España ha sido siempre un país endeudado, escasamente ahorrador. No se tiene memoria de los tiempos en que no necesitara de financiación externa. Pero ¿cómo se trató a los acreedores en las diferentes coyunturas? Aunque no abundan los estudios en la materia, un sucinto repaso de sus líneas generales nos puede dar una idea de lo que se nos viene encima, ya que España, sumada la deuda pública y la privada, debe la escalofriante cifra del 279% del PIB, la segunda deuda mundial después de EE UU.
Cuando Fernando VII, el rey felón, con la ayuda de ejércitos extranjeros, restableció el absolutismo, tachó de ilegítima la deuda contraída por los gobiernos liberales del Trienio (1821-23). El «repudio» de la deuda originó un caos sin precedentes; España pasó a ser un país apestado que no se recuperaría parcialmente hasta las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, medidas que permitieron liberar rentas con las que paliar el desastre y recuperar parte de la credibilidad. Los historiadores consideran que fue el mayor default de la historia contemporánea.
A lo largo del periodo liberal posterior, la deuda continuó siendo un quebradero de cabeza, abordado y sorteado, dentro de una cierta contención, con diferentes argucias, quitas y enmascaramientos. Encontramos así una gran variedad de medidas: conversión de la deuda a corto, o deuda flotante, en deuda consolidada a largo plazo. Conversión de la deuda consolidada, en deuda perpetua, que daba derecho al cobro únicamente de los intereses. En ocasiones se dividió la deuda, en activa, que permitía el cobro de intereses, y en deuda pasiva, sin derecho a los mismos. No fue frecuente practicar quitas al capital, aunque Bravo Murillo lo hizo, sin grandes abusos. También se ensayó el mecanismo de rebajar los intereses de la deuda privada, pero no de la pública, así como la recompra de deuda por el Estado en el mercado secundario, cuyos títulos estaban devaluados. Durante el Sexenio Revolucionario, se suspendió el pago de intereses, si bien la deuda siguió estando reconocida. También se experimentó con la fórmula de establecer impuestos a los tenedores de deuda y, desde luego, de fomentar la expansión monetaria con el fin de que la inflación compensara el monto del servicio del pago de la deuda.
Teniendo en cuenta tales precedentes –de los que se puede deducir que no hay nada nuevo bajo el sol– España, miembro de la UE y de la zona Euro, tienen que abordar ahora uno de sus problemas centrales, del que depende que se abra o se clausure su futuro durante décadas. El problema no es sencillo, porque lejos de ser exclusivamente técnico (pues los economistas y expertos, como estamos viendo, se tiran los trastos unos a otros) es principalmente un problema político, que ha de tener en cuenta no sólo cuestiones de justicia, sino, sobre todo, las consecuencias que las medidas a aplicar puedan acarrear, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad.
Desde este punto de vista, y puesto que el problema ya está en la agenda, los criterios básicos a discutir en el debate público parecen ser los siguientes: 1) Evitar que ocurrencias o discursos populistas puedan aumentar la gravedad de la situación, hasta el punto de hacerla irreversible e inmanejable. 2) Explorar el camino de un tratamiento diferenciado para la deuda pública (peligrosamente inflada a consecuencia de la conversión de deuda privada en pública, a través del rescate de bancos y cajas) y la deuda privada, cuya reestructuración es más accesible y justificada (Amir Sufi) 3) Determinar si hay que abordar el problema de la deuda en el marco europeo, con los instrumentos existentes y otros que puedan implementarse, o por nuestra cuenta: en el segundo caso, la ruptura con el euro y con Europa estaría cantada, con las repercusiones económicas y sociales propias del caso. 4) Estimular la tasa de inflación de la zona euro como medio para compensar el peso de la deuda (Rogoff y Reinhart). 5) Interiorizar el hecho de que el aumento de la deuda tiene que ir acompañada de un aumento de las rentas disponibles por empresas y familias (Laborda). 6) Avanzar (o no) en la mutualización de la deuda a escala europea.
Este es un debate que se tiene que enfrentar desde la racionalidad y teniendo en cuenta el contexto de la situación de España. No valen pócimas milagrosas ni delirios autárquicos para consumo interno.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/12/01/deudas/1573435.html
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=01-12-2014
