En 1607,en tiempos de Felipe III, apenas un año tras hacerse con el virreinato, el Marqués de Caracena lleva a cabo una cuestión capital en la administración: la reestructuración de la Real Audiencia, estableciéndola de forma casi definitiva y que habría de perdurar hasta la desarticulación del régimen foral.
Tras la pragmática de1607 seguía siendo el máximo tribunal de justicia del Reino y de cuyas sentencias solo se podía apelar ante el Consejo de Aragón. El regente de la Real Cancillería veía sus funciones confirmadas y especificadas: repartir las causas, según su índole, a los oidores civiles y criminales; firmar las sentencias y votar y presidir en las 3 salas:
-2 civiles, en las cuales habrían 4 oidores que percibirían idéntico salario (600 libras anuales)
-1 sala criminal, con un abogado fiscal y 3 oidores criminales (733 libras anuales)
Pero además,la Audiencia conservaba el carácter de órgano consultivo y asesor de los virreyes tanto en las cuestiones endémicas de orden público como en los problemas graves de política general.
La reforma de 1607 al duplicar la sala civil pretendía agilizar el despacho de este tipo de pleitos cuyo numero ya desde el s.XVI comenzaba a ser abrumador (a los relacionados con la escala censalista habría de sumarse los venideros con la expulsión morisca).En cuanto a la sala criminal resulta revelador respecto a la presencia y auge del bandolerismo y de la delincuencia.
Por último, al ampliar la base del Reial Consell,se incrementaba el número de personas cualificadas- expertas en legislación foral y en subterfugios para evitarla- con quienes los virreyes podían tratar, reforzando así su gestión no solo de cara a los estamentos del Reino y al municipio valenciano, también respecto al Consejo de Aragón y al propio monarca.