La monarquía valencia se gobernaba por las leyes tradicionales, los llamados Furs (fueros), los cuales eran promulgados en las Cortes y jurados por todos los reyes que subieran al trono. Dado esto, las relaciones entre el rey y los valencianos estaban concebidas a modo de contrato ya que a cambio de respetar sus libertades el rey exigía lealtad a sus súbditos. Dentro de este ámbito, y para defender esta relación bidireccional la ciudad de Valencia contaba con las instituciones representativas de los nobles, el clero y los ciudadanos.

Sin embargo, a principios del siglo XVII los reyes comenzaron a legislar por decreto, haciendo caso omiso al mecanismo tradicional de las cortes. Se incrementó el volumen de legislación con la correspondiente pérdida de autonomía valenciana y el incremento de la intervención de la Corona, algo que las Cortes consideraban que era necesario combatir.  Sin embargo, la enorme cantidad de peticiones que las Cortes le hacían llegar daba lugar a que fuera muy difícil para el monarca dar respuestas concluyentes en el momento de la clausura formal de las Cortes. Esto suponía que el rey disponía del importe de los subsidios y se reservaba el derecho de poder declinar las peticiones de cuya aceptación había dependido que el subsidio fuese concedido.

Así pues, en el peligro de que las Cortes se convirtieran en un elemento de obtención de capital era algo latente por lo que en el s XVII la monarquía perfeccionó su técnica para conseguir votos por medio de la atemorización o la concesión de favores.