Una nueva aportación hasta completar una serie que preparamos para poder ver un conjunto de imágenes que completen la jornada del homenaje a nuestros dependientes.
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La protesta por la ley de la Dependencia de ayer se suma a las quejas en educación o de las entidades de enfermos mentales
JAIME PRATS – Valencia – 08/05/2009
Cada vez son más numerosos los colectivos sociales que pasan de la irritación a la denuncia pública y de ésta a manifestarse y sacar a la calle su indignación por las políticas del Consell.
“La gente está harta, se abre un proceso de negociación y no se avanza”
Ayer fue el turno de los familiares y beneficiarios de la ley de la Dependencia. Las calles de Alicante, Alzira, Castellón, Crevillent, Valencia, Castellón, Santa Pola o Xàtiva fueron el escenario de un homenaje a las 6.400 personas que han fallecido antes de recibir asistencia en la Comunidad Valenciana debido a “la incompetencia de la Generalitat Valenciana en la gestión y aplicación de esta importante ley”. Y la protesta no acabó ayer, sino que sirvió de prólogo de la movilización que tendrá lugar en Valencia el día 16.
Las quejas por la lentitud en la aplicación de la ley de la Dependencia llegan poco después de la huelga general que paralizó el sistema educativo público. El paro docente reveló el malestar que arrastra el sector desde el principio de curso por la forma elegida por el Consell de impartir Educación por la Ciudadanía. El boicot que se pretendía hacer al dar la asignatura en inglés fue la espita que hizo estallar el malestar acumulado por las deficiencias estructurales de la red educativa pública. Más recientes, del miércoles pasado, son las protestas organizadas por las asociaciones de familiares y de personas con salud mental por el retraso en el pago de la Consejería de Bienestar Social tanto a ellos como a entidades de discapacitados físicos. Sólo el sector sanitario se salva de la primavera caliente que sufre el Consell.Las mayores concentraciones por la “incompetencia” del Consell en la aplicación de la ley de la Dependencia tuvieron lugar ayer en Valencia y Alicante. Varios centenares de personas se manifestaron frente al Palau de la Generalitat, donde se rindió homenaje a las familias de los 6.400 dependientes fallecidos antes de llegar a recibir las ayudas y se citó a todo el mundo para la “gran manifestación” que habrá en Valencia este sábado. “El Gobierno valenciano es el responsable de que todas estas personas no hayan tenido a su disposición los recursos que precisaban”, comentó un portavoz de la protesta de Valencia.
El lema Camps boicotea nuestros derechos. Dignidad, igualdad y justicia social. ¡Ley de Dependencia ya! presidía el acto. Algunos de los asistentes también llevaban pancartas con el lema 6.400 morts (des)esperant y las fotografías de sus familiares fallecidos. En Alicante unas 300 personas, entre afectados y familiares, se concentraron ayer ante la delegación del Consell en la ciudad.
El malestar también aumenta día a día entre el sector educativo valenciano. La Plataforma per l’Ensenyament Públic concedió un margen de tregua para negociar y desconvocó las protestas previstas en diciembre. Pero pasó el tiempo y no hubo avances. El malestar del sector se midió el pasado 28 de abril cuando las aulas se quedaron vacías y miles de valencianos se manifestaron contra la política del Consell. La manifestación en Valencia logró reunir a unas 28.000 personas, en Alicante unas a 12.000 según los organizadores y más de 4.000 según la policía, y en Castellón salieron a la calle unas 5.000 personas.
“La gente está harta, se abre un proceso de negociación y no se avanza, pero los problemas aumentan”, admite Ismael Vicedo, portavoz de la Plataforma en Alicante, que anuncia un acto reivindicativo en Valencia para el sábado 13 de junio, una vez celebradas las elecciones europeas, y protestas para el último día de curso.
La sintonía entre las movilizaciones sociales de estos dos colectivos, ambos unidos contra las políticas del Consell, ha dado como resultado la unidad de acción. La Plataforma en defensa de la ley de la Dependencia se ha unido a la Plataforma per l’Ensenyament y acudirán juntos a la movilización de junio.
Otro sector en pie de guerra es el de las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, y el de las entidades que atienden a discapacitados. El motivo es el retraso en el pago de las subvenciones de Bienestar Social para el funcionamiento de estos servicios.
En el caso de los centros de discapacitados, ya se han comenzado a aportar los pagos a aquellas que funcionan con concierto, aunque no las que dependen de líneas de subvenciones, como apuntaban ayer desde CC OO.
Peor lo tienen las 27 asociaciones que atienden a unas 2.000 personas con enfermedad mental. “Nos encontramos con una situación de retraso injustificable en el pago de las subvenciones que jamás había ocurrido desde 1993”, indicaba recientemente Rafael Juan Cloquell, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana (Feafes).
El representante de estas entidades se refiere a la extraordinaria demora que están sufriendo este año a la hora de cobrar el primer adelanto de las subvenciones (el 60% del total, unos 34 millones entre todas las entidades). Bienestar Social ha postergado la tramitación de ayudas dos meses, lo que supone un grave perjuicio a la estabilidad financiara de estas entidades, que subsisten los primeros meses de año a base de créditos bancarios hasta que llega el dinero.
El resultado ha sido que las asociaciones han reducido servicios y adeudan una media de dos meses de salario a sus trabajadores, mientras Bienestar Social les asegura que pagará la próxima semana.
Y todo ello en el Año de la Solidaridad, en conmemoración por parte de la Generalitat del 600º aniversario de la creación del primer psiquiátrico en Europa por el Padre Jofré. Toda una ironía.
Sr. Presidente:
El asunto tendrá la solución que tendrá, porque como persona con un elevado grado de discapacidad, que precisa importantes apoyos, incluso para respirar, le puedo garantizar que el personal sanitario implicado desaconseja casi sistemáticamente los embarazos por considerarlos de alto riesgo, ocultando su desconocimiento profesional para tratar a una mujer con discapacidad en esta situación.
Pero en este caso la cuestión es más grave. Si el conocimiento profesional del personal sanitario es escaso, el del de Servicios Sociales es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de discapacidades intelectuales o mentales. Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados fue conminada por parte de dos trabajadoras sociales a que la embarazada abortara, siendo lo grave del asunto que la situación de la embarazada y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro.
Usted es el responsable de que la legalidad impere en Andalucía y no puede mirar para otro lado. Como primer andaluz debe de ser el primer defensor de la legalidad vigente y no puede permitir que miles de ciudadanos nos preguntemos si el ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años. ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad en supuestos que no contempla la legalidad vigente?
El hecho de que no se hayan iniciado actuaciones para reunir a esta familia pone en cuestión el cumplimiento de lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, entre otras cosas, la utilidad de programas financiados y publicitados a bombo y platillo por la Junta, como es el caso del Programa de Vida Independiente para personas con Síndrome de Down. ¿En qué consiste eso de: ‘Este proceso es necesario culminarlo con el desarrollo de programas de formación en Vida Independiente, que van más allá de la mera satisfacción de las necesidades para entrar en el terreno de los apoyos para la autonomía personal, las oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como reflejo de una vida integrada en la comunidad.’
La actualidad me ha llevado a la conclusión de que desde los poderes públicos y la administración existe una doble vara de medir. La capacidad para cualquier cosa se cuestiona siempre cuando se trata de personas con discapacidad que precisan apoyos, y se da por sentada cuando se trata de ciudadanos ‘perfectos’.
Para ilustrar lo anterior quiero que considere dos casos.
1) Los medios de comunicación se han hecho eco de que a principios del año pasado una niña de 5 años fue un domingo por la tarde sola a comprar un paquete de patatas y desapareció, seguramente no era la primera vez que iba sola, y el padre se plantó en casa de un vecino, conocido pederasta en el barrio, para interesarse por su hija. Días después apareció el cadáver de la niña y poco después la policía detuvo al pederasta que resultó tener una orden judicial para averiguar su paradero, pero no se había expedido la orden de busca y captura.
Muchos ríos de tinta han corrido sobre el caso, la familia del menor clama públicamente por el mal funcionamiento del sistema judicial y han llegado a entrevistarse con Rodríguez para pedir la pena de muerte. La de Dios se ha liado con el expediente abierto al juez, una parte de este asunto ha llevado a dimitir a un ministro, pero nadie ha cuestionado públicamente la actuación de los padres. El servicio de menores de la Junta desde luego que no, ni ningún tertuliano de los muchos programas que han tratado el asunto. Cierto es que los padres arrastran un inmenso dolor, pero nadie se ha pronunciado sobre el hecho de que la menor fuera sola a la calle. De haber sido hija de los padres con discapacidad de Cádiz ¿Qué se hubiera dicho?
2) También recogía la prensa recientemente que un penado había sido trasladado a un centro penitenciario en el que cumple condena su pareja; que ha tenido recientemente el segundo hijo, concebido como el primero en un bis a bis en otro centro penitenciario. El Ministerio del Interior posibilita que los penados mantengan relaciones íntimas en sus centros, incluso entre ellos, como es el caso, y no cuestiona la idoneidad de las reclusas para ejercer de madres. Incluso de aquellas que penan por haber por asesinato, entre otros de un joven de Ermua. Tampoco es baladí el hecho de que el padre también pena por asesinato, además del joven de Ermua por el hermano del Defensor del Pueblo, cosa que me llega a concluir de la legalidad de la situación, pero me plantea la pregunta de ¿Por qué se prestan apoyos para que una reclusa tenga a sus hijos con ella durante 3 años y a la madre discapacitada de Cádiz se le separa de su hija a las 48 de haber nacido? ¿Por qué se cuestiona la capacidad de los padres discapacitados y no se les presta ningún apoyo para ejercer la paternidad y a penados por asesinato no se les cuestiona y se les presta apoyos?
Evidentemente el Ministerio del Interior ha evaluado la situación y circunstancias personales de la pareja de penados y considerado que su idoneidad para ejercer la paternidad, permitiendo la legalidad vigente que los hijos convivan con la madre hasta los tres años. Supongo que el periodo de tres años obedece, entre otras, a que el menor disfrute del derecho a la lactancia que preconiza la OMS; por ello se me hace especialmente difícil comprender los motivos por los cuales se le impide a la hija de la discapacitada disfrutar del derecho a la lactancia materna.
Cuando presida el Consejo de Gobierno andaluz, por favor, lea en voz alta el art 23.4 de la convención y pregunte:
• A la Consejera de Salud si se practican abortos en centros públicos de supuestos no contemplados en la ley.
• A la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Social si existe alguna instrucción para que se coaccione a las personas discapacitadas para que aborten, si en centros y residencias públicas de discapacitados se permite y prestan apoyos para el ejercicio del derecho a ejercer la sexualidad, qué apoyos existen para que residentes discapacitados en centros públicos convivan con hijos tenidos durante su estancia en el centro;
• Al Consejero de Empleo qué prestaciones cubren a los desempleados discapacitados y qué programas o actuaciones han realizado respecto a esta pareja de padres;
• A la Consejera de Justicia que seguimiento llevan los juzgados de la rendición de cuentas de quienes ostentan la curatela y si en el caso de Sara, la madre discapacitada, se ha verificado que el curador ha dado cuenta de sus actuaciones anualmente;
• Al consejero de Vivienda,, dado que la pareja vivía en un piso sin agua y luz que no reunía condiciones de habitabilidad para un menor, qué procede para que se beneficien de una de las 700.000 viviendas a las que el anterior Presidente aludió en su intervención en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’.
Su formación jurídica y experiencia como Ministro de Trabajo y Seguridad Social me dan la plena confianza de que sabrá encontrar el procedimiento pertinente para que se haga realidad lo preconizado por la Convención. No obstante me permito hacerle dos consideraciones. La primera es que desde tiempo inmemorial personas con capacidad intelectual limite han criado a hermanos y sobrinos, pero paradójicamente no se les ha considerado capacitadas para tener y criar hijos propios. La segunda es que los informes técnicos han avalado la incapacidad de personas con Síndrome de Down para completar estudios normalizados y prescrito la educación en centros especiales, pero la familia de Pablo Pineda no sabía que era imposible que su hijo pudiera obtener una titulación universitaria y lo hizo, quizá en una Universidad Especial.
Si algo me ha decidido a escribirle es el hecho de que en su discurso de investidura usted hizo una apuesta decidida por la igualdad y transversalidad. Estoy seguro de que hará honor al compromiso adquirido en sede Parlamentaria.
Valencia, 25 de abril de 2009
Fdo: Vicente Valero Sanchis
Font de Mora y sus inventos del TBO.
V. B./ REDACCIÓN
«Cuatro niños de centros de Alicante y Altea se quedan sin excursiones por la falta de educador»
Los tres nuevos casos de déficit de educadores -una niña sorda que no recibe el tratamiento adecuado a su discapacidad y otros dos menores con problemas de movilidad que no pueden salir de excursión con sus compañeros porque no tienen educador especial- se suman al de otro alumno de 5 años con espina bífida que tampoco pudo ir de excursión hasta en tres ocasiones con sus compañeros en Altea porque la educadora se puso enferma y nadie le sustituyó.
Antonio Ortega, miembro de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante (AEBHA) y padre de una alumna que tampoco recibía la atención necesaria en su instituto, por lo que estuvo a punto de encadenarse, señalaba ayer que todos los cursos hay problemas de este tipo porque se tardan hasta dos meses en la sustitución del personal: “Cuando alguno de estos niños se queda en tierra y ve partir al resto de compañeros indigna demasiado” sentenció.
AEBHA tramitó el caso de Altea ante el Síndic pero los otros tres más recientes han llegado a título particular a la oficina del defensor esta misma semana.
Zapatero aconseja a un parado que busque consuelo en la Ley de Dependencia.
Publicado el 03-04-09 , por M. Tejo
A José María Mateos Mariscal, zamorano de 39 años, le pesaban demasiado las manos en el bolsillo.
Por eso decidió, en un arranque de pragmatismo, telefonear directamente al presidente del Gobierno para contarle, a viva voz, que está en paro desde octubre, cuando su pequeña empresa de construcciones metálicas quebró llevándose consigo a cinco empleados. “Me deben dinero todas las grandes constructoras del país”.
La llamada se frustró. Nunca le llegó a contar al Rodríguez Zapatero que a finales de mes él, su mujer y dos hijos (de cinco y ocho años) se quedarán en la calle con tres tesoros rotos: una casa embargada, la empresa familiar en ruina y un casero cabreado porque la familia ya no puede asumir la renta.
José María no se dio por vencido y decidió escribir a Moncloa, el 17 de febrero. En la carta, esta posdata: “Agradecería de antemano si pudiera hacer algo ante la desesperante situación para mí y mi familia”.
Alrededor de un mes después, el 11 de marzo, recibió la respuesta del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cinco párrafos con menciones normativas que le sonaron a chino. El director del Gabinete le comenta que “por indicación del presidente de Gobierno” le recomienda echar un vistazo a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, es decir, la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que contempla ayudas económicas para determinados colectivos de discapacitados físicos y psíquicos.
“Y me leí la ley entera, intentado buscar la relación entre la Ley de Dependencia y mi situación”, relata con hastío José María. “Mis hijos están perfectamente y mi mujer también”, achaca. Como aparecía un número de teléfono gratuito de información en la carta (900 40 60 80) no se lo pensó dos veces. Una teleoperadora le confirmó lo que ya intuía. “El servicio de atención a dependientes ayuda a enfermos”.
Al menos, esa vez, había alguien al otro lado del teléfono.
VICTORIA BUENO
“No tiene ningún sentido que sigan en los colegios, ni para estos chicos y chicas ni para los educadores tampoco”. El portavoz de los directores de Primaria de la provincia, Ginés Pérez, denuncia en nombre del colectivo al que representa que esta irregular situación afecta especialmente a la escolarización en los centros de l’Alacantí, donde faltan los recursos necesarios y la aulas de Educación Especial para integrarlos en institutos de Secundaria, a pesar de que existan psicopedagogos y educadores para la atención especializada de estos chicos. Sin embargo en áreas como la de Elche o la provincia de Valencia no sucede esto.
“El tramo de edad a partir de los 12 años corresponde a los institutos y no es de recibo que la única zona donde no se cumple esta premisa sea l’Alacantí”. La comarca cuenta con una treintena de aulas de Educación Especial para los niños que padecen alguna discapacidad en catorce colegios ordinarios -ocho en Alicante, cinco en San Vicente y uno en El Campello- y desde la Permanente de directores de Primaria estiman que hay una media de dos o tres chicos mayores de 12 años en cada uno de estos colegios, por lo que los afectados son más de 30 en la provincia.
Los acuerdos sobre las plantillas de educadores datan del año 1997 y aseguran los directores que no se ha ampliado el número de profesionales que atiende a los alumnos discapacitados a pesar de que estos últimos han ido progresivamente a más, como apunta el representante en el Consejo Escolar de Alicante, Jaime Quiñones.
La propia orden de 14 de marzo de 2005 de la Conselleria de Educación contempla la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros de Secundaria. Se refiere a aquellos con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales o que manifiestan graves trastornos de la personalidad o de conducta, y establece concretamente que “el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos”.
Pero para ello debía establecerse la correspondiente organización entre los colegios e institutos a los que están adscritos de forma que se garantice la continuidad de la enseñanza de estos alumnos, extremo que no se cumple en l’Alacantí como denuncian los directores.
El día a día de estos alumnos que ya han cumplido los 13 años y que incluso llegan a los 20 en algunos casos, mezclados con otros de 3 y 4 años en la misma aula de los colegios ordinarios, tampoco responde a la premisa de la citada regulación que establece que los alumnos de educación especial de Secundaria “deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo curso”. Por otra parte, entre el personal que debe figurar en estos centros se encuentra además del especialista en Pedagogía Terapéutica -único del que se ha dotado a los institutos- otro maestro de Educación Especial, Psicopedagogos y especialistas de Audición y Lenguaje, educadores y fisioterapeutas en función de las necesidades. Este último extremo se ha complicado este curso porque lo que se ha hecho ha sido recortar la disponibilidad de personal especialista de audición incluso en los centros ordinarios de Primaria, como ya publicó este diario.
La mujer critica que no es la primera vez que tiene problemas con la silla adaptada de su hijo.
D. I.
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EIVISSA | MARTA TORRES
La madre de un niño con discapacidad ha denunciado el mal servicio que ofrece la compañía Clickair a los pequeños que van en silla de ruedas. Carmen Escandell ha presentado una reclamación, pero asegura que no es la primera vez que tiene problemas cuando viaja con su hijo en esta aerolínea. Hace varios meses, la madre de otra niña que se mueve en silla de ruedas también criticó las dificultades que le suponía viajar con esta compañía.
Carmen Escandell explica que el lunes voló a Barcelona en el primer vuelo y que tanto al hacer la reserva como al sacar las tarjetas de embarque indicó que su hijo es discapacitado. Como en otras ocasiones, el niño estuvo en su silla especial hasta el mismo momento de subir al avión, cuando el personal la guardó en la bodega del aparato.
La mujer señala que los problemas comenzaron al aterrizar en Barcelona. «Nos vino a buscar un chico con una silla de ruedas, pero era para adultos, así que el niño no se podía montar, ya que no tiene fuerzas para sujetarse y se hubiera caído», indica. En ese momento, la denunciante afirma que pidió que le devolvieran su silla, que estaba marcada con una etiqueta especial, para poder dirigirse a las cintas de recogida de equipaje, a lo que se negaron. «Por suerte, viajaba con mi madre y entonces se montó ella en la silla de ruedas y se puso encima al niño», añade. La madre afirma que si no hubiera acudido acompañada no le habría quedado más remedio que cargar con el niño, de seis años, en brazos hasta que recogiera la silla. Carmen afirma que lo que no entiende es por qué a otra viajera sí se le entregó su silla de ruedas nada más aterrizar mientras que a ella se le negó esta posibilidad.
Sillas en la cinta
Carmen Escandell explica que al llegar a las cintas se encontró la silla adaptada de su hijo «tirada en el suelo», momento en el que le pidió explicaciones al chico que les había recogido al aterrizar en Barcelona. «Vale más de 3.000 euros y, si se pierde o alguien la roba pensando que es un cochecito de bebé normal, tardan más de dos meses en enviarla de nuevo desde Alemania», comenta. La mujer critica que el chico les abandonó en ese momento, sin esperar a que estuviera montada la silla. «Si no hubiera venido mi madre habría tenido que dejar al niño tumbado en el suelo mientras desplegaba la silla, como le pasó hace unos meses a otra madre», lamenta Carmen Escandell, que se confiesa «indignada».
Tras recoger la silla, señala que se dirigió a la ventanilla de atención al cliente para pedir una explicación de por qué no le habían entregado la silla en mano, como deberían haberlo hecho, ya que llevaba la etiqueta que la identifica como silla para discapacitados. «La chica me dijo que hiciera un cartel grande con rotulador rojo y que lo pegara a la silla», afirma.
«Esto sólo nos pasa con Clickair, porque con las otras compañías no tenemos problemas, nos devuelven las sillas a pie de pista o dejan que las llevemos en cabina y ya está», insiste Carmen Escandell, que asegura que esta misma situación la vivió ya el pasado 21 de enero, cuando también viajó con su hijo a Barcelona para acudir al médico.
Primer vuelo a las once
Esta madre ha criticado también que el primer vuelo Eivissa-Barcelona esté programado a las once de la mañana. «Tenemos que viajar a esta ciudad para ir al médico y que no haya vuelos antes de esa hora nos obliga, en muchas ocasiones, a pasar la noche allí, pagando el hotel», señala.
Nada menos que 5.000 euros de subvención le ha soltado la Conselleria de Infraestructuras que preside Mario Flores a Nuevas Generaciones del PP de Gandia para “fomentar el uso de la bicicleta para fines deportivos y turísticos”, según la resolución del director general de Transportes, Vicente Dómine, hecha pública ahora.
La tensión política de estos días salió ayer a relucir en la junta de portavoces. Joaquín Puig (PSPV) censuró al PP el “asesinato” de la Síndica de Greuges. “Matar, lo que es matar, mataba el GAL”, le soltó Rafael Maluenda (PP). Mònica Oltra (Compromís) le preguntó si al compararse con el GAL y Filesa, está admitiendo que la trama que investiga Garzón “es lo mismo”.