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La mujer critica que no es la primera vez que tiene problemas con la silla adaptada de su hijo.
D. I.
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EIVISSA | MARTA TORRES
La madre de un niño con discapacidad ha denunciado el mal servicio que ofrece la compañía Clickair a los pequeños que van en silla de ruedas. Carmen Escandell ha presentado una reclamación, pero asegura que no es la primera vez que tiene problemas cuando viaja con su hijo en esta aerolínea. Hace varios meses, la madre de otra niña que se mueve en silla de ruedas también criticó las dificultades que le suponía viajar con esta compañía.
Carmen Escandell explica que el lunes voló a Barcelona en el primer vuelo y que tanto al hacer la reserva como al sacar las tarjetas de embarque indicó que su hijo es discapacitado. Como en otras ocasiones, el niño estuvo en su silla especial hasta el mismo momento de subir al avión, cuando el personal la guardó en la bodega del aparato.
La mujer señala que los problemas comenzaron al aterrizar en Barcelona. «Nos vino a buscar un chico con una silla de ruedas, pero era para adultos, así que el niño no se podía montar, ya que no tiene fuerzas para sujetarse y se hubiera caído», indica. En ese momento, la denunciante afirma que pidió que le devolvieran su silla, que estaba marcada con una etiqueta especial, para poder dirigirse a las cintas de recogida de equipaje, a lo que se negaron. «Por suerte, viajaba con mi madre y entonces se montó ella en la silla de ruedas y se puso encima al niño», añade. La madre afirma que si no hubiera acudido acompañada no le habría quedado más remedio que cargar con el niño, de seis años, en brazos hasta que recogiera la silla. Carmen afirma que lo que no entiende es por qué a otra viajera sí se le entregó su silla de ruedas nada más aterrizar mientras que a ella se le negó esta posibilidad.
Sillas en la cinta
Carmen Escandell explica que al llegar a las cintas se encontró la silla adaptada de su hijo «tirada en el suelo», momento en el que le pidió explicaciones al chico que les había recogido al aterrizar en Barcelona. «Vale más de 3.000 euros y, si se pierde o alguien la roba pensando que es un cochecito de bebé normal, tardan más de dos meses en enviarla de nuevo desde Alemania», comenta. La mujer critica que el chico les abandonó en ese momento, sin esperar a que estuviera montada la silla. «Si no hubiera venido mi madre habría tenido que dejar al niño tumbado en el suelo mientras desplegaba la silla, como le pasó hace unos meses a otra madre», lamenta Carmen Escandell, que se confiesa «indignada».
Tras recoger la silla, señala que se dirigió a la ventanilla de atención al cliente para pedir una explicación de por qué no le habían entregado la silla en mano, como deberían haberlo hecho, ya que llevaba la etiqueta que la identifica como silla para discapacitados. «La chica me dijo que hiciera un cartel grande con rotulador rojo y que lo pegara a la silla», afirma.
«Esto sólo nos pasa con Clickair, porque con las otras compañías no tenemos problemas, nos devuelven las sillas a pie de pista o dejan que las llevemos en cabina y ya está», insiste Carmen Escandell, que asegura que esta misma situación la vivió ya el pasado 21 de enero, cuando también viajó con su hijo a Barcelona para acudir al médico.
Primer vuelo a las once
Esta madre ha criticado también que el primer vuelo Eivissa-Barcelona esté programado a las once de la mañana. «Tenemos que viajar a esta ciudad para ir al médico y que no haya vuelos antes de esa hora nos obliga, en muchas ocasiones, a pasar la noche allí, pagando el hotel», señala.
Nada menos que 5.000 euros de subvención le ha soltado la Conselleria de Infraestructuras que preside Mario Flores a Nuevas Generaciones del PP de Gandia para “fomentar el uso de la bicicleta para fines deportivos y turísticos”, según la resolución del director general de Transportes, Vicente Dómine, hecha pública ahora.
La tensión política de estos días salió ayer a relucir en la junta de portavoces. Joaquín Puig (PSPV) censuró al PP el “asesinato” de la Síndica de Greuges. “Matar, lo que es matar, mataba el GAL”, le soltó Rafael Maluenda (PP). Mònica Oltra (Compromís) le preguntó si al compararse con el GAL y Filesa, está admitiendo que la trama que investiga Garzón “es lo mismo”.
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Ricardo Quesada exige para su hijo enfermo las cinco horas semanales de clase en el colegio privado concertado en el que está matriculado de forma cautelar. Según señala el progenitor, el pequeño enferma desde el otoño hasta bien entrada la primavera, lo que le impide asistir regularmente al colegio.
El pequeño Richard no ha vivido precisamente en un camino de rosas. El niño, con síndrome de Down, se pasó sus primeros años de vida de un hospital a otro con varias visitas a la unidad de cuidados intensivos. “Los médicos no creían que fuera a salir”, recuerda su padre. Padece una enfermedad cardíaca de nacimiento y ahora, a causa de una fibrosis, sólo tiene en funcionamiento el pulmón izquierdo.
A media mañana del lunes, este hombre de nacionalidad mexicana y origen gallego (su abuelo paterno era de una aldea de Ourense) aparcó su coche en Campanar. En el maletero del vehículo tenía un alijo de bebidas isotónicas y agua, así como mantas, un saco de dormir e incluso una tienda de campaña. Ricardo prometía no moverse de allí hasta que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, le reciba en persona y se comprometa a que su retoño reciba las dieciocho horas de clases domiciliarias que se le adjudicaron a principio de curso.
Es un capítulo más de una historia con versiones contrapuestas. Ricardo Quesada y su esposa, María del Carmen Calvo Escutia, acusan al colegio Santa Ana de poner trabas para que se lleven al pequeño Richard a un centro de educación especial. Fuentes de la institución educativa señalan que están cumpliendo la legalidad y afirmaron que el matrimonio les acusa con acudir a los juzgados “cada vez que uno de los dictámenes no se ajusta a sus intereses”.
La Consellería de Educación de la Generalitat, por su parte, dictará hoy una resolución definitiva sobre la atención domiciliaria de Richard. En relación con las medidas reivindicativas adoptadas por la familia, fuentes del departamento autonómico rehusaron valorar “unas circunstancias personales y familiares” que se dan en este caso. Desde este organismo precisaron que la atención domiciliaria prestada “va destinada a apoyo pedagógico para el alumno”.
http://www.prnoticias.es/content/view/10027425/227/
Jesús García
www.minusval2000.com
La Guía de Ocio y Tiempo Libre
más visitada de la Red.
Just like anyone (Como cualquier otra persona), el documental creado y dirigido por Alonso F. Mayo, que cuenta la historia de 5 estudiantes con habilidades diferentes y sus familias del Centro Ann Sullivan del Perú-CASP, está ahora disponible en línea en su totalidad.
El documental explora el difícil proceso por el que cada familia pasa para aprender a apreciar las habilidades de sus hijos con autismo, síndrome de Down y retraso en el desarrollo, en vez de centrarse en lo que no pueden hacer, y luego en cooperación con CASP para ayudarles a convertirse en miembros independientes y productivos de la sociedad con las habilidades que ellos han reforzado a través de su educación.
Por favor visite el sitio web del documental en:
http://www.justlikeanyone.com/El documental está divido en 6 escenas, y usted tiene la opción de hacer clic en cada una de ellas en la sección “view the film” para verlos en el mismo sitio a través de un reproductor de videos incrustados de alta calidad de You Tube, o en una versión de menor calidad si usted tiene una conexión a Internet más lenta.
Puesto que deseamos hacer documentales similares en el futuro, apreciaríamos que nos dé su opinión sobre éste.
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Liliana
Liliana Mayo O., Ph. D.
Fundadora & Directora General
Centro Ann Sullivan del Perú- CASP
Calle Petronila Alvarez 180
Urb. Pando V Etapa
San Miguel ˆ Lima ˆ Perú
Telf.: 263 6296 ˆ 263 4880 (extensión 103)
Fax: 263 1237
E-Mail: lilimayo@ku.edu
Web: http://www.annsullivanperu.org/
Alicante.- La Comunidad Valenciana es, en proporción al censo poblacional, la segunda comunidad autónoma española que menos solicitudes tiene registradas para adquirir las prestaciones de la Ley de Dependencia, sólo por detrás de Madrid.
Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la secretaria federal del PSOE de Bienestar Social, Marisol Pérez, quien ha estado acompañada por la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, y la vicesecretaria por Alicante, Maryléne Albentosa.
Pérez ha comentado que, según los datos del IMSERSO -a 1 de febrero de 2009-, la Comunidad Valenciana tienen registradas 36.852 solicitudes para prestaciones de la Ley de Dependencia, una cifra que debe ser analizada teniendo en cuenta, según ha añadido, que esta comunidad autónoma tiene más de cinco millones de habitantes.
“Este porcentaje representa sólo el 0,73 por ciento de la población total de la Comunitat”, ha añadido.
Por ello, Pérez se ha preguntado “qué es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana” pues, según su opinión, “resulta difícil explicar que Castilla La Mancha, con dos millones de habitantes, albergue más de 47.000 solicitudes de este servicio”.
En el marco del sistema para la atención a la Dependencia, según establece la legislación, le corresponde a las comunidades autónomas “planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia”.
“¿Qué es lo que está pasando?”, ha preguntado nuevamente la dirigente socialista, quien, además, ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “utiliza a los ciudadanos con la Ley de Dependencia”.
La responsable socialista, quien ha recordado que el Colegio de Abogados de Alicante ha puesto en marcha un turno de oficio para ayudar a las personas con dependencia a que se les reconozca ese derecho, ha considerado que la situación actual de la Comunitat Valenciana “es un desastre”.
“Esta comunidad es la única que ha hecho la barbaridad de poner en marcha el silencio negativo cuando a un ciudadano dependiente que presenta su solicitud no se le valora y no se le contesta”, ha señalado.
Además, ha explicado que el Fondo Extraordinario de este año para la Ley de Dependencia es de 1.200 millones de euros, lo que representa un 33 por ciento más que el año pasado.
“A este dinero hay que sumarle 400 millones que van directamente a las comunidades autónomas, de los cuales 36 millones de euros van dirigidos a la Comunitat Valenciana”, ha agregado.
Pérez ha comentado que la Generalitat ha presentado 233 proyectos que “son pagados íntegramente por el Gobierno central”, por lo que, ha cuestionado dónde esta la financiación de la Generalitat, lo que ésta tenía que aportar y qué está haciendo con el dinero del Gobierno de España.
Fuente: SOITU
Protesta.
Los padres, en el centro,
junto a varios familiares, ayer, ante la
Conselleria de Educación.
manuel molines
V. Contreras/E. Press, Llíria/Valencia
Tal como recordó ayer la conselleria de Educación, fue el colegio del niño -el Santa Ana- el que interpuso el recurso de alzada que ha motivado la suspensión cautelar contra la que protesta la familia. También adelantaron las mismas fuentes que mañana miércoles la conselleria dictará “a través de la Secretaría Autonómica una resolución definitiva sobre la atención domiciliaria del alumno”.
Mientras esto ocurre, Ricardo Quesada permanecerá acampado ante las puertas de la conselleria de Educación en una huelga de hambre “por una educación digna” que comenzó ayer a las 11 de la mañana acompañado por su esposa Mari Carmen.
Ricardo aseguró que el colegio católico y concertado al que acude su hijo está poniendo “trabas” en su escolarización porque “no quieren a niños con minusvalía”. Por ello, señaló que la dirección del centro escolar recurrió las 18 horas que tiene asignadas el menor y las redujo a 15 horas por semana “como medida cautelar”.
El padre aseguró que el Santa Ana pretende mermar la educación de su hijo y así acreditar una evaluación negativa del niño, que tendría que abandonar este centro concertado e ir a un colegio de educación especial en Cheste.
Aunque ayer la conselleria no quiso adelantar si la resolución definitiva apoyará la postura de los padres (18 horas semanales) o la del colegio (15 horas), sí que destacó en un comunicado que Richard “recibe desde inicio de curso más horas de clase a domicilio de lo que establece la norma”. “Mediante Resolución de 29 de octubre de 2008, se autorizaron 15 horas semanales de atención domiciliaria para el mencionado alumno. Cabe recordar que esta atención domiciliaria va destinada a apoyo pedagógico para el alumno, no se trata de una atención asistencial como parece entender la familia”. Educación no menciona que ocho días después de aquella resolución público otra que modifica los criterios de la anterior y amplía el número de horas a 18.
Respecto a la huelga de hambre, la conselleria subrayó que “se evidencia que en este caso se dan unas circunstancias personales y familiares que la Conselleria no entra a valorar”.
Diversidad funcional y derechos humanos
Isabel Lodeiro Vales
Conviene que analicemos más detenidamente estos datos pues si en España hay un gran número de personas con diversidad funcional en edad de trabajar y tan sólo lo hacen un 20% eso quiere decir que del número total de parados en España, que ronda sobre 2.200.000 cuando menos la mitad de estas personas presentan algún tipo de diversidad funcional o bien las cifras de parados no recogen todas las realidades existentes, una realidad que parece que desconocen nuestros políticos porque, por ejemplo, es muy fácil prometer el pleno empleo pero, ¿qué medidas en concreto van a adoptar hacia este colectivo?, y no debemos olvidarnos de otro colectivo dentro de este que es el que presenta las mayores dificultades de integración laboral, esto es, las personas con alguna enfermedad mental, ¿Qué medidas van a tomar? ¿Tendrán en cuenta la opinión de los expertos cuando dicen que lo que precisa este subgrupo es “un trabajo a la carta”? La verdad lo dudo mucho en esta era de competitividad extrema y recortes de derechos.
Llegados a este punto es hora de preguntarnos si cuando nos dicen que la economía crece y crece, ¿para quién crece realmente? Para este colectivo desde luego que no, así como tampoco para los ancianos que muchas veces presentan serias dificultades a la hora de llegar a fin de mes, las mismas por cierto, que presentan las personas con diversidad funcional que trabajan que suelen tener dificultades en llegar a fin de mes pues muchas veces tan sólo trabajan a media jornada. Es por ello que cuando se habla en España de la pobreza debemos de hacer un análisis serio de lo que representa porque se tiende a dar unos datos y no decir nada más, o decir que crecen las desigualdades entre la clase media y la alta, ¿y la baja? ¿Quién habla de ellos?
Quizás es espinoso hablar de este tema en referencia a la diversidad funcional pues yo considero que los poderes públicos no están haciendo lo suficiente por suprimirla porque que yo sepa el Estado, en primer lugar, tiene que estar en las situaciones más vulnerables, en las que más lo exigen, y esta es una de ellas, lo es ahora y lo va a seguir siendo en tanto la diversidad funcional no se puede prevenir, sin embargo parece que no se está tomando nota por parte de ningún estamento de esta situación de injusticia y de violación de derechos civiles porque como sabemos nuestra Carta Magna dice, entre otras cosas, en el artículo 40 que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo, así como también el artículo 35 dice que todos tienen el derecho al trabajo. Creo que queda mucho por hacer para que este derecho sea una realidad para este colectivo, así como para otros y, mientras tanto soportarán situaciones angustiosas al verse abocados al paro con lo que esto significa como muy bien lo expresa A. Giddens, es decir, el trabajo nos da una retribución económica pero también una estructura temporal de la vida así como también favorece los contactos sociales y absorbe energías. Creo que todos hemos visto la película “Los lunes al sol” y podemos imaginar la angustia de quién se encuentra en el paro durante meses, años, etc. Finalmente se podría decir que dentro del movimiento feminista se suele hablar de los conceptos de barreras verticales y horizontales algo que también se puede aplicar a este colectivo sin importar el género sin embargo, creo que también se debe de hablar de otro tipo de barreras que se podrían denominar “barreras de acceso al empleo” y éstas son sobre las que hay que trabajar en primer lugar.
Continuando también nos dice la Constitución en su artículo 27 que todos tienen el derecho a la educación, y, sin embargo, aquí nos encontramos con que tan sólo un 3,6% tiene estudios universitarios, frente al 40% de la población en general, ¿por qué unos si alcanzan los estudios superiores y otros no? ¿se están dando todas las ayudas que precisan?, mas bien creo que no como se pone de manifiesto en una noticia de el país del mes de enero, además hay que tener en cuenta que está es una de las principales vías a la hora de encontrar trabajo.
También es necesario analizar el derecho a una vivienda, artículo 47, que dudo de su acceso por parte de este colectivo pues si mucho de ellos están en el paro o bien cobran pensiones no contributivas que rondan los 300 euros, ¿alguien me puede decir como van a hacer frente a una hipotética o a un alquiler?
Sin embargo aquí nos encontramos con que el único debate que tiene lugar hacia este colectivo es el de la denominada ley de dependencia y autonomía personal, que lo centra entorno a que lo único que precisa este colectivo son unos cuidados, cuando no es así ni de lejos -ciertas personas pueden precisarlos pero no todas- pues yo defiendo la tesis de que las personas que sí puedan trabajar se les de un trabajo digno y un sueldo digno que cubra todas sus necesidades, incluidas las de asistencia personal, y que de una vez no tengamos un único debate que, sostengo, nos hace creer que estas personas son dependientes y que el estado va a velar por ellos dándoles estas ayudas -por cierto ésta es también una representación de gran parte de la sociedad de cara a ofrecer caridad cuando también deberían contribuir al cumplimiento de nuestros derecho. Yo no quiero un estado paternalista y sí un estado que haga cumplir y velar por mis derechos más allá de mi diversidad funcional y especialmente al tenerla.
Entre tanto esto no se cumpla, quizás suene a utópico pero yo lo veo así, quizás tengamos que recordar a Thoreau y su “Desobediencia civil” cuando dijo aquello de que el mejor estado es el que menos gobierna o el que no gobierna en absoluto, creo que estaba en lo cierto pues este estado gobierna y gobierna pero, para quién, pues en este punto, y ya para terminar, conviene citar a Francisco Fernández del Buey cuando nos habla del analfabetismo político de gran parte de la población lo cual dificulta la representación de ciertas clases o grupos yo creo que este es parte del problema la escasa representación política de este colectivo, pues, ¿a cuántas personas con diversidad funcional conocemos ejerciendo la política? Creo que la respuesta se puede contar con los dedos de una mano por lo cual es urgente que el resto de la sociedad tome conciencia de este problema de cara a ir solventándolo o minimizándolo.

Isabel Lodeiro Vales, Lalín 1972
Estudios de enfermería y de biblioteconomía y documentación. Colaboradora de la revista Atenea del Ateneo de Ferrol. Colaboradora de la revista Andaina. Miembro del Foro de Vida Independiente. Imparte diferentes charlas sobre la diversidad funcional psíquica.

La Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido, con fecha 29 de enero de 2009, el certificado de accesibilidad registrada y el derecho de uso de marca AENOR de accesibilidad registrada, conforme a la norma UNE 170001-2:2007: “Accesibilidad universal, parte 2: sistema de gestión de la accesibilidad”, en dos servicios generales muy utilizados y solicitados por el alumnado: la Biblioteca Central y el Servicio Integrado de Empleo (SIE).
Este es el resultado del trabajo que la UPV, a través del Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Cooperación, realiza desde noviembre de 2005, cuando elaboró el Plan especial de actuación en materia de accesibilidad integral de la Universidad Politécnica de Valencia (Estudio/diagnóstico de accesibilidad integral en la UPV, con una evaluación pormenorizada de todos los edificios y viales de los cuatro campus que componen la Universidad).
Este proyecto se inició con la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de las Personas con Discapacidad y la Universidad Politécnica de Valencia, con la colaboración financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Después de acometer las acciones correctoras pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas en los dos servicios, AENOR realizó una auditoria el 24 de julio de 2008 y, tras su informe, la UPV redactó un Informe técnico sobre eliminación de barreras arquitectónicas, que analizaba las deficiencias expuestas por AENOR y daba solución a cada una de ellas.
Con el fin de realizar el seguimiento de las obras/acciones necesarias para acometer las no conformidades, se creó un grupo de trabajo que, coordinado por el Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Cooperación, ha estado compuesto por miembros de los diferentes servicios involucrados: Evaluación, Planificación y Calidad; Infraestructura; Mantenimiento; Asuntos Generales; Oficina de Señalética; ASIC; Biblioteca Central; Servicio Integrado de Empleo y Fundación CEDAT.
Entre otras muchas mejoras, se adquiere un servicio adaptado de ordenador y de software para personas con discapacidad en la Biblioteca Central.