La expulsión de los moriscos. Efectos económicos

La expulsión de los moriscos, hecho de enorme importancia en la Historia de nuestro país, se tomó ya en el Consejo de Estado de 1602, pero quedó aplazada hasta enero de 1608, cuando se decide definitivamente llevarla a cabo empezando por los moriscos de Valencia.

En vísperas de la expulsión, la sociedad morisca está compuesta por: una gran masa de campesinos con poca tierra, en parcelas muy reducidas, jornaleros a tiempo parcial o, artesanos y arrieros subempleados (cabe destacar que condiciones económicas bastante precarias); sin embargo al mismo tiempo existen también otros sectores  de posición más o menos acomodada, con una propiedad  de pequeño o mediano tamaño, e incluso se podría mencionar  una capa social minoritaria de mayor poder económico, con una actividad mercantil importante (arrendamientos, compraventas, préstamo…), siendo su fuente fundamental de ingresos. Sus patrimonios  corresponderían a una pequeña burguesía de campesinos y comerciantes acomodados que asume el liderazgo político (y con frecuencia el religioso) de la comunidad morisca.

La expulsión se llevó a cabo en 1609, perdiendo un tercio de la población del Reino.

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La expulsión  implicó la desaparición  de dos grupos sociales importantes: uno empobrecido y en vías de proletarización, que tenía que recurrir cada vez más al trabajo como jornalero o a actividades marginales que le permitiesen sobrevivir; y otro de una clase media rural de propietarios de tierra, comerciantes, arrendatarios de diezmos, regalías o señoríos etc. lo cual contribuyó a extender la propiedad de la nobleza en los señoríos abandonados (a costa de los alodios moriscos).

La expulsión de esta sociedad supuso que  muchas localidades vieran reducidos sus efectivos humanos  a causa de que muchos de sus habitantes  debieron acudir a repoblar otros lugares abandonados -en 1620 se afirmaba que en la ciudad de Valencia había 1200 casas vacías desde la expulsión-.

La repoblación en gran parte cristaliza en  la extensión de la enfiteusis con jornaleros o pequeños propietarios cristianos y con algunos artesanos que se iniciarán como agricultores, debiendo abandonar su anterior residencia y “avasallarse” en el nuevo lugar. Además se produjo una disminución de la mano de obra y consecuentemente un aumento de los salarios.

Además se puede observar también: reducción del consumo de manufacturas (ante la ruina de nobles y censalistas); descenso de la recaudación de impuestos municipales al disminuir los intercambios comerciales; la escasa pericia como agricultores de muchos repobladores…

Sin embargo se puede señalar también algunos aspectos algo más positivos. La expulsión permite una redistribución más racional y equilibrada de la población en atención a las posibilidades agrícolas, en particular en zonas de media montaña. Posibilita el reagrupamiento de las antiguas pequeñas parcelas en otras de mayor tamaño, lo que podría redundar en un aumento de la productividad.

Y es ese mismo trasiego de tierras que prosiguió a la expulsión, el que ayudó a potenciar los patrimonios inmobiliarios de los sectores sociales solventes. Campesinos y artesanos ricos, profesionales de todo tipo y miembros de la pequeña nobleza serán los compradores de tierras de moriscos en lugares de realengo.

Eduardo Álvarez de Toledo y la crisis de mediados de siglo

Tras las cortes de 1645, don Eduardo Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, fue nombrado virrey de Valencia. El primer problema que tuvo que abordar fue la recuperación económica de la ciudad de Valencia. Desde sus primeros meses, el virrey se interesará por esta cuestión, convocando numerosas juntas para valorar el alcance de la crisis y tratar de poner remedio.  Entre las soluciones propuestas se encontraba la recuperación de algunas sumas adeudadas. Sin embargo  la crisis que afectaba a la ciudad era más compleja  y su resolución pasaba inmediatamente por la desarticulación de las facciones oligárquicas que controlaban el municipio y cuyos máximos dirigentes eran en ese momento Guillem Ramón de Anglesola y Joan Sabata. Responsables en buena medida de la corrupción que padecía la capital valenciana.

En este contexto, el virrey escudándose en el lamentable estado de las finanzas, propuso al rey la revocación del privilegio insaculatorio que gozaba Valencia desde el 1633, intentando así limitar el acceso a los puestos de gobierno a los miembros de las oligarquías enfrentadas. Así se hizo, pero esto provocaría una fuerte oposición, especialmente la de aquellos que se veían afectados por la suspensión del privilegio. Vista la situación, el Consell cambiaría de opinión y decidiría no apoyar la medida solicitando al rey la inmediata restitución del privilegio.

El virrey tuvo que convocar un gabinete de crisis y la situación durante los meses siguientes se hizo insostenible. El virrey acabará enviando a Felipe IV un memorial describiendo los alterados ánimos de los valencianos y proponiendo, como único remedio para establecer la paz pública, que se otorgara de nuevo la insaculación. Aunque también contemplará la posibilidad de proceder posteriormente contra los principales responsables de ese clima tempestuoso.

La irrupción de la peste sin embargo, aplazó la resolución de esta crisis general.

El Comercio

De la red de caminos valenciana no se sabe mucho. La ruta más importante del Reino seguía siendo la que unía a Madrid con Valencia por Albacete -mejorada en tiempos de Carlos III y Carlos IV- y que se bifurcaba sobrepasada Almansa hacia Valencia y Alicante a través del Valle del Vinalopó. El resto de los caminos eran deficientes y en su mayoría de herradura, inadaptados a la difícil orografía.

Los intereses marítimos de la ciudad de Valencia chocaron siempre con la geografía, ya que suponían una serie de deficiencias en el Grao ya que se abría a los vientos de levante, con aterramientos por su proximidad a la desembocadura del río y una costa baja y arenosa.  En el siglo XVI existía un rudimentario embarcadero, deteriorado con frecuencia e inservible la mayoría de veces. Desde finales del siglo XVII se sucedieron en consecuencia las propuestas de mejora, como por ejemplo hacer navegable el Turia desde su desembocadura hasta la ciudad, y construir en ella los muelles; desviar el cauce del Turia para evitar los aterramientos; y construir un puerto en Culera utilizando la Albufera como canal de navegación.

Alicante era por lo tanto el puerto principal del Reino, ya que las características de su puerto, abrigado, con buenos accesos y de considerable amplitud eran una excepción entre la mediocridad portuaria valenciana, limitada por una costa en la que a los acantilados se suceden playas abiertas y de escaso fondo.

Hay que destacar que en el siglo XVI se dio una fuerte expansión del comercio. Aunque esta situación de auge comercial se vio interrumpida bruscamente en el 1605 ya que se inició un fuerte descenso en el número de embarcaciones llegadas al Grao. Sin embargo hacia 1635 la coyuntura negativa comenzó a mejorar gracias a las relaciones comerciales entre Valencia y los puertos franceses, entre los que destacaba Marsella.

En las dos últimas décadas del siglo XVII se detectan ya  señales de vitalidad: aumento del tráfico, solicitud de puerto franco para Valencia en 1679, y la creación en 1692 de la Junta de Comercio con la intención de canalizar la favorable situación de la economía valenciana en las directrices mercantiles de la monarquía de Carlos II.

La tímida política mercantilista ensayada en los últimos años del XVII tenía escasas posibilidades de prosperar en Valencia ya que era una ciudad necesitada de la importación de cereales para su consumo y que, con elevadas entradas de pescado salado y géneros manufacturados, solo podía corresponder mediante la exportación de frutos secos, sal, vino, sosa y, sobre todo, seda en crudo.

A pesar de todo los estudios sobre el comercio valenciano en el siglo XVIII son, aun hoy insuficientes por lo que puede ser esta una línea de investigación interesante.

La Taula de canvis y la Hacienda

La Ciudad realizaba toda su actividad económica a través de un organismo que propio: la Taula de canvis o Banco Municipal, y de una administración hacendística dividida en tres claverías, dos de las cuales están dedicadas al  censal: la Clavería dels Censals, que pagaba las pensiones, es decir, el interés o for que generaba la deuda, y la del Quintament, destinada a amortizar dicha deuda. La tercera Clavería, llamada Comuna, recoge todos los demás gastos, y se desdobla a partir de 1555, dedicándose la Clavería de Avituallament, esencialmente a ese menester, pero sin dejar de pertenecer a la primera.

El sistema hacendístico es en realidad muy simple: los ingresos y gastos regulados en los Capítols de Quitament y repartido entre las tres claverías y las dos administraciones se realizaban por medio de la Taula. Las cantidades consignadas a estos, lo eran por ese conducto, con lo que no podían disponer directamente de las mismas ni organizar una mínima racionalización económica (tarea que, por otro lado, no era de su competencia). Era, por tanto  en la Taula donde coincidían todos los ingresos de la Ciudad, y en la Taula “entraba” el Clavari del Comú para atender todos los pagos que ordenaban los Jurados.

El dinero de la Taula permitiría hacer frente a necesidades inmediatas, hasta que la constitución de censos traiga dinero efectivo.

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Crisis financiera en el siglo XVII

La crisis que vivió la ciudad de Valencia fue fundamentalmente de carácter estructural, a causa del frágil sistema hacendístico e impositivo del que estaba dotada. No poder atender a sus gastos con sus propios recursos, la hipotecaba y la hacía vulnerable. La solución a la que se acudió fue la de recurrir a la deuda pública, es decir, a los censales. Esto consiguió encerrarla en un círculo vicioso. Pagar las pensiones y mantener a la Ciudad abastecida eran los principales problemas de la oligarquía urbana que la gobernaba.

Otro factor que incidió muy negativamente fue la caótica administración hacendística. Todos los fondos estaban en la llamada Taula de Canvis y de ellos disponía el Consell para ir atendiendo a las principales necesidades a medida que se iban presentando (principalmente el abastecimiento de la ciudad, el pago de las pensiones y la devolución del capital entregado al censo por los ciudadanos). Siendo así la situación, lo cierto es que no estaba preparada para resistir una acumulación de coyunturas negativas, enmarcadas en este caso en una crisis generalizada más amplia como la del siglo XVII.

La tónica mediterránea de la crisis del siglo XVII, unida a una serie de circunstancias políticas y económicas produjeron (especialmente en los años centrales del siglo) la crisis valenciana que, por otro lado no fue tan profunda como para no permitir que la ciudad se ajustara a  la recuperación generalizada de tipo europeo, que hacia el 1680 afectó, a la periferia de la península.

Sin embargo hay que destacar que la crisis de la Ciudad de Valencia tenía su propia dinámica interna: una mala gestión administrativa, corrupción, mentalidad rentista, carácter oligárquico y endogámico de sus gobernantes, una cierta traición de la burguesía; todo ello unido a una serie de factores externos que agravaron las circunstancias.

Además se dieron  entre 1605 y 1625  una serie de factores determinantes que precipitaron  su propia crisis: expulsión de los moriscos en 1609, una gravísima crisis triguera en 1611-12, la bancarrota de la Taula en 1614 (la 1º del siglo), el desesperado recurso al censal que endeudó a la Ciudad más todavía, evidentes malversaciones de fondo, el precario momento por el que pasa el difícil entendimiento entre oligarquía urbana y monarquía por el control económico y político de la Ciudad…