniciarse las conversaciones⁸⁶.

6. La suspensión de las negociaciones hasta 1537.

Pese a que, a su marcha para Barcelona, Carlos I ordenó a las partes enfrentadas en el Pleito del Obispado que no modificasen la situación existente en la diócesis hasta el reinicio de las negociaciones concordatarias, el provisor y el cabildo de Cartagena, siguiendo una vieja costumbre, trataron de beneficiarse hábilmente de su cuasi legitimada superioridad espiritual para perjudicar los derechos episcopales oriolanos en la lite y, al mismo tiempo, para reforzar su posición de dominio sobre sus adversarios e intentar aprovecharse de ella por todos los medios, al margen incluso de la legalidad.

A finales del mes de mayo de 1535, el provisor y vicario general del obispado de Cartagena, D. Sebastián Clavijo -que a su vez detentaba la dignidad de deán de la Catedral de Murcia-, les escribió a los oficiales municipales de la población del Bajo Segura una carta para informarles de que, desde hacía tiempo, tenía planeado enviar a residir en dicha ciudad a una persona conveniente «al servicio de Dios, y al honor y abttoridad de vuestras mercedes», para que ejerciese las funciones de visitador y administrador episcopal de justicia eclesiástica. Y con un fino sarcasmo, como si se tratase de una merced más que de una «gracia», les comentó que pensaba que dicho nombramiento les iba a generar, al igual que a él, un gran «contentamiento». A continuación, les relató que había designado a una «persona de muncha dotrina y muy buen exemplo» que, además, destacaba por sus dotes para la «predicaçion», y que cuando el aludido -y anónimo- clérigo estaba ya dispuesto para desplazarse a Orihuela, el obispo Mateo lo reclamó para su servicio y tuvo que renunciar al cargo. Después, Clavijo siguió relatándoles que tras la intervención del cardenal de Santo Ángel, buscó a otra persona digna de tal oficio, y eligió al obispo de Tagaste, quien le advirtió que no podría ir a la ciudad del Bajo Segura hasta septiembre u octubre por tener otra ocupación de la que había de despedirse. Y después de anunciarles el nombramiento del nuevo administrador y visitador episcopal, les comunicó que, si no recibían por ello «pesadumbre», él mismo, en persona, iría «a visitar esa yglesia y çibdad», «juntamente con el senyor maestro Arrieta». Y se despidió pidiéndoles que le avisaran cuando estuviesen preparados para recibirlos⁸⁷.

La misiva revolucionó a las autoridades civiles y eclesiásticas oriolanas, pues la consideraron como una provocación en toda regla. La aceptación del nombramiento del nuevo administrador de justicia y de la visita del provisor Clavijo significaba el reconocimiento de la sumisión al cabildo de Cartagena, lo que redundaba de modo evidente en perjuicio de las aspiraciones de independencia espiritual. Además, ambas medidas contravenían claramente las órdenes reales de no modificar la situación diocesana hasta la nueva revisión del caso en la corte. Por ello, en un primer momento, los mandatarios decidieron oponerse de plano a los dos actos, sin tener en cuenta las consecuencias que su rebeldía podía conllevar. Y el 2 de junio le redactaron al provisor una carta de respuesta en la que, tras darle «muy largua quenta» de lo «provehido en el dicho negosio», le pedían «por mersed» que se conformase «con la voluntat y provisiones de Su Magestad» y desistiese de sus dos propósitos⁸⁸.

No obstante, posteriormente, pensando con mayor frialdad, cobraron conciencia de que tal contestación, sin duda, iba a suscitar un nuevo rompimiento con Murcia, y comprendieron que estando Carlos I fuera de España, habrían de correr el inquietante riesgo de que los murcianos, valiéndose de sus influencias castellanas cabe el monarca, tratasen de aprovechar su lejanía para informarle de que Orihuela había sido la causante del resurgimiento de los escándalos, y de esa manera pudiesen conseguir alguna provisión favorable a sus intereses conservadores. Además, también valoraron que la oposición a los mandatos cartaginenses supondría la inmediata fulminación de excomuniones, suspensiones y entredichos indefinidos por parte del citado provisor. Y considerando ambos factores, el día siguiente -3 de junio- decidieron consultar al doctor valenciano Jaime Filibert si debían o no enviar el aludido escrito de réplica⁸⁹.

Aunque no conocemos la contestación de micer Filibert, sí estamos en disposición de afirmar que las autoridades oriolanas optaron finalmente por impedirle a Clavijo la entrada a la ciudad. Y éste reaccionó de inmediato imponiendo sobre toda la población la pena de entredicho.

Tras un poco pacífico mes de julio de 1535, marcado principalmente por las banderías, las alteraciones del orden público y los escándalos⁹⁰, el transcurso del de agosto se vio endulzado en la población del Bajo Segura por el conocimiento de los éxitos de la campaña africana de Carlos I. El día 16 del citado octavo mes, las autoridades de la ciudad recibieron la inmejorable noticia de «la grande victoria que Su Magestad a tenido en la presa e conquista de Tuniz, ansi de la fuerça de La Goleta como de la ciudad y de la armada que ha tomado a Barbaroja». Y dado que el propio Carlos I había manifestado que la victoria había sido «obra de la mano de Nuestro Senyor», el duque de Calabria les ordenó que le agradeciesen a Dios su divina intervención con manifestaciones públicas de piedad y fe, a fin de que siguiese encaminando «las cosas de Su Magestad en insancto servicio y bien universal de toda la Christiandad». Obtemperando gustosamente la orden del lugarteniente general, los munícipes se dirigieron a la iglesia del Salvador y les pidieron a los canónigos que organizasen una gran procesión en alabanza a su patrón, pero éstos les respondieron que no podían celebrar ningún acto eclesiástico porque la ciudad estaba entredicha por la cuestión del Obispado. Entonces, los ediles le explicaron por escrito la situación al deán Clavijo, y le rogaron que alzase la pena durante «doze o quinze dias»⁹¹. El provisor accedió a la demanda con la condición de que, pasados los festejos, los oriolanos aceptasen el nombramiento del administrador episcopal de justicia. Y ocho días más tarde concedió una segunda remisión temporal de la censura una vez los munícipes volvieron a ratificar el mencionado compromiso⁹².

Y, efectivamente, poco después, en septiembre u octubre, el obispo de Tagaste se personó en la ciudad del Bajo Segura y comenzó a ejercer su oficio en nombre del prelado y el cabildo de Cartagena⁹³. Sin embargo, no ocupó el cargo por mucho tiempo pues falleció durante el mes de diciembre de ese mismo año 1535.

Tras su muerte, el provisor Clavijo quiso asegurarse la continuidad de la figura del administrador episcopal de justicia eclesiástica sin tener que luchar contra la tradicional oposición de Orihuela. Por ello, tuvo la brillante idea de acudir al duque de Calabria y rogarle que les ordenase a las autoridades municipales de dicha ciudad que admitiesen sin demoras ni embarazos al sucesor del obispo de Tagaste. Y D. Fernando de Aragón, atendiendo la súplica cartaginense, les despachó un mandato fechado el 4 de enero del año entrante, 1536, en el que les conminó a tratar «ab tota honra e caritat» al oficial y visitador que enviase el vicario general, «no donant loch al contrari per ninguna via». Y para que no provocasen ningún incidente, les recordó su intervención «en les coses passades entre lo clero de aquexa ciutat e lo de Murcia» y les dijo que sentiría mucho que se produjese «qualsevol sinistre», «obviant al orde que dexarem e pacifich estament en que de llavors ensa son estats»⁹⁴.

La intromisión del duque molestó de un modo considerable a los mandatarios oriolanos. Desde su perspectiva, hasta cierto punto era lógico y comprensible -aunque no lícito- que los murcianos, pese a las órdenes reales contrarias a las innovaciones, tratasen de aprovechar su posición de superioridad dentro de la diócesis para incrementar su poder sobre Orihuela y al mismo tiempo perjudicar sus derechos episcopales. Pero lo que no podían entender ni admitir de ningún modo era que D. Fernando de Aragón los favoreciese en sus propósitos, máxime cuando éstos contravenían la voluntad del emperador. Por ello, las citadas autoridades optaron por enviarle al virrey una embajada. Eligieron como síndico al experto D. Pedro de Rocafull y le encomendaron la doble tarea de informarle sobre la situación del Pleito del Obispado, y pedirle que revocase la orden de aceptación del administrador judicial cartaginense. Y el día 16 de enero le escribieron al virrey una carta en la que le explicaron las circunstancias que hacían incorrecta su intervención, y le demandaron que les negase su auxilio a los murcianos. En la misiva, le comentaron que, antes de su partida para África, Carlos I había dejado muy claro que no quería que variase la situación de la diócesis de Cartagena hasta que se produjese la revisión del litigio. Y que ésta tendría lugar cuando los Consejos de Castilla y de Aragón coincidiesen con la emperatriz en la corte, hecho que, por otra parte, no había sucedido desde la marcha del emperador. Y, finalmente, le rogaron que no se entrometiese en el negocio, pues estaba «en mans de Sa Magestat per a concordarse», y que no ordenase «cosa alguna contra lo dit acte de cort e mente de Sa Majestat»⁹⁵.

Rocafull salió de Orihuela el 18 de enero. Unos días más tarde compareció ante el lugarteniente general del Reino y le presentó las quejas de sus representados tanto oralmente como por escrito. Pero las reclamaciones fueron completamente inútiles. El duque de Calabria consideró que la oposición de las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura a la superioridad cartaginense podría constituir un nuevo acto de rebeldía, merecedor de represión, y los mandatarios de la referida población no tuvieron más remedio que aceptar el nombramiento de D. Francisco de Mexía, obispo de Fez, como «visitador e vicari en la ciutat de Oriola e ortes de aquella»⁹⁶.

A principios del mes de febrero, otro incidente alteró durante unos días las relaciones entre los munícipes oriolanos y el cabildo de Cartagena. A causa de la extrema carestía de trigo que afectó a la práctica totalidad de las tierras comprendidas entre las ciudades de Murcia y Valencia, provocada principalmente por la incidencia de violentas riadas, el justicia y los jurados de la población del Bajo Segura quisieron solventar los problemas de abastecimiento urbano comprando el grano procedente de las rentas decimales que el cabildo de Cartagena tenía en las diferentes villas y lugares de la huerta.

Dicha actitud de bloqueo del «forment» alertó a los clérigos murcianos, ya que esperaban percibir dichos frutos en especie, para poder dedicarlos fundamentalmente a su propio consumo, aunque también a su venta al precio máximo permitido por la ley. Por ello, cometieron la labor de recuperar el cereal al canónigo Macías Coque y al maestrescuela Antonio Tamarón. Y el 5 de febrero, los dos diputados escribieron a los ediles de la ciudad vecina y rival para pedirles que les permitiesen la percepción del trigo, y advertirles que, en caso contrario, acudirían a la justicia ordinaria para lograr tal objeto⁹⁷.

Dos días después, las autoridades oriolanas les contestaron a Coque y Tamarón que no podían impedirles de ninguna manera la adquisición del grano porque una sentencia real autorizaba su comercialización en la capital del Bajo Segura y, por lo tanto, les ofrecía la posibilidad de pujar por su compra. No obstante, dadas las circunstancias, quisieron complacer al cabildo cartaginense y mercaron únicamente la mitad del «forment», permitiendo el traslado a Murcia del otro 50%⁹⁸.

Por otra parte, hemos de destacar que los referidos mandatarios siempre estuvieron muy atentos a cualquier suceso que pudiese tocar a la causa episcopal. A lo largo del tiempo, aunque fueron aminorándose de un modo progresivo las posibilidades de que el Pleito fuese resuelto en la Sede Apostólica, en ningún momento dejaron de prestar atención a los acontecimientos principales que tenían lugar en Roma y, en especial, a los que pudiesen concernir a sus aliados en la Curia. Demostramos esta afirmación exponiendo que las citadas autoridades, tras enterarse de que el auditor Luis Gómez había sido designado por Paulo III «referendari de justicia e de gracia», el 10 de febrero le enviaron una misiva para felicitarle por su nuevo nombramiento, y aprovecharon la ocasión para rogarle que siguiese dispuesto a prestarles su importantísimo apoyo⁹⁹.

También debemos comentar que durante el año 1536 la crisis económica del Consell de Orihuela se acentuó hasta límites difícilmente superables. Los siguientes acontecimientos dan buena muestra de ello. Si recurrimos a la memoria, recordaremos que en 1532 un buen número de vecinos de la ciudad fueron detenidos y encarcelados por orden del duque de Calabria, a instancia del cabildo de Cartagena. Dichos oriolanos fueron procesados en la Real Audiencia de Valencia, y fueron condenados a diversas penas, tanto corporales como pecuniarias, por desobedecer las disposiciones reales. Posteriormente, en las Cortes de 1533 Carlos I les perdonó dichas sanciones, quedando únicamente obligados a correr con las costas judiciales, esto es, de «les averies, salaris de advocats fiscals y procuradors fiscals, y als escrivans dels proçes», y con el pago de la expedición del propio «acte del perdo». Sin embargo, pronto quedaron liberados de tales cargas ya que el Consell de Orihuela tuvo en consideración que habían sido encausados por defender los intereses episcopales de la ciudad, y decidió correr con todos los pagos. No obstante, la pertinaz falta de liquidez municipal impidió a los ediles satisfacer las deudas. Y el 21 de marzo de 1536, los funcionarios y oficiales de la citada Audiencia valenciana, cansados de esperar en vano, demandaron a los morosos ante el lugarteniente general del Reino, y le pidieron que tomase las medidas oportunas para que zanjasen de una vez el débito¹⁰⁰.

Avisadas por Luch Joan Riudaura, las autoridades oriolanas decidieron enviar a Valencia a Juan Miró para que se informase de las cantidades que reclamaba el personal del «Real Consell». El procurador partió de la ciudad del Bajo Segura el 26 de marzo, y dedicó la primera mitad del mes de abril a entrevistarse con los diferentes acreedores, con la intención de cuantificar la deuda. Finalmente, acabadas las pesquisas, valoró el débito en una cantidad aproximada de 336 libras y 13 sueldos, a la que había que sumar 150 libras adicionales que aún había de cobrar el escribano de mandamiento Antonio Miguel Ferrán por el despacho del instrumento del perdón. Tras recibir los informes del síndico, el 23 de abril los ediles oriolanos se reunieron para deliberar sobre la cuestión y, siguiendo los consejos de Riudaura y del doctor Filibert, decidieron efectuar ambos pagos¹⁰¹.

Juan Miró le hizo llegar la decisión de sus representados a D. Fernando de Aragón, y éste les comunicó que el 24 de junio se personaría en la ciudad del Bajo Segura un comisario suyo, y que permanecería en ella hasta que saldasen las deudas. A lo largo del mes de mayo, los munícipes trataron vanamente de conseguir el dinero de los fondos del erario público. No obstante, el depauperado estado de las arcas les impidió lograr el efectivo, y el 5 de junio, viendo que el plazo asignado por el virrey estaba próximo a su vencimiento, optaron por hipotecar futuras rentas, y encargaron la carga de nuevos censales a una comisión formada por el justicia, los jurados, Jaime Masquefa y Perot Pérez¹⁰².

De inmediato, los comisionados se dedicaron a contactar con los censalistas habituales. No obstante, no pudieron alcanzar el objetivo común porque ninguno de ellos se atrevió a aceptar como garantía los bienes y las finanzas municipales. Ni siquiera sirvió que ofreciesen el pago de intereses mayores. Así, el término fijado por el virrey concluyó sin que hubiesen podido reunir el dinero. Sin embargo, el duque, conocedor de los esfuerzos que estaban realizando por conseguir el efectivo, les concedió una prórroga adicional de un par de semanas. Y habiendo agotado todas las posibilidades en Orihuela, el 25 de junio los ediles decidieron pedirle a Luch Joan Riudaura que tratase de cargar los censales en Valencia¹⁰³.

Entretanto, los murcianos hallaron la manera de perjudicar aún más la economía del Consell, y de beneficiarse a su costa, utilizando el brazo ejecutor del obispo de Fez. El «visitador e vicari en la ciutat de Oriola e ortes de aquella», en nombre del cabildo de Cartagena, le suplicó al duque de Calabria que le expidiese una provisión en la que le otorgase competencia suficiente para poder ocuparse personalmente de la administración de las rentas de las fábricas de las tres iglesias de Orihuela. El lugarteniente general, convencido por las erróneas informaciones de D. Francisco de Mexía, atendió sus ruegos y le despachó la orden requerida. No obstante, cuando el visitador trató de ponerla en ejecución en la ciudad del Bajo Segura, topó con la inquebrantable oposición de la corporación municipal, a cuyo cargo siempre había estado la contabilidad de tales frutos, y decidió abocar la causa a la Audiencia de Valencia, acusando de nuevo a los ediles de desobediencia a las órdenes virreinales. Y el 12 de julio, los referidos mandatarios decidieron darle más trabajo a Luch Joan Riudaura, que aún no había podido cargar un solo censal, ni siquiera ofreciendo una ganancia de 14 dineros por libra. Le encomendaron la defensa de los derechos oriolanos en la nueva lite. Y para que pudiese llevar a cabo con mayores posibilidades de éxito una misión tan trascendental -pues podía tener incidencia en el Pleito del Obispado-, le recomendaron que buscase el consejo y la ayuda del doctor Jaime Filibert¹⁰⁴.

Dos días más tarde, D. Fernando de Aragón dio por concluido el plazo otorgado a los munícipes para hacer efectivos los pagos, y decidió comisionar al alguacil Diego de Torres para que se desplazase a Orihuela, en compañía del notario Jaime Çaranya, y cobrase la totalidad de la suma adeudada. Y para que tal tarea le resultase más fácil, le dio poder para embargar y vender los bienes que fuesen necesarios hasta conseguir la cantidad reclamada¹⁰⁵.

Torres partió de la ciudad del Turia el 20 de julio, y arribó a la del Bajo Segura ocho días después. Sin perder más tiempo, se presentó ante el Consell y solicitó el dinero. Los ediles le respondieron que no tenían tantas pecunias y, para evitar que iniciase las confiscaciones, le comunicaron que estaban dispuestos a conseguir el dinero tan pronto como fuese posible, y le despacharon un nuevo sindicato a Luch Joan Riudaura facultándole para que cargase en la capital del Reino censales por valor de hasta 550 libras¹⁰⁶.

Por su parte, hacia finales de julio, el obispo de Fez, en su lucha en pos de «la terça part de les fabriques», del tercio diezmo ya aludido, excomulgó a toda la clerecía oriolana, impidiendo de esa forma la organización de oficios divinos. Y aduciendo que dichas rentas no eran utilizadas convenientemente, les ordenó a los «feels del graner», encargados de su recaudación y custodia, que en lugar de entregárselas a los fabriqueros, se las hiciesen llegar a él. La actitud del administrador de justicia cartaginense irritó a los munícipes hasta tal punto que, con la sencilla intención de que «lo dit bisbe nos haja de riure de nosaltres», decidieron suplicarle al duque de Calabria que despachase dos provisiones: un mandato dirigido a los citados fieles del granero, obligándoles a poner las frutos litigados en poder de los respectivos fabriqueros; y una inhibitoria contra el propio D. Francisco de Mexía¹⁰⁷.

Bien entrado el mes de agosto, el día 13, el Consell oriolano pudo resolver estos dos problemas gracias a la intervención de cuatro de sus componentes: Juan García de Miedes, Juan Farizes, Jaime Masquefa y Andrés Soler. Dichos consellers, en calidad de censalistas, se ofrecieron a proporcionar a la corporación municipal el dinero que necesitaba para hacer frente, ex una, a los pagos demandados por el alguacil Torres, y ex alia, a las tasas reclamadas por el lugarteniente general del Reino para despachar una licencia de carga de censales y el mandato inhibitorio contra D. Francisco de Mexía. Únicamente pusieron como condición que el referido organismo les entregase una «carta de indempnitat» en la que se comprometiese a restituirles las cantidades adelantadas cuando volviese a tener liquidez. El Consell aceptó tal prevención, y dos días después Francisco de Soler consiguió las 581 libras y fue comisionado para que se encargase personalmente de hacer efectivos los pagos¹⁰⁸.

Comenzó su misión entregando al alguacil Torres, al escribano Çaranya y a los verguetas Francisco de Jaén y Lorenzo del Pozo 64 libras y 10 sueldos como remuneración por los 30 días que duró su misión, computando tanto su estadía en Orihuela como el tiempo que les llevaron los viajes de ida y vuelta entre dicha ciudad y la capital del Reino¹⁰⁹.

Después, se trasladó a esta última población, donde puso en poder del personal de la Real Audiencia la apetitosa y demandada cantidad de 336 libras y 13 sueldos. Acto seguido, acompañado por Luch Joan Riudaura, le entregó al virrey las 20 libras que costaba el permiso para cargar nuevos censales¹¹⁰. A continuación, le pasó al notario Gaspar Rovira las 10 libras asignadas para negociar la inhibición del obispo de Fez en la cuestión de las fábricas. Y por último, optó por defraudar las 150 libras que había de depositar en la «Taula de Valencia» para pagar los servicios de Antonio Miguel Ferrán por el despacho del instrumento del perdón, aduciendo que se las había entregado en mano al referido escribano de mandamiento.

Por otra parte, aún a finales de agosto llegó a la ciudad del Bajo Segura una reconfortante carta del referendario pontificio Luis Gómez, en la que les comunicaba a los canónigos del Salvador que D. Mateo Lang estaba a punto de llegar a Roma y que iba a tratar de convencerle de que les favoreciese en la cuestión del Obispado. En respuesta a dicha misiva, las autoridades oriolanas le remitieron un escrito -fechado el día 27 del citado mes de agosto-, con el doble objeto de agradecerle el gesto y de proporcionarle una serie de datos y argumentos que podrían serle útiles a la hora de enfocar las conversaciones con el prelado. En este sentido, le suplicaron que hiciese especial incidencia en «les miseries y calamitats» que estaban pasando por razón del Pleito con los murcianos. Y sin poder evitar que el rencor les influyese, le indicaron que no dudase en decirle de su parte que, teniendo en cuenta que siempre había estado «en ma de Sa Senyoria rellevar de pleyts aquestes ciutats e sos subdits», y que los había «dexat pledejar», favoreciendo a los murcianos, no podía estar «sens carrech davant Deu». En nuestra opinión, esta tan poco prudente recomendación debía estar motivada por la desesperación acumulada durante años, y mostraba la poca confianza que tenían en un cambio de actitud del obispo absentista pese a las gestiones que pudiese realizar el voluntarioso curial¹¹¹.

Como era de prever, de nada sirvieron las demandas de Gómez al obispo Mateo. Y en la misma línea, tampoco tuvieron utilidad alguna las «moltes requestes» que el Consell de Orihuela le hizo a lo largo del mes de septiembre a Francisco de Soler, con la intención de que restituyese el dinero estafado. Por ello, el día 25 del señalado noveno mes de 1536 decidieron encomendar al notario Guillem Pascual la labor de reclamarle al duque de Calabria que ordenase a Soler que efectuase sin más dilaciones el depósito de las 150 libras en la «Taula» de Valencia¹¹².

A finales de septiembre o principios de octubre el defraudador retornó a Orihuela. Las autoridades municipales le reclamaron la póliza del depósito, y Soler hizo oídos sordos a todos los requerimientos. Por ello, los ediles decidieron demandar a «los carregadors» ante la Real Audiencia de Valencia. Y el 6 de octubre, le escribieron a Guillem Pascual que introdujese el pleito en el citado tribunal, solicitando la cancelación del «contracte de indempnitat» y la devolución del dinero secuestrado¹¹³.

Pascual siguió las indicaciones de sus representados y colocó la demanda. Así, esta cuestión y la de las fábricas, que tampoco había podido ser resuelta, concitaron la atención de los oficiales municipales oriolanos durante el aludido mes de octubre. Y llegaron a preocuparse hasta tal punto que el día 16 decidieron enviar a Valencia a un nuevo procurador de refuerzo -el jurado Juan Masquefa-, con nueva documentación¹¹⁴.

Hacia finales de año, el litigio contra Francisco Soler y los «carregadors» quedó solventado a favor de la universidad oriolana, y el pago al escribano Ferrán pudo hacerse por fin efectivo. Sin embargo, el más espinoso asunto de la administración de las rentas de las fábricas no pudo ser solucionado, y las autoridades de la ciudad del Bajo Segura decidieron llevar sus quejas a los mismos oídos del emperador.

7. La vuelta de Carlos I y la nueva revisión del Pleito del Obispado tras las Cortes de 1537.

La conquista de Túnez por Carlos I (21 de junio de 1535) supuso un gran alivio para el sur de Italia, cuya población se vio liberada en gran medida de la presión berberisca. No obstante, podemos afirmar, compartiendo un juicio de Ricardo García Cárcel, que esta propagandística victoria no tuvo la resonancia esperada por el rey en sus reinos hispánicos¹¹⁵. La amenaza de Barbarroja sobre las costas meridionales de la Península seguía subsistiendo, y la única vía que podía hacerla decrecer era que el emperador procediese a la toma de Argel. Sin embargo, ésta no llegó a producirse a causa de la beligerante actitud de Francisco I de Francia.

La muerte de Francisco Sforza en octubre de 1535 volvió a poner en el primer plano político la cuestión de Italia. El citado soberano francés reclamó el trono ducal del Milanesado para su hijo y decidió adoptar medidas de fuerza. Durante los meses de febrero y marzo del año entrante -1536- sus ejércitos invadieron Saboya y el Piamonte, y procedieron a la toma de Turín, agravando la situación de Milán.

Por su parte, Carlos I tuvo que abandonar su campaña africana y se dirigió hacia Sicilia. Tras una breve estancia en poblaciones como Palermo o Messina, decidió acercase al foco del conflicto, y emprendió el camino a Nápoles, ciudad en la que entró a finales de noviembre de 1535. De allí marchó a Roma, y a mediados de abril se entrevistó con el papa Paulo III ante un par de embajadores franceses. En el encuentro, Carlos I le manifestó al pontífice la exasperación que le causaba la actitud del monarca galo, puesto que además de incumplir continuamente todos los compromisos y acuerdos, se dedicaba a fomentar actividades subversivas en los Estados del emperador. Y le comunicó que si Francisco I no aceptaba sus condiciones de paz, que pasaban por el abandono inmediato y definitivo de las pretensiones sobre el Milanesado, estaba listo para declararle la guerra. No obstante, movido quizá por su espíritu caballeresco, le planteó al papa una curiosa y única alternativa: la celebración de un duelo personal entre el rey francés y él, en el que ambos soberanos se jugasen la posesión de la Borgoña -territorio que ansiaba casi obsesivamente Carlos I-, y del Milanesado -con el que se quedaría Francisco I en el improbable caso de que pudiese vencer al emperador-. Paulo III no tomó en serio la propuesta, y los acontecimientos llevaron a la reapertura de las hostilidades bélicas¹¹⁶.

Carlos I salió de Roma y se dirigió al Piamonte. Y ya entrado el verano de ese año 1536, decidió pasar a la acción, internándose por la Provenza, con la idea de efectuar un ataque múltiple por tierra y por mar contra Francia. La campaña fue un auténtico desastre, y el monarca volvió a Génova, más endeudado que nunca y con sus efectivos militares muy disminuidos. No obstante, su máximo rival apenas pudo obtener del fracaso ventaja alguna. La guerra también resultaba altamente gravosa para el Estado francés, por lo que el agotamiento mutuo forzó a ambas partes a la detención de las operaciones mayores.

El peso agobiante de los compromisos políticos exteriores y la necesidad de una nueva inyección económica que revitalizase sus exhaustas arcas fueron dos de los factores que propiciaron el retorno de Carlos I a sus reinos de España. A su llegada a la Península, el monarca marchó hacia Castilla con la intención de reunir Cortes y obtener dinero con rapidez. Y sin grandes dificultades logró que la dócil asamblea castellana aceptase la concesión de 204 millones de maravedís. Acto seguido, se propuso conseguir el mismo objetivo de los parlamentarios de las naciones de la Corona de Aragón, y el 16 de junio de 1537, desde Valladolid, convocó la reunión de Cortes en Monzón para el inminente 27 de julio. Pese a que aún no había percibido la totalidad del dinero prometido por los estamentos en la asamblea anterior, celebrada en 1533, el emperador deseaba que los representantes de los tres reinos le votasen la entrega de otras 110.000 libras.

La apertura de las Cortes se retrasó hasta el 11 de agosto de ese año 1537. En ellas, se trataron preferencialmente cuestiones relacionadas con la Generalitat, quedando ratificada la jurisdicción privativa de sus diputados¹¹⁷.

Las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela aprovecharon la ocasión para volver a presentar sus quejas relacionadas con la cuestión del Obispado, y para tratar de solucionar la delicada lite que les enfrentaba con el obispo de Fez por la gestión de las rentas de las fábricas.

En relación con este último punto, el emperador, dando por justas las reclamaciones oriolanas, confirmó mediante una provisión «observatoria dels privillegis de les fabriques» que únicamente los jurados de la ciudad del Bajo Segura podrían ejercer como revisores de las cuentas de dichos frutos, dejando claro de esa manera que el vicario general puesto por el provisor de Cartagena no tenía ningún derecho a acceder a su administración¹¹⁸.

Por otra parte, los procuradores de la Iglesia y la ciudad de Orihuela también le suplicaron al monarca -con la insistencia acostumbrada- que cumpliese lo jurado en el «acte de cort» de 1528 y que, en consecuencia, remitiese la causa episcopal a la justicia romana. El soberano les contestó, en la misma línea que en ocasiones anteriores, afirmando su inquebrantable voluntad de solucionar el conflicto personalmente, sin acudir a los arbitrios pontificios. Y decidió decretar una nueva convocatoria de las partes en unos términos que, en nuestra opinión, quizá llegaron a avivar mínimamente las apagadas esperanzas oriolanas.

El 16 de noviembre envió a las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela una «lletra closa ab lo real sagell, expedida y fermada de la ma de Sa Cesarea Magestat e dels senyors doctors de son sacre Consell», en la que les manifestó su anhelo de que por fin hubiese «toda tranquilidad» entre la referida población del Bajo Segura y la de Murcia. Les explicó que «con la ocupaçion destas Cortes» y la «brevedad» de su partida, no le había sido posible «aqui poner el assiento» que deseaba. Les aseguró que quería solucionar el conflicto «en breve», y les mandó que tres meses después de su salida de Monzón hiciesen comparecer ante él a «una persona o dos por essa çiudad, con poder bastante para assentar sus differencias», «y bien instruhydas, porque oidas y las que los de Murçia embiaren» mandase «declarar en dichas differençias lo que fuere de justicia». Y para que pudiesen cerciorarse aún más de la verosimilitud de su propósito componedor, les prometió que si cuatro meses después de que los procuradores oriolanos se hubiesen presentado ante él, «por falta de los de Murçia o negligençia de las personas que Nos deputaremos para entender en ello, no se acabare, mandaremos dar cartas para nuestro muy Santo Padre, para que se prossega en la causa por terminos de justicia». Y se despidió comunicando que al mismo tiempo les mandaba idéntica citación a los de Murcia¹¹⁹.

La misiva real llegó a la ciudad del Bajo Segura mediado el mes de enero de 1538; un año que, por otra parte, pasaría a la Historia oriolana por sus devastadoras riadas.

Una vez fue conocida la voluntad real, las autoridades civiles y eclesiásticas comenzaron a preparar la nueva embajada. Viendo que no tenían «pecunies promptes» para afrontar los gastos de la empresa, optaron por comisionar al señor de Albatera, D. Ramón de Rocafull para que tratase de conseguir efectivo en Valencia, mediante la carga de un censal por valor de 100 libras, sobre las rentas municipales del año siguiente, 1539¹²⁰.

Solventada la cuestión monetaria gracias a la participación de tan destacado personaje, los mandatarios oriolanos se plantearon la elección del procurador que tendría que defender sus intereses en ante el emperador. La designación recayó en el avisado ciudadano Ginés de Vilafranca, quien habría de ser asistido por el canónigo Luis Martínez, que estaba en la corte al servicio de la condesa de Faro y el obispo de León¹²¹.

Después, se dedicaron a la preparación del arsenal documental que Vilafranca y Martínez habrían de utilizar en su comparecencia ante el rey, y en el caso -harto improbable- de que tuviesen que enfrentarse verbalmente con los enemigos cartaginenses. Estuvieron ocupados en esta tarea poco más de una semana, entre el 29 de enero y el 5 de febrero. La labor efectuada dio como resultado la confección de un dossier muy completo. El objetivo de que las personas enviadas en representación de Orihuela fuesen «bien instruidas del negocio» estaba cumplido con creces.

Los actos fueron entregados a Ginés de Vilafranca el 5 de febrero de 1538. Entre ellos, podemos destacar una carta de las autoridades para el trotamundos Luis Martínez, en la que, apelando a su condición de «fill natural de aquesta ciutat» y reconociendo su gran «abilitat» como negociador, le pedían que ayudase al síndico Vilafranca. La procura de este último, que le facultaba para «informar e suplicar a Sa Magestat de la justicia de la dita ciutat». Tres instrumentos de instrucciones que habían de seguir Vilafranca y Martínez en sus comparecencias. Una carta de creencia y presentación de Vilafranca para el emperador. Un buen número de escritos de recomendación, dirigidos tanto a personajes de renombre como el señor de Granvelle, Francisco de los Cobos, el duque de Calabria, Jerónimo de Cabanyelles, la condesa de Faro, el duque de Segorbe y conde de Ampurias, el duque de Cardona, el señor de Ayerve -D. Hugo de Urries-, el doctor Ram, el vicecanciller May, o el entonces inquisidor de Barcelona, D. Fernando de Loazes; como a corporaciones de relieve como los jurados, el capítulo y la Generalitat de Valencia, o los consellers de Barcelona. Y un completísimo paquete de autos relacionados con los hitos más destacados de la historia del Pleito: la Sentencia de Torrellas; diversos breves pontificios favorables a la iglesia cartaginense, considerados subrepticios por la parte oriolana; las apelaciones interpuestas contra la posesión forzada por el marqués de los Vélez; el proceso realizado en 1525 ante D. Pedro Maza; un compendio de 54 cartas; el acte de Cort de 1528; abundante documentación derivada de las letras compulsorias de Camilo Ballion; el proceso realizado ante D. Luis Ferrer; las protestas presentadas al alguacil D. Luis Çaydía y la toma de posesión en virtud del breve de Bolonia y los ejecutoriales de la emperatriz Isabel; copias de las misivas enviadas por Carlos I a la Santa Sede los años 1525, 1528 y 1533, remitiendo la causa a la justicia apostólica; alegaciones presentadas por el doctor Ros en defensa de los derechos episcopales oriolanos; las reivindicaciones presentadas por Luis Martínez al obispo Mateo; las suplicaciones interpuestas en 1535 y 1537 ante Carlos I y el Consejo de Aragón; y, por último, el acte de cort promulgado en las últimas Cortes de 1537¹²².

Además de todo este material escrito, los mandatarios le entregaron a Vilafranca doce sellos, a fin de que tanto él como el canónigo Martínez pudiesen preparar informes y memoriales en nombre de la iglesia y la ciudad de Orihuela.

Le asignaron un sueldo diario de 15 sueldos. Le dieron a modo de adelanto 80 libras. Y, por fin, la mañana del 6 de febrero, Ginés de Vilafranca partió de la población del Bajo Segura en dirección a Barcelona -ciudad en la que residía temporalmente Su Cesárea y Católica Majestad-¹²³.

La táctica que habían de seguir en las negociaciones ante el monarca no variaba mucho de la línea mantenida en anteriores encuentros con él. En primer lugar, siguiendo el protocolo, Vilafranca y Martínez habían de besarle las reales manos y pies, «ab la pus humil reverencia». A continuación, el primero de ellos, como síndico de la Iglesia y la ciudad de Orihuela, tenía que presentarse entregándole su carta de creencia. Después, los dos oriolanos debían poner al rey al corriente de la historia del Pleito, haciendo referencia muy esquemáticamente al privilegio de Alfonso el Magnánimo, a la erección catedralicia y la creación del obispado efectuadas por Julio II bajo los auspicios de Fernando el Católico, a la obediencia forzada de 1521, al acte de cort de 1528 remitiendo la causa a la justicia apostólica, al breve de Bolonia y el ejecutorial de la emperatriz Isabel, a la posesión cartaginense de 1532, al propio interés de Carlos I por solucionar personalmente el conflicto y, por último, a las repetidas contumacias y dilaciones murcianas a las citaciones (Monzón, 1533; Toledo y Becerril, 1534; Madrid, 1534-1535).

Una vez terminado el breve recordatorio, le tenían que suplicar que tuviese en consideración «benignament» que tan vasallos suyos eran los de Orihuela como los de Murcia; y que en atención a tal hecho, les hiciese justicia remitiendo la causa a la justicia apostólica, de modo que en la Curia se sentenciase la cuestión, «sens acceptacio de persones». Y habían de incidir en que de esa manera ambas partes estarían «en egualtat» y habría «mes comoditat» para conseguir una solución, pues los de Murcia no podrían provocar más retrasos.

Y antes de que Carlos I pudiese poner peros relacionados con los posibles agravios que significaría tal opción para la Iglesia cartaginense, le habían de aclarar que dicha medida no podía constituir daño alguno para los intereses murcianos, ni desde un punto de vista honorífico, ya que el obispo de Cartagena lo era también de Orihuela, ni desde un plano más material o económico, pues no eran en absoluto ciertas las informaciones que se habían extendido de que al provisor episcopal y al capítulo de Cartagena se les impedía la percepción libre y completa de las rentas que les tocaban en la diócesis oriolana.

Las instrucciones también preveían el surgimiento de adversidades. En el más que probable caso -casi esperado con resignación- de que el rey persistiese en su voluntad de recibir nuevas declaraciones de ambas partes, Vilafranca y Martínez habían de aducirle que la lite ya había quedado como «rem judicatam», como asunto juzgado, y que los actes de cort jurados en 1528 y 1533 le comprometían a enviar la causa a la resolución pontificia.

Y si pese a contar con tan poderosas razones como la igualdad, la comodidad, la justicia y el doble compromiso real, Carlos I perseverase en su decisión de solventar personalmente el enfrentamiento, las autoridades oriolanas planearon que sus representantes le manifestasen que la justicia de Orihuela era tan «clara» que los cartaginenses, a lo largo de los años, les habían hecho «molts partits», muchas ofertas, las cuales habían desechado confiando en la licitud de sus reivindicaciones, en las sólidas bases que las sustentaban -privilegios reales-, en el tradicionalmente fiel y servicial comportamiento de los habitantes de la ciudad del Bajo Segura y su huerta -señaladamente «en les revolucions passades»…-, y, sobre todo, en la equidad real y apostólica¹²⁴.

Y si ni siquiera así pudiesen conmover Vilafranca y Martínez el ánimo de Su Majestad, las autoridades oriolanas les indicaron que le comunicasen que su voluntad era servirle, y que para llegar a un acuerdo con los murcianos, estarían «contents de acçeptar algun dels partits que los de Murçia nos offeriren y pregaren».

Pese a la concesión, les advirtieron que únicamente podían aceptar dos ofertas. La que consideraban -pese al injusto perjuicio que les causaba- más oportuna, que era que Orihuela quedase como cabeza de un obispado cuya diócesis estuviese conformada además por su huerta y por la villa de Caudete, renunciando a las rentas que la obispalía y la mensa capitular cartaginenses percibían en tales tierras, aunque «tan justament» les habían de pertenecer. Y otra que también podían admitir en el caso de que Carlos I considerase que Orihuela debía ceder un poco más para que el acuerdo llegara a cerrarse: la pérdida del título de obispado a cambio del mantenimiento de la catedralía del Salvador, y del nombramiento por su capítulo de un vicario general -del mismo rango que el de Murcia- que tuviese jurisdicción sobre todos los territorios de la diócesis cartaginense que pertenecían al Reino de Valencia y cuyo superior no fuese otro que el metropolitano valentino. En este caso, además, el obispo de Cartagena habría de pasar a intitularse «bisbe de Cartajena en les esglesies de Oriola y Murcia». Ante las previsibles protestas cartaginenses, Martínez y Vilafranca habían de exponerle al monarca que este arreglo no era en absoluto perjudicial para los murcianos, porque «en moltes altres parts, majorment hon hi a diversitat de llengues, regnes e costums, en un bisbat hi a dos esglesies catredals».

Y en el caso de que los cartaginenses no quisiesen aceptar ninguno de los dos conciertos, los mandatarios oriolanos les especificaron a sus embajadores que volviesen a suplicarle al emperador, sin aceptar otra opción, que cumpliese los términos jurados en los referidos acte de cort y remitiese la causa a los designios de Paulo III¹²⁵.

Ginés de Vilafranca viajó, vía Valencia, hasta Barcelona. Llegó con el tiempo suficiente para encontrarse con el canónigo Martínez, y preparar la comparecencia ante el rey, que, según había ordenado, había de tener lugar el 19 de febrero¹²⁶. Dicho día, los dos procuradores se presentaron ante Carlos I, y le presentaron una primera suplicación en la que le rogaban en cumpliese los términos de los actes de cort concedidos a Orihuela, y, por consiguiente, que remitiese la causa episcopal a la Santa Sede¹²⁷. Pero el emperador volvió a manifestar que su intención no era otra que actuar como medianero entre los contendientes, y solucionar la cuestión personalmente y con la mayor rapidez, para evitar mayores gastos a las partes. Y a continuación, cometió el expediente al señor de Granvelle, quien, como sabemos, era considerado por los mandatarios de la ciudad del Bajo Segura como uno de sus mejores aliados en la corte¹²⁸.

Las buenas expectativas oriolanas generadas por la designación del «muciur» borgoñón estuvieron muy cerca de confirmarse. Cuando todos los indicios apuntaban a que la solución final del conflicto estaba próxima a producirse, y en beneficio de Orihuela, un agente externo -mal endémico para todos los pobladores de los reinos hispánicos del emperador- entró en juego: la política exterior de los Austrias.

Deseoso de conseguir la paz entre Francisco I y el emperador, Paulo III entabló conversaciones con ambos y decidió actuar como componedor, en aras a lograr una concordia duradera. Para ello, viajó al sur de Francia, con la intención de mantener reuniones por separado con los dos monarcas. Ante la llamada y los buenos propósitos del pontífice, Carlos I no pudo ni quiso negarse a acudir a la cita. Así, tuvo que salir precipitadamente de la Ciudad Condal, sin poder dar por zanjada la cuestión episcopal. No obstante, antes de marchar, el 22 de abril expidió sendas cartas a las iglesias y ciudades de Orihuela y Murcia con nuevas órdenes al respecto, recalcando que las obedeciesen porque ello era indispensable para el «bien de la justiçia, tranquilidad y quietud de los unos y los otros».

La misiva oriolana pone de manifiesto muy claramente cuáles eran las intenciones de Carlos I o, al menos, las que quería que creyesen sus súbditos de la Vega Baja del Segura. En la cédula, les advirtió que quería «quitar toda ocasion de alteraçion y escandalo entre los unos y los otros», y que le hubiese agradado que «sobre ello se hoviera tomado algun buen assiento para que aqui brevemente se concluyera conforme a justiçia». Les explicó que no había podido poner fin al conflicto por la inmediatez de su «partida y passada en Niça». Y explicitando que su voluntad seguía siendo la misma, esto es, «que el dicho pleyto se ataje en todo caso», les mandó que «dentro de tres meses que corran y se cuenten del primero dia que Nos, con la ayuda de Dios Nuestro Senyor, fueremos buelto en Espanya, que sera presto, emvieys vuestro legitimo procurador o procuradores, con los mesmos poderes que aqui se han trahido y nos han sido presentados, dondequier que nuestra real persona y corte stuviere, affin que el negocio se acabe y concluya con brevedad». Y para garantizarles que así sucedería, les comunicó que «si dentro de quatro meses despues que los dichos procuradores vuestros ante mi se hovieren presentado, por falta de los de Murçia o de las personas que por Nos seran para esto diputadas, no se acabare», mandaría despachar «las letras que seran necessarias para que nuestro muy Sancto Padre en corte romana, donde primero diz que se tratava, mande conosçer de la causa y deçidirla por terminos devidos de justicia»¹²⁹.

Tras recibir la carta del rey, Ginés de Vilafranca emprendió el camino de vuelta a Orihuela, consciente de que había estado muy cerca de conseguir el éxito completo en su empresa. Pasó por Valencia, donde entabló contacto con Luch Joan Riudaura y le refirió cuanto había sucedido. Y, finalmente, llegó a la ciudad del Bajo Segura el 18 de mayo de ese año 1538¹³⁰.

8. Las reservas oriolanas en las negociaciones de 1538 y 1539.

Gracias al arbitraje de Paulo III, el 18 de junio de 1538 Carlos I de España y V de Alemania y Francisco I de Francia firmaron la tregua de Niza. Ambos se comprometieron a respetar la paz durante un período de diez años, y a colaborar en la lucha contra el avance de los turcos y de los protestantes, y también en pos de la organización de un concilio general. Dicha tregua quedó fortalecida posteriormente con la entrevista que ambos monarcas celebraron en Aigües-Mortes el 14 de julio siguiente. Seis días después -el 20 de julio-, el emperador volvía a entrar en España, dando comienzo a una nueva cuenta atrás de tres meses para los habitantes de Orihuela¹³¹.

No conocemos con precisión la fecha de la llegada a Orihuela de la nueva del retorno de Carlos I a sus reinos de España. Sí sabemos, empero, que a mediados de agosto, las autoridades de la ciudad comenzaron a plantearse la organización de la nueva embajada. En el Consell reunido el día 16 de dicho mes, los ediles debatieron dicho tema. Dada la penuria económica del municipio, algunos consellers se inclinaron por la opción de encargar la representación de la ciudad al canónigo Luis Martínez, que conocía casi como nadie la cuestión episcopal, tenía gran experiencia en negociaciones, y, además, seguía en la corte de la emperatriz. Sin embargo, los munícipes de más peso, el justicia y los jurados, propusieron que se enviase a un síndico desde la ciudad. La solución más coherente, que finalmente fue la elegida, la presentó Lope Ferrández de Mesa, hombre curtido en decenas de embajadas, quien recomendó que se nombrase a un procurador en Orihuela, y que Martínez le auxiliase cuando llegase a la corte. Aprobada esta opción por mayoría, y teniendo en consideración la trascendencia de la comisión y la inexistencia de fondos, el Consell encargó a Jaime Ruiz la carga urgente de censales por valor de 70 libras para poder sufragar los gastos de la embajada¹³².

Un mes después, teniendo ya aseguradas las pecunias aludidas, se ocuparon de una segunda labor: ganar adeptos en la corte. Para ello, el 17 de septiembre se dedicaron a redactar cuatro misivas dirigidas al capítulo y los jurados de Valencia, y a los duques de Gandía y Calabria, con la intención de que escribiesen cartas de apoyo a la causa oriolana, tanto al propio emperador, como a todos los personajes de la corte que creyesen que podrían favorecer con su influencia los intereses espirituales secesionistas¹³³.

Cinco días más tarde, las autoridades civiles y eclesiásticas, valorando sus servicios previos, acordaron encomendar la nueva comisión a Ginés de Vilafranca, repitiendo de esa manera el tándem negociador de la última embajada a Barcelona. Y le asignaron una salario diario de 15 sueldos, que era la cantidad que solía fijar el Consell en concepto de dietas para tales ocasiones. Y el 26 de septiembre enviaron a la capital del reino las cuatro cartas supracitadas, a manos de Juan Pérez Felipe y Luch Joan Riudaura, a quienes pidieron que se encargaran de su distribución¹³⁴.

La relativa paz con que estaban sobrellevando los mandatarios el ajetreo de los preparativos se vio turbada el 3 de octubre cuando un doctor en Teología llamado Pedro de León entró en la iglesia del Salvador solicitando la congregación del capítulo. Una vez se reunieron en el coro el sacristán Luis de Soler, el chantre Jaime de Soler y otros ocho canónigos, León les presentó una provisión expedida el día anterior por Sebastián Clavijo, deán de la Catedral de Murcia y gobernador y vicario general del obispado de Cartagena, en la que le nombraba vicario de la ciudad de Orihuela en sustitución del obispo de Fez. Los resignados capitulares, para no incurrir en la pena de excomunión y, sobre todo, para no causar nuevos escándalos, decidieron aceptar el nombramiento, con la prevención de que si ello les causara algún perjuicio en el desarrollo del Pleito del Obispado, su asenso no tendría ningún valor¹³⁵.

Tras la pequeña conmoción que causó este incidente, los preparativos prosiguieron. El 4 de octubre, las autoridades decidieron comunicar al canónigo Luis Martínez su elección como síndico junto a Ginés de Vilafranca¹³⁶. Y comenzaron a preparar las numerosas creencias que habían de llevar los procuradores a la corte. Entre ese día y el siguiente redactaron cartas de presentación y de solicitud de apoyo para Carlos I, el señor de Granvelle, Francisco de los Cobos, el duque de Alba, la condesa de Faro, el marqués de Lombay, el maestro de armas de Su Majestad, el comendador mayor de Montesa, el almirante de Nápoles -hijo del difunto D. Ramón de Cardona-, el regente Ram, el vicecanciller May y el secretario Hugo de Urries¹³⁷.

Posteriormente, se dedicaron a preparar los instrumentos de instrucciones que habría de llevarse Vilafranca a la corte. Esta ardua tarea les ocupó seis días, desde el 8 hasta el 13 de octubre, sobre todo, porque los mandatarios querían que los síndicos, además de tratar con el emperador el tema del Obispado, le elevasen en su nombre otras súplicas sobre determinadas cuestiones que les preocupaban. Entre ellas, hemos de destacar alguna de interés general, como la fijación del salario del asesor del gobernador, u otras que guardaban cierta relación con la causa episcopal, como la revisión del privilegio de la escribanía de las fábricas, las normas de elección de los fabriqueros, o la devolución de la artillería y las banderas de la ciudad que el marqués de los Vélez había robado durante el saco de 1521 y que aún, después de tantos años, estaban en su poder.

En relación con el Pleito, las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela no variaron prácticamente en nada la estrategia seguida en la comparecencia de Barcelona. En los nuevos instrumentos repitieron -o más bien, trasuntaron- de un modo casi literal las consignas dadas para la anterior ocasión. En líneas generales, encargaron a los procuradores que tratasen de conseguir por todos los medios que estuviesen a su alcance que Su Cesárea y Católica Majestad remitiese la causa a la justicia apostólica, según había prometido ya varias veces desde 1528. Y en el caso de que el monarca perseverase en su voluntad de solucionar el litigio personalmente, erigiéndose en juez árbitro, les advirtieron que únicamente aceptaran las dos ofertas admisibles, ya indicadas anteriormente. Las citamos siguiendo el orden de preferencia oriolana:

+Que Orihuela quedase como cabeza de un obispado cuya diócesis estuviese conformada además por su huerta y por la villa de Caudete, renunciando a las jugosas rentas que la obispalía y la mensa capitular cartaginenses percibían en tales tierras.

+La pérdida del título de obispado a cambio del mantenimiento de la catedralía del Salvador, y del nombramiento por su capítulo de un vicario general -del mismo rango que el de Murcia- que tuviese jurisdicción sobre todos los territorios de la diócesis cartaginense que pertenecían al Reino de Valencia y cuyo superior no fuese otro que el metropolitano valentino. En este caso, como ya pusimos de manifiesto, el obispo de Cartagena habría de pasar a intitularse «bisbe de Cartajena en les esglesies de Oriola y Murcia».

La única instrucción realmente novedosa que les dieron fue que le solicitasen a Carlos I la entrega de un auto que diese fe de que habían comparecido a tiempo, según el plazo de tres meses, ya que desde el día de su presentación comenzaba a contar el nuevo término de cuatro meses que el emperador había fijado para conseguir concordar a las partes¹³⁸.

También hemos de destacar que el 9 de septiembre redactaron la procura del canónigo Martínez y Ginés de Vilafranca. «En execuçio dels imperials e reals manaments», esto es, de la real cédula del 22 de abril anterior, los nombraron «sindichs, actors e procuradors»; y en nombre de la universidad de habitantes de Orihuela les dieron poder suficiente para comparecer ante el rey y su Consejo, intervenir como parte legítima en la causa, e «informar e supplicar a Sa Majestat de la justiçia de la dita esglesia y ciutat»¹³⁹.

Un día después, le entregaron a Vilafranca un anticipo de 69 libras y media. El 13 de octubre le proporcionaron toda la documentación que había de llevar consigo. Y, por fin, el día 16 del citado mes partió en dirección a Toledo, donde al parecer estaba residiendo Carlos I¹⁴⁰.

Este último dato, que la corte estuviese en Castilla, tenía una importancia fundamental. Allí, los murcianos podían contar con infinitud de apoyos e influencias, y si se sustanciaba la causa, los oriolanos sabían que tenían muy pocas posibilidades de conseguir un concierto satisfactorio. No obstante, también eran conscientes de que si obstaculizaban la labor del rey con dilaciones u otras tácticas reprobables, corrían el riesgo, aún más grave si cabe, de que Carlos I decidiese mantener la situación vigente y no adoptar medida alguna, dando plena validez a la toma de posesión de 1532. Así, nadie dudaba en la ciudad del Bajo Segura que se avecinaban tiempos difíciles, y que únicamente la inspiración divina podía salvarles de un nuevo desastre. Por ello, buscaron el refugio y el consuelo en las plegarias al Salvador, su patrón.

Aunque no tenemos ninguna referencia documental exacta, podemos afirmar que tanto Ginés de Vilafranca como los representantes de la iglesia y la ciudad de Murcia llegaron a la corte hacia el 20 de octubre, unos tres meses después del retorno de Carlos I a sus reinos de España. Esta vez, los cartaginenses, sintiéndose, sin duda, arropados por sus compatriotas, no tuvieron ningún reparo en acudir puntualmente a la citación real.

No obstante, pese a la presencia de ambas partes, el inicio de las negociaciones hubo de posponerse durante algún tiempo por la ausencia del Consejo de Aragón. De esta manera, para evitar futuros problemas, y siguiendo las órdenes de sus representados, el 16 de noviembre los síndicos oriolanos le solicitaron al emperador la entrega de un auto en el que diese fe de que comparecieron ante él a tiempo, es decir, dentro del plazo fijado en la cédula real del 22 de abril¹⁴¹.

Días más tarde, los doctores del Consejo de Aragón llegaron a la corte y, por fin, las conversaciones concordatarias pudieron comenzar. Pronto, el emperador les hizo a las partes una propuesta que muy bien podía servir para zanjar definitivamente la cuestión: un compromiso que ambas, por medio de sus representantes, habían de firmar. Carlos I se ofreció a actuar personalmente como «juez arbitro», con la condición de que, una vez fuesen analizadas todas las pruebas y sopesados todos los argumentos, los litigantes admitiesen irremisiblemente su sentencia y renunciasen a su derecho de apelar contra ella ante el papa o ante cualquier otro juez competente¹⁴².

La puesta en práctica del proyecto se vio imposibilitada en un primer momento porque los síndicos de ambas partes no tenían poderes suficientes para aceptar las peculiares condiciones reales en nombre de sus Iglesias y universidades. Por ello, Carlos I les otorgó un plazo de 20 días para que fuesen a sus respectivas ciudades, consiguiesen las nuevas procuras facultativas, y regresasen a Toledo para proceder de inmediato a la firma del convenio.

Tras serle notificada la disposición real, Ginés de Vilafranca partió de la ciudad castellana, en dirección a Orihuela, y llegó a la capital del Bajo Segura el 23 de diciembre¹⁴³. Allí comentó con las autoridades civiles y eclesiásticas los planes del monarca, y les solicitó en su nombre el despacho del nuevo sindicato. Los mandatarios valoraron la propuesta del emperador y hallaron muy arriesgado el hecho de que, una vez se hubiese firmado el compromiso, la causa tuviese que ser determinada en Castilla, y no existiese posibilidad alguna de recurso en el probable caso de que los murcianos, bien pertrechados en sus posiciones por múltiples apoyos, lograsen conseguir una sentencia favorable, o incluso la confirmación de la subordinación oriolana al obispo y el cabildo de Cartagena.

Por ello, tomaron una decisión ciertamente particular. Les despacharon a Vilafranca y Martínez una nueva procura en la que, en nombre de la Iglesia y la ciudad de Orihuela, les daban poder suficiente para comprometerse a aceptar la sentencia real; mas en ella no incluyeron la cláusula que había de hacer referencia a la posterior renuncia a presentar apelaciones contra dicha decisión arbitral. Ante la incerteza del resultado del proceso, no quisieron desprenderse de esa última vía judicial.

Una vez le entregaron a Ginés de Vilafranca el referido documento, éste retornó a Toledo. Allí, Martínez y él volvieron a comparecer, junto con los representantes cartaginenses, delante del emperador. Tanto unos como otros presentaron los nuevos sindicatos, y los dos fueron desechados por no ir los poderes ajustados a las condiciones establecidas inicialmente por el rey¹⁴⁴.

Por ello, el 23 de febrero de 1539 Carlos I volvió a fijar un nuevo plazo de 20 días para que los síndicos repitiesen el viaje y consiguiesen las procuras adecuadas. Y envió sendas cartas a las autoridades civiles y eclesiásticas de Murcia y Orihuela para que obedeciesen sus indicaciones, señalando que si no lo hacían mandaría, sin más, «proveer sobre ello como mas convenga al servicio de Dios y nuestro, y a la paz y sosiego desas ciudades»¹⁴⁵.

Los enviados de ambas partes debieron llegar a sus respectivas ciudades a principios de marzo. Por su parte, los mandatarios cartaginenses, confiando en sus elevadas posibilidades de éxito, no dudaron más en satisfacer las recomendaciones reales. Y el día 4 del citado tercer mes le otorgaron al maestro Juan de Arrieta el poder necesario para poder firmar el aludido compromiso¹⁴⁶. En cambio, las autoridades oriolanas perseveraron en sus intenciones conservadoras, y decidieron seguir reservándose la posibilidad de apelar contra la sentencia real.

Con tales documentos, los síndicos de ambas partes volvieron a comparecer ante el monarca. Y mientras el poder cartaginense fue aceptado sin problemas por el Consejo Real, el de Orihuela volvió a ser rechazado, y tanto Ginés de Vilafranca como Luis Martínez quedaron en una posición muy delicada ante Carlos I¹⁴⁷.

Su primera reacción fue escribir a sus representados para participarles que el rey había dado por «ninguno y no bastante» el sindicato, y solicitarles el envío de una nueva procura. Sin embargo, la dilatada respuesta de los mandatarios oriolanos no fue, desde luego, la que con impaciencia esperaban. En lugar de hacerles llegar el documento requerido, les mandaron nuevas órdenes, de peliagudo cumplimiento: que multiplicasen sus diligencias ante el monarca y los doctores del Consejo a fin de que el sindicato que tenían en sus manos fuese finalmente aceptado.

Vilafranca se dedicó por completo a tan arduo trabajo durante cuatro meses (de abril a agosto), pero la respuesta a sus gestiones fue siempre la misma. De cualquier manera, su esfuerzo continuado sí conllevó ciertas ventajas. Además de suscitar la admiración del marqués de Lombay, el vicecanciller May o el secretario Urries -y convertirlos así en convencidos aliados de la causa-, sirvió para que Carlos I conociese los argumentos oriolanos, y se inclinase a adoptar una solución imparcial al conflicto, en el momento en que ello fuese posible¹⁴⁸.

Por su parte, la actitud de las autoridades de Orihuela no varió un ápice a lo largo de los meses. Hicieron caso omiso a las sucesivas peticiones de sus síndicos, esperando una mejor coyuntura para propiciar el inicio de las negociaciones¹⁴⁹. Quizá aguardaran a que el inquieto emperador se dirigiese hacia los territorios de la Corona de Aragón, o a que sus aliados en la corte les asegurasen mayores posibilidades de triunfo antes de que comenzase la vista del proceso.

Entretanto, el maestro Arrieta trató de conseguir que el emperador declarase la contumacia de la parte oriolana, y que diese la orden de comenzar el análisis de la causa quedando la oposición desierta. No obstante, encauzó sus gestiones de un modo incorrecto, ya que intentó convencer de la justicia cartaginense al doctor Guevara, y al vicecanciller May… Este último bloqueó por completo sus propósitos, y consiguió que el inicio de las vistas fuese aplazado hasta la firma del compromiso deseado por el rey¹⁵⁰.

Llegado el mes de octubre, Ginés de Vilafranca se encontraba muy cansado y con unas ganas tremendas de volver a su casa para descansar y olvidarse de las adversidades y desilusiones que día tras día iba acumulando. Sabía perfectamente que no habían de servir para nada sus repetidas peticiones a micer May de que admitiese la procura, pues el vicecanciller del Consejo de Aragón, pese a su evidente buena voluntad, no quería, ni podía, engañar al emperador dándola por válida. Además, las autoridades oriolanas llevaban bastante tiempo sin enviarle dinero y no hacía más que endeudarse.

En estas circunstancias tan lamentables, el 8 de octubre volvió a dirigirse por carta a sus representados. En el escrito, les pidió por enésima vez que le diesen permiso para regresar. Les reclamó 30 ducados para resarcir las aludidas deudas, y 60 libras que le debían de su salario. Les solicitó que le enviasen a un colaborador, ya que el canónigo Martínez tenía bastante trabajo al servicio de la condesa de Faro y del obispo de León, y no podía dedicarse de manera exclusiva a la empresa episcopal. Y tras acusarles sin ambages de ser los causantes de los retrasos, les suplicó que le mandasen la procura correcta. Por otra parte, también les dio dos informaciones interesantes: que la corte iba partir en poco más de una semana para Madrid, y que no le cabía la menor duda de que el monarca estaba predispuesto para hacer llegar a las partes a un acuerdo¹⁵¹.

Y no iba nada desencaminado Vilafranca. Dos días más tarde, el 10 de octubre, Carlos I decidió literalmente tomar cartas en el asunto, para acabar con las dilaciones. Consciente de que en breve habría de viajar a Flandes, donde el ambiente se había enrarecido y la población estaba inquieta a causa del incremento de los impuestos, optó por acelerar los trámites.

Con tal intención, esto es, lograr «la paz y quietud de los dichos pueblos y cabildos» de Orihuela y Murcia, y «escusarles gastos y enemistades», proveyó que en un plazo máximo de 20 días las autoridades civiles y eclesiásticas de la población del Bajo Segura hiciesen comparecer ante su real persona a su síndico con la procura facultada «para comprometer y dexar sueltamente» en su poder la resolución de tan controvertidas «differencias e questiones». Además, a fin de asegurarse de que, en esta ocasión, el sindicato le llegase sin ningún «deffecto», les despachó un decreto cuyo tenor prácticamente podían trasladar en aras a proceder a una correcta redacción del documento. Y expidió sendas cartas al capítulo del Salvador y al Consell de la ciudad. En ellas, les comunicaba a sus respectivos componentes que no quería «perder la oportunidad» de solventar el conflicto antes de salir de sus reinos hispanos. Remarcaba que les convenía «concertarse por nuestra mano las differencias y debates». Y les advertía que si no le obedecían, le darían «causa de indignacion», de lo que les podría resultar «danyo irreparable, a toda culpa vuestra», y que en tal caso, de cualquier forma, «sin falta» mandaría «hazer devida provision» sobre el asunto «como mas convenga al servicio de Dios y nuestro, [y] bien de la justicia»¹⁵².

A continuación, citó a Vilafranca para encomendarle su nueva misión. Y le hizo una oferta que sus representados difícilmente podrían rechazar. Intuyendo que los retrasos provocados por la parte oriolana eran causados «por la favor que toda Castilla» prestaba a los cartaginenses, y por la clara predisposición hacia éstos de los doctores que «avian de entender en el negotio», Carlos I le pidió que les dijese que él personalmente se hallaría «presente en todo», y que para equilibrar las influencias murcianas diputaría la supervisión de las comparecencias y las informaciones al señor de Granvelle¹⁵³.

El 16 de octubre, Ginés de Vilafranca recibió la documentación real de manos del notario público Matías de Pamplona, y poco después emprendió el viaje a la población del Bajo Segura. Se llevó consigo, además, una serie de cartas que los días anteriores habían escrito el marqués de Lombay, el doctor Soriano, el vicecanciller May y el secretario Urries para sus superiores. Podemos destacar en todas ellas dos notas comunes. Ex una, los cuatro personajes de la corte coincidieron en resaltar la gran diligencia del procurador. Y ex alia, les solicitaron el envío inmediato del sindicato reclamado por Su Majestad, ya que, como decía el doctor Soriano, el monarca deseaba «que los poderes sean bastantes, no por quitar claramente la justiçia a ninguna de las partes, pero por poder mejor arbitrar para utilidad de cada una dellas». May, por su parte, les manifestó su consternación por las dilaciones que habían causado; y trató de convencerles de que mandasen el poder asegurándoles que podían estar «bien seguros que aqui se mirara por su justicia tan bien y con tanta vigilancia como podrian dessear», y advirtiéndoles que en el caso de que desobedeciesen las indicaciones reales, el emperador proveería el asunto sin tener en cuenta las alegaciones de Martínez y Vilafranca. También Urries les pidió que se fiasen del monarca, y con grave insistencia les instó a aprovechar la magnífica ocasión que se les presentaba, pues en caso contrario -advertía-, «perderia essa ciudad lo que tiene ganado de la clemencia de Su Magestad y se echaria la barca a cuestas para siempre jamas, de que me pesaria en el alma». El secretario ponía especial énfasis en la bondad de la coyuntura: «La cosa sta en tal dispusiçion que puedo dezir que sta, senyores, en vuestra mano vuestra salud o condenaçion, y que si esta sazon se pierde nunca la vereys vengada». Y también en los riesgos que podía conllevar desaprovecharla; en tal caso afirmaba que «se perderia lo mucho que todos havemos trabajado en este negocio, que nunca lo vi en mejores terminos, ni mas cerca de perderse si se pierde esta occasion»¹⁵⁴.

Por consiguiente, todos los indicios apuntaban a que a las autoridades oriolanas les había llegado por fin el momento adecuado para expedir la procura y aguardar una resolución favorable por parte de Carlos I. Y en atención a tales presupuestos actuaron. Tras debatir la cuestión, tanto el Consell como el capítulo del Salvador coincidieron en aprobar la confección de la tan esperada procura, y nombraron síndicos a Ginés de Vilafranca y a Francisco Masquefa¹⁵⁵.

De inmediato y con toda presteza, Vilafranca y Masquefa tomaron rumbo hacia Madrid, donde por esas fechas ya debía estar asentada la corte. Aunque no conocemos con precisión cuándo se produjo su arribada a la villa del oso y el madroño, suponemos que entraron en ella hacia finales de septiembre o inicios de octubre. Una vez allí, dieron comienzo las negociaciones con la ansiada aprobación de las procuras. Después, los síndicos se comprometieron a jurar el acuerdo propuesto por el rey. El solemne acto tuvo lugar el 3 de noviembre siguiente. En él, teniendo en consideración que el emperador había actuado «movido con zelo de hazer bien y merced a las dichas partes, y usando en este negocio de benignidad», los procuradores nombraron a Su Majestad «juez arbitro», «arbitrador», «amigable componedor» y «juez de avenencia» de la lite, y le facultaron para que, con la asistencia de «personas de letras y consciencia», se informase de la justicia y derecho de las partes, y determinase y sentenciase la causa, dando fin a los citados «debates y differencias», «antes de su partida desta villa para Flandez». Y acto seguido, se comprometieron a aceptar su decisión como definitiva, y a no apelar contra ella ni ante Su Santidad, ni ante ningún otro juez competente. Hemos de señalar que el compromiso únicamente tenía validez si Carlos I se hallaba presente y participaba activamente en las vistas del caso. De cualquier otra manera, el juramento perdía su vigencia y los contendientes podían dar por finalizadas las negociaciones libre y unilateralmente¹⁵⁶.

Tras la firma del compromiso, los síndicos pronunciaron sus argumentaciones ante el monarca, Granvelle y los doctores comisionados para el estudio del expediente, y después pusieron «los proçessos e actes e memorials de la causa en poder de son sacre e supremo real Consell»; una serie de documentos preparados por el eminente doctor Soriano¹⁵⁷.

Sin embargo, la inminencia de su partida para los Países Bajos trastrocó los planes del emperador al respecto de la concordia murciano-oriolana. Viéndose sin tiempo material para poder hallar una solución equilibrada al conflicto, y considerando que su resolución era «necessaria para el bien de nuestros reynos y conservacion y exaltamiento de nuestra sancta fee catholica, desseando que tan buena obra es la que se espera de la pacificacion y concordia dentre las dichas yglessias y ciudades», decidió plantear a las partes una nueva alternativa. Así, el 10 de noviembre reunió a los procuradores y les propuso que continuaran las negociaciones en su ausencia, ante la supervisión de varios doctores de los Consejos de Castilla y Aragón, quienes, de común «acuerdo y parecer», se encargarían de señalarle el concierto más conforme a la equidad y a la justicia de ambas, a fin de que él, desde la distancia, promulgase un decreto para que tal acuerdo fuese puesto en vigor de modo inmediato e inexcusable. Con semejante intención les ofreció la posibilidad de firmar un convenio similar al que iba a expirar a causa de su «breu e subita partida», en virtud del cual se aviniesen a jurar aceptar como definitiva la sentencia de los diputados, y se comprometiesen a no interponer recurso alguno contra ella. Y como para que el plan pudiese hacerse efectivo, los procuradores de las partes necesitaban contar con poderes ajustados a los nuevos requerimientos, les asignó un plazo de 25 días para que fuesen a sus respectivas sedes, les solicitasen a sus representados la confección de las nuevas procuras facultativas, y retornasen a la corte. Y con el propósito de convencer a los bandos litigantes de su interés por poner fin a las diferencias, les escribió que pese a su lejanía, su voluntad era «entender muy bien el negocio y no declarar en el sino despues de bien informado y certifficado de los drechos y allegacion de cada una de las partes, aunque la tal declaracion se oviesse de hazer estando fuera de los nuestros reynos de Espanya»¹⁵⁸.

Diez días después, el 20 de noviembre, Carlos I inició el que sería un largo viaje terrestre hacia Flandes, dejando pendiente la resolución del Pleito del Obispado de Orihuela¹⁵⁹.

Aunque no conocemos a ciencia cierta los motivos, los procuradores oriolanos no abandonaron Madrid tras tener noticia del nuevo proyecto real. Como si imaginasen cuál iba a ser la respuesta de sus superiores a la propuesta, retrasaron su partida de la villa hasta unos días después de la marcha del emperador y su séquito -entre cuyos componentes se hallaba el señor de Granvelle-. El 24 de noviembre aún estaban en la población del Manzanares pues el doctor May les hizo entrega de una misiva para sus representados. En ella, se les mostraba optimista y por sus palabras parecía creer oportuno que prosiguiesen las negociaciones pues estaba «todo muy bien encaminado» y había hallado «en Su Magestad y estos senyores (los diputados) muy buena voluntad»¹⁶⁰.

Pese a las bienintencionadas recomendaciones del vicecanciller, las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela sopesaron pros y contras -en particular, la «potençia» de los murcianos-, y llegaron a la conclusión de que si volvían «otra ves a firmar el compromiso, quedaria la determinacion casi en poder» de sus adversarios. Por ello, tras valorar las repercusiones negativas que su decisión podía conllevar, al contrariar la voluntad del emperador, optaron finalmente por no arriesgarse y renunciar al juramento del nuevo convenio, «ab esperança que, plaent Deu, ab sa benaventurada venguda se efectuaria lo que la breu e inpensada partida havia escusat»¹⁶¹.

Y comenzaron la que sería una más que ajetreada espera del retorno de Carlos I nombrando a un nuevo síndico en la ciudad de Valencia, con la intención de que ayudase a Luch Joan Riudaura en las múltiples ocupaciones judiciales que éste tenía en defensa de los intereses de la ciudad. El 28 de diciembre le redactaron la procura para laboriosa tarea a un prometedor notario llamado Juan Savall, que venía muy recomendado por el doctor Filibert¹⁶².

Ya entrado el nuevo año, 1540, la víspera del día de Reyes los mandatarios le enviaron una sentida carta de agradecimiento a micer May, en la que reconocieron lo mucho que había «treballat ab Sa Magestat Çesarea en conservaçio de nostra justiçia», y le regalaron la vista escribiéndole una lisonja difícilmente mejorable: «tenint la protecçio de vostra espectable senyoria no temem la potençia de nostres adversaris»¹⁶³.

Y premiando la labor del eficiente Ginés de Vilafranca, en un acto sin muchos precedentes en la historia de los síndicos de la Iglesia y la ciudad de Orihuela, el 18 de enero las referidas autoridades aprobaron las cuentas de su embajada y dieron orden de que le fuesen resarcidas todas las deudas¹⁶⁴.

Mientras tanto, en Murcia, el cabildo de Cartagena volvía a pasar a la acción…

9. La polémica segunda designación de D. Luis de Soler como vicario general de Orihuela.

1540 ha pasado a la Historia de la ciudad de Orihuela como un año en el que sus habitantes sufrieron una severa carestía de trigo, el recrudecimiento de la amenaza berberisca, y un sinfín de roces con sus vecinos murcianos. No obstante, por encima de todos estos problemas de carácter civil, dos sucesos de índole religiosa fueron los que más conmovieron ese año a la opinión pública oriolana: la traición de D. Luis de Soler y el fallecimiento del obispo Mateo Lang.

165. Luis de Soler, obispo de Belén, era natural de la población del Bajo Segura y pertenecía a uno «dels principals llinatges de aquella»¹⁶⁵. En 1510 ya detentaba la sacristía del capítulo del Salvador, que era -recordemos- la segunda dignidad tras la pavordía, y participó en el acto de publicación de las bulas de Julio II. Ese mismo año, el 8 de noviembre, estando vacante la recién creada sede Oriolensis por la traslación de Martín Ferrández de Angulo al obispado de Córdoba, el capítulo del Salvador, haciendo uso de sus derechos y en virtud de diferentes sanciones canónicas, le nombró vicario general de Orihuela y su diócesis, un cargo que siempre anheló ejercer, y que quiso conservar a toda costa. Además, al mismo tiempo el referido colegio catedralicio le designó delegado de asuntos inquisitoriales, lo que le hizo enfrentarse en 1511 con el inquisidor del obispado de Cartagena, el licenciado Cristóbal de Ávila.

Unos años después, el 23 de noviembre de 1517 asistió como vicario general a la toma de posesión del obispado de Orihuela que el obispo Mateo Lang realizó por medio de Jerónimo de Carasso. Posteriormente, en mayo de 1518, su espíritu combativo volvió a resurgir cuando tuvo que hacer frente al intento murciano de ejecución del breve revocatorio de León X en la Catedral del Salvador, que terminó con la persecución y el vejatorio encarcelamiento de los representantes cartaginenses. Estas circunstancias llevaron a su inmediata destitución por parte del provisor de Cartagena; medida que fue confirmada por el secretario episcopal Maximiliano Transilvano el último de junio de ese mismo año 1518. El capítulo del Salvador reaccionó contra tal disposición y poco después consiguió que D. Alfonso de Aragón, metropolitano de Zaragoza y Valencia, confirmase su nombramiento como vicario general de Orihuela, ejecutando un breve pontificio. La necesidad de legitimar la provisión del vicariato llevó al capítulo a conseguir que el 19 de marzo del año siguiente, 1519, Transilvano nombrase nuevo vicario general de Orihuela a la tercera dignidad del Salvador, el chantre Jaime de Soler. Luis de Soler tuvo así que dejar el poder vicarial en poder de éste, y aunque se comprometió a respetar la nueva decisión episcopal, nunca renunció a recuperar el citado oficio.

En este sentido, el año siguiente, para asombro de sus paisanos, demostró su falta de escrúpulos y sus ansias de poder. Contra los intereses de su propia Iglesia en el Pleito del Obispado, se atrevió a pactar con el arcediano de Cartagena que permitiría la ejecución del breve revocatorio de León X a cambio de la recuperación del vicariato, y estuvo a punto de morir asesinado en el acto de publicación del rescripto apostólico. Descubierta la trama, tuvo que huir de la población del Bajo Segura, y además de serle prohibido el desempeño en ella de cualquier oficio o beneficio, fue desterrado de por vida. No se vino abajo por ello Soler, sino que optó por llevar el caso a Roma, consiguió el perdón pontificio, y pudo retornar a Orihuela y recuperar su dignidad de sacristán.

A partir de ese momento, su comportamiento varió de una manera casi radical. Volvió a dar muestras de valentía durante el Saco de Orihuela de 1521. Fue el cabecilla de los clérigos que se arriesgaron a recoger las hostias que los murcianos habían lanzado al suelo de la capilla del Corpus, y allí asistió al famoso milagro de la luminaria. Y además, encabezó el auto de disentimiento que el capítulo firmó contra la posesión forzada por el marqués de los Vélez. En 1525 participó en el envío de apelaciones a Roma en protesta por la aludida prestación de obediencia a la Iglesia cartaginense. Siete años más tarde, huyó de D. Luis Ferrer cuando trató de poner en vigor el breve revocatorio de Clemente VII y el ejecutorial de la emperatriz Isabel. Y tuvo que estar presente en el juramento prestado a los murcianos ante el comisario Çaydía. No obstante, a finales de julio de ese mismo año 1532, junto a Vicente Martí, tuvo el arrojo de oponerse a los mandatos reales y apostólicos ante el duque de Calabria, y ello le costó su detención y el encarcelamiento en Murcia, donde de nuevo estuvo muy cerca de perder la vida. Tras ser liberado, a lo largo de la década de los ’30, como cabeza visible del capítulo del Salvador, prestó su «consentiment, vot y parer» a las súplicas elevadas a Carlos I para que enviase la causa a Roma, así como a los requerimientos hechos al propio emperador para que diese conclusión al conflicto. Y sin miedo a posibles censuras, efectuó las protestas contra el ejercicio de los vicarios generales nombrados por el provisor cartaginense, los obispos de Tagaste y de Fez.

A pesar de ello, su fama de «persona escandalosa» también se acrecentó durante estos años ya que según contaban, entre otros acontecimientos que se podían «muy bien provar», «una vez, diziendose la misa mayor, estando el capellan con el sancto sacramento en las manos, antes de consumir, hizo entrar çiertos hombres en el choro a matar un canonigo», perturbando el transcurso del «offiçio divino»¹⁶⁶.

En Murcia, los miembros del capítulo de Cartagena seguían de cerca la trayectoria de D. Luis de Soler, pues sabían que en algún momento, de alguna forma, podía serles útil. Estaban al tanto de sus venturas y desventuras, y conocían que los factores rectores de su conducta, a lo largo de los años, habían sido el afán de protagonismo y el ansia de poder, por encima de otros valores como la fidelidad a sus principios, a su patria o a su Iglesia.

Y a principios de 1540 dieron con el modo de aprovecharse de su falta de escrúpulos para perjudicar los derechos oriolanos en el Pleito del Obispado. Pensaron en ofrecerle un regalo que difícilmente podía rechazar, pese a las trascendentales implicaciones que había de conllevar: la oportunidad de desempeñar de nuevo el oficio de vicario general de Orihuela; lo que tanto había anhelado desde su destitución en 1518. Podemos afirmar que la hábil maniobra murciana fue como una trampa en la partida de ajedrez del Pleito: coronaron dama a un peón del bando contrario, y lo convirtieron en el ejecutor de un nuevo intento de desprestigiar a sus vecinos de la Vega Baja del Segura ante el emperador y sus Consejos. Las autoridades eclesiásticas murcianas eran conscientes de que si Soler ponía en vigor el decreto de nombramiento, lograrían que «un capitular e fill de la terra» aceptase la autoridad cartaginense, lo que supondría un golpe cuasi definitivo a las aspiraciones segregacionistas. Y como, conociendo el carácter conflictivo del obispo de Belén y «la gana» que tenía de administrar, era más que probable que surgiesen incidentes, podrían aprovecharlos para acusar a los mandatarios oriolanos de rebelión contra los mandatos reales y apostólicos, como ya hicieron en anteriores ocasiones -recordemos los hechos de 1532-. El plan, en teoría, parecía perfecto, y por ello decidieron llevarlo a la práctica¹⁶⁷.

Así, mediado el mes de enero, el provisor cartaginense, D. Sebastián Clavijo, en nombre del cardenal Mateo, «com a bisbe de Carthagena», citó al obispo de Belén y le entregó una comisión encomendándole «la administraçio y exerçiçi pontifical en lo dit bisbat, en la dita Seu de Oriola, e llur diocessis», en sustitución del doctor Pedro de León.

Soler regresó a Orihuela y hacia el lunes 19 o el martes 20 de dicho primer mes trató de poner en ejecución el referido documento. Para ello, se reunió en la iglesia de las Santas Justa y Rufina con el justicia y los jurados de la ciudad y con sus compañeros del capítulo del Salvador, y les comunicó sus intenciones. Los mandatarios se asombraron de tales propósitos, y considerando el enorme perjuicio que les podía causar en sus derechos episcopales la aceptación del vicariato por el sacristán, le suplicaron «ab molt acatament» y «molt cortesment» que, «com a bon natural e capitular», se negase a admitir el oficio. Sin embargo de sus deseos de emprender la administración, el obispo de anillo les respondió que no podía hacer lo que le pedían porque ya había aceptado el nombramiento. Los mandatarios le insistieron, y «apres de moltes repliques» acordaron con la dignidad que retrasaría cautelarmente la toma de posesión del cargo «per tota aquella semana», y que durante esos días se entrevistaría con las autoridades cartaginenses con el fin de conseguir que, al menos, la provisión fuese despachada en nombre del obispo de Cartagena y Orihuela.

No hemos podido conocer si Soler llegó a hablar con Clavijo sobre esta cuestión. De cualquier manera, las conversaciones, si es que realmente las hubo, debieron ser completamente infructuosas, pues no tenemos noticia de que el provisor le expidiese al sacristán un segundo instrumento de nominación.

Unos días después, la tarde del viernes 23 de enero, los ediles, acompañados por «dos o tres cavallers», fueron a buscar a la «Seu» al obispo de Belén. Una vez lo localizaron, entablaron con él una fluida conversación que iniciaron repitiéndole que «per esser fill de la terra y segona dignitat en lo capitol, no feya lo que devia en acçeptar aquest ofiçi de administrador en aquesta çiutat», y volviendo a suplicarle que no admitiera la designación cartaginense. El sacristán les preguntó el fundamento de tales palabras. Los munícipes le respondieron que con su actitud podía causar perjuicios insalvables a los derechos oriolanos en el Pleito del Obispado, y él les contradijo replicando que no había de suponer daño alguno. Y esta polémica condujo a un nuevo acuerdo temporal. Tras comunicarle que se disponían a preparar la protesta que la Iglesia y la ciudad de Orihuela -como bien sabía- acostumbraban a interponer contra los administradores nombrados por el cabildo de Cartagena, el justicia, los jurados y los caballeros le manifestaron al provisto que estaban dispuestos a comprometerse a aceptar su nombramiento y a no impedirle ni perturbarle el ejercicio de su poder vicarial siempre y cuando consiguiese que varios jurisconsultos de la ciudad de Valencia coincidiesen en afirmar que su nominación no constituía ningún detrimento legal para las aspiraciones secesionistas oriolanas. Soler aceptó tal condición y les aseguró que «no proçehiria avant fins ques hagues parer de Valençia».

Los representantes civiles de Orihuela salieron satisfechos de la entrevista, pues pensaban que los juristas valencianos jamás podrían negar que la aceptación del cargo por el obispo de Belén supusiese evidentes perjuicios para las reivindicaciones episcopales. De la Catedral del Salvador se dirigieron a la casa del abogado de la ciudad, micer Jaime Terrés, y le pidieron con relativa urgencia que redactase la supracitada protesta.

Soler, por su parte, escribió a Valencia con la intención de conseguir el dictamen favorable de los jurisprudentes. Y por la noche debió dudar de la posibilidad de obtenerlo porque la mañana del día siguiente, sábado 24, olvidándose del pacto con las autoridades civiles, convocó al capítulo del Salvador con la invariable intención de ejecutar la comisión y así «conplaure als murçians» de una vez por todas.

Una vez escucharon cuál era la voluntad del sacristán, los capitulares, que conocían lo que había prometido a los oficiales municipales, le dijeron que «estaven maravellats de la innovaçio que feya sens darne raho als dits justiçia e jurats». Y a continuación, tras manifestar claramente que no querían impedirle ni perturbarle acto alguno, se limitaron a suplicarle «molt affectadament» que tuviese presente que «era fill de la terar e capitular», que no les perjudicase «en sos drets e justiçia» y, en fin, que no ejecutase el nombramiento.

El sacristán hizo oídos sordos a todos los ruegos, le entregó el instrumento al notario Aparicio Martínez, que iba con él, y le dijo que recibiese auto de la presentación de la provisión al capítulo. Ante la inminencia de tan importante acontecimiento, los canónigos le pidieron a Soler que aguardara hasta que se personase el notario del capítulo, Francisco Olzina, a fin de que también diese constancia escrita de la notificación. Pero el obispo de Belén, sin hacer caso al requerimiento de sus compañeros, volvió a demandarle al notario Martínez «una e moltes vegades», que diese fe escrita de la presentación. Los capitulares le comunicaron que para que la notificación pudiese tener validez había de realizarse, al menos, ante dos testigos. Atendiendo a tal indicación, Soler le mandó a Martínez que llamase a un par de los clérigos que estaban en el coro. El notario salió de la sala capitular y al rato entró con dos capellanes: Pedro Santander y Pedro Dasso. Entonces, viendo que el sacristán se disponía, pese a todo, a ejecutar la provisión, antes de que Martínez pudiese siquiera abrirla, todos los demás miembros del capítulo salieron rápidamente de la mencionada sala. Perplejo, Soler comenzó a gritarles, y algunos de los canónigos se volvieron para decirle que antes de admitir la presentación, habrían de deliberar capitularmente. Después, hallándose ya sumamente irritado, el obispo de Belén se enfrentó fuera de la Catedral con el canónigo Jaime Gómez, con quien cruzó «certes rahons» porque -según la versión oriolana- éste le dijo que «no feya lo que devia com a fill de la terra y capitular». Y tras este desagradable incidente, decidió volverse a su casa.

Por su parte, dos de los canónigos del Salvador fueron a avisar al justicia y a los jurados de lo que había sucedido, mientras que el resto optó por volver a la Catedral para celebrar los oficios divinos. Los ediles, asombrados por la relación de los canónigos, se dirigieron a la casa de Jaime Terrés con la intención de acuciarle para que ultimase la confección de la protesta cuanto antes. El diligente abogado los recibió con «lo protest» en las manos, por lo que creyeron conveniente proceder a la presentación del instrumento sin más demoras. Por ello, sin querer perder tiempo ni en nombrar a un síndico, los munícipes, acompañados por el abogado Terrés, el escribano Francisco Vilanova y «tres o quatre cavallers», «ab son verguer davant» -tal como acostumbraban en actos oficiales-, se dirigieron a la «Seu», donde pensaban hallar a D. Luis de Soler.

Allí, por contra, se encontraron con los demás canónigos del Salvador, que estaban participando en los «offiçis divinals», y tuvieron que esperar a que éstos finalizaran para mostrarles la protesta -que había sido redactada «en nom de la dita çiutat e capitol»- y proceder a su aprobación. Una vez acabaron los actos litúrgicos, el notario Vilanova leyó públicamente el instrumento y tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas le dieron su aquiescencia sin poner ninguna objeción. Y como el capítulo tampoco quería retrasar la presentación nombrando a un procurador, todos juntos -el justicia, los jurados, el abogado, el escribano, el vergueta, los canónigos y los caballeros principales-, «ab la maça davant», marcharon en dirección hacia la casa del sacristán. De camino se les unieron diversas personas, que tenían curiosidad por saber qué había pasado y adónde iba tan solemne comitiva.

Al ver de lejos al grupo, D. Luis de Soler buscó refugio en la «naya» de su estudio. Cuando la delegación llegó a su casa y preguntó por él, el teatrero obispo de Belén se dejó ver por una ventana del altillo. Los mandatarios le explicaron que querían «fer çerts actes ab ell», y le pidieron que bajase. Y para que no los hiciesen, se excusó diciendo «que no estava segur». Las autoridades le replicaron que allí estaban el justicia en lo criminal, su lugarteniente y los jurados de la ciudad, y que podía personarse sin miedo a que le hiciesen daño alguno. Pese a ello, el sacristán perseveró en su negativa, y entonces intervinieron D. Luis y D. Enrique de Rocafull y Pedro Ferrández de Mesa. Los caballeros le ofrecieron garantías suficientes, y Soler bajó, por fin, de la «naya» y compareció ante la comitiva. Entonces, «sens escandol ni avolot algu, y ab aquell acatament e reverençia que feren si fora lo mateix bisbe de Carthagena», los mandatarios le informaron que iban a presentarle la protesta. Tras esta comunicación, Francisco Vilanova dio pública lectura a la protesta y, acto seguido, recibió auto de la notificación.

En «lo protest», las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad e Iglesia de Orihuela le recordaron diferentes aspectos relacionados con el Pleito del Obispado, puesto que su provisión le afectaba muy directamente.

En primer lugar, le rememoraron que los murcianos, «moguts de gran enveja e odis capitals», fueron los que suscitaron la lite tras la erección de la iglesia del Salvador en Catedral y la creación del obispado por Julio II, y que desde entonces, a causa del conflicto, había habido «molts e innumerables gasts e despeses e morts e perdues de persones». Y le comentaron que en aquellos momentos la cuestión estaba en un punto de inflexión, a la espera del retorno del emperador, quien se había comprometido a poner fin a las diferencias.

Después, le explicaron que su nombramiento iba «en total derogaçio» de la creación del Obispado, y del litigio pendiente, por diversos motivos:

+Porque estando la lite sin determinar, «de jure nihil potest innovari», esto es, no podía adoptarse lícitamente ninguna medida que pudiese suponer alguna modificación de las condiciones en que estaba la causa.

+Porque en atención a su dignidad episcopal (era, como sabemos, obispo de anillo, de Belén) estaba obligado a favorecer a las iglesias catedrales, y a impedir que fuesen privadas de sus derechos y privilegios.

+Porque por el juramento que prestó el día que tomó posesión de la dignidad de sacristán del Salvador se comprometió a favorecer al capítulo y a no perjudicarlo en sus «honors, dignitats e preminençies»; máxime cuando siempre había defendido con su «vot, parer e consentiment» los derechos oriolanos en la lite.

+Porque estaba actuando en contra de la «lley e natural raho que es pugnar per la patria».

Por ello, «ab aquella major instancia», le suplicaron y requirieron que, pese a que podía hacerlo «per alguna subtilitat de dret», cesase «de exerçir los actes pontificals del dit Reverendissim Senyor Don Matheu». Y le pidieron que si quería ejercer el encomendado oficio en la iglesia y diócesis de Orihuela, lo hiciese por orden del citado Mateo Lang, «com a bisbe que es de Oriola», «e no en altra manera».

Y en el caso de que persistiera en su propósito de ejercer la comisión episcopal del provisor cartaginense, «lo que creure nos pot» -decían, teniendo en cuenta únicamente su trayectoria más reciente (el encarcelamiento de 1532 o su participación activa en los últimos años)-, le hicieron manifiesta su protesta y disentimiento, puntualizando que ello no significaba que le fuesen a impedir o a perturbar en el referido ejercicio pontifical, no porque no lo deseasen, sino «per no offendre força la mente de Sa Magestat e per vostra dignitat episcopal». Y, por último, le advirtieron que si finalmente se decidía a poner en vigor la provisión, elevarían sus quejas y su «clamor» al sumo pontífice y al emperador¹⁶⁸.

Una vez acabó Vilanova su participación, D. Luis de Soler les contestó a las autoridades oriolanas que no quería hacer acto alguno «per lo exces que ses fet en sa persona en la dita esglesia per los senyors de capitol e, senyaladament, per lo canonge Gomes, que li dix quel llançassen al riu ab un pedral al coll».

Entonces, los capitulares intervinieron para declarar que no se había cometido exceso alguno contra el sacristán, y que éste había contestado de tal guisa para no responder a la protesta realizada por el citado capítulo y la ciudad de Orihuela.

Y tras esta intervención, el acto se dio por concluido «molt paçificament», «sens altre innovaçio, ni tumult, ni escandol». Soler se quedó en su casa, y las autoridades se retiraron a un lugar más recogido -probablemente la iglesia del Salvador- con la intención de elegir a dos síndicos que las representasen en la cuestión con el obispo de Belén. Tras un breve debate, fueron nombrados procuradores el acusado canónigo Jaime Gómez y el jurado Juan Miró. Éstos iniciaron su labor yendo a interrogar al notario Aparicio Martínez, para saber si había recibido autos de la presentación de la comisión que el sacristán pretendía que había hecho ese mismo día al capítulo del Salvador. El notario les contestó que, efectivamente, D. Luis de Soler había dado por presentada la provisión, por lo que los síndicos le requirieron que les diese una copia del citado auto, y que no librase más copias de dicho instrumento hasta que la corporación municipal y el capítulo del Salvador le diesen su respuesta a la ínclita dignidad. Martínez no puso reparos a ninguna de las dos peticiones y les entregó amable o despreocupadamente una copia del requerido documento¹⁶⁹.

Las consecuencias de la traición del obispo de Belén no se hicieron esperar. El día siguiente, domingo 25, al amanecer, aparecieron por diversos lugares de la ciudad, entre ellos la casa del sacristán, ocho o nueve carteles intimidatorios contra éste¹⁷⁰.

Mientras esto sucedía en la ciudad del Bajo Segura, en la del Turia, las gestiones ordenadas por Soler ante los doctores Rubio y Grau dieron sus frutos. Ambos jurisconsultos llegaron a la conclusión de que el ejercicio de la comisión del sacristán del Salvador no sólo no suponía ningún perjuicio para el Pleito del Obispado, sino que, además, había de constituir un motivo de halago para la Iglesia oriolana, pues iba a ser regida por un obispo. Y así se lo comunicaron a Soler, quien debió recibir el «consell» el lunes 26 de enero.

El día siguiente, de buena mañana, el obispo de Belén decidió hacer uso del referido documento para tratar de fortalecer su posición al frente de la Iglesia oriolana. Con tal intención hizo comparecer ante su persona a los jurados Juan Miró y Andrés Manresa, al joven Jaime Martí -que había participado en algunas embajadas relacionadas con el Pleito-, al prior del monasterio del Socorro y al comendador del de la Merced, y les mostró el parecer de los jurisconsultos¹⁷¹. Éstos comprobaron, asombrados, cómo los doctores Grau y Rubio habían dado su parecer en favor del sacristán, y fueron a toda prisa a avisar de ello a los mandatarios civiles y eclesiásticos de la ciudad.

Incrédulos, ese mismo día 27 el justicia y los jurados decidieron escribir a Valencia, a Lope Ferrández de Mesa, que se hallaba coyunturalmente en dicha ciudad, para que platicase con los referidos doctores, les convenciese de su error y lograse que volviesen a escribirle a Soler reconociendo los perjuicios que podía acarrear su actitud de cara a los derechos oriolanos en la causa episcopal. Además, le pidieron que le comentase la cuestión al duque de Calabria, para que en el más que probable caso de que los murcianos le hiciesen llegar sus quejas, estuviese al tanto de lo que había sucedido realmente y no tomase medidas contra Orihuela. Y, por último, en previsión de que Soler hiciese llegar su descontento a la Santa Sede, le rogaron que visitase al duque de Gandía, cuyo hijo acababa de conseguir el capelo cardenalicio y podía constituir un buen apoyo en la Curia romana¹⁷².

Tras enviar esta misiva a Valencia con la intención de ganar posiciones ante el virrey y el pontífice, el 29 de enero las autoridades oriolanas decidieron escribir a la corte para evitar que los murcianos pudiesen perjudicarles ante los Consejos y ante el propio Carlos I. Así, a principios de febrero le mandaron un pliego de cartas al doctor Jerónimo Soriano, quien, por su diligente colaboración con los síndicos Martínez, Vilafranca y Masquefa en la última embajada al emperador, había sido designado abogado del capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela en la citada corte. El paquete incluía dos instrumentos de instrucciones que habían de regir sus representaciones al Consejo de Aragón, confeccionados por el justicia y los jurados, uno, y el otro por el canónigo Martínez, que debía tener cierto ascendiente sobre el jurista. La protesta presentada el 24 de enero al obispo de Belén. Una serie de cartas que había de repartir entre sus destinatarios (el secretario Urries, el vicecanciller May, el doctor Costa). Y un par de escritos que tenía que remitir a Flandes, a manos de D. Jerónimo de Urries y del señor de Granvelle.

Por toda esta documentación podemos conocer cuáles eran los objetivos que perseguían las autoridades oriolanas¹⁷³.

En primer lugar, deseaban disculparse por haberse negado a firmar el segundo compromiso. Explicaban que por «lo reçel» que tenían «del favor de Castilla» habían decidido esperar la «benaventurada venguda» del emperador, para que fuese Su Majestad personalmente quien pusiese fin al Pleito del Obispado.

Y en segundo lugar, evitar que los murcianos les perjudicasen declarando que le habían impedido el ejercicio pontifical a D. Luis de Soler. Para ello, compendiando el contenido de las cartas, diremos que pusieron en conocimiento de los aludidos señores que los cartaginenses habían «conduzido un nuestro natural, sacrista e segunda dignidad en nuestro capitulo, ques obispo de Betlem, a que tome la administraçion de los actos pontificales en esta çiudad y diocessi por el provisor de Cartagena». Les señalaron que Soler había sido los últimos años «el principal deffendedor» de la causa oriolana; que no había tenido ningún reparo en protestar contra la labor de los obispos de Tagaste y Fez, que le habían precedido en «la misma administraçion»; que podía ser conceptuado como una «persona escandalosa», ya que con anterioridad ya había dado «ocassion de conmover la ciudad» varias veces; y que, por tal motivo, temían que causase nuevos escándalos durante el tiempo que tuviese el poder vicarial. Les advirtieron que era posible que los murcianos tratasen de aprovechar el enfrentamiento que mantuvo con el canónigo Jaime Gómez para demandar al capítulo del Salvador ante el Consejo de Aragón argumentando que le había impedido a Soler el ejercicio de la labor pontifical, a fin de obtener «alguna regurosa provision» contra dicha institución. Les remarcaron que no le habían perturbado de ninguna manera la citada administración, y que únicamente le habían interpuesto una protesta, en defensa de los derechos episcopales oriolanos, recomendándole que renunciase al nombramiento. Y, por último, les suplicaron que antes de que el Consejo decretase alguna medida en detrimento de Orihuela, interviniesen para que el señalado organismo no diera «las horejas a sinistras informaciones» e impidiera que, estando ausente el emperador, se despachasen provisiones que pudiesen afectar a la decisión del Pleito. Y en el caso de que el Consejo sí quisiese mediar en el asunto, les rogaron que procurasen que los doctores les diesen, al menos, la oportunidad de exponer sus alegaciones y que emprendiesen una investigación in situ para comprobar la falta de veracidad de las acusaciones murcianas.

Y en este mismo sentido, a Jerónimo de Urries y al señor de Granvelle, les dieron similares explicaciones, les rogaron que les excusasen ante Su Majestad por no haber firmado el compromiso, y les suplicaron que no consintiesen ninguna acción de sus adversarios que les pudiese resultar perjudicial.

Algo más tranquilas debieron de quedarse las autoridades oriolanas tras poner en marcha las aludidas medidas preservativas. No obstante, como veremos a continuación, no tuvieron casi ninguna utilidad.

Por una parte, el intento de los ediles de contactar en Valencia con Lope Ferrández de Mesa fue vano ya que el referido ciudadano se marchó de la capital del Reino poco antes de que llegase su carta. Por consiguiente, ni el duque de Calabria llegó a tener noticia alguna de los hechos, ni el duque de Gandía pudo avisar a su hijo para que les ayudase en el hipotético caso de que el asunto fuese abocado a la justicia pontificia¹⁷⁴.

Y por otra, los murcianos se les adelantaron, ya que el último de enero o los primeros días de febrero hicieron ir a Madrid, con toda urgencia, al experimentado maestro Juan de Arrieta, con la doble idea de demandar ante el Consejo de Aragón a las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela por rebelión contra los mandatos reales y apostólicos; y de hacer llegar tal acusación al emperador.

Por ello, en aquellos momentos poco les iba a importar conocer que en la cercana Cartagena estuviesen tramando contra ellos. El 2 de febrero, las autoridades de dicha ciudad consideraron que había llegado la hora de reclamar la capitalidad de la sede episcopal, perdida -como expusimos- a finales del siglo XIII, y, por medio de un síndico llamado Tomás Ossete, solicitaron ayuda a las autoridades de la población de la Vega Baja del Segura, en particular, que buscasen en los archivos de la Catedral documentos que les pudiesen servir para sus reivindicaciones. Los ediles oriolanos recibieron con «goso y consolaçion, que por carta explicar no se puede» la nueva cartagenera. Y tres días después, el 5 de febrero, tras señalar «la muy antigua amistad y confederaçion que entre estas dos çiudades y sus moradores siempre ha huvido», les ofrecieron su apoyo incondicional, «como si la silla fuesse nuestra propia», para que prosiguiesen «tan justa y honrosa empresa». Y les animaron mostrándoles su parecer de que «todo el mundo» conocía «con quanto derecho» podían reclamar, así como «el provecho y honra» que lograrían «en aconseguillo». Es casi obvio señalar que por encima de toda esta palabrería, y de la solidaridad demostrada, los oficiales oriolanos ofrecieron a sus colegas cartageneros su ayuda porque los planes de la ciudad amiga, de tomar auge, podían suponer un nuevo frente de lucha para los murcianos, junto al Pleito del Obispado y a las continuas disputas con las Órdenes Militares¹⁷⁵.

Por aquellas fechas, las autoridades oriolanas conocieron dos noticias preocupantes. Ex una, que D. Luis de Soler había propalado un malévolo bulo, esto es, que había sido apedreado en Orihuela, mientras impartía el sacramento de la confirmación; lo que venía a significar que le habían perturbado violentamente el ejercicio de su poder vicarial. Y ex alia, que el duque de Calabria no tenía ninguna noticia de lo acontecido con el sacristán ya que justo el día que llegó a la ciudad del Turia la carta para Lope Ferrández de Mesa, éste acababa de marcharse de ella.

Dada la trascendencia de las novedades, los ediles oriolanos comenzaron a inquietarse al valorar la posibilidad de que los murcianos acudiesen al virrey con «sinistres informaçions» y lograsen que accediera a personarse en la ciudad del Bajo Segura para reprimir la supuesta rebelión, «segons feu lo any DXXXII, que per no res vengue yns causa moltes despeses». Por ello, el 7 de febrero, decidieron escribir de nuevo a Valencia, al notario Guillem Joan Pascual, con la intención de que pusiese al corriente de los últimos acontecimientos al citado lugarteniente general del Reino. En la misiva, le pidieron que, en primer lugar, le explicase al representante real por qué no habían querido firmar el segundo compromiso. A continuación, había de referirle el nombramiento de Soler, incidiendo en el hecho que su provisión les perjudicaba «molt mes que si altri vengues» por su doble condición de natural y capitular. Después, le tenía que relatar los sucesos acaecidos a raíz del intento de ejecución de la comisión expedida por el provisor de Cartagena. Tras ello, le debía comentar las falsas informaciones que se habían difundido sobre el aludido apedreamiento, precisando que eran mentira, sobre todo, porque el obispo de Belén jamás se había puesto a confirmar en la ciudad del Bajo Segura. Reafirmando tal comentario, le había de señalar que no querían perturbarle en el ejercicio de los actos pontificales, sino sólo protestarle en salvaguarda de sus derechos. Y, por último, Pascual le había de decir al duque que si quería conocer más detalles acerca de la cuestión, en lugar de hacer caso a las aseveraciones murcianas, abriese una investigación, con declaraciones de testigos; y que entretanto volvía Su Majestad a sus reinos de España, no promulgase innovación alguna¹⁷⁶.

Y mientras la atención oriolana se dirigía hacia Valencia, los sucesos realmente importantes estaban teniendo lugar en Madrid. Tras su llegada a la corte, y ante la ausencia del inquisidor general -el principal valedor de la causa cartaginense-, el maestro Arrieta contactó con el vicecanciller May, con la intención de ganar su apoyo para que facilitase sus gestiones ante el Consejo de Aragón. A tal efecto, le entregó sendas cartas firmadas por el cabildo de Cartagena y los oficiales municipales de Murcia. En ellas, las autoridades le explicaban que los oriolanos habían intimidado tanto al obispo de Belén para que no ejerciese su labor pontifical, que éste se había visto forzado a «salirse de la ciudad, temiendo no pusiessen las manos en su persona». Asimismo, le comentaban un hecho que le iba a costar creer -sobre todo, porque muy probablemente fuese falso-: que «cierta persona de los del Consejo de Aragon» -haciendo referencia al doctor Jerónimo Soriano- les había recomendado a los oriolanos «que hiziessen la dicha resistencia y movimiento porque por esta via harian mejor lo que cumple a su çiudad». Y, por último, apelando a los favores que en la década de los ’20 había prestado a la parte cartaginense, siendo embajador en Roma, le suplicaban que hiciese lo conveniente para que «tan gran delicto como los de Orihuela han commettido sea castigado con brevedad y esta iglesia y ciudad sea defendida y amparada en su antigua possession y justiçia»¹⁷⁷. Ambas misivas, el poder de convicción de Arrieta y los antecedentes de Orihuela hicieron dudar a micer May, por lo que decidió no oponerse de momento a los planteamientos cartaginenses.

Unos días después, el 12 de febrero, Juan de Arrieta compareció ante los doctores del Consejo de Aragón y con gran oficio les expuso «los scandalos y delictos y levantamientos» que los habitantes de la ciudad del Bajo Segura habían protagonizado porque el obispo de Belén, como «juez commissario del obispado de Cartagena», había tratado de «usar de los auctos pontificales y episcopales». A continuación, presentó como prueba fundamental una carta del propio Luis de Soler, en la que relataba lo sucedido. Contaba que «queriendo confirmar en la dicha çiudad, el justiçia y los jurados della, con algunos clerigos y otra mucha gente del pueblo, con grande alboroto y escandalo, fueron al dicho obispo e impidieronle el exerçitio dello, diziendo que lo echarian en el rio si lo hazia, ny en la dicha çiudad, ny en otro lugar de su comarca»; que le forzaron a hacer «un rocadero de la commission y poder que trahia del dicho Reverendissimo Cardenal, obispo de Cartagena»; que le profirieron «otras muchas injurias e palabras feas en opprobrio y offensa de la dignidad pontifical y desacato y vilipendio de los mandamientos de Su Magestad»; y que, por todo ello, temiendo por su vida, tuvo que salir de Orihuela. Acto seguido, presentó dos instrumentos de protesta de la ciudad de Murcia y del capítulo de Cartagena, firmados el 29 y el 31 de enero respectivamente, que coincidían en resaltar que la conducta de los habitantes de la población del Bajo Segura había constituido una «offensa y menosprecio de los mandamientos de Vuestra Alteza y de la dignidad pontifical», y que había causado un «gran perjuizio y danyo del derecho y possession de aquesta iglesia». Después, mostró uno de los infamadores carteles que aparecieron colocados en diversos lugares de la ciudad de Orihuela la mañana del 25 de enero. Y concluyó su intervención suplicando que fuesen castigados todos cuantos perpetraron las referidas «injurias y offensas» contra el vicario general de Orihuela, de modo que pudiese, por fin, ejercer su oficio pontifical libre y pacíficamente, en nombre del obispo de Cartagena¹⁷⁸.

El dictamen del Consejo fue rápido y contundente. El día siguiente, 13 de febrero, los doctores expidieron una «provissio rigurosa» en la que le rogaban al duque de Calabria que se encargase personalmente de la represión de los rebeldes¹⁷⁹.

Entretanto, en Orihuela, las autoridades terminaron sin mucho éxito la búsqueda de documentación para sus colegas cartageneros. Y aunque no hallaron prácticamente nada que pudiera serles de interés, el mismo día 13 les redactaron un memorial con diferentes autos e instrumentos, y les escribieron una misiva en la que les pidieron que se sirviesen de su ayuda «como de sus mesmos çiudadanos», y les rogaron que les tuviesen al tanto de los progresos de las gestiones¹⁸⁰.

En la corte, Jerónimo Soriano estuvo durante estos días bastante ocupado. No sólo tuvo que hacer frente al bulo de que había recomendado a los oriolanos que se negasen a aceptar la autoridad vicarial del obispo de Belén, sino también al hecho de que pusieran en su boca afirmaciones descabelladas como la siguiente: «quantos mas escandalos y novedades oviere, mas neçesidad terna Su Magestad de proveer en lo del obispado y en la discordia de hesas dos çiudades». Finalmente, el crédito ganado a lo largo de tantos años de ejercicio de la abogacía pudo con las habladurías, y las calumnias no tuvieron mucho eco. Y teniendo en cuenta sabiamente que «la mentira no tiene fuerça», pese a las dudas generadas en torno a su capacidad, su moral y su ética, el doctor decidió quedarse en Madrid¹⁸¹.

Así, poco antes de que el Consejo de Aragón despachase la «provissio rigurosa» recibió el pliego enviado por las autoridades oriolanas el 29 de enero anterior. Dada la urgencia del caso, trató de distribuirlas con toda presteza entre sus destinatarios. No obstante, no pudo hacerlo hasta que terminó la sesión en la que se expidió la referida comisión al duque de Calabria. Entonces, el vicecanciller May, el doctor Costa y el secretario Urries¹⁸² pudieron leer que las informaciones murcianas eran falsas, que los oriolanos no se habían rebelado contra la autoridad del obispo de Cartagena, que sólo habían protestado en defensa de sus derechos episcopales. Pero, teniendo aún en mente la brillante actuación del maestro Arrieta, no llegaron a creer por completo la versión de las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura.

Aún así, no dudaron en ayudar ese mismo viernes 13 al doctor Soriano cuando éste recurrió contra la provisión despachada por el Consejo de Aragón en favor del bando cartaginense. Siguiendo las instrucciones de los mandatarios oriolanos y del canónigo Martínez, el abogado compareció ante el referido organismo, explicó cuanto había sucedido con el obispo de Belén, y presentó como prueba «el protesto». Ante las dudas suscitadas se suspendió cautelarmente la ejecución de la provisión «rigurosa», y algunos señores del Consejo de Castilla acordaron con el vicecanciller May y los doctores del de Aragón reunirse el día siguiente con Soriano y Arrieta, bajo la supervisión del comendador mayor de León -Cobos-. Y efectivamente, el sábado 14 de febrero se produjo tal reunión. Tanto el abogado como el teólogo presentaron sus respectivas alegaciones a los doctores May, Costa, Pastor, y Guevara, quien se encargó de apoyar las tesis murcianas. Tras procederse a la lectura de todos los documentos presentados por Soriano, los consejeros le reclamaron pruebas documentales a Arrieta, pero éste no pudo mostrar «actes de llur informaçio», por lo que optaron por anular definitivamente la primera provisión, y aceptando las súplicas del representante oriolano, despacharon una segunda comisión, dirigida igualmente al duque de Calabria, encargándole que ordenase una investigación in situ de los acontecimientos. Y a fin de que tuviese una base informativa de la cual partir, le enviaron, junto a la provisión, toda la documentación que había generado el caso¹⁸³.

Tras la consecución de tan provechoso logro, Soriano les pidió a May y a Urries sus respuestas a las cartas del 29 de enero.

Poco tiempo después, el martes 17, el vicecanciller le entregó su escrito. En él, amén de informar sobre la obtención de la segunda comisión al virrey, criticó a las autoridades oriolanas por el hecho de que hubiesen dado pie o permitido que se produjese un «desconcert» tan grande. Les mostró implícitamente que no tenía muy claro que las alegaciones oriolanas fuesen verídicas. Les indicó que, por encima de tan importante detalle, seguían siendo culpables para los que, como él, les deseaban «repos y honra». Utilizando un refrán aragonés -«despues del mal recaudo hecho no hay otro remedio sino ruego y pecho»-, les aconsejó que remediasen la situación cuanto antes y de un modo responsable, y que, además, se esforzasen por aplacar «el desdeny» que podría causar al emperador el hecho más que probable de que los murcianos informasen del asunto a Carlos I, pues ése era el «vertader cami de guanyar la voluntat de Sa Majestat». Y por último, pese a todas las circunstancias, se les ofreció como «un bon amich, en tot lo que bonament» pudiese servirles¹⁸⁴.

Por su parte, el aludido señor de Ayerve le entregó su misiva el día siguiente, 18 de febrero, junto con toda la documentación que el maestro Arrieta había presentado ante el Consejo de Aragón. Por el contenido de la carta podemos observar que al igual que May o los demás miembros del Consejo de Aragón, tampoco tenía una visión de los acontecimientos muy ajustada a la realidad. Según manifestaba, los conocía gracias a los escritos de las autoridades oriolanas y, sobre todo, «mas enteramente, por lo que la yglesia de Cartagena y ciudad de Murcia, y otras personas han scrito con grandes quexas y clamores, agravando el caso». Por tanto, había de estar más cerca de creer la versión murciana. De cualquier forma, como aliado de la causa de la ciudad del Bajo Segura, les indicó que intervino en la vista del asunto, y que «con acuerdo de los Consejos de Castilla y de Aragon», se había remitido al duque de Calabria. Y tras ofrecerles tan buena nueva, pasó a criticarles que hubiesen permitido que se produjese el incidente «en ausencia de Su Majestad destos Reynos», ya que en tales casos «el pecado venial se reputa por mortal». Y abundando en ello, les comentó que no podían haber hecho «cosa mas en favor y provecho» de sus adversarios, «y ayudando tan mal» a su parte. Y, finalmente, tras referirles que poco podían hacer en la corte «los que dessean vuestro remedio», les recomendó que «con sola obediencia» tratasen de «aplacar el animo de Su Magestad y de sus Consejos para que algun dia tengan voluntad de hazer algo en honra y beneficio dessa ciudad e yglesia»¹⁸⁵.

Tras recibir estas dos cartas de May y Urries, ese mismo día 18 de febrero el doctor Soriano les escribió a los mandatarios oriolanos su propio escrito. En él, les pidió perdón por «la prolixidad, porque la materia lo requiere». Y ciertamente tenía el abogado cosas que contarles a sus representados. En primer lugar, les informó que cuando recibió la documentación procedente de la población del Bajo Segura, hacía ya «cinco o seis dias que estava la mar muy alta por las cartas y quexas que avian venido de Murcia», y que el maestro Arrieta estaba a punto de conseguir la provisión punitiva argumentando que «huvo escandalo y alboroto con armas, y ynjurias e otras cosas graves y escandalosas». Les comunicó que tuvo que iniciar las diligencias justo tras la firma de dicha comisión; y que las gestiones culminaron poco después, de un modo favorable, con la expedición de un segundo despacho al virrey, éste de carácter pesquisidor.

Tras estos datos principales, pasó a comentarles la cuestión de las calumnias que había tenido que sufrir. Les refirió que le habían causado un profundísimo pesar, pues siempre se había jactado de dar «consejos de paz y de obediencia», «con mucho tiento y con mucho acatamiento». Les rogó que le enviasen copias auténticas de todas las cartas que les había mandado, con el fin de poder demostrar su «linpieza» y su «buena yntinçion» siempre que le fuese necesario. Y les suplicó que intentasen descubrir quién o quiénes habían sido sus difamadores.

Y en relación con el asunto del obispo de Belén y con el Pleito del Obispado, en general, les hizo algunas censuras al tiempo que les ofreció un buen compendio de recomendaciones.

En el orden de las críticas, les expuso que le parecía «muy mal» que «en absençia de Su Magestad», y estando en la coyuntura en que se hallaba la causa episcopal, se diese «ninguna ocasion a escandalos y novedades». Y les censuró que le hubiesen remitido un asunto tan importante, en lugar de enviar «mensajeros propios y gente honrrada», pues siendo los adversarios «mayores y mas poderosos, tanto a de ser mayor el seso y la tenplança». Y en relación con el Pleito, les indicó que le parecía «mucho desacato» que no hubiesen vuelto a mandar a sus síndicos para firmar el segundo compromiso de concordia con los cartaginenses, sobre todo, cuando «qualquier cossa que aca se tratase y examinase, avia de ser remitida a Su Magestad», y el emperador había prometido proveer la lite «de su real mano y con acuerdo de musiur de Granvela». E insistiendo en esta cuestión, les refirió que sabía a ciencia cierta que Cobos deseaba «mas la paz y la justiçia que nadie», y que May y los demás doctores del Consejo de Aragón no permitirían que les fuese causado ningún agravio. Y, por último, les dijo que «dexar correr el tienpo sin dar razon ninguna» era «grave cosa», que no hacían lo que debían, y que habían de cambiar de conducta.

Junto a estas críticas, Soriano les envió también una serie de recomendaciones. En relación con el delicado asunto del obispo de Belén, el abogado pensaba que hasta que el rey decretase la solución definitiva del Pleito del Obispado, habían de aceptar la autoridad del cabildo cartaginense, por lo que su oposición al ejercicio pontifical del sacristán del Salvador suponía «claramente desacatar y desobedecer y despojar como a respecto de Su Magestad y de la paz y sosiego de sus Reynos en su absençia», lo que era aún peor. Por ello, les dio diversos consejos:

+Que «mirasen en no menospreçiar las excomuniones y çensuras del provisor de Murcia, ni ynovar cosa alguna contra la obediençia de su prelado».

+Que tuviesen «muy gran tenplança y cortesia en el tratar, resçibir y onrrar al obispo, y en prender y castigar a los alborotadores y ynjuriadores, y en hazerle llana su residençia y administraçion para que hiziese sus actos pontificales y juridiçionales conforme a derecho».

+Que «abastava con un procurador de la çiudad y otro del cabildo, o uno por todos [para] hazerle qualquier requirimiento, protestaçion o apelaçion que quisiessen».

Y una recomendación principal: «que se armen con la verdad; y si ay culpa, hagan la enmienda y se paçifiquen con sus contrarios, y que no sea peor la ostinaçion que el eçeso; y si no tienen culpa, que enbien persona o personas que ynformen de la verdad y hagan viçiosa la relaçion de sus contrarios, y procuren ganar credito, que le pierden mucho con estas novedades, y quescrivan y probean luego para Su Magestad porque yo [soy] fiador que de aca no se dexe de escrivir, y que no den cabsa a que se diga que de esa çiudad començo ningun bulliçio ni alteraçion que es muy mal renonbre».

Y respecto al propio Pleito del Obispado, les aconsejó que, dadas las circunstancias explicadas, enviasen los poderes arreglados para firmar el compromiso propuesto por Carlos I, a fin de que pudiesen ser solucionadas las discordias de un modo inminente.

Y se despidió diciéndoles que si demostraban la falsedad de las acusaciones, conseguirían desprestigiar a los murcianos, que de «una mosca hazen un elefante», y que se alegraría «ynfinito que vuestras merçedes y todos estuviesen syn culpa»¹⁸⁶.

Soriano formó un pliego con su escrito, las misivas de May y Urries, y la documentación presentada por los murcianos ante el Consejo de Aragón -a excepción de la carta de Soler-, y lo remitió a Orihuela.

Mientras su portador iba de camino, hacia el 18 o el 19 de febrero arribó a la ciudad del Bajo Segura otro correo que había partido de la corte poco después de hacerse pública la expedición de la primera provisión para el duque de Calabria. Nada más llegar, buscó a las autoridades civiles y eclesiásticas y les comunicó la desastrosa noticia. Éstas reaccionaron de inmediato y, teniendo de nuevo presente la intervención de 1532, pensaron que la mejor manera de refrenar al virrey era mostrarle una información de testigos presenciales que diese fe de la falsedad de las acusaciones murcianas. Por ello, le solicitaron al gobernador Maza que supervisase su recepción.

Una vez la tuvieron en sus manos, lo cual debió producirse el 20 de febrero, decidieron escribir a D. Pedro de Rocafull -uno de los principales caballeros de la ciudad-, que se hallaba en Valencia, a fin de que compareciese con el síndico Guillem Joan Pascual ante el lugarteniente general del Reino. Junto con el conveniente instrumento de instrucciones, le enviaron la protesta presentada a Soler el 24 de enero, el compendio de testimonios, y cartas credenciales para los doctores Ros y Ubach, de la Real Audiencia, y para el propio duque de Calabria¹⁸⁷.

Siguiendo las indicaciones de los mandatarios oriolanos y los consejos que habían de pedir al doctor Filibert, en su comparecencia ante el virrey, Rocafull y Pascual debían desmentir los rumores propalados por los murcianos de que en la ciudad del Bajo Segura habían querido matar al obispo de Belén, tirándolo al río o a pedradas, al tratar de ejercer la administración pontifical. Habían de presentarle todas las pruebas que la parte oriolana tenía disponibles para demostrar que únicamente le habían protestado, en defensa y conservación de sus derechos episcopales, «segons se feya en temps dels bisbes de Tagaste y de Fez», y que de ninguna manera le habían impedido ni perturbado en el uso de su comisión cartaginense. Además, le habían de indicar que no había comenzado a ejercer dicho oficio por ¡puros remordimientos!, esto es, «perque li paria que no feya lo que devia, per esser fill de la terra y segona dignitat en lo capitol». Previendo que pudiesen acusar al capítulo del Salvador o a la ciudad por el encontronazo que tuvo el sacristán con el canónigo Gómez, le habían de comentar que «si ell, en la sglesia, ses barallat ab algun capella, no es ara de nou, que coses son que passan entre persones religioses, e que de aço no sen ha de dar culpa a la çiutat ni capitol». Y, por último, le tenían que suplicar que no iniciase ninguna acción que pudiese afectar al estado del Pleito hasta «la benaventurada venguda de Sa Magestat», o, al menos, que no ejecutase la provisión punitiva sin escuchar las alegaciones oriolanas ni disponer previamente de plena información acerca del caso¹⁸⁸.

Pocos días después, Rocafull y Pascual comparecieron ante el máximo representante real en el Reino de Valencia y le presentaron las alegaciones y las súplicas oriolanas. Y tras escucharlas, el duque quedó a la espera de la llegada de la comisión para desplazarse a Orihuela.

Mientras tanto, los murcianos, conocedores de la expedición de la segunda provisión, trataron de conseguir que D. Fernando de Aragón ejecutase la primera, pero todos sus esforzados intentos fueron vanos ya que el duque no llegó a recibirla¹⁸⁹.

Hacia el 25 o el 26 de febrero llegó a Orihuela el último pliego enviado desde la corte por el doctor Soriano. Por las cartas que contenía, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura pudieron conocer realmente aliviadas que las gestiones del abogado, gracias a la ayuda del secretario Urries y del vicecanciller May, entre otros, habían servido para que con el visto bueno de Francisco de los Cobos, los Consejos de Castilla y Aragón acordaran la expedición de una segunda comisión, de carácter informativo, para el duque de Calabria.

Animados por esta noticia, decidieron enviar a la corte un nuevo paquete postal, con diferentes misivas, adjuntando varias copias de la información de testigos recopilada algunos días atrás. Tras tomar esta decisión, los días 26 y 28 de febrero se dedicaron a redactar los diferentes escritos, siendo sus destinatarios Miguel May, Hugo de Urries, Francisco de los Cobos y el inquisidor mayor -en la corte-, y Jerónimo de Urries, el duque de Alba, el señor de Granvelle y el propio Carlos I -en Flandes-.

Era la primera vez que se dirigían al emperador desde su salida de los reinos hispanos. Por ello, en primer lugar, se «excusaron» por no haber querido firmar el segundo compromiso concordatario; y lo hicieron de una manera poco acertada. Le refirieron al rey que puesto que había manifestado en repetidas ocasiones que su «mente imperial» era sentenciar la causa episcopal «per ses sacres mans», no quisieron volver a firmar el compromiso hasta que retornase a sus reinos hispanos. Con dicha aseveración, además de desobedecer las indicaciones del monarca, ponían en duda sus palabras, ya que les había asegurado que, a pesar de su ausencia, la comisión encargada del estudio de la lite le enviaría su dictamen, y él, dondequiera que estuviese, se encargaría de decidir personalmente la sentencia.

Tras este poco acertado inicio, la carta proseguía con una narración sumaria de los acontecimientos relacionados con el nombramiento del obispo de Belén como vicario general de Orihuela por el provisor de Cartagena. Las autoridades de la población del Bajo Segura debieron suponer que el emperador ya tenía conocimiento de la versión oriolana, por relación del señor de Granvelle o de D. Jerónimo de Urries, y obviaron los detalles para remarcar que tras la notificación de la provisión por el sacristán Soler le presentaron una protesta para proteger sus derechos episcopales, de la misma manera que hicieron los años anteriores ante otros dos obispos de anillo que tuvieron la misma administración, los de Tagaste y Fez; y que poco después, «usant de lo acostumat», esto es, propalando informaciones «contra tota veritat», los murcianos habían declarado ante el Consejo de Aragón que el capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela le habían impedido al referido vicario su ejercicio pontifical. Le comentaron que para que pudiese comprobar que se trataba de un bulo, le enviaban la «informaçio de testimonis» que acababa de recibir días atrás el gobernador Maza. Y, por último, le pidieron que no creyese «les sinistres informaçions» y que no decretase ninguna nueva orden hasta su vuelta a los reinos de España; y en el caso de que desease intervenir en el asunto, le rogaron que no proveyese mandato alguno contra ellos «sens primerament haver veridica informaçio del cas», pues estaban convencidos de que tras una investigación quedaría constancia «de nostra ignoçençia e de la calumnia de nostres adversaris»¹⁹⁰.

Las cartas escritas al señor de Granvelle, al duque de Alba y a D. Jerónimo de Urries estaban enfocadas de acuerdo con las súplicas elevadas al emperador.

Al borgoñón le pidieron que trabajase para que Carlos I no diese «credito a las palabras» de los adversarios, especificándole que utilizase para ello el compendio de relaciones «de personas no sospechosas» que le remitían, porque, según manifestaban, estaban seguros de que así saldría a la luz «la verdad porque sean castigados los que con mentiras offenden las horejas de Su Magestad»¹⁹¹.

Al duque de Alba, por su parte, de modo similar, le indicaron que los murcianos habían querido «indignar la mente de Su Magestad» contra ellos quejándose ante el Consejo Real y ante el propio emperador de que en Orihuela habían querido matar al obispo de Belén por tratar de ejercer el poder pontifical en nombre del provisor de Cartagena, lo que, según su parecer, era «la mayor maldad del mundo». Y teniendo en consideración que siempre habían tenido al duque como a un «singular reffugio en todas las neçessidades», le suplicaron que interpusiese su influencia cabe Carlos I para que no creyese las palabras de los murcianos¹⁹².

Y a Urries le suplicaron que les hiciese la «senyalada merced» de entregarles las cartas y las informaciones al señor de Granvelle, al duque de Alba y al propio monarca¹⁹³.

Pasando a analizar las misivas que enviaron a la corte, como contenido genérico podemos destacar que se dedicaron a desmentir de nuevo las informaciones murcianas, y que anunciaron a los diferentes destinatarios el envío de la recepción de testimonios, a fin de que tuviesen datos fiables sobre el asunto hasta que les llegase la información de testigos que había de recopilar el duque de Calabria. Ahí se quedaban las misivas más oficiales, dirigidas al comendador de León y al inquisidor mayor. Las mandadas al vicecanciller May, al secretario Urries y al doctor Soriano eran algo más personales. A May, por ejemplo, le comentaron que gracias a las cartas que les enviaron a mediados de febrero habían visto la «gran maliçia» de los adversarios, y que estaban «espantats del gossar que han tengut de informar tan falsament a vostra senyoria y al Consell de Sa Magestat». A Urries, por su parte, tras hacerle mención de la «malignidad» y la «iniquidad» de los murcianos, le comunicaron que sus planes inmediatos radicaban en suplicarle al duque de Calabria que investigase el caso y castigase a los que habían levantado el falso testimonio; y le pidieron el favor de que hiciese llegar las otras cartas a Flandes. Y, por último, al abogado Soriano, le pidieron excusas por las acusaciones vertidas contra él por los murcianos, por defender a Orihuela: «estamos muy espantados de la calumnia y maldad de nuestros adversarios, y lo que mas nos pesa es ver que han querido calumniar a vuestra merced, lo que es la mayor maldad del mundo, que ni aqua ses dicho ni aun pensado, ni nos convenia dezillo». En plan adulador, le explicaron que pensaban que les había movido a difundir las injurias el hecho de «ver quan bien vuestra merced nos ha deffendido», y que con ello trataban de conseguir que «no aya quien nos deffienda». Le anunciaron el envío de trasuntos de todos sus escritos. Y le pidieron que repartiese las cartas entre sus destinatarios¹⁹⁴.

Una vez las autoridades oriolanas terminaron de redactar los escritos, el mismo 28 de febrero, se los entregaron al correo Juan Sans, y éste partió en dirección a Madrid¹⁹⁵.

Durante los días siguientes, los referidos mandatarios se enteraron de que el virrey acababa de recibir la provisión pesquisidora, y temiendo que su visita pudiese suscitar algún escándalo o ser causa de «alguna infamia» para la ciudad, le encargaron a Guillem Joan Pascual que le suplicara que enviase a algún comisionado a recibir la «veridica informaçio del cas», con la excusa de que así se evitaría «lo treball» del viaje. D. Fernando de Aragón desoyó las súplicas, y le anunció al síndico oriolano que en pocos días se personaría en la referida población del Bajo Segura para hacer efectiva la provisión¹⁹⁶.

Dicha contestación dio motivo a las referidas autoridades para preparar las instancias que habrían de presentarle al duque. Por ello, amén de redactar sendas súplicas, el 3 de marzo el capítulo del Salvador y los munícipes decidieron nombrar procuradores a los notarios Juan Portogués y Juan López de Tuesta, para que se ocupasen de hacerle llegar al lugarteniente general sus alegaciones y requerimientos¹⁹⁷.

Y poco tiempo después, hacia el 4, el 5 o el 6 de marzo -no podemos precisar más la fecha-, el virrey hizo su entrada en Orihuela. Y antes de comenzar la vista del caso, convocó a los murcianos para que acudiesen a su presencia, a presentar y argumentar sus acusaciones.

Mientras tanto, el 6 de marzo llegó el correo Juan Sans a Madrid, y le entregó el pliego que portaba al abogado Soriano. Éste, sumamente contento por haber recibido los traslados de sus escritos, distribuyó las cartas a sus destinatarios, entregándole además al secretario Urries las que había de remitir a Flandes. Después se reunió con este último, y ambos revisaron el contenido de la información de testigos recibida ante el gobernador ultra Sexonam, convenciéndose, por fin, de la inocencia de Orihuela. Sin perder el tiempo fueron a mostrársela al vicecanciller May y a los señores del Consejo de Aragón, y les hicieron ver que las reclamaciones murcianas habían sido falsas y ciertamente siniestras. Entonces los doctores del citado organismo les enseñaron el revelador instrumento al cardenal inquisidor mayor y a los miembros del Consejo de Castilla. No obstante, para no originar un conflicto con ellos, decidieron no variar la orden inicial y dejar que el duque de Calabria ejecutase la provisión pesquisidora con la intención de que su compendio de testimonios sirviese para confirmar que quienes habían de ser castigados eran los difusores de los infundios.

Satisfechos por los resultados de sus rápidas diligencias, tanto Urries como Soriano escribieron a las autoridades oriolanas sendos comunicados y el 10 de marzo los enviaron a la ciudad del Bajo Segura. En ellos, ambos señalaron la enorme utilidad que había tenido la información de testigos para convencer a los Consejos de la inocencia oriolana, así como el hecho de que el virrey del Reino de Valencia llegaría a la misma conclusión una vez pusiese en vigor su comisión. Y les ofrecieron una serie de recomendaciones. Ex una parte, el secretario, dando buena muestra de su propósito de proporcionarles «todo el bien y ayuda» que pudiese, aunque su oficio le obligase «a ser comun a las dos partes»…, les aconsejó que obtemperasen todos los mandatos del duque de Calabria, porque con ello se aplacaría «la indignacion que de lo passado se ha podido causar, para que veniendo Su Magestad no dexe de oiros y dar medio de paz y concordia entressa ciudad y Murcia y Cartagena». Y ex alia, el abogado les recomendó que se esforzasen «mucho en demostrar claramente la calunia de la otra parte y su descargo y ynocençia». Y de un modo más preciso, les advirtió que tratasen de probar que no hubo injurias ni alboroto contra el obispo de Belén, porque era crucial «asi para lo de la justicia del negocio principal, como para tener la benivolencia de Su Magestad, y no yncurrir en su ynclinaçion, porque en su ausençia ninguna ofensa se puede ygualar con cosa de bulliçio y de escandalo y desacacto»¹⁹⁸.

Volviendo la atención de nuevo a la ciudad del Bajo Segura, tras la llegada de los representantes murcianos, los procuradores Portogués y López de Tuesta le presentaron al doctor Bartolomé Luis Sarcola, ante la supervisión del virrey, dos suplicaciones, del capítulo del Salvador y de la universidad de habitantes de Orihuela.

En ellas, ambas instituciones le explicaron al duque de Calabria los motivos que las movieron a no firmar el compromiso ofrecido por el emperador. Hicieron una breve narración de los acontecimientos, poniendo especial énfasis en el significado que tenía en el contexto del Pleito del Obispado el nombramiento del obispo de Belén -natural de Orihuela y segunda dignidad del capítulo del Salvador- como administrador por el provisor del obispado de Cartagena, y los enormes perjuicios que conllevaba su aceptación del cargo y la ejecución de la comisión. Después, utilizando los documentos presentados al «Supremo e Real Consell» por el maestro Arrieta, resumieron la versión murciana de los sucesos, especificando que estaba fundada «en sinistres informaçions» y que no tenía otro sentido que «indignar la mente de Sa Magestat». Según ellos, las acusaciones murcianas radicaban en que «volent confermar lo dit sacriste, los desus dits supplicants, ab alguns capellans e molta gent del poble, ab gran avolot y escandol serien anats al dit bisbe, e dientli moltes llejes paraules e quel llançarien en lo riu si confermava, li haurien impedit la dita confirmaçio, y que lo dit bisbe, per temor que nol matasen, sen hauria exit de la ciutat». Y a continuación, le suplicaron que se dignase a recibir una «plena e sumaria informaçio», fundamentando tal solicitud en diversos motivos: «per a rellevar tota nota de infamia que a la dita ciutat e llurs singulars sels poria causar per sa venguda, e per a que plenament conste axi a Sa Çesarea Magestat e son sacre e supremo Consell, e a vostra excellencia, e a tots e a qualsevol altres a qui sia neçessari, del fet de la veritat e de la innoçençia e desculpa dels dits proposants». La información había de inquirir a los testigos presenciales sobre tres puntos:

1. Sobre si las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela le presentaron a D. Luis de Soler la protesta de la misma manera que se la habían realizado a los obispos de Tagaste y Fez, sus antecesores en el cargo, sin decirle «paraules algunes injurioses», únicamente «per conservaçio de sos drets e justiçia».
2. Sobre si dichos mandatarios le habían impedido o perturbado en el ejercicio de su comisión, ya que afirmaban que no lo habían podido hacer porque el sacristán «may ses posat a confermar», esto es, no había llegado a iniciar la labor pontifical.
3. Sobre si el obispo de Belén había tenido que salir de la ciudad, temiendo por su vida, puesto que las autoridades aseguraban que tras la presentación de la aludida protesta, «tostemps es estat en la present çiutat, en casa sua, anant com ans acostumava a la Seu e als monestirs de Sent Augusti, del Socors e altres parts segons hans acostumava».

Y, por último, le suplicaron que una vez hubiese terminado la recepción de los testimonios, informase «del fet de la veritat a Sa Magestat Çesarea e a son Sacre e Supremo Consell» y mandase que les diesen «hu e molts tresllats de dita informaçio» para que pudiesen «mostrar sa innoçençia e desculpa, e suplicar a Sa Magestat e Sacre Consell que aquells que ab sinistres e no verdaderes informaçions offenen les orelles de Sa Magestat Çesarea e treballen moure e indignar la mente de Sa Magestat contra sos subdits innoçents per a que subitament los mane destruir e anichilar, sien castigats»¹⁹⁹.

Una vez concluyó el acto de presentación y lectura de las súplicas oriolanas, el duque de Calabria les cedió el turno de alegaciones y ruegos a los representantes de la Iglesia de Cartagena y la ciudad de Murcia, pero éstos, «coneixent la gran calumnia de sa clamor», y viendo «que con razon y justiçia, ninguna informaçion podian dar», dejaron de proseguir la causa, y se volvieron para la ciudad vecina y rival. Entonces, hallándose a solas con los representantes de Orihuela, D. Fernando de Aragón reconoció la «innoçençia e fidelitat de dita çiutat e llurs singulars», y para «major cautela», pese a no haber «accusador ni culpados», le dio a un notario llamado Armengol la orden de que comenzase la recepción de los testimonios²⁰⁰.

Durante el proceso, a suplicación de los señalados síndicos oriolanos excluyó de los interrogatorios las siguientes personas por considerarlas sospechosas: el presbítero Torres, y su hermano Juan Torres -por ser familiares de D. Luis de Soler-; el presbítero Pedro Santander -subsacristán y criado, asimismo, del obispo de Belén-; Juan Segarra, el notario Jaime Segarra, el picapedrero Zaragoza y el zapatero Martín López -por ser comensales, criados y familiares del referido sacristán del Salvador; y el ínclito notario Aparicio Martínez -por ser procurador y criado de los murcianos-²⁰¹.

Y tras concluir el instrumento testimonial, sin que se hubiese producido escándalo ni alboroto alguno, la población de Orihuela despidió agradecida al temido virrey, que inició el camino de retorno hacia la capital del Reino.

Tras la marcha de D. Fernando de Aragón, la ciudad del Bajo Segura sufrió algunos días de lluvias torrenciales y disfrutó con los actos de la Semana Santa. A finales del mes de marzo, sus autoridades decidieron que había llegado el momento de reanudar las gestiones encaminadas a aprovechar la deshonrosa actitud de los murcianos -que, según decían, habían cometido «tan grandissim crim com es dir quens haviem alçat contra Sa Magestat»- para lograr que el Pleito del Obispado terminase de un modo favorable para sus intereses episcopales. Para ello, planearon enviar un síndico a Madrid, con el fin de que informase de los actos y autos realizados a instancias del duque de Calabria a los Consejos de Castilla y Aragón, y de que ni a los doctores de ambos organismos ni al propio Carlos I les quedase la menor duda de la inocencia de Orihuela y de la culpabilidad de Murcia.

Y como para ello era condición indispensable que el referido duque diese parte a los Consejos de su estancia en Orihuela, y les remitiese la segunda información de testigos, el último día de marzo optaron por escribir sendas misivas al síndico Guillem Joan Pascual y al caballero D. Pedro de Rocafull dándoles poder para que compareciesen ante el virrey y le suplicasen que escribiese a los citados organismos y mandase el referido instrumento a la corte y al emperador. Y le enviaron al propio lugarteniente general una carta credencial de los síndicos, suplicándole que accediese a sus súplicas²⁰².

Unos días más tarde, el 5 de abril, hallándose a la espera de noticias procedentes de Valencia, el justicia y los jurados oriolanos descubrieron la presencia en la ciudad de un regidor de Murcia llamado Cascales, que al parecer iba en dirección, precisamente, a la capital del Reino. Por ello, precavidamente y «ab la major presa del mon», escribieron a Guillem Joan Pascual para advertirle de que el edil iba a negociar «alguna cosa contra esta ciutat» en relación con la causa del obispo de Belén, y a fin de pedirle que estuviese atento a sus manejos e impidiese cualquier actuación que les pudiese resultar perjudicial ante D. Fernando de Aragón²⁰³.

El día siguiente, 6 de abril, el correo Tarancó le entregó al síndico Pascual las cartas despachadas el último de marzo. No obstante, éste, al ver imposibilitada su comisión por la ausencia del duque de Calabria, tuvo que escribirles a sus representados una misiva indicándoles que ni Rocafull ni él podrían iniciar las gestiones encomendadas hasta que el virrey retornase a Valencia²⁰⁴.

No hemos podido saber si los representantes pudieron cumplir finalmente las órdenes de las autoridades oriolanas. No obstante, sí sabemos que a principios del mes de mayo, éstas decidieron enviar al experimentadísimo canónigo Luis Martínez a Madrid, como procurador del capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela. Y el 10 de mayo redactaron toda la documentación que habría de llevarse a la corte.

Por el memorial de instrucciones que le prepararon conocemos al detalle cuáles eran los objetivos de su embajada. En primer lugar, había de repartir las diversas cartas de creencia y ayuda que se llevaba entre sus destinatarios (los Consejos Real y de Aragón, el comendador mayor de León, el vicecanciller May y el secretario Hugo de Urries), y tenía que informarles «de la veritat» del caso Soler²⁰⁵.

Después, debía poner una suplicación ante los doctores del «Consell Supremo de Sa Magestat», y otra ante los del de Aragón, si el abogado Soriano lo estimaba conveniente. En ambas había de poner de manifiesto «la desculpa y ignoçençia» de Orihuela ante «la falsa accusaçio dels murçians»; debía remarcar que la ciudad del Bajo Segura había sentido mucho la infamia que habían provocado sus adversarios en ausencia del emperador; y había de reclamarles justicia siguiendo el modelo de una suplicación que le habían enviado, y que desgraciadamente no se halla registrada en el Contestador de 1540. No obstante, dicha petición no debía alejarse mucho de la que aparece inserta en un sumamente explícito fragmento de la carta que las autoridades oriolanas remitieron al Consejo Real: « (…) porque esta ciudad esta muy sentida como es razon que la ayan infamado de crimen tan orible, mayormente no estando Su Magestad en estos Reynos, supplicamos a Vuestras Altezas que les pese dello, y les manden castigar, ansi por lo que deven a la administracion de la justicia, como tambien por la pacificacion destas dos ciudades, porque la verdad es que su intencion no ha sido sino por indignar la mente de auestras altezas y de Su Maiestad contra nosotros: y por meior y mas complidamente informar de la verdad a vuestras altezas y pedir justicia de caso tan feo, les supplicamos se manden informar del dicho duque de lo que passa en verdad en este caso (…)». Una vez presentada esta bien trabada petición, Martínez había de interponer un nuevo ruego. Tras explicar que sus representados temían que los murcianos se hubiesen quejado ante el emperador, en Flandes, y que por ello Su Majestad se hubiese enfadado con sus súbditos de Orihuela, había de suplicar a los referidos doctores que cuando consiguiesen la «veridica informaçio del cas» del virrey del Reino de Valencia, se la enviasen a Carlos I. Y, por último, tenía que solicitarles que mandasen al referido duque de Calabria que hiciese volver a su patria al notario castellano Aparicio Martínez porque en todo momento se había esforzado por «instigar e donar occasio de sisania» entre Orihuela y Murcia, llegando incluso a utilizar a la Inquisición para poder inmiscuirse en los escándalos, y conseguir falsos testimonios y acusaciones infundadas²⁰⁶.

Tras la partida del canónigo Martínez, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura quedaron a la espera de la llegada de noticias favorables. Y hacia finales de mes recibieron una nueva inesperada, que nada tenía que ver con los trabajos del síndico en la corte, y que les era increíblemente beneficiosa. Llegó a sus oídos que el 30 de marzo anterior había fallecido en Roma el obispo Mateo Lang²⁰⁷.

Dicha circunstancia cambió por completo la situación en las diócesis de Cartagena y Orihuela y, como veremos a continuación, añadió nuevos factores favorables a las reclamaciones episcopales oriolanas.

10. El intencionado nombramiento de D. Juan Martínez Silíceo como obispo de Cartagena.

Tras el tránsito del cardenal de Salzburgo a la vida «perdurable», la Iglesia de Orihuela quedó «vacant de pastor». Por ello, el capítulo del Salvador, como colegio catedralicio, «segons canoniques sancçions», se consideró con derecho para ejercer la jurisdicción «in spiritualibus et temporalibus» en su distrito hasta el nombramiento del nuevo obispo, y también para nombrar a un oficial y vicario general interino, que habría de ser confirmado o removido por el nuevo mitrado.

No obstante, para no dar pie a un nuevo escándalo con el obispo de Belén y la clerecía murciana en tan próspera coyuntura, decidieron no hacer uso de las citadas capacidades y se limitaron a presentarle una nueva protesta al vicario general intruso. El acto de notificación de dicho instrumento al sacristán del Salvador tuvo lugar el 29 de mayo. En él, los mandatarios oriolanos le solicitaron que dejase de ejercer el oficio pontifical, y le confirmaron su predisposición a no impedirle ni perturbarle tal labor pese a que no tenía ningún derecho para detentarla o acometerla. Aunque no conocemos más que Soler aplazó temporalmente su contestación, creemos que siguió ocupándose del cuidado pastoral y jurisdiccional de los fieles de la parte de la diócesis cartaginense situada dentro de los límites del Reino de Valencia, hasta el nombramiento del sucesor de Mateo Lang²⁰⁸.

Por su parte, tras la presentación de esta segunda protesta al obispo de Belén, las autoridades civiles y eclesiásticas de la población del Bajo Segura prosiguieron las gestiones encaminadas al tan ansiado logro de la libertad espiritual.

Y teniendo en cuenta las buenas relaciones que mantenían con el duque de Calabria, el 30 de mayo le escribieron para rogarle que mediase por ellos ante el emperador y ante el Consejo Real. Ante Su Majestad, suplicándole que a la hora de elegir y presentarle a Paulo III al «nou pastor»²⁰⁹, aprovechase la situación para poner fin a las discordias entre Orihuela y Murcia. Y ante el referido Consejo, solicitando a sus doctores que impidiesen al capítulo de Cartagena que durante el período de sede vacante adoptase medidas perjudiciales a los derechos episcopales oriolanos. Y después de reflexionar sobre quién podría ocuparse de llevarle al lugarteniente general del Reino estas peticiones, optaron por encargarle la misión a D. Pedro de Rocafull, que estaba en Játiva, porque, según le manifestaron, tenía «plena notiçia» del negocio episcopal, era «acçepte a Sa Excellençia» y la «persona mes abil y sufiçient» a la que podían encomendarle tan delicada tarea²¹⁰.

La preparación de esta embajada marca el inicio de una pequeña laguna documental. Desgraciadamente, no hemos podido encontrar información relacionada con el Pleito del Obispado hasta el nombramiento pontificio del sucesor de Mateo Lang el 23 de febrero de 1541. Por ello, no podemos hacer más que conjeturas sobre lo que sucedió en el trascendental período comprendido entre junio de 1540 y la referida fecha de provisión.

¿Sirvieron para algo los requerimientos de Rocafull al duque de Calabria? No hemos hallado ningún indicio que nos incline a pensar que D. Fernando de Aragón llegó a escribir a Carlos I o al Consejo de Aragón. No obstante, ello no es realmente importante para el devenir de la causa episcopal.

Sí merece nuestra atención el hecho de que la sustitución del cardenal de Salzburgo se retrasó de una manera considerable; entre su muerte y el nombramiento de su sucesor transcurrieron ¡casi 11 meses! En nuestra opinión, dicha demora pudo ser causada por diversos factores. En primer lugar, hemos de pensar que contribuyeron a dilatar el período de sede vacante la lejanía del emperador -quien, como hemos apuntado anteriormente, se hallaba en los Países Bajos-, que debió ralentizar el proceso habitual de elección del candidato; así como la acostumbrada lentitud de los trámites encaminados a conseguir las bulas de provisión apostólica del nominado por el emperador. Y en segundo lugar, la complejidad de la situación espiritual suscitada en el antiguo obispado de Cartagena, que probablemente llevó a Carlos I a plantearse diversas alternativas antes de proceder a la nominación del nuevo prelado.

También debemos destacar que durante el aludido período de sede vacante, las partes, conscientes de la delicadeza de la coyuntura, no se aventuraron a propiciar ningún escándalo. Contra su costumbre, el cabildo cartaginense no trató de aprovecharse de la inestable posición oriolana, quizá porque estaba muy reciente el asunto del obispo de Belén, y sus canónigos y dignidades no deseaban arriesgarse a deteriorar la imagen que el emperador tenía de ellos, o quizá, simplemente, porque el capítulo del Salvador no les dio oportunidad para hacerlo, ya que, renunciando a la posibilidad de nombrar un vicario general y ejercer la jurisdicción en su diócesis, decidió esperar pacientemente la resolución real tras presentarle a D. Luis de Soler la segunda protesta.

Sea como fuese, lo cierto es que Carlos I decidió elegir como sucesor del cardenal Mateo al doctor Juan Martínez Guijarro, más conocido como Silíceo, y le anunció su nominación a Paulo III en aras a que lo nombrase obispo de Cartagena -no de Cartagena y Orihuela-. A simple vista, tal designación podría parecer un premio para el que fuera preceptor de su hijo, el príncipe D. Felipe. No obstante, en nuestra opinión, la nominación de Silíceo fue muy meditada por el monarca. De origen castellano, pues había nacido en Villagarcía de la Torre, diócesis de Badajoz, el electo sentía una especial afección por los habitantes del Reino de Valencia, ya que, además de haber pasado en él una etapa muy crucial de su vida, debía en parte la privilegiada posición que había alcanzado a la ayuda de dos insignes valencianos, el dominico P. Pardo -quien, en un momento muy comprometido, le sufragó los gastos de su viaje a Francia-, y un médico llamado Salaya -que fue su protector en París, y le permitió cursar estudios universitarios-. Además, el carácter de Silíceo, de sobra conocido por el rey, era muy adecuado para el regimiento y la administración del problemático obispado cartaginense. Según refería Díaz Cassou en su «Serie de los obispos de Cartagena», el ayo no sólo era comprensivo, ingenioso, limosnero, liberal y muy devoto, sino que «de venerable rostro y bien apersonado, se captaba á primera vista simpatías, que aumentaba con la discreción y afabilidad de su trato»²¹¹. Carlos I debió creer que, armado con tamañas virtudes, su patrocinado podría muy bien tratar con los murcianos, y también… con los oriolanos. Su decisión de no variar la situación generada en la diócesis cartaginense a raíz de la prestación de obediencia de 1532 no debió de agradar nada a los habitantes de la ciudad del Bajo Segura, pues sin duda esperaban que el nuevo prelado fuese pastor de las Iglesias de Cartagena y Orihuela, de acuerdo con las bulas de Julio II.

Según nuestro parecer, y quizá nos arriesguemos en exceso al afirmarlo, el emperador tuvo en cuenta que, en comparación con los primeros años de su reinado, la situación en la diócesis cartaginense se había estabilizado tras la ejecución del breve revocatorio de Clemente VII, y que desde que había manifestado su invariable voluntad de solventar pacíficamente el conflicto episcopal ejerciendo como árbitro extrajudicial, los impulsos reivindicatorios de Orihuela habían decrecido. Y valoró, asimismo, que en el caso de que decidiese volver a dar vigor a las bulas de 1510, promoviendo el nombramiento de Silíceo como obispo Cartaginensis et Oriolensis, los murcianos enviarían inevitablemente delegaciones a las cortes real y pontificia, con la intención de apelar contra tal variación, obligando a sus adversarios oriolanos a hacer lo propio, en defensa de sus recuperados derechos, y ambas partes acabarían de dilapidar sus ya diezmados recursos, y la cuestión no llegaría nunca a su fin. Y por todos estos motivos, en nuestra opinión, decidió proponerle a Paulo III la provisión de Silíceo para la mitra de Cartagena. De esa manera, la resolución del conflicto seguiría en sus manos y, además, podría contar con la ayuda de un atento intermediario que, a diferencia de su alejado predecesor -más preocupado por la política romana que por el cuidado espiritual de sus fieles hispanos-, podría evitar nuevos rompimientos.

Por otra parte, creemos que la decisión de Carlos I descubrió que no iba a permitir la dismembración de los obispados porque, sencillamente, no le interesaba. Suponía gastos para sus súbditos e importunaciones para él. Así, en vistas a una posible concordia, los oriolanos debieron comprender que la mejor solución a la que podían aspirar era el mantenimiento de la catedralía del Salvador, y el nombramiento de un vicario general de Orihuela, con jurisdicción sobre todos los territorios de la diócesis pertenecientes al Reino de Valencia, independiente del obispo, el provisor y el cabildo de Cartagena, y cuyas decisiones estuviesen supeditadas únicamente a la corrección, previo recurso, del metropolitano valentino.

Retomando el hilo de la historia por el nombramiento apostólico de D. Juan Martínez Silíceo, el acto de provisión tuvo lugar, como ya hemos apuntado, el 23 de febrero de 1541. El cardenal Cesarino presentó la candidatura real en el consistorio pontificio, y ésta fue aprobada sin oposición, tras hacerse una relación de las pensiones que tenía el beneficiado²¹².

Los agentes del nuevo obispo actuaron con suma rapidez en las oficinas de la Cancillería y la Dataría apostólicas y debieron conseguir las bulas colativas de un modo casi inmediato, puesto que aproximadamente un mes después de la celebración de la reunión pontificia ya estaban en manos de Silíceo, y a finales de marzo o principios de abril tanto las autoridades de Murcia como los mandatarios de Orihuela tenían noticia, no del nombramiento de Silíceo como obispo de Cartagena -que ya habían tenido tiempo de conocer desde que se produjo la elección real-, sino de que el referido prelado había nombrado a un provisor diocesano, y le había mandado a tomar posesión del obispado en su nombre.

La nueva puso en alerta al capítulo del Salvador y a los munícipes oriolanos. Y fieles a la línea de actuaciones que habían acordado tras conocer el revés del nombramiento episcopal, esto es, interponer protestas contra cualquier actuación cartaginense en espera de que el emperador se decidiese a buscar la concordia entre las partes, optaron por encargar a diversos doctores valencianos la redacción de los instrumentos que tendrían que presentarle al nuevo provisor y vicario general en las dos situaciones que se podían presentar:

+En el caso de que el referido oficial se personase en la iglesia del Salvador y quisiese tomar posesión en ella «com a bisbat de Cartagena y no com a bisbat de Oriola».

+Si tomase posesión del obispado en la catedral cartaginense, y no tuviese después ninguna intención de ir a la aludida iglesia oriolana a tomar posesión «com a bisbat de Oriola».

Con tal propósito, el 4 de abril escribieron un par de cartas dirigidas a dos personalidades oriolanas que se hallaban más o menos circunstancialmente en la capital del Reino: el abogado de la ciudad, micer Jaime Terrés; y el jurado Pedro Ruiz. A ambos les encomendaron la urgente tarea de pedir al doctor Filibert -que era reputado por el más sabio de los jurisprudentes valencianos de aquellos momentos-, al doctor Abad y al canónigo Miedes, que preparasen los citados autos y un memorial en el que aconsejasen cómo habían de actuar para no salir de la legalidad. Y les insistieron que tratasen de conseguir la documentación y de remitírsela a Orihuela con la máxima premura²¹³.

Dos días después, el 6 de abril, las noticias se confirmaron. El licenciado Francisco Martínez, en calidad de procurador de D. Juan Martínez Silíceo y como provisor y vicario general, tomó posesión del obispado en la Catedral de Cartagena, en Murcia²¹⁴. Y después, no sólo no mostró ninguna intención de ir a Orihuela para tomar posesión en la iglesia del Salvador, sino que, influido por el cabildo de Cartagena, comenzó sin más demoras a ejercer su oficio vicarial en toda la diócesis.

Enterados de tan lesivo comportamiento, los mandatarios oriolanos no pudieron aguardar a la llegada de Valencia de los instrumentos encargados y tuvieron que intervenir en defensa de sus derechos. Conocedores quizá del afecto que Silíceo sentía, en general, hacia los dominicos, le enviaron al provisor a un peculiar mensajero, a un fraile castellano de dicha orden llamado Ambrosio de la Serna, quien, tras cruzar varias conversaciones con él, consiguió que se comprometiese a no llevar a la práctica algunas ideas que tenía en relación con la Iglesia de Orihuela²¹⁵.

A finales de abril, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura recibieron por fin los documentos valencianos, y se aprestaron a presentarle al vicario general la protesta adecuada. Para ello, nombraron síndico al notario Juan Portogués y lo enviaron a Murcia.

El penúltimo día del citado mes de abril, Portogués compareció ante el licenciado Martínez y le entregó al notario del juzgado episcopal, Juan de Cifuentes, la referida escritura. Éste procedió a su lectura.

En ella, el clero y la ciudad de Orihuela partieron afirmando -de un modo premeditadamente erróneo- que se habían enterado que el maestro Silíceo había sido nombrado pastor de los obispados de Cartagena y Orihuela. Prosiguieron reclamando que por ello, además de tomar posesión «en la çiutat e esglesia de Murçia», el obispo, por sí mismo o por medio de algún procurador legítimo, había de hacer efectivo su nombramiento en «la esglesia cathredal de la ciutat de Oriola, per lo bisbat de Oriola», porque dicho recinto sagrado era «lo cap de la dita diocesi». Y después, le pidieron directamente a Martínez que tomase posesión del obispado de Orihuela en la Catedral del Salvador y que, seguidamente, crease un vicario general que residiese personalmente en dicha ciudad y tuviese jurisdicción sobre el clero y la diócesis de Orihuela. Y en previsión de que el provisor no accediese a tales requerimientos, le advirtieron que protestarían contra todos y cada uno de los actos que tratase de ejecutar en Orihuela y su distrito en nombre del obispo de Cartagena, para conservación de sus derechos en el Pleito del Obispado, sin impedirle ni perturbarle de modo alguno el ejercicio pontifical.

El provisor se mostró impasible ante Portogués. Admitió la protesta, y sin dignarse siquiera a contestarle que Silíceo únicamente había sido nombrado obispo de Cartagena, dio por acabado el acto²¹⁶.

Durante los días siguientes, Martínez prosiguió su labor como vicario general del obispado, obviando por completo el compromiso acordado con fr. Ambrosio de la Serna. Expidió un buen número de provisiones, y entre ellas una que causó cierto alboroto en la población del Bajo Segura. Decretó el prendimiento de un presbítero de dicha ciudad llamado Juan Martínez de Guini, y mandó que lo llevasen preso a Murcia y que lo encerrasen en la prisión episcopal. El suceso forzó a las autoridades oriolanas a presentarle una nueva protesta al licenciado Martínez pues admitir sin más que un clérigo fuese encarcelado fuera de la diócesis hubiese significado la aceptación implícita de la subordinación al poder cartaginense. Por ello, el primero de mayo volvieron a enviar a Murcia al procurador Portogués, y éste interpuso ante el provisor el nuevo disentimiento. En él, le recalcaron que no podía actuar en la diócesis de Orihuela porque el obispo aún no había tomado posesión del obispado en la catedral del Salvador. Y que no tenía poder legítimo para llevar a Murcia a ningún presbítero de dicha diócesis, para juzgarlo y encarcelarlo allí, máxime cuando para tal efecto el obispo tenía señaladas prisiones propias en Orihuela, y un tribunal en el que habían de celebrarse todos los actos jurisdiccionales tocantes al clero del obispado²¹⁷.

Pese a las repetidas protestas, Martínez no cambió de actitud y siguió ejerciendo su labor pontifical por la Vega Baja del Segura sin ningún tipo de cortapisas. Ello hizo brotar con fuerza en los campos ribereños un creciente descontento; un malestar que fue tolerado hasta que los murcianos trataron de sembrar de nuevo en ellos la cizaña, por medio de tretas difamatorias.

El conflicto tuvo su origen cuando el provisor envió a Juan de Tudela, uno de los alguaciles episcopales, a una aldea de Orihuela con la orden inicial de capturar a un capellán llamado Pedro Piquer y de llevarlo preso a Murcia. Tudela cumplió parcialmente el mandato del vicario general ya que tras detener al presbítero, desobedeciendo la provisión o quizá siguiendo un plan previamente trazado, lo condujo a Orihuela. Allí, Piquer, aprovechando la «mala diligencia» del alguacil, se escapó y se ocultó, de modo que Tudela tuvo que regresar a Murcia sin haber podido cumplir la misión que, oficialmente, el provisor le había encomendado. Tudela declaró en su defensa que le habían arrebatado al reo por la fuerza. Y los murcianos mostraron inmediatamente su intención de volver a acusar a los habitantes de la ciudad del Bajo Segura de rebelión contra los mandatos reales y apostólicos, con el fin de indignar contra ellos al obispo Silíceo, a los doctores de los Consejos Real y de Aragón, y al propio emperador²¹⁸. Como podemos comprobar, poco les importaba que, como había sucedido en el «caso Soler», pudiese ser demostrada la falsedad de sus acusaciones. Sin temor a las posibles consecuencias que tal ilícita actividad les podía reportar, consideraban más útil mancillar con infundios el ya de por sí desprestigiado nombre de Orihuela.

Viendo los propósitos murcianos, y teniendo en cuenta los perjuicios que les habían causado las demoras y las dejaciones en el expediente del obispo de Belén, las autoridades civiles y eclesiásticas de la referida población decidieron adelantarse a sus adversarios y, acuciados además por los rumores que apuntaban la inminencia de la llegada de Silíceo a Murcia, optaron por tomar dos medidas urgentes.

En primer lugar, consideraron la necesidad de contar en Orihuela con la posibilidad mediadora de fr. Ambrosio de la Serna, quien, tanto «per les calitats» que concurrían en su persona como «per esser natural de Castella», era «molt accepte» al obispo, y tenía «molt credit» ante él. Y teniendo en cuenta que el clérigo regular, poco después de terminar sus entrevistas con el provisor, había tenido que marchar a Valencia, destinado al establecimiento que los dominicos tenían en dicha ciudad, el 4 de mayo le escribieron al P. Joan Micó, provincial y vicario general de la Orden de Predicadores, rogándole que le remitiese de nuevo a la población del Bajo Segura, pues sin su participación -le dijeron- el negocio del Obispado «seria destroit totalment», ya que el «provisor nos fiava de ningu altre»²¹⁹.

Y en segundo lugar, complementando esta medida, los referidos mandatarios decidieron enviar una embajada a la corte para realizar dos tareas principales. Ex una, efectuar las alegaciones oportunas en el caso de que los adversarios los demandasen ante los Consejos por la violencia presuntamente cometida contra el alguacil Tudela. Y ex alia, felicitar al obispo Silíceo por su nombramiento, e informarle de que la conducta de su primer oficial estaba siendo muy perjudicial para sus derechos en el indeciso Pleito del Obispado; todo ello, antes de que se produjese su llegada a la diócesis y los murcianos pudiesen predisponerle en contra de los intereses oriolanos.

Conscientes de la trascendencia de la misión y, al mismo tiempo, de su carácter oficial, las autoridades designaron procurador a uno de los principales representantes del poder real dentro de la Gobernación ultra Sexonam, al lugarteniente de D. Pedro Maza, D. Luis Togores²²⁰. Y entre el 5 y el 9 de mayo se encargaron de preparar la documentación que Togores habría de llevarse a Madrid, población en la que se hallaba asentada la corte. Junto a una carta dirigida al prelado, le entregaron varios instrumentos de instrucciones y diversas credenciales para diferentes personas de la corte: para una destacada aliada, la condesa de Faro; para el abogado de la ciudad en la corte, el doctor Jerónimo Soriano; para los contactos oriolanos en el Consejo de Aragón, el secretario Hugo de Urries y el vicecanciller May; y dos de carácter más burocrático, para el propio May y el Consejo de Aragón, y para el doctor Costa -regente del Consejo Real- y los demás miembros de dicho organismo. De todas ellas, únicamente creemos conveniente señalar que a May le explicaron la cuestión de la captura y posterior huida del presbítero Piquer, indicándole que creían que se trataba de un «ardit» urdido por los murcianos para volver a demandarlos por desobediencia a la potestad real y apostólica²²¹.

Aunque desconocemos la fecha exacta de la partida de Togores, diversos indicios -sin que nos precisen las causas- nos hacen pensar que ésta se retrasó hasta finales de mayo o principios de junio²²².

Mucho antes, hacia el 10 de mayo, llegó a Orihuela una carta del P. Joan Micó, provincial de la Orden de Predicadores, en la que les comunicaba a las autoridades de la ciudad su disposición a ayudarles. Tras leer la misiva, el día siguiente, 11 de mayo, los referidos mandatarios le enviaron un nuevo escrito repitiéndole que la mejor manera que tenía de auxiliarles era ordenando a fr. Ambrosio de la Serna que volviese a la población del Bajo Segura²²³.

Por su parte, tras arribar a la corte, hacia el 9 de junio, Togores comenzó su tarea distribuyendo los escritos que portaba entre sus respectivos destinatarios. No pudo hablar, sin embargo, con el obispo por hallarse enfermo y retirado. Por ello, en espera de la mejora del prelado, hubo de dedicarse por completo a la otra labor que llevaba encomendada. Tras realizar algunas averiguaciones, se enteró de que los murcianos no habían llegado aún a Madrid. Y tuvo tiempo para adoptar las medidas defensivas adecuadas para que las difamaciones murcianas, en el caso de que llegasen a producirse, no tuviesen ninguna credibilidad. Asesorado por el doctor Soriano, se cansó de repetir que los provisores episcopales no podían lícitamente ordenar a sus alguaciles que llevasen a Murcia a los «presos ecclesiastichs», porque «senpre an tengut preso aci, en Oriola, y an castigat y corregit als delinquents axi de Oriola com de tots los llochs del regne de Valencia tocants en dit bisbat». E incidió en el hecho nacionalista de que ni los habitantes de la ciudad del Bajo Segura, ni los de los demás lugares señalados podían «ser ben tractats per los de Murcia, sent los de Oriola de nacio y llengua estranya, y de altres furs y lleys y condicions diferenciats dells»²²⁴.

Una vez mejoró levemente de su indisposición el obispo -lo que nos arriesgamos a datar ya entrado el mes de julio-, Togores compareció ante él, y con afán halagador aprovechó la inmejorable coyuntura para darle a leer la carta que para él le habían confiado sus representados. En ella, las autoridades oriolanas le escribían que habían celebrado su nombramiento como una «crecida merced», y que «alegres y consolados», le habían dado «continuas gracias» a Dios «por su divina bondat», pues «de tan sancta ereccion» no esperaban «sino muncha consolacion y buen fin» en sus diferencias con los murcianos. Después, de palabra, Togores le habló sobre el estado del Pleito del Obispado; le puso al corriente de los problemas suscitados por su provisor al sacar de la Gobernación a presos eclesiásticos para juzgarlos y encarcelarlos en Murcia; y le pidió que hasta que el litigio llegase a una conclusión concordada, no permitiese que los derechos oriolanos sufriesen ningún menoscabo²²⁵. Silíceo le respondió con muy buenas palabras, poniendo de manifiesto sus deseos de personarse en la diócesis y de poner fin al Pleito del Obispado²²⁶.

Una vez dio por terminada su tarea, lo que debió ocurrir hacia el 10 de julio, Togores comenzó los preparativos para su vuelta a Orihuela. El día 11 el doctor Soriano le entregó una carta para que se la llevase a sus representados. En ella, les propuso una serie de recomendaciones sobre cómo habían de actuar en relación con la causa episcopal. Sobre el obispo les dijo: «sin duda, su Senyoria entiende bien el negocio, y tiene muy buen zelo a la paz de essas iglesias y ciudades, y spero en Dios que por su medio se ha de concluir porque sera para con Su Magestad muy gran medio y de mucho credito y auctoridad, y veole muy inclinado a que es poco perjuizio de Murcia lo que Oriuela pretiende». Por ello, les aconsejó que tuviesen «muy gran cuidado en tener a su Senyoria benivolo y grato, y muy informado quando por alla fuere, que creo que sera presto», y que entretanto, tratasen «muy bien» al provisor²²⁷.

El día siguiente, Togores fue a ver a May y al obispo, con el fin de anunciarles su inminente partida y para ofrecerse como correo si deseaban enviarles alguna misiva a las autoridades oriolanas. Ambos aprovecharon la ocasión y escribieron sendas cartas.

May les agradeció la confianza que siempre habían depositado en él, y la gratitud que sentían hacia su persona; y les aseguró que mantendría su favor hacia la causa oriolana²²⁸.

Y Silíceo les manifestó que les tenía «en mucha merçed» que hubiesen recibido con agrado su elección. Les aseguró que intentaría servirles con tan buena voluntad como le había mostrado de su parte Luis Togores, quien le había dado buena relación de las cuestiones del obispado. A este respecto, les comentó que tenía deseos de hallar en la diócesis «paz y sosiego», y que en breve iría a la ciudad, para trabajar por la paz y la concordia, en servicio de Dios y sosiego de su conciencia²²⁹.

Y tras recoger las referidas cartas y despedirse, el martes 13 -burlándose de su destino- D. Luis Togores partió de Madrid en dirección a la ciudad del Bajo Segura.

Hemos insertado el extraño comentario anterior para recalcar que tal fecha, martes y trece, no fue ciertamente premonitoria de mala suerte para Togores, puesto que deseaba volver a su casa, y pocas horas después de su salida llegó a la citada villa un correo urgente que portaba documentos para él, en los que las autoridades oriolanas le encomendaban una nueva misión. No obstante, antes de proseguir, dejamos en este punto la narración para prestar atención a los hechos que estaban aconteciendo en Orihuela.

Como ya expusimos, la embajada de Luis Togores fue propiciada fundamentalmente porque el provisor Martínez, vulnerando leyes y costumbres, apeló a su poder pontifical para llevar a la capital del obispado a varios clérigos detenidos al otro lado de la frontera castellano-aragonesa, a fin de juzgarlos en su curia y encarcelarlos en las prisiones episcopales.

Pues bien, tras la partida del lugarteniente del gobernador, el vicario general siguió ejercitando esta onerosa práctica, que tan graves perjuicios suponía para los oriolanos. Por ello, a mediados del mes de junio, aproximadamente, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura decidieron hacerle a Martínez una propuesta intermedia que serviría para evitar los daños sin menoscabar su autoridad. Teniendo presente que, una vez presentadas las protestas, las actuaciones del provisor no podían causar detrimento alguno a la decisión del Pleito del Obispado, los mandatarios enviaron a Murcia a un procurador apellidado Ruiz con la misión de solicitarle que se desplazase a Orihuela de visita pastoral, y que allí detuviese, juzgase y encarcelase a todos los eclesiásticos y seglares que considerase culpables de delitos espirituales. Pero de nada sirvió la intentona oriolana, el provisor -quizá aconsejado por el cabildo de Cartagena- se excusó con buenas palabras y siguió actuando sin variar un ápice sus métodos.

Y para complacer aún más a los murcianos, hacia finales del mes de junio, se le ocurrió que podría realizar los actos propios de la visita pastoral en su propia casa. Por ello, expidió una provisión dirigida a todos los curas de las iglesias de la ciudad de Orihuela y su término, en la que, bajo rigurosas censuras y penas pecuniarias, les conminaba a comparecer ante él con diversos fines.

Por una parte, quería que acudiesen a su presencia todos los beneficiados de las iglesias aludidas para examinarlos y comprobar de esa manera su idoneidad para el cargo que detentaban. Y ello era sumamente irregular, ex una, porque los hebdomadarios de la iglesia del Salvador habían sido provistos en sus respectivas prebendas en virtud de bulas apostólicas que establecían que su asignación a dichos oficios era vitalicia y que habían de formar parte del capítulo, de modo que el ordinario -el obispo- no podía entrometerse de ninguna manera en tal disposición; y ex alia, porque los exámenes de los beneficiados en las demás parroquias habían de hacerlos, efectivamente, los vicarios generales, mas durante las visitas pastorales y en las propias iglesias.

Y por otra parte, deseaba que los citados curas se personasen ante él para proporcionarle determinadas informaciones. Quería castigar a los feligreses que no se habían confesado durante los años 1540 y 1541, y para ello requirió los «memorials o patrons dels confessats» de dichas añadas. Asimismo, con idéntico propósito punitivo, pretendía conocer los nombres de los que en el último año no habían recibido «lo sant sagrament», los de las «persones desposades» que no habían oído misa, los de los usureros y logreros, y los de los notarios que defraudaban bienes de los testamentos de los fallecidos; y para ello llegó a ordenarles que revelasen secretos de confesión. Todo esto iba en contra de los derechos y obligaciones de los referidos clérigos porque a quien realmente le competía obtener todos esos datos era al propio vicario general cuando hiciese la visita pastoral. Por ello, la aceptación de los mandatos del provisor suponía para los curas oriolanos un perjuicio tan ingente que, de hacerlo, la reputación de la ciudad caería en picado, y sólo podría compararse a la que tenían las aldehuelas de Murcia²³⁰.

Cuando las autoridades civiles y eclesiásticas de la población del Bajo Segura tuvieron noticia del edicto, valoraron que su ejecución podría conllevar escándalos populares, amén de perjuicios irreparables para los derechos episcopales. Por ello, de inmediato, pensaron en enviarle al provisor una nueva embajada a fin de pedirle que anulase el mandato o, al menos, que suspendiese temporalmente su puesta en vigor y les concediese la oportunidad de consultar al obispo sobre su legalidad. Y así procedieron. Cometieron la misión a un maestro en Artes llamado Damián Ceballos, y el 2 de julio le entregaron una carta de creencia para que compareciese ante el vicario general²³¹.

Acto seguido, Ceballos partió para Murcia. Ya en ella, hizo las diligencias oportunas para poder entrevistarse con el licenciado Martínez. Le presentó las explicaciones y los requerimientos de sus representados. Y el provisor le respondió de una forma ciertamente cortante que había expedido el mandato para defender la superioridad de la iglesia cartaginense. Le reconoció sin temor ni decoro que había actuado conscientemente en favor de Murcia, para causar perjuicios a la Iglesia y la ciudad de Orihuela. De cualquier manera, no pudo negarle el derecho a consultar al obispo sobre la provisión, y tuvo que ampliar el plazo de las comparecencias hasta el final del mes de julio²³².

Tras la vuelta de Ceballos a Orihuela, los mandatarios de la ciudad decidieron encargarle a D. Luis Togores que le comentase al obispo Silíceo los desmanes que su provisor estaba perpetrando en la diócesis. Por ello, el 6 de julio escribieron tres cartas, dirigidas respectivamente al propio lugarteniente del gobernador, al abogado Soriano y al prelado.

A Togores le explicaron el contenido de la provisión. Y sobre ella le comentaron que no cabía duda de que Martínez la había despachado «per complaure als de Murcia e capitol de Cartajena», en «gran afronte e dan» de la causa episcopal; y que actuando así parecía que deseaba «anichilar y apocar» la Iglesia oriolana más que «los matexos de Murcia». Y para que pudiese presentarle al obispo pruebas de la parcial actitud de su oficial, le escribieron que Martínez no había tenido ningún pudor en contestarle a Damián Ceballos que «en estes coses ell havia de mirar molt la preminençia de aquella esglesia de Murçia», de modo que no sólo había hecho público «son pensament ab obres, mes encara ab paraules en favor dels de Murçia, contra aquest capitol y çiutat». Y le pidieron que incidiese en que tras hacerse pública en Orihuela tal respuesta, la ciudad había quedado «molt fatigada e indignada y ab raho», pues sus habitantes eran conscientes de que «podent venir dit provisor» y «exerçir son ofiçi, puix no se li fa obstacle ne impediment alguns, tota obediencia y honra», había decidido «entraverssarse en passions» y tomar parte «en la causa de nostre plet, puix no li va a ell res». Y en conclusión, le encargaron que le rogase a Silíceo que le ordenara a su provisor que fuera a la ciudad del Bajo Segura y su distrito a ejercer su oficio, y que no perjudicara más los intereses oriolanos en el Pleito del Obispado hasta la resolución real o, al menos, hasta la llegada del prelado a la diócesis²³³.

Por otra parte, las referidas autoridades le escribieron a Soriano para pedirle que se ocupase de hacerle llegar las quejas al obispo en el caso de que, cuando arribase el correo a Madrid, D. Luis Togores ya hubiese salido de ella, de vuelta a Orihuela²³⁴.

Y finalmente, a D. Juan Martínez Silíceo le escribieron una nueva carta de creencia para Togores, aderezada con diversos cumplidos relacionados con la salud del prelado, que por su exageración -algo grotesca- no nos podemos resistir a reproducir. En este sentido, le escribieron que al enterarse de su «indisposiçion» habían quedado «muy fatigados», y que «con el desseo devido de su salud» habían recurrido «luego al verdadero medico, Dios Nuestro Senyor, al cual con lagrimas, oraçiones, proçessiones y otros sacrifiçios estamos y estaremos continuamente supplicando por la salud de vuestra Senyoria Reverendissima». Y además le suplicaron que les hiciese «mereçedores de nos mandar avisar de su salud, con la qual nos consolaremos mas que con la de nosotros propria»²³⁵. Como podemos apreciar, las autoridades oriolanas no escatimaban halagos cuando los creían útiles.

Pues bien, como ya indicamos, el correo llegó a Madrid la noche del martes 13 de julio, unas horas después de la partida de D. Luis Togores. Soriano recibió el pliego, lo abrió y, tras leer su contenido, le pidió al propio mensajero que fuese a buscar al lugarteniente del gobernador a Torrijos o a Toledo, pues dado el poco tiempo que llevaba de viaje, era muy posible que se hallase en cualquiera de las dos poblaciones. El correo le contestó que se hallaba «muy cansado», pero finalmente accedió al ruego. Y el día siguiente emprendió la búsqueda, dirigiéndose a los lugares señalados. Halló a Togores en Toledo y le pidió en nombre de Soriano que retornase a la corte, pero el lugarteniente del gobernador se excusó y prosiguió su camino. Así, el mensajero regresó a Madrid, y el referido abogado se tuvo que encargar de hacer las gestiones ante el obispo. No estuvo sólo, no obstante, en tal labor; le acompañó en todo momento D. Salvador Aymerich, gobernador de las tierras de D. Pedro Maza.

Entre ambos lograron convencer al bienintencionado prelado de que atendiese las reclamaciones oriolanas. Así, el 19 de julio, el obispo les entregó una carta para las autoridades de la ciudad del Bajo Segura en la que les puso de manifiesto que sentía cierta predisposición favorable hacia «sus personas, y generalmente a todos los de esa çiudad y partido». Les anunció que se personaría en la diócesis en breve. Les comentó su deseo de que a su llegada «estuviesen todas las cosas en mucha paz». Les comunicó que si su provisor les había causado algún perjuicio, les desagraviaría. Les manifestó su intención de encargarse personalmente del ejercicio de todas las atribuciones correspondientes a su autoridad episcopal. Sobre la provisión, les comunicó que ya le había escrito al licenciado Martínez para que suspendiese su ejecución, precisando que «por el bien de las animas y por el decor del dicho su provisor», le había encargado que ordenase a uno o dos curas que llevasen «los padrones de los no confessados» a Murcia, con el fin de conocer los nombres de los feligreses que no se habían confesado, pero no para llamarlos a su presencia, sino para evitarle a su servidor la deshonra de una revocación completa del mandato. Y, por último, les remitió a la carta que les escribiría Jerónimo Soriano, en la que podrían hallar más información al respecto de sus pláticas²³⁶.

Y tal como les indicó el obispo, el abogado les redactó una misiva el día siguiente, 20 de julio. En ella, tras señalar la «mucha benignidad» que había mostrado Silíceo al revocar el mandamiento de su provisor, y el «sancto y catholico zelo que su senyoria tiene, y special amor y respecto a essa sancta yglesia y a toda la ciudad», les resaltó que el obispo hacía cuanto podía por satisfacerles, y que, por ello, debían mostrarse especialmente gratos para con él. En este sentido, incidió en que era muy conveniente tenerlo contento «porque este senyor no solo en lo que toca a su dignidad y persona, pero por el credito y lugar que tiene con Su Magestad y con su sancta y catholica intincion, ha de ser parte». Les comentó que entendía muy bien las reivindicaciones episcopales oriolanas, y que estaba «muy higual para las dos partes y muy apreçebido en no ser parcial a ninguna dellas». Y, por último, les recomendó que no contrariasen su voluntad pues había de ir muy pronto a residir en la diócesis. Y concluyó el escrito poniendo de manifiesto la competente labor tanto de D. Salvador Aymerich como del correo y diciendo que el obispo había mejorado considerablemente de su indisposición²³⁷.

Y el día siguiente, 21 de julio, el referido mensajero partió de Madrid, en dirección a Orihuela, con ambas cartas y la favorable nueva de la suspensión del mandato del licenciado Martínez.

Entre tanto, en la ciudad del Bajo Segura, la preocupación por la inminente ejecución de dicha provisión seguía creciendo. Por ello, las autoridades municipales decidieron recabar la opinión del doctor Filibert, y el 16 de julio le enviaron por medio de Juan Savall una copia del mandamiento y una carta solicitándole consejo²³⁸.

Tras unos días más de tensión, la situación se arregló por completo. No sabemos si Filibert llegó a responder a los requerimientos oriolanos, pero sí que de una manera casi simultánea arribaron a la ciudad el mensajero procedente de la corte y el tantas veces reclamado fr. Ambrosio de la Serna. Aprovechando tan venturosa concurrencia de hechos, el 27 de julio los mandatarios decidieron enviar al dominico a entrevistarse con el provisor Martínez²³⁹. Y demostrando de nuevo sus cualidades, el clérigo regular consiguió que el oficial episcopal revocase públicamente la ejecución de su dañino mandamiento.

Pese a ello, la paz no duró mucho tiempo en la diócesis. A mediados del mes de agosto, el provisor y el cabildo de Cartagena se alarmaron al conocer ciertos rumores que apuntaban que el justicia y los jurados de Orihuela habían impedido a los arrendadores de las rentas episcopales y capitulares cartaginenses que extrajesen el trigo y la cebada que les correspondía, y que, además, les habían reclamado el pago de los derechos de almojarifazgo y general por tales frutos. Y que como consecuencia de tan funesta actitud, buena parte del grano se había echado a perder, y el resto llevaba camino de malograrse si no tomaban las medidas oportunas, y con celeridad.

Y haciendo caso a estas informaciones, el 18 de agosto decidieron enviar a la ciudad del Bajo Segura al mayordomo capitular, Rodrigo Chacón, a quien le entregaron, asimismo, una carta dirigida a los aludidos munícipes.

Chacón se personó ante los mandatarios, y apropiándose de las palabras de sus representados, les puso de manifiesto el asombro y la extrañeza que les había producido el hecho de que «tan recto Consejo y buen govierno» hubiese procedido de una manera tan ilícita, en contra de conocidos privilegios reales y apostólicos y de diversas sentencias judiciales. Y tras afirmar que no querían que la cuestión suscitase nuevos pleitos y diferencias, sino que todo se tratase con «buena amistad y conformidad», les solicitó que mandasen remediar la situación, esto es, que dieran libertad a las rentas «ansi en la saca como en la imposicion»²⁴⁰.

Las palabras de Chacón turbaron a los ediles porque los hechos habían sido de nuevo tergiversados, si no manipulados. Por ello, se aprestaron a comentarle que los arrendadores se quejaban sin razón pues el factor que había causado los aludidos perjuicios no había sido, desde luego, que les hubiesen prohibido la extracción y venta del trigo y la cebada, sino que, movidos por la «codiçia», los referidos tratantes habían decidido esperar a que «subiesen los panes» para vender el grano más «charo». Además, para que pudiese comprobar la buena voluntad que habían mostrado en el caso, le contaron que, viendo que el cereal comenzaba a echarse a perder, habían intentado favorecer su comercialización, y que, por contra, los arrendadores no habían querido aprovechar la ventajosa ocasión, en espera de mayores beneficios. Y completando la respuesta, los munícipes le informaron al mayordomo cartaginense que respecto a la reclamación del pago de los derechos de almojarifazgo y general no podían hacer nada, ya que la percepción de ambos correspondía a la Bailía y, por consiguiente, era ajena a sus competencias. No obstante, para que se diese cuenta -al igual que sus representados-, de la predisposición que tenían para solucionar la cuestión, le indicaron que tratarían de ayudarles hablando con los jueces del citado organismo tributario²⁴¹.

De esta manera, el asunto quedó solventado, y no llegó a producirse una nueva ruptura de relaciones entre la clerecía murciana y la corporación municipal oriolana; un rompimiento que en semejantes momentos hubiese sido realmente inoportuno para ambas partes.

En esta línea, el mes de septiembre y la primera mitad del de octubre fueron ciertamente tranquilos. Pocos sucesos podemos reseñar entre los acontecidos durante dicho lapso temporal.

En primer lugar, que fr. Ambrosio de la Serna fue destinado al convento dominico de Onteniente, y que ello dio motivo a las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura para que a principios de septiembre escribiesen al P. Joan Micó y a su sustituto como Provincial de la Orden de Predicadores en los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, pidiéndoles que volviesen a remitir al competente fraile a la «casa de Nuestra Senyora del Socos» de Orihuela, ya que consideraban necesaria su presencia en dicha población tanto para el desarrollo del citado establecimiento, como para el trato directo con el obispo, cuya llegada a la diócesis se creía inminente. En relación con el Pleito del Obispado, los mandatarios no dudaban en afirmar que la intervención de Serna en las negociaciones había de ser decisiva, ya que «esperaven per ses mans, en breu temps, tenir bona conclusio en aquell, per esser accepte al Reverendissimo bisbe, nostre prelat»; y que su ausencia supondría un «gran dan en dit negoci»²⁴².

También podemos destacar que durante el señalado mes de septiembre, las autoridades oriolanas aprovecharon la estancia del duque de Alba en Cartagena para enviarle una embajada con la intención de invitarle a pasar unos días en la ciudad del Bajo Segura, a fin de hacerle los cumplidos y las gracias que merecía por los continuos favores que les había prestado en relación con la causa episcopal. El duque rechazó cortésmente la oferta, aunque como «verdadero amigo» de los oriolanos, les prometió su apoyo incondicional en tal empresa y en cualesquiera otras que deseasen acometer²⁴³.

Por otra parte, pese a las gestiones realizadas, el vicario general de la Orden de Predicadores no quiso destinar a fr. Ambrosio de la Serna a Orihuela. Prefirió contar con su presencia en el convento que regentaba en Valencia, y lo llamó a la capital del Reino. Enterados de tal nueva, las autoridades de la población sureña decidieron volverle a rogar al Provincial que lo remitiese al convento del Socorro. No obstante, en lugar de dirigírsele personalmente, variaron de táctica. A mediados de octubre -el día 14-, les escribieron sendas cartas al duque de Calabria y al obispo de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, que a la sazón detentaba el influyente cargo de inquisidor del Reino de Valencia, para que tratasen de convencer al referido mandatario dominico²⁴⁴. Sin embargo, la gestión, encaminada por el síndico Juan Savall, no dio los resultados deseados, y la arribada de fr. Ambrosio de la Serna aún se hizo esperar algún tiempo.

Por el contrario, a quien no tuvieron que aguardar mucho más fue a D. Juan Martínez Silíceo, pues llegó a la diócesis entrada ya la segunda mitad del referido mes de octubre.

11. La incomparecencia murciana a las llamadas reales de 1542.

La noticia de la llegada de Silíceo se extendió con rapidez por todo el obispado. En Orihuela fue acogida por sus autoridades con gran alivio ya que debía significar el final de los desmanes del provisor Francisco Martínez. Por ello, tras conocer la nueva, los mandatarios actuaron con celeridad. Decidieron enviarle al prelado una primera visita oficial con el doble fin de cumplir con el protocolo de bienvenida, y de recordarle las demandas secesionistas, en aras a prevenir que el cabildo de Cartagena, haciendo uso de sus habituales procedimientos, tratase de desnivelar en su favor la imparcialidad del prelado en el conflicto episcopal.

Así, hacia el 25 de octubre D. Gregorio de Rocafull y D. Luis Gasch le realizaron al mitrado los honores convenientes a su rango. Silíceo quedó tan satisfecho con las atenciones oriolanas que el día 26 de dicho mes escribió a los referidos mandatarios que había recibido «muy gran contentamiento» por la embajada, que había quedado «en no pequenya obligacion de les servir», y que en breve iría a la ciudad del Bajo Segura para saludarles en persona²⁴⁵.

Sin embargo, pese a estas palabras, que parecían reflejar con sinceridad las intenciones del obispo, su visita a Orihuela se retrasó considerablemente, y no se produjo hasta el tránsito al nuevo año 1542. Entretanto, a mediados de noviembre Silíceo advirtió a sus feligreses de la aludida población ribereña que tenía la intención de organizar a corto plazo un sínodo diocesano en Murcia. Por este motivo, y para que la clerecía oriolana pudiese participar en él sin que se viesen menoscabadas las aspiraciones episcopales, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad optaron por preparar «dos escriptures de protests», y las enviaron a Valencia, al prestigioso doctor Filibert, para que las corrigiese, completase o rehiciese a su gusto²⁴⁶. No obstante, antes de que les llegase la respuesta del afamado jurista, una noticia de enorme alcance acaparó por completo su atención: el ansiado retorno del emperador a las tierras de la Península Ibérica.

Tras su larga estancia en los Países Bajos y en Alemania, y su fracasada expedición contra Argel, Carlos I emprendió el regreso a sus reinos de España con una idea inconmutable: conseguir nuevos fondos con los que tratar de detener la progresiva decadencia imperial. Tras casi dos años de ausencia, volvió a pisar suelo hispano el 23 de noviembre de 1541²⁴⁷.

La noticia de la llegada del monarca corrió como la pólvora -y a la par que ella- por las diferentes localidades del Reino de Valencia. El 29 de noviembre ya había arribado a su confín meridional. Dicho mismo día, las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela decidieron enviarle a Su Sacra y Cesárea Majestad una embajada para hacerle manifiesta «la alegria y consolaçion» que habían sentido por su «bienaventurada venida». Y encomendaron la representación del pueblo y el clero de la ciudad a tres insignes personalidades: a dos de los caballeros principales, D. Gregorio de Rocafull y D. Francisco de Rocamora; y a un clérigo de creciente renombre, mosén Guillem Desprats, que circunstancialmente se hallaba en la vecina Murcia. Asimismo, también creyeron conveniente que los tres procuradores le presentasen sus respetos al comendador mayor de León, Francisco de los Cobos, por ser «persona tan important en lo Consell de Sa Magestat y per lo molt quens pot aprofitar». Los síndicos debieron partir en dirección a la corte el 1 de diciembre²⁴⁸.

Unos días después de la comparecencia de los procuradores oriolanos ante el emperador, el obispo Silíceo volvió a cobrar protagonismo. Pasada la fiesta de Navidad, el prelado inició su primera visita pastoral por las tierras de la diócesis.

El 28 de diciembre arribó a la capital del Bajo Segura para solaz de sus autoridades y, en general, de la universidad de moradores de la ciudad. Tras dispensarle una calurosa recepción, ese mismo día los aludidos mandatarios se reunieron con él en la «Catedral» del Salvador, y por medio de los procuradores Juan Portogués y Gaspar Rovira le presentaron una escritura redactada por el notario del Consell Francisco Vilanova. En ella, le recordaron los antecedentes inmediatos que habían llevado al surgimiento del Pleito del Obispado; y en relación con él, le suplicaron, como «presul Oriolensis», que se dignase a tomar posesión de dicha Iglesia, que nombrase a un vicario general, y que comenzase a ejercer el oficio pontifical. Y previendo que no pudiese satisfacer dichas peticiones, le rogaron que no actuase en Orihuela como obispo de Cartagena hasta la finalización de la lite. Y por último, creyendo factible la posibilidad de que el prelado no pudiese acceder a ninguna de las demandas, hicieron pública su protesta contra cualquier mandato episcopal, precisando que con ello no pretendían contradecir ni molestar al mitrado en sus facultades pontificales, y que lo hacían por temor y obediencia a los mandatos reales²⁴⁹.

No tenemos constancia de la respuesta del obispo, pero es obvio que no tomó posesión del obispado de Orihuela, ya que además de que en la práctica no existía, él únicamente había sido designado como prelado de la diócesis de Cartagena. Por ello, probablemente se limitó a admitir la protesta, a sabiendas de que los feligreses oriolanos obedecerían sus órdenes, y que dicho acatamiento no tendría efecto alguno en el decurso del Pleito.

Tras este primer contacto, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura no escatimaron ni esfuerzos ni gastos para seguir sirviendo y festejando a Silíceo²⁵⁰. El prelado quedó tan «contento» con ellos que decidió agradecerles tales trabajos pasando en Orihuela unos días más, hasta la festividad del Año Nuevo. Dicha jornada, los referidos mandatarios aprovecharon la buena disposición del mitrado para presentarle una segunda escritura de petición y protesta. Lo citaron en el domicilio de Guillem Desprats, y por medio de los síndicos Portogués y Rovira le entregaron el documento.

En él, le solicitaron que revocase la orden de asistencia al sínodo que pretendía celebrar en Murcia, remarcando que «de jure» no podía convocarles a dicha reunión. Y, abundando en súplicas anteriores, le rogaron que no ejerciese en Orihuela el oficio pastoral como obispo de Cartagena hasta que se resolviese la controversia segregacionista²⁵¹.

Silíceo les respondió, según su costumbre, de una manera tan diplomática como hábil, consiguiendo reforzar su autoridad sin detrimento alguno del respeto que las autoridades oriolanas le habían profesado desde el momento de su elección. Y el día siguiente reemprendió su viaje pastoral, con los ojos puestos en el horizonte buscando sus inmediatos destinos: las poblaciones de Elche y Alicante.

Por otra parte, durante la estadía del obispo, los mandatarios echaron en falta la presencia de fr. Ambrosio de la Serna, quien se hallaba de nuevo en Onteniente. No obstante, pese a ello, pensaron que el poderoso ascendiente del dominico aún podía serles de provecho. Y el 3 de enero decidieron escribirle una carta para solicitarle que tratase de alcanzar al prelado en Alicante, o en Villena -que iba a ser el siguiente hito geográfico de su visita episcopal-. Y que una vez compareciese ante él, le comentase que conocía bien «la quanta justicia» que tenían los oriolanos en el Pleito del Obispado, y que sabía que los murcianos les habían quitado «con disfavores» lo que tenían ganado de Su Majestad; y le suplicase que escribiese al monarca haciéndole plena relación «de la verdat y de la tanta razon» que tenían al reclamar un obispado propio²⁵².

No sabemos si el fraile dominico llegó a parlamentar con el mitrado, pero sí que D. Juan Martínez Silíceo, tras terminar su periplo, retornó a Murcia y llevó a la práctica su idea de celebrar el controvertido sínodo.

A las autoridades oriolanas no les importó mucho que el mitrado organizase finalmente tal acto -ya habían puesto a salvo sus derechos con las protestas anteriormente citadas-, pero sí la desconfianza que desde su llegada a las tierras de la diócesis había mostrado hacia las cuentas municipales de las rentas de las fábricas. De nada había servido que le suplicaran «diversas vezes» que las revisase, «porque se viesse la limpiesa dellas». Ni Silíceo ni su provisor quisieron admitirlas. Y con el poco velado fin de hacerse con su administración -ya pretendido con anterioridad por el obispo de Fez durante su vicariato-, trataron de superar los obstáculos legales, sustentados en diversos privilegios reales, arguyendo que dichos frutos no eran utilizados convenientemente, pues lejos de dedicarse a la reparación y construcción de las iglesias, servían para sufragar otros gastos muy diferentes. Pese a tan declarada actitud, los munícipes no cejaban en su intención de que el prelado reconociese la licitud de su gestión. Por ello, el 18 de enero, decidieron aprovechar la estada de Silíceo en Murcia para volver a presentarle los libros de cuentas. Encargaron tal misión al propio justicia en lo criminal, Pedro de Loazes. No obstante, como era de prever, la embajada no tuvo ningún éxito, y el edil tuvo que volver sin haber cumplido su objetivo²⁵³.

Entonces, los referidos mandatarios quisieron forzar un punto la situación. Calculando que el mitrado aún permanecería en la sede episcopal unas cuantas semanas más, ocupado en los negocios sinodales, decidieron enviar al mismo Pedro de Loazes a Valencia con el propósito de conseguir el consejo del doctor Jaime Filibert. Sin embargo, las conjeturas oriolanas no fueron muy acertadas ya que el día 28 de ese mismo mes de enero, estando aún el justicia en la ciudad del Turia, llegó a la del Bajo Segura la noticia de que Silíceo iba a clausurar el sínodo esa misma jornada, y que había planeado partir de Murcia en dirección a la corte dos días después. Apurados por la situación, las autoridades oriolanas le escribieron una carta explicándole que Loazes no había retornado aún de Valencia, y pidiéndole excusas por no haber zanjado la cuestión antes de su marcha. Y para que el prelado no sintiese «escrupulo alguno» de ellos, le indicaron que cuando volviese a Murcia, no tardarían en ir a demostrarle la rigurosidad de las cuentas de las fábricas²⁵⁴.

Sin embargo, no tuvieron que aguardar a que se produjese tal acontecimiento. Pedro de Loazes volvió de Valencia el último de enero, portando unos esclarecedores documentos del abogado Filibert. Y queriendo apurar sus posibilidades, el 1 de febrero los munícipes enviaron a la búsqueda de Silíceo al propio justicia y al notario del Consell, Francisco Vilanova. Lo alcanzaron en Alhama, pero no pudieron entregarle los citados instrumentos hasta que el prelado se detuvo en Lorca. Allí, hubo finalmente de reconocer la limpieza de la contabilidad de los jurados de Orihuela²⁵⁵.

No obstante, no por ello dejaron de sufrir contratiempos las apetecidas rentas de las fábricas. Poco después, mediado ya el referido mes de febrero, los colectores de la bula de la Santa Cruzada en el obispado de Cartagena, el maestrescuela Antonio Tamarón y el racionero Juan de Villatorta, publicaron un edicto en el que ordenaban que las fábricas de las iglesias de Orihuela y su distrito habían de contribuir al pago del subsidio concedido al emperador.

Las autoridades de la ciudad del Bajo Segura no tardaron en reaccionar. Tras conocer las ilícitas pretensiones de los clérigos murcianos, el 23 de febrero decidieron enviar al notario y abogado Jaime Monblanch con una misiva en la que exponían con claridad que las rentas de las fábricas eran laicas, y que, por lo tanto, no podían ser objeto de tributaciones eclesiásticas, con la intención de lograr la revocación inmediata del mandato de pago²⁵⁶. Monblanch compareció ante los colectores, les mostró la carta de sus representados, así como diversos autos y privilegios, y consiguió la derogación de la orden contributiva²⁵⁷.

Mientras tanto, en Valladolid el emperador lidiaba con las mansas Cortes castellanas. Tras conseguir la aprobación de un servicio de 300 millones de maravedís, Carlos I decidió complementar tal cantidad con la aportación de los Reinos de la Corona de Aragón. Por ello, el 5 de abril los convocó a unas Cortes generales, que tendrían lugar en la villa de Monzón a partir del 15 de mayo siguiente.

La carta de convocatoria llegó a Orihuela el 25 de abril, junto con un escrito del duque de Calabria, fechado 11 días antes, en el que les daba noticia de los deseos reales, y les instaba a nombrar a un síndico que tuviese poder pleno y bastante para acudir a la reunión parlamentaria. El Consell de la ciudad del Bajo Segura obtemperó las órdenes reales y virreinales, y designó como procurador al experimentado Ginés de Vilafranca. Encomendó al justicia y a los jurados la preparación de los diferentes documentos -instrucciones, cartas credenciales y de recomendación y autos argumentativos- que habría de llevarse Vilafranca a la citada villa aragonesa. Y entre ellos, el justicia Pedro de Loazes y el jurado Juan Ruiz se comprometieron a financiar la embajada cargándose censales sobre los hipotecados bienes de la ciudad²⁵⁸.

Sin embargo, tal como había sucedido en ocasiones anteriores, la inauguración de las Cortes se retrasó por un tiempo, y los ediles oriolanos aprovecharon la dilación para tratar de asegurarse mayores apoyos en la reunión parlamentaria.

El 10 de mayo el justicia y los jurados ya tenían preparadas las principales cartas de creencia que había de llevarse a Monzón el procurador electo. Redactaron escritos para el propio Carlos I -a cuya «benignitat e solita clemençia» apelaron-, para los más destacados componentes de los Consejos de Aragón y Castilla -los regentes Ram y Costa y el vicecanciller May, del primero, y el regente Pastor, del segundo-, para sus contactos en la corte -el secretario Hugo de Urries y el doctor Jerónimo Soriano-, y para los hombres fuertes del emperador en sus reinos de España -el duque de Alba, Francisco de los Cobos y el señor de Granvelle-. De todas las misivas, requiere especial comentario la que dirigieron a este último. En ella, le pusieron de manifiesto que «en las dichas Cortes, entre otros agravios de esta ciudat, se a de praticar e tratar de un tan grande y notorio agravio como es que esta ciudad este tanto tiempo desposeida de su possession de obispado». Le comentaron que les parecía «cosa muy seria» que «en tantos anyos» no hubiesen «podido alcançar remedio de lo que en tan breve tiempo fuymos despossehidos sin ser oydos, ni conocida nuestra justicia». Y recurriendo a su «refugio», «a la sombra de sus alas», le solicitaron su favor «por ser persona tan justificada y de tanta rectitut»²⁵⁹.

Y teniendo en cuenta que Vilafranca habría de pasar por Valencia, de camino a Monzón, le prepararon otra serie de escritos dirigidos a diferentes personalidades e instituciones del Reino, en los que les solicitaban que ordenasen a sus representantes en las Cortes que apoyasen las demandas secesionistas, y que escribiesen al emperador en recomendación y defensa de dichas tesis. El mismo 10 de mayo fecharon los destinados al duque de Calabria, al capítulo de la Metropolitana, a los jurados de la ciudad del Turia y a la Diputación del General²⁶⁰. Y cinco días más tarde, dataron nuevas misivas que el síndico habría de entregar personalmente al gobernador Maza, al justicia y los jurados de Játiva, al conde de Oliva, y a los duques de Gandía, Cardona y Segorbe²⁶¹.

Dos días después, el 17 de mayo, los munícipes ultimaron la confección de los instrumentos de instrucciones que habrían de regir las actuaciones del procurador oriolano en Monzón. En tales documentos le dejaron muy claro a Vilafranca que en primer lugar había de suplicarle al emperador, postrado a sus pies y con la mayor humildad, que tuviese en cuenta los antecedentes del Pleito -incluidas las «dilacions» y los «diffugis» de los murcianos-, y que se acordase de todos los autos de Corte que había jurado en todas las reuniones parlamentarias anteriores, desde 1528, y que, en conformidad con su contenido, remitiese la causa episcopal a manos de la Santa Sede Apostólica para que allí pudiese ser retomada desde el punto en que se hallaba cuando fue despachado el breve de Bolonia, de modo que fuese sentenciada de una manera definitiva.

Previendo que, con casi total seguridad, la respuesta del emperador había de ser negativa, y que Carlos I iba a mantener su decisión de encargarse personalmente de la resolución del caso, los ediles le indicaron a Vilafranca que le rogase que decretara que el litigio fuese sustanciado de modo inmediato por la vía judicial, de manera que ninguna de las partes pudiese sentirse agraviada.

Después, el procurador había de explicarle al monarca los diferentes factores que hacían a la Iglesia y la ciudad de Orihuela dignas merecedoras del rango episcopal: las diferencias de nación, lengua, costumbres e instituciones (gobernación y bailía) y la situación fronteriza y rival; los problemas de jurisdicción -la negativa de ir a pleitear a Murcia-; la importancia de otras poblaciones o unidades territoriales de la zona como Alicante («port e castell de homenage», «ciutat molt important a Sa Magestat»), el marquesado de Elche, el valle de Elda, y otras villas «grosses e poderoses»; antecedentes históricos como la muestras de fidelidad y los servicios prestados a los reyes anteriores -tanto de la Corona de Aragón como de la nueva Monarquía Hispánica-, la promesa de Alfonso el Magnánimo, la erección episcopal de 1510 o la confirmación de León X; el carácter subrepticio de los rescriptos apostólicos conseguidos por los cartaginenses; los ya aludidos autos de Corte; y la pertinaz actitud murciana, contraria a los mandatos reales. Y por último, un argumento nuevo, de considerable peso. Un precedente fundamentado en una disposición de Teodosio II, autor del prestigioso Código Teodosiano, que legitimaba sin lugar a dudas la segregación oriolana ya que, según había de comentarle Vilafranca a Su Majestad, el citado emperador «eregi en metropolitana la ciutat de Berito, la qual era en la provincia de Tiro, e volgue que la dita ciutat de Tiro fos mare de la dita provincia de Berito, per sa liberalitat imperial, y que abduys gojassen de dignitat metropolitana».

Y, finalmente, tenía que ponerle al corriente de las ofertas que los cartaginenses les habían hecho, y que habían desechado confiando en la justicia de sus reclamaciones²⁶².

Como ya hemos apuntado, pese a la voluntad inicial del emperador de convocar la señalada reunión parlamentaria para mediados de mayo, su inauguración se retrasó considerablemente. A principios de junio, Ginés de Vilafranca aún no había partido de la ciudad del Bajo Segura. El primer día de dicho mes los munícipes redactaron tres nuevas cartas. Una dirigida al obispo Silíceo, pidiéndole que apoyase a Vilafranca cuando presentase los agravios relacionados con la lite episcopal. Otra para D. Fernando de Loazes, por entonces obispo de Elna e inquisidor general del Reino de Valencia, para que interpusiese su influencia en provecho de la causa. Y una tercera, destinada al doctor Filibert, que también iba a acudir a las Cortes, rogándole que se encargase de la preparación de los documentos que el aludido procurador habría de presentar ante el monarca²⁶³.

Unos días después, creyendo inminente, por fin, la partida de Vilafranca, los jurados oriolanos le entregaron 70 libras y todos los autos que para la ocasión habían preparado²⁶⁴.

Sin embargo, un inoportuno acontecimiento retrasó por unos días la salida del síndico. El 11 de junio llegó a la ciudad del Bajo Segura la noticia de que, a instancia de los colectores cartaginenses del subsidio, el provisor Martínez había expedido un mandato conminando a los administradores de las rentas de las fábricas a participar en el pago del referido «serviçio» so pena de excomunión. Las autoridades civiles oriolanas decidieron volver a enviar a Murcia a Jaime Monblanch con la intención de que el notario les mostrase los mismos autos que en febrero les habían convencido de que dichos frutos, por su carácter laico, no podían ser objeto de ningún tipo de tributación eclesiástica, a fin de lograr que el provisor revocase el edicto y que los comisionados apostólicos abandonasen sus ilícitos propósitos²⁶⁵.

Monblanch se entrevistó con el vicario general pero éste, presionado por el colector Tamarón, no pudo satisfacer los deseos oriolanos. Expuestos los argumentos de las partes afectadas, Martínez decidió optar por una solución que no disgustó ni a unos ni a otros: se lavó las manos. El 15 de junio suspendió cautelarmente la ejecución del edicto, y dejó la decisión final en manos de su superior, el obispo Silíceo. Y a tal efecto concedió a los munícipes de la ciudad del Bajo Segura un aplazamiento de un mes y medio para que pudiesen conocer la voluntad del prelado²⁶⁶.

Por ello, el día siguiente, el justicia y los jurados se afanaron por escribir sendas misivas informativas dirigidas a D. Juan Martínez Silíceo y al juez apostólico del subsidio, el cardenal de Sevilla, D. Juan García de Loaysa. E instruyeron a Ginés de Vilafranca para que convenciese al primero de que mandase a su provisor que revocase el pernicioso edicto, y al segundo de que ordenase a sus comisarios delegados en el obispado cartaginense que no exigiesen el pago del servicio a los fabriqueros oriolanos²⁶⁷.

Y, por fin, dos días después, el domingo 18 de junio, el procurador de la ciudad del Bajo Segura partió en dirección a Monzón²⁶⁸.

Unos días más tarde, el cabildo de Cartagena volvió a la ofensiva. A requerimiento suyo, el provisor Martínez expidió un edicto en el que mandaba, bajo pena de excomunión, que los canónigos, beneficiados y capellanes del capítulo del Salvador pagasen dos contribuciones de 298 sueldos y 6 dineros cada una, que tendrían que hacer efectivas en enero y mayo del año siguiente, para sufragar los gastos derivados de la visita pastoral efectuada por Silíceo, y de las diferentes caridades realizadas por el prelado durante la misma. La reacción de los clérigos oriolanos fue inmediata. Redactaron un escrito de protesta en el que precisaron que ni por derecho ni por costumbre podían el deán y el cabildo cartaginenses obligar al capítulo del Salvador a conceder servicios voluntarios o de cualquier otro tipo, que no podían meter mano en mensa ajena. Y el 28 de junio enviaron a Murcia a Juan López de Tuesta a solicitar la derogación del edicto. El resultado de la gestión del procurador oriolano fue realmente irrisorio. Tras la presentación de la escritura, el vicario general le contestó con notable sarcasmo que «no entendia bien la lengua valentiana, e que trayendo e presentando ante el el dicho scrito traduzido en lengua castellana, el daria su respuesta». No sabemos cómo concluyó el episodio pero la respuesta del provisor pone de manifiesto la falta de cohesión y uniformidad de la diócesis, y nos puede ayudar a formarnos una idea de cuánto podían desear los oriolanos la segregación episcopal²⁶⁹.

Yendo ya al transcurso de las negociaciones episcopales durante las Cortes de Monzón, a su llegada, Ginés de Vilafranca se dedicó a repartir todas las cartas credenciales y de recomendación que llevaba. Así, se entrevistó con el obispo Silíceo, quien le comentó que quería que ambas partes llegasen a un acuerdo «en breve y con toda justicia»²⁷⁰.

Después, fue a buscar a Jaime Filibert para solicitarle que se encargase de la preparación de los documentos que habría que presentar al emperador. El abogado le respondió con malas maneras que el duque de Calabria le había pagado 500 ducados para que se encargase exclusivamente de sus asuntos, y que no podría atenderle. Poco después, el procurador se enteró de que Filibert había manifestado públicamente que Orihuela le daba mucho más trabajo que dinero, y decidió no insistirle más y buscar el consejo de otro jurista²⁷¹.

Tras este contratiempo, Vilafranca solicitó la audiencia imperial, y compareció ante Carlos I. Siguiendo las instrucciones, le suplicó que abocase la causa a Roma, pero el emperador le comunicó que él mismo se encargaría de que el Pleito concluyese definitivamente. Y a tal efecto remitió a Murcia con un correo propio una real cédula ordenando al cabildo de Cartagena que enviase de modo inmediato a Monzón a algún procurador facultado para tratar la lite.

Poco después, Silíceo se enteró de la novedad por boca de Cobos, y decidió escribir, asimismo, al cabildo cartaginense, recomendando a sus componentes que obedeciesen la disposición real y que enviasen sin demora al maestro Arrieta, puesto que ya se había ocupado del caso en ocasiones anteriores.

Unos días después, el 19 de julio, Carlos I recibió cartas de Perpiñán en las que le comunicaban que el rey de Francia, obviando la tregua de Niza, estaba haciendo planes bélicos para entrar «por todas las fronteras destos reynos». Por ello, el día siguiente convocó a todos los representantes de los estamentos en la iglesia de Monzón y les pidió que tratasen de abreviar los asuntos para concluir cuanto antes las Cortes, con la intención de encargarse personalmente de dirigir las medidas de defensa²⁷².

Pese a la petición real, el 21 de julio, muchos catalanes salieron de Monzón en dirección a Perpiñán, mientras que otro buen número de aragoneses se dirigió hacia las fronteras de su reino. Por ello, la actividad parlamentaria tuvo que detenerse temporalmente. Y Vilafranca quiso aprovechar el parón para tratar de aclarar la cuestión del subsidio. Así, se entrevistó con el siempre bien dispuesto obispo Silíceo, quien le dio esperanzas en relación con la resolución de la causa secesionista, pero, por contra, se mostró esquivo a la hora de pronunciarse respecto a la cuestión de las fábricas. Únicamente le dijo que hablaría de ello cuando «mas tiempo tuviere» y que iba a recomendar a sus representados por carta que «se ynformasen syenpre de letrados fuera delos de esa çiudad antes se pusiesen en cosas desta calidad, y desta manera nunca erraran», con lo que implícitamente afirmaba que las fábricas habrían de contribuir²⁷³.

Tras obtener esta respuesta tan poco comprometida, Vilafranca intentó platicar con el cardenal de Sevilla, pero éste no quiso atenderle, según su propia opinión, «porque tostemps es estat enemich de Oriola». Dicho comentario lo incluyó en una carta que les escribió a las autoridades de la ciudad del Bajo Segura el 22 de julio.

En ella, les relató cómo habían ido sus gestiones hasta ese momento. Les comentó que estaba a la espera de la llegada de noticias de Murcia. Y les hizo una serie de peticiones. Les requirió que trataran de enterarse en la población rival de cuántas personas iban a desplazar, y de qué argumentos iban a esgrimir en su defensa. También les solicitó el envío de «los actes y escriptures neceçaries, y poders bastants, axi de justicia com los altres, ab los quals dexam la causa en mans de Sa Magestat liberament, per a que, ohida nostra justicia, nos mane desagraviar o dar tal consert que fos saludable a tots». E insistió en que tuviesen mucho cuidado al confeccionar los poderes porque le había importunado mucho al rey para que se ocupase del asunto, y si le enviaban documentos erróneos era más que probable que no quisiese volver a oír hablar del tema. Les demandó, asimismo, dinero, unos 10 ó 15 ducados para pagar a los abogados que tuviesen que encargarse de fomentar los intereses oriolanos, puesto que el doctor Filibert se había autodescartado. Sobre esta cuestión, les informó que estaba pensando ofrecerle el servicio a los doctores Benavent o Abad, quienes, según escribía, «valen tant com ell». También les solicitó que consideraran la posibilidad de enviar a Monzón a algún capitular o a algún caballero para que le ayudase, lo que, según manifestaba, le proporcionaría un «gran scans». Les rogó, además, que escribiesen al vicecanciller May, al señor de Granvelle, y a los duques de Calabria y Alba, para que favoreciesen sus reclamaciones. Y, por último, les hizo una alusión final a lo incómoda que estaba resultando su estadía en la villa aragonesa; les escribió que deseaba «ser fora de aquesta terra, que per Nostre Senyor Deu esta perduda, de tant pobre, y es molt malenconica y carissima»²⁷⁴.

La respuesta del deán y el cabildo de Cartagena al requerimiento real no se hizo esperar mucho. En lugar de remitir al maestro Arrieta, enviaron a un simple correo con una carta en la que le suplicaban al emperador que no les mandase ir a Monzón porque ellos no tenían nada que hacer en las Cortes, y los negocios de éstas lo tendrían demasiado ocupado como para ponerse a tratar la cuestión del Obispado. Tras recibir la misiva murciana, ya en agosto, el monarca les volvió a escribir confirmándoles la orden citatoria.

Unos días después, una «persona molt certa e inportant» de la corte -cuyo nombre no se atrevió a desvelar Ginés de Vilafranca, quizá en un exceso de prudencia- avisó al síndico oriolano de la contestación cartaginense. Y éste, acompañado por mosén Gaspar Carança -un servidor de D. Pedro Maza-, se dirigió de inmediato a la residencia real con la intención de conocer mejor la novedad «de boca del emperador». El procurador mantuvo con Su Majestad una larga plática, de la que nos han llegado algunos fragmentos gracias a su minuciosidad epistolar. Nada más comenzar a parlamentar, el monarca le comentó la llegada de la respuesta murciana y sus intenciones inmediatas: «Ellos me an scrito disiendo que no tienen que hentender en estas cortes y que seria perder tiempo, y que lo dilatase acabadas las Cortes para donde mandase, y yo no [e] acceptado su repuesta y les e tornado a scrivir, mando que vengan para dar aciento a la diferencia dessas yglesias y que para esto no obstan las Cortes, conforme al compromisso que se hizo en Madrid, aquestes paraules formals, porque yo diputare personas para ello que entiendan en este negocio para dar assiento entre vossotros». Pese a las claras palabras del emperador, Vilafranca le señaló los perjuicios que les estaban causando los murcianos con sus repetidas incomparecencias, y como era su deber, aunque no su voluntad, le suplicó que los declarase contumaces y que enviase la causa a Roma. Carlos I le respondió de manera tajante: «Ya us tengo dicho que a Roma no us enbiare, mas yo lo provehere en esta corte, que yo les e scrito que no obstante lo que me an escrito y repuesto, que vengan porque mi determenada voluntat es que se atajen estas diferencias de yglesias y ciudades. Que yo tengo para ello personas diputadas». Entonces, el síndico quiso asegurarse de que Orihuela tuviese cierta ventaja en las negociaciones y le recordó al rey que en Madrid cometió el arbitraje al doctor Guevara del Consejo de Castilla, al vicecanciller May del de Aragón, y al señor de Granvelle, y que a este último -que era considerado favorable a la causa secesionista- le asignó la responsabilidad de desnivelar la balanza en el caso de que los otros dos jueces no llegasen finalmente a un acuerdo. Asimismo, le rememoró que al proponer el compromiso dejó claro que garantizaría su limpieza estando presente en todos los actos. Y le recalcó que sus representados únicamente querían que se hiciese justicia. El monarca le respondió: «Si, si, si», como tratando de convencer al insistente procurador de que deseaba realmente poner solución al problema. Y poco después, lo despidió afablemente²⁷⁵.

Tras la entrevista, el 12 de agosto, Ginés de Vilafranca escribió una carta a las autoridades de la ciudad del Bajo Segura. En ella, les relató el estado de la cuestión, poniendo especial énfasis en la conversación que mantuvo con el rey. Sobre ella, les contó que Su Majestad le había tratado con gran «umanitat», y que le había convencido de que deseaba dar asiento a la lite, hasta el punto que creía que «ja no es en ma de negu esviarla». Por ello, les volvió a pedir la documentación y el poder, y les rogó que en el tiempo que quedaba hasta la firma de la concordia no hiciesen nada que pudiese causarle al emperador «alguna indignacion» contra Orihuela²⁷⁶.

A partir de ese momento, Vilafranca decidió mantenerse en un discreto segundo plano, a la espera de la llegada de los autos y el poder de Orihuela. No volvió a insistirle al monarca al respecto de la resolución del Pleito.

Pasaron unos cuantos días, y al ver que la documentación pedida no arribaba, y que no tendría «boca ab que satisfer al que a tots convenia» en el caso de que llegasen los murcianos, el síndico comenzó a sentirse cada vez más inquieto²⁷⁷.

Y el recelo le llegó a intranquilizar tanto que el 16 de agosto se decidió a escribir de nuevo a sus representados para explicarles más claramente, si cabe, que si no le remitían con presteza los papeles y los murcianos llegaban antes que ellos, el percance causaría «tant gran dereputacio» para Orihuela que Carlos I decidiría la lite en favor de Murcia y les impondría «silenci perpetuo en la causa tant com lo Enperador viura», esto es, mientras viviese. Por otra parte, les comentó que Cobos había reconocido públicamente que tenían cierta ventaja al poder incluir la petición segregacionista como agravio en las Cortes, ya que durante las reuniones parlamentarias «con las ciudades de Castilla no asse el rey mas delo que manda, e que con essas otras nunca puede acabar». También les reclamó la ayuda de un segundo procurador, y dinero… Dinero porque, según afirmaba, «Sa Magestat de tota ora esta ab lo peu en lo strep, segons ly crexen les nececitats de la guera, y per averlo de seguir la cort, y estant Spanya tant cara com esta, miren com se fara sens diners, que quant Monço esta tant car no ce que sia barat». Y, por último, les refirió que ardía en deseos de volver a Orihuela: «yo desige la volta como anar a Paradis, y reposar en ma casa com cada hu, que jam cent vell per a cort»²⁷⁸.

El afán por retornar se convirtió, pocos días después, en una imperiosa necesidad cuando llegó a sus oídos una desgraciada noticia: la muerte de su hermano, el canónigo Juan de Vilafranca.

Este suceso conmocionó vivamente a los oriolanos, pero no tanto como otro que hizo que el 21 de agosto quedaran de nuevo rotas las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura y los mandatarios de Murcia.

El incidente tuvo su origen algún tiempo atrás. La iglesia de San Martín de Callosa de Segura contaba con dos beneficios servideros sin cura -que detentaban sendos prebendados del cabildo cartaginense, el canónigo Jerónimo Grasso y un beneficiado apellidado Quiñonero-, una capellanía, y un préstamo cuyas rentas pertenecían al capítulo del Salvador. Pues bien, los dos clérigos murcianos, con la connivencia del provisor Martínez, se hicieron con los frutos de dicho préstamo, sin dar ninguna opción de defensa a los capitulares oriolanos. La respuesta de éstos fue inmediata. Reclamaron ante D. Gerónimo de Cabanyelles, gobernador de Valencia y regente de la lugartenencia general del Reino, en ausencia del duque de Calabria, y ante la Real Audiencia, y consiguieron una provisión en la que se ordenaba a los usurpadores la restitución de las rentas ocupadas, «guardando los terminos de justicia». Una vez tuvieron el edicto en su poder, los clérigos oriolanos enviaron a Murcia a un procurador con la intención de presentárselo a los dos beneficiados. Éstos, al comprobar el contenido del escrito, acudieron al teniente del corregidor en busca de ayuda. Y el mandatario le arrebató la provisión al síndico oriolano, e incluso quiso encarcelarlo. Al conocer el altercado, los capitulares del Salvador hicieron las gestiones oportunas para conseguir un nuevo escrito oficial en el que se conminaba al teniente del corregidor a que devolviese la provisión secuestrada. Acto seguido, enviaron a la ciudad vecina a un notario y a un nuevo procurador con la intención de recobrar la real orden. Y el referido teniente no sólo no les quiso oír, sino que les quitó de las manos la procura y el requerimiento, y los trató de tal manera «que sen vingueren mes fogint que de altra manera». El suceso causó en Orihuela tal asombro que las autoridades de la ciudad no dudaron en volver a escribir al citado Cabanyelles y al propio Carlos I para quejarse de la ignominiosa actitud del ínclito teniente del corregidor de Murcia²⁷⁹.

Quizá estos acontecimientos retrasaran el envío de la documentación reclamada por Ginés de Vilafranca en Monzón. Sin embargo, éste ya no pensaba en recibirla, sino solamente en regresar. Por ello, hacia finales de agosto, al ver que los murcianos no aparecían, le comunicó al emperador la nueva del deceso de su hermano, y le pidió permiso para volver a Orihuela. El monarca atendió el ruego del procurador y le concedió la licencia suplicada.

Entonces, el síndico efectuó las que creía iban a ser sus últimas gestiones antes de emprender el viaje de regreso. Consiguió un documento, una «cautela» en la que se especificaba que en el caso -bastante improbable- de que los delegados murcianos llegasen a Monzón, y acusasen a la parte oriolana de contumacia, dicha inculpación no sería admitida por el emperador. Y el día siguiente, que debió ser el 27 de agosto, poco antes de partir, y tras haber enviado para la ciudad del Bajo Segura «una asemila de ropa y todos los actos», fue a despedirse del obispo Silíceo²⁸⁰.

Sin embargo, estando a punto de salir de la corte, le llegó con un correo procedente de Orihuela un nuevo encargo de sus representados. Recibió las cartas relacionadas con el incidente de las primicias callosinas, y tras considerar que «lo be general nos te de dexar per niguna particular pacio», decidió aplazar el viaje y denunciar el caso ante el monarca. Su Majestad remitió la causa a Granvelle, dado que tanto Cobos como May se hallaban enfermos. Vilafranca aprovechó la coyuntura para platicar con el insigne borgoñón, quien, según contaba el propio síndico, le dirigió las siguientes palabras: «Yo e visto la carta de Su Magestad y e leydo el acto, y todo me parece mal. Yo e fablado de facto con el regente Figuerola, ques del Consejo de Castilla, y con Guevara, y con el comendador mayor muy encarecidamente. Y se a de tomar informacion y se fara la provision neceçaria porque no puede ser condenado que no cea oydo». Y aparte, le hizo un comentario sobre la cuestión episcopal: «Y tanbien se a de fazer provision sobre que los de Murcia no an venido, que lo an fecho muy vellacamente, y en todo terneys provision». El oriolano le dio las gracias por su actitud de parte de la ciudad, y le dijo que aunque Su Majestad no les estaba causando ningún perjuicio en la citada controversia, tampoco les estaba favoreciendo nada. Entonces, Granvelle le respondió: «Yo us do ma fe que Su Magestate lo provea muy bien». Y tras oír tales palabras, Vilafranca se despidió de él sumamente agradecido²⁸¹.

No obstante, antes de que pudiese replantearse su partida, un nuevo acontecimiento le forzó a cambiar de planes. Carlos I propuso a las Cortes el juramento del príncipe Felipe como heredero a la Corona. Y el 29 de agosto escribió cartas a todas las poblaciones reales que habían enviado representantes a la asamblea estamental, ordenando a sus corporaciones municipales que con la mayor diligencia, «con la brevedad que el tiempo requiere», enviasen poderes a sus respectivos síndicos para que pudiesen jurar al primogénito²⁸².

Ante la urgencia de la petición real, y conociendo la exasperante lentitud de los procederes de las autoridades oriolanas, el mismo día 29 Vilafranca optó por enviarles otro escrito con un correo propio. En él, hizo especial hincapié en la premura con que el emperador deseaba que se produjese el juramento de su hijo Felipe, explicando que de no ser por este acto, las Cortes ya habrían sido clausuradas a causa de la inminencia de la guerra. También aprovechó la ocasión para demandarles dinero y documentación, y para contarles que pese a sus circunstancias familiares, había decidido permanecer en Monzón para cumplir con la labor que le habían encomendado²⁸³.

Mientras el mensajero enviado por el eficiente procurador recorría la geografía peninsular en dirección a Orihuela, el 3 de septiembre las autoridades de dicha ciudad se decidieron por fin a tomar decisiones al respecto de la causa episcopal. Convocaron al Consell, y procedieron a la lectura de las diferentes cartas que habían recibido de Ginés de Vilafranca a lo largo de los meses de julio y agosto. Y tras hacerse público el estado de la cuestión, a propuesta de los jurados, el citado organismo aprobó que se confeccionase el poder adecuado para que el síndico pudiese dejar la resolución del Pleito en manos de Su Majestad. Asimismo, se votó el envío de toda la documentación requerida por el procurador, de nuevas cartas de favor, y de una cantidad de dinero suficiente para que pudiese negociar en las mejores condiciones²⁸⁴.

El día siguiente, el justicia y los jurados se dedicaron a redactar las cartas de recomendación y apoyo.

Le escribieron al duque de Alba que sin su favor la lite no podría tener el final adecuado²⁸⁵.

Al obispo Silíceo le pidieron que informase de la justicia de Orihuela a Su Majestad, que le rogase que la examinase personalmente, y que fuera «propicio» cuando estudiase el caso. Y le dirigieron palabras tan sumamente elogiosas que no nos resistimos a dejar de transcribir: « (…) y en verdad, des que nos fiso merecedores de onrranos con su presencia en esta ciudat, hemos tuvido por muy cierto que Dios, Nuestro Senyor, hiso eleccion de la persona de vuestra merced par que con el officio pastoral y con su religion fuese verdadero padre en ponernos en pas y sosiego, mayormente que Dios, Nuestro Senyor, lo a feco tan allegado a Su Magestad, en donde pende todo el remedio de nuestro negocio (…)»²⁸⁶.

También se dirigieron al señor de Granvelle, pero con más comedimiento, dado que iba a ser el árbitro decisivo de la causa. Le suplicaron «simplemente» que les diese su «favor y amparo», y que les hiciese «merecedores de las mercedes acostumbradas»²⁸⁷.

Y en un último intento de conseguir el apoyo del doctor Filibert, le escribieron al duque de Calabria, quien -recordemos- había pagado por la exclusividad de sus servicios, a fin de que le permitiese encargarse de la causa oriolana, «porque sea bien disputada y mirada de su mano»²⁸⁸. Y al propio Jaime Filibert para rogarle que tuviese en cuenta la «contemplaçio y amor» que sentía hacia Orihuela -irónico, ¿verdad?-, y que se encargase de la defensa en la lite, ya que no podían dejarla «en mans de totes persones»²⁸⁹.

No obstante, quisieron asegurarse de contar con el asesoramiento de un abogado, y a tal efecto escribieron otras dos cartas a los doctores Benavent y Abad.

Y, por último, le escribieron un par de misivas a Ginés de Vilafranca. En la primera, datada el mismo 4 de septiembre, le indicaron lo que sentían que debía decirle al monarca. «Senyor, muchos anyos a que andamos en esto, y a nuestros contrarios no les faltan diffugios y remedios para que jamas se vea la fin, y cometiendolo Vuestra Magestad a justicia, viendose perdidos porque no la tienen, vernan mas facilmente a perderse en qualquier razon. Y, por tanto, la ciudad de Origuela, deseosa de salir con su justiçia no me a dado mas poder que para suplicar a Vuestra Magestad lo mande cometer a justicia en Corte Romana, como Vuestra Magestad lo tiene offrecido por aucto de corte». Como podemos apreciar, las autoridades oriolanas estaban cansadas de tantos retrasos y deseaban que Carlos I remitiese la causa a Roma. No obstante, tras valorar fríamente que dicho comentario podría molestar al emperador, le pidieron al síndico que no sólo no se lo hiciese, sino que no le mostrase la carta a nadie²⁹⁰.

Y en la segunda, fechada el día siguiente -5 de septiembre-, le dieron un cumplidísimo pésame por el fallecimiento de su hermano; le anunciaron el envío de los autos y el poder, y de todo el dinero que habían podido reunir; y, por último, le pidieron que hiciese las gestiones necesarias para conseguir los servicios de un abogado, acudiendo en primer lugar al doctor Filibert²⁹¹.

Ese mismo día 5 le entregaron al correo Juan Tarancó 15 ducados y toda la documentación, y éste partió en dirección a Monzón²⁹².

Tres días después arribó a la población del Bajo Segura el correo real que portaba la carta en la que Carlos I les ordenaba a las autoridades oriolanas que ampliasen el sindicato de Ginés de Vilafranca a fin de que pudiese jurar al príncipe Felipe como heredero a la Corona, en nombre de la ciudad. La recepción de la cédula propició la inmediata convocatoria del Consell. En él, sus componentes, en lugar de atender a la celeridad que el emperador reclamaba, optaron -erróneamente- por asegurarse de que la ampliación del poder se realizase de un modo correcto. Y con este objeto, escribieron a los jurados de Valencia pidiéndoles que les enviasen una copia del documento que le fueran a remitir a su procurador²⁹³.

El mensajero oriolano llegó a la ciudad del Turia la tarde del 10 de septiembre, poco después de que saliese de ella Juan Tarancó. De inmediato buscó a Juan Savall, quien le acompañó el día siguiente a entrevistarse con los ediles valencianos. Éstos, un tanto extrañados por la petición, les entregaron una carta y una copia de la «proposicio e delliberacio del magnifich Consell acerca de dit jurament», que ya habían enviado para Monzón hacía cuatro días. Y sin perder el tiempo, el correo emprendió el camino de retorno a Orihuela, a la que llegó el 14 de septiembre, justo el mismo día que en la citada villa aragonesa los representantes catalanes de los tres brazos juraban al príncipe Felipe como heredero a la Corona²⁹⁴…

Tras la arribada del aludido mensajero, el Consell se reunió con carácter de urgencia. Votó la ampliación del poder de Ginés de Vilafranca. Y ordenó su confección, siguiendo el modelo valenciano, así como la redacción de dos cartas para el propio síndico y para el monarca, en las que les anunciasen el envío del añadido y les pidiesen que se ocupasen del Pleito. El justicia y los jurados fueron diligentes en su preparación, y ese mismo día 14 los tres documentos fueron remitidos a Valencia, para que Juan Savall se encargase de enviarlos a la corte con la mayor presteza²⁹⁵.

El día siguiente llegó a Monzón Juan Tarancó. Buscó a Ginés de Vilafranca y le entregó los 15 ducados, el poder de dejación de la resolución de la lite en manos de Su Majestad, los autos y las cartas de recomendación. No obstante, si bien el dinero le sirvió al procurador para aliviar su penosa situación, de poco le valió la documentación, ya que unos cuantos días antes le había presentado al emperador, en nombre de los tres brazos del reino, una suplicación preparada por el doctor Abad, en la que le reclamaba el envío de la causa a Roma o la vista inmediata del caso por la vía judicial.

Vilafranca decidió hacer esperar a Tarancó un tiempo, hasta que llegase el sindicato del juramento. Pasaron los días y fueron llegando todos los correos procedentes de las poblaciones valencianas representadas en las Cortes; todos excepto el de Orihuela. En un principio, el monarca pensó que la causa del retraso se hallaba en la propia lejanía de Orihuela. No obstante, hacia el 18 o el 19 de septiembre se hizo público por un escrito del baile general de Valencia, D. Luis Carroz, que la tardanza del poder oriolano se debía a que los ediles de la ciudad del Bajo Segura habían consultado a sus colegas de la del Turia sobre el modo de prepararlo, y se extendió «lo mormur y avolot» por la corte. Entonces, Carlos I se cansó de esperar y fijó la prestación del juramento para el día 20 del citado mes²⁹⁶.

Vilafranca volvió a sentir vergüenza por el error de sus representados, y el mismo día del acto se decidió a escribirles una carta y a despachar con ella a Tarancó. En la misiva, aparte de informarles de sus últimas gestiones, les recriminó que no le hubiesen enviado el dinero y los autos «en lo temps ques demanaven», y, sobre todo, el gravísimo desatino que habían cometido al no enviar a tiempo la procura del juramento. Les comunicó, asimismo, que había tratado por todos los medios de convencer a Filibert para que se encargase de la redacción de las suplicaciones («mes e pasat ab ell ques pot pasar en porgatori»), y que le había asegurado que no volvería a trabajar para Orihuela. Y, por último, les comentó que no estaba muy bien de salud²⁹⁷.

El día siguiente, 21 de septiembre, el duque de Calabria convocó a los representantes de los tres brazos del Reino de Valencia, y les comunicó, en nombre del emperador, que a causa de la guerra contra Francia y de otras «urgents nececitats», Su Majestad deseaba que la tercera parte del servicio, que se dedicaba a compensar a los agraviados, fuese a sus arcas. Y les pidió que aceptasen la demanda con la mayor rapidez. Los brazos se enojaron por el contenido del comunicado, así como por el hecho de que fuese presentado justo cuando las Cortes iban a ser clausuradas. Y por este motivo, las Cortes fueron prolongadas durante unos días²⁹⁸.

Ello le vino particularmente bien a los intereses oriolanos. Hacia el 24 o el 25 de septiembre debió llegar a Monzón el correo que portaba el sindicato del juramento. Vilafranca leyó la carta de sus representados, y decidió aprovechar la coyuntura para volver a elevar una suplicación al monarca, en nombre de los tres brazos valencianos. Y, en efecto, el citado día 25 presentó la escritura en las Cortes.

En ella, los brazos le recordaron que los cartaginenses no habían acudido a ninguna de sus llamadas, y le pidieron que los declarase contumaces y desobedientes, y que escribiese al papa para que abocase la causa a la Rota romana, pues consideraban que ésa era la mejor manera de zanjar la polémica segregacionista con rapidez y equidad, y de evitar mayores gastos y daños para las Iglesias y las ciudades de Orihuela y Murcia. No obstante, a sabiendas de que el emperador se negaría a aceptar tal solución, le suplicaron que hiciese todo lo posible para dar asiento al Pleito por vía de justicia, mandando a las partes que compareciesen ante él en un plazo breve de tiempo, con la particularidad de que si alguna de ellas incumplía la orden citatoria, tendría que permitir que fuese la Santa Sede la que resolviese el contencioso²⁹⁹.

La suplicación y la cercanía de la clausura de las Cortes obligó a Carlos I a tomar una decisión, y tras unos días de reflexión, el último de septiembre se determinó a escribir una nueva carta a los capitulares cartaginenses, mandándoles «expressa y determinadamente» que «para el primero dia de henero del anyo venidero» enviasen a sus procuradores a dondequiera que estuviese, «en los reynos y senyorios de Espanya», a fin de dar una resolución definitiva al conflicto³⁰⁰.

Y unos días después, el 9 de octubre escribió una misiva similar a las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela, en la que les conminaba a acudir la fecha señalada al lugar donde estuviese, sin «falta, escusa ni dilaçion alguna», advirtiendo que en el caso de que no se presentasen, mandaría «proveer sobrello lo que mas convenga»³⁰¹.

Tras la finalización de las Cortes, Ginés de Vilafranca emprendió el ansiado camino de vuelta hacia Orihuela, a la que arribó, por fin, el 24 de octubre³⁰². El relato de sus diligencias y sus desventuras volvió a dejar entre los mandatarios oriolanos la sensación de haber dejado escapar otra buena oportunidad de lograr la independencia del cabildo cartaginense.

12. La infructuosa citación de Madrid en 1543.

Tras la última disposición del emperador, la cuestión del obispado quedó aparcada para las autoridades oriolanas durante aproximadamente un mes. A mediados de noviembre, el día 19, comenzaron los preparativos de la comparecencia de año nuevo. Reunido el Consell, sus miembros acataron con respeto la orden citatoria, y dispusieron que el justicia y los jurados escogiesen a «una persona prinçipal» de la ciudad para que fuese a Valencia a pedir al capítulo de la Metropolitana y a los oficiales municipales que escribiesen a Su Majestad en favor de la causa secesionista³⁰³. Asimismo, el día siguiente, los capitulares del Salvador decidieron que obedecerían el mandato real, no sin antes manifestar reverentemente que preferían que Carlos I remitiese la causa a manos de Su Santidad³⁰⁴.

Un par de semanas más tarde llegó a Orihuela una noticia de gran trascendencia. Los mandatarios se enteraron de que Carlos I se dirigía hacia Valencia, y de que con él iba el obispo Silíceo, pero no Granvelle, quien había salido de los reinos de España. La buena nueva les dio ocasión para plantearse la elección del síndico que habría de desplazarse a la capital del Reino, y cometieron finalmente la misión a Francisco Masquefa. Hecha la designación, se centraron en la redacción de las cartas que tendría que llevarse. Poco después, el 2 de diciembre ya tenían dos misivas preparadas:

-Una para Silíceo, en la que le agradecían «la voluntad y amor» que había mostrado hacia la ciudad, y la seguridad que les daba poder refugiarse «a la sombra de sus alas y favor»; y le suplicaban que puesto que tenía «tanta mano» con el emperador, le rogase que examinase las alegaciones de los oriolanos, y los desagraviase con la mayor brevedad³⁰⁵.

-Y una segunda, dirigida a los jurados de Valencia. En ella, los oficiales les comunicaban a sus colegas que Carlos I había ordenado que el primero de enero compareciesen ante él los procuradores de las dos partes enfrentadas en el Pleito del Obispado, y que tenían «reçel dels matexos estorps y cauteles dels murcians», esto es, de que se valiesen de sus artimañas habituales para boicotear el encuentro y cualquier intento de concordia ante la real persona. Y por ello, les suplicaban, ex una, que rogaran al emperador que no permitiese más retrasos, y que la lite fuese determinada de una vez «per termens de justicia». Y ex alia, que le pidieran que en el caso de que Granvelle no estuviese presente la fecha fijada para la vista de la causa, ésta fuera aplazada sine die, hasta que llegase. E insistían en esta última demanda explicándoles que el árbitro borgoñón era «persona neutral, sens passio, molt justificat»³⁰⁶.

Aunque no hemos podido saber la causa, lo cierto es que los mandatarios oriolanos decidieron o tuvieron que cambiar súbitamente de representante, y le encomendaron la misión al propio justicia criminal, Pedro de Loazes³⁰⁷.

Y con la mayor premura, el 4 de diciembre le entregaron una carta de petición de apoyo dirigida al gobernador D. Pedro Maza³⁰⁸, y un instrumento que contenía las instrucciones que habría de seguir en la capital valentina³⁰⁹, y lo mandaron para Valencia.

Cuatro días más tarde, los citados ediles decidieron volver a escribir al prelado cartaginense, y enviaron a su encuentro a otros dos síndicos: Andrés García de Laza y Lope Ferrández de Mesa³¹⁰.

Mientras tanto, en la ciudad del Turia, Loazes llevó a cabo con éxito su misión. Compareció ante los jurados, les entregó la carta de sus colegas oriolanos, y les refirió de palabra lo que querían que hiciesen para favorecer sus intereses episcopales.

Los munícipes valentinos le respondieron con hechos. Dos de ellos fueron a hablar con Carlos I y le suplicaron de palabra y por escrito que tuviera por bien prorrogar la asignación hecha para el día de Año Nuevo hasta que Granvelle volviese a España. El monarca les respondió que la ausencia del borgoñón no había de ser un obstáculo insalvable ya que él mismo, en persona, estaba dispuesto a encargarse de la mediación, y a adoptar una resolución ecuánime para ambas partes. Ante la respuesta imperial, los dos jurados no pudieron hacer más que rogarle que tuviese por recomendadas las alegaciones oriolanas, para que por fin se hiciese justicia, y que se acordase de la gran cantidad de gastos que había tenido que soportar la ciudad del Bajo Segura para que, por fin, fuese determinado el Pleito.

Y tras conocer la voluntad del monarca, el 15 de diciembre los oficiales valencianos escribieron a sus colegas meridionales que Su Majestad no había accedido a aplazar la vista del caso, y que lo más conveniente era que enviasen a sus procuradores a la capital del Reino, donde les prestarían toda la ayuda que les fuese posible³¹¹.

Por otra parte, las gestiones de García de Laza y Ferrández de Mesa ante D. Juan Martínez Silíceo dieron sus frutos. El prelado, por medio de una carta datada el 19 de diciembre, volvió a manifestar a los mandatarios oriolanos que podrían contar con su ayuda «quando se offresciere opportunidad para ello»³¹².

Diferentes factores parecían apuntar que la revisión de la causa iba a favorecer, por fin, los intereses segregacionistas: el apoyo de las autoridades valencianas, el favor del obispo Silíceo, la ayuda de diferentes personajes influyentes, y, sobre todo, el hecho de que las negociaciones habrían de tener lugar en un lugar netamente favorable, la ciudad del Turia. Sin embargo, los buenos augurios se trastrocaron rápidamente. Carlos I decidió trasladarse a Madrid, y hacia allí partió, acompañado por toda la corte.

La nueva fue acogida en Orihuela con cierta desilusión. No obstante, las autoridades siguieron los trámites encaminados al envío de los procuradores. Con cierta calma, el 27 de diciembre convocaron al Consell, y en él el justicia y los jurados fueron diputados para proceder a la nominación de los dos síndicos que tendrían que desplazarse a la corte. Asimismo, el máximo organismo municipal encomendó a Lope Soler y a Pedro de Loazes la tarea de cargar censales a particulares hasta llegar a una cantidad de 200 ducados, poniendo como aval los excedentes de las rentas de 1543³¹³.

Unos días después, la fiesta de Reyes, el Consell volvió a reunirse para nombrar procuradores a los candidatos escogidos por los oficiales. Los electos fueron Jaime Martí y el avezado Ginés de Vilafranca, quienes de inmediato aceptaron la designación. Los consellers les dieron «plenissim poder e facultat» para que firmasen el compromiso que había de dejar la resolución del Pleito «lliberament» en manos de Carlos I. Les entregaron su sindicato. Y, por último, juraron «servar e amologar e lloar la sentencia per Sa Magestat pronunciadora», siempre que ésta se produjese en un plazo máximo de tres meses tras la firma del citado compromiso³¹⁴.

Cuatro días más tarde, el 10 de enero, los oficiales terminaron la redacción de las instrucciones principales que los procuradores habrían de seguir en su comparecencia ante el rey. En ellas, indicaban a los síndicos el orden que habían de seguir en sus reclamaciones. En primer lugar, aun a sabiendas de que la respuesta imperial iba a ser negativa, tenían que suplicarle al emperador que remitiese la causa a Roma. A continuación, habían de rogarle -con palabras similares a las que siguen- que se dignase a oír las reivindicaciones del capítulo y la ciudad de Orihuela y que, apiadándose de ambas instituciones, remitiese la causa a la vía judicial: «(…) puix aquesta sua esglesia y ciutat, ab tanta obediencia ha esperat tantes dilacions y assignaciones, y tants temps conforme a sos reals manaments, que sia de sa clemencia e benignitat imperial e real apiadarse ja de dites esglesia y ciutat, de tant temps axi despossehida, e remetre dita causa a justicia, y axi les parts estaran en egualtat e cessaran les enemistats tan antigues entre les dites parts, per lo qual los peus e mans de Sa Magestat besarem». Después, suponiendo que tampoco accedería a tal demanda, y que perseveraría en su intención de solventar personalmente el litigio, los oficiales les especificaron a los procuradores que habrían que suplicarle que considerara benignamente la «gran justicia» que tenían sus solicitudes, y que no perjudicase más a la Iglesia y a la ciudad de Orihuela. Y les recomendaron que reforzaran sus peticiones comunicándole que los murcianos habían procurado en todo momento evitar que la causa fuese determinada, ya que temían obtener «sentencia contra», y preferían seguir aprovechándose de la situación derivada de la aplicación del subrepticio breve de Clemente VII³¹⁵.

Durante los días siguientes, del 11 al 15 de enero, el justicia y los jurados se encargaron de preparar las cartas de recomendación y creencia que Martí y Vilafranca tendrían que llevarse a la corte. Escribieron misivas a Carlos I -presentando a los embajadores y suplicándole el ansiado desagravio-; al obispo Silíceo -pidiéndole que se asegurase de que el emperador era informado «de la realidad de la verdad»-; al duque de Alba; a Granvelle -advirtiéndole de los «traviessos modos» que solían seguir los murcianos, así como de las «informaciones sinistras» que acostumbraban a propalar-; a algunos consejeros como el vicecanciller May -la persona que más confianza les inspiraba- o los regentes Ram y Costa; al protonotario imperial Miguel Clemente; y, por último, a sus aliados, el secretario Hugo de Urries y el doctor Jerónimo Soriano³¹⁶.

Junto a esta documentación, les entregaron también un documento de instrucciones adicionales, que hacía referencia fundamentalmente a dos cuestiones: los insaculados y las preeminencias de la bailía oriolana³¹⁷.

Y, el 17 de enero, tras recibir 65 ducados cada uno, los dos procuradores emprendieron el que sería un penoso viaje hasta Madrid³¹⁸.

Durante el trayecto, Martí y Vilafranca tuvieron que sufrir «grans frets y neus» de tal consideración que ni siquiera la «memoria del mes antichs» llegaba a recordar «en Castella tan grans gels». El frío fue tan glacial que a su paso por los puertos de montaña que se vieron obligados a cruzar no pudieron librarse del trágico espectáculo de ver a muchos animales, e incluso hombres, muertos por congelación. El mal tiempo les impidió hacer el recorrido a la velocidad que hubiesen deseado, pues era crucial que llegasen a Madrid antes que los síndicos murcianos³¹⁹.

Por fin, tras algunos días de desventurada travesía, Ginés de Vilafranca y Jaime Martí llegaron a la corte la noche del 29 de enero, «bons de salud». No obstante, la mañana siguiente se despertaron con la noticia de que el emperador acababa de partir en dirección a Alcalá, con la idea de pasar un par de días con sus hijas, en la mayor intimidad familiar. Por ello, los dos embajadores oriolanos decidieron quedarse en Madrid, recuperándose del viaje.

El monarca retornó el 1 de febrero, con la intención de asistir el día siguiente, festividad de la Presentación del Señor, a los actos de culto en el monasterio de San Francisco.

Enterados de las intenciones reales, los síndicos se personaron en el citado convento, y escucharon la misa celebrada en honor de la Virgen. Únicamente pudieron ver de lejos al monarca. Sin embargo, sí tuvieron la posibilidad de acercarse algo más durante la procesión subsiguiente, de modo que cuando el emperador pasó ante ellos, aprovecharon la ocasión para hacerle una cumplida reverencia. Carlos I se fijó en tan humildes vasallos y los reconoció, y para que se diesen cuenta de ello les mantuvo la mirada durante unos segundos.

Tras finalizar la celebración, Vilafranca y Martí se dirigieron a palacio, y llegaron a la hora de la ágape real. De inmediato, se apercibieron de la presencia del obispo de Cartagena, pues fue el encargado de realizar la bendición de los alimentos.

Cumplido el protocolo, se acercaron a Silíceo y pudieron platicar con él durante unos minutos. A modo de primer contacto y «ab poches paraules», le explicaron «lo que convenia». El prelado, por su parte, les ratificó su apoyo y les dijo que el rey sabía que habían llegado y que iba a recibirles en breve³²⁰. Y efectivamente, acabada la comida, el monarca dio orden de que compareciesen ante su real persona.

Los procuradores aprovecharon tan magnífica oportunidad para exponerle la postura y las aspiraciones del capítulo del Salvador y la ciudad de Orihuela al respecto del Pleito del Obispado. Le volvieron a suplicar que mandase despachar cartas para el papa, remitiéndole el litigio, a fin de que fuera sentenciado con la mayor brevedad en la Rota, tal como estaba antes del breve de Bolonia. Y con toda sinceridad, aún sabiendo que le iban a contrariar, le manifestaron que no les convenía «neguna materia de concert» porque por mínimas que fueran las concesiones que tuviesen que hacer a los murcianos, éstas perjudicarían notoriamente a la Iglesia y la ciudad de Orihuela («per poch ques llevas, seriem nosaltres molt perjudicats»). No obstante, le aseveraron que con la única intención de servirle y obedecerle, estaban dispuestos a poner el negocio en sus manos, y a dejarlo a su libre albedrío. Y para acabar, le recordaron que los murcianos lo único que pretendían era retrasar la determinación real, y que ya había tenido que escribirles tres veces, conminándoles a enviar a sus síndicos³²¹.

El emperador, viendo la tenacidad y fidelidad de sus vasallos oriolanos, les respondió que no dudaran que los murcianos comparecerían finalmente ante su presencia. Y les comunicó que el vicecanciller May no estaba en Madrid, y que por ello había hecho llamar al doctor Costa para sustituirlo como árbitro en la confrontación, por parte del Consejo de Aragón.

Ante el revés que significó para Vilafranca y Martí el no poder contar con un aliado tan declarado, ambos le rogaron al monarca que ya que no deseaba remitir la cuestión a Roma, al menos mandase «de su boca» a todas las personas diputadas para entender en ella que fueran absolutamente imparciales, «sin tener respecto a ser la una parte Castilla, ni la otra Aragon, sino que qitado todo interes e voluntad, ni pasion, en justificacion se conosca». El emperador les contestó que así lo ordenaría, y acto seguido les despidió³²².

Poco después, los síndicos volvieron a encontrarse con Silíceo, quienes les entregó una brevísima misiva que había escrito para sus representados, en la que simplemente les aseguraba que iba a seguir prestando su apoyo a la causa segregacionista³²³.

También se enteraron en palacio -no sabemos de qué manera ni por qué vía- de una circunstancia que les afectaba notablemente, y a la que curiosa o sospechosamente el emperador no había hecho alusión durante la entrevista. Averiguaron que Carlos I tenía la intención de abandonar Madrid a finales de febrero para dirigirse a Barcelona, con lo que difícilmente se podría dar conclusión al asunto.

Ese mismo día 2, a última hora, Vilafranca y Martí se pusieron a redactar una carta para las autoridades oriolanas. En ella, les comentaron las desagradables peripecias que habían tenido que sufrir hasta llegar a la villa del oso y el madroño, y les pusieron al corriente de todas las noticias que podían resultar de interés para el decurso del Pleito. No interpretaron la inminente partida del emperador como un hecho positivo, como podría parecer en primera instancia si tenemos en cuenta que la causa podría ser sustanciada en un territorio más favorable que el mismo centro de Castilla. Al contrario, pensaban que el viaje conllevaría más «despeses y fatiges» para la ciudad, y que, además, en ninguna de las dos poblaciones llegaría a realizarse «la examinacio» adecuada de la causa «per la inquietud que lo rey porta ab si». Su desencanto era tal que les llevó a escribir que habían emprendido su misión «en molt roin temps y costellacio», que Dios quería castigarles así por sus pecados, y que únicamente les quedaba mantener la confianza en el Señor -«ques verdadera justicia»- y tratar de lograr su favor dedicándole «les devocions acostumades». Y para que no quedasen dudas de su interés en el asunto, se despidieron afirmando que «si la vida de nostres fills y se aventuras, no sa [de] dexar de posar la matexa deligencia»³²⁴.

Pese a sus loables intenciones, los síndicos oriolanos no tuvieron la oportunidad de defender los intereses de sus representados frente a los murcianos. La causa no pudo ser examinada porque el cabildo de Cartagena, en contra de la voluntad real, decidió no enviar a sus procuradores a la citación.

Por ello, no tuvo ninguna trascendencia el hecho de que la marcha del emperador para Cataluña se retrasase hasta bien entrado el mes de marzo. La estancia de Vilafranca y Martí en Madrid únicamente conllevó, como ellos mismos ya habían previsto, nuevos gastos y desilusiones. De cualquier manera, sus reiteradas súplicas y protestas quizá llegaran a tener algún fruto, ya que poco antes de partir, Carlos I les despachó a los murcianos un rigurosísimo mandato en el que les conminaba a comparecer ante él, en Barcelona, de un modo inmediato, pues al parecer estaba decidido a solucionar el litigio de un modo definitivo en la capital del Principado, antes de embarcarse para Italia³²⁵.

13. La comparecencia murciana en Barcelona.

El 12 de marzo de 1543, Ginés de Vilafranca fue a despedirse del obispo Silíceo, justo antes de iniciar el viaje a Barcelona, tras la estela del emperador. El prelado le entregó una carta para que se la hiciese llegar a las autoridades oriolanas. En ella, les aseguraba que si no se había podido finiquitar la cuestión del Obispado no había sido por falta de diligencia del síndico, sino por «la açelerada partida» de Su Majestad. Les decía que esperaba que Carlos I sentenciase el litigio antes de embarcarse, «porque assi lo tiene prometido, que lo mandaria concluir en Barçelona». Y les recomendaba que no dejasen de seguir insistiéndole para que pusiese fin a los enfrentamientos. Como podemos apreciar, las relaciones con el mitrado seguían siendo cordiales³²⁶.

Poco después, Vilafranca y Martí emprendieron el camino hacia el Principado. No obstante, pronto perdieron contacto con la comitiva real. La salud de Martí comenzó a empeorar, y la gravedad de su estado les obligó a pararse a medio camino.

Mientras tanto, en Murcia, los canónigos cartaginenses optaron esta vez por obedecer los mandatos reales, y prepararon la embajada a Barcelona.

La noticia de que Vilafranca y Martí se habían detenido no llegó a la ciudad del Bajo Segura hasta el 27 de marzo. El impacto que causó la nueva fue realmente tremendo. De cualquier manera, las autoridades civiles y eclesiásticas reaccionaron con rapidez. El mismo día 27, el Consell trató de encontrar una solución al problema y decidió enviar a Barcelona a un nuevo procurador, Pedro de Loazes, a fin de que los murcianos no les pudiesen acusar de contumacia hasta que se produjese la llegada de los otros dos síndicos, o al menos de Vilafranca. En consecuencia, rehicieron el sindicato, e incluyeron en él al nuevo procurador³²⁷.

El día siguiente, los oficiales municipales comentaron el plan con el capítulo del Salvador, y la institución eclesiástica decidió secundarlo, confeccionando, asimismo, un nuevo procuratorio que facultaba a intervenir en su nombre a los tres síndicos citados³²⁸.

Después, los referidos oficiales se encargaron de escribirle una carta a Vilafranca, y de preparar la documentación que Loazes habría de llevarse a Barcelona.

Como no conocían el paradero de los procuradores, dirigieron curiosamente la misiva de Vilafranca a «honsevol quis trobe y estiga». En ella, le informaron de que los murcianos ya habían enviado a sus representantes a la capital del Principado. Le pidieron que dejase a Martí al cuidado del portador de la carta, quien se encargaría de acompañarle de vuelta a su casa, y le rogaron que «sens dilaçio» reemprendiese el camino hacia Barcelona, donde, sin su participación inmediata, la causa estaría «molt perduda y sens remey». Acto seguido, le anunciaron que se disponían a enviar allá a Pedro de Loazes, con dinero y nuevos poderes, para que se encargase de hacer frente a los cartaginenses hasta que llegase. Y, por último, le advirtieron sobre la trascendencia que iban a tener las negociaciones con las siguientes palabras: «en aquesta jornada, o havem de ser remediats, o sens ha de tancar la porta si alla no va»³²⁹.

En cuanto a las cartas de recomendación y creencia, los oficiales prepararon una veintena. Le escribieron una misiva al emperador para relatarle el problema que habían tenido Vilafranca y Martí, y para suplicarle que mandase a los de Murcia «que no se vengan pues ya nuestro sindico y autos van camino, que en verdat puede creher Vuestra Magestad que no es culpa», «que si antes supieramos la indisposicion del dicho sindico y los mandamientos de Vuestra Magestad, antes proveyeramos en ello». Y dirigieron escritos a nobles destacados como los duques de Alba y Cardona; a altos cargos de la administración real como Francisco de los Cobos, los regentes Pastor y Costa o el vicecanciller May; a declarados afectos como el secretario Urries; a diversas autoridades e instituciones laicas y eclesiásticas del Principado, como el virrey (duque de Gandía y marqués de Lombay), los Diputats de Cataluña, los consellers de Barcelona, los obispos de Elna (el inquisidor de Cataluña, Fernando de Loazes), Tortosa y Barcelona (que era de la casa de Cardona, la cual siempre había favorecido los intereses oriolanos), y el capítulo de la Seu de Barcelona; y, por último, a los mandatarios del Reino de Valencia, los duques de Calabria (D. Fernando de Aragón y Dª. Germana de Foix), los Diputats del Reino, los jurats de Valencia, y el capítulo de la Metropolitana³³⁰.

Una vez terminada esta tarea, el justicia y los jurados se centraron en la redacción de las instrucciones, lo que les ocupó los dos últimos días del mes de marzo. Le despacharon finalmente a Loazes dos instrumentos. De ellos, únicamente destacaremos que los munícipes querían que el procurador le diese al monarca todas las explicaciones que fuesen necesarias para que tuviese la certeza de que los motivos que habían propiciado el retraso de la comparecencia oriolana habían sido totalmente involuntarios³³¹.

Y el 31 de marzo Pedro de Loazes partió en dirección a Barcelona, con 45 ducados de la Iglesia y la ciudad de Orihuela en sus bolsillos³³².

Ese mismo día pudo llegar hasta Villena, donde hizo noche. La mañana siguiente tomó rumbo a Moxent, población a la que arribó día y medio después. Se detuvo en ella un par de horas para parlamentar con D. Pedro Maza, quien le entregó una carta muy cumplida para el vicecanciller May. Después, marchó hacia Valencia, ciudad a la que llegó el 3 de abril algo preocupado por el deplorable estado de uno de sus ojos. Inmediatamente, buscó a Juan Savall. Le confió las misivas que llevaba para las autoridades civiles y eclesiásticas del Reino a fin de que se encargase de repartirlas. Y le preguntó si tenía alguna noticia sobre la situación de Vilafranca y Martí. Savall le contestó que no sabía nada de ellos, y que la única novedad que podía ofrecerle era que Carlos I estaba en Molins de Rei «caçant y prenent plaer, esperant que vinga la armada». Loazes aprovechó su estancia en la ciudad del Turia para escribir una carta a sus representados. En ella, les comentó las incidencias del viaje, les habló de su encuentro con el gobernador, les comunicó que la mañana del día siguiente partiría de Valencia, y les dijo que no se preocuparan porque, dado que el emperador estaba descansando en Molins de Rei, «en cas que los murcians nos lleven alguns dies de vantaje, no crech negociaran cosa alguna»³³³.

Mientras tanto, ese mismo día 3 de abril, Ginés de Vilafranca y Jaime Martí entraron en Orihuela³³⁴.

Pese a que la marcha de Vilafranca debía ser inmediata, no sabemos por qué motivo ésta se retrasó algunos días. El procurador partió finalmente para la capital catalana el 6 de abril, llevando consigo la documentación que ya portaba y una nueva pero importante instrucción. Los oficiales le precisaron que cuando llegase el momento de firmar el compromiso ante el emperador, Loazes y él supeditasen la validez del acuerdo a la condición de que el Pleito fuese definido en un término máximo de dos meses³³⁵.

El 7 de abril, los murcianos llegaron a Barcelona, pero no pudieron hacer ninguna gestión ante el monarca porque éste, efectivamente, se hallaba en Molins de Rei, «per fugir de negocis»³³⁶.

Por su parte, Loazes seguía su marcha con la salud algo mermada. Unas fuertes lluvias frenaron su paso camino de Tortosa. Se le mojó toda la ropa. Pero eso no fue lo peor… El agua le emborronó las cartas oficiales que llevaba, lo que, según relataría posteriormente, le puso «per a donar la anima a Deu de enuig». Llegó por fin a Barcelona el 10 de abril, a media mañana, poco después de que los vigilantes de la ciudad avistaran desde la torre de Montjuic un barco que creyeron perteneciente a la temible armada turca, y de que el duque de Cardona avisase de ello a Carlos I. La nueva, si bien resultó ser finalmente errónea -la galera era genovesa-, sirvió para que el emperador entrase en Barcelona muy poco tiempo después de que lo hiciera el síndico oriolano³³⁷.

La noticia de la llegada del monarca se extendió pronto por la ciudad. Entonces, los murcianos trataron de parlamentar con Cobos, pero éste no pudo prestarles la atención que deseaban porque fue llamado a la presencia real. Justo antes de comparecer ante Carlos I, Loazes tuvo la oportunidad de hablar con el comendador el tiempo suficiente como para entregarle su carta credencial, y conseguir que le prometiese que la leería cuando pudiese.

Poco después, Loazes se encontró con un viejo aliado de la causa segregacionista, D. Jerónimo de Urries. Le contó la incidencia de Tortosa y le mostró cómo habían quedado de emborronadas las cartas. El funcionario trató de tranquilizar al procurador diciéndole que «de cascan dia» recibía «Sa Magestat lletres pijors y mes brutes», y acabó de convencerle de que las presentase, en lugar de romperlas y pedir a los mandatarios oriolanos que le enviasen otras nuevas³³⁸.

Ya por la tarde, ese mismo día 10, Loazes volvió a encontrarse con Cobos cuando éste salía de una reunión del Consejo Real. Le preguntó si había leído la creencia. Y el comendador le respondió afirmativamente, comentándole, además, que Su Majestad ya había diputado a varias personas para que se encargasen de arbitrar las negociaciones: May y Costa, por parte de Orihuela, Figuerola y un licenciado apellidado Tal, por la de Murcia, y un flamenco llamado Buissot, del Consejo de Flandes, que había de sustituir a Granvelle. La noticia de la nominación del flamenco no agradó a Loazes, pero no tuvo tiempo para hacerle al comendador más preguntas puesto que fue de nuevo llamado por Su Majestad.

Sí pudo volver a platicar con Cobos el día siguiente -11 de abril-. El ministro le comunicó que la vista del Pleito del Obispado iba a ser inminente. Entonces, Loazes tuvo que confesarle que no tenía la documentación necesaria para defender las tesis oriolanas ya que había de traerla Ginés de Vilafranca. Y a continuación, se vio obligado a explicarle los justificados motivos de la ausencia del síndico. El comendador comprendió la situación, y de buen talante se ofreció para aconsejarle cómo había de proceder para que no sufriesen detrimento los derechos de sus representados, y para que no se mofasen de él en la corte…

Dos días después, el 13 de abril, Loazes volvió a ir a palacio con la intención de presentarse al emperador. Tras la misa, el limosnero mayor lo condujo ante Su Majestad. El síndico le hizo los honores de parte del capítulo y la ciudad de Orihuela, y le dijo que sus representados le habían dado poderes suficientes para poner el negocio de la Catedral en sus reales manos, tal como había mandado. El monarca le escuchó «benignament» y, mostrándole su disposición para acabar de una vez por todas con la controvertida cuestión, le contestó: «Yd a Cobos que ya tengo deputadas personas para que entiendan en el negocio»³³⁹.

Ante la orden directa de Carlos I, Loazes se vio con las manos atadas. Esperó un día más que llegase Vilafranca, pero el ansiado suceso no se produjo. Entonces, pese a su intención inicial de no escribir a las autoridades oriolanas hasta «tenir mes assentada nostra negoçiaçio», se decidió a enviarles una misiva en demanda de auxilio. En ella, les relató concisamente cuanto había sucedido hasta ese momento. Sobre la entrevista con el rey, les comentó, por una parte, que estaba seguro de que si Carlos I pudiese sentenciar la lite siguiendo únicamente sus criterios personales, sin el embarazo de comisiones o presiones, lo haría sin agraviar a Orihuela; y por otra, que había muy poco tiempo para tratar de acabar con el conflicto ya que pensaba que en el momento en que llegasen las galeras del enemigo, el monarca no trataría otro asunto que no fuese el de la defensa de la costa. Y les hizo una doble petición: que le enviasen con la máxima urgencia los autos del Pleito y algo de dinero³⁴⁰.

Tras firmar la carta, Loazes fue a apalabrar su porte con un correo. No obstante, antes de despacharlo recibió un mandato de Carlos I, en el que le ordenaba que se personase esa misma tarde en casa de Cobos para presentar los poderes y la documentación ante los comisionados. La nueva circunstancia hizo a Loazes aplazar el envío de la carta por unas horas.

Tras la comida, fue a casa del comendador. Cobos inauguró la reunión informando a los procuradores de ambas partes de que May, Costa, Figuerola, Tal y Buissot iban a ser quienes estudiasen la causa por orden expresa de Su Majestad. Después pidió a los síndicos sus respectivos poderes. Loazes, que no los llevaba encima -por descuido, o quizá por ganar tiempo-, respondió que los tenía en la casa en la que estaba hospedado, y los comisionados le mandaron a por ellos. Pasada una hora, Loazes se presentó de nuevo ante los citados señores y les entregó su procura. Entonces le pidieron que presentase la documentación en la que se justificaban sus reclamaciones. Y el síndico tuvo que explicar que aún no estaba en sus manos por culpa del suceso de la enfermedad de Martí y el retraso consecuente de Vilafranca, y que tenía la intención de enviar un correo urgentísimo a Orihuela para que se los hiciesen llegar de inmediato. Y, acto seguido, les pidió que aplazaran la vista durante unos días, en espera de la documentación o de Ginés de Vilafranca. Después, comparecieron los murcianos y presentaron los poderes y la documentación, y los diputados se la llevaron al rey.

A la salida de la reunión, el vicecanciller May le comentó a Loazes que la causa sería despachada en breve, y que sólo podía salvar a Orihuela que llegasen a tiempo los autos.

Más apurado que nunca, Pedro de Loazes fue a ver a su hermano Fernando, el obispo de Elna, que acababa de llegar a Barcelona, y le contó lo que había sucedido. Y ambos decidieron que la mejor solución para tratar de evitar el desastre era enviar a Orihuela a un correo de posta, para que recogiese la documentación de manos de las autoridades de la ciudad y la llevase con la máxima rapidez a la Ciudad Condal. Y tal como lo pensaron, lo hicieron. Hacia las 9 de la noche, el correo partió a toda prisa de Barcelona, llevando consigo la carta de auxilio de Pedro -en cuyo margen había añadido unas breves notas sobre lo acontecido aquella tarde en casa de Cobos-, y una misiva de Fernando, en la que reprendía a los mandatarios oriolanos por haber enviado a su hermano «sens les scriptures»³⁴¹. Y así se quedaron los hermanos Loazes, preguntándose con impotencia dónde podría estar Ginés de Vilafranca.

Pues bien, Vilafranca no estaba ya muy lejos de Barcelona gracias, sobre todo, a que a su paso por Valencia -hacia el 12 o el 13 de abril-, Joan Savall le había proporcionado una buena mula, que le había hecho más cómodo y rápido el viaje. El síndico debió cruzarse con el correo, ya que éste arribó a la ciudad del Turia, tras sufrir una aparatosa caída de la que no salió muy bien parado, la noche del día siguiente -15 de abril-. Al enterarse de la llegada del correo -lo que debió suceder el día siguiente, 16-, Joan Savall decidió enviarlo de vuelta a Barcelona, encargándole que a su llegada advirtiese a los Loazes de que Vilafranca llevaba toda la documentación reclamada y de que debía estar a punto de arribar a la Ciudad Condal. Y antes de despedirlo, le entregó tres cartas de apoyo y recomendación que habían fechado dos días antes los jurados de la ciudad, el capítulo de la Metropolitana, y los Diputats del reino³⁴².

A partir de este momento desconocemos qué sucedió en Barcelona. Aunque podemos afirmar que Vilafranca llegó a la capital del Principado³⁴³, nada sabemos sobre el transcurso de la vista del caso por la comisión real. Lo único que conocemos a ciencia cierta es que a principios de mayo, Carlos I salió de la Ciudad Condal, en dirección hacia Roses³⁴⁴, y que poco después embarcó con rumbo a Italia, dejando como regente a su hijo Felipe. La partida, y quizá también la desgana o el desinterés del monarca, impidieron la resolución del Pleito del Obispado y éste quedó pendiente hasta la vuelta a España del emperador³⁴⁵…

Por su parte, tras el nuevo fracaso, Ginés de Vilafranca y Pedro de Loazes volvieron desilusionados a Orihuela, ciudad a la que llegaron el 22 de mayo³⁴⁶.

14. El final del episcopado de D. Juan Martínez Silíceo

Tras la marcha del emperador de sus reinos de España, la cuestión de la resolución del Pleito del Obispado quedó totalmente parada. Carlos I dejó ordenado que hasta su regreso no se tomase ninguna medida ni se hiciese ningún acto que pudiese afectar al transcurso o al desenlace de la lite. De acuerdo con la voluntad de su padre, el príncipe Felipe adoptó durante los años de regencia una actitud de respetuosa espera, y no quiso intervenir en el litigio salvo en muy contadas ocasiones, en momentos muy determinados en los que los abusos de poder episcopal cartaginenses pudieron modificar la situación de las partes en relación con la causa. Los mandatarios murcianos trataron de compatibilizar la obediencia a la máxima real con un ejercicio agresivo del poder pontifical, rayano muchas veces en la ilegitimidad, gracias a la anuencia del provisor D. Francisco Martínez. Por contra, las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela, teniendo en cuenta experiencias anteriores, optaron por acatar la citada directriz, a fin de evitar nuevos escándalos, y en líneas generales decidieron tolerar las disposiciones del referido vicario general, interponiendo las pertinentes protestas profilácticas contra las que consideraban potencialmente lesivas para sus derechos en el Pleito.

Volviendo a la realidad del obispado, durante los meses de mayo, junio y julio de 1543 las circunstancias político-militares pasaron a un primer plano, desplazando a las religiosas. Las autoridades de la Gobernación de Orihuela y del Reino de Murcia se concentraron en la adopción de medidas defensivas ante la inminencia de la ofensiva marítima de la alianza turco-francesa.

Sin embargo, como ésta se demoró algunos meses, en el ínterin, el provisor Martínez, dirigido por el cabildo de Cartagena, tuvo la oportunidad de lanzar un nuevo ataque sobre las siempre apetecibles rentas de las fábricas. A principios de agosto, el vicario general publicó un mandamiento en el que ordenaba a los fabriqueros de las iglesias de Orihuela y su término que pagasen un servicio al obispo Silíceo, bajo diversas amenazas.

Las autoridades oriolanas reaccionaron de inmediato. El día 11 del citado octavo mes le escribieron al provisor que las tercias de las fábricas eran rentas de realengo, y que sobre ellas no podía imponer de modo lícito ninguna contribución; y le enviaron a Gaspar Rovira para explicarle de palabra que su negativa se fundamentaba en privilegios reales que no le podían ser ya desconocidos, y para presentarle la apelación que se disponían a interponer ante el arzobispo de Valencia, en el caso de que no quisiese derogar el edicto³⁴⁷. A continuación, para evitar que se produjesen indeseados precedentes, motivados por el miedo a las censuras que pudiese lanzar el provisor, los jurados despacharon un mandato dirigido a los fabriqueros conminándoles, so pena de 1.000 florines, a que no entregasen cantidad alguna para el pago del servicio demandado por el vicario y el cabildo cartaginenses³⁴⁸. Unos días más tarde -el 21 de septiembre-, tras comprobar la perseverancia del oficial episcopal, los munícipes decidieron proseguir con sus planes. Enviaron al mismo Gaspar Rovira a Valencia con la intención de presentarle la apelación al arzobispo y lograr que expidiera una provisión «çitatoria e inhibitoria» contra D. Francisco Martínez. Ya en la ciudad del Turia, Rovira, acompañado por el síndico Joan Savall, compareció ante el metropolitano, le puso al corriente de la irregular situación y consiguió el anhelado mandamiento. El documento fue enviado a la población del Bajo Segura el penúltimo de septiembre. Las autoridades oriolanas se lo presentaron de inmediato al provisor, y éste se vio obligado a desistir de su intenciones³⁴⁹.

Tras este incidente, las autoridades oriolanas volvieron a centrar su atención en la adopción de medidas de seguridad ante el más que previsible ataque de la armada turca. Estos preparativos se aceleraron hacia finales de octubre, cuando llegaron a la ciudad noticias de avistamientos de barcos de infieles cerca de la costa.

La situación se hizo crítica cuando la madrugada del día de Todos los Santos -1 de noviembre- arribaron informaciones de que los turcos habían quemado Villajoyosa y de que habían sido descubiertos frente a Alicante. Entonces, los oficiales municipales dieron orden de organizar los efectivos militares, y consiguieron movilizar a un centenar de «homens de cavall» y a poco más de un millar de «homens de peu». Hacia las 8 de la mañana llegó a Orihuela un correo de Guardamar, que les alertó de que «los turchs eren a la gola del riu», a punto de desembarcar. Con toda presteza, los munícipes mandaron a un jinete a avisar al gobernador, que se hallaba cerca de Elche, para que se dirigiese con su tropa a la desembocadura del Segura. Hicieron una nueva llamada de auxilio entre la población de la ciudad, y consiguieron armar a otros 500 hombres de a pie. Y sin perder el tiempo, marcharon hacia Guardamar. Llegaron a la población costera a las 3 de la tarde, y se encontraron que los infieles aún no habían tomado tierra. Así, tuvieron tiempo para situarse por la topografía del lugar del modo más adecuado, y para prepararse de cara al enfrentamiento. La mañana del día siguiente -2 de noviembre-, al amanecer, vieron cómo las once galeras turcas ponían proa hacia la costa, y cómo desembarcaban unos 500 ó 600 soldados. Éstos, ajenos a la presencia de los cristianos, se dividieron para dar buena cuenta de la aldea. Entonces, las tropas oriolanas hicieron aparición por sorpresa, teniendo lugar una «scaramuça» que concluyó con la victoria cristiana y la huida de los turcos. Entre las bajas oriolanas causó gran impacto la de D. Jaime de Rocamora, cuyo nombre quedó grabado en la memoria de los habitantes de la ciudad por su comportamiento heroico³⁵⁰.

Durante los meses finales de 1543 y a lo largo de todo 1544, el incidente con los turcos, junto a la ausencia del emperador, sacaron de un primer plano al Pleito del Obispado. Ni siquiera los frecuentes roces de la población de Orihuela con la de Murcia sirvieron para reavivar los deseos separatistas³⁵¹. Además, tanto el cabildo de Cartagena como el provisor Martínez se mantuvieron poco activos en relación con Orihuela, lo que propició el desarrollo de un período de relativa paz a nivel espiritual en la capital de la Gobernación ultra Sexonam.

La protección del territorio ante la posibilidad de nuevos ataques de infieles pasó a ser la cuestión prioritaria, como muestra el hecho de que el propio duque de Calabria ordenase la urgente fortificación de Guardamar. El virrey aportó una importante subvención (cerca del 40% del coste total), quedando el resto a cargo de los diferentes Consells y señores de la zona³⁵².

La inversión en defensa acaparó gran parte de los recursos municipales de Orihuela. El 21 de marzo de 1544, el duque de Calabria hizo llegar a la ciudad una carta del príncipe Felipe, fechada en Valladolid el 18 de agosto del año anterior, en la que solicitaba ayuda (dinero) a la corporación para afrontar «los gastos grandes que al Emperador, mi senyor, se le recresçen a causa de haver de sostener tantos exercitos y gente de guerra, para la defension de sus Reinos y resistir al Turco y al Rey de Françia que, en danyo de la Christiandad, y senyaladamente de los Reinos y vassallos de Su Magestad, estan confederados y unidos»³⁵³. Los oficiales oriolanos le contestaron a Su Alteza suplicándole que les permitiese excusarse de proporcionar dinero a su real padre: «quisieramos mucho que esta ciudad estuviera en tal possibilidad que no solamente con el serviçio que se nos pide, empero con mucho mas, le pudieramos servir, sino que sabra Vuestra Alteza que por estar esta ciudad poblada por mayor parte de labradores y gente pobre y tan sercana a la mar como cualquier otra deste Reyno, por tener seys leguas de marina y quasi todo su termino junto a la mar, despues que Alger enpeço a ensoberveçerse, somos estados siempre tan visitados de moros que cada verano y quasi a la continua les tenemos por vezinos, y son tantos los cativos que cada anyo nos toman que para rescatallos estan muy fatigados nuestros vezinos, en tanto que una vez nos costo çinco mil ducados el rescate de unos que tomaron, y allende desto, porque nuestros vezinos puedan labrar y conrear sus heredamientos con alguna seguridad havemos de pagar muchas guardas que ponemos a la mar y poner guarniçion en Guardamar, por ser nuestra aldea, y en otros lugares de nuestra contribuçion, en lo qual hazemos grandes gastos y fatigamos nuestros çiudadanos, y si asta agora estos danyos havemos sentido, los esperaremos muy mayores y mas hartos este verano y asta tanto que se deshaga la liga del Rey de Françia con el turco, y esta ciudad no tiene proprios algunos de que se pueda ajudar sino de los pobladores, y somos çiertos que si les inponiamos alguna otra imposiçion o cargo, la major parte de nuestros vezinos o moradores se nos ira a otras partes, y quedando la tierra despoblada ni podremos resistir a los enemigos ni deffender nuestra tierra»³⁵⁴.

Como podemos apreciar, la continua presencia de berberiscos y la puntual de turcos afectó a la economía oriolana. No obstante, no creemos que las inversiones municipales en defensa o en rescates de cautivos fuesen tan elevadas como para consumir los recursos de la ciudad. Dicho pretendido agotamiento contrasta curiosamente con el hecho de que desde principios de 1544 los oficiales prestaran un especial interés por sanear el erario público redimiendo censales y sustituyéndolos por otras obligaciones a intereses más bajos³⁵⁵.

Por otra parte, creemos que la amenaza de berberiscos y turcos hizo a la opinión pública oriolana y a las fuerzas vivas de la ciudad más sensibles a la problemática de los cautiverios. Quizá ese sentimiento fue el que movió a la corporación municipal a dirigirse al obispo Silíceo para suplicarle que les diese licencia a los frailes del monasterio de la Merced para pedir limosna por todo el obispado, a fin de que consiguiesen más dinero para proceder a la redención de un mayor número de cautivos³⁵⁶.

También se dirigieron los mandatarios civiles al prelado en otra ocasión, y por otro motivo que nada tenía que ver con el Pleito del Obispado. A principios de septiembre del citado año 1544, le elevaron una suplicación para que permitiese celebrar entierros de noche, como era costumbre por toda España³⁵⁷.

Pocos días después, el 19 de septiembre, Carlos I firmaba la Paz de Crépy-en-Laonnais, poniendo fin así a la guerra con Francia. La noticia llegó a Orihuela con cierto retraso, pero sirvió para tranquilizar en parte los alterados ánimos de sus moradores³⁵⁸.

Por último, en lo concerniente a la cuestión episcopal en 1544, destacaremos que Francés Despuig encontró en Roma gran parte de la documentación que sobre el Pleito tenía el fallecido auditor Luis Gómez, y se ofreció a mandarla a la ciudad del Bajo Segura³⁵⁹.

Tras la ruptura del pacto entre franceses y turcos, el alejamiento de estos últimos de las costas levantinas hizo menguar las preocupaciones defensivas. No obstante, 1545 no fue un año tranquilo para el Consell oriolano. Por una parte, tuvo que hacer frente a diversos problemas de jurisdicción y competencias con el lugarteniente del gobernador. Y por otra, hubo de tomar diferentes medidas para que las malas cosechas y una amenazante plaga de langosta no dejaran sin abasto de trigo a la ciudad.

Al margen de estas ocupaciones principales, la corporación municipal tuvo tiempo para ocuparse de otras muchas cuestiones, entre las que hemos de hacer notar una, de talante religioso, que anunciaba el desencadenamiento más o menos inminente de una grave crisis espiritual en la ciudad.

Desde antiguo, los frailes de las diversas órdenes asentadas en la capital del Bajo Segura acostumbraban a participar en las procesiones que organizaba el capítulo del Salvador. No obstante, con el paso de los años comenzaron a surgir roces entre las comunidades de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco en relación con el lugar que cada una de ellas había de ocupar en dichos solemnes desfiles. Las diferencias fueron enconándose de tal manera que llegaron a hacer pensar a los canónigos de la Catedral que podrían acabar provocando un rompimiento entre los regulares de la ciudad. Por ello, antes de que la discordia llegase a tal extremo, decidieron poner al corriente del problema al Consell, a fin de que tratase de pacificar la situación, bien mediando entre las órdenes en pos de una concordia, bien intentando fijar los criterios de organización de las procesiones.

Los oficiales municipales entablaron conversaciones con los regulares pero no fueron capaces de propiciar ningún acercamiento. Y hacia mediados de 1545 -principios de junio-, optaron por cambiar de táctica. Aprovechando que Joan Miró había de ir a la capital del reino a negociar ciertos asuntos en nombre de la ciudad, le encargaron que se informase «de la forma e manera que tenen les religions en anar en les professons en la dita çiutat de Valencia, e quin lloch acostuma tenir cascuna religio anant en companyia del capitol, e si acostuma precehir aquell monestir e monestirs que te edificada e construida mes antiga la casa en dita çiutat», y que preparase un memorial³⁶⁰. Sin embargo, la labor de Miró tampoco les sirvió a los munícipes para propiciar el apaciguamiento de los regulares. Y éstos siguieron enfrentados pese a los repetidos intentos de conciliación promovidos tanto por el Consell como por el capítulo del Salvador.

La vida en Orihuela transcurrió sin destacadas novedades hasta finales del mes de julio, cuando por carta de Joan Miró los mandatarios de la ciudad se enteraron de la nueva del nacimiento del hijo del príncipe Felipe, el infante D. Carlos, y del fallecimiento de su esposa, María de Portugal, en el posparto³⁶¹.

Tras la organización de las manifestaciones oficiales de duelo, la atención de las autoridades civiles de todo el Reino de Valencia volvió a dirigirse hacia la problemática situación de los moriscos. Y ante la inquietud latente, el propio duque de Calabria decidió intervenir.

Como primera medida, siguiendo mandatos reales, convenientes al «be, repos e tranquilitat de tot lo present Regne», a finales de septiembre le ordenó a D. Joan Llorens de Vilarrasa, «portant veus de general governador deça Sexona», que iniciase un recorrido por todo el citado reino, e hiciese que en todas las poblaciones fuese prohibida la fuga de los moriscos³⁶².

Y complementó dicha iniciativa algunos días después, el 4 de octubre de ese mismo año 1545, despachando una «prachmatiqua dels nou convertits», en nombre del «Emperador de Romans, sempre august, Rey de Alamanya» y de «Dona Joana, sa mare». En ella, siempre bajo la amenaza de severas penas, promulgó diversas prohibiciones, entre las que resaltamos las siguientes:

-Prohibió que los moriscos cambiasen de domicilio o se marchasen del lugar en el que vivían, para hacerse vasallos de otro señor, o por cualquier otro motivo, pues dicho traslado frecuentemente no era más que una excusa para poder «pasar a Barberia e tornar la perversa secta de Mahomet, e donar favor e ajuda ab ses persones e bens als infels inimichs de nostra santa fe catolica e de la Çesarea Catolica Real Magestat, e damnificar, robar, cativar e matar los christians vells».

-Que los señores que aceptasen en sus heredades a los neoconversos que les solicitasen permiso para vivir en ellas.

-Que los habitantes del Reino acogiesen, aconsejasen, favoreciesen o ayudasen a moros, turcos o renegados que llegasen en fustas berberiscas; a los granadinos, tagarinos, moros o moriscos que arribasen provenientes de los reinos de Castilla, de la Corona de Aragón, o de otras partes; o a moriscos procedentes de ultramar que, tras ser cautivos, hubiesen sido liberados.

-Que los moriscos portasen armas que no fuesen espadas o puñales (esto es, arcabuces, escopetas o ballestas) sin ir acompañados por sus señores o por procuradores, alcaides u oficiales que fuesen cristianos viejos o con licencia escrita del virrey o del gobernador correspondiente.

Hemos resumido el contenido de la pragmática por considerar que quizá constituya uno de los más ricos testimonios alusivos al componente desestabilizador de la presencia de los moriscos en el Reino de Valencia. Factor que, como más adelante trataremos, sería el que hiciera decidirse a Felipe II a promover la creación del Obispado de Orihuela³⁶³.

Por otra parte, volviendo a la cuestión antes apuntada de la carestía de trigo, ésta debió ser generalizada en todo el Reino de Valencia, ya que el citado virrey promulgó otro edicto vedando la salida de grano bajo la imposición de elevadas penas pecuniarias. Sin embargo, la falta de cereales aquel año no fue un hecho particular del referido Reino de Valencia, sino que afectó también, al parecer, a lugares circunvecinos como, por ejemplo, la ciudad de Murcia. Puede reflejar muy explícitamente dicha circunstancia el hecho de que el 7 de noviembre D. Diego Gil, contador mayor del obispo de Cartagena, les envió un escrito a las autoridades civiles de Orihuela en el que les comunicó que Silíceo tenía previsto ir a Murcia «para la Navidad, a tener la Pasqua en su yglesia»; les explicó que necesitaba el trigo y la cebada que el prelado tenía en la capital del Bajo Segura para proveer la residencia episcopal; y les suplicó que, teniendo en cuenta el «amor» que le tenían «a las cosas del obispo» y que era «cosa justa», le diesen licencia para llevar el grano a Murcia³⁶⁴.

Tres días más tarde, el justicia y los jurados oriolanos le escribieron una misiva de respuesta en la que le contestaron un tanto bruscamente que estaban «espantados» por petición tan egoísta, porque creían que si Silíceo pensaba ir a Murcia, también visitaría Orihuela, «pues tan obispo es desta çiudad de Horiuela como de Carthagena, y tambien tiene casa en esta çiudad como en Murçia, y es de creer que tambien querra ressidir aqui, y vissitar su yglesia como en essa çiudad»; y se excusaron de darle el permiso requerido aduciendo que Silíceo también tendría «neçesidad del dicho trigo para comer en esta ciudad», y que consideraban indispensable guardarlo para cuando el prelado llegase a la población del Bajo Segura. Además, le explicaron que, de cualquier manera, no podrían darle la licencia porque tanto el duque de Calabria como el Consell de Orihuela habían prohibido muy estrictamente la extracción de trigo³⁶⁵.

La respuesta de los oficiales no debió agradar nada al contador mayor ya que el día siguiente, 11 de noviembre, hizo comparecer ante ellos a Aparicio Martínez, el mayordomo del obispo, quien de palabra les volvió a suplicar la concesión del permiso para sacar el grano de la ciudad y el reino sin incurrir en las multas estipuladas contra quienes incumpliesen las prohibiciones. Y el justicia y los jurados, aconsejados por el abogado Jaume Masquefa, le reiteraron su negativa alegando en esta ocasión, además, la propia necesidad de Orihuela. El mayordomo solicitó entonces un documento que diese fe de la respuesta de los munícipes. Éstos le proporcionaron el auto, y el cartaginense no pudo hacer más que retornar a Murcia sin el cereal demandado. Creemos que el roce no pasó a mayores porque el cabildo de Cartagena no quiso luchar contra el peso de una pragmática dictada por el propio virrey³⁶⁶.

Este incidente fue el último que podemos destacar del episcopado de D. Juan Martínez ya que el 8 de enero de 1546, en el consistorio secreto celebrado en San Pedro, «in Palatio Apostolico in aula paramentorum», el cardenal de Burgos -que actuó como referente- le propuso, a presentación del emperador, para sustituir al fallecido cardenal de San Juan «ante portam latinam» en el arzobispado de Toledo, y la propuesta fue unánimemente aceptada³⁶⁷. La sede primada de España esperaba al maestro Silíceo.

15. El episcopado del autoritario D. Esteban de Almeyda

Tras la promoción de D. Juan Martínez Silíceo a la sede primada de Toledo, la mitra cartaginense quedó vacante durante unos meses. El emperador decidió presentar a la Santa Sede como sustituto del maestro a un eclesiástico de fuerte carácter y nobles raíces, el portugués D. Esteban Fernández de Almeyda³⁶⁸, obispo de León. Tras los trámites acostumbrados en la Curia romana, el 16 de abril de ese mismo año 1546, el cardenal de Burgos propuso su nombramiento al consistorio secreto de Paulo III, y el pontífice, aprobando la nominación real, le absolvió del vínculo que le mantenía unido a la mitra leonesa, y lo nombró nuevo obispo de Cartagena, con la única condición de que respetase las pensiones antiguas que se hallaban cargadas sobre los frutos de su nueva obispalía, así como las que Carlos I decidiese asignar sobre dichas rentas, siempre que la suma de todas ellas no superase en cuantía el tercio del valor de la mensa episcopal³⁶⁹.

Mientras tanto, en Orihuela, la noticia de la promoción del apreciado Silíceo debió ser acogida por sus mandatarios con alegría, por lo que había de suponer para el prelado el ascenso a la sede primada de España, pero también con tristeza o intranquilidad, ya que D. Juan Martínez siempre se había mostrado favorable, si no a las posiciones secesionistas oriolanas, sí a la solución concordada del conflicto episcopal, y era toda una incógnita la postura que había de adoptar el nuevo electo ante la lite. Y esa sensación de desasosiego perduró hasta el segundo semestre de 1546, puesto que la arribada del Portugués a la diócesis se demoró por algún tiempo.

De dicho ínterin únicamente podemos destacar un acontecimiento que consiguió levantar un considerable revuelo en la mitad meridional del Reino de Valencia. Tras matar a un hombre y verse abocado a una condena que no podría asumir, un vergueta del duque de Calabria llamado Jaumot Pareja, natural de la aldea de Guardamar -del término de Orihuela-, decidió renegar de su fe católica y convertirse «a la secta mahometica», con la intención de embarcarse para Argel o para cualquier otra parte del norte de África. Sin embargo, no consiguió llevar a cabo su propósito puesto que a principios de junio (del mismo 1546) fue capturado en las cercanías de Xàtiva, junto con otros moros que iban a emboscarse por las montañas. Enterados de la noticia, los munícipes oriolanos se espantaron por la posibilidad de que Pareja hubiese llegado a facilitar a los moriscos información privilegiada sobre «los lochs, passos, entrades e exides desta ciutat e terme de aquella», de manera que pudiesen atacar el término encabezado por la ciudad del Bajo Segura con mayores posibilidades de éxito. Por ello, quisieron interrogar personalmente al detenido, y argumentando que era natural de aquellas tierras, escribieron sendas cartas al virrey y a las autoridades civiles de Xàtiva solicitándole su envío a Orihuela, para proceder allí a su juicio, a fin de proporcionarle un castigo ejemplar que sirviese para evitar casos similares en el futuro³⁷⁰.

También debemos destacar que por aquellas fechas se produjo el fallecimiento de D. Pedro Maza. Tras conocer la desgraciada noticia, las autoridades oriolanas no tardaron en enviar un sentido pésame a la familia del tantos años gobernador de Orihuela. En la misiva, escrita el 18 de septiembre, se lamentaron de haber perdido a «un pare protector e deffensor de tots nosaltres, y persona molt affectada al be comu de aquesta republica», y le pidieron a su heredero, D. Juan, que siguiese otorgándoles su favor³⁷¹.

Poco después debió producirse la llegada del obispo Almeyda a Murcia, ya que a principios de octubre -el día 4-, los mandatarios de la población del Bajo Segura enviaron a dos destacados caballeros de la ciudad, Antonio Guilabert y Ginés de Vilafranca, a besar las manos del prelado. Y con ellos le remitieron una carta de bienvenida en la que le participaron «quanto esta ciudad, asi en particular, como en general, se es alegrada con la buena venida de vuestra senyoria en este su obispado, plegua a Nuestro Senyor que sea por larguos tienpos», y se pusieron a su servicio»en todo lo que nos quiera mandar»³⁷².

El mitrado agradeció la amabilidad de las autoridades oriolanas mandándoles dos días después un mensaje de respuesta en el que les indicaba que había recibido «muy gran contentamiento» por conocer «el plazer» que les había causado su llegada, que esperaba hacer «algun servicio» al obispado, y que «el tiempo y negoçios», esto es, sus múltiples ocupaciones, le impedían ir de momento a Orihuela, pese a que lo deseaba tanto como «complazerles en todo lo que se offresçiere»³⁷³.

Pese a las iniciales muestras de cortesía, la actitud de Almeyda respecto a Orihuela mutó rápidamente. A principios del mes de diciembre (de ese mismo año 1546), el prelado mandó confeccionar un informe contra algunos canónigos de la iglesia del Salvador de Orihuela, según Gea, «con el fin de averiguar la parte de culpa que pudieran tener en la resistencia que aquí se hacía al cumplimiento de las órdenes episcopales»³⁷⁴. Y poco después, el Portugués conminó a los investigados a que compareciesen ante él, en Murcia, y a que no saliesen de dicha ciudad hasta nueva orden.

Viendo que la disposición episcopal perjudicaba claramente sus derechos en el Pleito «de la Catredal», y que además contravenía la voluntad real de que no hubiese innovación alguna en él hasta su vuelta a España, los clérigos oriolanos optaron de inmediato por dar cuenta del mandato de Almeyda al Consell. Y la corporación municipal reaccionó enviando al mitrado a un emisario experto: Ginés de Vilafranca³⁷⁵.

El caballero oriolano compareció ante el obispo cartaginense el 12 de diciembre. Y tras comentarle que las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela creían inminente su visita episcopal a dicha ciudad, le pidió en su nombre que suspendiese la ejecución de la orden dictada contra los canónigos del Salvador hasta que se hallase en la citada población, especificando que en ella le darían un «lloch competent de presso», así como todas las facilidades que pudiesen para que los referidos clérigos fuesen castigados según «sos demerits e delictes». El prelado se negó a aceptar esta primera petición elevada por Vilafranca, pero no pudo desestimar la segunda. Tratando de ganar al menos unos días, el hábil embajador insistió en solicitar el aplazamiento cautelar del mandato arguyendo que acababan de arribar a Orihuela unas «çedulas de Su Magestad», cuyo contenido creía que podía concernir a la lite pendiente del Obispado. Y entonces sí, el cauto mitrado accedió a suspender la ejecución de su edicto hasta el 17 de diciembre, de modo que en los cinco días de ínterin las autoridades oriolanas tuviesen tiempo para leer dichas cartas reales, y para hacer al respecto «lo que fuese razon»; no sin advertir que, cumplido dicho plazo, no podrían «dexar de hazer justiçia»³⁷⁶.

Los mandatarios oriolanos no perdieron el tiempo. El 15 de diciembre le escribieron una dramática súplica al duque de Calabria. En ella, tras explicarle lo acontecido, le insistieron en que los sucesos podían volver a hacer resurgir «alguns oys, rancors e males voluntats» que en el pasado existieron entre ciudades «tan propinques» como Murcia y Orihuela; le comentaron que creían que estaba en sus manos evitar «moltes fatigues e despeses a aquesta çiutat»; y le suplicaron que, como «protector e deffensor de tot aquest regne, e senyaladament de aquesta çiutat», mandase escribir a Almeyda, rogándole que no innovase «cosa alguna estant absent Sa Magestat», y que en el caso de que quisiese castigar a los canónigos encausados, lo hiciese dentro de la misma cuidad de Orihuela³⁷⁷.

Aunque no hemos podido constatar documentalmente si el virrey intervino en la cuestión, creemos que sí medió en favor de la población del Bajo Segura, pues así lo escribía Gea en sus Páginas de la Historia de Orihuela. El cronista explicaba, además, que Almeyda, descontento con las constantes desobediencias de sus súbditos oriolanos, acabó llevando sus quejas al Consejo de Castilla, y que sus oponentes se le adelantaron en la tarea de recabar influencias en la corte, con lo que la cuestión quedó prácticamente paralizada por los trámites burocráticos³⁷⁸.

Llegados a este momento de la narración, debemos poner un punto y aparte. La falta del Contestador de 1547 en el Archivo Municipal de Orihuela nos impide seguir de cerca los progresos del Pleito del Obispado en dicho año. La única información de que disponemos procede de tres documentos hallados en el Archivo de la Catedral de Orihuela. Hacen alusión a la visita que D. Esteban de Almeyda realizó a la población del Bajo Segura. Ellos nos han permitido saber que el 1 de marzo de 1547, tanto las autoridades civiles de la ciudad como las eclesiásticas nombraron a sus respectivos procuradores, Juan Portogués y Jaime Segarra, y les dieron poderes bastantes para que pudiesen comparecer en su nombre, en la «Catedral», ante el prelado. Y también que ese mismo día hicieron efectivos sus sindicatos, elevándole de palabra y por medio de una escritura una cuádruple suplicación que sus representados fundamentaban en el hecho de que la unión de las sedes decretada por Julio II aún tenía pleno vigor legal, por no tener validez ninguna de las revocaciones pontificias o reales. Los procuradores le rogaron a Almeyda que, aunque había sido nombrado prelado de Cartagena, se dignase a tomar posesión del obispado de Orihuela; le pidieron, asimismo, que designase a un vicario y oficial general de Orihuela; le demandaron, en tercer lugar, que comenzase a ejercer su labor pontifical como episcopus Oriolensis, y no Cartaginensis; y, por último, le suplicaron que en el caso de que deseara actuar en Orihuela y su distrito como obispo de Cartagena, aguardara para hacerlo hasta la llegada del emperador a sus reinos de España. Y previendo la negativa del Portugués a las cuatro peticiones, con todo honor, decencia y reverencia le efectuaron la pertinente protesta profiláctica, a fin de que los actos del prelado no pudiesen suponer perjuicio alguno a los derechos oriolanos en el Pleito del Obispado, explicitándole además que si sus representados no contradecían sus mandatos era por no desobedecer la voluntad real³⁷⁹.

No sabemos si D. Esteban de Almeyda se dignó siquiera a responder a las súplicas oriolanas. Lo que sí parece claro, según los indicios que más adelante detallaremos, es que, tras la visita episcopal, su autoridad en la población del Bajo Segura y su huerta salió francamente reforzada.

Por otra parte, también debemos señalar que en 1547 Carlos I, tras algunos éxitos coyunturales -como el de Mühlberg-, se decidió a decretar una nueva convocatoria de Cortes. Desde Bohemia, el 6 de abril emplazó a los representantes de los estamentos de los Reinos de la Corona de Aragón a reunirse en Monzón el 23 de junio.

Las Cortes fueron presididas por el príncipe heredero D. Felipe, y se caracterizaron por una emanación fuerística sin precedentes dentro del reinado de su padre -producción legal que sólo sería superada por la de las siguientes Cortes de 1552-, así como por seguir la dirección del progresivo intervencionismo absolutista del rey en detrimento de los derechos regnícolas³⁸⁰.

Las autoridades municipales de Orihuela enviaron a la villa aragonesa al jurado Françés Joan Silvestre³⁸¹. No creemos que, por su mediación, le llegaran a plantear a D. Felipe la cuestión de la secesión del obispado oriolano. Más bien, nos inclinamos a pensar que teniendo en cuenta la declarada voluntad del emperador, la actitud respetuosa de su primogénito, y también… el autoritario talante del obispo cartaginense, prefirieron dejar marchar la oportunidad de aprovechar la fuerza de los brazos parlamentarios, y optaron por la más conservadora alternativa de esperar el retorno de Carlos I, y de seguir interponiendo las protestas oportunas contra la labor del referido prelado. Aunque no tenemos pruebas documentales de ello, pensamos que Silvestre sí debió requerir el apoyo de los aludidos brazos para suplicarle al príncipe regente que escribiese a Almeyda para que no volviese a ordenar a los canónigos oriolanos que saliesen de la ciudad del Bajo Segura para comparecer ante él o ante cualquiera de sus oficiales³⁸².

Tras la clausura de las Cortes -el 9 de diciembre de 1547-, las relaciones entre la clerecía oriolana y el obispo cartaginense y sus ministros no variaron prácticamente nada. Estos últimos siguieron aprovechándose de su poder para perpetrar diferentes abusos. Y aquéllos les respondieron con sus habituales armas: una medida oposición y las consabidas protestas defensoras de sus derechos en el Pleito del Obispado.

El domingo 5 de febrero del año entrante, 1548, tuvo lugar uno de los señalados abusos de poder. Antes de la celebración de la misa mayor en El Salvador, mientras el capítulo salía del coro en procesión «claustral», el fiscal del obispo de Cartagena entró en la iglesia, detuvo a la sacra comitiva, interrumpió los cánticos de los capellanes y, provocando un gran alboroto entre los asistentes a la celebración litúrgica, prendió al sochantre Alfonso Villena con la intención de llevárselo preso a Murcia. Y aunque los oficios divinos tuvieron que ser suspendidos, el pavorde Jaime Ferrández se le enfrentó y consiguió que desistiese de su propósito. El suceso fue considerado por los oriolanos como un grandísimo desacato contra la divinidad, cometido con el fin de escandalizar al pueblo de Orihuela³⁸³.

Poco tiempo después, fueron los habitantes de la cercana localidad de Callosa de Segura los que pudieron asistir a un nuevo exceso. A finales del mismo mes de febrero, el provisor episcopal hizo publicar dos mandamientos en los que ordenaba a los siseros de la iglesia de San Martín -que eran legos- que pagasen una determinada cantidad a los presbíteros beneficiados en esa misma parroquial. Los recaudadores acudieron de inmediato a las autoridades municipales oriolanas para solicitarles que suplicasen al provisor que revocase los citados mandatos, y que se ocupasen de solucionar el caso. Los munícipes atendieron raudamente la súplica de los siseros, y el 29 de febrero escribieron al primer oficial del obispo que derogase los edictos y que ordenase a los prebendados de San Martín que compareciesen ante ellos, pues eran los jueces a los que competía dirimir la causa³⁸⁴.

Tras estos incidentes, las tensiones entre las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela y Murcia se apaciguaron un poco. 1548 fue un año de buenas cosechas, y esta circunstancia contribuyó a suavizar sus relaciones.

A finales del mes de mayo, los principales arrendadores de los diezmos del cabildo de Cartagena -los murcianos Diego López, Diego Quadros y Diego Herrández-, se dirigieron a los munícipes oriolanos para pedirles un favor. Les explicaron que aunque habían podido vender más de 300 cahíces de trigo, les había sido imposible comercializar todo el grano recogido; y les pidieron licencia para llevar a Murcia los 60 ó 70 cahíces de trigo «vell» que les quedaban, siempre que no quisieran comprarlos ellos mismos al precio que habían vendido el resto, o al que tenía el cereal en esa fecha en Orihuela. Los jurados, que tenían cubierto el abasto de la ciudad, les respondieron que el duque de Calabria había prohibido la extracción de trigo del Reino de Valencia y que, por ello, no podían darles el permiso demandado. Entonces, los arrendadores les rogaron que ordenasen la confección de «una summaria informacio de testimonis» para que el virrey pudiese conocer la peculiar situación en que se hallaban y les concediese la licencia. Los oficiales, aconsejados por el doctor Jaime Masquefa, accedieron a la petición de los arrendadores y mandaron la redacción del informe. Tras testificar en favor de los diezmeros dos mercaderes oriolanos llamados Françés Marí y Joan Oliver, y el presbítero Pere Guillem, los jurados cerraron la información y la enviaron a Valencia, a fin de que su síndico se la hiciese llegar al lugarteniente general del Reino. Pocos días después, el 2 de junio, el duque de Calabria les respondió que dejaran sacar el trigo a los arrendadores sin oponerles obstáculo alguno, pese a la prohibición vigente. Y cuatro días después, los jurados les comunicaron a los diezmeros la decisión del virrey³⁸⁵.

Este suceso sirvió de precedente para que los arrendadores de las rentas cartaginenses, que a lo largo del año de bonanza tuvieron serios problemas para poder vender su cereal, volviesen a solicitar a los oficiales oriolanos la licencia necesaria para sacar el grano remanente del Reino de Valencia.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el chantre del Salvador D. Jaime de Soler y Gómez de Molina, como representantes de los diezmeros de la obispalía de Cartagena en Orihuela y su huerta, pidieron permiso para sacar 150 cahíces de trigo de los 640 que conformaban la renta, para poder cubrir la primera paga del contrato, dejando los 490 restantes en la ciudad por si hubiese necesidad de ellos. Los jurados estudiaron la solicitud, y unos días más tarde, el 8 de octubre, les dieron la licencia demandada, a condición de que les entregasen un albarán que diese fe de que únicamente eran extraídos los aludidos 150 cahíces³⁸⁶.

Y poco tiempo después, el 24 de octubre, Gómez de Molina volvió a comparecer ante los oficiales municipales, como representante de los arrendadores de las rentas del obispo Almeyda en Orihuela y su término, y también de Joan Oliver, diezmero del cabildo de Cartagena en el citado territorio. Les explicó que ni él ni sus representados habían podido vender el trigo recogido dentro del Reino de Valencia, dada su abundancia. Y argumentando que la ciudad contaba con un privilegio concedido por Carlos I, según el cual, el emperador daba licencia para sacar trigo de ella y llevarlo a cualquier lugar, incluso fuera del Reino de Valencia, tras el día de Todos los Santos, el suplicante pidió a los jurados que les diesen facultad para llevar el cereal adonde quisiesen, pasado el 1 de noviembre. Y los oficiales, tras comprobar la veracidad de la fundamentación del diezmero, le dieron permiso para sacar 300 cahíces de trigo³⁸⁷.

Por otra parte, también hemos de hacer constar que en 1548 la ciudad de Orihuela fue visitada por los inquisidores del obispado de Cartagena. La presencia del Santo Oficio en la población del Bajo Segura no conllevó en esta ocasión alteraciones del orden público. Conscientes de que no era sensato causar escándalos estando ausente el emperador, y aún más, de que la visita de la Inquisición había de ser beneficiosa para la salud espiritual del pueblo, las autoridades oriolanas no pusieron obstáculos a la actuación del doctor Pedro Sánchez Cabrera, y le permitieron ejercer su labor tras efectuar las pertinentes protestas profilácticas.

La iniciativa partió del propio comisario, quien escribió el 19 de septiembre una misiva a las autoridades de la ciudad para anunciarles su visita y pedirles apoyo para la salvaguarda de la fe católica. Los oficiales oriolanos le contestaron con otra carta, fechada el día siguiente, que iban a intentar servirle como mejor pudiesen, y que ya habían incluso previsto aposentarlo en el monasterio de la Merced, donde creían podría realizar su labor de una manera más cómoda. Viendo la buena disposición de los mandatarios oriolanos, el inquisidor decidió marchar hacia la población del Bajo Segura y se hospedó en el citado establecimiento regular. El 28 de septiembre, antes de que comenzase su actuación, el procurador del justicia y los jurados de Orihuela, el notario Pedro Conesa, compareció ante él y, siguiendo el procedimiento acostumbrado, le hizo conocer los antecedentes del Pleito irresoluto del Obispado, y le suplicó que se dignase a ejercer su santo oficio como inquisidor del obispado de Orihuela, o que, al menos, aplazase su labor hasta que el emperador diese sentencia a la lite. Y, por último, suponiendo que el inquisidor cartaginense iba a comenzar inmediatamente su labor, protestó de todos los actos que pudiese llevar a cabo para que ninguno de ellos pudiese causar daño alguno a los derechos oriolanos en el Pleito. El inquisidor del obispado de Cartagena y su partido asistió a la rutinaria presentación, y a continuación inició sus pesquisas con toda normalidad³⁸⁸.

Poco más podemos destacar de 1548. Únicamente, un mínimo incidente con D. Esteban de Almeyda, que apenas tuvo repercusiones. Por comisión del príncipe Felipe, el Portugués tuvo que mediar entre las autoridades municipales de Abanilla y Monóvar para fijar los límites que separaban ambas poblaciones. El prelado mandó colocar los mojones de tal manera que consiguió apaciguar los ánimos de los referidos mandatarios; pero a costa de perjudicar gravemente los intereses de Orihuela, ya que asignó a las citadas poblaciones algunos territorios del término de ésta; unas tierras en las que, para más inri, se hallaba el camino que llevaba a Yecla, una vía que los oriolanos solían recorrer en momentos de necesidad para proveer el abastecimiento de la ciudad, que por su utilidad había sido mejorada, adobada y reconstruida, y que les pertenecía sin discusión desde hacía más de «cient y dozientos anyos». Por ello, el 14 de octubre, los munícipes le escribieron una carta al prelado («al padre y senyor de todos»), demandándole un rápido remedio para el «notorio y grande» agravio sufrido. Tras recibir la misiva de los oficiales oriolanos, el obispo se dio cuenta de su error, de modo que dos días después, el 16 de octubre, les respondió secamente que al realizar la partición no pretendía perjudicar los intereses de la ciudad del Bajo Segura, y se exculpó escribiendo que si lo hizo inconscientemente fue porque no había ningún oriolano presente que le advirtiese de ello. Ante la actitud del mitrado, tan poco colaboradora, los munícipes oriolanos decidieron ponerse en contacto con el corregidor de Abanilla a fin de solucionar el problema sin la intervención del obispo³⁸⁹.

Dejando momentáneamente aparte la cuestión del Obispado, hemos de hacer notar que desde finales de 1546 y, sobre todo, a lo largo de 1548, Orihuela sufrió diversos episodios indicativos de una gran inestabilidad interna, motivados principalmente por dos factores íntimamente conectados: los problemas derivados del desgobierno, causados por la falta de un gobernador ultra Sexonam -Carlos I tardó alrededor de dos años en nombrar al sucesor del fallecido D. Pedro Maza-, y la lucha de la oligarquía urbana por el poder en la ciudad. Y la situación debió llegar a ser de tal cariz que las autoridades municipales quisieron agradecer al emperador que nombrase gobernador a D. Guillem de Rocafull, en una compendiosa carta datada el 10 de noviembre de ese mismo año 1548. En ella, le expusieron su convencimiento de que el nuevo electo realizaría bien su labor ya que, según creían, no tenía otra intención que «servir a Su Magestad, y tenernos en pas y concordia, y administrar justicia con egualdad, pospuesto todo interez». Y le advirtieron, no obstante, al monarca que D. Guillem tendría «arto trabajo, por que algunos particulares desta ciudad, como estan mal vejados, no querian official que administrase justicia», y estaban trabajando con «sinistras informaciones» para «removelle del officio», al igual que habían intentado hacer previamente con micer Andreu Martí, el asesor ordinario de la gobernación y lugarteniente del gobernador, por «administrar bien justicia»³⁹⁰.

Cambiando ya de año, el Pleito del Obispado tampoco registró grandes novedades a lo largo de 1549. El emperador seguía muy ocupado fuera de sus reinos de España, y desde luego no tenía en mente solucionar el dilatado litigio de un modo inmediato. Algo más de actividad tuvo en el escenario murciano-oriolano, donde podemos destacar un par de conflictos que tuvieron relación con la labor efectuada por dos fiscales -uno secular y otro clerical- que D. Esteban de Almeyda hizo actuar en la ciudad del Bajo Segura.

El primero de ellos tuvo su origen durante la última estancia del obispo cartaginense en Orihuela³⁹¹. Tras realizar algunas averiguaciones sobre la salud espiritual de «sus» fieles, el Portugués decidió prestar una especial atención al afianzamiento de la moral cristiana, pues, al parecer, debió comprobar que determinados abusos y vicios se estaban haciendo bastante frecuentes entre la población seglar oriolana. Y decidió invocar la ayuda del brazo secular, en general, para «onrra y serviçio de Dios, y enmienda de los pecados publicos. y guarda de las fiestas», y especialmente, para castigar los pecados cometidos por los hombres y las mujeres que mantenían habitualmente tratos ilícitos, los «amançebados legos». Dicha iniciativa se tradujo en el nombramiento de un alguacil del gobernador apellidado Torruçio como fiscal episcopal para asuntos de laicos. Entonces, Almeyda despachó un mandamiento en el que castigaba a algunos amancebados con el pago de ciertas multas, y le cometió a Torruçio su recaudación, asignándole como paga la tercera parte del dinero de las penas, y destinando el resto de las pecunias para el auxilio de los pobres y expósitos de la ciudad³⁹².

La designación de Torruçio causó a corto y medio plazo un doble problema a los oficiales municipales de Orihuela. Por una parte, motivó la preocupación de los citados mandatarios porque la jurisdicción sobre los amancebados correspondía «por fueros y privilegios» del Reino, indiscutidamente, al justicia en lo criminal, y el hecho de que la petición directa del obispo al gobernador le hubiese llevado a éste a cometer a uno de sus alguaciles para castigar a estos «amigats llechs» podría dar pie en un futuro más o menos cercano a una usurpación de competencias. Por ello, el 5 de febrero de 1549 decidieron escribir al prelado para suplicarle que revocase la comisión de Torruçio y nombrase a cualquier otra persona eclesiástica o seglar³⁹³.

La respuesta de Almeyda no se hizo esperar. Tres días después, les envió una misiva en la que, entre otras cosas, les puntualizó que el alguacil del gobernador no podía ser considerado fiscal suyo, porque él no tenía facultad más que para designar fiscales que interviniesen en asuntos que afectasen estrictamente a eclesiásticos. También les aclaró que él únicamente pretendía favorecer a la jurisdicción real, que desde su punto de vista su mandato no entorpecía el ejercicio de la justicia, y que le hubiese encantado no tener que tomar parte en cuestiones de legos para que los pecados públicos fuesen castigados, pues lo único que deseaba era cortar las ofensas a Dios. Y por último, les escribió que no creía que tuviese que «enmendar» nada; que si existían diferencias entre las jurisdicciones del gobernador y del justicia, las había de solventar quien tuviese «poder para ello», y que si bastaba con invocar al brazo secular del justicia y no al del gobernador para no causar conflicto alguno, ello sería «facil» de «remediar»³⁹⁴.

Pese a sus severas palabras, el obispo se mostró abierto a solucionar la polémica jurisdiccional. No obstante, como ya hemos apuntado, la designación de Torruçio supuso para los oficiales oriolanos un segundo problema. El alguacil del gobernador, «exampliant sa commissio», excediéndose en el uso de sus atribuciones, se dedicó a declarar amancebados a legos no incluidos en el mandamiento episcopal, a fin de cobrarles las penas establecidas como castigo por el prelado. Dicha línea de actuaciones, que iba claramente en perjuicio de la jurisdicción del justicia criminal, molestó a los referidos munícipes, por lo que el 17 de febrero se decidieron a encargarle a Joan Savall, su síndico en Valencia, que consultase al jurista Miguel Ángel Catalá si Torruçio, siendo oficial real, podía detentar la citada comisión, «senyaladament en perjuhi del dit justiçia criminal, qui es jutge ordenari de dites coses». Tras recibir la misiva, Savall le presentó la cuestión al afamado jurisconsulto, y éste le respondió que el alguacil del gobernador estaba procediendo ilícitamente, y que si sus representados le hacían llegar pruebas documentales de sus actos, no habría problemas para solucionar el asunto conforme a la justicia. El último de febrero, Savall les escribió la contestación de micer Catalá³⁹⁵. No conocemos cómo terminó el conflicto, pero suponemos que el comisionado tuvo finalmente que desistir de su irregular labor.

El segundo incidente digno de mención tuvo que ver, esta vez sí, con un fiscal directamente nombrado por D. Esteban de Almeyda. Nos ha llegado gracias a una serie de testimonios recogidos en un informe al que ya hemos hecho referencia en las notas, y que fue realizado en 1553 ante el tunc gobernador D. Nuño del Águila, a petición del Consell de Orihuela, el procurador fiscal y el capítulo del Salvador, contra el cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia, como queja por los repetidos abusos cometidos por los oficiales del obispo de Cartagena³⁹⁶.

Las aludidas relaciones -realizadas todas por testigos presenciales- nos han permitido reconstruir el suceso con bastante detalle. No obstante, no nos han ofrecido datos suficientes para poder datarlo de una manera más precisa.

Compendiando los testimonios, podríamos comenzar a relatar el incidente escribiendo que surgió como consecuencia de la ejecución por el fiscal de D. Esteban de Almeyda de un mandamiento despachado por éste contra uno de los eclesiásticos de mayor renombre de Orihuela, el canónigo Luis Torres. Llegado a la ciudad del Bajo Segura, el referido fiscal acudió a D. Guillem de Rocafull para invocar su auxilio pues había de detener al «prevere de missa» a fin de llevarlo a la vecina Murcia. Tras revisar la provisión, el gobernador mandó a sus porteros y alguaciles que ayudasen al oficial episcopal a prender al clérigo. Entonces, el fiscal, acompañado por el brazo secular, se dirigió hacia la calle del «Riu», donde se encontraba la casa de Juan Sans, en la que vivía el canónigo, e intentó detenerle. No obstante, Torres huyó por la calle del «Publich», y se tiró «vestit» al río; y aunque estuvo cerca de morir ahogado («quasi se penssa offegat»), consiguió nadar hasta la otra orilla, y echó a correr por la calle del «Bordell» en dirección al convento de San Agustín, donde pretendía hallar refugio. Acuciado por la audacia del canónigo, el fiscal reclamó la ayuda de sus acompañantes, y emprendió con ellos la persecución, cruzando el río por el puente más cercano. Sin embargo, no pudo alcanzar a Torres antes de que éste entrase en el establecimiento regular. No obstante, ello no frenó los ímpetus del fiscal, sino que, al contrario, sin preocuparse por las consecuencias que su irreverencia pudiese provocar, optó por acceder al interior del convento y seguir buscando al canónigo. Registró la casa, hasta que descubrió a Torres en el huerto, tratando de escapar escalando «huna paret». Entonces, viendo que el intrépido clérigo estaba a punto de volver a huir, sorpresivamente, desenvainó la espada, y comenzó a lanzarle sablazos hasta que consiguió herirlo en el talón del pie derecho. Sin embargo, la acometida del oficial episcopal no sirvió para frenar al maltrecho canónigo, pues consiguió finalmente trepar por el muro y salir del convento. La desigual persecución prosiguió aún durante algunos minutos más, hasta que el fiscal, los alguaciles y los porteros consiguieron detener al malparado fugitivo cerca de la «barrera de magastre» de la ciudad, ante una gran multitud creciente de atónitos espectadores. Entonces, el fiscal pidió a los representantes del brazo secular que encadenasen al reo, «molt avituperadament», de una manera muy ignominiosa, «com si fora un rufia o malfactor», «hun saltejador de camins» o «hun lladre famos», y acabó llevándose al canónigo Luis Torres a Murcia.

El pueblo quedó escandalizado por los desmesurados procedimientos del fiscal, y también porque, como antes apuntamos, Torres era tenido por «persona honrrada», «de bons parents», y dedicada a sus tareas clericales.

Sin embargo, no acabaron ahí los abusos cartaginenses contra Luis Torres. Ya en Murcia, el provisor episcopal pronunció una dura sentencia contra el canónigo oriolano. Torres decidió apelar contra dicho fallo ante el metropolitano valentino, y el oficial general cartaginense decidió encarcelarlo en la prisión episcopal para que no pudiese proseguir los trámites del recurso. Enterado de la desgracia del canónigo, el doctor oriolano Jaume Terrés fue a visitarle y, dejando por un vez de lado su ética jurídica, le recomendó que retirase la apelación. Torres, cansado de sufrir penalidades, hizo caso al letrado, retiró el recurso y, acto seguido, los oficiales episcopales lo soltaron; y le dejaron volver a Orihuela después de que ofreciese garantías suficientes de que pagaría la pertinente pena pecuniaria.

Poco más podemos comentar de 1549. Únicamente añadiremos que a lo largo del año prosiguieron las discusiones con Abanilla por la reubicación de los mojones fronterizos. Que hubo algunos roces con la población de Murcia, pese a que sus munícipes hiciesen alusión en sus cartas a «la antigua hermandad e amistad que entre esa cibdad y esta a abido e ay, la qual be es be conservar como es justo». Que el justicia y los jurados tuvieron algunos problemas con la recaudación de la sisa a los señores de la ciudad. Y, por último, que aparecieron las primeras quejas contra la labor del gobernador, por dos motivos ciertamente curiosos. Primero, porque teniendo que ausentarse de la ciudad, dejó como asesor a micer Gaspar Alfonso, un hombre que era considerado incapaz por los «particulars de aquesta çiutat» porque era «impedit en lo hoir» y de «poca pratica», entre otras causas. Y segundo, porque había mandado a algunos vecinos de Orihuela que compareciesen ante él, en Jijona, para «fer part» en primera instancia; una práctica que les parecía tan sorprendente como insólita, porque jamás, ni «en temps del senyor don Pero Maça com de altres governadors», los oriolanos habían tenido que salir de la ciudad del Bajo Segura para ser juzgados, a menos que fuese «per via de recors o en fadiga»³⁹⁷.

Mientras éstas eran las circunstancias que ocupaban a los oriolanos, a varios miles de kilómetros de la ciudad del Bajo Segura, en la capital de la Cristiandad, la noticia más comentada era la muerte del papa Paulo III. El pontífice que había publicado la bula In coena Domini, excomulgado a Enrique VIII de Inglaterra, aprobado la Compañía de Jesús, y convocado el Concilio de Trento, había fallecido el 10 de noviembre -del mismo 1549-. La elección del nuevo papa se demoró hasta el 7 de febrero del año entrante -1550-, y recayó en el cardenal Giovanni M. Ciocchi Dal Monte, quien fue consagrado como Julio III quince días después³⁹⁸.

1550 comenzó con un malentendido entre las autoridades municipales oriolanas y el obispo Almeyda. Un equívoco que, de no ser por la buena voluntad de las partes y, en especial, de un criado del prelado -un capellán llamado Rodríguez-, podría haber desembocado en una nueva ruptura.

El trasfondo del percance lo hallamos en el plan del mitrado de que las rentas de las fábricas -que, como sabemos, pertenecían a la corporación municipal- sirvieran para pagar los servicios de un clérigo que se encargase de enseñar la doctrina cristiana en un lugar diferente al que lo solía hacer el otro predicador que acostumbraba a sufragar la ciudad durante la Cuaresma, todos los años. Una idea que, sin duda, había de beneficiar al pueblo oriolano, pero que tocaba uno de los valores de la administración municipal que mayor número de intromisiones episcopales había sufrido a lo largo del tiempo: los controvertidos frutos de las fábricas.

Realmente, no sabemos cómo les cayó a los munícipes el proyecto del obispo. No obstante, el siguiente suceso nos puede hacer pensar que quizá no lo aceptaron de muy buena gana. Al parecer, «çierta persona» de la ciudad le comentó al Portugués -con o sin fundamento…- que a los munícipes no les parecía bien que «la dotrina christiana se dixese en dos partes en esta çiudad, e que las fabricas ayudasen con el dinero». No obstante, antes de que Almeyda decidiese proceder contra los mandatarios o, al menos, investigar la veracidad del testimonio, el aludido capellán Rodríguez optó por alertar a los oficiales oriolanos. Y el justicia y los jurados, para evitar el rompimiento que con total seguridad se avecinaba, se afanaron por escribir al mitrado una carta aclaratoria -fechada el 7 de enero-, en la que le expusieron que el incidente les había «pezado mucho» por dos razones: «la primera, por haver havido persona en esta çiudad tan malsin que aya informado a vuestra senyoria contra toda verdad de una cosa tan mala y escandalosa»; y la segunda, porque «vuestra senyoria aya dado credito a la tal persona de cosa que como vuestra senyoria vee es tan contra el serviçio de Dios, y en danyo desta çiudad»; y le aseguraron que estaban «contentos» de que las rentas de las fábricas fueran utilizadas para pagar al citado clérigo, y que como «juezes de cuentas» admitirían «las partidas» siempre que las aceptasen los feligreses de las parroquias, pues era a ellos a quienes tocaba la distribución de los referidos frutos³⁹⁹.

Aunque no tenemos constancia documental de ello, creemos que las explicaciones de los munícipes sirvieron por esta vez para calmar al autoritario obispo, y la tensa situación no debió pasar a mayores puesto que poco tiempo después, el 26 de febrero, el prelado escribió a los referidos mandatarios y al gobernador Rocafull desde su residencia de Las Alguazas para comunicarles su intención de ir a pasar a Orihuela la Cuaresma «y el mas tiempo que los negoçios dieren lugar», y para pedirles que ayudasen a un criado que enviaba a buscar en la ciudad «una posada alquilada» en la que residir, pues su palacete estaba en obras de ampliación. Y los oficiales oriolanos le respondieron que consideraban su inminente visita como una «gran merçed», y se ofrecieron a encontrarle una vivienda adecuada a su calidad, pese a «la brevedad del tiempo»⁴⁰⁰.

Además, consideramos que las relaciones entre Almeyda y los oficiales municipales eran, al menos, pacíficas porque el 21 de marzo, el mitrado solicitó a los mandatarios que le diesen un «carreron» que llevaba al río, al postigo llamado «del obispo», que pertenecía a la ciudad, del que tenía «neçesidad» para ensanchar sus casas, y los oficiales se lo cedieron gratuitamente para complacerle⁴⁰¹.

El contacto con los inquisidores cartaginenses tampoco supuso problemas para las autoridades municipales oriolanas en 1550.

Por una parte, los oficiales se dirigieron a los del Santo Oficio para que levantasen el secuestro de las rentas de tres encausados oriolanos -Françés Joan Terrades, su hermana Violante Terrades, y el notario Françés Barberá-, a fin de que pudiesen pagar unas deudas que tenían con la corporación municipal. Los inquisidores les respondieron distintamente que si bien no podían alzar el embargo de los bienes de los Terrades, porque habían pasado a pertenecer al fisco regio, sí podían liberar de los de Barberá una cantidad igual al débito del notario con la ciudad, y así lo hicieron⁴⁰².

Y por otra, los munícipes les solicitaron que derogasen un mandato vigente en Orihuela, que ordenaba a los oficiales y familiares de la Inquisición residentes en ella que no pagaran la sisa, pues en virtud de una concordia firmada entre el obispo Almeyda y el capítulo del Salvador, todos los eclesiásticos -sin excepción-estaban obligados a tributar dicho impuesto⁴⁰³.

Aunque no hubo discordias a nivel eclesiástico, la primera mitad de 1550 no fue nada tranquila en la ciudad del Bajo Segura. Los problemas fronterizos con Abanilla se agravaron⁴⁰⁴. Y lo que fue aún peor, empeoraron las relaciones con Murcia, por disputas concomitantes -también- con el amojonamiento, por el crecimiento de los roces entre vecinos de ambas poblaciones y, sobre todo, por las repetidas infracciones murcianas de la concordia que, desde antiguo, reglamentaba la utilización y el tráfico de los ganados entre ambas ciudades y sus términos. La tensión llegó a ser tan preocupante que no sólo se incrementó muy considerablemente el volumen de correspondencia cruzada entre sus mandatarios, sino que éstos llegaron a programar varios encuentros personales para tratar de mantener «la buena vezindad que siempre se ha guardado entre estas dos ciudades», así como la»tranquilidad e sosiego» de sus habitantes⁴⁰⁵.

A mediados de año, otra cuestión, de carácter eclesiástico, cobró cierto protagonismo en la vida municipal oriolana. Como ya indicamos al escribir sobre 1545, las comunidades de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco se hallaban enfrentadas porque cada una de ellas quería preceder a las demás en las procesiones que organizaba el capítulo del Salvador. El Consell trató de mediar entre los conventuales con el propósito de hacerlos llegar a una concordia, pero sus intentos fueron vanos. Por ello, a continuación, les propuso una solución lógica y conforme a la justicia: reglamentar el orden de participación en las procesiones según los criterios que se seguían en Valencia. Pero también fracasó. Y las relaciones entre agustinos y dominicos continuaron agriándose hasta que ambos grupos optaron por dejar de salir en los citados desfiles. Dicha actitud molestó a los oficiales municipales, quienes a mediados de 1550 volvieron a tratar de hallar una concordia «amigablement». Al entrevistarse con los agustinos, éstos les comentaron que habían dejado de participar en las procesiones porque habían recibido un «expres manament» del Provincial de la Orden en las Provincias de Aragón, Cataluña y Valencia en el que les prohibía salir en ellas. La respuesta asombró a los munícipes de tal manera que no dudaron en dirigirse al Provincial, fr. Joan Baptista Burgos, por medio de una carta fechada el 17 de junio. En ella, le rogaron encarecidamente que revocase el mandato y diese nueva orden a los frailes para que volviesen a participar en las procesiones; y fundamentaron la súplica en un motivo tan contundente como éste: «perque no seria raho que vivint de les almoynes de aquesta çiutat falten al que toca a la honra de aquella»⁴⁰⁶. De cualquier forma, el nuevo intento de los munícipes tampoco sirvió para propiciar un arreglo, y el problema siguió agravándose de tal forma que nadie en la ciudad dudaba ya, que más tarde o más temprano acabaría provocando un brusquísimo rompimiento entre los referidos monasterios.

Sin embargo, no fue esta emponzoñada controversia el problema más grave que la ciudad del Bajo Segura tuvo que afrontar en 1550 en relación con las comunidades regulares que en ella estaban establecidas. A mediados del mes de octubre, no hemos podido saber por qué motivo, el gobernador Rocafull se enfrentó con los frailes del convento de la Merced, mandó prender a dos de sus regulares y los encarceló en el castillo⁴⁰⁷. Al enterarse del incidente, el obispo Almeyda, siempre tan atento a defender la jurisdicción eclesiástica en su diócesis, lanzó contra toda la ciudad las penas de entredicho y cessatio a divinis, impidiendo de esa manera la celebración de todo tipo de oficios divinos.

Viendo que las censuras afectaban a toda la ciudad, los munícipes, en su calidad de «padres desta republica», quisieron intervenir entre el gobernador y los mercedarios, pero no consiguieron hacerlos concordar. Por ello, conscientes de que la cuestión no tenía arreglo a corto plazo, y de que las penas impuestas por el obispo estaban causando «gran danyo de las consciencias, peligro de las animas y muchos otros inconvenientes», el día 25 del mismo mes de octubre se decidieron a escribir al virrey para suplicarle ayuda, consejo o intervención⁴⁰⁸. Pero poco más pudo hacer por ellos el duque de Calabria pues el día siguiente, después de comer, falleció, dejando vacante la lugartenencia general del Reino de Valencia⁴⁰⁹.

El deceso del virrey obligó a los oficiales oriolanos a cambiar urgentemente de planes. Decidieron volver a parlamentar con los afectados pero no hallaron la manera de que se quitase la cessatio a divinis. De cualquier modo, las pláticas les sirvieron para conocer que D. Guillem de Rocafull había apelado ante el metropolitano valentino contra las censuras y penas impuestas por el obispo, y que únicamente estaba dispuesto a liberar a los frailes entregándoselos al Provincial de la Orden de la Merced en el citado Reino de Valencia. Por ello, tras sopesar las pocas alternativas que tenían, los munícipes optaron por solicitar colaboración al referido Provincial -el maestro Calvo- y al arzobispo de Valencia. Y en consecuencia, el 7 de noviembre redactaron sendos escritos dirigidos a las dos autoridades. Al mercedario le suplicaron que fuese a Orihuela, para recibir a los regulares de manos del gobernador. Y al metropolitano le rogaron que mandase al obispo cartaginense que quitase la cessatio a divinis impuesta sobre la ciudad, dejando vigentes las penas fulminadas contra Rocafull hasta que se solucionase el conflicto. Y finalmente, le encargaron a Joan Savall que entregase las misivas y cobrase rápida respuesta de sus destinatarios⁴¹⁰.

El síndico obedeció los mandatos de sus representados y se entrevistó con el metropolitano y con el maestro Calvo. Y mientras el primero le contestó un tanto secamente que si los frailes no eran puestos en libertad, el entredicho no sería alzado; el segundo se interesó más por la cuestión, le comentó a Savall que estaba dispuesto a personarse en Orihuela, y fue, además, a hablar con el nuevo virrey, D. Joan Llorens de Vilarrasa, quien de inmediato diputó a dos comisarios apellidados Cas y Çaydía y les mandó que se desplazasen a la ciudad del Bajo Segura para realizar las averiguaciones necesarias y proveer lo que fuera de justicia. Desconocemos el final de la historia, pero suponemos que la intervención del Provincial y de los dos diputados del virrey fue suficiente para dar por zanjada la discordia⁴¹¹.

De cualquier manera, el final del enfrentamiento no significó para los oriolanos el inicio de un período de tranquilidad. Pocos días después, las autoridades civiles de la ciudad recibieron un carta de aviso del nuevo virrey, fechada el 20 de noviembre, en que les advertía que «de Alger y altres parts de Africa» habían salido «fustes de rems armades» con el propósito de «cativar, robar y damnificar» a los cristianos que vivían en las poblaciones costeras del Reino, y les recomendaba que estuviesen preparados y en guardia para socorrer a «totes les viles y lochs maritims» cercanos⁴¹². Y siguiendo las recomendaciones de Vilarrasa, dispusieron las medidas necesarias para la defensa.

Únicamente nos queda comentar de 1550 que, a mediados del mes de diciembre, los munícipes y los capitulares del Salvador trataron vanamente de aprovecharse del interés que el obispo Almeyda había mostrado por el adoctrinamiento cristiano de los fieles de Orihuela y su término. Las autoridades enviaron al pavorde D. Jaime Ferrández a solicitarle «licencia y consentimiento» para que las dos primeras canonjías que vacasen en la citada iglesia fuesen conferidas a dos letrados, «el uno en Canones y el otro en Theologia», de manera que ambos eclesiásticos les quitasen al prelado y a sus sucesores en la mitra «mucho trebaio y cargo, y a esta ciudad le ensenyara[n] el camino de su salvacion». El intento oriolano fue infructuoso porque, según refirió el Portugués, el papa había concedido la provisión de los beneficios del obispado al cardenal Durán, y tenía por ello «atadas las manos y la libertad para no poder hazerlo»; no obstante, la idea no disgustó al prelado, por lo que recomendó a los mandatarios oriolanos que le repitiesen la petición al cardenal y que cuando tuviesen su anuencia, volviesen a consultar con él, para que les concediese su permiso, en su propio nombre y en el de los obispos que le sucediesen en la mitra cartaginense⁴¹³.

Desconocemos si las autoridades llegaron a contactar con el cardenal Durán, o si finalmente abandonaron la idea puesto que el Archivo Municipal de Orihuela no nos ha permitido consultar el Contestador de 1551, por hallarse en un deplorable estado de conservación.

Dicha circunstancia nos ha impedido conocer cuáles fueron los acontecimientos más importantes para la Iglesia y la ciudad de Orihuela durante dicho año. De cualquier forma, creemos que en relación con el Pleito del Obispado no hubo ningún cambio sustancial. El obispo y sus ministros debieron seguir realizando su labor sin problemas, al tiempo que el capítulo del Salvador y los oficiales municipales continuaron defendiendo sus derechos haciendo uso del ya acostumbrado sistema de las protestas profilácticas.

Y prácticamente lo mismo podemos decir de 1552. La pérdida del libro Contestador ha propiciado que únicamente tengamos noticias indirectas de la vida municipal oriolana durante dicho período. Quizá lo más destacable de dicho año fue que tuvieron lugar las últimas Cortes generales de la Corona de Aragón del reinado de Carlos I.

El emperador las convocó desde Europonte el 30 de marzo, fijando como día de inicio el 30 de junio. Fueron inauguradas en Monzón el 5 de julio y concluyeron el 27 de febrero del año siguiente. Al igual que las anteriores de 1547, fueron presididas por el príncipe D. Felipe. Y fueron fiel exponente de la descomposición del sistema imperial carolino, y del divorcio entre las expectativas autonomistas de los reinos y la voluntad progresivamente centralizadora del monarca⁴¹⁴.

Las autoridades municipales de la ciudad del Bajo Segura enviaron a la villa aragonesa al experimentado Ginés de Vilafranca⁴¹⁵, quien -pensamos- debió, sin duda, seguir la línea de comportamiento marcada por sus representados desde la marcha del emperador, en relación con las aspiraciones episcopales segregacionistas; esto es, que no llegó a plantearle a D. Felipe que revisase la situación del obispado cartaginense. Suponemos que una conjunción de diversos factores hacía pensar a los mandatarios oriolanos que ésa era la vía más válida para lograr en el futuro el éxito en sus reivindicaciones. A motivos ya citados con anterioridad, como la declarada voluntad del emperador, la actitud respetuosa adoptada desde el primer momento por su primogénito, el talante de D. Esteban de Almeyda, o la situación de relativa estabilidad espiritual que se vivía en la diócesis, hemos de añadir una causa, de carácter más coyuntural, que también debió tener alguna influencia en la conservadora actitud de las referidas autoridades: la aparición en la ciudad de una creciente inestabilidad social y de una falta de cohesión interna, propiciada por frecuentes banderías y enfrentamientos entre laicos, y también entre eclesiásticos regulares y seculares, que inevitablemente desviaron la atención general hacia cuestiones más urgentes⁴¹⁶. Por todo ello, las autoridades oriolanas prefirieron seguir esperando la vuelta del monarca, un regreso que, conociendo su periplo europeo, se consideraba cada vez más inminente.

De cualquier manera, los mandatarios de la población del Bajo Segura no quisieron dejar marchar la oportunidad de aprovechar la fuerza de los brazos parlamentarios, y por medio del síndico Vilafranca le hicieron llegar al príncipe heredero una súplica bastante significativa. Le pidieron que mandase escribir al obispo Almeyda para que no volviese a ordenar a los «capellans» de Orihuela y su distrito que compareciesen ante él o ante cualquiera de sus oficiales en Murcia. Y «Sa Altesa», considerando las buenas diligencias del procurador, accedió a la demanda, y le entregó una «lletra» que contenía la orden requerida⁴¹⁷.

Pese al logro, los munícipes oriolanos se molestaron con Vilafranca porque, tras la clausura de las Cortes del Reino de Valencia -el 22 de octubre de 1552-, el síndico decidió permanecer en Monzón hasta el cierre de las sesiones de Cataluña y Aragón, y no retornó a la ciudad del Bajo Segura hasta el 15 de enero de 1553. Al rendir cuentas con los mandatarios, éstos se mostraron dispuestos a pagarle únicamente el salario que se había ganado representándoles durante la celebración de las Cortes «valencianas». Pero el 23 de enero, el habilísimo y previsor Vilafranca volvió a comparecer ante ellos para mostrarles una provisión que había obtenido del príncipe Felipe, en la que Su Alteza ordenaba a las referidas autoridades que le pagasen el sueldo íntegro. Los munícipes consideraron injusto el mandato, por lo que decidieron aplazar su cumplimiento hasta que el nuevo virrey, D. Bernardino de Cárdenas, marqués de Elche y duque de Maqueda, se pronunciase sobre el asunto. Y optaron por enviarle un informe junto al mandamiento de D. Felipe. Con el tiempo, la discordia fue complicándose y ambas partes, munícipes y procurador acabaron dirimiendo sus respectivos derechos ante los tribunales de la Real Audiencia de Valencia⁴¹⁸.

El nombramiento del nuevo capitán general del Reino de Valencia no fue el único cambio gubernativo que la ciudad del Bajo Segura vivió durante 1553. A finales del año anterior, D. Guillem de Rocafull fue promovido al cargo de gobernador de la isla de Menorca, y el príncipe Felipe decidió colocar al frente de la Gobernación ultra Sexonam al abulense D. Nuño del Águila, con el claro objetivo de «evitar les differencias» que había entre los habitantes de Orihuela.

La noticia de que un caballero castellano detentase tal oficio no sentó nada bien entre las autoridades oriolanas. Por ello, de antes de que el electo pudiese personarse en la localidad para tomar posesión de su nuevo cargo, los mandatarios comenzaron a consultar la documentación del Archivo de la ciudad, y hallaron que la disposición del regente iba en contra de los «furs e previletgis» del reino. De inmediato, le participaron la cuestión al abogado municipal, micer Jaime Masquefa, quien, tras confirmarles la incorrección, les aconsejó que consultasen al heredero a la corona hispánica. Y después, para asegurase de que iban a obrar de un modo correcto, decidieron recabar más pareceres en Valencia, por lo que el 21 de marzo se dirigieron por escrito a los juristas Pedro de Moncada y Miguel Ángel Catalá, explicándoles el motivo de su preocupación, y añadiendo que D. Nuño no podía «regir dit offici de governador, senyaladament essent aquesta ciutat tan contraria, la qual en temps de les divisions de aquestos regentes a tengut diverses guerres y discordies ab la ciutat de Murcia y altrs parts del regne de Castella; y encara hui en dia nos duren les males voluntats e pleyts ab la dita ciutat de Murcia sobre lo bisbat e altres differencies». Y le encomendaron a Joan Savall la tarea de consultar a los juristas y de enviarles sus respuestas con la mayor diligencia⁴¹⁹.

El síndico actuó con presteza pues cuatro días después ya se había entrevistado con los abogados valencianos, y tenía en sus manos su contestación. En ella, los juristas les recomendaron a los oficiales oriolanos que cuando el «stranger» quisiese presentarles su provisión de nombramiento le interpusiesen «hun disintiment y protest»; y dando muestra de su eficacia y su profesionalidad, les prepararon un modelo de protesta a fin de que pudiesen realizar dicho acto sin el más mínimo recelo⁴²⁰.

Poco antes de que esta documentación llegase a Orihuela, lo hizo un mensaje del duque de Maqueda, en el que alertaba a los munícipes de la presencia de unas «cincuenta y cinco o sessenta fustas» de infieles frente a la costa de la ciudad de Alicante, y les solicitaba que hiciesen los preparativos para la defensa de la zona, y que comunicasen la nueva a sus colegas los lugares circunvecinos⁴²¹. Como podemos apreciar, los oriolanos vivían en continua tensión, ante el peligro de ser saqueados o cautivados por los corsarios berberiscos.

Por su parte, la otra amenaza, el esperado -pero no querido- D. Nuño del Águila, arribó a la ciudad de Valencia bien entrada ya la segunda mitad de abril. Y el día 25 del citado mes, tras presentarle al duque de Maqueda su privilegio de nombramiento -dado en Monzón el 26 de diciembre del año anterior-, el nuevo gobernador ultra Sexonam prestó el debido juramento ante el virrey. Y éste, en consecuencia, le dio una cédula ejecutorial, en la que ordenaba a los «fieles de Su Magestad» que le diesen libremente la posesión del dicho oficio⁴²².

A continuación, D. Nuño del Águila partió hacia Orihuela para prestar allá su segundo juramento y comenzar a ejercer su oficio. Y llegó a su destino el penúltimo de abril. Se dirigió hacia la «esglesia cathedral del Senyor Sanct Salvador». Compareció ante D. César Guil -lugarteniente del gobernador-, Honorat Togores -lugarteniente de baile general-, el justicia y los jurados, y les presentó su privilegio de nombramiento.

Intervino entonces el notario Luis Traver y, como síndico de la ciudad, le interpuso una protesta -que era calcada a la enviada por los abogados Moncada y Catalá-. En ella, tras poner de manifiesto algunas formalidades, le explicaron que el oficio de gobernador estaba reservado a los naturales del Reino de Valencia. Le especificaron que estaba «expressament dispost que siper eminents bandositats o escandols convingues posar alguna persona que no fos natural, aquesta, en tal cas, hauria de esser dels regnes de Arago o del principat de Calanunia, quant, dit es, no fos natural del regne de Valencia, e no de altres parts, com se pot veure per lo fur primer: rubrica de officis de governador». Le escribieron muy directamente: «no pot la noblea vostra regir lo offici de governador». Y adujeron que si tanto el emperador como su hijo hubiesen sido bien informados, jamás hubiesen expedido tal ilícito privilegio. Y en atención a todos estos argumentos, le suplicaron a D. Nuño que suspendiese la ejecución del nombramiento hasta que el príncipe, informado por la ciudad, confirmase o anulase su nominación. Y en el caso de que quisiese proseguir con el acto, le anunciaron su intención de protestar contra todo lo que pretendiese ordenar como gobernador del Reino más allá de Jijona.

El electo respondió poniendo de manifiesto su intención de comenzar a ejercer como gobernador de modo inmediato. Y aceptando la protesta oriolana, se mostró de acuerdo con que las autoridades de la ciudad consultasen al príncipe regente⁴²³.

Unos días después, el 5 de mayo, los munícipes ultimaron los preparativos, y enviaron a la corte, a manos de los dos síndicos que la ciudad había enviado allí hacía unos meses -los poco ocupados Ferrando Alfonso y Esteban Maronjo-, la protesta presentada a D. Nuño del Águila y un escrito dirigido al propio D. Felipe, en el que le suplicaban que sustituyese al castellano por un «natural» del Reino de Valencia o, en el caso de que desease que ocupara el cargo una «persona forastera», que ésta fuese de Aragón o Cataluña⁴²⁴.

Por estas fechas, o poco antes -quizá-, el polémico fiscal del obispo de Cartagena causó un nuevo incidente en la ciudad del Bajo Segura. Aunque no conocemos muy bien el suceso, al parecer, el aludido oficial se personó en Orihuela con la intención de prender al presbítero Juan Zancell. Se dirigió a la casa del canónigo Jaime Roca, donde sabía que estaba el cura. Entró en ella con mucho alboroto, escandalizando a todo el vecindario. Zancell vio venir al fiscal, e imitando el ejemplo de Luis Torres, salió huyendo; y tuvo tiempo para resguardarse en el monasterio de la Merced. El oficial episcopal entró en el convento y comenzó a proferir tales amenazas y con tal violencia que, según afirmaban los munícipes, hubiese maltratado a los frailes de no mediar el comendador. Finalmente, capturó al clérigo, y se lo llevó a Murcia como si fuera «algun matador» entre el enfado y el desánimo de los oriolanos⁴²⁵.

Probablemente, éste fue el primero de una larga serie de avatares por los que los habitantes de la población del Bajo Segura tuvieron que pasar dicho año 1553 en su camino hacia la consecución del obispado propio e independiente de Cartagena.

Mediado el mes de mayo, D. Esteban de Almeyda volvió a tratar de entrometerse en la administración de las rentas de la fábrica de San Martín de Callosa. El Portugués quiso, si no gestionar directamente dichos frutos, sí vigilar muy de cerca su uso, y por ello mandó a los parroquianos de dicha iglesia que si querían elegir al fabriquero, programar obras o distribuir el referido tercio diezmo, habrían de convocar a algún eclesiástico para que asistiese a tales actos en su nombre.

El mandato del prelado no gustó en absoluto a los callosinos, por lo que en seguida pensaron en introducir una apelación ante el arzobispo de Valencia y decidieron comentarle la situación a las autoridades municipales oriolanas. Éstas les respondieron con su apoyo, de manera que el 19 de mayo le encargaron a Joan Savall que hiciese las diligencias oportunas para interponer el señalado recurso y para conseguir una «compulsoria e inibitoria» que dejase sin valor tanto la orden del mitrado, como las previsibles censuras que éste pudiese lanzar contra Orihuela o contra Callosa de Segura⁴²⁶.

Savall introdujo la causa ante el metropolitano, consiguió sin apenas dificultad «les lletres compulsories e inhibitories» y cinco días después las envió a los parroquianos de Callosa⁴²⁷. Sin embargo, de poco les sirvieron a los callosinos, pues el obispo, ni cambió de opinión ni derogó el decreto.

El conflicto devolvió al primer plano de la actualidad oriolana la cuestión de las rentas de las fábricas. No obstante, éstas, lejos de constituirse en una preocupación eventual, se convirtieron en el tema protagonista de la actividad municipal durante el siguiente trimestre.

Por aquellas fechas, el obispo de Lugo -comisario general encargado de la percepción del subsidio extraordinario concedido por Julio III al emperador- le comunicó al doctor Pedro de Mora, uno de los canónigos del cabildo de Cartagena, que lo había diputado para que se ocupase de la recaudación del referido tributo en la diócesis de Cartagena. Mora aceptó la comisión y de inmediato ordenó a los fabriqueros, mayordomos y obreros de las fábricas de todas las iglesias del obispado, incluidas las de Orihuela y su distrito, que pagasen de sus rentas la cantidad que les había tocado en el reparto de la contribución.

El mandato del juez apostólico Mora generó un gran malestar en las diferentes poblaciones del término oriolano pues, como bien sabemos, los frutos de dichas fábricas eran laicos y de realengo, y no podían ser incluidos en tributaciones eclesiásticas. Y la reacción de las autoridades oriolanas fue tan inmediata como lo había sido en todas las ocasiones anteriores en que el cabildo de Cartagena o los diferentes obispos precedentes a Almeyda habían tratado de atentar contra la propiedad municipal del tercio diezmo.

No obstante, antes de describir en qué consistió la reacción de las autoridades de la ciudad del Bajo Segura, creemos conveniente apuntar que la inclusión de las rentas de las fábricas de las iglesias de Orihuela y su huerta en la composición del subsidio nos puede hacer pensar que el intento episcopal de vigilar o administrar las rentas de la fábrica de San Martín de Callosa, así como su voluntad de hacer caso omiso a las disposiciones del arzobispo de Valencia, su superior, no fueron comportamientos caprichosos o puntuales. Más bien, nos llevan a conjeturar que pudieron formar parte de un plan conjunto del propio prelado y el cabildo de Cartagena para hacerse con el control de la citada fábrica y hacer que pagase el tributo, de manera que dicho pago pudiese servir de precedente para reclamar al obispo de Lugo o al príncipe Felipe que ordenasen a los fabriqueros de las demás iglesias de la parte de la diócesis perteneciente al Reino de Valencia que contribuyesen en la recaudación del citado impuesto extraordinario, aliviando de esa manera la recargada cuota que había de pagar el resto de fábricas del obispado cartaginense.

Volviendo a la actuación de los munícipes, poco después de conocer las intenciones del juez Mora, el 29 de mayo, le encomendaron al síndico Traver la tarea de presentar a los fabriqueros de las iglesias del Salvador, Santiago y las Santas Justa y Rufina de Orihuela, San Martín de Callosa, San Andrés de Almoradí, San Juan de Catral y San Jaime de Guardamar un mandato en el que les mandaban que no pagasen la parte del subsidio que les había asignado el citado comisario, bajo pena de 1.000 ducados de oro (que serían destinados al erario real) y de tener que restituir a sus fábricas las cantidades que entregasen⁴²⁸.

Y complementando dicha medida inicial, decidieron enviar a un par de procuradores a Murcia, con la misión de entrevistarse con el cabildo de Cartagena y con el obispo Almeyda a fin de mostrarles los privilegios reales que hacían que las rentas disputadas fuesen realengas, y por lo tanto exentas del pago de contribuciones clericales. Y para facilitarles la tarea, les entregaron a dos cartas de contenido similar y carácter considerablemente expresivo, en las que les suplicaban que liberasen a las fábricas de las iglesias de Orihuela y su término del pago del subsidio, y les advertían claramente que estaban dispuestos a gastar «toda la hazienda de la ciudad» en pleitos antes de que «las dichas fabricas hayan de contribuhir en un maravedi»⁴²⁹.

El día siguiente -el 29 de mayo-, los mensajeros comparecieron ante el cabildo cartaginense, le entregaron al deán Alberto Clavijo la carta de los munícipes oriolanos, mostraron los aludidos privilegios reales y solicitaron la exención de las fábricas. La institución colegiada analizó la cuestión y les entregó una carta para sus representados, en la que explicaban de una manera sólidamente fundamentada que no podían exonerarlas del pago del subsidio apostólico porque no eran «parte para lo quitar ni moderar». En ella, los capitulares les informaron de que «en las congregationes que se han hecho de las yglesias de Hespanya» se había llegado a un acuerdo con el emperador, que consistía en que «todas las terçias de los diezmos de los Reynos de Hespanya que estuviesen en la corona real encorporadas» habían de participar en el pago de los subsidios extraordinarios. Les comunicaron que incluso la duquesa de Cenete o el propio duque de Maqueda habían tenido que contribuir por las tercias que tenían en Ayora y Elche, respectivamente. Y que únicamente podían eximirse los comendadores de la orden de San Juan, «por la guerra que siempre siguen contra infieles». Además, les comentaron que les habían mostrado los privilegios presentados a algunos letrados, y que éstos les habían contestado, ex una, que «por ser este subsidio impuesto por el papa y por causa tan justa, ninguno, aunque sea privilegiado, se puede eximir»; y ex alia, que por ser dichos documentos reales «avrian lugar quando el obispo desta yglesia impusiese subsidios caritativos o de otra suerte, en las rentas de su obispado». Y, por último, les recalcaron que ni ellos ni el diputado Mora podían hacer más que lo que les había mandado el obispo de Lugo, y que si querían seguir defendiendo la exención de las rentas, que le reclamasen al propio comisario general⁴³⁰.

Tras comparecer ante el cabildo de Cartagena, los embajadores oriolanos quisieron entrevistarse con el obispo, pero no lo pudieron hacer hasta el día siguiente, el último de mayo. El prelado se mostró conforme con los planteamientos de la institución colegiada. Y les entregó la correspondiente respuesta escrita para sus representados. En ella, declaró que no podía intervenir por corresponder la jurisdicción al comisario. Les pidió que no gastasen las rentas de las fábricas «por passion». Y les comentó que creía que las tercias habían de contarse «por bienes spirituales»⁴³¹…

Las respuestas del mitrado y el cabildo dejaron claro a los munícipes que si querían mantener la exención de las rentas de las fábricas, tendrían que seguir realizando gestiones fuera de Murcia, en la corte, ante el príncipe Felipe y el obispo de Lugo.

No obstante, antes de emprender la nueva campaña de negociaciones, prefirieron atarle temporalmente las manos al canónigo Mora, o, al menos, entorpecer al máximo su tarea. Y teniendo en cuenta que no podían solicitar auxilio al gobernador, «per raho del protest que contra aquell» habían interpuesto, pensaron en conseguir del duque de Maqueda un mandato, unas «lletres de manutinençia» que les diesen licencia para hacer caso omiso a los requerimientos del comisario apostólico. Y el 10 de junio le encargaron a Joan Savall que tratase de conseguir el citado mandamiento lo más «prest» posible⁴³².

El síndico comenzó a efectuar las diligencias oportunas, y logró, en primer lugar, que el duque de Maqueda expidiese una nueva provisión contra «los manaments que feu lo bisbe de Cartagena en lo fet de la fabrica de Callosa». Tras enviarla a Orihuela el 19 de junio, prosiguió con sus gestiones, y cuatro días más tarde consiguió cumplir con el encargo principal de sus representados. El virrey despachó las «lletres de manutinençia» y Savall se las remitió rápidamente. Y unos días después, el 6 de julio, el atento procurador, queriendo adelantarse a los acontecimientos, les envió en un escrito una recomendación: que en el caso de que fuesen excomulgados por presentarlas, enviasen a un procurador a Murcia a apelar contra dicha censura, y que dirigiesen el recurso al arzobispo de Valencia, pues de él podría conseguir fácilmente el instrumento absolutorio e inhibitorio⁴³³.

Los presagios de Savall se cumplieron pronto, pero no por el motivo que había previsto. Tras recibir la provisión del capitán general, los oficiales no pudieron utilizarla porque el canónigo Mora no llegó a personarse en Orihuela, y las letras no tenían ninguna validez en Murcia, pues el duque no tenía jurisdicción más que dentro del Reino de Valencia. De cualquier forma, los munícipes siguieron sus planes y le presentaron al comisario una apelación en el nombre de los fabriqueros de las iglesias de Orihuela y su distrito y de toda la ciudad del Bajo Segura, con la intención de interponerla ante el obispo de Lugo. Mora se negó a admitir el recurso aduciendo no estar facultado para ello por su condición de juez subdelegado. Y viendo que los citados oficiales perseveraban en su intención de consultar al prelado lucense, decretó la excomunión de los fabriqueros. Ante la gravedad de la situación, los mandatarios decidieron buscar el consejo de los juristas valencianos Moncada y Catalá, de modo que el 13 de julio le pidieron por escrito a Savall que volviese a entrevistarse con ellos, y enviaron a Valencia al jurado Joan Miró para que le ayudase⁴³⁴.

Miró llegó a la ciudad del Turia el 17 de julio. Se reunió con Savall, y fueron ambos a hablar con los abogados. Moncada y Catalá les ofrecieron unas cuantas recomendaciones:

-Que mostrasen la provisión inhibitoria del duque a todos los que se presentasen en Orihuela y su huerta con la intención de hacer contribuir a las fábricas.

-Que tratasen de conseguir un mandato del Consejo de Aragón, en el que se ordenase al obispo de Lugo que desistiese de su intención de incluir a las referidas fábricas en el pago del subsidio.

-Que compareciesen ante el obispo de Lugo para interponerle la apelación, justificándole los privilegios de la ciudad.

-Y, por último, que tratasen de conseguir en Roma un breve para que la apelación se viese en la Santa Sede, o fuese cometida a un juez apostólico.

Savall redactó los consejos de los juristas y los incluyó en una carta que envió a Orihuela el 19 de julio⁴³⁵.

Tras leer la carta del procurador, los munícipes decidieron seguir de modo inmediato las recomendaciones; únicamente desecharon, o al menos aplazaron -suponemos que por su elevado coste-, la propuesta de conseguir el breve apostólico. Por ello, tantearon el parecer del abogado de la ciudad, micer Jaime Masquefa, y de acuerdo con él optaron por preparar una embajada a la corte.

Unos días más tarde, el 30 de julio, el Consell aprobó unánimemente el nombramiento de los síndicos Jaime Martí y Baltasar Gómez, y les cometió la misión de defender los intereses de la ciudad y de las fábricas ante el príncipe Felipe, el Consejo de Aragón y el comisario general del subsidio. Y acto seguido, el justicia y los jurados se encargaron de organizar los preparativos de la embajada. El primero de agosto ordenaron a los fabriqueros que en el plazo de dos días derramasen una determinada cantidad de dinero (entre 10 y 20 coronas según la riqueza de la iglesia a la que sirviesen), con el objeto de poder sufragar los gastos de los procuradores. Después, se dedicaron a preparar la documentación que éstos habían de llevarse. El 2 de agosto firmaron sendas cartas credenciales para D. Felipe y el obispo de Lugo. Tres días después, una misiva para los doctores Catalá y Moncada, en la que les anunciaban que Martí y Gómez pasarían por la capital del Turia, de camino a la corte, para consultarles algunas de sus órdenes. El 6 de agosto, un instrumento de instrucciones. Y el 8, un segundo documento de orientaciones. Y ese mismo día, los dos embajadores partieron para Valladolid, vía Valencia⁴³⁶.

Llegados a este punto, hemos de hacer un alto en la narración para conectarla con otro gravísimo conflicto que acababa de estallar en la ciudad del Bajo Segura, después de haber venido fraguándose desde 1545.

Como ya indicamos, desde los tiempos posteriores a la Reconquista los frailes de los diferentes monasterios establecidos en Orihuela solían participar en las procesiones que organizaba el capítulo del Salvador. No obstante, con el paso de los años comenzaron a surgir roces entre las comunidades de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco en relación con el lugar que cada una de ellas había de ocupar en dichos solemnes desfiles. Y las discordias fueron enconándose de tal manera que las autoridades municipales tuvieron que intervenir para tratar de concordar a los miembros de las tres órdenes. En un primer momento intentaron hallar una solución pacífica mediando en conversaciones. Sin embargo, viendo que dicha vía era absolutamente inútil, los citados mandatarios optaron por averiguar cuál era el orden que seguían los regulares en las procesiones del capítulo catedralicio de Valencia. Y como tampoco tuvo éxito este plan, los munícipes decidieron dirigirse a los Provinciales de las respectivas órdenes en busca de su intercesión. Los intentos, no obstante, fueron también infructuosos.

Por ello, los oficiales decidieron consultar a la Santa Sede y consiguieron un breve en el que el romano pontífice cometía a ciertos jueces que fijasen el orden de participación de las comunidades. Tras realizar diferentes investigaciones, uno de dichos jueces estableció la precedencia de las órdenes y mandó a los frailes que participasen en las procesiones. Los regulares se negaron a acatar la sentencia, y el juez no tuvo más remedio que imponerles diferentes censuras hasta excomulgarlos. Y entonces los frailes, en menosprecio de la autoridad apostólica, hicieron caso omiso del anatema, y siguieron celebrando «los officis divinals» y predicando en las diferentes iglesias y monasterios. Y en lugar de reflexionar sobre la Palabra de Dios en sus sermones, desde los púlpitos («les trones») se dedicaron a «malparlar dels capellans y enduir al poble que hajen de menys prear la escomunicatio»⁴³⁷.

Considerando inaceptable la actitud adoptada por los frailes, el capítulo del Salvador y los oficiales municipales se vieron obligados a recurrir al obispo Almeyda. Por ello, el 19 de julio -de ese año 1553- decidieron enviar a Murcia a un emisario de peso, el pavorde de la citada iglesia mayor. Y tres días después, D. Jaime Ferrández compareció ante el prelado; le comentó que los regulares no sólo habían dejado de participar en las procesiones, provocando que éstas tuviesen que dejar de celebrarse, sino que estaban proporcionando un pésimo «exemplo para el pueblo» y un «muy grande deservicio de Dios»; y le pidió ayuda «como padre y pastor que es de esta ciudad». D. Esteban le respondió ordenando al capítulo del Salvador que no dejase de celebrar «las procesiones acostumbradas, sin religiosos o con ellos», y mandando a los fieles oriolanos que no fuesen «a hoyr los officis divinals als dits monestirs, sino a sa parroquia»⁴³⁸.

La contestación del obispo no satisfizo por completo al capítulo del Salvador, por lo que el 25 de julio, dos representantes del citado organismo, el chantre Jaime de Soler y el canónigo Francisco Roca, se presentaron ante el Consell de la ciudad. En primer lugar, tras hacer un rápido planteamiento de la situación, se quejaron de dos circunstancias que les parecían inadmisibles. Por una parte, de que los frailes anatemizados aprovechasen sus sermones para propagar injurias contra los clérigos de la sede oriolana, pues -decían- no era «la trona lloch per a tractarse de semblant negosciacio per la multitut que concorre a hoyr la paraula de Deu». Y por otra, del mal ejemplo que estaban dando al pueblo al no hacer ningún caso a la excomunión que les había sido impuesta por su rebeldía contra los mandatos apostólicos, «majorment en aquest temps que los eretjes no treballen sino en induir als pobles que hajen de menys prear les escomunications e manaments de nostra Sancta Mare Sglesia y de nostre sanct pare». Y a continuación pasaron a suplicar a la corporación municipal que interviniese para cortar los abusos y lograr que los frailes actuasen «segons lley divina e humana». Y para ello, propusieron un método fácil y seguro: quitarles todas las limosnas que la ciudad les daba, incluso las que servían para pagar los «sermons de Quaresma», porque no era justo -argüían contundentemente- que «qui no treballa haja de menjar»⁴³⁹.

Aunque no lo hemos podido constatar documentalmente, no creemos que el Consell llegase a aceptar la suplicación del capítulo. No obstante, lo que sí parece cierto es que, tras enterarse de la propuesta capitular, los priores de los conventos afectados consiguieron hacer que los clérigos del Salvador fuesen también anatemizados. Ello generó una confusión ingente entre la población, no sólo porque muchos de los eclesiásticos residentes en la ciudad estaban excomulgados, sino también porque durante esas fechas los vecinos de Orihuela podían ganar el «sancto jubileo», y muy pocos -por no decir ninguno- sabían a ciencia cierta qué eclesiásticos estaban teóricamente inhabilitados. La situación llegó a ser tan caótica, por ambos motivos, que el 30 de julio los munícipes se vieron forzados de nuevo a intervenir. Con suma urgencia, notificaron a los priores de los conventos y al capítulo del Salvador que compareciesen el día siguiente ante el provisor del obispado de Cartagena, D. Diego González, a fin de que éste pudiese confeccionar una relación de excomulgados, haciendo desaparecer de esa manera «todo el desasosiego y inquietut de consçiençias». Y a continuación, le escribieron al citado vicario general para ponerle al corriente de la situación que se estaba viviendo en la ciudad del Bajo Segura y solicitarle auxilio⁴⁴⁰.

Sin embargo, pese a la voluntad de las autoridades laicas, la entrada en escena del provisor González no supuso la suavización de las tensiones. Muy al contrario, éstas siguieron creciendo, y llegaron a su punto culminante cuando dos curas de la parroquial de las Santas Justa y Rufina, Jaime Ferriol y Juan de Jaca, que siempre habían destacado por su buena doctrina y costumbres, fueron severamente castigados por desobedecer un mandato suyo.

En dicho mandamiento hemos de buscar el origen del incidente. El provisor accedió a una petición del prior del convento de Santo Domingo, fr. Tomás de los Reyes, y le despachó un decreto «en el qual mandava al cabildo desta cuidad y a los curas della que dexasen predicar al dicho prior siempre que quisiese». Una disposición que no era nada prudente si tenemos en cuenta el mal talante que en aquellos momentos tenían las relaciones entre los clérigos seculares y regulares de la población del Bajo Segura; y aún más, el corrupto uso que estaban dando algunos frailes a sus prédicas, entre ellos, los priores de los monasterios de San Agustín y Santo Domingo, quienes desde los púlpitos de las iglesias de sus respectivos conventos ya habían atacado con injurias al capítulo del Salvador.

El dominico volvió raudo a Orihuela y presentó el mandato a los curas de las tres iglesias de la ciudad. Éstos apelaron de inmediato al metropolitano valentino.

Los incidentes se precipitaron cuando el prior quiso predicar en la parroquial de las Santas Justa y Rufina. Los señalados presbíteros Jaca y Ferriol le impidieron hacerlo, y el dominico se fue directo a Murcia, a darle cuenta al provisor de la desobediencia de los curas. El vicario general mandó llamar de inmediato a los presbíteros. Pero, estando Jaca «impedit de çerta malaltia», sólo pudo comparecer Ferriol ante él. A González poco le importó su ausencia pues ya tenía pensado cómo castigar la osadía de los clérigos. Los privó de oficio y beneficio, y los desterró del obispado. Y Jaca y Ferriol tuvieron que irse a Biar, que estaba fuera de la diócesis cartaginense, a esperar la resolución del recurso⁴⁴¹.

La injusticia cometida con los dos clérigos no pasó desapercibida para los munícipes oriolanos, quienes el 13 de agosto le escribieron una carta al provisor González, en la que le aclararon que con su comportamiento los curas únicamente habían querido evitar un escándalo, y le suplicaron que tuviese «misericordia e piedad» con ellos, pues habían obrado de buena intención, y eran dos presbíteros ejemplares⁴⁴².

Pese a sus loables intenciones, la misiva de los munícipes no conllevó beneficio alguno para los curas sancionados. Al contrario, fue paralela a un recrudecimiento de la situación.

Tras castigar la rebeldía de los clérigos de Santa Justa, el provisor quiso comprobar si los clérigos del Salvador estaban también dispuestos a desobedecerle. Por ello, hizo que les presentasen al pavorde Jaime Ferrández y a los canónigos Juan de Albado y Jacobo Nardo un mandato suyo en el que les ordenaba que permitiesen al prior de Santo Domingo que predicase en la citada iglesia mayor. Toda una provocación, teniendo en cuenta los antecedentes de fr. Tomás de los Reyes. Ferrández, Albado y Nardo le solicitaron una copia del mandato, y cuando la tuvieron, convocaron al capítulo, y éste, de modo unánime, decidió apelar ante el arzobispo de Valencia.

Entonces, el provisor, pasando por alto los derechos de los capitulares, expidió un edicto en el que ordenaba al pavorde y a los dos canónigos, so pena de 8 ducados y excomunión, que compareciesen ante él en el plazo de tres días para tratar ciertos asuntos tocantes al servicio de Dios… Y le mandó al presbítero oriolano Luis Sans, que estaba en Murcia ocupándose de ciertos negocios particulares, que les presentase el decreto cuando retornase a la ciudad del Bajo Segura. Los tres clérigos del Salvador acudieron a la cita temiendo lo peor. Y de acuerdo con sus recelos, el provisor les indicó tan sencilla como irregularmente que no podrían salir de Murcia hasta que retirasen la apelación y cumpliesen sus mandatos. Ferrández, Albado y Nardo le respondieron al provisor que no tenían ninguna intención de retirar el recurso, y aceptaron tener «la ciutat per presso»⁴⁴³.

Cuando la disposición del vicario general se hizo pública en Orihuela, las autoridades de la ciudad decidieron aunar fuerzas para tratar de solucionar la vejatoria situación. Y tras algunas deliberaciones, el 28 de agosto acordaron escribir al obispo Almeyda para explicarle que con la interposición del recurso no habían querido «deservir a vuestra senyoria, sino quitar toda manera de escandalo», y suplicarle que alzase el destierro de Jaca y Ferriol y permitiese volver al pavorde y los canónigos, «pues su larga prision se puede contar por pena y penitencia de su delicto»⁴⁴⁴.

Obsta decir que Almeyda no movió un solo dedo en favor de los clérigos oriolanos. Por ello, los mandatarios de la ciudad del Bajo Segura decidieron acudir al metropolitano valentino. Y esta vez sí tuvieron suerte, pues el arzobispo comprendió que los modos de proceder del Portugués y de su oficial habían sido incorrectos, y despachó un mandato anulando todas las penas impuestas por el provisor.

El pavorde y los canónigos pasaron en Murcia unas tres semanas. Durante dicho período, el provisor les pidió en repetidas ocasiones que obedeciesen sus mandatos y retirasen la apelación, pero los clérigos siguieron negándose. Entonces, el hastiado oficial episcopal se dedicó a presionar y vejar al pavorde, amenazándole con «majors presons», o prohibiéndole la entrada en la casa del tesorero de Murcia, que era donde se aposentaba. Los intentos de González fueron definitivamente inútiles, pues Ferrández, Albado y Nardo aguantaron sus molestias hasta que llegó la inhibitoria del arzobispo y después retornaron a Orihuela.

La provisión del metropolitano no significó, empero, el fin de las discordias. Aunque el provisor la acató en un primer momento, tras absolver las penas impuestas sobre los cinco eclesiásticos citados, volvió a atentar contra la libertad de los clérigos de la ciudad del Bajo Segura.

En este contexto tuvo cierta fama el episodio de la persecución del presbítero Jaume Rius. El vicario general envió a Orihuela al fiscal del obispo con la misión de detener al citado Rius y llevarlo a Murcia. Ya en Orihuela, el nuncio episcopal, que iba acompañado por un criado, encontró a Rius hablando con mosén Jaume Gallent -un beneficiado de Santa Justa-, entre dicha iglesia y la plaza de la ciudad. Y desde la puerta de la citada parroquial llamó a ambos presbíteros. Rius y Gallent se acercaron para ver qué quería el oficial. Y cuando el primero de ellos comprendió que el fiscal quería detenerle, soltó un «manten» que con él llevaba y comenzó a correr, huyendo por una calle que estaba junto a las Cortes de la ciudad, en dirección a la casa de su padre, Nicolau Rius. El nuncio y su criado emprendieron la persecución tras desenvainar sus espadas. Las altisonantes voces de los oficiales episcopales -no paraban de gritar «Tente» y «Tente traydor»- alertaron a la gente, de modo que la persecución fue observada por muchos ojos estupefactos. En su huida, Rius bajó por una calle que estaba frente al campanario de Santa Justa, miró hacia atrás para comprobar a qué distancia venía el primero de sus perseguidores -que era el criado del fiscal- y se estrelló contra la pared de la torre del citado campanario, dándose un golpe tan fuerte que los que lo habían presenciado lo creyeron mortal. El criado del nuncio alcanzó al aturdido Rius. No obstante, antes de que pudiese inmovilizarlo, un maestro guantero llamado Juan Font creyó que lo iba a rematar y se le interpuso. Rius aprovechó el instante de confusión para reemprender la huida, y se puso de nuevo a correr, esta vez en dirección hacia la iglesia de Santiago, con la intención de refugiarse en la casa de su cuñado Françés Silvestre. Tanto el fiscal como su criado prosiguieron la persecución, empuñando sus espadas y profiriendo exabruptos. El griterío llamó la atención de muchos vecinos, que de inmediato salieron en defensa del cura oriolano, permitiéndole llegar al domicilio de su cuñado. Entonces, el fiscal trató de forzar la puerta de la casa para capturarlo, pero los criados y familiares del caballero se lo impidieron. Entre tanto, acudieron al lugar muchas personas armadas con lanzas y espadas, y únicamente la intervención del asesor del gobernador, Andreu Martí, pudo evitar que la sangre llegase al río. Pese a que el incidente acabó de un modo pacífico, los habitantes de Orihuela -y en particular los parientes de Rius- quedaron muy molestos con el modo de proceder de los oficiales episcopales⁴⁴⁵.

Como ya hemos apuntado, el incidente de Jaume Rius no fue un suceso aislado. Entre finales de agosto y principios de septiembre, el provisor González volvió a enviar al nuncio episcopal en diversas ocasiones con la misión de prender a diferentes clérigos de la ciudad, entre los que podemos citar a algunos canónigos del Salvador o al propio chantre Jaime de Soler. No obstante, no pudo llevar a cabo sus planes porque los acusados recibieron la protección del gobernador y de su asesor⁴⁴⁶.

La permisividad del obispo Almeyda ante la actitud beligerante del provisor y los demás oficiales episcopales acabó por hastiar a las autoridades municipales oriolanas, por lo que decidieron hacer llegar de nuevo sus quejas al arzobispo de Valencia, y solicitar el auxilio del duque de Maqueda.

El 7 de septiembre le enviaron al metropolitano un escrito, en el que le comunicaron que el Portugués y sus ayudantes no habían dejado de molestar a los clérigos del Salvador desde el momento en que interpusieron la apelación contra el mandato favorable al prior de Santo Domingo. Le recordaron que la corporación municipal -y no el obispo, ni su provisor- era la institución que se hacía cargo de pagar los salarios de los predicadores y de dar las limosnas a los frailes. Y en atención a ambos factores, le suplicaron que ordenase al obispo y sus oficiales que dejasen de vejar al referido capítulo de la iglesia mayor⁴⁴⁷.

Y dos días después le remitieron otra misiva al duque de Maqueda. En ella, le comentaron que el obispo se había puesto claramente de parte «de los de la ciudad de Murcia», que a causa del comentado recurso había tratado de «hazelle toda mala obra» al capítulo del Salvador, y que también había procedido contra el gobernador por no darle «auxilio contra los exemtos de su jurisdiction». Y le suplicaron que escribiese al referido gobernador que siguiese prestando su apoyo al capítulo, frente a los abusos cartaginenses⁴⁴⁸.

Mientras todo esto ocurría en Orihuela, los síndicos Jaime Martí y Baltasar Gómez se hallaban en Valladolid, defendiendo los intereses de la ciudad.

Nada más arribar a la ciudad castellana, los procuradores consiguieron entrevistarse con el príncipe Felipe. Durante la comparecencia, le dieron sus credenciales, le recordaron «los greujes y opresions causades a la ciutat y esglesias axi per la repartisio del subsidi com per la crida [de la seda]», y le entregaron copias de los privilegios que demostraban el carácter realengo y secular del tercio diezmo. Y siguiendo el procedimiento ordinario, D. Felipe remitió el caso al Consejo de Aragón.

El día siguiente, Martí y Gómez presentaron la cuestión de las fábricas ante los doctores del citado organismo, y éstos les dieron la razón. Animados por la favorable acogida del Consejo, fueron a buscar el auxilio legal de micer Jerónimo Soriano, quien tenía la fama de ser «lo mes principal doctor que ay en cort». El abogado comprendió también la licitud de las reclamaciones oriolanas, por lo que les preparó una escritura para el obispo de Lugo, y les dijo que él mismo se encargaría del caso.

Satisfechos por los apoyos recibidos, Gómez y Martí le pidieron audiencia al comisario general, le presentaron la súplica redactada por Soriano, y le rogaron de palabra que absolviese a los fabriqueros y liberase a las fábricas del pago del subsidio. El prelado les remitió a un escribano suyo apellidado Dion con una cara que, según el testimonio de los procuradores, era «tan de pocos amigos y tan colerica» que era imposible describirla, porque, como afirmaban, era «el home mes mal acondicionat y colerich del mon». Siguiendo las instrucciones del mitrado, se personaron ante su escribano, y le presentaron el referido escrito. Dion les emplazó para otro día, sin prestarles mucha atención. Por ello, los síndicos decidieron volver a comparecer ante el comisario, quien les remitió en esta ocasión al licenciado Osorio, su relator.

Los procuradores comenzaron a buscar a Osorio por la ciudad, pero no hallaron más que a un criado suyo que les indicó que su amo estaba en Palencia. El relator volvió a la ciudad del Pisuerga dos días después. Entonces, Gómez y Martí lo localizaron, y le entregaron toda la documentación que portaban. Osorio les contestó que «no sabia leer ni entender la lengua valenciana», por lo que los síndicos tuvieron que hacer de intérpretes, y para darle mayor tranquilidad, se ofrecieron a «trasladar en castellano» los documentos. Osorio les contestó que no era necesario, y les comentó que podían alegrarse pues tenían «buenos hautos y mucha justicia».

El día siguiente, los síndicos volvieron a hablar con el obispo de Lugo, y le preguntaron si Osorio le había hecho relación del caso. El mitrado les respondió afirmativamente, y les dijo que el relator le había comentado que, tras analizar los privilegios, había entendido que las rentas de las fábricas únicamente estaban exentas de contribuir en subsidios tocantes al obispo de Cartagena. Los procuradores le replicaron que Osorio no había «bien mirado los autos ni la scriptura ordenada» por Soriano, y que los citados frutos, por ser bienes realengos y seculares, no podían ser incluidos en ningún tipo de exacción eclesiástica. El razonamiento de los síndicos hizo dudar al prelado, por lo que decidió remitirlos de nuevo al relator. Martí y Gómez se entrevistaron con él por segunda vez, le comentaron lo que le habían expuesto al comisario y le explicaron todas las pruebas. Tras oír la argumentación, Osorio manifestó en un primer momento que estaba «confus». No obstante, poco después, afirmó comprender las razones oriolanas, y les anunció que volvería a informar al obispo.

La mañana siguiente, los síndicos fueron a buscar a Osorio para preguntarle si había tratado la cuestión de las fábricas con el comisario general. El relator les contestó que sí, y que el obispo se había resuelto a hacer comparecer ante él al «repartidor y al cabildo de Murcia». Los procuradores se quedaron «maravellats» con la noticia, y fueron inmediatamente a preguntarle al prelado por qué había de convocar al cabildo cartaginense cuando no tenía nada que ver con la situación. El mitrado les contestó que lo que quería era saber si las fábricas habían pagado alguna vez contribuciones de subsidios. Y les añadió que si le demostraban que no lo habían hecho nunca, mostrándole alguna declaración del anterior comisario general, el cardenal de Sevilla, daría por zanjada la controversia en favor de Orihuela. Viendo receptivo al prelado, los procuradores le pidieron que absolviese a los fabriqueros, pero éste les respondió que dicha medida sólo serviría para «dilatar la paga al emperador», y que únicamente estaba dispuesto a exculparlos por un plazo de 50 días, con la condición de que los munícipes oriolanos diesen la cantidad requerida al canónigo Mora, y remitiesen una ápoca, «un albaranet» de la entrega.

Tras escuchar la oferta del obispo, fueron a buscar el consejo del abogado Soriano, quien les recomendó que no aceptasen la propuesta, pues les convenía más la citación. Y así se lo comentaron al comisario, quien expidió la citatoria y se la entregó a los síndicos. Y el 14 de septiembre, Martí y Gómez se la enviaron a sus representados, a fin de que se la presentasen a sus destinatarios. Y por medio de un escrito, les comentaron que hiciesen las diligencias precisas, pues creían que el caso tenía muchos visos de poder ser sentenciado a favor de las fábricas, pese a que el obispo de Lugo estaba buscando»algun punt en que aferar-se per a donar-nos sentencia contra»⁴⁴⁹.

Unos días después, los mandatarios oriolanos recibieron el envío de Valladolid. Notificaron la citatoria del obispo de Lugo al juez Mora y al cabildo de Cartagena, y se aprestaron a reenviarla a Valladolid, para que los procuradores se la presentaran al comisario, y éste fijase el plazo para las comparecencias. Y el 2 de octubre, la remitieron junto con una nueva carta para los citados síndicos. En ella, les comentaron que estaban de acuerdo con la recomendación de Jerónimo Soriano de que no aceptasen la concordia propuesta por el prelado lucense para la absolución de los fabriqueros. Y tratando de prever posibles males futuros, les pidieron que estuviesen atentos a los manejos de los murcianos en la corte pues, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, era muy probable que tratasen de conseguir que el príncipe Felipe derogara el mandato que expidió en las últimas Cortes de Monzón en favor de Orihuela; aquél en el que prohibía al obispo de Cartagena juzgar a los clérigos oriolanos fuera de la ciudad del Bajo Segura⁴⁵⁰.

Ciertamente, la posibilidad de que el cabildo y el prelado cartaginenses pudiesen conseguir la anulación de dicha orden debió inquietar a las autoridades oriolanas -tanto eclesiásticas como laicas-. Y dicha preocupación debió ser la que el 12 de octubre movió al capítulo del Salvador, al procurador fiscal y a los propios munícipes a solicitar conjuntamente al gobernador D. Nuño del Águila que aceptase supervisar la confección de un informe que les sirviese como prueba para demostrar que en repetidas ocasiones los oficiales del obispo Almeyda habían tratado de llevar por la fuerza a Murcia a diferentes clérigos oriolanos, perpetrando todo tipo de abusos y escándalos. El gobernador accedió a la petición, y dio paso a los interrogatorios⁴⁵¹.

Mientras tanto, en Valladolid, Jaime Martí y Baltasar Gómez recibieron el envío de Orihuela el mismo 12 de octubre. La mañana del día siguiente fueron a presentarle la citatoria al obispo de Lugo, para que fijase el término para la comparecencia de las partes, pues creían muy factible que los murcianos no llegasen a acudir a la llamada del comisario general, y entonces habrían de acusarlos de contumacia. Pero se toparon con una inesperada dificultad: el prelado había retornado a tierras gallegas, dejando a cargo de las cuestiones relacionadas con el subsidio, a «los inquisidores» -la documentación no especifica más datos sobre ellos-. Y aunque se entrevistaron con el relator Osorio y con otros ayudantes del comisario (un procurador y un asesor llamado Gregorio Loyes), no lograron que fuese fijado el referido plazo, y quedaron a la espera de que se pusiesen de acuerdo o volviese el obispo de Lugo⁴⁵².

En Orihuela, los excesos del provisor y el fiscal del obispado siguieron siendo motivo de nuevas tensiones. A principios de octubre tuvo lugar un suceso que molestó mucho a los habitantes de la población del Bajo Segura. El citado fiscal publicó en la «Seu», a instancias de D. Diego González, un «cartell diffamatori» contra el chantre Jaime de Soler, en el que se acusaba al anciano eclesiástico -tenía más de 80 años y era tenido por persona muy honrada y respetable- de mantener una relación amorosa con una mujer casada. La acusación causó un enorme revuelo en El Salvador. El fiscal, temiendo por su integridad personal, se marchó rápidamente a Murcia, sin proceder contra el chantre. Y tomó la decisión acertada pues, tras enterarse de la imputación, el marido y los parientes de la esposa infamada estuvieron unas cuantas horas buscándolo por la ciudad, con la intención de acabar con su vida⁴⁵³.

Tras este suceso, el provisor cambió el objetivo de sus ataques, y comenzó a despachar mandamientos y censuras contra el asesor del gobernador, D. Andreu Martí. Todo ello movió a las autoridades oriolanas a plantearse la conveniencia de informar de los abusos cartaginenses al propio regente Felipe y al Consejo de Aragón. Así, el 5 de noviembre prepararon una nueva misiva para los síndicos Martí y Gómez, en la que les dieron aviso de los continuos ataques del provisor contra los clérigos del Salvador y contra el asesor del gobernador, y les pidieron que le presentaran al príncipe y a los doctores del citado organismo consultivo el informe que habían preparado con la anuencia de D. Nuño del Águila. Y dos días después -el 7-, redactaron las cartas que los procuradores tendrían que entregar al hijo del emperador y al Consejo. En ambas pusieron especial énfasis en señalar que la actitud del provisor estaba perturbando el ejercicio de la autoridad real en Orihuela, y que si la situación no era remediada no pasaría mucho tiempo para que comenzasen a arreciar los escándalos⁴⁵⁴.

Y tras enviar la documentación a Valladolid, el día octavo del citado undécimo mes, los munícipes tuvieron a bien volver a dirigirse por escrito a D. Esteban de Almeyda, a fin de explicarle por qué consideraban un enorme agravio que tratase de llevar presos a Murcia a los clérigos de Orihuela. En primer lugar, le aclararon que «por las antigas enemistades» que desde siempre habían enfrentado a las poblaciones de ambas ciudades, los presbíteros oriolanos no deseaban «estar en poder de personas que son sus enemigos». En segundo lugar, le comentaron que cuando Carlos I se ausentó de sus reinos de España, dejó claro que no quería que hubiese innovación alguna en el Pleito del Obispado, y el hecho de llevar clérigos oriolanos presos a Murcia había de constituir una novedad provocadora de estruendosas consecuencias. Y en tercer lugar, le recordaron que el príncipe Felipe le había escrito desde Monzón para pedirle que «en todo y por todo se guardasse la voluntad de Su Magestad». Además, le suplicaron que se acordase de que «dos vezes ha ofrecido a esta çiudad, estando en ella, la una en casa de Guillem Prats y la otra en casa de la viuda de don Francisco Rocamora, que si se hallava con Su Alteza trabajaria en que se quitasse el agravio y agravios que pretende esta ciudad y cabildo en el pleyto que se trata de la erection desta yglesia en cathedral». Después, le aseguraron que tanto los miembros del capítulo del Salvador como el resto de clérigos de la ciudad «olgaran en extremo de tomar la correction y castigo de vuestra senyoria quando lo merescieren, como de senyor y pastor y padre ques de todos, con tal emienda de su vida que sea Dios servido y la consciençia de vuestra senyoria descargada, y satisfecho al exemplo que se ha de dar a todos», siempre que la corrección y el castigo tuviesen lugar dentro de Orihuela. Y, para concluir, le suplicaron que «por el serviçio de Dios y de Su Magestad, de Su Alteza, y hazer a esta ciudad muy senyalada merçed, y por la benignidad que de vuestra senyoria se espera que ha de usar con estas sus ovejas, por la quietud que desto resultara a estas dos ciudades, la respuesta sea tal como de un pastor tan christiano y zelador del bien de sus ovejas se espera, especialmente que como havemos dicho lo tiene ya offrescido vuestra senyoria a esta ciudad»; esto es, le rogaron que no volviese a llevarse presos a Murcia a los eclesiásticos de Orihuela⁴⁵⁵.

A partir de este momento, las carencias documentales nos hacer perder un poco el hilo de los acontecimientos. No obstante, creemos que los procuradores Martí y Gómez consiguieron finalmente que el comisario general o sus diputados fijaran el plazo de las comparecencias. Y pensamos que el término asignado debió ser de muchos días porque los síndicos retornaron a Orihuela el 25 de noviembre⁴⁵⁶. Por contra, el hecho de que arribasen a la ciudad del Bajo Segura en dicha fecha, nos inclina a considerar que no tuvieron tiempo material para poder hacer llegar al príncipe Felipe y al Consejo de Aragón las protestas de los munícipes contra los abusos de los oficiales episcopales.

Unos días después, el 3 de diciembre, el Consell se reunió para designar a los nuevos síndicos que habrían de ir a la corte del príncipe para proseguir los negocios de la ciudad. Y los elegidos fueron Francés Silvestre y Andreu Manresa⁴⁵⁷.

No obstante, el nombramiento del primero de ellos debió suscitar algún problema ya que la expedición del sindicato se retrasó una semana, y el referido Silvestre fue sustituido por uno de los anteriores procuradores, Jaime Martí⁴⁵⁸.

A partir de este momento, volvemos a toparnos con otra laguna documental. La falta del Contestador municipal de 1554 nos impide conocer cómo fueron las negociaciones de Martí y Manresa en la corte, o cómo terminó la cuestión de los excesos de los oficiales episcopales. De dicho año, únicamente podemos decir que quedó solucionado el problema del gobernador extranjero ya que D. Nuño del Águila pasó a ser curiosamente corregidor de Murcia⁴⁵⁹.

1555 fue un año clave para la Historia de la Monarquía Hispánica. Las consecuencias que se derivaron de la abdicación del emperador hacen que nuestra narración deba dirigirse sin más preámbulos hacia los Países Bajos, lugar en el que estaba Carlos I.

De cualquier manera, no queremos cerrar este capítulo sin escribir que las negociaciones oriolanas en la corte del príncipe, por la cuestión del subsidio, prosiguieron durante este año. Y que pese a los repetidos intentos de los munícipes, la controversia no pudo ser solucionada hasta 1560, año en que el ya rey Felipe II promulgó sentencia en favor de las fábricas en la ciudad castellana de Toledo. Llegaban nuevos tiempos para Orihuela.

 

NOTAS

1A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 149v.-151v.

2Ibidem, ff. 235v.-236.

3A.M.O. Libro nº 54, Contestador de 1536, ff. 72-72v.

4Ibidem, ff. 60-60v.

5Estos datos tan particulares han sido extraídos de una información de testigos que fue realizada a instancias del justicia y los jurados de Orihuela, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 1533, ante el lugarteniente del gobernador D. Luis Togores, para esclarecer los sucesos que siguieron a la intervención del duque de Calabria. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 362-376.

6Hemos podido confeccionar esta lista gracias a las nóminas de encausados que aparecen en estos dos documentos. A.M.O. Libro nº 54, Contestador de 1536, ff. 60-60v., 170-172.

7A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 236-238.

8A.M.O. Libro nº 54, Contestador de 1536, ff. 292-304v.

9A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 362-376.

10MADARIAGA, S. de: Carlos V. Barcelona, 1995, p. 177.

11A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 154v.-155v.

12Ibidem, ff. 163-167v.

13A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 225-226v.

14Ibidem, f. 56.

15Ibidem, f. 62.

16Ibidem, ff. 60-60v.

17Ibidem, ff. 60-63.

18MADARIAGA, S. de, op. cit., pp. 178-179.

19Recalcamos que Martínez fue por cuenta propia a Bolonia porque llevaba 27 meses sin que las autoridades oriolanas le hubiesen enviado ni un solo real. En semejantes condiciones, el honesto canónigo tardó en ir y volver a dicha ciudad «dos mesos y mig», gastando en el trayecto una cabalgadura y 51 ducados de su propio peculio. A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 225-226v.

20Ibidem.

21Ibidem.

22Ibidem.

23A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 113-116v.

24La carta que envió a Orihuela se halla en ibidem, f. 134v.

25Ibidem, ff. 135-135v., 137-138v.

26Ibidem, ff. 146-147.

27Ibidem, ff. 225-226v.

28Dichos documentos se hallan en ibidem, ff. 139-143v.

29Quizá no fuese muy acertado tratar de disfrazarle al emperador los «innumerables serveys» prestados por los oriolanos durante la Germanía puesto que, precisamente, la participación de la ciudad en la rebelión fue, junto a los aludidos favores castellanos, uno de los factores que inclinaron a Carlos I a patrocinar ante Clemente VII la causa cartaginense. No obstante, probablemente, presentando dicho argumento las autoridades de la ciudad del Bajo Segura pretendían reforzar su posición al respecto de la revuelta, esto es, que fue una sedición de alcance reducido y exclusivamente popular, y que, por encima de todo ello, la población se vio gravísimamente perjudicada por el crudelísimo saqueo promovido por el marqués de los Vélez.

30En relación con cuestiones defensivas, Pérez tenía que solicitarle al monarca que volviese a ordenarle al marqués de los Vélez que devolviese «la colebrina, sacre y dos falconets» que robó durante el Saco de 1521, así como las banderas de la ciudad y de sus caballeros. También había de pedirle que adoptase las medidas convenientes para evitar los temibles efectos de las incursiones de Barbarroja. Por otra parte, en lo concerniente al regimiento, el síndico tenía que rogarle que mandase que las causas judiciales no fuesen abocadas en primera instancia a la Real Audiencia de Valencia, y que aprobase la imposición de la sisa bloqueada por el duque de Calabria, para favorecer la redención de los múltiples censales que ahogaban la economía municipal.

31A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 139-143v.

32Ibidem, ff. 183, 203.

33Ibidem, f. 202.

34Ibidem, ff. 201, 318-319v.

35Ibidem, f. 292.

36Hemos hallado una copia de dicha información de testigos en el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 362-376.

37No hemos podido precisar los motivos de su marcha. Es probable que también estuviese enfermo.

38A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 292-293v.

39A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 294, 323-325. Y Libro nº 54, Contestador de 1536, ff. 72-72v., 170-172. Hay que reseñar que Carlos I les perdonó a los encausados las penas aludidas pero no les libró del pago de las costas judiciales del proceso, esto es, «les averies dels treballants, a raho de quatre sous per lliura, de la quantitat o pena ques demana o es condempnat» (es decir, la quinta parte de la pena), «e encara les despeses, ço es, salaris de offiçials, dietes e proçessos».

40A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 299-300v.

41A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

42Hemos hallado diferentes traslados de la cédula que Carlos I envió a las autoridades civiles de Orihuela. En el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 240v.-241. Y también en el A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 377-377v. Y en el Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 61-62 y 267-267v.

43A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 377-377v. Y Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 58-58v. Probablemente, no incluyeron en el sindicato a Martín Pérez para que pudiese presentar en las Cortes, antes de su clausura, los agravios que aún no habían sido remediados.

44A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 379-379v. Y Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 57-57v.

45A.M.O. Libro nº 2213, Contestador de 1533, ff. 377-380.

46A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

47Hemos hallado diferentes copias de las cartas que Carlos I remitió a las autoridades eclesiásticas y municipales de Orihuela. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 241-241v. A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 61-62 y 267-267v.

48MADARIAGA, S. de., op. cit., p. 179.

49A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 50-50v., 52-52v.

50Ibidem, ff. 61-62.

51Puede hallarse más información sobre el caso de Segorbe-Albarracín en MANSILLA REOYO, D.: «La reorganización eclesiástica española del siglo XVI. I. Aragón-Cataluña…», pp. 169-179.

52A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 63-65v.

53Ibidem, ff. 51-51v., 53-56v. Hemos de destacar que micer May, tras oponerse en Roma a las aspiraciones oriolanas siguiendo órdenes expresas de Carlos I, al volver a la corte del emperador se convirtió en uno de los más firmes aliados de Orihuela y trató de fomentar siempre sus intereses episcopales.

54Ibidem, ff. 216-217v.

55A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 103, 272-272v., 277-278. Y Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 246-249v.

56A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, f. 103v.

57A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 182-182v., 272-273, 277-278. Y Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 246-249v.

58A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 182-182v., 216-217v., 272-272v. Y Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

59A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 181-181v.

60A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 182-182v. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 239-239v., 246-249v.

61A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 181-182v., 277-277v. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 239-239v.

62A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 230v- 231v., 239-239v., 246-249v.

63CAPPELLI, A., op. cit., p. 275. El nuevo pontífice fue electo el 13 de octubre de 1534, y coronado el 1 de noviembre de ese mismo año.

64A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, f. 220. Por otra parte, hemos de señalar que los jurados de Orihuela, en representación de la corporación municipal, como acto de reconocimiento póstumo a los servicios de Vicente Martí, le entregaron la cantidad de dinero que le debían por el último viaje a Toledo a su hijo Luis Vicente Martí. Ibidem, ff. 216-218v.

65Ibidem, ff. 273-278v.

66Ibidem, ff. 272-272v.

67A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 241v.-242, 242v-244v. A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 267-267v.

68A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 256v.-258. Ese mismo día 28, Luis Martínez les reclamó al justicia y los jurados de Orihuela el pago de 250 libras que aún le adeudaban por su embajada europea. Los oficiales le dieron 50 libras, y prometieron pagarle las 200 restantes de las rentas que recaudasen a lo largo del año siguiente -1535-. Por otra parte, a modo de comentario curioso, hemos de indicar que el 27 de noviembre les entregaron a los herederos del ya difunto canónigo Jaime Gómez Daroca 40 sueldos que aún le debían a éste por la -nefasta- labor que desempeñó en Roma entre 1525 y 1527. Ibidem, f. 263v.

69Ibidem, ff. 271-271v.

70Dicha nómina documental aparece en ibidem, ff. 266-266v.

71En este punto, hemos de recordar que la negativa murciana a la erección episcopal se fundamentaba en dos aspectos: la pérdida jurisdiccional sobre los territorios de la diócesis oriolana; y, sobre todo, las dificultades que hallarían el obispo y el cabildo cartaginenses a la hora de cobrar las rentas que tenían situadas en dichos territorios pertenecientes al Reino de Valencia.

72A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, ff. 268-268v.

73Ibidem, ff. 270-270v.

74MADARIAGA, S. de, op. cit., p. 180.

75A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 240, 246-249v. Y A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

76A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 231v.-238.

77A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, ff. 162-163v.

78A.M.O. Libro nº 52, Contestador de 1534, f. 297.

79A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, ff. 162-163v.

80Ibidem, ff. 195-196v.

81A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 361-362.

82A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, ff. 195-196v.

83A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 246-249v.

84A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, ff. 195-196v.

85A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

86A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, ff. 351-352. Libro nº 54, Contestador de 1536, ff. 32-33. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 54-59v.

87A.M.O. Libro nº 53, Contestador de 1535, f. 350.

88Ibidem, ff. 351-352.

89Ibidem, ff. 348-348v.

90Ibidem, ff. 13-13v.

91Ibidem, ff. 19-19v.

92Ibidem, f. 20.

93Conocemos que ocupó este oficio el obispo de Tagaste gracias a una mención hallada en el A.M.O. Libro nº 54, Contestador de 1536, f. 29.

94Ibidem.

95Ibidem, ff. 32-33.

96Ibidem, ff. 34v., 155-157.

97Ibidem, f. 42.

98Ibidem, ff. 43-43v.

99Ibidem, f. 46.

100Ibidem, ff. 119-120v., 189v.-190.

101Ibidem, ff. 58-60v., 69v.-70, 164-164v.

102Ibidem, ff. 119-120v.

103Ibidem, ff. 130-130v.

104Ibidem, ff. 155-157, 159-160v., 162-163. La contabilidad de las rentas de las fábricas del Salvador, las Santas Justa y Rufina, y Santiago era llevada por los respectivos fabriqueros, los cuales eran elegidos anualmente por los parroquianos de dichas iglesias. Los fabriqueros habían de rendir cuentas ante los jurados de la ciudad, y las tenía que recibir el escribano del Consell. El cabildo de Cartagena no tenía ningún derecho a administrar dichos frutos, y aun menos a percibirlos, porque eran seglares, de realengo. No es necesario recordar que tenían su origen en la asignación del tercio de los diezmos eclesiásticos perteneciente a la Corona, realizada por Alfonso X el Sabio mediante un privilegio dado el 10 de marzo de 1281, que fue confirmado y ampliado en diferentes ocasiones por los reyes sucesivos.

105Ibidem, ff. 189v.-190.

106Ibidem, ff. 168-179.

107Ibidem, ff. 180-182v.

108Ibidem, ff. 186-188, 191.

109Ibidem, ff. 194-194v.

110Ibidem, ff. 191. El virrey accedió a conceder tal licencia porque los procuradores oriolanos le aseguraron que sus representados deseaban firmar nuevas obligaciones para poder redimir los costosos censales que estaban ahogando la economía municipal, a fin de sustituirlos por otros asentados con intereses más bajos. El mismo Contestador de 1536, ff. 292-304v., gracias a un memorial sobre el estado de las cuentas y el regimiento de la ciudad que los ediles tuvieron que preparar por orden del duque de Calabria, nos permite conocer un interesantísimo dato: «a causa de aquestos carregaments de censal», los ediles habían de hacer frente anualmente a una «suma de mes de xixanta cinch milia sous, poch mes o menys», unas 3.250 libras, y «les rendes de aquella no basten per a pagar aquestes quantitats». Por ello era tan necesario sustituir algunas obligaciones por otras «a menys for».

111Ibidem, ff. 203-204.

112Ibidem, f. 202.

113Ibidem, ff. 212-213v.

114Ibidem, ff. 215-216.

115GARCÍA CÁRCEL, R.: Cortes del reinado de Carlos I…, p. X.

116LYNCH, J.: España bajo los Austrias…, pp. 111-112. MADARIAGA, S. de, op. cit., p. 155.

117GARCÍA CÁRCEL, R., op. cit., p. X.

118A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 137-137v, 138-138v.

119Desgraciadamente, entre los fondos de A.M.O. no se halla el Contestador correspondiente al año 1537. Por ello, toda la información expuesta acerca de la participación oriolana en las Cortes del citado año procede de referencias indirectas halladas en los siguientes documentos: A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 69-70, 71-71v., 76v., 77, y 102. Y A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 230v- 231v.

120A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 48-49.

121Ibidem, f. 63.

122Ibidem, ff. 54-82, 107-107v.

123Ibidem, p. 81.

124En las instrucciones, ibidem, ff. 54-59v., aparecen reflejadas las ofertas, los «partits» que los cartaginenses realizaron a los oriolanos, y que éstos se negaron a aceptar confiando en su justicia. En primer lugar, les plantearon la posibilidad de que la Iglesia oriolana mantuviese su obispado, quedando éste formado por la propia capital del Bajo Segura, toda su huerta y la villa de Caudete, y que estuviese regido y administrado por un vicario general de Orihuela, y que las apelaciones se pudiesen elevar libremente tanto al vicario general de Cartagena como al arzobispo de Valencia. Los oriolanos desecharon la opción al considerar que no era justo que los recursos contra las decisiones del vicario general de Orihuela se pudiesen efectuar ante un oficial episcopal, el cartaginense, que, en teoría, tenía el mismo rango que el oriolano. Después, les ofrecieron el mantenimiento intacto de la catedralía del Salvador y una cierta autonomía jurídica propiciada por el nombramiento de un vicario general de Orihuela y la posibilidad de apelar contra sus decisiones ante el metropolitano de Valencia, como compensación por la pérdida de la diócesis y el cambio de intitulación del prelado, que había de pasar a denominarse obispo de Cartagena en las iglesias de Murcia y Orihuela. Los oriolanos desestimaron la propuesta para no perder el título episcopal. También, llegaron a plantearles la posibilidad de que la Iglesia oriolana mantuviese como obispado la propia ciudad de Orihuela, su huerta y Caudete, quedando el resto de los territorios diocesanos del Reino de Valencia para la Iglesia cartaginense, Obviamente, rechazaron la oferta, dado que para ellos era inadmisible que las tierras de la gobernación quedasen fragmentadas desde el punto de vista de la administración eclesiástica. Y en esta misma dirección, optaron, asimismo, por desechar una última opción cartaginense, consistente en que Orihuela y su huerta pasasen a formar parte de la diócesis Oriolensis, dejando al resto de territorios de la Gobernación ultra Sexonam completa libertad para elegir su pertenencia a la diócesis de Cartagena o a la de Orihuela. Según nuestro parecer, quizá les ayudara a desestimar esta proposición el temor a perder la subordinación espiritual de las tierras de señorío, en especial, las de la zona de influencia de Elche.

125Los datos que nos han posibilitado la redacción de los tres últimos párrafos han sido extraídos de la misma fuente. Ibidem, pp. 60-61.

126Como ya indicamos, en A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, f. 102, hallamos una copia de la carta que Carlos I expidió en Monzón convocando a los procuradores de las partes, dondequiera que estuviese, en un plazo de tres meses. El despacho llevaba por fecha el 16 de noviembre. Sin embargo, en toda la documentación posterior se señala como fecha de la comparecencia el 19 de febrero, lo que nos lleva a pensar, por una parte, o que la copia de la cédula real tenía una data errónea, o -lo que parece más improbable- que el emperador señalara posteriormente tal fecha -el 19 de febrero de 1538- como el día de la presentación de los procuradores oriolanos y cartaginenses.

127La suplicación se halla en el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 159-160.

128A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 378-383v. Por otra parte, hemos de referir que las autoridades de Orihuela tenían tal consideración a Nicholas Perrenot que lo calificaban de «padre y senyor». Ibidem, ff. 396-396v.

129A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 387-387v. Hemos de puntualizar que el lenguaje utilizado por Carlos I en la carta es realmente hábil. El emperador no se comprometía a nada con sus súbditos oriolanos. En el caso de que la cuestión no se solucionara en los cuatro meses aludidos, Carlos les ofreció, simplemente -«hos offresçemos»-, que mandaría las cartas a la Sede Apostólica. Por otra parte, también hemos hallado información sobre el resultado de la embajada de Luis Martínez y Ginés de Vilafranca en A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 358v.-359v.

130A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 81, 184-184v.

131LYNCH, J., op. cit., p. 113. BENNASAR, M.B. y otros: Historia Moderna. Madrid, 1980, p. 274. MADARIAGA, S. de, op. cit., p. 155.

132A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 345-348.

133Ibidem, ff. 364-366v.

134Ibidem, ff. 363, 363v. y 367v.

135A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 155v-157v.

136A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, ff. 390-390v. Hemos de destacar que pese a todas las vicisitudes y desventuras que Luis Martínez había tenido que pasar a causa del Pleito del Obispado, el canónigo seguía fiel a su patria. Tras la vuelta de Vilafranca de Barcelona, Martínez escribió a las autoridades oriolanas ofreciéndoles sus servicios, por si en ocasiones venideras les fuera necesaria alguna ayuda en relación con la cuestión episcopal.

137Ibidem, ff. 391-401v.

138Hemos hallado cuatro instrumentos de instrucciones. Ibidem, ff. 283v.-284, 378-383v., 384-384v. y 388-389.

139Hemos reproducido estos fragmentos del sindicato, no por cuestiones de estilo, sino porque las procuras pasarían a tener una importancia primordial en el transcurso de las negociaciones ante el monarca. Ibidem, ff. 387-387v.

140Ibidem, ff. 404v.-405.

141A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 358v.-359v.

142Estos datos han sido extraídos del compromiso que finalmente juraron ante Carlos I los representantes de ambas partes casi un año después. Ibidem, ff. 341v.-346.

143A.M.O. Libro nº 56, Contestador de 1538, f. 405.

144A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 334-334v. Y A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, ff. 50-54.

145Únicamente nos ha llegado la misiva que el emperador envió al cabildo de Cartagena. A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 337v.-338v.

146A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 338v.-341.

147Ibidem, ff. 334-334v.

148A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 437-442. El marqués de Lombay se refería a la labor de Vilafranca con estas palabras: «ha travajado y entendido en ello con tanta solliçitud y voluntad que ha echado cargo a essa çiudad y aun a mi como amigo della». Por su parte, May decía de él: «ha sollicitado siempre este negocio sin dexar punto, con tanta diligencia y buen seso». Y Urries coincidía con ellos: «ha trabajado en estos negocios como si le fuera la vida, y ganado la voluntad y buena gracia de Su Magestad para lo que yo nunca pense que se pudiera alcançar».

149Ginés de Vilafranca llegó realmente a desesperarse por la premeditada pasividad de sus representados. Les solicitó en repetidas ocasiones que le dejasen volver a Orihuela, y a principios de junio estuvo a punto de emprender de motu proprio el viaje de retorno. No lo llegó a hacer porque el experto Martínez, sabedor de la importancia que tenía su participación en el negocio, lo detuvo, aunque también él deseaba que desde Orihuela enviasen a otros síndicos que los revocasen y sustituyesen. Ibidem, ff. 447-448.

150Ibidem.

151Ibidem, f. 442. El tono utilizado por Vilafranca al dirigirse a sus representados es muy ilustrativo de la exasperación del síndico. En un pasaje de la carta, les decía: «yo volria veure lletres de vostres merces per anarmen a escansar, puix a tant temps so en Toledo y veig ques va allargant […] Deu sap a culpa de qui…».

152El decreto y las cartas al capítulo del Salvador y al Consell de Orihuela se encuentran en el A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, ff. 50-54, 172-176. Y la prórroga se halla en el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 334-334v.

153A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, f. 93.

154Ibidem, ff. 437-441.

155Ibidem, ff. 80-82.

156El compromiso firmado por las partes se halla en el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 341v.-346. También hemos hallado información al respecto del juramento en el A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 100-101.

157A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 464-465, 471-472.

158Hemos hallado una copia del instrumento de asignación del término de 25 días en el A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 335v.-336v. Asimismo, hay referencias a la expiración del compromiso en el A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 100-101, 103-103v.

159La fecha de la partida de Carlos I la hallamos en MADARIAGA, S. de, op. cit., p. 155. Sabemos que la cuestión episcopal quedó sin resolver, entre otras muchas, por referencias expresas encontradas en el A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 41v., 464-465 y 471-472.

160A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, f. 443.

161La decisión de los mandatarios oriolanos aparece reflejada en ibidem, ff. 88-88v., 93 y 103-103v.

162Hemos incluido esta noticia en la narración porque Juan Savall defendió los intereses de la Iglesia y la ciudad de Orihuela en la capital del reino hasta la resolución del Pleito del Obispado. Ibidem, ff. 31-32v.

163Ibidem, f. 41v.

164Ibidem, ff. 65-65v.

165A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 80-82.

166Ibidem, ff. 88-88v., 90-90v.

167Todos los datos relacionados con la relación del siguiente episodio los hemos extraído de ibidem, ff. 80-82, 85-86v., 100-101, 464-472. Para no hacer demasiado prolija la colocación de notas en las próximas páginas, nos hemos tomado la licencia de omitirlas, pese a la frecuente utilización de citas literales de estos documentos.

168La protesta se halla en ibidem, ff. 80-81.

169Recordemos que toda la información relativa al episodio del obispo de Belén la hemos sacado de ibidem, ff. 80-82, 85-86v., 100-101, y 464-472.

170Ibidem, ff. 461. Únicamente nos ha llegado uno de dichos «albaranes». Decía así: «Consumatum est et inclinato capite amisit officium. Et cum eo duo alii latrones, unus a dextris, alter vero a sinistris, ut consumarentur scripture prophetarum: et erunt novissima hominis istius peiora prioribus. Si vero si es bestie huius non breviati fuerint. Omnis caro peribit sed propter electos brevi abuntur dies illi».

171Según la versión oriolana de los hechos, durante el acto de presentación del «consell» Soler les confesó que no tenía por qué quejarse de la Iglesia y la ciudad de Orihuela, porque «li havien parlat tostemps ab molt acatament». Ibidem, ff. 466-467v., 468-469. No hemos podido saber si el obispo de Belén llegó realmente a pronunciar tales palabras, o si fueron un invento oriolano. Quizá el sacristán pretendiese con ellas suavizar sus relaciones con las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad a fin de que cumpliesen el pacto que días atrás habían firmado, y aceptasen su superioridad espiritual. Por otra parte, también hemos de destacar que Soler no convocó a ninguno de sus colegas capitulares, y que se limitó a mostrarles el citado documento a los dirigentes de los monasterios del Socorro y de la Merced. Posiblemente, sus relaciones con el capítulo del Salvador hubiesen quedado, si no rotas, sí muy maltrechas.

172Ibidem, ff. 84-86v.

173La documentación señalada se halla en ibidem, ff. 88-93. Las citas literales posteriores hacen referencia a estos intrumentos.

174Ibidem, ff. 112-113.

175Ibidem, ff. 98-99. La alusión a los conflictos con las Órdenes Militares aparece en ALDEA VAQUERO, Q. y otros: Diccionario de Historia Eclesiástica de España…, p. 362.

176A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 100-101, 103-103v.

177Las cartas dirigidas a May se hallan en ibidem, ff. 462-462v. y 463-463v. Hemos de recordar que el vicecanciller tuvo que favorecer en Roma la causa cartaginense siguiendo estrictas órdenes reales. Y que posteriormente se convirtió en uno de los mejores aliados de Orihuela, en defensa de sus intereses episcopales.

178La documentación presentada por Arrieta ante el Consejo de Aragón puede ser consultada en ibidem, ff. 458v.-461, gracias a que fue remitida a Orihuela por el doctor Jerónimo Soriano. En este sentido, hemos de precisar que el único instrumento que no pudo enviar el abogado fue la carta de D. Luis de Soler. Ello explica que hayamos especificado su contenido por la relación hecha sobre él en la protesta interpuesta en nombre de la ciudad de Murcia.

179Conocemos la existencia de esta provisión gracias a referencias encontradas en ibidem, ff. 112-113, 466-467v. y 468-469.

180Ibidem, f. 105.

181Ibidem, ff. 453-454.

182Tras entregarle su carta al señor de Ayerve, Soriano le confió los escritos dirigidos a D. Jerónimo de Urries y al señor de Granvelle con la intención de que los remitiese a Flandes.

183Ibidem, ff. 453-454, 466-467v., 468-469.

184Ibidem, f. 451.

185Ibidem, f. 452.

186La prolija carta del abogado Soriano se halla en ibidem, ff. 453-454.

187Las creencias de D. Pedro de Rocafull para el duque de Calabria y los doctores Francisco Ros y Francisco Ubach se hallan en ibidem, ff. 113-114. Desgraciadamente, no hemos podido encontrar la información de testigos recibida bajo la supervisión de D. Pedro Maza.

188Ibidem, ff. 112-113. Llama poderosamente la atención la desafortunada explicación que Rocafull había de darle al duque de Calabria sobre el hecho de que Soler no hubiese comenzado a ejercer su oficio pontifical. Resulta extraño, por no decir increíble, que apelasen a los escrúpulos del sacristán.

189Ibidem, ff. 466-469.

190Ibidem, ff. 127-127v.

191Ibidem, ff. 127v.-128.

192Ibidem, ff. 133-133v., 135-135v.

193Ibidem, ff. 135v.-136.

194Todas estas cartas se hallan en ibidem, ff. 128-131.

195Ibidem, f. 132.

196Ibidem, ff. 466-467v., 468-469.

197Ibidem, ff. 299-299v.

198Ibidem, ff. 474, 476-477.

199Hemos hallado las minutas y las copias de las suplicaciones que los procuradores presentaron ante el virrey. Las del capítulo del Salvador se hallan en ibidem, ff. 464-465, 471-472. Y las del justicia y los jurados de Orihuela se encuentran en ibidem, ff. 466-467v., 468-469. Teniendo en cuenta sus coincidencias y para evitar repeticiones, en nuestra exposición hemos tratado de comentar de un modo conjunto el contenido de ambas.

200Las referencias al abandono de la causa por parte de los murcianos pueden ser consultadas en ibidem, ff. 481-481v., 489-490.

201Ibidem, f. 473.

202Las tres cartas se hallan en ibidem, ff. 482-483v.

203Ibidem, f. 484v.

204Ibidem, f. 486.

205Las cartas de creencia y ayuda se hallan en ibidem, ff. 500-502. En ibidem, ff. 489-192, hemos hallado copias de estas misivas, firmadas erróneamente el 10 de abril de 1540. Junto a las dirigidas a los Consejos Real y de Aragón, a Francisco de los Cobos, a Miguel May y a Hugo de Urries, hay dos escritos dirigidos al señor de Granvelle y al propio Carlos I.

206Podemos consultar el instrumento de instrucciones en ibidem, ff. 503-503v.

207GULIK, G. van-EUBEL, C.: Hierarchia Catholica…, t. III, pp. 13, 154.

208La segunda protesta se halla en el A.M.O. Libro nº 57, Contestador de 1540, ff. 256-257.

209Como podemos apreciar, no plantearon la posibilidad de tener prelado propio y completamente desligado de la mitra cartaginense. Debían considerar más sencillo y, por lo tanto, más viable que las diócesis independientes de Cartagena y Orihuela y sus respectivas catedrales fuesen regidas y administradas sub uno pastore, tal como fue establecido en las bulas promulgadas por Julio II el 13 de mayo de 1510.

210Los escritos del capítulo del Salvador y de los ediles oriolanos se hallan en ibidem, ff. 505-505v. y 505v.-506. Y la comisión a D. Pedro de Rocafull, en ibidem, ff. 506-506v.

211DÍAZ CASSOU, P., Serie de los obispos de Cartagena…, pp. 81-86.

212Hallamos diferentes noticias del nombramiento de Silíceo en el A.S.V. Archivio Concistoriale. Acta Vicecancellarii, nº 5, ff. 121-121v. Acta Miscellanea, nº 8, ff. 258v.-259; y nº 18, f. 337. Y en Camara Apostolica. Diversa Cameralia (ARM. XXIX), nº 160, ff. 54-54v.

213A.M.O. Libro nº 58, Contestador de 1541, ff. 172-173v.

214DÍAZ CASSOU, P., op. cit., p. 84, señaló esta fecha como la de la toma posesión del obispado, utilizando datos de Cascales y Fuentes. No obstante, aseguraba que en lugar del provisor Martínez, fue el propio Silíceo quien se encargó de realizar tal acto. Creemos que se trata de un error, ya que en la documentación no hallamos referencia alguna que pueda dar fe de la presencia de Silíceo en dicho evento.

215A.M.O. Libro nº 58, Contestador de 1541, ff. 191-191v.

216A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 347-348v.

217A.M.O. Libro nº 58, Contestador de 1541, ff. 348v.-350v.

218Ibidem, ff. 204v.-205.

219Ibidem, ff. 191-191v., 378-378v.

220Como comentario, creemos conveniente señalar que desde la segunda mitad de la década de los ’30 las -antaño excepcionales- relaciones de las autoridades municipales de Orihuela con el gobernador Maza se habían ido deteriorando progresivamente. La causa principal del distanciamiento radicaba en el hecho de que el gobernador se negaba a intervenir en la ciudad para cortar los frecuentes bandos. En este sentido, los ediles pretendían que D. Pedro residiese en la ciudad, tal como le era obligado, para que pusiese orden en ella e impidiese, con la imposición de severos castigos, los actos violentos derivados de las banderías. Y el gobernador, por su parte, se negaba a atender las reclamaciones oriolanas.

221A.M.O. Libro nº 58, Contestador de 1541, ff. 203-208v.

222En una carta firmada en Madrid el 13 de julio de 1541, ibidem, f. 346, el vicecanciller May afirma que Togores le entregó la carta de las autoridades oriolanas el 9 de junio. Ello nos induce a pensar que debió llegar a Madrid muy poco tiempo antes, y teniendo en cuenta que el viaje a dicha población desde Orihuela podía suponer entre 6 y 10 días, el lugarteniente del gobernador debió partir de la ciudad del Bajo Segura los últimos días de mayo o los primeros de junio.

223Ibidem, f. 201.

224Ibidem, ff. 209-209v., 212.

225Ibidem, ff. 202, 209-210v. y 212.

226Ibidem, p. 344.

227Ibidem, f. 345.

228Ibidem, f. 346.

229Ibidem, f. 344.

230No hemos podido localizar la provisión del licenciado Martínez. Hemos extraído los datos acerca de su contenido de ibidem, ff. 318-320, 331-332.

231Ibidem, f. 313.

232Ibidem, ff. 318-320.

233Ibidem.

234Ibidem, f. 320v.

235Ibidem, f. 317.

236Ibidem, f. 337.

237Ibidem, ff. 336-336v.

238Ibidem, ff. 331-332v.

239Ibidem, f. 339.

240Ibidem, ff. 372-373.

241Ibidem, f. 374. Las autoridades oriolanas reprodujeron la respuesta dada a Chacón en una carta que enviaron al provisor y al cabildo cartaginense el 22 de agosto de ese año 1541.

242Ibidem, ff. 378-379v.

243Ibidem, ff. 381 y 386. El hecho de que actuasen como mensajeros Ginés de Vilafranca y Jaime Martí da fe de la importancia que los mandatarios oriolanos le concedieron a la visita del duque de Alba.

244Ibidem, ff. 437, 438v. y 439.

245Ibidem, f. 457.

246Ibidem, f. 472.

247MADARIAGA, S. de, op. cit., p. 156.

248A.M.O. Libro nº 58, Contestador de 1541, ff. 475-475v., 486.

249A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 351-353v.

250A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, ff. 27-27v.

251A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 354-356.

252A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, ff. 27-27v.

253Ibidem, f. 37.

254Ibidem, ff. 52-52v.

255Ibidem, ff. 54, 202-202v.

256Ibidem, f. 66.

257Ibidem, ff. 202-202v., 243.

258Todos los documentos aludidos se hallan en el Contestador de 1542. La convocatoria real podemos localizarla en ibidem, f. 119v. La cédula del virrey en el f. 118. El acta del Consell en los ff. 133-134v. Y, por último, el sindicato de Ginés de Vilafranca en los ff. 184-185v.

259Las cartas aludidas se hallan en ibidem, ff. 186-190, 192-194v. Particularmente, la citada del señor de Granvelle puede ser consultada en los ff. 188v.-189.

260Ibidem, ff. 190v.-191v., y 299-299v.

261Ibidem, ff. 195-197v.

262Los instrumentos de instrucciones se hallan en ibidem, ff. 244-250, 251-253, 254-256v., y 257-258v. Por otra parte, Vilafranca también había de presentarle al emperador otros agravios que no estaban relacionados con el Pleito del Obispado, y que tenían que ver principalmente con problemas jurisdiccionales, el abastecimiento municipal del grano y las carnes, los pastos o la defensa de la costa.

263Las misivas se hallan en ibidem, ff. 198, 198v. y 199. Al respecto de la tercera, hemos de aclarar que las autoridades oriolanas se enteraron de que Filibert iba a ir a Monzón gracias a una información de Juan Savall, datada el 19 de mayo anterior. Savall les comentó, además, que la inauguración de las Cortes iba a retrasarse al menos hasta el 5 de junio. Ibidem, ff. 238-238v.

264Ibidem, f. 233v.

265Hemos extraído la presente información de dos cartas que los ediles oriolanos le entregaron a Monblanch para el provisor y para los colectores. Ibidem, ff. 242v., 243.

266Ibidem, f. 272.

267Las cartas para los mitrados y las instrucciones para el síndico se hallan respectivamente en ibidem, ff. 268, 268v., y 269-270v.

268Ibidem, f. 271v.

269A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 356-358.

270A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, f. 366.

271Vilafranca escribía al respecto de las declaraciones de Filibert: «a altres a dit que bell salari li da Oriola per a que ell aja de tenir tant treball per ella». Toda esta información se halla en una carta enviada desde Monzón por Vilafranca el 22 de julio de 1542, que aparece en ibidem, ff. 364-365v.

272Ibidem.

273Ibidem, ff. 366.

274Ibidem, ff. 364-365v.

275Conocemos los detalles del encuentro de Vilafranca con Carlos I gracias a las cartas que remitió a las autoridades de Orihuela. Se hallan en ibidem, ff. 367-367v., 368-368v. y 417-418v.

276Ibidem, ff. 367-367v.

277Ibidem, ff. 417-418v.

278Ibidem, ff. 368-368v. Por otra parte, no nos resistimos a comentar que el propio Francisco de los Cobos era consciente del poder que tenían las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón en comparación con las mansas castellanas.

279Las dos cartas que las autoridades remitieron a Cabanyelles y al emperador se hallan en ibidem, ff. 342, 343.

280Ibidem, ff. 417-418v.

281Ibidem.

282La carta que envió Carlos I a la ciudad de Orihuela se halla en ibidem, f. 386.

283Ibidem, f. 387.

284El acta del Consell se encuentra en ibidem, ff. 363-372v.

285Ibidem, f. 374.

286Ibidem, f. 379.

287Ibidem, f. 374v.

288Ibidem, f. 373.

289Ibidem, f. 380.

290Ibidem, ff. 377-378.

291Ibidem, ff. 375-376.

292Ibidem, f. 383.

293El acta del Consell se halla en ibidem, ff. 384-385. Y la carta enviada a los jurados valencianos en los ff. 393-393v.

294Todos estos datos han sido extraídos de una carta enviada por Juan Savall, otra de los jurados de Valencia, y la copia del poder remitido a los síndicos valencianos, que se hallan en ibidem, ff. 395-395v., 397 y 398-398v.

295La documentación aludida se encuentra en ibidem, ff. 400-401, 402 y 403.

296Ibidem, ff. 417-418v.

297Ibidem.

298Ibidem, ff. 419-420v.

299A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 359v.-360v.

300Conocemos la existencia de esta carta gracias a que es citada en la que el monarca envió a Orihuela el 9 de octubre siguiente. Ésta se halla en el A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, ff. 434v.-435.

301Ibidem.

302Ibidem, f. 271v.

303A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, ff. 434-435v.

304Ibidem, ff. 435v.-436.

305Ibidem, ff. 437-437v. Junto a esta suplicación, Masquefa tenía que rogarle, de parte del Consell, que permitiese que la canonjía que había quedado vacante por la muerte de Juan de Vilafranca pasase a un sobrino del difunto clérigo, del mismo nombre que éste, que, además, era hijo de Ginés de Vilafranca, un «mancebo» «cuerdo», «y puesto en el estudio y en el servicio de Dios». Y tenía que reforzar la demanda explicándole que el fallecimiento del canónigo había dejado desamparadas a «cinco hermanas donzellas, muy virtuosas, que stavan so su sombra, honradas y con neçessidad».

306Ibidem, ff. 437v.-438.

307Quizá la trascendencia de la embajada fuese el motivo de la sustitución de Masquefa.

308La carta dirigida a D. Pedro Maza se halla en A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, ff. 441v.442.

309Ibidem, ff. 439-441. Básicamente, las autoridades oriolanas le ordenaron a Loazes que solicitara a la corporación municipal, al capítulo de la Metropolitana y al obispo Silíceo que le suplicaran al monarca que hiciese justicia en el litigio episcopal, y que prorrogase la vista de la causa hasta la llegada del señor de Granvelle. Asimismo, como tarea secundaria, le encargaron que consiguiera que la canonjía vacante en la iglesia del Salvador fuese provista en la persona del sobrino de Juan de Vilafranca.

310Ibidem, f. 452.

311A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, f. 25v.

312A.M.O. Libro nº 59, Contestador de 1542, f. 453.

313A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, ff. 28-28v.

314El acta del Consell se halla en ibidem, ff. 39-40. Y el sindicato en ibidem, ff. 50-54.

315Ibidem, ff. 55-63v.

316Todas estas cartas de creencia se hallan en ibidem, ff. 64-67 y 69-73v.

317Ibidem, ff. 68-69.

318Ibidem, ff. 84-84v.

319Toda la información relativa al viaje de los síndicos a la corte y a su primer encuentro con Carlos I ha sido extraída de ibidem, ff. 112-113.

320Ibidem. Silíceo les dijo literalmente: «El enperador hos a regonozido porque hiendo en la proseçion, como nos visteys, me dixo: «Obispo, ya son venidos los procuradores de Origuela».

321Ibidem.

322Ibidem.

323Ibidem, f. 110.

324En las palabras de los síndicos podemos apreciar un claro ejemplo de la mentalidad providencialista de la época: «aço son cosses que Nostre Senyor Deu permet per nostres pecats». Ibidem, ff. 112-113.

325No hemos podido localizar este mandamiento, pero sí referencias en ibidem, ff. 141-142, 177-177v., 191, 196-196v.

326A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, f. 321.

327Ibidem, ff. 168-171v.

328Ibidem, ff. 172-176.

329Ibidem, ff. 177-177v. y 197.

330Las cartas de creencia y recomendación se hallan en ibidem, ff. 178-192v.

331Ibidem, ff. 194-194v., 196-196v.

332Ibidem, f. 197.

333Ibidem, f. 303.

334Deducimos por ello que no llegaron a encontrarse con el correo que enviaron las autoridades oriolanas en su búsqueda. Ibidem, ff. 84-84v.

335Ibidem, f. 202. Antes de partir, Vilafranca recibió un adelanto de 36 ducados para los gastos del viaje y la embajada.

336Ibidem, ff. 276-277v.

337Ibidem.

338Ibidem.

339Ibidem.

340Ibidem.

341Ibidem, ff. 276-277v., y f. 286.

342Los datos sobre la actuación de Joan Savall los hemos extraído de ibidem, ff. 275 y 282-284. Las cartas de recomendación, en cambio, pueden ser localizadas en A.M.O. Libro nº 61, Contestador de 1544, ff. 245-246v.

343Según cuenta Joan Savall, Loazes le envió una carta para informarle de la llegada de Vilafranca. A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, f. 320.

344Ibidem, ff. 312-312v.

345Carlos I no volvería a España hasta después de su abdicación.

346A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, ff. 345-346v.

347A.M.O. Libro nº 60, Contestador de 1543, ff. 485-485v.

348Ibidem, ff. 514-514v. El 11 de agosto de 1543, los oficiales les presentaron el mandato a los fabriqueros las iglesias del Salvador y Santiago, ambas sitas en la capital del Bajo Segura. Y dos días después, a los de las iglesias de Santa Justa -también de Orihuela-, Santiago de Guardamar, San Martín de Callosa y San Andrés de Almoradí.

349Ibidem, ff. 528-528v., 540.

350Hay abundante información sobre los preparativos defensivos y sobre la escaramuza con los turcos. Podemos localizarla en ibidem, ff. 555-555v., 560, 577, 583, 584, 587, 588-589v. y 601.

351Los ánimos debían estar realmente apaciguados ya que los oficiales oriolanos no tuvieron reparos en hacer peticiones al corregidor de Murcia apelando a un argumento ciertamente curioso -sobre todo, si tenemos en cuenta el cariz habitual de las relaciones entre ellos-, la buena vecindad: «pues estas dos çiudades estan tan vezinas y debaxo de un Rey y senyor aunque de diversos reynos, y ansi convenga, segun se acostumbra a todas cualesquier çiudades y pueblos vezinos, tentarse los hunos a los otros sin agravio de nadi». A.M.O., libro nº 61, Contestador de 1544, ff. 85-85v.

352Ibidem, f. 98. El lugarteniente general del reino valoró los costes de la obra en 650 libras, aportó una subvención de 250, y dispuso que la cantidad restante fuese aportada por los diferentes señores de la zona.

353Ibidem, f. 166.

354Ibidem, ff. 174-174v. Hemos decidido incluir este fragmento porque quizá pueda tratarse de una de las primeras noticias que tuvo el príncipe Felipe sobre la delicada situación de la Gobernación oriolana, que iría forjando su preocupación por los nuevos cristianos moriscos y por sus posibles contactos con los corsarios berberiscos.

355De toda esta serie de censales redimidos podemos señalar, por ejemplo, uno de 3.000 sueldos que mosén Jaime de Soler había cargado para sufragar gastos relacionados con el Pleito del Obispado. Ibidem, ff. 215, 316.

356Ibidem, f. 250.

357Ibidem, ff. 437-437v. Al parecer, en el obispado cartaginense los clérigos únicamente podían celebrar entierros de día, mientras que en el resto de diócesis españolas también estaban permitidos los nocturnos. Los curas que los efectuaban percibían el doble de dinero.

358Los oriolanos recibieron una copia de la carta que el emperador le remitió al duque de Calabria, anunciando la paz con el rey de Francia. Asimismo, el virrey les envió un traslado del sumario de las capitulaciones firmadas en la ciudad de Saixon el 17 de septiembre de ese mismo año 1544. Ibidem, ff. 476, 477-477v, 478-479.

359A.M.O., libro nº 62, Contestador de 1545, f. 25.

360Ibidem, ff. 239-240.

361Ibidem, ff. 303-303v.

362Ibidem, f. 408.

363Ibidem, ff. 409-412.

364Ibidem, f. 439.

365Ibidem, f. 440.

366Ibidem, ff. 443-443v. Por otra parte, cabe recordar que el notario Aparicio Martínez participó en la polémica presentación del segundo nombramiento de D. Luis de Soler como vicario general de Orihuela.

367Hemos hallado diferentes referencias a la traslación Silíceo en el A.S.V. Archivio Concistoriale. Acta Vicecancellarii, nº 4, f. 249v., y nº 5, ff. 249v-250; Acta Miscellanea, nº 8, ff. 483-483v.; y Acta Camerarii nº 8, f. 3v.

368DÍAZ CASSOU, P. Serie de los obispos de Cartagena…, pp. 87-90. Descendiente de nobilísima familia -era hijo del Prior de Crato-, D. Esteban Fernández de Almeyda (1546-1563), fue también conocido como El Portugués y como El de Trento -sobrenombre que le vino porque asistió a la segunda apertura del Concilio General-. Antes había sido colegial mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares, obispo de Astorga desde 1539, y de León desde 1542. Durante su episcopado cartaginense se mostró tan sabio y piadoso como su antecesor, diferenciándose de él, sobre todo, por su declarada afección hacia la Compañía de Jesús.

369Hemos conseguido la información sobre el nombramiento apostólico de Almeyda en el A.S.V. Archivio Concistoriale. Acta Miscellanea, nº 8, ff. 500-500v., y nº 18, f. 416. Acta Camerarii nº 8, ff. 10-10v. Y Acta Vicecancellarii, nº 5, ff. 259-259v. Por otra parte, hemos de anotar que la Corona, en virtud de su Real Patronato, podía disponer de un tercio del valor de las rentas de todas las mitras para conceder pensiones a los beneficiarios que estimase oportuno. Por ello, la aprobación de dichas pensiones por los obispos electos era condición inexcusable para que pudiesen acceder a sus respectivas sedes episcopales.

370A.M.O., libro nº 63, Contestador de 1546, ff. 187, 187v. y 205.

371Ibidem, ff. 325-325v.

372Ibidem, f. 345.

373Ibidem, f. 351.

374GEA MARTÍNEZ, J.R., Páginas de la Historia de Orihuela…, p. 41.

375A.M.O., libro nº 63, Contestador de 1546, f. 400.

376Ibidem, ff. 410, 412-412v.

377Ibidem, ff. 412-412v. GEA MARTÍNEZ, J.R., op. cit., apéndice, nº 37, pp. 126-127, editó este documento, traduciéndolo al castellano.

378GEA MARTÍNEZ, J.R., op. cit., p. 42.

379A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 376v.-377v., 377v.-378v., y 378v.-382.

380GARCÍA CÁRCEL, R., Cortes del reinado de Carlos I…, p. XI.

381Hay alusiones a la embajada del jurado oriolano en el A.M.O., libro nº 64, Contestador de 1548, ff. 380-380v. y 381-381v.

382Fundamentamos esta hipótesis en dos hechos: que tal petición fue elevada a D. Felipe en las Cortes de 1552 (A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, f. 664v.); y que en 1547 estaban muy recientes -y probablemente, pendientes de resolución- los sucesos derivados del proceso del obispo contra los canónigos del Salvador.

383Hemos extraído estos datos de un informe que fue realizado en 1553 ante el gobernador del reino de Valencia más allá de Jijona, D. Nuño del Águila, a petición del Consell de Orihuela, el procurador fiscal y el capítulo del Salvador, contra el capítulo de Cartagena y la ciudad de Murcia, como queja por los repetidos abusos cometidos por los oficiales del obispo de Cartagena. A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

384A.M.O., libro nº 64, Contestador de 1548, f. 135.

385Ibidem, ff. 288-289v. y 291.

386Ibidem, ff. 470 y 470v.

387Ibidem, ff. 471-471v.

388Las dos primeras cartas se hallan en ibidem, ff. 468 y 468v. Las protestas las podemos encontrar en ibidem, ff. 480-480v., y en A.C.O. Armario I, libro nº 2, ff. 382v.-383v.

389A.M.O., libro nº 64, Contestador de 1548, ff. 503-503v., 504 y 506.

390Ibidem, ff. 552-552v.

391Aunque no podemos asegurarlo, creemos que D. Esteban de Almeyda volvió a visitar Orihuela a finales de 1548 o principios de 1549, ya que en la carta que remitió el 8 de febrero de 1549 a los oficiales oriolanos (A.M.O., libro nº 65, Contestador de 1549, f. 150), el prelado hacía alusión claramente a la intervención de un gobernador, y en 1547 la Gobernación del Reino de Valencia más allá de Jijona estaba aún vacante.

392Ibidem.

393Ibidem, f. 149v.

394Ibidem, f. 150.

395Ibidem, ff. 195v.-196 y 224.

396Todos los datos que nos han permitido conocer el incidente del fiscal episcopal y el canónigo Torres los hemos extraído del referido informe, que se halla en el A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

397El comentario murciano y las quejas contra el gobernador han sido extractadas de dos documentos hallados en el A.M.O., libro nº 65, Contestador de 1549, ff. 239 y 781-781v.

398CAPELLI, A., op. cit., p. 275.

399A.M.O., libro nº 66, Contestador de 1550, f. 60.

400Ibidem, ff. 183, 184.

401Ibidem, ff. 376-376v.

402Ibidem, ff. 111, 113-113v. y 245.

403Ibidem, ff. 113-113v.

404Tal como podemos comprobar por la abundancia de documentos relacionados con esta materia. Ibidem, ff. 115, 126v.-127, 202, 225, 228, 246, 319, 320, entre otros.

405Los siguientes documentos, entre otros muchos, dan fe del grado de tensión que alcanzaron en 1550 las relaciones murciano-oriolanas. Ibidem, ff. 111v., 113-113v., 145, 173, 255, 275, 438, 577-577v., 594, 595, 614, 616 y 668.

406Ibidem, ff. 485v.-486.

407Aunque GEA MARTÍNEZ, J.R., Páginas de la Historia de Orihuela…, pp. 42-43, escribía que el gobernador encarceló a los dos mercedarios por defender muy explícitamente al obispo, nos permitimos dudar de tal afirmación, entre otros motivos, porque el justicia y los jurados de Orihuela actuaron como mediadores para que el prelado alzara la censura.

408A.M.O., libro nº 66, Contestador de 1550, ff. 639 y 659.

409Las autoridades de Orihuela conocieron la noticia del óbito del virrey gracias a sendas cartas del síndico Joan Savall y el abogado Miguel Ángel Catalá, que se hallan en ibidem, ff. 650-650v. y 651-651v.

410Ibidem, ff. 658, 658v. y 659. GEA MARTÍNEZ, J.R., op. cit., apéndice, documento nº 38, p. 128, editó la carta de los oficiales al arzobispo de Valencia después de traducirla al castellano.

411A.M.O., libro nº 66, Contestador de 1550, f. 660. Por otra parte, no hemos podido constatar si este comisario Çaydía era el mismo que aquél al que el duque de Calabria le encargó la ardua tarea de conseguir que el capítulo del Salvador prestase el juramento de obediencia al obispo de Cartagena en 1532.

412Ibidem, f. 700.

413Ibidem, ff. 736 y 737.

414GARCÍA CÁRCEL, R., Cortes del reinado de Carlos I…, p. XI.

415A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, f. 51.

416La propia documentación de 1553 hace alusión directa a la inestabilidad social y a la falta de cohesión y unidad en la ciudad. En ibidem, f. 678, hallamos una frase que pone de manifiesto cuán extendidas estaban las disputas entre la población: «les pacions de aquesta ciutat, les quals son de tal compas e art que no sols estan araylades en poder de les persones seculars e profanes, pero encara en poder de eclesiastichs e religiosos».

417Ibidem, ff. 664v.

418Ibidem, ff. 51-54v. En este caso, al igual que en todos los demás que tuvieron que tratar los oficiales oriolanos durante el año 1553, uno de los jurados, Jaume Roca, se mostró contrario a la decisión adoptada por sus compañeros en el cargo.

419Ibidem, ff. 182-182v. y 182v-183.

420Tanto la carta, que firmaron conjuntamente, como el modelo de disentimiento se hallan en ibidem, ff. 231-231v. y 230-230v.

421Ibidem, f. 189.

422La provisión nominativa y el ejecutorial del capitán general se encuentran en ibidem, ff. 234 y 235.

423El instrumento de protesta y la contestación del gobernador se hallan en ibidem, ff. 246-247.

424Ibidem, ff. 258-259.

425A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

426A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 323-323v.

427Ibidem, f. 372.

428Ibidem, ff. 374-375.

429Ibidem, ff. 376 y 377.

430Ibidem, f. 378.

431Ibidem, f. 379.

432Ibidem, ff. 392-392v.

433Ibidem, ff. 395, 415-416 y 419-420. Las palabras de Savall evidencian que el duque de Maqueda se mostraba complaciente con las reclamaciones oriolanas: «Lo illustrissimo senyor duch nos ha offert ab tota raho y justicia de mirar per lo que toca a exa ciutat y tenir-los per molt recomanats».

434Ibidem, ff. 438-438v.

435Ibidem, ff. 462-462v.

436Hay una larga serie de documentos que hacer referencia a la preparación de la embajada de Martí y Gómez. Los hemos hallado en ibidem, ff. 471-473v., 475-476, 476v.-477, 477-478v., 478v.-479, 479-479v. y 480-481. En relación con la polémica de las fábricas, los procuradores habían de logar el mantenimiento de la exención del tercio diezmo y el alzamiento de las penas fulminadas contra los fabriqueros. También llevaban otras consignas como suplicarle al virrey que mejorase la artillería de Guardamar con un par de «tiros», o conseguir la derogación de la orden de manifiesto de mercaderías, que tenía relación con un nuevo impuesto sobre la seda.

437Ibidem, ff. 447-448.

438Ibidem, ff. 443-443v., 447-448 y 463.

439Ibidem, ff. 447-448.

440Ibidem, ff. 488-488v.

441A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

442A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 534-534v.

443A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

444A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 574-574v.

445A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

446A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 618-618v.

447Ibidem, ff. 616-616v.

448Ibidem, ff. 618-618v.

449El relato de las diligencias de los síndicos en Valladolid lo hemos reconstruido gracias a la información proporcionada por la carta de los procuradores a los munícipes, la orden del obispo de Lugo y la escritura del doctor Soriano. Los tres documentos se hallan en ibidem, ff. 641-643, 646 y 647-647v.

450Ibidem, ff. 664-665.

451Como ya hemos indicado varias veces, dicho informe se halla en el A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1. Hemos de hacer notar que los interrogatorios se retrasaron hasta principios de noviembre, quizá porque tanto el gobernador como su asesor se vieron afectados por los ataques espirituales del provisor del obispado de Cartagena durante la segunda mitad del mes de octubre. Ello molestó considerablemente a las autoridades oriolanas, y como veremos más adelante, constituyó otro motivo de nuevas quejas ante el duque de Maqueda y el mismo regente Felipe.

452A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 729, 729v., 732.

453A.C.O., Papeles sueltos, caja I, documento nº 1.

454Las tres cartas citadas se hallan en el A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 726-728.

455A.M.O., libro nº 67, Contestador de 1553, ff. 684-684v.

456Conocemos el dato del retorno de los procuradores gracias a las cuentas que presentaron a los munícipes. Ibidem, ff. 792-793v.

457Ibidem, ff. 779-780v.

458Ibidem, ff. 797-799.

459A.M.O., libro nº 68, Contestador de 1555, f. 44.