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Accesibilidad Arte y reivindicación. Barreras Denuncia Pública Discriminación

Festival Internacional de Música Clásica de Salzburgo.

 

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LOS DISCAPACITADOS AL MARGEN EN EL FESTIVAL DE SALZBURGO.

El festival de música clásica de Salzburgo se celebra cada año, entre los meses de julio y agosto, de gran calidad y prestigio es mundialmente conocido por los amantes de la música clásica. A la sombra de Mozart, la ciudad se convierte en una fiesta en torno a la música; estrenos de operas, novedosos montajes, excelentes solistas, entre otros. Son varios los escenarios en los que se desarrolla la programación del festival, junto a la música autoridades, gente conocida, alfombras rojas, champagne, bombones, glamur y fotógrafos todos confluyen en una ceremonia de culto a la música. Pero no todo es tan perfecto, ni está tan organizado. Este año he asistido al festival de Salzburgo, y he comprobado que la organización de este evento, coloca a los discapacitados al margen, las entradas que se venden para personas en sillas de ruedas tienen un precio inferior, pero estas localidades están en los pasillos, es decir que se venden los lugares de paso como entradas, donde la visión del escenario es bastante precaria. Así en la sesión inaugural, con la opera Theodora en el Grosses Festspielhaus, habíamos cuatro personas en silla de ruedas que tuvimos que esperar a que entrará el último espectador y salir los primeros, por estar nuestras localidades, junto a la puerta de entrada en un lugar de paso. En la Domplatz que es la plaza de la catedral acondicionada con gradas y un escenario para las representaciones, en las esquinas de la primera fila, era el espacio reservado para los espectadores en sillas de ruedas, la visión era pésima. Por allí, pasaron autoridades, políticos, famosos, periodistas, pasando y mirando, como sí ese fuera el estado natural de las cosas; los lisiados de la corte en un rincón y los nobles exhibiéndose.

En la Europa civilizada del s. XXI, después de más de dos siglos de las revoluciones que proclamaron la igualdad de todos los ciudadanos, se siguen produciendo estas situaciones de injusticia. Las artes en general y la música en particular, no solo pueden ser un alegato estético, sino también ético a favor de una sociedad más justa, sin excluidos.

La organización del mundialmente conocido Festival de Salzburgo debe de corregir estas desigualdades y habilitar espacios en los auditorios, para que los discapacitados no sean espectadores a l margen del festival.

Gloria Lucena Fernández.

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Accesibilidad Barreras Denuncia Pública Noticias

¡Menos hablar y más actuar, como el PSOE en Mislata!

 

Mislata

 

Obras denunciadas por no cumplir la ley de accesibilidad 

 

El PSPV lleva las obras de la Calle Mayor a la Delegación del Gobierno por incumplir las normativas de accesibilidad

 

El PSPV exigirá al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mislata que actúe urgentemente y modifique las obras de la calle Mayor al estimar que van contra el plan de accesibilidad y provoca una seria barrera arquitectónica para discapacitados y personas con movilidad reducida, incumpliendo un requisito como es el de la accesibilidad, que justificaba la necesidad de estas obras”.

El secretario general del PSPV local, tras la reunión celebrada en la Delegación de Gobierno en la que puso de manifiesto las presuntas irregularidades de las obras, considera que “no se está cumpliendo el proyecto financiado con 600.000 euros por el Gobierno de España, recogido dentro del Plan Zapatero”. Los proyectos recogidos en este plan van destinados a mejoras urbanísticas en aspectos de accesibilidad”. Este incumpliemnto, según recordó Bielsa, podría sería motivo de la retirada de la dotación con la que el gobierno central sufraga los obras.

Por ello, Fernández Bielsa exige al alcalde de Mislata, Manuel Corredera, que “tome las riendas y ordene una modificación de la exagerada pendiente transversal de la calle” porque, según han podido comprobar, “supone un gran problema para los peatones y personas con discapacidad funcional”.

Bielsa calificó la obra de “chapuza” y de “paso atrás en el compromiso de la eliminación de barreras arquitectónicas”. Además, acusó al equipo de gobierno de “improvisar absolutamente en todo a pesar de las advertencias de las asociaciones de discapacitados que en su momento ya denunciaron estas irregularidades durante la ejecución de la obra”.

Los socialistas se unen a las denuncias efectuadas por la entidad Codifiva, que también denunciaba el incumplimiento de las normas de accesibilidad.

 

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Denuncia Pública Discriminación En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana La Generalitat Valenciana y la LEPrA

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante da su apoyo incondicional a la familia de Ayeisa.

 

Información.es » Alicante

ATENCIÓN SOCIAL

 

150px-Escudo_de_la_Comunidad_Valenciana.svg La primera demanda por la Ley de Dependencia se juzgará en octubre

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007

 

 

 

 

  • Javier Méndez y su hija Ayeisa, de 26 años, que sufre parálisis cerebral y tiene una discapacidad reconocida del 85%

PILAR CORTÉS

ÁFRICA PRADO El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.

Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.

El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.

Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.

"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.

A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.

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Denuncia Pública Derechos humanos La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

La Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, de mal en peor.

 

Información.es » Integrados

 

BIENESTAR SOCIAL

 

La Ley de Dependencia acumula 1.042 retrasos.

 

La Conselleria registra desde el año pasado más de un millar de resoluciones del Síndic de Greuges por incumplimiento

 

 

 

 

 

Imagen de la manifestación celebrada el pasado mes de mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Dependencia

M. A. MONTESINOS

REDACCIÓN En el año 2008 el número de resoluciones remitidas por la Sindicatura de Greuges a la consellería de Bienestar Social se situó en 336, incluida la investigación realizada de Oficio, mientras que en los siete primeros meses del año 2009 se acumulan 706 recomendaciones.

En este sentido cabe destacar que el 72% de las quejas resueltas por la Sindicatura desde enero a julio de este año y publicadas en la pagina web de la institución, afectan directamente al departamento que dirige Juan Cotino. De un total de 982 recomendaciones realizadas a diferentes instituciones (ayuntamientos, conselleries..) en el periodo analizado, 706 hacen referencia al incumplimiento de la denominada Ley de Dependencia y son responsabilidad de Bienestar Social, según apuntan fuentes de CCOO.

En la mayoría de los casos las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia Ley, en otras se trata de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta de la administración y mientras el Sindic reclama el pago de las prestaciones a los familiares, en este sentido también existen decenas de reclamaciones referentes al pago retroactivo de las ayudas económicas. En el comunicado facilitado por el sindicato, las resoluciones de las personas que aparecen recogidas en el documento y analizadas, que habían acudido al Sindic de Greuges, iniciaron los tramites ante la administración en el año 2007.

Prestaciones
Los datos reflejan la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones, que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil y en el tiempo efectivo.

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Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Noticias

Con el primer paso comenzamos el camino.

 

 

03-09-2009 / 12:00 h

(Comunidad Valenciana) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS

Condenan a la responsable de un pub por no admitir a un grupo de discapacitados.

 
Valencia, 3 sep (EFE).- El juez ha condenado a la responsable de un pub de Valencia a un año de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el comercio relacionados con la hostelería y ocio por no permitir la entrada a un grupo de discapacitados que, acompañado de sus monitores, quería acceder al local en diciembre de 2006.
En la sentencia del Juzgado Penal número 12 de Valencia, a la que ha tenido acceso hoy EFE, el magistrado considera que la mujer cometió un delito contra los derechos fundamentales de los ocho jóvenes de entre 19 y 22 años con síndrome de Down a los que se les negó la entrada.
La gerente del local, ubicado en la zona de ocio de la plaza de Cánovas del Castillo, deberá además indemnizar con la cantidad simbólica de un euro a la Asociación Asindown de Valencia en concepto de daños morales, tal y como ésta, a la que pertenecen los demandantes, reclamó en el juicio.
Por otro lado, el juez ha absuelto al relaciones públicas del pub, al que también se ha juzgado por estos hechos, por considerar que no actuó con mala intención o con la de discriminar a estos clientes.
El tribunal declara probado que la noche del 15 de diciembre de 2006 un grupo formado por ocho jóvenes -siete con síndrome de Down y uno con otra discapacidad- que iba acompañado de tres monitores y dos responsables de la Fundación Asindown entró al pub ‘Me vuelves loco coco loco’ y que la responsable del local les invitó a abandonarlo.
La gerente se opuso a la permanencia en el bar del grupo dando excusas como que eran menores de edad y les negó la entrada expresamente por su condición personal de disminuidos psíquicos.
La mujer llegó a decirles "de forma enfadada" que por qué tenían que ir allí "a joderla" y que había "otros locales" donde podían entrar, y finalmente les indicó que no había aforo suficiente en el local para ellos.
Una de las monitoras intentó "arreglar el problema" charlando con el relaciones públicas del pub, quien argumentó que no podían permanecer en el local exclusivamente por el aforo del local, dado que el espacio estaba todo reservado con motivo de las cenas de Navidad.
El grupo decidió entonces, indignado, salir del lugar y acudir a otro local cercano para, en días posteriores, denunciar los hechos.
El juez estima ahora que Coral C.S. cometió aquella noche una "clara discriminación" al no admitir en su negocio al grupo de discapacitados después de ver sus "características personales".
Las excusas que dio para no dejarles entrar porque podían afectar al desarrollo de su negocio y su negativa a que permanecieran allí son para el magistrado "injustas".
Apunta asimismo que la procesada trató en todo momento de evitar que el grupo de personas con síndrome de Down permaneciera en su local incluso argumentando que era porque se trataba de disminuidos psíquicos, "sin que atendiera a la protección especial que merecen sino a la molestia que se deduce de su estancia en lugar. EFE
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Denuncia Pública Por la Ley de la Memoria Histórica

La impunidad del fascismo

La Justicia española sigue dejando impunes los crímenes de la dictadura

InSurGente.- El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Público/insurgente.-

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".


"Inhumano y cruel"

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.

El dictador Videla será juzgado en Argentina por 32 desapariciones
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
Martín Pallín: "Alguno todavía defiende la ley de Amnistía"

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".

No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

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Accesibilidad Asuntos sociales Barreras De insensibilidades Denuncia Pública

Discriminados hasta para elegir cuando y dónde ir a las playas.

 

ALICANTE

El PSOE denuncia al consistorio por cerrar el servicio de playas accesibles para discapacitados.

02.09.09 –

R. A. | ALICANTE

El PSOE denunció ayer al Ayuntamiento de Alicante por "olvidarse" de los discapacitados, ya que ayer cerró el servicio de playas accesibles a pesar de que la alcaldesa, Sonia Castedo, se comprometió el pasado mes de julio a ampliarlo durante unos días más.

Según los socialistas, "no tiene sentido que en Alicante, que es una ciudad que por su clima permite disfrutar de la playa desde el mes de abril y hasta octubre, sólo se ofrezca este servicio hasta el 31 de agosto".

El grupo municipal socialista recordó que otros ayuntamientos de ciudades con características similares ofrecen el servicio durante un periodo más amplio, hasta el 15 de septiembre. Es el caso de El Campello, Santa Pola (Levante y Gran Playa) y Elche.

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¿Publicidad engañosa? Barreras Denuncia Pública Discriminación Moda H

 

Sociedad

 

Por ser discapacitada, 600 euros más                          

Por ser discapacitada, 600 euros más

María Paz Montserrat Blasco pertenece al equipo de natación CAI de deporte adaptado. QUICO GIMENO

 

L. COTERA. Zaragoza

Todavía hay quien hace negocio con la discapacidad. O al menos eso piensa María Paz Montserrat Blasco, una medallista paralímpica zaragozana que, hasta hoy al mediodía, no tendrá la seguridad de que una compañía aérea le deja volver a la Península desde Canarias sin pagar un ‘plus’ de casi 600 euros.

María Paz lleva años viajando en avión, ya que las competiciones y su vida personal así se lo exigen. Tiene 52 años y debido a una movilidad reducida que le impide doblar sus rodillas se desplaza en silla de ruedas. Pero hasta ahora nunca había tenido problemas en trayectos aéreos.

"Lo que ha pasado me ha cogido por sorpresa y me parece una discriminación en toda regla", comenta María Paz. Todo comenzó el pasado 11 de agosto. Entonces, llegó al aeropuerto de Barajas para coger un vuelo a las Islas Canarias. Asegura que el personal de Aena le atendió muy bien y sin problemas, como siempre. En su billete figuraba que iba en silla de ruedas y tenía movilidad reducida, ya que lo advirtió al comprarlo.

Sin embargo, y como publicó ‘El Periódico de Aragón’, al llegar al avión informaron a María Paz de que no podía volar. Al parecer, el personal de Spanair -la compañía que gestiona el vuelo de la medallista- le comentó que necesitaba "un tipo de asiento que en ese momento no se le podía brindar". No obstante, al final le hicieron un hueco en el asiento de una azafata y María Paz pudo hacer el viaje. Para entonces, la deportista había sufrido ya una crisis de ansiedad.

Al aterrizar, el personal de la compañía le advirtió de que, para evitar problemas a la vuelta (programada para hoy a las 15.00), debía pasar por el mostrador de Spanair a comentar su situación.

María Paz así lo hizo y fue entonces cuando se llevó una desagradable sorpresa. Le exigían lo que para ella es "una burda forma de sacar dinero". Su hermana explica que les ofrecieron dos opciones para volar a la vuelta. "O pagar un billete en primera o dos asientos, ya que uno de ellos sería para apoyar las piernas. Además, nos dijeron que debíamos abonar una tasa de 587 euros para garantizarnos el viaje de regreso, que hay que sumar a los 204 que ya habíamos pagado por el billete en clase turista", aseguró ayer Ana, la hermana de la afectada.

Desde entonces, han puesto el caso en conocimiento de Aviación Civil y Aena, que les dan la razón, ya que ella siguió el protocolo y avisó con antelación de cuál era su situación. También han acudido al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón.

"Yo lo que quiero evitar es que le pase a otra persona. Me ha sucedido a mí y puede sucederle a otro, y esto no se puede tolerar", insiste esta deportista que es ante todo una luchadora que puede presumir de ostentar el récord nacional de espalda en su categoría.


Por su parte, FAMMA (Federación de personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid) ha denunciado lo sucedido y lo ha tildado de discriminación. Insisten en que, si ella avisó de su situación, deberían darle un trato normal, brindándole el mejor asiento para su problema y, en todo caso, ofreciéndole la posibilidad de viajar en primera clase solo si no hubiese hueco en turista. Consideran la tasa extra de casi 600 euros un abuso.

Spanair le permitirá volar

La compañía informó ayer que María Paz volará hoy sin problemas a Madrid, con su billete en clase turista y sin pagar pluses. No obstante, en declaraciones a Colpisa, la aerolínea ha explicado que nunca exigió el pago de dos billetes a la afectada. Javier Ortega Figueiral, subdirector de relaciones institucionales de la compañía, aseguró "no tener noticia de que a esta pasajera se la haya demandado el pago de un segundo billete". "Viaja con un billete de ida y vuelta adquirido a través de una agencia; volará este jueves a la Península y lo hará con ese billete" añadió.

"Sabemos que esta pasajera se traslada en silla de ruedas, que tiene movilidad reducida y que, según nuestros datos, no tiene ningún problema para ocupar una sola plaza", agregó.

Aunque admitió que existe una regulación por la que podrían exigir el pago de un segundo billete, reiteró que "no sucederá así". "Hay otros casos -gran obesidad, por ejemplo- en los que el pasajero tiene necesidad de ocupar dos asientos, y, si se cumpliera a rajatabla la normativa, tendría que abonar los dos asientos. Pero la realidad es otra, y por lo común las compañías tratamos de buscar las soluciones más favorables para el pasajero sin comprometer la seguridad y acomodarlo en uno libre y sin ningún recargo", explicó.

 

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Asuntos sociales Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Divulgación La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Otras medidas son necesarias y no las de sastrería precisamente. Y también mas dignidad.

 

 

Información.es » Alicante

SERVICIOS SOCIALES

Las quejas por la Ley de Dependencia suponen el 72% de las resoluciones del Síndic de Greuges.

 

CC.OO. ve escandaloso que Bienestar Social acumule más de mil denuncias.

 

 

 

 

Antonio Prieto, de pie, junto a su padre, recientemente fallecido, su madre y su hermano, en una imagen de abril

RAFA ARJONES

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"Vamos de mal en peor y yo ya no sé qué más hacer". Alicante

A. PRADO

El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana concentra en la actualidad el grueso de la actividad del Síndic de Greuges, que acumula un total de 1.042 quejas ciudadanas contra la Conselleria de Bienestar Social por el incumplimiento en esta materia.

Así se refleja en un estudio elaborado por el sindicato comarcal de CC OO, que pone de manifiesto que el 72% de las quejas resueltas por esta institución en lo que va de año, publicadas en su página web, afectan directamente al departamento de Bienestar Social que dirige Juan Cotino y se refieren a la no aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.

Según estos datos, de las 982 recomendaciones realizadas por la Sindicatura a diferentes organismos e instituciones públicas entre enero y julio, un total de 706 hacen referencia al incumplimiento de la citada ley. A ello se suman las 336 resoluciones emitidas por la Sindicatura en el año anterior, incluida la queja de oficio elaborada entonces por Emilia Caballero, lo que, a juicio del responsable de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, es "un escándalo".

La mayoría de las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y reconocimiento de las prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia, además de otras de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta y el Síndic reclama el pago de las prestaciones a los familiares. También existen decenas de quejas referidas al pago retroactivo de las ayudas económicas.

El estudio añade a la gravedad del caso que las resoluciones analizadas de las personas que han acudido al Síndic iniciaron los trámites en el año 2007.

A juicio de Roig, los datos revelan que "miles de personas no pueden acceder a las prestaciones de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la Conselleria a la hora de gestionar las solicitudes" y añade que a pesar de la evidencia de que la Generalitat no cumple la norma, "Bienestar Social sigue obviando las recomendaciones de la Sindicatura" en un derecho esencial de las personas dependientes, lo que califica de "inconcebible".

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Denuncia Pública Discriminación Noticias sobre la LEPrA

El colectivo Papás de Alex denuncia las irregularidades en la aplicación de la LEPA que hace la Generalitat de Catalunya.

 

SOCIEDAD | Denuncia ciudadana

 

 

Generalitat_de_Catalunya-logo-CBABF319A1-seeklogo.comLa Generalitat reduce en 2009 las ayudas a  discapacitados          

 

 

  • Rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad desaparecen.                                         

  • El Departamento de Acción Social se niega a dar información.

Efe | Barcelona

Las asociaciones que representan a personas con discapacidad psíquica han denunciado que la Generalitat ha eliminado, sin ofrecer alternativa alguna, las ayudas económicas de las que se beneficiaba este colectivo incluidas en las llamadas PUA, el programa de atención a los discapacitados.

La convocatoria de la PUA correspondiente al año 2009 no contempla, a diferencia de otros años, las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, precisamente los tratamientos que utilizan más las personas con una discapacidad psíquica.

La desaparición de estas ayudas no ha sido comunicada a los hasta ahora beneficiarios, que se han encontrado de repente con que no pueden solicitar la prestación económica sin saber por qué motivo ni si cuentan con otras alternativas, según han explicado familiares de personas que se beneficiaban de estas subvenciones.

Antonio Moreno, presidente del Colectivo Papas de Alex, una entidad que aglutina a familiares de discapacitados, ha asegurado que la Generalitat aduce que las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad están previstas en la cartera de servicios sociales, "pero en ningún lugar se especifica cómo se pueden solicitar" y desconoce incluso si existe un modelo específico de solicitud.

"Las familias que recibían estas ayudas están perdidas y sólo se encuentran con el silencio de la administración cuando preguntan por la manera de solicitarlas. Sospechamos que su eliminación debe tener algo que ver con los recortes presupuestarios, pero no creemos justo que sean los más desfavorecidos y frágiles de la sociedad los que paguen por la crisis", ha afirmado Moreno.

V.S.E., padre de un niño con una discapacidad psíquica, se ha mostrado indignado por el hecho de que, tras recibir un año una ayuda para logopedia integrada en las PUA, Acción Social haya decidido eliminar esta prestación de la convocatoria del 2009 "sin dignarse ni a informarnos, y sin darnos alternativa alguna cuando hemos requerido si se trataba de una reestructuración y podíamos solicitar la ayuda de otra manera".

"A mí me ha llevado bastantes años enterarme de que existían estas ayudas de la Generalitat. Y ahora, cuando ya creía tener controlada la situación, resulta que vuelvo al punto inicial y me encuentro con una administración opaca que parece que tiene como objetivo intentar eludir las peticiones de ayudas en lugar de prestar servicios", afirma.

El departamento de Acción Social no ha respondido a la petición de información sobre estas ayudas, aunque en la convocatoria de 2009 de la PUA efectivamente no se prevé ninguna prestación para rehabilitación del lenguaje, psicomotricidad y fisioterapia.

 

Por otra parte, Antonio Moreno ha denunciado que Acción Social ha denegado una solicitud de ayuda de atención domiciliaria aplicando unas instrucciones internas del departamento que no están publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en lugar de hacer referencia a decretos u órdenes.

Esta situación crea "indefensión" en las familias, afirma Moreno, porque "cuando les notifican la resolución denegatoria dicen que te aplican la normativa de la convocatoria y en realidad lo hacen en base a instrucciones no que no aparecen en el DOGC".