REPORTAJE: vida & artes
La Ley de Dependencia aparece como oportunidad frente a la despoblación.
Los servicios adaptados a los pueblos pueden generar empleos y modernidad.
CARMEN MORÁN 23/10/2009
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Una tercera parte de las personas en situación de dependencia vive en el medio rural. Los expertos calculan que entre ellos, que suman unos 400.000, y las personas que los cuidan, la Ley de Dependencia podría alcanzar de manera directa a más de un millón de habitantes de los pueblos. Al envejecimiento propio de la población rural hay que añadir factores como rentas más bajas, menor nivel formativo y una inferior accesibilidad a los servicios sociosanitarios. Y uno decisivo, la característica forma de vida del entorno agrario. Todo ello confiere peculiaridades que requieren un tratamiento especial para implantar esta ley. Trasladar sin más los usos y costumbres urbanos puede ocasionar trastornos que, en algunos casos, ya se están notando.
Para algunos ancianos ir a una residencia significa el desahucio.
"Las comunidades deben planificar ya infraestructuras", dicen en CC OO.
La idea más eficaz no es desplazar a las personas, sino los servicios.
Se necesita dinero y un plan técnico para reformar las viviendas.
Un experto recuerda la cantera de empleos que atesora la ley.
La simple ayuda a domicilio resulta muy corta a partir de cierta edad.
Aunque la sociedad española ha cambiado en su conjunto, ciertos modelos tradicionales perviven con más intensidad en los pueblos: la casa y la familia son ámbitos impermeables que pueden sentirse vulnerados ante cualquier intervención foránea. Los trabajadores sociales, la primera puerta a la que se llama para pedir una ayuda de las que concede la Ley de Dependencia, calculan que la inmensa mayoría de ancianos en los pueblos opta por solicitar la ayuda familiar, una prestación económica que se concede por cuidar a los mayores de la casa. "Las hijas siempre lo han hecho, así que ahora ven normal seguir haciéndolo, y más si les pagan por ello. Tampoco tienen muchas opciones porque los servicios en el campo prácticamente no existen, así que alrededor de un 90% pide la paguita", calcula Pilar Serrano, trabajadora social de Tauste, un pueblo aragonés de unos 7.000 habitantes con varias pedanías.
La ley considera esta prestación, sin embargo, como algo excepcional, porque el objetivo es que no se perpetúe el modelo de la mujer que no sale a trabajar o que abandona su empleo porque tiene que atender a los ancianos. Pero esa excepcionalidad quizá tenga que ser revisada en el ámbito rural. "La pensión de los abuelos es un gran soporte económico en los pueblos. Si a eso se suma otra ayuda económica y la preferencia de las familias por este modelo, quizá haya que dejarlo estar", explica Gustavo García Herrero, autor de un manual sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en los medios rurales. Pero inmediatamente advierte que "habrá que dotar de calidad esos empleos de cuidadores. ¿Cómo? Vinculando la ayuda a domicilio que prestan los profesionales con la formación y la supervisión. Que enseñen a los familiares cómo afrontar y cuidar, por ejemplo, un alzhéimer. Que reciban un dinero adecuado y apoyo emocional, que muchas veces es necesario. Además, la visita de estos profesionales debe servir también para supervisar esos cuidados, algo que aún no se está haciendo", añade.
Estas mujeres (lo son la inmensa mayoría) podrían después de cuidar a los suyos ejercer en alguno de los muchos empleos que pueden generarse en el área de la geriatría.
Los servicios, residencias de ancianos, centros de día, muy escasos hace unos años se han ido extendiendo, pero los pueblos presentan a veces condiciones insalvables para acceder a ellos. Puede que haya un autobús para trasladarse al pueblo de al lado, pero a veces se trata de zonas muy aisladas, un viaje lleno de curvas, el frío del invierno, el mareo del transporte. No es de extrañar que la gente prefiera quedarse en sus casas. "La idea más eficaz para estos pueblos es desplazar servicios, no personas: comida a domicilio, que ya se hace algunos sitios, fisioterapia, rehabilitación o lavandería, lo que se precise", prosigue García Herrero. Montar empresas así puede contribuir a crear empleo y frenar la sangría de población que están sufriendo los pueblos.
"Lo deseable es que la inyección económica que recibirán los pueblos por el fondo local en 2010 encuentre a las comunidades autónomas con un buen plan de infraestructuras desarrollado, porque la inercia es dejarlo todo a la iniciativa privada. Y no, los ayuntamientos y las comunidades también deben planificar los servicios que se precisan, sin olvidar las peculiaridades del mundo rural", dice Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social en CC OO.
En los núcleos rurales más pequeños se ha ido perdiendo el miedo a las residencias de ancianos, desterrando la idea de que son un recurso típico de la beneficencia que conocieron los mayores. Muchos ya acuden a ellas por su propio pie. Pero no es difícil escuchar frases como esta: "Con lo que ha hecho esa madre y ahora la llevan a una residencia", o "a mí mis hijos no me van a llevar", relata Pilar Serrano, de Tauste.
Por eso, cuando llega la hora de ir a una residencia hay quien lo ve todavía como un desahucio. Incluso los hijos pueden sentirse molestos y criticados por consentir que sus padres residan en un geriátrico. Por tanto, opina García Herrero, quizá la opción de los cuidados en casa no es la peor de las ideas en el terreno rural. Este experto, que pertenece a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales, recuerda el enorme fiasco que supuso, en los ochenta, la llegada de la ayuda a domicilio a los pueblos, un modelo urbano que se exportó sin una adaptación. "Rompimos la forma de vida de los ancianos, su autoestima, y les metimos en conflictos familiares. Con aquel servicio de ayuda a las tareas domésticas quisimos prevenir internamientos en las residencias y conseguimos lo contrario. Muchos acabaron saliendo de sus casas para ir a vivir con los hijos a la ciudad o ingresando en residencias", dice García Herrero.
De nuevo, pesó el "concepto casa", como un espacio invulnerable. "Que entrara alguien extraño allí y encima gratis, les recordaba a la beneficencia. Si además los hijos presionaban para que se fueran con ellos en lugar de aceptar esas ayudas, pues… la operación, un éxito; el entierro, muy concurrido, que decía un cirujano", bromea García Herrero.
La casa. Los más antiguos conceden a la casa un valor supremo y se aferran a ella aunque se les venga encima. Y eso ocurre con las, en ocasiones, enormes casonas de los pueblos. "Son grandes, antieconómicas y disfuncionales. Los gobiernos deben hacer planes integrales para adaptar esos espacios llegada la vejez. Con apoyo económico y asistencia técnica", sostiene García Herrero. Que lo que fueron tres pisos y una bodega sea una planta baja con todo lo necesario y nada más; la bañera, a ras del suelo, sustituir la lumbre por la calefacción y el gas butano por la cocina vitrocerámica, algo que muchas familias vienen haciendo ya hace tiempo sin ayuda económica ni técnica.
Gonzalo Saborido, trabajador social en Muxía (A Coruña) recuerda el caso de una anciana que vivía en una casa sin tejado, con los rigores invernales de la Costa da Morte y con la compañía de un hijo con problemas de alcoholismo. "No quería dejar la casa, yo le hice muchas visitas, traté de convencerla de que estaría mejor en una residencia, pero nada. Un día se quemó la espalda con la lumbre y esta vez el juez accedió a su internamiento forzoso. Está muy bien allí, pero todavía me echa la culpa y sigue echando de menos su casa", relata.
Saborido cree que la resistencia al geriátrico no puede despacharse acudiendo a la idea de la cerrazón cultural: "Es su forma de vida, quieren morir así. ¿Es eso peor que estar en un mundo que para ellos es de plástico?"
Todas esas ayudas técnicas para reformar la vivienda y buenos servicios a domicilio pueden mantenerlos vivos y en su ambiente. De esta idea parte también otra de las propuestas de García Herrero, lo que él denomina Parques Comarcales de Ayudas Técnicas. "Se trataría de empresas de inserción ubicadas en las cabeceras de comarca, por ejemplo, donde se pueda vender, alquilar, instalar y reparar, todos aquellos objetos o herramientas que ayuden al cuidado de las personas dependientes: grúas para moverlos en la cama, andadores, sillas de ruedas". Y no pasa por alto, de nuevo, la cantera de empleos que eso supondría para familias que quieran vivir en los pueblos.
Pero hay momentos en que la situación se torna complicada y la ayuda en casa ya no es apropiada. Llegado ese tiempo, hay que recurrir a los servicios. Pero para que tengan el éxito suficiente tendrá que entrar en juego el efecto demostración, el boca a boca. Serán necesarias campañas de información, que conozcan el centro de que se trate. Porque a veces ya no hay familiares a los que recurrir, los vecinos ya no están y la soledad se espesa en los pueblos. "Van a las residencias cuando ya no queda otro remedio, incluso más tarde de lo que debían, porque, no estando ya en condiciones de viajar, hay ancianos se trasladan de la casa de un hijo a la del otro, incluso en regiones distintas cada mes. Eso es una locura", dice Esther García, trabajadora social de la Sierra de Albacete.
En los documentos de trabajo que negocian Gobierno y comunidades se pone de manifiesto que, en ocasiones, pesa más la decisión de las familias, aunque equivocada, o interesada, que la del propio dependiente. Y se pide que los trabajadores sociales que valoren cada situación hagan valer su criterio. Si lo que se necesita es una residencia, habrán de recetar eso. Si es que hay residencias, claro. Aunque el Gobierno insiste en que el ciudadano debe elegir la ayuda que quiera.
Sea como fuere, ir tapando necesidades con simple ayuda a domicilio actual está ahogando a los ayuntamientos, que son quienes se encargan de ella con un pírrico presupuesto.
